Sentencia C-529 de octubre 10 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

MESADA ADICIONAL DE JUNIO PARA PENSIONADOS

MONTO MÁXIMO

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto legal objeto de la demanda. La corte precisa que las partes entre paréntesis fueron declaradas inexequibles por la Sentencia C-409/94 y que se subraya la parte demandada.

“LEY 100 DE 1993

(Diciembre 23)

Por medio de la cual se crea le sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 142.—Mesada adicional para (actuales) pensionados. Los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de sectores públicos, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, en el sector privado y del Instituto de Seguros Sociales, así como los retirados y pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (cuyas pensiones se hubiesen causado y reconocido antes del 1º de enero de 1988), tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta (30) días de la pensión que les corresponda a cada uno de ellos por el régimen respectivo, que se cancelará con la mesada del mes de junio de cada año, a partir de 1994.

(Los pensionados por vejez del orden nacional, beneficiarios de los reajustes ordenados en el Decreto 2108 de 1992, recibirán el reconocimiento y pago de los treinta días de la mesada adicional sólo a partir de junio de 1996).

PAR.—Esta mesada adicional será pagada por quien tenga a su cargo la cancelación de la pensión sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual.

(...)

El asunto bajo revisión: Mesada adicional y principio de igualdad

2. Según el actor, la expresión acusada vulnera el principio de igualdad pues restringe el alcance de la mesada adicional en relación con quienes devengan pensiones iguales o superiores a quince salarios mínimos, con lo cual se los discrimina, pues estas personas cumplieron los mismos presupuestos consagrados por la ley para acceder al derecho de pensión que quienes reciben una mesada adicional total. Por el contrario, según el ciudadano interviniente y el Ministerio Público, este trato diferente es permitido pues los supuestos de hecho relevantes son diversos, ya que el monto de las mesadas no es uniforme sino que varia según los pensionados, por lo cual, en aras de la búsqueda de la igualdad real y efectiva, la ley puede tratar de manera más favorable a quienes devengan menores pensiones. Debe entonces la corte analizar si la ley puede restringir el alcance de la mesada adicional, según el monto de la misma.

La razonabilidad del trato

3. En múltiples sentencias, esta corporación ha señalado que un trato diferente se ajusta a la carta si tiene un fundamento objetivo y razonable de acuerdo a la finalidad perseguida por la norma. Por ello la Corte ha señalado que el trato diferenciado de dos situaciones no constituye una discriminación, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: primero, que se persiga un fin aceptado constitucionalmente; segundo, que los hechos sean distintos conforme a un criterio que sea relevante de acuerdo a la finalidad buscada; tercero, que la consecución de dicho fin por los medios propuestos sea posible y además adecuada; y, finalmente , que la medida no sea desproporcionada, esto es, no afecte de manera inaceptable otros principios y valores constitucionales (1) . Igualmente, la Corte ha señalado que la intensidad del examen constitucional de la igualdad no es siempre la misma, pues en determinados ámbitos, la Corte confiere amplia libertad a los órganos políticos para establecer regulaciones diversas, mientras que en otros campos o en relación con ciertos criterios, las posibilidades de diferenciación del legislador o de las autoridades administrativas se pueden encontrar fuertemente restringidas (2) .

(1) Ver, entre otras, las sentencias C-530/93 y T-230/94. 

(2) Ver, entre otras, las sentencias C-445/95 y C-017/96.

Con tales elementos entra la Corte a estudiar la constitucionalidad de la expresión impugnada.

4. El beneficio de la mesada adicional se creó con el fin de equilibrar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda para aquellas personas que, como los pensionados, en virtud de su situación y posición en la sociedad, requieren de una atención especial por parte del Estado (C.P., arts. 13, 48 y 53). La mesada adicional es pues una forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda de aquellas personas que reciben pensiones devaluadas. Se trata de una finalidad que armoniza con la Carta, pues el Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y que los recursos en este campo mantengan su poder adquisitivo (C.P., arts. 48 y 53). Sin embargo, lo cierto es que la concesión de estos reajustes debe tener en cuenta una realidad de gran trascendencia en este examen: Los recursos económicos para satisfacer ese pago de las pensiones no son infinitos sino que son limitados. Por ello, la Corte tiene bien establecido que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene cierta libertad para determinar el monto y los alcances de estos reajustes a fin de lograr el mejor uso de los recursos en este campo. Ha dicho al respecto esta corporación:

“De otra parte, estima la corte pertinente agregar que la constitución al consagrar el derecho al reajuste periódico de las pensiones (art. 53 inc. 2º), no señala la proporción en que éstas deben incrementarse, como tampoco la oportunidad o frecuencia en que debe llevarse a cabo, quedando en manos del legislador la regulación de estos aspectos.

(...).

En consecuencia, es la ley la que señalará cuales son los mecanismos idóneos que deben implantarse o cumplirse para que las reservas de dinero destinadas al pago de pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan su capacidad adquisitiva.

Finalmente, debe aclararse al demandante que los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca el artículo 58 ibídem, pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas que consagran la proporción en que se realizan los aumentos de las mesadas pensionales (3) ”.

