Sentencia C-537 de mayo 24 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-537 de 2005 

Ref.: Expediente D-5535

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actor: Alberto Arango Botero.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, literales e), f) y g), parciales, y, los artículos 18, 30, parcial, 34, parcial, 49 y 55 de la Ley 35 de 1989 “sobre la ética del odontólogo colombiano”.

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, tomadas del Diario Oficial 38.733 del 9 de marzo de 1989. Se resalta lo acusado.

“Ley 35 de 1989

Sobre ética del odontólogo colombiano.

ART. 1º—

(...).

e) Debido a la función social que implica el ejercicio de su profesión, el odontólogo está obligado a mantener una conducta pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de la moral universal;

f) Es deber del odontólogo colaborar en la preparación de futuras generaciones en instituciones docentes aprobadas por el Estado, estimulando el amor a la ciencia y a la profesión, difundiendo sin restricciones el resultado de sus experiencias y apoyando a los que se inicien en su carrera.

En caso de que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de la odontología o a regentar cátedra en las mismas, se someterá a las normas legales o reglamentarias sobre la materia así como a los dictados de la ciencia, a los principios pedagógicos y a la ética profesional;

g) La vinculación del odontólogo a las actividades docentes implica una responsabilidad mayor ante la sociedad y la profesión. La observancia meticulosa de los principios éticos que rigen su vida privada y profesional y sus relaciones con otros odontólogos, profesores y estudiantes deben servir de modelo y estímulo a las nuevas promociones universitarias;

(...).

ART. 18.—El odontólogo no podrá atender ningún paciente que por su estado de salud, peligre su vida, salvo previa autorización escrita de sus familiares y/o el médico tratante.

ART. 30.—El odontólogo no fijará honorarios que establezcan competencia con sus colegas, ni aceptará o dará comisiones por remisión de pacientes.

ART. 34.—Es deber de todo odontólogo informar, por escrito, al Tribunal Seccional de Ética Profesional, de cualquier acto que vaya contra la moral yla ética profesional, cometido por algún colega.

ART. 49.—Para efectos de placas, membretes o avisos, el odontólogo solo puede acompañar a su nombre, el de la universidad que le otorgó el título y la especialidad cuando sea el caso estipulado.

Especialidad en ... (especialidad) o práctica limitada a ... (especialidad). El uso de caracteres desproporcionados o iluminados o cualquier sistema similar es violatorio del presente artículo.

La mención de títulos académicos, honoríficos, científicos o de cargos desempeñados, solamente podrá hacerse en publicaciones de carácter científico.

ART. 55.—Es contrario a la ética absolver consultas y testimonios públicamente a título personal, bajo cualquier pretexto, haya o no remuneración, sobre asunto relacionado con la odontología y ramas auxiliares, salvo que lo requieran las autoridades competentes”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra disposiciones contenidas en una ley.

2. Lo que se debate.

A grandes rasgos, las distintas disposiciones acusadas de la Ley 35 de 1989 “sobre ética del odontólogo colombiano”, abordan los siguientes temas: la libertad de escoger profesión y oficio y la competencia del legislador en la regulación de su ejercicio; si es acorde con la Carta fijar reglas de la conducta pública y privada del profesional en odontología; el concepto abstracto de moral o contra la moral; la fijación de honorarios; la conducta a seguir en la atención de un paciente gravemente enfermo; la forma de hacer conocer sus destrezas profesionales; y, el derecho a la libertad de expresión.

Muchos de estos temas han sido analizados por la Corte en relación con el ejercicio de otras profesiones, tales como la medicina, la oftalmología, la optometría, la anestesiología, la abogacía, la ingeniería, la topografía, el periodismo, entre otras, incluida la odontología. Esto significa que se ha desarrollado un consolidado criterio jurisprudencial al que se aludirá brevemente en esta sentencia, y que permitirá adoptar la decisión correspondiente a cada una de las disposiciones acusadas.

a) La libertad de escoger profesión y oficio y la competencia del legislador en la regulación de su ejercicio.

