Sentencia C-523 de agosto 4 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-523 de 2009 

Ref.: Expediente D-7612

Magistrada Sustanciadora:

Dra. María Victoria Calle Correa

Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 247 (parcial) de la Ley 23 de 1982.

Bogotá, D.C., cuatro de agosto de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Norma acusada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial y se subraya la parte acusada:

Ley 23 de 1982 

(Enero 28)

Sobre derechos de autor

El Congreso de Colombia

Decreta:

(...).

“ART. 247.—Las medidas a que se refieren los artículos 244 y 245, se decretan inmediatamente por el juez siempre que el que las solicite preste causión suficiente que garantice los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del espectáculo teatral, cinematográfico, musical, y presente una prueba sumarial del derecho que lo asiste. Esta medida puede ser decretada por el juez municipal o del circuito del lugar del espectáculo, o prevención, aun cuando no sean competentes para conocer del juicio. El espectáculo será suspendido sin admitir recurso alguno; en lo demás se dará cumplimiento a las normas pertinentes”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2. Problema jurídico planteado.

En el presente asunto, la Corte Constitucional debe resolver el siguiente problema jurídico:

¿Es contrario al derecho al debido proceso (C.P., art. 29) del empresario u organizador de un espectáculo o de una exhibición de una obra teatral, cinematográfica o musical, el que la norma cuestionada permita al juez municipal o del circuito del lugar donde se realice el espectáculo, suspenderlo por supuesta violación de los derechos de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución?

Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Corte Constitucional recordará brevemente la línea jurisprudencial sobre la potestad de configuración del legislador en materia de definición de procesos judiciales. En segundo lugar, hará una breve referencia a la protección de los derechos de autor y a la forma como se aplica la medida cautelar cuestionada. Y finalmente, examinará la constitucionalidad de la norma bajo examen.

Dado que el Procurador General de la Nación y algunos de los intervinientes afirman que la demanda es inepta, la Corte entrará a examinar previamente si ello es así.

3. Cuestión previa: La supuesta ineptitud de la demanda.

De conformidad con reiterada jurisprudencia, la demanda de inconstitucionalidad debe ser analizada a la luz del principiopro actione, dado el carácter popular que la Constitución misma le atribuye. En todo caso, el ejercicio de esta acción supone que el demandante cumpla con unas condiciones mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y orientar, asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende instarse.

Es así como el Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, en su artículo 2º prescribe que la demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la acusación, esto es, el porqué se estima que se violan los textos constitucionales; (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse observado, y; (v) la razón por la cual la Corte es competente.

Sin embargo, no es suficiente la observancia formal de esos requisitos. Además de las exigencias formales, es importante determinar: el objeto de la demanda, la razón por la cual la Corte es competente para conocer de ella, y el concepto de la violación (2) .

El concepto de la violación se formula debidamente cuando (i) se identifican las normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones acusadas —lo cual implica señalar aquellos elementos materiales que se estiman violados— y (iii) se expresan las razones por las cuales los textos demandados violan la Constitución. Esas razones —según amplia y reiterada jurisprudencia de la Corte— deben ser razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (3) .

En el asunto bajo estudio, el procurador considera que la demanda no reúne las condiciones señaladas porque las afirmaciones sobre la forma como opera la norma cuestionada no son ni pertinentes ni ciertas, pues en su opinión lo que pretende el demandante es darle a la norma cuestionada un alcance que no tiene al exigir una prueba específica, porque en la práctica la norma no opera como afirma el demandante y la argumentación no cumple con una carga mínima de carácter procesal para el estudio de las omisiones legislativas relativas. Por razones similares, algunos de los intervinientes también exponen sus consideraciones en relación con la ineptitud sustancial de la demanda.

Observa la Corte, que contrario a lo sostenido por el Procurador General de la Nación y algunos de los intervinientes, el demandante desarrolla con planteamientos breves y sencillos pero con la claridad necesaria el argumento central de su demanda en la que expone unos cargos de inconstitucionalidad, aportando las razones por las cuales considera que las previsiones contenidas en la norma reprochada son inexequibles, en tanto que autorizan a un juez que no es el natural del proceso a imponer una drástica decisión de suspensión del espectáculo por supuesta violación del derecho de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución para la cual no fija parámetros que determinen el monto que garantice con suficiencia los perjuicios que con ella puedan causarse al empresario u organizador, de lo cual infiere una vulneración al artículo 29 de la Carta.

