Sentencia C-530 de junio 23 de 2010

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-7950

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Carlos Henao Pérez

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 216 (parcial) del Código Civil reformado por la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y de la maternidad”.

Demandante: Margoth Tirado Moreno y otros.

Bogotá, D.C., veintitrés de junio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «1. Texto normativo demandado.

El artículo 216 (parcial) del Código Civil reformado por la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y de la maternidad”, junto con las expresiones acusadas que se resaltan en subraya, reza lo siguiente:

“ART. 216.—Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los ciento cuarenta (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico”.

(…).

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la presente demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política.

2. Norma, cargo y problema de constitucionalidad.

2.1. Norma y contexto normativo.

El artículo demandado en la presente ocasión se encuentra previsto en el título X, capítulo 1 del Código Civil, que contiene las reglas generales encaminadas a regular la situación de los hijos concebidos en el matrimonio. El artículo 216 del Código Civil —reformado por la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y de la maternidad”—, fija quiénes tienen titularidad para impugnar la paternidad o maternidad de hijos o hijas nacidos o nacidas dentro del matrimonio o de la unión marital de hecho.

El precepto contemplado en el artículo 216 establece un término de caducidad de ciento cuarenta (140) días contados a partir del conocimiento que tengan el cónyuge o compañero permanente y la madre de que no son el padre o madre biológicos, para poder impugnar la paternidad o maternidad del hijo o de la hija nacidos durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho.

En suma, el artículo acusado habilita: (i) al cónyuge; (ii) al compañero permanente; (iii) a la madre, para que dentro de un lapso de ciento cuarenta (140) días contados a partir del instante en que tuvieron conocimiento del hecho de que el hijo o hija nacidos durante el matrimonio o unión marital de hecho no es su hijo o hija biológicos, impugne la paternidad/maternidad.

2.2. Análisis formal de los cargos.

2.2.1. Antes de pasar a examinar de fondo los asuntos planteados en la presente demanda, la Corte considera necesario resolver un primer aspecto de tipo procesal, esto es, si la demanda reúne los requisitos señalados por el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Lo anterior, por cuanto el que se haya admitido la demanda no impide que, con posterioridad, la Corte Constitucional encuentre que los argumentos expuestos por el actor no cumplen con los requisitos exigidos para tales efectos en el ordenamiento jurídico y decida, por consiguiente, pronunciarse a favor de la inhibición.

2.2.2. Como se sabe, el artículo 2º del Decreto 2067 de 2001 establece los requisitos que debe contener toda demanda de constitucionalidad. En diversas ocasiones la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el alcance de esta disposición, en el sentido de advertir que si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y en su ejercicio debe prevalecer la informalidad(6), también lo es que no pueden admitirse demandas inmotivadas o carentes de motivación razonable(7). En otras palabras, el ejercicio del derecho político que se materializa con la interposición de la acción pública de inexequibilidad exige del demandante una carga mínima de argumentación que permita generar una verdadera controversia constitucional. Entonces, con la presentación de la demanda ha de entablarse un diálogo “... entre el ciudadano, las autoridades estatales comprometidas en la expedición o aplicación de las normas demandadas y el juez competente para juzgarlas a la luz del Ordenamiento Superior”(8).

2.2.3. Para que pueda trabarse un debate de esta naturaleza, es preciso que la demanda reúna unos contenidos indispensables, los cuales son precisamente aquellos contemplados por la disposición a la que antes se hizo referencia. Esta exigencia no puede entenderse como una limitación desproporcionada, al ejercicio del ius postulandi sino por el contrario, como una carga de necesario cumplimiento para que el procedimiento de control llegue a buen término, pues de lo que se trata es que el demandante cumpla con unos deberes mínimos de comunicación y argumentación que ilustren a la Corte sobre la disposición acusada, los preceptos constitucionales que resultan vulnerados, el concepto de dicha violación y la razón por la cual la Corte es competente para pronunciarse sobre la materia(9).

2.2.4. No se trata, entonces, de que el demandante invoque cualquier tipo de motivos de inconstitucionalidad, sino que los argumentos esgrimidos deben reunir unas exigencias mínimas razonables, sobre las cuales esta corporación ha insistido en reiteradas ocasiones. Una sistematización sobre el tema fue desarrollada en la Sentencia C-1052 de 2001, la cual expresó que las razones formuladas por el actor para sustentar los cargos de inconstitucionalidad debían ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes; de lo contrario, la Corte se vería abocada a proferir una sentencia inhibitoria, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”(10).

