Sentencia C-525 de agosto 14 de 2013

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9443

Magistrado Sustanciador:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 148 (parcial) de la Ley 100 de 1993.

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil tres.

EXTRACTOS: «1.1. Normas demandadas.

A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada; se subrayan y resaltan los apartes censurados:

“ART. 148.—Deportistas destacados de escasos recursos. El Gobierno Nacional mediante reglamentación previa podrá garantizar las pensiones de los deportistas de escasos recursos, que obtengan medallas en los juegos olímpicos de verano del Comité Olímpico Internacional y en los campeonatos mundiales. El monto de la pensión no podrá exceder de tres salarios mínimos mensuales y adicionalmente deberán cumplir con los requisitos para adquirir el mencionado derecho de acuerdo con la ley”.

(...)”.

2. Consideraciones.

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es en principio competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la disposición acusada hace parte de una ley de la República.

2.2. Problemas jurídicos.

2.2.1. El demandante sostiene que la expresión “escasos recursos” contenida en el artículo 148 de la Ley 100 de 1993 vulnera los artículos 13 y 48 superiores(1), por las siguientes razones:

Asegura que la expresión desconoce el principio de igualdad, ya que excluye a los deportistas que cuentan con algunos recursos del grupo de beneficiarios de la pensión para deportistas destacados, sin justificación suficiente. En concepto del demandante, (i) el criterio que debe servir de base para el reconocimiento del derecho a la pensión es el mérito deportivo; (ii) la situación económica de los deportistas no debe ser el criterio de selección de los beneficiarios de la pensión, pues en Colombia los deportistas reciben poco apoyo y debido a que deben dedicar largas jornadas a su entrenamiento, difícilmente pueden acceder a un trabajo que les permita cotizar al sistema de pensiones y en el futuro acceder a una pensión; en otras palabras, para el demandante todos los deportistas están en la misma situación de desventaja para afrontar la vejez.

Por otra parte, sostiene que la expresión acusada, en tanto no permite definir a qué cantidad de recursos se refiere, vulnera el derecho a la seguridad social de los deportistas destacados.

2.2.2. El Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público piden a la Corte que se inhiba de proferir un pronunciamiento de fondo porque consideran que el artículo 148 de la Ley 100 no se encuentra vigente, puesto que (i) fue derogado tácitamente por el artículo 45 de la Ley 181, debido a que este último introdujo una nueva regulación integral de la materia, es decir, sobre la pensión vitalicia de los deportistas destacados; (ii) con la Ley 181 también se presentó una derogación orgánica, ya que reguló en su totalidad lo correspondiente al fomento del deporte, lo que incluye el asunto demandado; (iii) la Ley 797 de 2003 exigió para la causación del derecho a una pensión, el haber cotizado el número de semanas exigidas por la ley, requisito con el que el artículo bajo estudio es incompatible y por tanto debe entenderse derogado; (iv) en vista de la derogación, la Ley 1389 reemplazó el término pensión del artículo 45 de la Ley 181 por el de estímulo para hacerlo compatible con el nuevo marco normativo.

El Ministerio del Trabajo comparte la mayoría de estos argumentos; sin embargo, solicita a la corporación estudiar la constitucionalidad de la expresión demandada, ya que en su sentir el artículo 148 de la Ley 100 sigue produciendo efectos respecto de los deportistas destacados que cumplieron 50 años en vigencia de la norma y reunieron los requisitos para acceder a la pensión.

2.2.3. Coldeportes, el Ministerio de Hacienda y un grupo de ciudadanos también solicitan un fallo inhibitorio, pero porque aseguran que la demanda es inepta, toda vez que (i) carece de argumentos claros y específicos que desarrollen el concepto de violación; (ii) se basa en juicios de valor sin sustento, es decir, no presenta razones pertinentes desde el punto de vista constitucional; (iii) no cumple con la carga argumentativa que exige la jurisprudencia constitucional en casos de violación del principio de igualdad, en particular no determina el ámbito del principio de igualdad que se estima vulnerado, los grupos comparables ni los términos de comparación; (iv) no reúne el requisito de suficiencia, puesto que no se demuestran algunas premisas de las que parte el actor, como que los deportistas reciben poco apoyo, están desprotegidos en materia de seguridad social o no existen elementos de juicio para determinar quiénes son los deportistas destacados de escasos recursos; y (v) no examina la expresión “escasos recursos” a la luz de la jurisprudencia constitucional.