Aunque los planteamientos del demandante relacionados con la contradicción que enuncia entre el precepto impugnado con el texto constitucional son breves, sí permiten conocer con suficiencia el contenido de la demanda y la justificación básica de la violación que acusa. Los cargos además se derivan de una interpretación del texto acusado, y aunque para acreditar el alcance de la vulneración, el actor acude a situaciones concretas que en su parecer la norma no ampara y cuyos efectos considera contrarios a los preceptos superiores que invoca, esta casuística solo puede ser estimada como un argumento de constatación de su planteamiento central, a través del cual logra confrontar la norma cuestionada con el alcance del derecho al debido proceso alegado.

Por tanto, los cargos son claros (violación del art. 29 de la Carta por contener una inadecuada exigencia probatoria para decretar las medidas cautelares previstas y no prever parámetros para la fijación del monto de la caución, para cuya imposición carece el juez de competencia por desconocimiento del juez natural del proceso), ciertos (se apoyan en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, sin que pueda considerarse que de los planteamientos expuestos por el demandante en torno a la falta de elementos suficientes por parte del juez para fijar el monto de la caución, se derive el señalamiento implícito de una omisión legislativa relativa), pertinentes (plantean un problema constitucional) y suficientes (generan una duda razonable), por lo cual la demanda cumple las formalidades exigidas en el Decreto 2067 de 1991, en especial en lo referente a las razones por las cuales se estima violado el texto constitucional mencionado, que permiten a la Corte abordar el estudio de fondo.

4. Libertad de configuración del legislador en materia procedimental.

En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que fue voluntad del constituyente asignar al legislador una amplia discrecionalidad para expedir normas procedimentales destinadas a regular las actuaciones ante la administración de justicia, como manifestación de la cláusula general de competencia que le faculta para “interpretar, reformar y derogar las leyes” (C.P., art. 150-1) y para “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (C.P., art. 150-2).

El alcance propio de esta facultad legislativa ha sido precisado por esta corporación, en diversas ocasiones (4) . Así, en la Sentencia C-789 de 2003, la Corte resaltó que “el legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial (5) . Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º)” (6) . En ese sentido, precisó la Corte que los límites en cuestión “están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 5º, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.P., art. 83)” (7) .

En el mismo orden de ideas, en la Sentencia C-1091 de 2003 (8) la Corte reiteró que “el margen de configuración legislativa de los procedimientos judiciales es amplio. ... la Constitución Política concede al legislador un amplio margen a su potestad de configuración en el diseño de los procedimientos judiciales, que solo se excede cuando se afectan claramente derechos fundamentales”.

La corporación también ha señalado que el legislador goza de un amplio margen de configuración para establecer las formas propias de cada proceso, así como la determinación de los recursos que proceden en cada instancia contra las decisiones judiciales, las circunstancias en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos. Al respecto, ha dicho: “Así, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el solo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política” (9) .

En el mismo sentido en la Sentencia C-346 de 1997 (10) , la Corte sostuvo que: “En el establecimiento de las formas propias de cada actuación judicial, que comprende así mismo la regulación de las diferentes acciones, el legislador debe tomar como punto de referencia la realidad social y extraer de ellas reglas útiles que hagan expedito y eficaz el derecho de acción. Por lo tanto, si bien el legislador goza de libertad para establecer las formas procesales, en el diseño de estas deben observarse los criterios de razonabilidad, racionabilidad, proporcionalidad y finalidad. No son válidas constitucionalmente, en consecuencia, aquellas formas procesales que se desvían de dichos criterios y que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”.

No obstante, dicha potestad no es absoluta, pues ella encuentra sus límites en los principios y valores constitucionales. En este sentido, esta corporación ha precisado que “la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos (11) que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 13, 29 y 229) (12) ; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas (13) y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) (14) . De allí que no se estimen válidas, las disposiciones procesales “que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción” (15) , precisamente porque un objetivo constitucional legítimo es el de “realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial” (16)(17) .

En cuanto a la posibilidad de imponer medidas cautelares, esta corporación ha señalado que “aunque el legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, ... los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio” (18) .