2.2.5. Pues bien, los cargos serán claros si permiten comprender el concepto de violación que se pretende alegar. Para que dicha comprensión se presente por parte del juez de constitucionalidad, no solo es forzoso que la argumentación tenga un hilo conductor, sino que quien la lea —en este caso la Corte Constitucional—, distinga con facilidad las ideas expuestas y que los razonamientos sean comprensibles. En cuanto a la certeza, los cargos gozarán de esta siempre y cuando se realicen sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, que ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, ni extraer de estas, efectos que ellas no contemplan objetivamente. En últimas, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo”. Los supuestos, las conjeturas, las presunciones, las sospechas y las creencias del demandante respecto de la norma demandada, no podrán constituir un cargo cierto.

La especificidad como parámetro de los cargos y razonamientos de la demanda, indica que estos deben mostrar una acusación de inconstitucionalidad contra la disposición atacada. Así las cosas, los cargos de inconstitucionalidad deben relacionarse directamente con la norma demandada y no pueden sustentarse en exposiciones “vagas, indeterminadas, indirectas, abstractas y globales” que no permitan directamente realizar un juicio de constitucionalidad. En resumen, este parámetro pretende que el cargo realizado sea efectivamente de inconstitucionalidad y que sus fundamentos sean específicos, determinados, concretos, precisos y particulares en relación a la norma acusada.

En igual forma, los cargos deben ser pertinentes. A parte de que no pueden ser vagos, abstractos e indeterminados, es necesario que estos efectivamente tengan una naturaleza constitucional. Es decir, que los cargos contrapongan normas de inferior categoría a las normas constitucionales. Por ende, es indispensable que los razonamientos sean de orden constitucional, razón por la cual no podrán ser aceptados cargos basados en argumentos legales o doctrinarios. De igual manera, no aparejan pertinencia aquellos cargos que pretenden sustentar la inconstitucionalidad de la norma acusada basada en ejemplos, acaecimientos particulares, hechos personales, vivencias propias, sucesos y ocurrencias reales o imaginarias en las que supuestamente se aplicó o será aplicada la norma demandada. Por último, los cargos deben ser suficientes, lo cual consiste en que “despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(11).

2.2.6. Como se desprende de los antecedentes de la presente sentencia, tanto la Procuraduría como el Ministerio de la Protección Social, encuentran que la Corte debe inhibir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de demanda. Para el jefe del Ministerio Público, los demandantes realizan una lectura errada e incompleta del precepto acusado, con lo cual, se echa de menos el requisito de certeza exigido por la jurisprudencia constitucional. El Ministerio de la Protección Social encuentra, por su parte, que la demanda de la referencia es inepta, pues no se solicitó “el estudio de constitucionalidad de la norma cuestionada, esto es el artículo 216 del Código Civil con sus modificaciones es decir con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 1060 de 2006 y si bien es cierto el término de 140 días fijado para impugnar la paternidad en una y otra norma es el mismo, resulta inane declarar la inconstitucionalidad de una norma que por su modificación seguirá vigente”. Además, coincide con el Procurador en que en el escrito de demanda se efectúa una interpretación errada del precepto acusado, “por cuanto la norma establece con claridad que la paternidad del hijo nacido dentro del matrimonio o en vigencia de unión marital de hecho podrá impugnarse por el cónyuge o compañero permanente o la madre, dentro de los 140 días siguientes a aquel en el que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológica y no como lo señala la demanda, que dicha fecha se cuenta desde el momento en que se tuvo conocimiento del parto”. Así las cosas, la demanda no cumple con el requisito de especificidad exigido por la jurisprudencia constitucional.

2.2.7. Acerca de lo anterior, debe hacerse la siguiente precisión inicial. La Sala discrepa de la opinión emitida por el Ministerio de la Protección Social cuando sostiene que se demandó la norma del Código Civil, esto es, el artículo 216 sin incluir la reforma introducida por el artículo 4º de la Ley 1060 de 2006. No obstante, cuando se realiza una lectura atenta del escrito de demanda, a simple vista, aparece que los demandantes acusan el precepto contemplado en el artículo 216 del Código Civil, tal y como dicha norma fue modificada por el artículo 4º de la Ley 1060 de 2006.

2.2.8. Ahora bien, por los motivos que se exponen a continuación, encuentra la Sala que sí existen argumentos de peso para inhibir un pronunciamiento de fondo en el asunto bajo examen. Sobre este extremo, se comparten los argumentos expuestos por la vista fiscal y por el Ministerio de la Protección Social y a ellos se suman otras razones adicionales, que tendrá la Sala ocasión de explicar más adelante.