Otros ciudadanos piden a la Corte que se inhiba, pero solamente en relación con el cargo por violación del artículo 48 superior. A su juicio, el cargo no es suficiente y se basa en una interpretación subjetiva, ya que no es cierto que los deportistas que tienen algún recurso no pueden obtener una pensión; resaltan que el Decreto 1038 de 1997 establece reglas para el efecto.

2.2.4. Un tercer grupo de ciudadanos también solicitan que esta Corte se inhiba de conocer de la demanda, pero porque en su criterio existe cosa juzgada derivada de la Sentencia C-221 de 2011.

2.2.5. El Colegio de Abogados del Trabajo, el profesor Carlos Parra Dussán, Coldeportes, los ministerios del Trabajo y Hacienda, la Universidad Libre y otro grupo de ciudadanos solicitan que la expresión demandada se declare exequible, pues consideran que (i) el artículo 148 de la Ley 100 no contiene una discriminación sino una medida de acción afirmativa a favor de un grupo en situación de debilidad por su situación económica, es decir, introduce un tratamiento diferenciado justificado; (ii) la diferenciación que se establece es proporcionada, toda vez que emplea un medio idóneo —pues efectivamente permite equilibrar la situación de los deportistas de escasos recursos—, es necesaria y persigue un fin que se ajusta a la Constitución —la protección de un grupo en situación de debilidad—; (iii) no es cierto que los deportistas que a la luz del precepto no son de escasos recursos, queden desprotegidos en materia de seguridad social en pensiones, ya que las leyes 1389 y 1607 establecen otros estímulos para ellos y en todo caso el sistema de pensiones prevé instrumentos para la ampliación progresiva de su cobertura, como por ejemplo el Fondo Prosperar; (iv) en un sistema de seguridad social con recursos limitados, sería desproporcionado entregar un beneficio pensional a quienes no lo requieren, como aquellos que cuentan con recursos para su subsistencia; (v) la medida adoptada en el artículo acusado no representa una discriminación frente a otras profesiones, pues la disposición no indica que los requisitos de regulación deban ser diferentes a los exigidos a otros profesionales de escasos recursos; (vi) el precepto desarrolla el principio de solidaridad; (vii) una disposición similar fue declarada exequible frente a cargos iguales en la Sentencia C-221 de 2011, de modo que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada material; y (viii) no es cierto que la expresión “escasos recursos” sea indeterminada, pues para encontrar su significado se puede acudir a las ciencias económicas.

2.2.6. Finalmente, un quinto grupo de ciudadanos apoyan la solicitud de inexequibilidad porque estiman que la expresión “escasos recursos” (i) lesiona el principio de igualdad en tanto no cobija los deportistas de alto rendimiento que tienen unos recursos económicos básicos, y que debido al tiempo que dedican a las prácticas, no tienen estabilidad laboral; (ii) también viola el derecho a la seguridad social, pues pasa por alto que ningún deportista está exento de la calamidad económica y que esa garantía es universal e irrenunciable; y (iii) desconoce los logros y méritos de los deportistas no favorecidos con la pensión; en su sentir, el criterio de adjudicación de la pensión debe ser el mérito deportivo.

2.2.7. En este contexto, corresponde a esta corporación resolver los siguientes interrogantes: (i) con miras a establecer la competencia de la Corte, si el artículo 148 de la Ley 100 se encuentra vigente y, en caso de que haya sido derogado, si continúa o no produciendo efectos; (ii) si la demanda reúne la carga argumentativa exigida por el Decreto 2067 de 1991 y la jurisprudencia constitucional; (iii) si existe cosa juzgada derivada de la Sentencia C-221 de 2011; y (iv) en caso negativo, si la expresión “escasos recursos” desconoce los artículos 13 y 48 superiores, en tanto restringe el universo de beneficiarios de la pensión vitalicia prevista en el artículo 148 de la Ley 100 con fundamento en un criterio económico como la escases de recursos.

