Sentencia C-522 de agosto 4 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-522 de 2009 

Ref.: Expediente D-7580

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil (Ds. 1400 y 2019/70).

Actor: R. Inés Jaramillo Murillo

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: "II. La norma demandada

El siguiente es el texto de la norma demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial 33150 del 21 de septiembre de 1970:

"DECRETO 1400 DE 1970

(Agosto 6)

"Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Civil

Titulo XXVI

Efecto y ejecución de las providencias

CAPÍTULO I

Ejecutoria y cosa juzgada

(...).

"ART. 333.Sentencias que no constituyen cosa juzgada. No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:

1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria.

2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por autorización expresa de la ley.

3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.

4. Las que contengan decisión inhibitoria sobre el mérito del litigio".

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Esta corporación es competente para conocer de la presente demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 241 numeral 5º de la Constitución, por cuanto la disposición demandada hace parte de un decreto que, en su momento, se expidió por el Presidente de la República en virtud de facultades extraordinarias conferidas mediante ley, del mismo tipo de las hoy contempladas en el artículo 150, numeral 10 del texto superior.

2. Los problemas jurídicos planteados.

Según resulta del contenido de la demanda y de su corrección, son dos los problemas que en el presente caso corresponde dilucidar a la Corte: i) si de conformidad con lo expuesto por su jurisprudencia, sería posible predicar la existencia de una omisión legislativa relativa a partir del texto del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto dicha norma, al listar las sentencias que no hacen tránsito a cosa juzgada se abstuvo de mencionar y someter a la misma regla aquellas providencias que vulneren derechos fundamentales; ii) si como consecuencia de la alegada omisión, la norma acusada podría además considerarse violatoria de las normas superiores invocadas por la demandante, esto es, el artículo 86 que establece la acción de tutela contra las acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, el 4º que consagra que la Constitución es norma de normas, el 29 que garantiza el debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales, el 229 que protege el acceso a la administración de justicia y el 241 que encomienda a la Corte Constitucional la guarda de la integridad de la Constitución.

A efectos de despejar esos dos interrogantes, la Corte revisará inicialmente su postura jurisprudencial en torno a la procedencia de la acción pública de inconstitucionalidad frente a la posible ocurrencia de omisiones legislativas, con base en lo cual decidirá si dicho análisis resulta viable en relación con los planteamientos de la actora. Para esto último, avocará al estudio del cargo formulado, para lo cual examinará el concepto de cosa juzgada y lo confrontará con el contenido de los preceptos constitucionales citados por la demandante, como infringidos por la norma acusada. Finalmente, con estos elementos sacará las conclusiones a que haya lugar en relación con la existencia de la omisión legislativa denunciada y se pronunciará de fondo sobre el cargo aquí propuesto.

3. La jurisprudencia constitucional acerca de las omisiones legislativas.

Desde sus inicios, esta corporación ha reconocido la posibilidad de que una norma legal resulte violatoria de la Constitución Política, no tanto por la oposición que frente a ella pudiera encontrarse en su contenido material, sino por el contrario, por la ausencia de mandatos que, en desarrollo de las normas superiores, serían necesarios frente al tema específico de que la norma trata.

Al analizar en ya gran cantidad de casos la posible inconstitucionalidad de leyes a partir de las omisiones en que pudiere haber incurrido el legislador(4), esta corporación ha planteado una primera y clara diferencia, entre las omisiones absolutas, esto es aquellas situaciones en las que el legislador no ha producido norma alguna en relación con la materia de que se trata, y las omisiones relativas, concepto que alude a aquellos casos en los que sí existe un desarrollo legislativo vigente, pero aquel ha de considerarse imperfecto por excluir de manera implícita un ingrediente normativo concreto que en razón a la existencia de un deber constitucional específico, tenía que haberse contemplado al desarrollar normativamente esa materia.

Respecto de esta distinción, ha señalado la Corte que en el caso de las omisiones absolutas(5) ella carece de competencia para pronunciarse, dado que es de la esencia del juicio de constitucionalidad la existencia de una norma legal específica, que es el referente sobre el cual debe recaer el análisis, elemento que por definición se encuentra ausente en ese caso. Contrario sensu, ha sostenido que resulta viable ocuparse de las posibles omisiones relativas(6), ya que en ese evento sí existe un precepto legal sobre el cual pronunciarse, y es factible llegar a una conclusión sobre su exequibilidad a partir de su confrontación con los textos superiores de los que emanaría el deber incumplido por el legislador.

