Sentencia C-530 de julio 12 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-530 de 2006 

Ref.: Expediente D-6114

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 99 (parcial) y 101 (parcial) de la Ley 100 de 1.993

Demandante: Dámaris Rojas Herrera.

Bogotá, D. C., doce (12) de julio de dos mil seis (2006).

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 41.148 de 23 de Diciembre de 1993 y se subraya lo acusado:

Ley 100 de 1993

(Diciembre 23)

“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

(…).

LIBRO I

Sistema general de pensiones

(…).

TÍTULO III

Régimen de ahorro individual con solidaridad

(…).

CAPÍTULO VIII.

Administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad

(…).

ART. 99.—Garantías. Las administradoras y aseguradoras, incluidas las de planes alternativos de pensiones, deberán constituir y mantener adecuadas garantías, para responder por el correcto manejo de las inversiones representativas de los recursos administrados en desarrollo de los planes de capitalización y de pensiones.

Las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos, y de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales correspondientes a cotizaciones voluntarias. Las garantías en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas por la Superintendencia Bancaria para las instituciones del régimen financiero.

(…).

ART. 101.—Rentabilidad mínima. La totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos de pensiones será abonado en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de la permanencia de las mismas durante el respectivo período.

Las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías deberán garantizar a sus afiliados de unos y otros una rentabilidad mínima, que será determinada por el Gobierno Nacional, t eniendo en cuenta rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado que sean comparables. Esta metodología deberá buscar que la rentabilidad mínima del portafolio invertido en títulos de deuda no sea inferior a la tasa de mercado definida, teniendo en cuenta el rendimiento de los títulos emitidos por la Nación y el Banco de la República. Además deberá promover una racional y amplia distribución de los portafolios en papeles e inversiones de largo plazo y equilibrar los sistemas remuneratorios de pensiones y cesantía.

En aquellos casos en los cuales no se alcance la rentabilidad mínima, las sociedades administradoras deberán responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de estabilización de rendimientos que se defina para estas sociedades”».

EXTRACTOS:«VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

Problemas jurídicos planteados

2. Corresponde a la Corte establecer si es contrario al deber constitucional del legislador de definir los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante (art. 48) y a la garantía superior, por parte del Estado, del derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (art. 53):

i) Que el artículo 99 de la Ley 100 de 1993 disponga que las sociedades administradoras de fondos de pensiones en el régimen de ahorro individual con solidaridad aseguren, por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafin, el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus intereses y rendimientos, y

ii) Que el artículo 101 de la Ley 100 de 1993 disponga que las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías en el mencionado régimen deberán garantizar a sus afiliados una rentabilidad mínima que será determinada por el Gobierno Nacional teniendo en cuenta rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado que sean comparables, por cuanto dicha rentabilidad puede ser inferior a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, de modo que los afiliados recibirían por concepto de pensión un monto inferior al de sus aportes.

Examen de los cargos formulados

Exequibilidad de las normas demandadas

3. De conformidad con el artículo 48 de la Constitución, la seguridad social tiene en nuestro ordenamiento constitucional una doble connotación: por un lado, es un servicio público de carácter obligatorio, que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Y por el otro, es un derecho irrenunciable de todos los habitantes del territorio nacional.

La seguridad social, según esa misma disposición, puede ser prestada por entidades públicas o privadas, en la forma que determine la ley.

En desarrollo de dicha disposición, el Congreso de la República expidió la Ley 100 de 1993, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, el cual tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de la misma ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro (art. 1º).

Dicha ley regula el sistema general de pensiones (libro I), el sistema general de seguridad social en salud (libro II), el sistema general de riesgos profesionales (libro III) y los servicios sociales complementarios (libro IV).

La misma establece que el sistema general de pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber: a) régimen solidario de prima media con prestación definida; b) régimen de ahorro individual con solidaridad (art. 12).

4. El régimen de prima media con prestación definida es aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas, de acuerdo con lo previsto en la citada ley. A este régimen son aplicables las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del instituto de seguros sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en la misma ley (art. 31).