2.3. Examen de vigencia del artículo 148 de la Ley 100.

De conformidad con el artículo 241.4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes”. Esto significa que las leyes deben estar vigentes dentro del ordenamiento, pues de lo contrario no tendría sentido una decisión de exequibilidad o inexequibilidad, es decir, una decisión sobre si la disposición legal debe ser o no expulsada del ordenamiento.

No obstante, también se ha señalado que pese a que un precepto de orden legal ha sido derogado —tácita, expresamente o de forma orgánica—, esta corporación es competente para examinar su constitucionalidad si no ha perdido su eficacia, es decir, si continúa proyectando sus efectos dentro del ordenamiento(2).

Con fundamento en estos razonamientos, pasa la Sala a examinar si el artículo 148 de la Ley 100 está vigente y en caso de que no sea así, si continúa produciendo efectos.

2.3.1. Contexto normativo.

El artículo 148 de la Ley 100, perteneciente al capítulo IV “Disposiciones finales del sistema general de pensiones”, tiene el siguiente contenido normativo: (i) faculta al Gobierno Nacional para crear un beneficio pensional a favor de un grupo de deportistas; (ii) indica que los deportistas que deben ser beneficiados son aquellos de escasos recursos que obtengan medallas en los juegos olímpicos de verano del Comité Olímpico Internacional y en los campeonatos mundiales, así como quienes cumplan otros requisitos señalados en la ley; y (iii) establece un tope para el beneficio pensional de tres salarios mínimos mensuales.

Posteriormente, en 1995, el Congreso expidió la Ley 181 “Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”, cuyo artículo 45 dispuso:

“El Estado garantizará una pensión vitalicia a las glorias del deporte nacional. En tal sentido deberá apropiarse de las partidas de los recursos de la presente ley, un monto igual a la suma de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, por deportista que ostente la calidad de tal, cuando no tenga recursos o sus ingresos sean inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales.

Además, gozarán de los beneficios del régimen subsidiado del sistema general de seguridad social en salud, cuando no estén cubiertos por el régimen contributivo.

PAR.—Se entiende por glorias del deporte nacional a quienes hayan sido medallistas en campeonatos mundiales oficiales reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano o medallistas de juegos olímpicos”.

Este artículo hace parte del título V “de la seguridad social y estímulos para los deportistas”, el cual contempla otros estímulos para los deportistas como seguro de vida e invalidez, cobertura del sistema de seguridad social en salud y auxilio funerario para deportistas que reciban reconocimiento en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos o mundiales reconocidos por Coldeportes, en categorías de oro, plata o bronce, individualmente o por equipos, siempre y cuando demuestren ingresos laborales inferiores a cinco salarios mínimos legales vigentes o ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos legales vigentes —art. 36—; programas especiales de preparación sicológica y recuperación social para deportistas con reconocimientos oficiales, afectados por la drogadicción o el alcoholismo —art. 37—; créditos educativos —art. 38—; entre otros.

En virtud de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente en el artículo 89.10 de la Ley 181, se expidió el Decreto 1231 de 1995, cuyo artículo 3º dispuso la compatibilidad de la pensión vitalicia a la que alude el artículo 45 ibídem “(...) con cualquiera otra pensión o clase de remuneración, siempre que se cumplan las condiciones del artículo citado”. Este precepto también indicó que el acto de reconocimiento y el pago de la pensión sería responsabilidad de Coldeportes.

El artículo 45 de la Ley 181 fue además reglamentado por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 1083 de 1997. Este precisó, entre otros aspectos, los requisitos para el reconocimiento de la pensión, el valor de la prestación —cuatro salarios mínimos mensuales—, su mecanismo de ajuste anual —el incremento anual del salario mínimo— y los eventos de pérdida del derecho.

Posteriormente, el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100, introdujo la siguiente regla en materia de pensiones:

“l) En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del sistema general que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo”.

Esta regla fue reiterada por el inciso tercero del artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, el cual dispuso:

“Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones”.

Debido a la prohibición establecida en la Ley 797, la Ley 1389 de 2010 “por la cual se establecen incentivos para los deportistas y se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva”, por medio de su artículo 5º, reemplazó la expresión “pensión vitalicia” del artículo 45 de la Ley 181 por la de “estímulo”.