La Corte ha resaltado la importancia del control sobre las omisiones legislativas relativas para asegurar la efectividad de la guarda de la integridad de la Constitución que el mismo texto superior le ha encomendado, ya que de esta forma, sin afectar la autonomía del órgano legislativo que ya ha decidido libremente ocuparse de una determinada materia, se garantiza que las normas así emanadas del representante de la voluntad general no ignoren los criterios y deberes mínimos que por decisión del mismo constituyente deben atenderse en relación con el tema de que se trata.

Ahora bien, pese a que lo más frecuente es que las omisiones legislativas relativas se traduzcan en una situación discriminatoria, y por lo mismo, en una vulneración del derecho a la igualdad, la Corte ha aclarado que este no es el único escenario en el que aquellas pueden plantearse, siendo posible observar situaciones en las que el precepto ignora algún otro tipo de elemento normativo, que conforme a la norma superior debería considerarse imperativo. Dentro de esas exigencias constitucionales pueden mencionarse la de incorporar determinados objetivos al momento de regular una materia, la de incluir ciertas etapas esenciales en la regulación de un procedimiento, la de brindar instancias de participación a algunos sujetos específicos) previamente a la decisión sobre temas que pueden afectarlos, y otras semejantes.

En sus decisiones sobre posibles omisiones legislativas relativas, la Corte se ha referido a las circunstancias que deben concurrir para que esta situación pueda tenerse por acreditada. Al sintetizar su doctrina a este respecto ha planteado la necesidad de constatar la presencia de cinco elementos esenciales, a saber:

"(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador" (Sent. C-185/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil).

En la misma providencia, continúa explicando la Corte:

"La doctrina de esta corporación ha definido que solo es posible entrar a evaluar la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, cuando el actor ha dirigido la acusación contra la norma de cuyo texto surge o emerge la omisión alegada. En este sentido, la posibilidad de que el juez constitucional pueda emitir pronunciamiento de fondo, queda supeditada al hecho de que la omisión sea predicable directamente del dispositivo impugnado, y en ningún caso de otro u otros que no hayan sido vinculados al proceso".

Por otra parte, siempre que concurran los ya indicados elementos, la Corte ha admitido el planteamiento de eventuales omisiones legislativas relativas, incluso respecto de normas legales expedidas con anterioridad a los preceptos superiores frente a los cuales se predicaría la omisión, casos en los que aquélla tendría entonces el carácter de sobreviniente(7). Esta situación es además claramente factible frente al actual momento del constitucionalismo colombiano, dado que a la fecha se encuentran aún vigentes un gran número de normas legales expedidas bajo el imperio de la anterior Carta Política, cuyo contenido podría llegar a estimarse insuficiente frente a nuevos mandatos constitucionales específicos establecidos en 1991, o incluso en una fecha posterior.

Ahora bien, esta corporación ha indicado que en caso de acreditarse la ocurrencia de una omisión legislativa relativa, el remedio que restaura la integridad de la Constitución depende de las circunstancias particulares de la omisión encontrada y del contenido específico de la norma de la cual se predica. En algunos casos, la solución consiste en la exclusión, previa declaratoria de su inexequibilidad, del ingrediente normativo específico que puede considerarse el causante de la omisión, es decir, aquel cuya presencia restringe injustificadamente el alcance del precepto, dejando por fuera circunstancias que deberían quedar cobijadas por él. En otros, lo procedente es que la Corte dicte una sentencia interpretativa, en la que declare que la disposición demandada es exequible, siempre y cuando su efecto se entienda extendido a otras situaciones distintas de las que la norma directamente contempló, precisamente aquellas respecto de las cuales se encontró probada la alegada omisión legislativa.

Claros los anteriores aspectos, y visto que la actora enfoca su demanda de manera explícita hacia la supuesta ocurrencia de una omisión legislativa relativa a partir del contenido que, según afirma, debería hacer parte de la norma acusada, la Corte decidirá al respecto, previa una cuidadosa indagación sobre la presencia de los elementos a los que antes se hizo referencia.

