Sentencia C-536 de octubre 16 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEPARTAMENTALES

CLASIFICACIÓN DE SUS SERVIDORES

EXTRACTOS: «Los textos legales objeto de revisión. El artículo 13 de la Ley 3ª de 1986 preceptúa lo siguiente. Se subraya la parte demandada:

“LEY 3ª DE 1986

Por la cual se expiden normas sobre la administración departamental y se dictan otras disposiciones.

(...).

ART. 13.—Los servidores departamentales son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos departamentales se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta departamental con participación estatal, son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.

El artículo 304 del Decreto Ley 1222 de 1986 preceptúa lo siguiente. Se subraya la parte demandada:

“DECRETO LEY 1222 DE 1986

Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.

(...).

ART. 304.—Las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.

(...).

2. Como bien lo señalan el actor y el Ministerio Público, en anteriores decisiones esta corporación ha establecido que “los establecimientos públicos no se encuentran en capacidad de precisar qué actividades pueden ser desempeñadas por trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, puesto que usurparían la función legislativa de clasificar los empleos de la administración nacional, que desde luego, para entidades en las que se cumplen funciones administrativas corresponde a la categoría de los empleados públicos por principio, con las excepciones que establezcan la ley”.(1) Esto por cuanto la Carta ha establecido una reserva de ley en relación con la estructura de los establecimientos públicos, pues el artículo 150 ordinal 7º superior señala expresamente que corresponde a la ley determinar y señalar “los objetivos y la estructura orgánica” de esas entidades del orden nacional mientras que a nivel departamental, dicha función corresponde a las asambleas por medio de ordenanzas (C.P., art. 300, ord. 7º) y a nivel municipal a los concejos (C.P., art. 313, ord. 6º), por medio de acuerdos. Esto significa que la Carta ha conferido a las entidades de representación popular, esto es, al Congreso Nacional (C.P., art. 150, ord. 7º), a las asambleas departamentales (C.P., art. 300, ord. 7º) y a los concejos municipales (C.P., art. 313, ord. 6º), la función de determinar la estructura de la administración, lo cual implica que corresponde a la ley, y de conformidad con ella, a las ordenanzas y a los acuerdos, precisar las actividades que pueden ser desarrolladas por medio de contrato de trabajo en los respectivos establecimientos públicos, competencia que no puede ser delegada, en ninguno de los órdenes territoriales, en las juntas directivas de las respectivas entidades.

(...).

(1) Sent. C-484/95, M.P. Fabio Morón Díaz.

3. La Corte considera que los anteriores criterios, extensamente desarrollados en las sentencias citadas, son no sólo enteramente aplicables en el presente caso sino que prácticamente constituyen cosa juzgada material en relación con el contenido normativo impugnado por el actor, conforme a lo señalado por esta corporación al respecto.(3) En efecto, las expresiones impugnadas atribuyen, en el ámbito departamental, a las juntas directivas de los establecimientos públicos la posibilidad de determinar en los estatutos las actividades que pueden o no ser determinadas por personas vinculadas por contrato de trabajo, cuando la Constitución confirió tal competencia a la ley en el ámbito nacional y, de conformidad con la ley, a las ordenanzas en el ámbito departamental. Las expresiones acusadas son entonces inexequibles.

(3) Ver Sent. C-427/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la frase “En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo” contenida en el artículo 13 de la Ley 3ª de 1986.

2. Declarar INEXEQUIBLE la frase “En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo” contenida en el artículo 304 del Decreto Ley 1222 de 1986.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(Sentencia C-536 de octubre 16 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero).

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