Así entonces, la libertad de configuración del legislador se encuentra sometida a ciertos límites establecidos por la propia Constitución, de tal forma que no se trata de una libertad omnímoda o de una discrecionalidad sin controles. Tales límites están definidos por los principios constitucionales, en donde debe obrar conforme a la razonabilidad y proporcionalidad y se exceden tan solo cuando los derechos fundamentales se afectan. En cuanto al ejercicio de esta potestad de configuración para determinar la manera como deben ser protegidos los derechos de autor y los derechos conexos, ha resaltado la Corte que el legislador goza de un amplio margen, pero en todo caso no puede desnaturalizarlos “a través de procedimientos que impidan el goce de estos derechos” (19) .

5. La garantía de los derechos patrimoniales de los autores y la adopción de medidas cautelares para su protección en el ordenamiento colombiano.

5.1. De conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Constitución el “Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”. Tal como lo ha señalado esta corporación, la propiedad intelectual y sus derechos conexos son inalienables, y tienen un carácter imperativo. Corresponde entonces al legislador determinar el tiempo de duración de su protección y los procedimientos que deben seguirse para asegurar la efectividad de esa protección (20) .

Esta disposición indica entonces que es el legislador quien debe reglamentar estos temas, siempre y cuando no deje desprotegidos a los autores y establezca procedimientos razonables para el reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos conexos.

Aunque el legislador goza de una amplia potestad para establecer las modalidades del amparo de este tipo de derechos, así como para la definición de instrumentos aptos para proteger a los autores de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos (21) , admitir trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección, eliminar su garantía e ir en contravía de la Carta y la especial protección que esta otorga a la propiedad intelectual.

Es así como, con el propósito de proteger los derechos de autor y sus derechos conexos en sus diferentes modalidades el legislador colombiano, en desarrollo del precepto constitucional citado, ha expedido la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor” (22) , la Ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 1944, la Ley 170 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial de Comercio, OMC”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo plurilateral anexo sobre la carne de bovino”, la Ley 232 de 1995 “Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y la Ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el “Tratado de la OMPI —Organización Mundial de la Propiedad Intelectual— sobre derechos de autor (WCT)”, adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”. Esta normatividad interna pretende garantizar procedimientos justos y equitativos para la protección de los derechos de autor y sus derechos conexos a través de procedimientos razonables, “pues solo así se cumpliría la exigencia constitucional establecida en el artículo 61” (23) .

La protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de la obra; la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, de la misma, y su comunicación al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Según lo señalan las definiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, los derechos patrimoniales constituyen el elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que, dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas de la obra previo abono de una remuneración”. En este sentido, lo advierte la Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra)” (24) .

Los derechos morales, a su vez, comprenden, entre otros, el derecho del autor a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, a que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos de comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla, antes o después de su publicación.

Por su parte, los derechos conexos a los de autor son aquellos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y tienen, también, manifestaciones morales y patrimoniales.

Para la protección del los derechos de autor y conexos, la mencionada Ley 23 de 1982 prevé sanciones de tipo penal que comprenden la prisión, la multa, el arresto y hasta el secuestro de la publicación o reproducción ilícita. Adicionalmente, la norma consagra las acciones civiles para resolver ante la justicia ordinaria las cuestiones que se susciten en aplicación de las disposiciones que regulan estos derechos o como consecuencia de los actos y hechos jurídicos que guarden relación con tales asuntos y ante los jueces civiles municipales, las que se relacionen con el pago de honorarios, representación y ejecución pública de la obra y las que surjan de las obligaciones a cargo de los directores de establecimientos públicos en donde se realicen las presentaciones.

De la misma forma, dentro de los mecanismos de protección a los derechos del autor y conexos, el artículo 244 de la ley (25) consagra a favor de los titulares de los derechos de autor (el autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de estos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos) la posibilidad de solicitar el secuestro preventivo de la obra y del producto de la venta, para lo cual se requiere, en los términos del artículo 246 (26) , que quien solicita la medida afirme que demandó o va a demandar a la persona contra la cual se dirige la medida, por actos o hechos jurídicos vinculados con el derecho de autor.

El artículo 245 de la Ley 23 de 1982 (27) , estipula también a favor de las personas mencionadas la posibilidad de solicitar al juez que suspenda la representación de una obra que se va a presentar en público sin la debida autorización del titular del derecho de autor.

Por su parte la norma acusada —art. 247—, plantea la posibilidad de que el juez municipal o de circuito del lugar del espectáculo, a prevención, aún cuando no sean competentes para conocer del proceso respectivo, decrete las medidas cautelares de secuestro preventivo (art. 244) y suspensión de la obra (art. 245), siempre que el que la solicita: (i) preste caución suficiente que garantice los perjuicios que con ella pueda causar al organizador del espectáculo; y (ii) presente una prueba sumaria del derecho que lo asiste.