4. Análisis de los elementos que configurarían la omisión legislativa relativa planteada.

Para efectos de este estudio la Corte realizará su análisis en dos distintos momentos, tal como se explica a continuación. Inicialmente se ocupará de indagar por la presencia de los dos primeros elementos a que la jurisprudencia antes citada ha hecho referencia, esto es: i) la existencia de una norma legal específica respecto de la cual cabría predicar la omisión y, ii) la exclusión del contenido normativo de dicha disposición de la situación que, al decir del actor, debería estar contemplada en ella.

En caso de encontrar acreditados estos dos elementos, la Sala emprenderá entonces el estudio de los tres restantes, para lo cual deberá abordar el tema de fondo a partir del cual la demandante sustenta la existencia de la omisión legislativa relativa que predica, esto es, el obstáculo que la cosa juzgada pudiera suponer para el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales violatorias de los derechos fundamentales. Analizado ese aspecto, y a partir de las conclusiones resultantes, la Corte se pronunciará sobre la concurrencia de estos tres elementos, y con ello, sobre la presencia de la omisión legislativa postulada por la actora.

4.1. Presencia de una norma determinada que contiene una específica exclusión normativa:

A este respecto la Corte observa, sin dificultad, que en efecto concurren los dos primeros elementos a que se ha hecho referencia. El primero por cuanto es claro el señalamiento de la actora con respecto al artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, como la norma en que debería haber sido incorporado el contenido normativo que ella echa de menos. El segundo, ya que, en efecto, la citada disposición no contempla dentro de los eventos que no constituyen cosa juzgada, las sentencias violatorias de derechos fundamentales. En este sentido cabría tener por cumplido en el presente caso el requisito de certeza, que conforme a reiterada jurisprudencia debe caracterizar los cargos de inconstitucionalidad, puesto que en verdad la disposición demandada no contiene el mandato cuya ausencia reprocha la accionante.

Es preciso en todo caso aclarar, frente al texto de la Sentencia C-185 de 2002 citado en precedencia, que cuando la Corte afirma encontrar cumplido el segundo elemento configurativo de la omisión legislativa relativa, se refiere simplemente al hecho de que, en efecto, la norma acusada excluye la situación que la actora entiende constitucionalmente obligatoria, lo cual para nada implica afirmar también, en este momento, que la inclusión de ese aspecto "resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta". Como ha quedado dicho, ese aspecto será dilucidado más adelante, una vez se analice de fondo el planteamiento contenido en la demanda.

4.2. Falta de justificación y de razón suficiente frente a la exclusión normativa observada y presencia de un mandato constitucional específico:

Al abordar este aspecto, y siguiendo un orden lógico, la Sala se ocupará en primer lugar de analizar la existencia de uno o más mandatos constitucionales concretos de los cuales pudiera derivarse la obligación legislativa de considerar que no constituyen cosa juzgada aquellas sentencias judiciales que de alguna manera resulten violatorias de derechos fundamentales. Esto por cuanto, solo en el caso de haberse acreditado la existencia de este tipo de imperativos, tiene sentido especular sobre la eventual justificación a su excepción o desatención.

Para ello, la Corte analiza a continuación el argumento de fondo que sustenta el cargo propuesto en la demanda, que como se recordará, descansa en la premisa de que, por exigencia de la Constitución Política, y concretamente de los preceptos superiores que según el libelo se estiman violados en este caso, no podrían hacer tránsito a cosa juzgada, como por regla general ocurre conforme al artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias judiciales que sean violatorias de derechos fundamentales. Así las cosas, se pregunta entonces la Sala si, en efecto, las disposiciones constitucionales citadas en la demanda imponen la necesidad de considerar que a tales decisiones no las acompañaría el efecto de cosa juzgada.

Para responder a este interrogante la Corte deberá detenerse primero a considerar en relación con el efecto de cosa juzgada, entre otros aspectos, en qué consiste dicho concepto, cuál es su finalidad y en qué condiciones se produce. También examinará a partir de lo anterior, y de cara al contenido del artículo 333 del código aquí demandado, bajo qué circunstancias y con qué propósito la ley procesal suele exceptuar de esta consecuencia a determinadas sentencias ejecutoriadas. La Sala pasa seguidamente al estudio de esos aspectos.