El artículo 26 de la Constitución si bien garantiza el derecho de todas las personas a escoger profesión u oficio, también establece que le corresponde al Estado, a través de las autoridades competentes, inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones, sin que se vulnere el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

Sobre este punto, es pertinente citar la Sentencia C-098 de 2003, que dijo:

“Por su parte al Estado le corresponde ejercer el control que el ejercicio de las profesiones y oficios amerite, buscando siempre el debido equilibrio entre la salvaguarda de los postulados superiores y los derechos particulares, de manera tal que el Estado social de derecho se haga realidad en armonía con el cabal respeto y acatamiento que merecen los derechos de las personas en su perspectiva individual o colectiva. Estas a su turno deben tener presente que el ejercicio de cualquier profesión u oficio implica responsabilidades frente a la comunidad y el Estado, razón por la cual a este le corresponde expedir y aplicar estatutos de control bajo los parámetros vistos.

(...).

El derecho que tienen todas las personas a escoger libremente profesión u oficio comporta así mismo el de tener la oportunidad para ejercerlos sin vulneración del núcleo esencial de sus derechos fundamentales. Igual predicamento puede hacerse con respecto al derecho de todo ciudadano a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, previo el cumplimiento de los requisitos y condiciones de ley” (Sent. C-098/2003, M.P. Jaime Araújo Rentería).

b) Análisis sobre si es acorde con la Carta la regulación de la conducta pública y privada de los profesionales, sin que se relacionen con el ejercicio de la profesión. Competencia de los códigos de ética profesional.

Este es uno de los puntos sobre el que existe el más consolidado criterio jurisprudencial proferido por la Corte, que se puede resumir así: la competencia del legislador al establecer los códigos de ética profesional no le permite incluir cualquier clase de comportamientos públicos o privados del profesional para someterlo a regulación, solo puede incluir aquellas conductas relacionadas con el ejercicio de la respectiva profesión, o que la afecta directamente. Entre otras sentencias pueden verse las siguientes: T-579 de 1994; C-373 de 2002; C-098 de 2003; C-570 de 2004; C-431 de 2004.

Resulta pertinente transcribir de la Sentencia T-579 de 1994 el siguiente pronunciamiento sobre la naturaleza de los códigos de ética profesional y el alcance de su competencia sancionadora, la que está limitada a regular solo lo concerniente al ejercicio de la profesión:

“Ahora bien: en los códigos de ética profesional se consagran como faltas, una serie de comportamientos que el legislador considera indeseables en el ejercicio de una profesión, y se señalan las sanciones que deben imponerse a quien incurra en tales faltas. A través de esta clase de códigos se imponen restricciones al libre ejercicio profesional, que van más allá de la exigencia de títulos de idoneidad, y de la previsión del riesgo social que comporta el ejercicio de algunas actividades (C.N., art. 26).

Así, teniendo en cuenta la manera en que el constituyente reguló la competencia del legislador para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales, se ha de concluir que los códigos de ética profesional expedidos por el Congreso, solo tienen fundamento constitucional, si hacen parte del régimen legal bajo el cual: “... Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones...”, según el artículo 26 superior.

Corolario de lo anterior, es que el legislador se extralimita en la función de desarrollar las restricciones que constitucionalmente puede imponer al ejercicio de los derechos fundamentales, cuando expide un código de ética en el que se límite cualquier derecho fundamental diferente al libre ejercicio de la profesión regulada en él.

3. Alcance de la competencia sancionadora de los tribunales de ética profesional.

Para completar el examen de los asuntos básicos relevantes en esta revisión, también ha de darse respuesta a la pregunta ¿pueden los tribunales llamados a aplicar los códigos de ética profesional imponer sanciones por conductas que no se relacionan con el ejercicio de la respectiva profesión y constituyen, en cambio, el ejercicio de un derecho fundamental?

Respecto a la inspección y vigilancia de las calidades éticas con las que se ejerce una profesión, arte u oficio, existen en el país dos formas de regulación válidas: la libremente aceptada por los miembros de una asociación gremial, y la impuesta por el ordenamiento a todos los que practiquen una de esas actividades.