Dicho régimen tiene las siguientes características (art. 32):

a. Es un régimen solidario de prestación definida;

b. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública (1) , que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la misma ley.

c. El Estado garantiza el pago de los beneficios a que se hacen acreedores los afiliados.

5. El régimen de ahorro individual con solidaridad es el conjunto de entidades, normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en la mencionada ley.

Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente escojan los afiliados (art. 59).

El mismo tiene las siguientes características (art. 60):

a. Los afiliados al régimen tendrán derecho al reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, así como de las indemnizaciones contenidas en el título correspondiente, cuya cuantía dependerá de los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios del Estado, cuando a ello hubiere lugar;

b. Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior, se capitalizará en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para la contratación de la renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y cubrir el costo de administración del régimen.

Las cuentas de ahorro pensional, serán administradas por las entidades que se autoricen para tal efecto, sujetas a la vigilancia y control del Estado;

c. Los afiliados al sistema podrán escoger y trasladarse libremente entre entidades administradoras y seleccionar la aseguradora con la cual contraten las rentas o pensiones;

d. El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, denominado Fondo de Pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora;

e. Las entidades administradoras deberán garantizar una rentabilidad mínima del fondo de pensiones que administran;

f. El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima de que trata el literal anterior y el desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones;

g. El Estado garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus obligaciones, en los términos de la misma ley, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional;

h. Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al régimen que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente;

i. En desarrollo del principio de solidaridad, el Estado aportará los recursos que sean necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas, cuando la capitalización de los aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes, y aquellos cumplan las condiciones requeridas para el efecto;

j. El control y vigilancia de las entidades administradoras de los fondos de pensiones corresponde a la Superintendencia Financiera.

6. El artículo 99 demandado de la Ley 100 de 1993 establece que las administradoras y aseguradoras, incluidas las de planes alternativos de pensiones, deberán constituir y mantener adecuadas garantías, para responder por el correcto manejo de las inversiones representativas de los recursos administrados en desarrollo de los planes de capitalización y de pensiones.

Agrega dicha disposición que las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos, y de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales correspondientes a cotizaciones voluntarias. Las garantías en ningún caso podrán ser inferiores a las establecidas por la Superintendencia Bancaria para las instituciones del régimen financiero.

Por su parte, el artículo 101 demandado de la misma ley dispone que la totalidad de los rendimientos obtenidos en el manejo de los fondos de pensiones será abonado en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados, a prorrata de las sumas acumuladas en cada una de ellas y de la permanencia de las mismas durante el respectivo período.

Señala que las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías deberán garantizar a sus afiliados de unos y otros una rentabilidad mínima, que será determinada por el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta rendimientos en papeles e inversiones representativas del mercado que sean comparables. Esta metodología deberá buscar que la rentabilidad mínima del portafolio invertido en títulos de deuda no sea inferior a la tasa de mercado definida, teniendo en cuenta el rendimiento de los títulos emitidos por la Nación y el Banco de la República. Además deberá promover una racional y amplia distribución de los portafolios en papeles e inversiones de largo plazo y equilibrar los sistemas remuneratorios de pensiones y cesantía.

Asimismo prevé que en aquellos casos en los cuales no se alcance la rentabilidad mínima, las sociedades administradoras deberán responder con sus propios recursos, afectando inicialmente la reserva de estabilización de rendimientos que se defina para estas sociedades.

7. La demandante considera que la garantía de una rentabilidad mínima de las cotizaciones depositadas en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados teniendo en cuenta los rendimientos del mercado financiero, por parte de las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, establecida en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993, es contraria a lo dispuesto en el artículo 48 superior, en virtud del cual la ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, en cuanto dicha rentabilidad puede ser inferior a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.

Como consecuencia de lo anterior, considera que dicha disposición legal vulnera el artículo 53 de la Constitución, según el cual el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, en cuanto en esa hipótesis los afiliados recibirían por concepto de pensión una suma inferior al valor real de sus cotizaciones.