En efecto, concuerda la Sala con el Procurador y con el Ministerio de la Protección Social en que el escrito de demanda realiza una lectura errada de la norma acusada y, con base en dicha lectura, extrae consecuencias que no se derivan objetivamente de la misma. De esta manera, la demanda incumple las exigencias de claridad y de certeza, explicadas en párrafos anteriores. Con todo, si en gracia de discusión se entiende que, pese a la confusión dominante en el escrito de demanda, lo que allí se plantea es que, o bien no debería existir término de caducidad para impugnar la paternidad/maternidad, o que el término para ejercer la acción es demasiado breve, y que tanto una circunstancia como la otra, desconocen el principio de dignidad humana (C.P., art. 1º); el imperio del derecho (C.P., art. 230); el mandato de igual trato (C.P., art. 13), el principio de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), el principio de primacía de lo sustancial sobre lo formal (C.P., art. 228), encuentra la Sala que tampoco en relación con estos aspectos ofreció la demanda razones de peso aptas para sustentar los reproches elevados, ni logró poner en tela de juicio la presunción de constitucionalidad de la norma legal objeto de acusación, como pasará a mostrarlo a continuación.

2.2.9. Para empezar, considera la Sala que le cabe razón a la vista fiscal y al Ministerio de la Protección Social cuando advierten sobre la ausencia de certeza de la demanda, pues los ciudadanos y las ciudadanas demandantes hacen, en efecto, una lectura equivocada del precepto contemplado por el artículo 216 del Código Civil —modificado por el artículo 4º de la Ley 1060 de 2006—. Alegan que el término de caducidad “contado desde el momento en que se tuvo conocimiento del parto”, resulta demasiado breve. Sin embargo, justo una de las modificaciones introducidas por la norma en el año 2006 consistió en fijar el término de caducidad —que antes era de 60 días contados desde el momento en que se tuvo conocimiento del parto—, y lo extendió a 140 días contados a partir de aquel en que las personas habilitadas para ejercer la acción de impugnación “tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico” (énfasis puesto por la Sala).

Como se ve, yerran los demandantes al leer la norma y, a partir de esa lectura errada, extraer unas consecuencias que no se derivan del precepto demandado. Arriba se mencionó cómo el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad está precedido del cumplimiento de un conjunto de exigencias mínimas, entre las cuales, ocupan un puesto principal la claridad y la certeza. Una demanda no es clara, cuando a partir de su lectura la Corte Constitucional no está en capacidad de distinguir con facilidad las ideas expuestas, por carecer los razonamientos de sencillez. Una demanda no es cierta, cuando los cargos que se elevan no se derivan de la proposición jurídica demandada, sino que se desprenden de las apreciaciones subjetivas de quienes reprochan la inconstitucionalidad de la misma. En otras palabras, cuando los reparos de inconstitucionalidad no devienen objetivamente del texto normativo acusado y resultan de una lectura errada o de supuestos, conjeturas, presunciones, sospechas o creencias de los ciudadanos y ciudadanas demandantes, la demanda carece de certeza.

En el caso concreto la demanda carece de claridad y de certeza. Las y los demandantes se equivocaron al fijar el sentido y alcance del artículo 216 del Código Civil, modificado por la Ley 1060 de 2006. Con ello, extrajeron efectos que no se desprenden objetivamente del artículo acusado y se sustentaron, más bien, en conjeturas que no constituyen cargos ciertos e impiden una lectura comprensible de las vulneraciones que se pretenden alegar.

2.2.10. Con todo, en párrafos anteriores también señaló la Sala que la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y que en su ejercicio debe prevalecer la informalidad. Desde esta perspectiva, cuando por motivos técnicos se presentan confusiones, pero encuentra la Corte que el precepto demandado “al rompe” o “a las claras” presenta un reparo de inconstitucionalidad digno de desencadenar un juicio de fondo, entonces debe proceder la Corte a pronunciarse sobre la materia objeto de reproche. Ello, desde luego, si pese a la confusión técnica inicial, el o la demandante ha hecho un esfuerzo mínimo por indicar los motivos que podrían poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de la norma acusada. Veamos qué sucedió en el caso bajo examen.

2.2.11. En los antecedentes de esta misma providencia se destacó cómo las ciudadanas y los ciudadanos demandantes alegaron que el precepto parcialmente acusado desconocía los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 13, 14, 15, 21, 23, 29, 42, 83, 228, 229 y 230 de la Carta Política. Sin embargo, sus acusaciones se centraron en el desconocimiento de los artículos 1º, 13, 228, 229 y 230 de la Constitución Política. Nada se dijo respecto de los demás artículos supuestamente vulnerados.