(3) Sentencia C-387/94 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

5. En este orden de ideas, la Corte considera que en principio la ley no esta obligada a establecer un reajuste uniforme para todas las pensiones, pues puede consagrar un régimen diferenciado, si de esa manera se logran mejores resultados en la protección del poder adquisitivo de las mesadas, ya que —es necesario reiterarlo— se trata de asignar recursos limitados. Así, es perfectamente legítimo que, con tal criterio, la ley conceda un reajuste mayor a quienes devengan menores pensiones, pues de esa manera se protege en forma privilegiada a los más débiles, con lo cual se contribuye a que la igualdad sea real o efectiva (C.P., art. 13). Esta corporación ya había señalado que es perfectamente legítimo que la ley efectúe un tratamiento favorable en materia de reajuste pensional a aquellas personas que, por su situación económica, están en una situación más desventajosa que otras. Dijo entonces la Corte:

“Es evidente que ese tratamiento distinto ante situaciones iguales, a la luz de los cánones constitucionales, tiene una justificación clara y razonable, cual es la de dar especial protección a aquellos pensionados que por devengar una pensión mínima se encuentran, por razones económicas en situación de debilidad manifiesta frente a los demás. En consecuencia, ha decidido el legislador que el valor de la pensión para esas personas se reajuste en un porcentaje igual al del salario mínimo legal mensual, con el fin de que dicho ingreso conserve su poder adquisitivo y así pueda el beneficiario satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna (...).

Busca así el legislador menguar la desigualdad y de esta manera cumplir con el propósito señalado por el constituyente en el artículo 13 de la Carta, que ordena al Estado promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como también proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica o físicas se encuentran en situación de debilidad manifiesta (4) .

(4) Sentencia C-387/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

6. El anterior examen permite concluir que el trato más benévolo consagrado por la expresión acusada para aquellos que devengan un mesada inferior a quince salarios mínimos persigue una finalidad legítima, cual es favorecer la igualdad real y efectiva, teniendo en cuenta que los recursos para los reajustes pensionales no son ilimitados. Siendo esa la finalidad, el monto de la pensión es un criterio relevante de diferenciación, por lo cual la corte considera que la Ley podía perfectamente distinguir entre grupos de pensionados, pues no todos reciben la misma mesada, por lo cual sus situaciones son en este aspecto diferentes. En efecto, como bien lo señalan la Vista Fiscal y el ciudadano interviniente, la situación económica y material de quienes perciben una pensión superior a quince salarios mínimos legales mensuales no es igual a la de aquellos que reciben una suma inferior.

Por consiguiente, la presente situación es diversa a la estudiada en la Sentencia C-409 de 1994, que declaró inexequibles algunos apartes del mismo artículo 142 de la Ley 100 de 1993, por violación de la igualdad. En efecto, en aquella ocasión la Corte mostró que el criterio de diferenciación temporal establecido por esa norma no era relevante, pues no había ninguna justificación para excluir del beneficio de la mesada adicional a aquellos pensionados que hubiesen adquirido el derecho con posterioridad a enero de 1988, por lo cual el trato diferente era irrazonable y discriminatorio. En cambio en esta ocasión, los supuestos de hecho son diferentes, ya que la diferencia de trato se funda en el monto de la pensión, lo cual es relevante, puesto que precisamente se trata de asegurar un reajuste más favorable a aquellos que reciben las menores pensiones.

7. La norma acusada busca entonces un fin legítimo y utiliza un criterio relevante de diferenciación entre los pensionados de acuerdo al objetivo perseguido. Además el medio empleado es adecuado, pues el parágrafo acusado establece un tope máximo a la asignación de la mesada adicional, con lo cual el legislador protege los recursos existentes para el pago de las pensiones a fin de asignarlos preferencialmente a aquellos que se encuentran en peor situación. Por último, la medida no es desproporcionada, pues la ley no excluye del beneficio de la mesada adicional a quienes devengan altas pensiones sino que simplemente limita el monto máximo de la misma a quince salarios mínimos, con lo cual, se favorece a los pensionados de menores recursos, pero no injustificadamente como alega el demandante, sino con justa razón, por cuanto se trata de personas que se encuentran en una situación fáctica diferente.

Todo lo anterior lleva a esta Corte a concluir que el tratamiento distinto que establece la norma demandada tiene una justificación objetiva, clara y razonable: dar especial protección a aquellos pensionados que devengan una pensión inferior a quince salarios mínimos y que, por ende, se encuentran, por razones económicas, en situación de desventaja material. El tope establecido para la mesada adicional no viola entonces la Constitución por cuanto es una medida pensada por el legislador para buscar que el ingreso de los pensionados conserve su poder adquisitivo y así pueda el beneficiario satisfacer sus necesidades básicas y llevar una vida digna. De esta manera cumple el legislador con el propósito ordenado por la Constitución de promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva, como también proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica o física se encuentran en situación de debilidad manifiesta.

Por ello la Corte considera que tampoco se vulnera el derecho a la seguridad social de los pensionados al determinar la ley, que un grupo de ciudadanos no recibirán la mesada adicional completa, ni se restringe como dice el demandante, el derecho a una prosperidad relativa. Por el contrario, el derecho a la seguridad social se ve desarrollado a través del principio de solidaridad y el beneficio de la mesada adicional a su vez garantiza ambos principios; protege la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones y constituye una medida de equidad que evita que sus beneficiarios tengan que asumir la devaluación de sus asignaciones.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE la expresión “sin que exceda de quince (15) veces el salario mínimo legal mensual” del parágrafo del artículo 142 de la Ley 100 de 1993.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-529 de octubre 10 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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