Por otra parte, considera que la garantía de reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, con cargo a los recursos propios de ésta, por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos, establecida en el artículo 99 de la misma ley, quebranta los mismos artículos 48 y 53 de la Constitución, por no exigirse la prestación de dicha garantía en valor constante, razón por la cual el monto que se pagaría al afiliado en caso de ocurrencia de la disolución o liquidación de la administradora puede ser inferior al valor real de sus cotizaciones con sus rendimientos, valor éste que sobrepasaría el límite previsto en la disposición.

Acerca de estos cargos debe señalarse en primer lugar que ciertamente los conceptos de rentabilidad mínima y de mantenimiento del poder adquisitivo constante de la moneda frente a la inflación de la economía son distintos y pueden coincidir o no. Por consiguiente, la consagración de una rentabilidad mínima de las cotizaciones depositadas en las cuentas de ahorro pensional individual de los afiliados al sistema general de pensiones teniendo en cuenta los rendimientos del mercado financiero no genera por sí misma el mantenimiento del poder adquisitivo constante de aquellas. En este orden de ideas, así como dicha rentabilidad puede ser inferior a este último, también puede ser igual o superior al mismo, lo cual significa que la violación constitucional que plantea la actora sólo podría ser eventual y no cierta.

Por otra parte, la Corte encuentra que dicha garantía de rentabilidad mínima es uno de los posibles medios, aunque no el único, que consagra la regulación legal del Sistema de Seguridad Social Integral para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, como lo exige el artículo 48 superior, los cuales son razonables e idóneos. En efecto:

i) De conformidad con lo preceptuado en el artículo 100 de la Ley 100 de 1993, con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del sistema, las administradoras los invertirán en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno a través de la Superintendencia Financiera, previo concepto, que no será vinculante, de una comisión del Consejo Nacional Laboral o el organismo que haga sus veces.

Agrega la norma que, en cualquier caso, las inversiones en títulos de deuda pública no podrán ser superiores al cincuenta por ciento (50%) del valor de los recursos de los fondos de pensiones, y dichos títulos deberán cubrir la desvalorización monetaria y permitir el pago de intereses reales que reflejen la tasa del mercado financiero, certificada por la Superintendencia Financiera para períodos trimestrales.

Así mismo, establece que la Superintendencia Financiera deberá definir los requisitos que deban acreditar las personas jurídicas que sean destinatarias de inversión o colocación de recursos de los fondos de pensiones.

ii) En virtud de lo establecido en el artículo 16 del Decreto 656 de 1994, por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas en el artículo 139 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el inciso final, no demandado, del artículo 101 de la misma ley, en el caso en el cual la rentabilidad de un fondo de pensiones fuere inferior a la rentabilidad mínima que determine el Gobierno Nacional, tal diferencia deberá ser cubierta por la administradora en un plazo no mayor a cinco (5) días comunes, afectando primeramente la denominada reserva de estabilización de rendimientos establecida por el Gobierno Nacional y, si ésta no fuere suficiente, con la parte restante de su patrimonio.

Indica que cuando una administradora afecte la reserva de estabilización de rendimientos, para responder por la rentabilidad mínima, deberá afectar de manera inmediata la parte restante de su patrimonio con el fin de ajustar dicha reserva al monto mínimo determinado por la Superintendencia Bancaria.

En tal evento, la Superintendencia Financiera podrá impartir orden de capitalización hasta por un monto igual a la cuantía respectiva y fijar los términos para su cumplimiento.

iii) El artículo 99 de la Ley 100 de 1993, parcialmente acusado, establece que las administradoras deberán contar con la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con cargo a sus propios recursos, para asegurar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, sin sobrepasar respecto de cada afiliado el ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos.

iv) En virtud de lo dispuesto en el artículo 13, lit. h), de la Ley 100 de 1993, en desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12 de dicha ley garantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima en los términos de la misma. Esta disposición es reiterada en el artículo 35 para el régimen de prima media con prestación definida y en el artículo 65 para el régimen de ahorro individual con solidaridad.

v) Según el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno (2) .

vi) Así mismo, la Ley 100 de 1993 prevé expresamente mecanismos para mantener el valor constante de modalidades particulares de pensiones dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad (3) .