Antes de entrar al análisis del juicio de constitucionalidad, la Corte considera indispensable fijar el alcance y funcionamiento de las medidas cautelares contempladas en la Ley 23 de 1982 y en especial de la caución.

5.2. La Corte Constitucional ha señalado en repetidas oportunidades que las medidas cautelares tienen amplio sustento en el texto de la Constitución Política, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (C.P., arts. 13, 228 y 229). Han sido previstas como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, un derecho que está siendo controvertido dentro de ese mismo proceso, teniendo en cuenta el inevitable tiempo de duración de los procesos judiciales. Sobre el particular ha dicho esta corporación: “Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello esta corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho controvertido” (28) .

Así, constituyen “una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia, no solo porque garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces” (29) .

En relación con el objeto, la justificación y el alcance de este instrumento jurídico, esta corporación se ha pronunciado en varias de sus providencias (30) . En Sentencia C-054 de 1997 (31) , la Corte destacó que las medidas cautelares tienen por objeto “garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido (por ejemplo el cobro ejecutivo de créditos), impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho (secuestro preventivo en sucesiones) o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado”.

Precisó también la Corte, que si bien dichas medidas, en ocasiones asumen el carácter de verdaderos procesos autónomos, como en los procesos de separación de bienes, en la mayoría de los casos, son dependientes o accesorias a un proceso cuando su aplicación y vigencia está condicionada a la existencia de este, como ocurre en los casos del proceso ejecutivo en materia civil. Son provisionales, puesto que pueden modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una contragarantía por el sujeto afectado y, desde luego, cuando el derecho en discusión no se materializa. En todo caso, se mantienen mientras persistan las situaciones de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición.

En la misma sentencia, la Corte precisó en los siguientes términos que las medidas cautelares no se restringen a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de títulos legalmente constituidos, sino que se extienden también a aquellas situaciones en las cuales no existe certeza jurídica sobre el derecho cuyo cumplimiento se pretende garantizar: “Si bien la ocurrencia de una situación de hecho o de derecho determina el ejercicio de la medida cautelar, cabe advertir que la razón de ser de esta no está necesariamente sustentada sobre la validez de la situación que la justifica. De manera que el título de recaudo, por ejemplo, puede ser cuestionable y esa circunstancia no influye sobre la viabilidad procesal de la cautela si se decretó con arreglo a la norma que la autoriza. Es por esta circunstancia particular que no puede aducirse que la cautela siempre conduzca a violentar o desconocer los derechos del sujeto afectado con la medida. Obviamente, cuando la medida de cautela es ilegal puede ocasionarse perjuicios, cuyo resarcimiento es posible demandar por el afectado” (32) . Por tanto, las medidas cautelares tienen un carácter protector, independiente de la decisión que se adopte dentro del proceso al cual se encuentran afectas, y para ser decretadas no se requiere que quien la solicita sea titular de un derecho cierto. De no ser así, se desnaturalizaría la esencia misma de las medidas y se pondría en peligro la finalidad y la eficacia de las decisiones judiciales.

Así, ha dicho también esta corporación, que las medidas cautelares no tienen ni pueden tener el sentido o alcance de una sanción, porque aún cuando afectan o pueden afectar los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su razón de ser es la de garantizar un derecho actual o futuro, y no la de imponer un castigo. Además, no tienen la virtud ni de desconocer ni de extinguir el derecho (33) .

Por su parte, la caución se define en el artículo 65 del Código Civil como “una obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena”, su finalidad, como medida cautelar que es, consiste en garantizar el cumplimiento de obligaciones surgidas dentro de un proceso. En la Sentencia C-316 de 2002, la Corte afirmó que “en términos generales, el; sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso (34) .

En el ordenamiento civil, artículo 678 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la caución, puede ser en dinero, y también pueden ser reales, bancarias y expedidas por entidades de crédito debidamente autorizadas. La caución prevista en el artículo 247 demandado, tiene por finalidad garantizar con suficiencia “los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del espectáculo teatral, cinematográfico, musical”.

Precisado el contexto en que se aplica la norma cuestionada, pasa la Corte a examinar si las medidas cautelares previstas en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982 son constitucionales.

6. Las medidas cautelares previstas en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982 no violan el debido proceso.