En el primero de los casos, un grupo de personas que comparten la misma actividad profesional pueden organizarse, adoptar su propio código de ética y crear los órganos a los cuales el conglomerado otorga competencia para aplicarlo. La libertad para proceder así, encuentra respaldo en la Constitución (C.N., art. 38), mientras no se vulneren derechos ajenos y no se contravenga el ordenamiento legal, (...).

En el segundo caso, la inspección y vigilancia del ejercicio profesional, están reguladas por el ordenamiento para todos los que practiquen una determinada actividad, prescindiendo de considerar su membrecía gremial. Así ocurre con el ejercicio de la abogacía, para el cual la misma Constitución (art. 256, num. 3º), asignó la competencia para imponer sanciones ético profesionales al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales.

Para la inspección y vigilancia de las demás profesiones, se requiere de una ley que señale cuáles son las autoridades competentes y qué facultades pueden ejercer; pero, es preciso insistir, teniendo como destinatarios de las normas que esas autoridades aplicarán, única y exclusivamente a quienes practiquen la profesión regulada, y solo por razón del ejercicio de ella” (Sent. T-579/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz) (se destaca).

La Sentencia C-098 de 2003 reiteró estos conceptos respecto de los profesionales del derecho, y señaló que las normas disciplinarias deben establecerse con referencia al propio hacer profesional y no atendiendo el comportamiento personal del abogado, que corresponde a lo privado. Dijo en lo pertinente lo siguiente:

“5.1. La pública embriaguez consuetudinaria o el hábito injustificado de drogas estupefacientes. La provocación reiterada de riñas o escándalos públicos.

Según se vio en párrafos anteriores, frente al ejercicio de una profesión las normas disciplinarias deben establecerse con referencia a las funciones y deberes propios del respectivo hacer profesional, no en atención a la conducta personal que se agota en los linderos de lo privado, o que aun campeando en la arena de lo público no trasciende ni afecta el buen desempeño de la función. Bajo los mismos supuestos, en procura del adecuado servicio profesional el Estado puede restringir el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando quiera que con su conducta personal el profesional pueda causarle desmedro a la idoneidad esperada de él, o a las personas con que él se relacione en virtud de su gestión.

Pero este no es precisamente el caso que ahora ocupa la atención de la Sala, pues a pesar de que el ejercicio de la abogacía implica el desarrollo de una función social que apareja responsabilidades, es claro que el legislador invadió injustificadamente el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir unas conductas que no guardan relación con el debido ejercicio de la susodicha actividad profesional” (Sent. C-098/2003, M.P. Jaime Araújo Rentería).

Es más, en la Sentencia C-570 de 2004, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, se decidió sobre la acusación contra varias disposiciones de la Ley 842 de 2003, que reglamentó el ejercicio de la ingeniería. En esta providencia se planteó el examen de constitucionalidad a partir de los siguientes interrogantes:

“1. El problema jurídico que debe resolver la Corte en este aparte se resume en las siguientes preguntas: ¿A la luz del derecho fundamental del debido proceso, es posible establecer normas disciplinarias indeterminadas? ¿Los códigos de ética de las profesiones pueden incluir normas disciplinarias referidas a la vida privada de los profesionales?”.

Al resolver estos interrogantes, la sentencia reiteró el concepto de la no prohibición de conductas que no guardan relación con el debido ejercicio de la actividad profesional y que no es admisible constitucionalmente que el Estado persiga una política perfeccionista de las personas, es decir, que se impongan unos patrones de comportamiento referidos a un modelo de vida que se desea impulsar, tal como lo explicó la Corte en las sentencias C-098 de 2003 y C-373 de 2002.