4.2.1. Sobre el concepto de cosa juzgada, su finalidad y su importancia constitucional.

En su sentido más simple, y según lo plantean de manera concordante la doctrina y la jurisprudencia, tanto locales como foráneas, la cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual aquellas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto.

Sobre el propósito de esta institución, dijo la Corte Constitucional en trascendental pronunciamiento:

"El fin primordial de este principio radica en impedir que la decisión en firme sea objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales a las ya cumplidas, o que se reabra el caso judicial dilucidado mediante el fallo que reviste ese carácter, con total independencia de su sentido y alcances, dotando de estabilidad y certeza las relaciones jurídicas y dejando espacio libre para que nuevos asuntos pasen a ser ventilados en los estrados judiciales" (Sent. C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

La cosa juzgada es una institución ampliamente conocida y aceptada, más allá de las grandes diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de distintos Estados, que según lo explican las mismas doctrina y jurisprudencia, responde a la necesidad social y política de asegurar que las controversias llevadas a conocimiento de un juez tengan un punto final y definitivo, a partir del cual la sociedad pueda asumir sin sobresaltos la decisión así alcanzada.

Se trata de un concepto muy antiguo, del cual se encuentran vestigios incluso en el clásico derecho romano, si bien es necesario reconocer que no siempre se le ha dado la misma trascendencia que modernamente se le atribuye. De otra parte, la doctrina de varios países de Europa y América, especialmente durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, discutió ampliamente sobre el concepto mismo de la cosa juzgada, así como sobre su fundamento esencial. El debate se centró, por ejemplo, en si ella encierra una presunción de verdad frente a los hechos debatidos en el proceso, o si, dada la inevitable factibilidad del error judicial, es apenas una ficción de verdad. También sobre si la autoridad que ella implica proviene del juez que ha adoptado una determinada decisión, o de la ley que establece esta consecuencia para aquellos pronunciamientos. En tiempos más recientes se ha aceptado que, al margen de todas esas controversias doctrinales no suficientemente zanjadas, sin perjuicio del diverso tratamiento legal, y con la unánime advertencia sobre su carácter no absoluto, es esta una institución de innegable conveniencia y gran trascendencia social, incorporada por la generalidad de los sistemas jurídicos contemporáneos.

De otra parte, la cosa juzgada es un concepto de común aplicación en las distintas áreas jurídicas(8) y, tal como lo resaltaron varios de los intervinientes, su importancia es tal que usualmente se afirma que si ella no existiera, el Estado de derecho carecería por completo del efecto pacificador y de ordenación social que usualmente se le atribuye, pues al no contar con una garantía clara de estabilidad de las decisiones adoptadas por los jueces, los conflictos serían interminables e irresolubles.

Como se ha dicho, la existencia de cosa juzgada implica la imposibilidad de promover un nuevo proceso en el que se debata el mismo tema ya decidido, siempre que se reúnan tres condiciones, que en la ley colombiana se encuentran previstas en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, como son la identidad de partes, la identidad de objeto y la identidad de causa.

El estudio de este concepto incluye, también en la generalidad de los países que lo contemplan, la distinción entre la llamada cosa juzgada formal y la material. Mientras que la primera de ellas implica simplemente la imposibilidad de reabrir el mismo proceso ya concluido, pero no necesariamente la de iniciar uno nuevo, la segunda impide de manera absoluta la iniciación de un nuevo trámite que respecto del concluido presente las ya mencionadas tres identidades. Frente a la existencia de cosa juzgada material, la efectividad de este mecanismo viene garantizada por la posibilidad de que, si llegare a iniciarse un nuevo proceso que cumpla con estas características, aquel podrá ser detenido in límine mediante la proposición de la correspondiente excepción, denominada precisamente cosa juzgada, cuya aceptación implica la terminación de aquel nuevo proceso.

Precisados el concepto y su propósito, debe resaltarse que la jurisprudencia constitucional colombiana no ha sido indiferente a la gran trascendencia de esta regla de derecho. Por el contrario, esta corporación en la citada Sentencia C-543 de 1992, relievó la sustancial importancia que el principio de la cosa juzgada tiene para la convivencia social, y para el logro y mantenimiento de un orden justo, fundamental aspiración de nuestra comunidad política, y por ende del Estado colombiano, recogida tanto en el preámbulo como en el artículo 2º de la Constitución Política.