Corresponde entonces determinar en el caso concreto de las medidas previstas en el aparte normativo demandado, si en el ejercicio de la potestad de configuración en materia de procedimientos jurisdiccionales e instituciones procesales, el legislador actuó dentro de los límites autónomos que le confiere el texto constitucional, en especial como lo indica el demandante, el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta, o si, por el contrario, rebasó las fronteras establecidas por los principios y garantías superiores, dado que: (i) faculta al juez municipal o del circuito del lugar del espectáculo, a prevención y ante la falta de autorización del titular de los derechos de autor, para decretar las medidas cautelares de embargo preventivo de la obra a que se refiere el artículo 244, o la suspensión de la misma contemplada en el artículo 245; (ii) exige para su decreto tan solo una prueba sumaria; y (iii) autoriza la imposición de una caución sin determinar en la norma acusada, parámetros que permitan fijar el monto que garantice con suficiencia los perjuicios que se puedan causar con las medidas cautelares decretadas.

La Corte encuentra que el aparte demandado del artículo 247 de la Ley 23 de 1982, persiguen fines legítimos acordes con la Constitución y su texto se encuentra ajustado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

En efecto, en primer lugar en relación con la exigencia de la prueba sumaria como requisito para decretar las medidas cautelares, ningún reparo observa la Corte para tal requerimiento, en el entendido que en la hipótesis normativa reprochada en la que el uso del derecho de autor no ha sido autorizado por su titular, no es exigible la demostración de la plena prueba de ese derecho a través del contrato del cual surgen obligaciones entre quien solicita la medida y quien habrá de ser objeto de ella como lo exige el demandante, dada la urgencia de proteger de manera inmediata y de forma provisoria el derecho de autor de las imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, como se explicó suficientemente en forma precedente y atendida la posibilidad que se tiene de resolver las controversias de manera definitiva en el proceso correspondiente.

Sobre el tema en Sentencia C-379 de 2004, esta corporación afirmó: “dada la naturaleza y la finalidad de las medidas cautelares, es claro que la decisión final sobre el derecho que con ellas se pretende proteger de manera provisional, solo se toma de manera definitiva en la sentencia con la cual ha de culminar el proceso. Por ello, si las medidas precautorias se decretan por el juez con unos elementos de juicio iniciales y con fundamento en la demanda que los reviste de aparente seriedad y verosimilitud que posteriormente varían de tal manera que las pretensiones del demandante no han de prosperar, lo que se sigue de esa circunstancia es la imperiosa necesidad de resarcir los perjuicios que se hubieren irrogado a la otra parte con la práctica de tales medidas” (35) .

Ahora bien, aunque la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba sumaria, en diversos ordenamientos y para distintos fines se alude a la misma. En el Código de Procedimiento Civil, el artículo 279 establece que “Los documentos privados desprovistos de autenticidad tendrán el carácter de prueba sumaria, si han sido suscritos por dos testigos”. De igual manera, el artículo 299 del mismo ordenamiento, referente al tema de los testimonios rendidos ante notarios y alcaldes, alude a la exigencia de la prueba sumaria.

Sobre la noción de prueba sumaria, esta corporación precisó: “No obstante, de vieja data, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han precisado la noción de prueba sumaria. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar. En efecto, de conformidad con el artículo 29 superior, toda prueba para ser considerada como tal debe ser sometida al principio de contradicción del adversario, lo cual significa que aunque de hecho en el proceso no haya sido controvertida, por ejemplo, porque la contraparte lo consideró inútil o haya dejado pasar la etapa procesal para hacerlo, se haya tenido la oportunidad procesal de hacerlo. De igual forma, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, es decir, que sea pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos. Es más, en algunos casos, la ley dispone no la libertad probatoria sino que, por el contrario, ciertos hechos deban ser demostrados únicamente de determinada manera” (36) .

En ese sentido la doctrina también ha sido uniforme en señalar que la prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere hacer valer.

Así, siendo claro que la prueba sumaria, es aquella que reúne las características de plena prueba que aún no ha sido controvertida, su exigencia para el decreto de las medidas, no vulnera los postulados constitucionales ni menoscaba las posibilidades del debido proceso para el demandante, puesto que siendo las medidas cautelares de carácter preventivo y provisional, el debate probatorio sobre la titularidad de los derechos y la validez de los documentos aportados se da a plenitud dentro del proceso verbal respectivo ante los jueces competentes de la justicia ordinaria civil. Por tanto se reitera, para la Corte, el legislador obró conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas.