Así, en relación con la renta vitalicia inmediata, señala que “(…) Dichas rentas y pensiones deben ser uniformes en términos de poder adquisitivo constante y no pueden ser contratadas por valores inferiores a la pensión mínima vigente del momento” (art. 80).

Respecto del retiro programado indica que “se calcula cada año una anualidad en unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensión mensual corresponderá a la doceava parte de dicha anualidad” (art. 81).

vii) Igualmente, según lo previsto en el artículo 60, lit. g), de la Ley 100 de 1993, el Estado garantiza los ahorros del afiliado y el pago de las pensiones a que éste tenga derecho, cuando las entidades administradoras o aseguradoras incumplan sus obligaciones, en los términos de la misma ley, revirtiendo contra el patrimonio de las entidades administradoras y aplicando las sanciones pertinentes por incumplimiento, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional;

8. En esta forma, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración en materia de seguridad social, con un criterio razonable dio cumplimiento válidamente al mandato contenido en el artículo 48 de la Constitución en el sentido de definir los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante

Dicha libertad ha sido reconocida con frecuencia por la Corte Constitucional, que específicamente en relación con las pensiones ha señalado:

“Tal como lo ha sostenido de manera reiterada esta corporación, la Constitución atribuyó al legislador la función de configurar el sistema de pensiones, y le otorgó un margen amplio para hacerlo, a fin de garantizar que el sistema cuente con los “medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante,” y su prestación se haga de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad, conforme al artículo 48 de la Carta (4) .

“En ejercicio de esta potestad, el legislador señaló, entre otras cosas, los regímenes y modalidades de las pensiones que conforman el sistema, las contingencias cubiertas, los requisitos que deben ser cumplidos para tener derecho a las distintas prestaciones dentro de cada uno de los regímenes de seguridad social en pensiones, las entidades responsables de su prestación, y las condiciones bajo las cuales se adelantaría la gestión financiera y administrativa de dichas entidades. Igualmente, en ejercicio de esa potestad, el legislador podía establecer las condiciones que permitieran una sana competencia entre las distintas administradoras de pensiones, de tal forma que la calidad de los servicios financieros y administrativos ofrecidos a los usuarios fuera estimulada por el libre mercado. También podía el legislador, eliminar los factores de riesgo que amenazaran la sostenibilidad de los recursos del sistema, o que resultaran contrarios a la búsqueda de las finalidades de eficiencia, universalidad, solidaridad, y ampliación de la cobertura y, en consecuencia, determinar las condiciones para el traslado de régimen de pensiones, la transferencia de plan de capitalización o de pensiones, y el cambio de entidad administradora de pensiones” (5) .

Cabe anotar que ese propósito constitucional desarrollado por el legislador se ha concretado en la práctica, como lo señalan entidades estatales que intervinieron en el presente proceso, así:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público afirma (fl. 44):

“Vale la pena agregar que la hipótesis de la cual parte el actor es además extraordinaria, pues en los años que lleva funcionando el sistema general de pensiones la rentabilidad de los fondos no ha estado por debajo del incremento del índice de precios al consumidor”.

La Superintendencia Financiera, después de explicar la metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima establecida por el Gobierno Nacional en normatividades sucesivas y los lineamientos para la conformación de los llamados portafolios de referencia, concluye (fls. 68-71):

“Observen señores magistrados que, desde la creación de la figura de la rentabilidad mínima, la misma siempre ha sido mayor a la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC), lo que significa que este mecanismo sí ha logrado que los recursos que se destinan para pensiones mantengan su poder adquisitivo”.