En esa misma línea, también señaló en esa ocasión la Corte, que si bien no existe un precepto constitucional específico que de manera general consagre este principio(9), ello no significa que la cosa juzgada esté ausente o sea un concepto extraño dentro de nuestro sistema normativo superior. Por el contrario, resaltó que esta institución se deriva, y es consecuencia directa, de varias otras importantes disposiciones constitucionales, especialmente las que consagran la prevalencia del interés general (art. 1º), el debido proceso (art. 29) y el acceso a la administración de justicia (art. 229), todas las cuales podrían considerarse carentes de sentido si los procesos iniciados y adelantados ante los jueces no tuvieran una previsible y definitiva culminación, y las sentencias resultantes no fueran de obligatorio acatamiento.

Algunos años después, al reiterar estas reflexiones frente a un planteamiento cercano o semejante al que ahora ocupa a la Corte, dijo también esta corporación, en Sentencia C-548 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz):

"El fin específico del derecho es el determinar en sus normas lo que a cada uno le corresponde como suyo, procurando evitar de esa manera la existencia de permanentes conflictos entre las personas. Pero si tales conflictos surgen, bien porque existe duda acerca de lo que se ha asignado a cada parte o porque los receptores de la norma no la obedecen, el fin del derecho es el de restablecer la paz social, dándoles solución a dichos conflictos. Este último fin lo cumple el Estado a través de la función jurisdiccional, cuyo efectivo ejercicio constituye garantía de la eficacia del derecho y de la subsistencia misma del Estado".

Más adelante, en la misma providencia se lee también:

"La firmeza de las decisiones es condición necesaria para la seguridad jurídica. Si los litigios concluyen definitivamente un día, y tanto las partes implicadas en él como el resto de la comunidad, tienen certeza de que a partir de ese momento la decisión judicial es inalterable, el proceso cumple un papel eficaz en la solución de los conflictos. Este es el sentido de la cosa juzgada, en relación con la cual la Corte ha reconocido que hace parte de las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 29 de la Constitución, y está implícita en el concepto de administrar justicia" (negrillas no son del texto original).

Ahora bien, debe recordarse también en qué circunstancias se genera el ya comentado efecto de cosa juzgada, aspecto: cuya regulación se encuentra, precisamente, en los artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil.

La primera de estas dos normas traza en relación con el tema una regla general, al establecer que tiene fuerza de cosa juzgada "la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso", de la cual derivan tres importantes precisiones, a saber:

i) que se atribuye este efecto a las sentencias, que al decir del artículo 302 de la misma obra son "las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien", y no a las restantes providencias, genéricamente conocidas como autos;

ii) que debe tratarse de sentencias ejecutoriadas, efecto que según enseña el artículo 331 ibídem se alcanza tres (3) días después de su notificación cuando contra ellas no procede ningún recurso, cuando se han vencido los términos correspondientes sin haberse interpuesto ninguno de los recursos que procedían, o cuando se han decidido de fondo aquellos recursos que se hubieren interpuesto;

iii) que esas sentencias hayan sido proferidas al término de un proceso contencioso, esto es, de los que requiere que el juez decida entre dos o más intereses contrapuestos, pues contrario sensu, no generan ese efecto las sentencias que ponen fin a procesos de jurisdicción voluntaria.

Esta regla general, semejante a las establecidas en otros sistemas jurídicos, obedece a que, conforme a los principios que inspiran nuestro ordenamiento, siempre que concurran esos tres elementos es conveniente y justificable que se genere el ya explicado efecto de cosa juzgada. Sin embargo, esa regla general admite tanto adiciones(10) como excepciones(11).

Por su parte, tal como también lo plantearon dentro de este proceso varios de los intervinientes y el jefe del Ministerio Público, las excepciones contempladas por la norma acusada responden al hecho de que, aun cuando se reúnan los tres elementos a que se ha hecho referencia, por lo que en todo caso habría cosa juzgada pero apenas formal, existen también circunstancias que aconsejan, e incluso en algunos casos hacen imperativa, la posibilidad de que el tema pueda ser nuevamente planteado ante los estrados judiciales, lo que equivale a decir que no existe entonces cosa juzgada material.