2.2.12. En relación con los reproches por desconocimiento del artículo 1º superior, el escrito de demanda se limita a afirmar que los avances realizados hoy en día en el campo científico permiten tener mayor seguridad sobre la paternidad o la maternidad y que, siendo ello así, no existe justificación en que la ley imponga un término tan corto de caducidad para impugnar la paternidad o la maternidad. Los demandantes indican que la brevedad en el plazo para ejercer la acción de impugnación desconoce el principio de dignidad humana, pero no aportan razones suficientes para demostrar que la existencia de ese término de caducidad sea contrario a la dignidad humana y ello tampoco se deriva “al rompe” o “a las claras “de la lectura del precepto parcialmente acusado. Por demás —se recuerda—, su punto de partida es que tan corto plazo cuenta desde el parto, lo cual, como ya se ha dicho en esta providencia, no es lo que se deduce del tenor literal de la norma.

En el presente caso, las y los demandantes parten de una interpretación personal de la disposición acusada, sin tener en cuenta todos los elementos normativos y fácticos a los que se refiere la misma. Arriba se mencionó, que para poder desencadenar un juicio de constitucionalidad la demanda debe cumplir con el requisito de certeza. Cuando los motivos en que se sustenta la acusación —como ocurre en el caso bajo examen—, no se derivan directamente de la proposición jurídica que se demanda y, a partir de la misma, se extraen efectos que ellas no contemplan objetivamente, esto significa que los cargos no cumplen con la exigencia de certeza, pues se edifican en supuestos, conjeturas, presunciones o creencias de quienes elevan la demanda.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que debe inhibir un pronunciamiento de fondo respecto del reproche elevado por las ciudadanas y ciudadanos demandantes contra el artículo 216 del Código Civil modificado por la Ley 1060 de 2006 por desconocimiento del artículo 1º superior.

2.2.13. En relación con el reparo de inconstitucionalidad por violación del artículo 13 ocurre algo similar, pues el escrito de demanda se restringe a determinar que el precepto contemplado en el artículo 216 del Código Civil —modificado por la Ley 1060 de 2006—, desconoce el mandato de igual trato, pero no desarrolla una argumentación que permita establecer los motivos en que se sustenta tal afirmación. Como lo destacan las y los demandantes, el artículo 13 superior contiene, efectivamente, un mandato orientado a evitar que se establezcan excepciones o privilegios que terminen por privar a algunos individuos de las ventajas que se les confiere a otros, en idénticas circunstancias. La demanda, sin embargo, no integra los extremos respecto de los cuales es factible identificar el trato diferenciado, el cual, resultaría —según ellas y ellos afirman—, injustificado desde el punto de vista constitucional. Por demás, tal situación tampoco se deriva directamente del precepto acusado.

Pese a lo anterior, si se admite, en gracia de discusión, que en relación con la existencia o no de la caducidad para impugnar la paternidad/maternidad existe un trato diferenciado entre, por ejemplo, el padre, el compañero permanente y la madre, de una parte, y, de otra, los hijos o hijas, tampoco aporta la demanda los motivos con sustento en los cuales puede afirmarse que este trato diferenciado es injustificado, si se observa desde la óptica constitucional. Dicho de otra manera, la Corte Constitucional exige que cuando se eleva un reproche por desconocimiento del mandato de igual trato, se exponga, al menos de manera sumaria, por qué la medida contentiva del trato diferenciado es inconstitucional.

En el asunto bajo examen, el escrito de demanda solo se restringe a expresar que la norma acusada resulta discriminatoria, pero no se aportan argumentos destinados a descartar que dicha medida persiga, por ejemplo, fines constitucionalmente imperiosos(12). Tampoco se analiza, si la medida es necesaria o adecuada para cumplir con propósitos relevantes desde la perspectiva constitucional, ni se hace un examen de la proporcionalidad de la medida. Simplemente, se efectúa una lectura errada del precepto y se circunscribe la demanda a afirmar lo siguiente: “mientras que para la investigación de la impugnación de la paternidad por parte del hijo, no se tiene término previsto, esto es, en cualquier momento y oportunidad se puede ejercer la acción (que es apenas lógico), no lo es con respecto al padre que ha tenido oportunidad de convivir con la madre, quien solo cuenta con ‘ciento cuarenta días’ a partir de la fecha que tuvo conocimiento del parto”(13).