En efecto, como se explicó en la Sentencia C-221 de 2011(3), con esta ley se buscó reemplazar el beneficio pensional por un mecanismo de estímulos, con el objeto de no crear un régimen exceptuado del sistema general de seguridad social en pensiones para los deportistas destacados. Al respecto, en la ponencia para primer debate en Cámara se explicó lo siguiente:

“Respecto a los artículos 5º y 6º, considera prudente señalar su conveniencia para dicha entidad, teniendo en cuenta que la Contraloría General de la República en diferentes ocasiones ha expresado frente al desarrollo del programa concebido en virtud del artículo 45 de la Ley 181 de 1995 (glorias del deporte) lo siguiente:

Coldeportes reconoce y paga pensiones a los deportistas consagrados como glorias del deporte nacional de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y 89 de la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1231 de 1995, sin que esté consagrado como régimen excepcional dentro del Sistema General de Seguridad Social.

Es una situación legal que se aparta de los postulados del sistema integral establecido en la Ley 100 de 1993 y Coldeportes no es una entidad que reúne todos los requisitos para el manejo de la pensión.

Del mismo modo, Coldeportes expresa que en virtud del Acto Legislativo 1 de2005, através del cual se incluyeron modificaciones al artículo 48 de la Constitución Política, el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, carecería de validez teniendo en cuenta que la norma dispone:

(...).

Así las cosas y no obstante las normas transcritas, Coldeportes considera que se debe persistir en el reconocimiento de las glorias del deporte nacional, a través de la figura del“estímulo” y de acuerdo a la redacción del artículo propuesto.Sin embargo, expresa que lo dicho con respecto al manejo de las pensiones por parte de Coldeportes, es enteramente aplicable al caso de la seguridad social en salud para los deportistas”(4).

La intención del Congreso de que las prestaciones previstas en la Ley 181 se hicieran compatibles con la normativa que regula la seguridad social, también se evidencia en el hecho de que dicha corporación acogió la objeción gubernamental formulada contra el artículo 6º del proyecto que había sido aprobado en las plenarias y que establecía que la seguridad social en salud de los deportistas estaría a cargo del antiguo Ministerio de la Protección Social. En la Sentencia C-221 de 2011 también se relató este evento de la siguiente manera:

“(...) el artículo 6º del proyecto de ley aprobado por las cámaras(5) determinaba que a partir de la vigencia de la norma, “... la seguridad social en salud para los deportistas, consagrada en el artículo 36 de la Ley 181 de 1995, estará a cargo del Ministerio de la Protección Social”. Este artículo fue objetado por inconstitucional por parte del Gobierno, con el argumento que las materias relacionadas con la seguridad social, conforme lo previsto en el artículo 154 de la Carta Política, son de reserva de iniciativa gubernamental. Esta objeción fue aceptada por el Congreso, cuyas plenarias aprobaron el informe de objeciones que propuso retirar el artículo 6º de la iniciativa”(6).

Finalmente, sobre la naturaleza del cambio introducido en la Ley 1389, en la sentencia referida se concluyó lo siguiente:

“6.1. Sin embargo, contra la anterior conclusión podría plantearse que la reforma legal contenida en la norma acusada se limitó a cambiar la denominación “pensión vitalicia”, por la de “estímulo”, pero dejó sin alteración alguna el resto del artículo, de modo que no puede concluirse que haya mutado la naturaleza jurídica de la prestación. Esta interpretación, en criterio de la Sala, es equivocada, puesto que desconoce que la Ley 1386 de 2010 es un cuerpo normativo con una intención sistemática clara, que no es otra que regular los incentivos a los deportistas, entre ellos los de alta competición, para encuadrar sus prestaciones dentro del gasto público social para el deporte de que trata el artículo 52 de la Carta Política, como se explicará con mayor detalle en fundamento jurídico posterior. En ese orden de ideas, no es viable insistir en la naturaleza pensional del estímulo, puesto que conforme con el actual ordenamiento jurídico —es decir, el resultante luego de las reformas introducidas por la L. 1389/10— esta erogación no comparte ninguna de las características que definen a las prestaciones propias del régimen pensional. En efecto, la norma no prevé un método de cotización previa por parte del interesado, ni requisitos de tiempo de servicios, cotización o edad mínima y, lo que es más importante, somete la exigibilidad del estímulo a un factor variable, vinculado con el nivel socioeconómico del beneficiario, del cual depende la concesión del estímulo. Esta última circunstancia demuestra que, en realidad, la norma acusada se limita a prever una subvención económica para un grupo de la población, a partir de un criterio de focalización del gasto público social. Así, como se explicará con mayor detalle en apartado posterior, si el beneficiario pierde esa condición en razón de la modificación de su nivel socioeconómico, no podrá acceder a la prestación puesto que incumpliría las condiciones fácticas de focalización del gasto público social.