Resumió la Sentencia C-570 de 2004 estos puntos así:

“Pues bien, sobre la materia que se pretende analizar se pronunció recientemente la Corte. En la Sentencia C-373 de 2002 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) se declaró la inconstitucionalidad de una norma que inhabilitaba para concursar para el cargo de notario a aquellas personas que hubieran sido sancionadas disciplinariamente por causa de “la embriaguez habitual, la práctica de juegos prohibidos, el uso de estupefacientes, el amancebamiento, la concurrencia a lugares indecorosos, el homosexualismo, el abandono del hogar y, en general, un mal comportamiento social”, o hubieran sido sancionados por “ejercer directa o indirectamente actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad”.

En la sentencia se precisó que no es admisible constitucionalmente que el Estado persiga una política perfeccionista de las personas (1) :

(...).

En la sentencia se plantea que al Estado le corresponde ejercer control sobre el ejercicio de las profesiones y oficios, “buscando siempre el debido equilibrio entre la salvaguarda de los postulados superiores y los derechos particulares”, y que las personas “deben tener presente que el ejercicio de cualquier profesión u oficio implica responsabilidades frente a la comunidad y el Estado, razón por la cual a este le corresponde expedir y aplicar estatutos de control...”. Luego se expresa que “frente al ejercicio de una profesión las normas disciplinarias deben establecerse con referencia a las funciones y deberes propios del respectivo hacer profesional, no en atención a la conducta personal que se agota en los linderos de lo privado, o que aun campeando en la arena de lo público no trasciende ni afecta el buen desempeño de la función”. Por ello, se concluye que en ese caso el legislador había invadido injustificadamente el núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad al prohibir unas conductas que no guardan relación con el debido ejercicio de la susodicha actividad profesional. A continuación, la sentencia analiza cada una de las faltas acusadas, para llegar a la conclusión de que son inconstitucionales por cuanto constituyen una intromisión en la autonomía de las personas, y no están relacionadas directamente con el riesgo social que genera el ejercicio de la profesión. Por eso, la providencia concluye: “Consecuentemente, reconociendo que los segmentos examinados entrañan una irrazonable e innecesaria restricción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la inconstitucionalidad de los mismos se habrá de declarar en la parte dispositiva de este fallo” (2) (C-570/2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

c) El derecho a la libertad de expresión.

Para este punto, es pertinente referirse a lo expresado en la Sentencia T-579 de 1994, antes citada, que analizó el caso de un médico que expresó sus opiniones en un medio escrito y fue objeto de sanción disciplinaria por el Tribunal de Ética Médica. En dicha oportunidad, la Corte protegió el derecho del médico a la libertad de expresión y opinión, pues fue sancionado por falta a la ética médica en un asunto ajeno al ejercicio de la profesión. Expresó la Corte:

“4.2. Procedencia de juicios ético-profesionales a propósito de publicaciones periodísticas.

Debe iniciarse el estudio de la solicitud de tutela y los fallos que negaron el amparo constitucional en este caso, esclareciendo la naturaleza de la actuación por la que se sancionó al médico Miranda Arroyo, para saber qué clase de responsabilidad podía exigírsele válidamente.

Según las pruebas que obran en el expediente, una persona dirigió una carta al director de un periódico, en la que expresó su opinión sobre la institución de los tribunales de ética médica, su funcionamiento y las calidades de algunos de los que componen el de su departamento, sin identificarlos. El director de ese diario decidió publicar la misiva, en la sección dedicada a difundir la opinión de los lectores.

La Corte se ha ocupado repetidamente de las cuestiones que se plantean alrededor de la libertad de expresión, la libertad de prensa y la protección de los derechos de quienes se sienten afectados por los contenidos de las publicaciones periodísticas; véanse por ejemplo, las sentencias 512 de 1992, 50, 80, 274, 563, 595 y 596 de 1993, y 484 de 1994.

En un fallo reciente (Sent. 484/94, M.P. Jorge Arango Mejía), la Corte señaló que el periódico es libre para decidir qué se publica en sus páginas, puesto que la Constitución es tajante al estipular que “no habrá censura” (art. 20). Tal postulado es necesario para garantizar tanto la libertad de prensa como la libre expresión de las ideas y opiniones, propias ambas de un régimen democrático como el consagrado en el artículo 1º del estatuto superior.