En segundo lugar, acusa el demandante la norma de ser violatoria del derecho de defensa, por cuanto la disposición no contempla parámetros que permitan fijar el monto de la caución que garantice los perjuicios que con la medida se puedan causar al organizador o empresario del espectáculo.

Para la fijación de la cuantía de la caución, son innumerables los parámetros que el legislador ha establecido para su determinación, acudiendo para ello a la potestad de configuración en materia de procedimientos jurisdiccionales e instituciones procesales, para lo cual en la mayoría de los casos ha dejado su determinación a la discrecionalidad de los jueces responsables de su aplicación, bajo los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. En el ámbito penal, como se precisó en la Sentencia C-039 de 2004, la legislación francesa, por ejemplo, establece que “el juez de instrucción fijará la caución teniendo en cuenta principalmente la capacidad económica del sindicado. Otros códigos, establecen como criterios para fijar la caución la naturaleza de la infracción, la gravedad de los hechos, las circunstancias bajo las cuales se cometió la conducta punible, la pena prevista por la ley, las condiciones personales del sindicado, dentro de las cuales se tienen en cuenta sus antecedentes penales, los costos procesales y la necesidad de prevenir un perjuicio. En Estados Unidos se exige que la caución sea adecuada, pero no excesiva. La adecuación de la misma depende de criterios como la gravedad de la ofensa y la duración de la pena correspondiente, la historia laboral y los vínculos familiares en la localidad de la cual se espera que no se fugue, los antecedentes penales, y las condiciones psicológicas del detenido. En Colombia, los criterios escogidos por el legislador penal fueron la condición económica del procesado y la gravedad de la conducta punible (L. 600/2000, art. 369)” (37) . En todo caso, dice la sentencia corresponde al juez penal ponderar en cada caso concreto los criterios sin darle prevalencia a uno sobre el otro, sino tratando de armonizarlos. Dicha armonización ha de apuntar al logro de los fines de la caución, v. gr. asegurar que quien será dejado en libertad regrese a afrontar, si fuere el caso, el proceso; garantizar el pago de una eventual indemnización; y permitir el goce inmediato de la libertad provisional sin esperar a que la providencia correspondiente quede en firme.

La caución como garantía del pago de perjuicios, también se encuentra consagrada en numerosas disposiciones del derecho civil. Así, en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil se establece la obligación para el agente oficioso de prestar caución para responder porque el demandante ratificará su actuación. Si así no sucede, la garantía indemniza los perjuicios causados por su actuación procesal. Del mismo modo, se establece en el artículo 519 de la misma regulación que se deberá prestar caución para impedir o levantar embargos dentro del proceso ejecutivo; así como se dispone, en el artículo 513 que dentro del proceso ejecutivo, deberá prestarse caución en dinero, bancaria o de compañía de seguros, equivalente al 10% del valor actual de la ejecución, para solicitar medidas cautelares con el fin de garantizar el pago de los perjuicios que dichas medidas pudieran ocasionar al demandado o a terceros. El artículo 678, al establecer las clases, cuantía y oportunidades para constituir la caución, determina la posibilidad de acudir a un dictamen de peritos para fijar el monto.

Así entonces, son variadas las formas en que el legislador ha determinado la manera de fijar los montos de las cauciones, en las que se han respetado las garantías fundamentales a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta de las personas. Por tanto, al establecer el artículo 247 que el juez sea quien determine la suficiencia de la caución, el legislador cumplió con el requisito de proporcionalidad exigido por el juicio de constitucionalidad, puesto que en la legislación ordinaria a la cual por disposición del artículo 242 de la Ley 23 de 1982 se debe acudir para resolver las cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones en relación con los derechos de autor, han sido contemplados los parámetros que extraña el demandante, los cuales deberán ser observados por el juez al momento de fijar el monto con criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad.

Por último, la Corte encuentra que en la atribución territorial de competencia a prevención al juez municipal o del circuito del lugar del espectáculo, para el decreto de las medidas cautelares, el legislador obró amparado en el principio de libertad de configuración normativa, con el fin de garantizar precisamente la aplicación inmediata de las medidas de protección constitucionalmente consagrada para los derechos de autor. En Sentencia C-828 de 2002 (38) la Corte afirmó “Efectivamente, la asignación legal de una competencia a una autoridad judicial supone la determinación acerca del ejercicio de una función pública, en desarrollo del mandato establecido en el artículo 150-23, en virtud del cual corresponde al Congreso de la República “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, siendo en este caso la administración de justicia la función pública regulada, la cual de conformidad con lo señalado en el artículo 228 de la Ley Fundamental, constituye materia de ley para su organización y realización, de manera pronta y eficiente... la Corte considera que el Legislador, al asignar la competencia por razón de la cuantía de manera privativa en los jueces del circuito, actuó en el marco de la libertad de configuración normativa que la Constitución le reconoce, ante lo cual se concluye que la norma en cuestión se encuentra ajustada a la Constitución”.