Por ende, una prestación económica a cargo del Estado con estas características en modo alguno puede comprenderse como una pensión. Esto conlleva, además, dos consecuencias importantes. En primer término, que al estímulo a los medallistas olímpicos y campeones mundiales no le serán aplicables las reglas del sistema general de seguridad social en pensiones, ni ninguna otra normativa previa o posterior que regule esa materia. En segundo lugar, como ya se ha explicado, no resultaría pertinente la acusación señalada por algunos de los intervinientes, en el sentido que la norma demandada sería inexequible al contravenir la prohibición de constituir regímenes pensionales especiales ni exceptuados, prevista en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución. Ello debido a que, se insiste, el estímulo analizado no tiene naturaleza pensional, pues recae en la categoría de subsidio o incentivo”.

El artículo 5º de la Ley 1389 fue a su vez reglamentado por el Decreto 448 de 2012, el cual estableció que para ingresar al programa de glorias del deporte y, por tanto, acceder al estímulo en comento, es necesario cumplir, entre otros requisitos, los fijados en el artículo 2º del Decreto 1083 de 1997 y aceptar la realización de estudios socioeconómicos que avalen su ingreso y permanencia en el programa, los cuales deben ser efectuados por la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo de Coldeportes.

A la luz de este contexto normativo corresponde a la Sala examinar la vigencia del artículo materia de debate.

2.3.2. El artículo 148 de la Ley 100 no se encuentra vigente.

La Sala observa que el artículo al que pertenecen las expresiones demandadas fue derogado por el artículo 45 de la Ley 181 de 1995, como a continuación se analiza:

2.3.2.1. Como se explicó en la Sentencia C-901 de 2011(7), “(...) la derogación viene del latín derogare que significa la revocación parcial de la ley, que se distingue de la abrogación que alude a la supresión completa de una ley”. Su efecto es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de la expedición de una norma posterior(8). El Congreso, competente para derogar las leyes en virtud del principio democrático, puede llevar a cabo esta labor de diferentes formas, tal como se indicó en la misma providencia en concordancia con los artículos 71 y 72 del Código Civil:

“(...) en la derogación expresa el legislador determina de manera precisa el o los artículos que retira del ordenamiento, por lo que no se hace necesaria ninguna interpretación, ya que simplemente se cumple una función de exclusión desde el momento que así se establezca. La derogación orgánica refiere a cuando la nueva ley regula integralmente la materia, que en términos de la Corte Suprema de Justicia supone ‘que la nueva ley realiza una mejora en relación con la ley antigua; que aquella es más adecuada a la vida social de la época y que, por tanto, responde mejor al ideal de justicia, que torna urgente la aplicación de la nueva ley; (...) que por lo mismo debe ser lo más amplia posible para que desaparezcan las situaciones que el propio legislador ha querido condenar y evidentemente arrasó con la ley nueva’(9).

Por su parte, la derogación tácita obedece a un cambio de legislación, a la existencia de una incompatibilidad entre la ley anterior y la nueva ley, lo cual hace indispensable la interpretación de ambas leyes para establecer la vigente en la materia o si la derogación es parcial o total. Tiene como efecto limitar en el tiempo la vigencia de una norma, es decir, suspender su aplicación y capacidad regulatoria, aunque en todo caso el precepto sigue amparado por una presunción de validez respecto de las situaciones ocurridas durante su vigencia”(10).

2.3.2.2. A juicio de la Sala, en este caso se ha presentado una derogación orgánica y tácita del artículo 148 de la Ley 100 en virtud de la expedición del artículo 45 de la Ley 181.