Una vez difundida la publicación, y dado que tanto el autor como el editor de la misma son responsables, a la persona que se siente violentada en sus derechos como efecto de la circulación del texto publicado, la Carta Política le garantiza “... el derecho a la rectificación en condiciones de equidad”. Sin embargo, después de la publicación de la carta de Miranda Arroyo en La Patria, ni el Tribunal de Ética Médica de Caldas, ni los magistrados que lo conforman, intentaron ejercerlo.

Sí acudió el presidente de ese tribunal, a denunciar la comisión de los delitos de injuria y calumnia, presuntamente perpetrados con la publicación de Miranda Arroyo. Como se anotó, la autoridad penal competente indagó los hechos y declaró que la conducta del autor de la publicación, claramente resultaba atípica. En consecuencia, no solo se le exoneró de toda responsabilidad penal, sino que tal decisión hizo improcedente la reclamación de responsabilidad civil por el mismo hecho.

Resta entonces preguntar si a Miranda Arroyo se le podía reclamar responsabilidad ética en razón de la publicación de sus opiniones y quién sería el competente para hacerlo.

Al cumplir con la revisión de otro proceso (Exp. T-12301), la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional pudo verificar que el Congreso no ha aprobado un código de ética para el comunicador social y que, por tanto, no existe norma legal alguna con base en la cual se pueda juzgar la ética de los periodistas o de los colaboradores esporádicos en el manejo y presentación de la información. Aunque la Sala advirtió que la competencia de los jueces de la República no se afecta por la existencia o falta de un código tal, concluyó que el juicio sobre lo ético del manejo y presentación de la información a través de los medios de comunicación escritos, solo procede con base en el sometimiento voluntario de la persona al criterio de una organización de profesionales del periodismo, y no de otra profesión, arte u oficio (Sent. T-274/93, jul. 19, M.P. Jorge Arango Mejía).

Si tal es la situación para un periodista, con mayor razón ha de serlo para un simple ciudadano, no sujeto a las normas reguladoras de la ética del comunicador” (Sent. T-579/94)

En resumen, la Corte ha fijado el criterio en relación con los límites de competencia de los tribunales de ética profesional, en el sentido de que solo pueden conocer de asuntos relacionados con el ejercicio de la profesión. Comportamientos públicos o privados del profesional, escapan de su competencia. Lo mismo lo que se refiere al concepto moral. Por lo mismo, escapa, también, de la competencia del legislador y del tribunal de ética, la posibilidad de limitar los derechos fundamentales de los profesionales libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión y de opinión, etc., cuando dicho ejercicio no se relaciona con el que hacer de la profesión.

Con base en los criterios expuestos por la Corte, y que se resumieron a grandes rasgos en este punto, se pasa a estudiar cada una de las disposiciones acusadas.

3. Examen de constitucionalidad de cada una de las disposiciones acusadas.

3.1. Artículo 1º, literales e) y g); y artículo 34 de la Ley 35 de 1989.

El literal e) establece que el ejercicio de la profesión de odontólogo le obliga a mantener una conducta pública y privada ceñida a los más elevados preceptos de la moral universal.

Por su parte, el literal g) señala que la vinculación del odontólogo a las actividades docentes implica una responsabilidad mayor ante la sociedad y la profesión. Además implica la observancia de los principios éticos que rigen su vida privada y profesional y que sus relaciones con otros odontólogos, profesionales y estudiantes deben servir de modelo y estímulo a las nuevas promociones de estudiantes.

Y el artículo 34 consagra que es deber de todo odontólogo informar al tribunal de ética de cualquier acto que vaya contra la moral y la ética profesional, cometido por algún colega.

Para el demandante, las expresiones “pública y privada” y “moral universal” del literal e); “privada” del literal g); y, “la moral” del artículo 34, son inconstitucionales porque implican la injerencia de la ley en comportamientos por fuera del ejercicio de la profesión. Lo que viola los artículos 13, 16 y 21 de la Constitución. Explica que el principio de igualdad se vulnera en razón de que esta garantía constitucional fue protegida por la Corte en el caso de los abogados, en la Sentencia C-098 de 2003, por lo que debe extenderse a las demás profesiones.