Puestas las cosas de esta manera, el reparo por vulneración del artículo 13 superior tampoco cumple con los requisitos de claridad y de certeza exigidos por la jurisprudencia constitucional. Las y los demandantes parten de una lectura errada e incompleta de la norma, y de allí extraen consecuencias que no se derivan objetivamente del precepto acusado. El reparo elevado en la demanda por desconocimiento del artículo 13 superior es, además, insuficiente. De una parte, olvidan las y los demandantes integrar los extremos indispensables para efectuar un juicio de igualdad, por lo que resulta imprescindible acudir a otras normas del Código Civil para configurar tales extremos. De otra, se abstienen de aportar argumentos que expliquen en qué sentido la distinción hecha por el legislador no se ajusta a los preceptos constitucionales. En suma, no contiene la demanda motivos que desvirtúen la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad de la distinción objeto de reproche. Por consiguiente, la Sala también inhibirá un pronunciamiento de fondo respecto de la acusación elevada contra el artículo 216 del Código Civil —modificado por la Ley 1060 de 2006—, por desconocimiento del artículo 13 de la Carta Política.

2.2.14. Sobre las acusaciones hechas en la demanda contra el artículo parcialmente acusado por desconocimiento de los artículos 228, 229, 230, encuentra la Sala, de una parte, que los argumentos expuestos no son ciertos, pues parten de apreciaciones personales y subjetivas de las y los demandantes y no de argumentos constitucionales que justifiquen las afirmaciones formuladas sobre la ruptura de los diversos principios del orden constitucional contenidos en las normas cuya vulneración alegan. Como lo ha señalado la Sala en otras partes de esta misma providencia, en el escrito de demanda no se observó la exigencia de certeza y se partió de una lectura equivocada del precepto acusado.

Se omitió, asimismo, desarrollar los argumentos con base en los cuales resulta factible afirmar que la aplicación de la caducidad en una materia determinada —en este caso, respecto del ejercicio de la acción impugnación de la paternidad o de la maternidad—, desconoce el derecho a acceder a la justicia (C.P., art. 229); la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal (C.P., art. 228), y el imperio del derecho (C.P., art. 230). Desde esta perspectiva, la demanda carece del requisito de suficiencia. Dicho en otros términos, el escrito de demanda se limitó a afirmar que el término de caducidad fijado impide el acceso a la justicia y significa desconocer el principio según el cual debe prevalecer la sustancia sobre la forma, así como implica una vulneración del imperio del derecho, pero no desarrolló tales argumentos, de manera que lograra despertar una duda mínima, apta para iniciar un juicio de fondo en relación con un precepto cobijado por la presunción de constitucionalidad.

Cabe resaltar en este lugar cómo quien considera que el fenómeno de la caducidad en relación con una materia específica o quien estima que el término de caducidad fijado por el legislador para ejercer una determinada acción, vulneran preceptos constitucionales, debe desplegar una mayor carga argumentativa con el fin de desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la norma legal objeto de reproche. Este último punto resulta de especial relevancia con relación al ataque por vulneración de los artículos 228, 229 y 230, toda vez que en varias ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado acerca de que la facultad radicada en cabeza del legislador para establecer la procedencia de la caducidad respecto de una determinada materia o para fijar el término de caducidad de las acciones, constituye una competencia legítima, la cual, no desconoce, prima facie, el derecho de acceso a la justicia, ni ningún otro derecho(14).

En el asunto bajo análisis de la Sala, las ciudadanas y los ciudadanos demandantes se abstuvieron pues de indicar, de modo siquiera sumario, cuáles son los motivos o necesidades imperiosas que ellos y ellas consideran existen para cuestionar la constitucionalidad del precepto parcialmente acusado por desconocimiento de los artículos 228, 229 y 230. Es por ello que, en lo atinente a tales reproches, la Corte inhibirá un pronunciamiento de fondo toda vez que se configura ineptitud sustancial de demanda.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE.

INHIBIRSE para decidir de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 216 del Código Civil reformado por la Ley 1060 de 2006 “Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y de la maternidad” por inepta demanda.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(6) Cfr. Auto de 29 de julio de 1997, Expediente D-1718.

(7) Cfr. Sentencia C-131 de 1993.

(8) (Sic).

(9) Cfr. Sentencia C-1052 de 2001.

(10) Cfr. También sentencias C-370 de 2006, C-922 de 2007 y C-923 de 2008.

(11) Ibíd. Respecto de los requisitos mínimos que deben tener los cargos véase las siguientes sentencias de esta corporación: C-918 de 2002, C-150, C-332 y C-569, estas últimas de 2003.

(12) Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 2001.

(13) Expediente a folio 5.

(14) Corte Constitucional. Sentencias C-351 de 1994; C-800 de 2000.