Como sostiene el Ministerio Público, el artículo 45 de la Ley 181 contiene una regulación integral de la misma materia de la que se ocupaba el artículo 148 de la Ley 100, esta es, los requisitos y características de la pensión que el Estado otorgaba a los deportistas destacados. Adicionalmente, el artículo 45 de la Ley 181 (i) no solamente faculta al Gobierno para reconocer la pensión sino que la consagra directamente y obliga al Estado a garantizarla; (ii) contempla una cobertura mayor, pues incluye los medallistas de todos los juegos olímpicos; (iii) elimina la referencia a otros requisitos que definiera la ley, es decir, flexibiliza los requisitos; (iv) sugiere una ampliación de la pensión a cuatro salarios mínimos mensuales; y (v) precisa la fuente de los recursos para el pago de las pensiones. Una comparación de las disposiciones en comento se presenta en el siguiente cuadro:

 

Criterio de comparaciónArtículo 148 de la Ley 100Artículo 45 de la Ley 181
DestinatarioGobierno NacionalEl Estado
ContenidoLo faculta para que mediante una reglamentación garantice una pensión a un grupo de deportistas.Le ordena garantizar una pensión vitalicia a un grupo de deportistas destacados denominados “glorias del deporte nacional”.
Requisitos para la causación de la pensiónMérito deportivo: deportistas que “obtengan medallas en los juegos olímpicos de verano del Comité Olímpico Internacional y en los campeonatos mundiales”.Mérito deportivo: “quienes hayan sido medallistas en campeonatos mundiales oficiales reconocidos por el Comité Olímpico Colombiano o medallistas de Juegos Olímpicos”.
Situación económica: deportistas de “escasos recursos”.Situación económica: deportista que “no tenga recursos o sus ingresos sean inferiores a cuatro (4) salarios mínimos legales”.
Cumplimiento de otros requisitos que fije la ley. 
Valor de la pensión“El monto de la pensión no podrá exceder de tres salarios mínimos mensuales”.No define un valor expresamente; sin embargo, sugiere el siguiente criterio: “deberá apropiarse de las partidas de los recursos de la presente ley, un monto igual a la suma de cuatro (4) salarios mínimos mensuales”.
Origen de los recursosNo precisa.Partidas previstas en la misma ley.

 

También debe tenerse en cuenta que a diferencia de la Ley 100, la Ley 181 es un cuerpo normativo cuyo objeto específico es la regulación de la promoción del deporte. Además, su artículo 89 otorgó expresas facultades extraordinarias al Presidente para “[e]stablecer el otorgamiento de estímulos (...) de seguridad social para los deportistas nacionales destacados en el ámbito nacional o internacional”, con lo que no solamente facultó al Gobierno para reglamentar la materia sino que lo obligó a adoptar la regulación necesaria para hacer efectivo su artículo 45.

En ejercicio de las facultades extraordinarias, el Gobierno —D.L. 1231/95— precisó otros aspectos que no habían sido reglados en vigencia del artículo 148 de la Ley 100, como la entidad específica responsable del reconocimiento y pago de las pensiones —Coldeportes— y la compatibilidad de la pensión con otras remuneraciones.

Por último, el Decreto 1083 de 1997 reglamentó el artículo 45 de la Ley 181 y definió otros aspectos de la prestación, como su valor, su mecanismo de ajuste anual y los eventos de pérdida del derecho.

En resumen, el artículo 45 de la Ley 181, en concordancia con el Decreto-Ley 1231 de 1995 y el Decreto Reglamentario 1083 de 1997, establece una regulación integral y detallada de la pensión de los deportistas destacados que reemplazó en su integridad la del artículo 148 de la Ley 100; en este orden de ideas, este último perdió vigencia.

2.3.2.3. Si en gracia de discusión se admitiera que el artículo 148 de la Ley 100 no fue reemplazado por el artículo 145 de la Ley 181, en todo caso debe entenderse que fue derogado tácitamente por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, modificatorio del artículo 13 de la Ley 100, el cual introdujo la siguiente regla en materia de pensiones:

“l) En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del sistema general que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo”.