En cuanto a la expresión “moral universal” se trata de un concepto relativo y subjetivo, que permite que los integrantes del tribunal de ética emitan fallos condenatorios sin tener una conducta debidamente tipificada, lo que vulnera el artículo 29 de la Carta. Así mismo, considera el demandante que se viola lo estipulado en el artículo 42 de la Constitución, en cuanto garantiza la honra, dignidad e intimidad de la familia, como principios inviolables.

Para el Ministerio Público, las expresiones acusadas deben ser declaradas inconstitucionales porque, en efecto, se trata de una indebida intromisión del legislador en aspectos que son ajenos al ejercicio de la profesión de odontólogo. Es más, el literal e) debe ser declarado inexequible en su totalidad, porque si solo se retiran las expresiones acusadas, la disposición carecería de sentido.

Por su parte el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia considera que todas las disposiciones acusadas en esta demanda se ajustan a la Carta, porque corresponden a la facultad del legislador contenida en el artículo 26 de la Constitución, ya que el ejercicio de las profesiones implica la limitación en el ejercicio de los derechos, en respeto de los derechos ajenos.

Planteada así la demanda contra estas disposiciones, la Corte reiterará el criterio jurisprudencial ampliamente expuesto en el punto anterior, sobre la inconstitucionalidad de normas que permitan la injerencia en asunto que pertenecen a la esfera interna del profesional, en este caso, de la odontología, sin que se relacionen con el ejercicio de la profesión.

En efecto, sin que sea necesario adentrarse en profundas reflexiones, salta a la vista que las expresiones acusadas hacen referencia directa a asuntos del comportamiento público y privado de las personas, que pueden convertirse en un obstáculo injustificado para el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al ejercicio de la autonomía personal, pues, sin que exista disposición constitucional que lo autorice, el odontólogo, con el fin de no ser objeto de un proceso ante el tribunal de ética, tendría que estar pendiente de que su comportamiento público y privado no sea catalogado y, por ende, juzgado como inmoral por otros, aunque ni se relacione con la forma como ejerce su profesión, ni, mucho menos, interfiera en el derecho de los demás.

Para la Corte permitir de algún modo una injerencia de esta naturaleza en la vida privada de los profesionales, corresponde a la concepción de los estados totalitarios, que son claramente contrarios a la Constitución que nos rige. Así lo expuso la Corte en la Sentencia C-098 de 2003, antes citada, sobre el concepto y categoría de libertad:

“La libertad, en sus diferentes manifestaciones individuales y sociales, materiales y espirituales, se encuentra protegida por la Constitución Política en orden a reivindicar la dignidad humana, que cual requisito sine qua non se impone a lo largo y ancho de todo el ordenamiento superior, haciendo posible que al amparo de la categoría libertad todas las personas tengan derecho al libre desarrollo de su personalidad, y por ende, a la concepción, planteamiento y ejercicio autónomo de sus proyectos y planes de vida dentro de contextos que dispensan oportunidades y restricciones, pero que en modo alguno autorizan al Estado para desconocer o suprimir el núcleo esencial de los derechos fundamentales. Pues como bien lo ha entendido esta corporación, el carácter no absoluto de estos derechos no autoriza ni convalida una relativización normativa que rompa los diques constitucionales que enmarcan las competencias que al Congreso de la República le conciernen sobre la materia. Es decir, el poder de autoridad pública no se puede ejercer negando los derechos fundamentales de las personas, ni desestimando el mérito y audacia que ellas puedan tener para decidir sobre el norte de sus destinos particulares, en la inteligencia de que la autonomía que unos reclaman para sí, jamás puede significar la anulación de la autonomía predicable de los demás; con la subsiguiente importancia de dirimir las tensiones interpersonales al abrigo de la tolerancia y el respeto a la pluralidad, y por tanto, al margen de toda conciencia totalitaria”.