Es esto, entonces, lo que ocurre, por ejemplo, frente a los ya mencionados procesos de jurisdicción voluntaria, o cuando frente a otro tipo de procesos, ha prosperado una excepción de carácter temporal, o el trámite ha concluido con una decisión inhibitoria. En todos esos casos, la aplicación inflexible del principio de cosa juzgada traería consigo una inadmisible frustración del derecho de acceder a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 superior, razón suficiente para considerar necesarias tales excepciones.

Sobre este tema es pertinente resaltar que todas las situaciones contempladas en el artículo 333 que aquí se analiza, son hechos objetivos, sobre cuya ocurrencia fáctica no podrá caber duda o controversia, lo que, frente al caso concreto, permite tener completa certeza sobre la inexistencia de cosa juzgada. No podría ser de otro modo, ya que si la cosa juzgada es una institución cuya intención es precisamente brindar seguridad jurídica, no se comprendería que su presencia o ausencia estuviera sujeta a discusión, incertidumbre, o a pareceres subjetivos.

Finalmente, es necesario anotar, que aún existiendo cosa juzgada, y no concurriendo ninguna de las ya indicadas excepciones, ello no obsta para que, por excepción, puedan intentarse otros específicos medios de impugnación contra tales sentencias, principalmente el recurso extraordinario de revisión(12), posibilidad que es aceptada no solo en Colombia, sino también en la generalidad de los países cuyos sistemas jurídicos contemplan el concepto de cosa juzgada(13). La finalidad de este recurso es normalmente brindar una posibilidad de reparar el siempre factible error judicial, o las injusticias eventualmente contenidas en sentencias ejecutoriadas, cuando con posterioridad a su firmeza se establece con certeza la existencia de pruebas que no pudieron ser tenidas en cuenta, o se desvirtúa, igualmente con certeza, el carácter demostrativo de aquellas con base en las cuales se profirió la decisión.

También es del caso mencionar brevemente, pues este aspecto será retomado más adelante, que la existencia de cosa juzgada tampoco impide per se la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando a ello hubiere lugar.

4.2.2. Sobre el alcance de los preceptos constitucionales presuntamente infringidos que darían lugar a la omisión legislativa relativa denunciada.

Como se recordará, la actora sostiene que por efecto de los artículos 86, 4º, 29, 229 y 241 del texto superior, debe entenderse que las sentencias judiciales que vulneren derechos fundamentales no hacen tránsito a cosa juzgada, en la medida en que al considerar que sí tienen ese efecto, se obstruye la posibilidad de ejercer contra ellas la acción de tutela, tal como lo ha aceptado la jurisprudencia de esta corporación. Sobre esta premisa descansa la afirmación de que el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil contiene una omisión legislativa relativa, al no contemplar esa eventualidad como uno de los casos en que las sentencias judiciales no generan el efecto de cosa juzgada.

Visto el desarrollo jurisprudencial existente en torno a las omisiones legislativas relativas, al cual ya hubo ocasión de hacer referencia, en este punto debe determinarse si, en efecto, las normas superiores invocadas contienen mandatos específicos e imperativos de los cuales resulte la necesidad de establecer que no harían tránsito a cosa juzgada las sentencias que violen derechos fundamentales.

Al examinar las normas constitucionales presuntamente infringidas se observa, en primer término, que el artículo 86 establece, con el alcance de una regla general, que "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces (...) la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". Como indudablemente los jueces y magistrados son autoridades públicas, la acción de tutela resulta, en principio, procedente contra ellos.

El establecimiento de este amparo constitucional como mecanismo garantizador de la vigencia de los derechos fundamentales ante la eventual ausencia de otra acción legal específica es, por cierto, claramente concordante con el contenido de los demás cánones superiores citados en la demanda, esto es: el artículo 4º acerca de la prevalencia de las normas constitucionales sobre todo otro precepto normativo; el 29 que garantiza la observancia del debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas; el 229 que consagra el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia, y el 241 que enumera las funciones y competencias de esta corporación como máxima guardiana de la integridad de la Constitución Política.