Nótese que la pensión a la que se refería el artículo 148 de la Ley 100 no se obtenía con fundamento en el cumplimiento de un número de semanas de cotización o tiempo de trabajo, de modo que esa regulación es incompatible con la nueva regla de la Ley 797, que además fue ratificada por el Acto Legislativo 1 de 2005. En este orden de ideas, la Ley 797 derogó tácitamente el artículo materia de controversia.

Ahora debe la Sala examinar si pese a la pérdida de vigencia, el artículo 148 de la Ley 100 sigue produciendo efectos, lo que activaría la competencia de este tribunal.

2.3.3. El artículo 148 de la Ley 100 no continúa produciendo efectos.

El Ministerio del Trabajo sostiene que el artículo 148 de la Ley 100, pese a estar derogado, sigue produciendo efectos en el caso de las pensiones reconocidas bajo su amparo. La Sala discrepa de esta conclusión, por las razones que a continuación se exponen:

2.3.3.1. El artículo referido, que como se señaló previamente facultaba al Gobierno para que, mediante una reglamentación, introdujera una pensión a favor de un grupo de deportista destacados de escasos recursos, nunca fue reglamentado, es decir, el Gobierno nunca hizo uso de su facultad ni creó efectivamente la prestación aludida. Por tanto, a la luz de ese precepto no se consolidó ninguna situación jurídica llamada a continuar produciendo efectos.

2.3.3.2. En vista de lo anterior, este caso difiere del analizado en la Sentencia C-258 de 2013(11) y por ello exige una solución distinta. Ciertamente, en ese caso, a pesar de que la disposición acusada —L. 4ª/92, art. 17— había perdido vigencia, continuaba produciendo efectos en dos hipótesis: (i) en el caso de las situaciones jurídica consolidadas durante su vigencia, es decir, respecto de las pensiones causadas y reconocidas a su amparo, toda vez que las pensiones son prestaciones periódicas, y (ii) en el caso de las personas cobijadas por el régimen de transición y que, por tanto, tenían una expectativa legítima de pensionarse según los requisitos establecidos en ese precepto. Teniendo en cuenta estas dos hipótesis, se activó la competencia de la Corte. Por el contrario, en este caso, ni existen situaciones jurídicas consolidadas a la luz del artículo 148 de la Ley 100, ni tampoco personas con una expectativa protegida de pensionarse según él, por cuanto el derecho a la pensión que contemplaba aquella disposición, en tanto no fue reglamentado, nunca surgió a la vida jurídica.

2.3.3.3. En este orden de ideas, la Sala concluye que el precepto que contiene las expresiones acusadas no continúa produciendo efectos.

2.3.4. Conclusión.

En vista de que (i) el artículo 148 de la Ley 100 —al que pertenecen las expresiones demandadas— fue derogado por la Ley 181 o, en su defecto, por la Ley 797, y (ii) la pensión a la que aludía nunca fue reglamentada y, por ende, nunca se introdujo en el ordenamiento, la Sala concluye que no existe materia sobre la cual pronunciarse y por ello se inhibirá de estudiar la demanda de la referencia.

3. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo en el proceso de la referencia, por las razones previamente expuestas.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Debe recordarse que el cargo por violación del artículo 52 constitucional fue rechazado, después de que el demandante no corrigiera su demanda en este aspecto.

(2) Ver entre otras sentencias C-397 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-540 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-801 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1067 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-309 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, y C-714 de 2009 M.P. María Victoria Calle Correa.

(3) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(4) Cfr. Gaceta del Congreso 670 de 2007.

(5) Gaceta del Congreso 521 de 2009, p. 20.

(6) Gaceta del Congreso 173 de 2010, pp. 7-8.

(7) M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(8) Ver Sentencia C-901 de 2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(9) Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de marzo de 1984. Citada igualmente en la Sentencia C-829 de 2001. La Corte Constitucional ha destacado que la derogación orgánica puede tener características de expresa y tácita, atendiendo que el legislador puede explícitamente indicar que una regulación queda sin efectos o que corresponde al intérprete deducirla, después de un análisis sistemático de la nueva preceptiva (Sent. C-775/2010).

(10) Sentencia C-571 de 2004.

(11) M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.