Podría sostenerse que las normas no contienen más que exaltaciones sin sentido vinculante ni enjuiciable por los tribunales de ética, cuando las disposiciones hablan de comportamientos públicos y privados o contrarios a la moral, es decir, que serían inocuas en sí mismas estas frases, pero, al revisar el contenido de la ley, en concreto el artículo 34 que también está parcialmente demandado, se establece como deber de todo odontólogo informar al tribunal de ética de cualquier acto que vaya contra la moral y la ética profesional.

Además, hay que agregar que la expresión “la moral” contenida en el artículo 34 no puede entenderse que corresponda a actos del odontólogo relacionados con su profesión, pues, este artículo, como se vio, a renglón seguido, impone como deber informar también sobre los actos contra la ética profesional. Es decir, se vuelven enjuiciables no solo los actos contra la ética profesional, lo que es perfectamente admisible, sino los actos contra “la moral”, que la disposición se encarga de separar, y que pueden corresponder a actos que para algunas personas, de acuerdo con su educación, medio cultural o situación social o económica son comportamientos inmorales, aunque para otras personas, solo sean manifestación del libre ejercicio de la autonomía personal, sin que pongan en peligro el hacer profesional, ni la salud oral de los pacientes.

Por todas estas razones, se comparte el criterio del Ministerio Público en cuanto que el literal e) del artículo 1º, se declarará inexequible en su integridad, porque de lo contrario, si se excluyeran solo las frases acusadas, quedaría sin sentido. En cuanto a las expresiones demandadas del literal g) del mismo artículo 10 y del artículo 34, se declararán inexequibles, por violar directamente el artículo 16 de la Constitución.

3.2. Artículo 1º, literal f) de la Ley 35 de 1989.

Esta disposición establece como deber del odontólogo colaborar con la preparación de las futuras generaciones en instituciones docentes debidamente aprobadas, estimulando el amor a la ciencia y a la profesión, difundiendo, además, sin restricciones, el resultado de sus experiencias. Agrega que en el caso de ser llamado a dirigir o dictar cátedra en instituciones para la enseñanza de la odontología, el profesional debe someterse a las disposiciones legales y a los principios pedagógicos y éticos.

El actor demanda la expresión “Es deber del odontólogo” contenida en esta disposición, pues, en su concepto, implica que todos los odontólogos deben irremediablemente colaborar en las instituciones académicas y que abstenerse de hacerlo es faltar a un deber. No teniendo, entonces, el profesional alternativa distinta a ser docente o colaborar en la forma que dice la disposición, vulnera el libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Aunado a que se constituye deber del odontólogo publicar el resultado de sus experiencias profesionales, siendo que tiene el derecho a hacerlo o no hacerlo.

El Ministerio Público considera que el actor tiene una apreciación equivocada de la disposición. La norma es razonable y proporcionada dentro de los principios de la profesión, al exigir el deber de colaboración, lo que corresponde al desarrollo del principio de solidaridad. No debe entenderse como una mera obligación legal que genera una sanción, sino como un postulado filosófico y altruista. Por consiguiente, considera que la norma es constitucional.

La Corte comparte las consideraciones del Ministerio Público. En este caso, contrario a lo examinado en el punto anterior, la expresión demandada en lo concerniente al deber de colaborar del odontólogo en la enseñanza de las futuras generaciones y que si es llamado a vincularse en instituciones docentes, se someta a las normas legales, no implican la obligación inexorable de ser docente o de publicar sus experiencias profesionales, y que en caso de no querer hacerlo, esta decisión sería enjuiciable por el tribunal de ética. No. La lectura obvia de la disposición corresponde a un llamado de colaboración y de solidaridad, sin las consecuencias disciplinarias que le acarrearía al profesional negarse a hacerlo, ni se trata de coartar la libre expresión que aduce el demandante. Es más, se trata del desarrollo del contenido del artículo 95, numeral 2º, de la Constitución, que establece los deberes de las personas y del ciudadano, pues no puede dejarse de lado que el odontólogo es un profesional que pertenece al área de la salud, de quien se puede exigir el cumplimiento de los principios que tal responsabilidad lleva consigo.