De otra parte, como ya se dijo, pese a no existir en la carta política una norma que específicamente se refiera a ella, la cosa juzgada es una institución de clara estirpe constitucional, puesto que su presencia contribuye de forma determinante a dar sentido a importantes principios de ese mismo carácter, entre ellos, los ya referidos derechos de acceder a la administración de justicia y al debido proceso, así como a hacer posibles otras caras aspiraciones del órgano constituyente, como son la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

De esta manera, la cosa juzgada no puede entenderse entonces como un obstáculo para la vigencia de los derechos fundamentales, ya que por el contrario, su efecto es enteramente congruente y complementario con el de ellos. De allí que no se encuentre, menos aún entre las normas que en este caso se presentan como infringidas y a las cuales se acaba de hacer referencia, mandato alguno que conduzca a la inaplicación de esta regla, ni siquiera so pretexto de su pretendida oposición a la prevalencia de los derechos fundamentales, ya que como se verá, la observancia de este principio (la cosa juzgada) no constituye en realidad un obstáculo para la efectiva protección de esos derechos.

4.2.3. El efecto de cosa juzgada no impide interponer la acción de tutela contra decisiones judiciales que ostensiblemente violen derechos fundamentales.

Conforme al planteamiento que la actora efectúa en su libelo, la búsqueda de un precepto constitucional que excluya el efecto de cosa juzgada frente a las sentencias violatorias de derechos fundamentales solo resulta relevante en la medida en que se considere que, en caso de concretarse esa consecuencia, ello impide ventilar la posible vulneración de derechos fundamentales por parte de las sentencias de las que se predica esa consecuencia.

Sin embargo, en coincidencia con varios de los ciudadanos intervinientes, resalta la Corte que, tanto como ocurre con el recurso extraordinario de revisión(14) al cual hubo ya ocasión de hacer referencia, en realidad el efecto de cosa juzgada que normalmente acompaña a las sentencias judiciales, no impide la interposición de la acción de tutela contra tales decisiones.

Ciertamente, desde el punto de vista estrictamente conceptual, y en la posición mayoritariamente asumida por la Corte Constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales puede ser interpuesta y habrá de ser tramitada, siempre que se sustente que la providencia así cuestionada genera vulneraciones a derechos fundamentales. Circunstancias que no implican que en esos casos la tutela impetrada pueda o deba ser concedida, pues ello dependerá de la plena y efectiva acreditación de los defectos alegados.

Por ello, concluye la Corte que en realidad no existe el pretendido mandato constitucional que conduciría a privar del efecto de cosa juzgada a las sentencias posiblemente violatorias de los derechos fundamentales.

4.2.4. Anotación final sobre la razonabilidad y justificación de la omisión legislativa denunciada en la demanda.

Conforme a lo explicado en el punto 3 anterior, en el que la Sala resumió y reiteró su jurisprudencia en torno a la omisión legislativa relativa, debe indicarse que habiéndose descartado la existencia de una norma constitucional que haga imperativa la regla propuesta por la demandante, resulta inane lucubrar sobre los restantes elementos de aquella, como son la razonabilidad y/o la justificación de esa inexistente omisión.

Baste entonces señalar a este respecto que, si bien es claro que la norma acusada no contiene el mandato que conforme al razonamiento de la demandante sería necesario, ello resulta plenamente justificado, y por lo mismo razonable, al considerar, no solo la importancia constitucional del principio de cosa juzgada, sino también el hecho de que, como ha quedado suficientemente aclarado, esta circunstancia no impide la interposición de la acción de tutela.

Así las cosas, la Corte considera que no concurren en este caso los elementos necesarios para configurar la existencia de una omisión legislativa relativa, según lo planteado por la actora en su demanda y en la respectiva corrección.

4.3. El efecto de cosa juzgada de las sentencias judiciales no vulnera el contenido de los preceptos constitucionales citados en la demanda.

En armonía con lo previamente expuesto, debe resaltar la Corte que si el efecto de cosa juzgada que por regla general (CPC, art. 332) acompaña a las sentencias judiciales ejecutoriadas proferidas al término de un proceso civil de carácter contencioso, no es obstáculo para el eventual planteamiento de la acción de tutela contra dichas providencias, esa regla de derecho y la ya analizada ausencia de excepciones no entrañan vulneración alguna del artículo 86 constitucional.

Por las mismas razones, tampoco lesionan los mandatos contenidos en los demás preceptos superiores citados en la demanda, como son el artículo 4º sobre prevalencia de la Constitución sobre las demás normas jurídicas, el 29 que consagra la garantía del debido proceso, el 229 que garantiza el acceso a la administración de justicia, ni el 241 que establece las funciones de esta corporación como guardiana de la integridad de la Constitución.