En el mismo sentido, el Procurador General de la Nación señaló (fl. 149):

“Frente a la hipótesis que sirve de base a la presente demanda, teniendo en cuenta la regulación de la metodología de cálculo de la rentabilidad mínima efectuada en el Decreto 806 de 1996, modificada mediante el Decreto 1592 de 2004, se observa que tal rentabilidad siempre ha estado por encima del índice de precios al consumidor, según los siguientes datos suministrados por la Superintendencia Financiera de Colombia:

“(…)”.

Con todo, la Corte debe advertir que si en el futuro este medio o estos medios utilizados para dar cumplimiento al fin perseguido, esto es, al mandato del artículo 48 de la Constitución para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, no logran el objetivo, deben ser reemplazados por otro u otros medios idóneos para ello.

9. Por las mismas razones expresadas, la garantía de rentabilidad mínima consagrada en el artículo 101 de la Ley 100 de 1993 no vulnera el mandato del artículo 53 superior en virtud del cual el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales, pues estos últimos comprenden el valor constante de las pensiones reconocidas.

Igualmente, resultan sin fundamento los cargos por violación de los mismos artículos 48 y 53 de la Constitución contra el aparte del artículo 99 de la Ley 100 de 1993 que establece la obligación de las administradoras de los fondos de pensiones de contratar un seguro, con cargo a sus propios recursos, con el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, para garantizar el reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional, en caso de disolución o liquidación de la respectiva administradora, con el límite allí señalado, por no exigirse, a juicio del demandante, la prestación de dicha garantía en valor constante.

En efecto, es lógico que al garantizar el legislador en la forma señalada el mantenimiento del poder adquisitivo constante de los recursos destinados a pensiones, la garantía del reembolso del saldo de las cuentas individuales de ahorro pensional por parte del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, con sus intereses y rendimientos, cubre dicho valor.

En estas condiciones, el límite señalado del ciento por ciento (100%) de lo correspondiente a cotizaciones obligatorias, incluidos sus respectivos intereses y rendimientos, es constitucionalmente válido, lo que no impide que el legislador pueda ampliarlo en el futuro.

Por lo anterior, esta corporación declarará exequibles las expresiones acusadas, por los cargos analizados en la presente sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLES los apartes demandados contenidos en los artículos 99 y 101 de la Ley 100 de 1993, por los cargos examinados en esta sentencia.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

Magistrados: Jaime Córdoba Triviño—Jaime Araújo Rentaría—Nilson Pinilla Pinilla—Manuel José Cepeda Espinosa—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Sierra Porto—Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Mediante la Sentencia C-378 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte declaró exequible la expresión “de naturaleza pública” “en el entendido que la naturaleza pública que se reconoce al fondo común que se constituye con los aportes de los afiliados en el régimen de prima media con prestación definida, dado su carácter parafiscal, en ningún caso, debe ser entendida en el sentido que los dineros que de él hacen parte pertenecen a la Nación”.

(2) Mediante la Sentencia C-387 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz, la Corte Constitucional resolvió: “Declarar EXEQUIBLE el aparte final del artículo 14 de la ley 100 de 1993, que prescribe: “No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno”, con la condición señalada en la parte motiva de esta providencia, es decir, que en el caso de que la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior a aquél en que se vaya a efectuar el reajuste de las pensiones, sea superior al porcentaje en que se incremente el salario mínimo mensual, las personas cuya pensión sea igual al salario mínimo mensual vigente, tendrán derecho a que ésta se les aumente conforme a tal índice”.

(3) Según lo previsto en el artículo 79 de la Ley 100 de 1993, las pensiones de vejez, de invalidez y de sobrevivientes, podrán adoptar una de las siguientes modalidades, a elección del afiliado o de los beneficiarios, según el caso: a) Renta vitalicia inmediata; b) Retiro programado; c) Retiro programado con renta vitalicia diferida; o d) Las demás que autorice la Superintendencia Financiera.

(4) Ver entre otras, las sentencias C-086 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(5) C-841 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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