En este orden de ideas, la fijación de la competencia en cabeza de los jueces municipales y de circuito para conocer a prevención de las medidas cautelares contenidas en la norma reprochada, no constituye por sí misma una vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que tal disposición por el contrario, facilita la realización de los fines precautorios y preventivos de las medidas cautelares. Adicionalmente, se ha de recordar que de conformidad con lo previsto en el artículo 427-5 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, existe también la posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria para tramitar por el proceso verbal de mayor y menor cuantía, las controversias que se susciten sobre los derechos de autor y las conexas de que trata el artículo 242 de la Ley 23 de 1982 y ante el juez municipal en única instancia (CPC, art. 435-9) para tramitar las cuestiones civiles relacionadas con los derechos de autor que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de la citada ley, “se susciten con motivo del pago de los honorarios; por representación y ejecución pública de obras y de las obligaciones consagradas en el artículo 163 de esta Ley”, procesos estos, en los cuales al igual que en el respectivo a las medidas cautelares, se garantiza el debido proceso de las partes.

Por lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad del artículo 247 de la Ley 23 de 1982, en relación con los cargos analizados y por las razones expuestas.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 247 de la Ley 23 de 1982.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(2) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(3) Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(4) Ver entre otras las sentencias C-728 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-927 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, C-252 de 2001, M.P. C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-316 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-828 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-204 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-234 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-123 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-237A de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-318 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-425 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(5) Cfr. artículo 150 numerales 1º y 2º de la Constitución Política y sentencias C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y C-1512 de 200 (sic), M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(6) C-789 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(7) Ibídem.

(8) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(9) Sentencia C-005 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(10) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(11) Sentencias C-728 de 2000 y C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas, entre otras.

(12) Sentencia C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(13) Sentencias C-1104 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(14) Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(15) Sentencia C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(16) Sentencia T-323 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(17) Sentencia C-662 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. En la misma línea jurisprudencial, ver las sentencias C-555 de 2001, C-316 de 2002 y C-899 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(18) C-379 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En el mismo sentido ver también Sentencia C-039 de 2004,

M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(19) C-509 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(20) C-519 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(21) Sentencia C-509 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(22) En la Ley 23 de 1982 se protege, por un lado, a los autores de obras literarias, científicas y artísticas, y, por otro, a los intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. Ver la Sentencia C-833 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(23) Ibídem.

(24) Sentencia C-276 de 1996, M.P. Julio César Ortiz Gutiérrez. También sentencias, C-792 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-975 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(25) Ley 23 de 1982, artículo 244. El autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de estos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos, puede pedir al juez el secuestro preventivo: ll 1. De toda la obra, producción, edición, ejemplares; ll 2. Del producto de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edición o ejemplares, y ll 3. Del producido de la venta y alquiler de los espectáculos teatrales, cinematográficos, musicales y otros análogos.

(26) Ley 23 de 1982, artículo 246. Para que la acción del artículo 244 proceda, se requiere que el que solicita la medida afirme que ha demandado o va a demandar a la persona contra la cual dicha medida se impetra por actos y hechos jurídicos vinculados con el derecho de autor, los mismos que concretará en el libelo.

(27) Ley 23 de 1982, artículo 245. Las mismas personas señaladas en el inciso del artículo anterior pueden pedir al juez que interdicte o suspenda la representación, ejecución, exhibición de una obra teatral, musical, cinematográfica y otras semejantes, que se van a representar, ejecutar o exhibir en público sin la debida autorización del titular o titulares del derecho de autor.

(28) Sentencia C-490 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(29) Ibídem.

(30) Ver entre otras C-840 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-485 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-316 de 2002, ya citada y C-379 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(31) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(32) C-054 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(33) Ibídem.

(34) Citada también en la Sentencia C-379 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(35) Sentencia C-379 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(36) Sentencia C-1033 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(37) C-039 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(38) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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