Quedan así entonces plenamente desvirtuados los planteamientos contenidos en la demanda sobre la eventual inconstitucionalidad sobreviniente del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil.

5. Conclusión.

Agotado el análisis de los distintos aspectos incluidos en el cargo único contenido en la demanda, y dado que ninguno de ellos se abre paso, la Corte Constitucional declarará que el texto demandado resulta exequible en relación con el cargo aquí estudiado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE, frente al cargo analizado, el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, comuníquese insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

(4) Cfr. sobre el tema de la omisión legislativa, solo entre los pronunciamientos de los años más recientes, las sentencias C-562 y C-865 de 2004, C-800, C-823 y C-1154 de 2005, C-891A de 2006, C-208, C-394, C-831 y C-1004 de 2007, C-463, C-540 y C-542 de 2008 y C-314 de 2009.

(5) Sobre omisión legislativa absoluta ver las sentencias C-543 de 1996 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-780 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1154 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y C-542 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).

(6) Sobre omisión relativa ver, entre otras, las sentencias C-823 de 2005 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-185 de 2002, C-891A de 2006 y C-208 de 2007 (en todas M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-394 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-463 de 2008 (M.P. Jaime Araujo Rentería).

(7) Esta situación es la que se presenta, entre otros, en los casos que dieron lugar a las sentencias C-1549 de 2000 (M.P. Martha V. Sáchica Méndez), C-562 de 2004 (M.P. Jaime Araujo Rentería), C-865 de 2004 y C-891A de 2006 (en ambas M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-831 de 2007 y C-542 de 2008 (en ambas M.P. Jaime Córdoba Triviño), y C-540 de 2008 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

(8) En el derecho colombiano la cosa juzgada ha sido regulada por los artículos 332 y 333 del Código de Procedimiento Civil (este último aquí parcialmente demandado) y por el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo. También existen referencias a ella, entre otros, en los artículos 32, 77, 78 y 140 del Código Procesal del Trabajo y en los artículos 21 y 80 del más reciente Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004). En este último caso la cosa juzgada se encuentra íntimamente ligada a la garantía del non bis in ídem (no ser juzgado dos veces por el mismo hecho), contenida en el artículo 29 de la Constitución Política.

(9) La Corte hizo entonces mención al artículo 243 de la Constitución Política, relacionado con la cosa juzgada constitucional. Como es natural, este tema ha sido objeto de amplio desarrollo en la jurisprudencia de esta corporación, entre otras en las sentencias C-774 de 2001, C-477, C-627 y C-1151, todas estas de 2003.

(10) La Corte se refiere a aquellas situaciones específicas, normalmente medios alternativos de solución de controversias o formas anormales de terminación de un proceso, a las que la ley, bajo similares consideraciones de conveniencia social, de manera expresa les atribuye ese mismo efecto de cosa juzgada. Entre las primeras puede mencionarse los laudos arbitrales y las decisiones de los amigables componedores, entre las segundas el desistimiento y la perención, esta última recientemente reemplazada por el llamado desistimiento tácito (L. 1194/2008), y entre las que tienen ambas implicaciones, la transacción y la conciliación.

(11) Principalmente las del artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, aquí parcialmente acusado.

(12) En Colombia el recurso extraordinario de revisión está previsto en todos los distintos regímenes procesales, a saber: En el Código de Procedimiento Civil (arts. 379 a 385), en el Código Contencioso Administrativo (arts. 185 a 193), en el Código Procesal Laboral (art. 62), y en el más reciente Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004, arts. 192 a 199). La Corte Constitucional ha analizado la relación entre el principio de cosa juzgada y este recurso extraordinario en varios pronunciamientos, destacándose entre ellos las sentencias C-004 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynnet) y C-871 de 2003 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

(13) Nuestro sistema jurídico contempla también otros recursos extraordinarios, especialmente el de casación, aplicable en las tres ramas de la jurisdicción ordinaria, sin embargo, las sentencias contra las cuales se interpone no necesariamente han hecho tránsito a cosa juzgada. También existe el recurso de anulación contra laudos arbitrales, los cuales sí han hecho tránsito a cosa juzgada al momento de interponerse este recurso.

(14) Denominado "acción de revisión" en el procedimiento penal.