En consecuencia, se declarará exequible la expresión “Es deber del odontólogo” contenida en el literal f) del artículo 1º de la Ley 1989, por no violar los artículos 16, 20 y 26 de la Constitución.

3.3. Artículo 18 de la Ley 35 de 1989.

Esta disposición establece que el odontólogo no podrá atender ningún paciente que por su estado de salud, peligre su vida, salvo previa autorización escrita de sus familiares o médico tratante.

El demandante considera que esta disposición vulnera los artículos 1º, 2º, 4º, 11, 13 y 95-2, de la Constitución, porque desconoce la dignidad humana de un paciente grave, quien si no tiene un familiar o médico tratante, se verá privado de la atención odontológica.

El Ministerio Público considera que el demandante hace una errada interpretación de la norma, y que, por el contrario, ella se ajusta a la Constitución, pues los procedimientos odontológicos utilizados en el restablecimiento de la salud oral pueden, en determinados casos, agravar la situación del paciente. Señala que la adecuada interpretación de la norma consiste en que si por el grave estado de salud, la vida está en peligro, no se requieren las autorizaciones de que trata la disposición.

Planteado así el problema, observa la Corte que la lectura que el demandante le da a la norma es aislada de lo que la ley establece para estos eventos en otras disposiciones. Y por ello llega a la interpretación a la que llega.

En efecto, si a la norma acusada se le da la interpretación armónica de conformidad con lo establecido en los demás artículos que conciernen a pacientes enfermos, se llega a la conclusión de que el artículo 18 acusado es acorde con la Constitución, pues no hay lugar a la situación que plantea el actor: ¿qué pasa si una persona se encuentra en peligro y no está ningún familiar para autorizar, el médico tratante para hacerlo? o ¿qué pasa si el paciente, no obstante su estado de salud, es conciente para autorizar la atención del odontólogo?

Las respuestas se encuentran no en el artículo 18 acusado, sino en el artículo 11 de la misma ley, que señala “El odontólogo está obligado a atender a cualquier persona que solicite sus servicios con carácter de urgencia, si el caso corresponde a su especialidad (...)” (se destaca). El artículo 19, que dice: “El odontólogo no hará tratamiento, no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconciencia o intelectualmente no capaces, sin la previa autorización de sus padres, tutores o allegados, a menos que la urgencia del caso exija una intervención inmediata” (se destaca). Y en armonía con la situación extrema propuesta por el demandante, se pueden citar, además, los artículos 20, 21 y 22 de la misma ley.

Por consiguiente, no encuentra la Corte, como lo afirma el actor, que el odontólogo pueda negarse a atender a un paciente grave, solo por el hecho de no contar con la autorización escrita de sus familiares o del médico tratante, porque, se repite, en estos eventos, el profesional debe actuar como lo indican el resto de disposiciones, aplicando para el caso por él propuesto, las demás normas que regulan lo que debe ser la práctica profesional, establecida en el capítulo II de la Ley 35 de 1989.

En consecuencia, se declarará la exequibilidad del artículo 18 porque no vulnera los artículos constitucionales indicados por el actor, ya que la interpretación de la norma es aislada del contenido de las otras disposiciones contenidas en la misma ley, en las hipótesis planteadas por el actor.

3.4. Artículo 30 de la Ley 35 de 1989.

Esta disposición señala que el odontólogo no fijará sus honorarios en forma que establezcan competencia con sus colegas, ni aceptará o dará comisiones por remisión de pacientes.

El actor acusa la expresión “no fijará honorarios que establezcan competencia con sus colegas” por violar el artículo 6º de la Constitución, en cuanto expresa que “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes...”. Señala que no existe una ley que exija a los odontólogos cobrar determinadas tarifas, y mientras no exista esa ley, el profesional podrá o no acogerse total o parcialmente a las tarifas sugeridas por la Federación Odontológica Colombiana, y podrá cobrar por encima o por debajo de las mismas.

El Ministerio Público considera que la expresión es inconstitucional, porque los honorarios generados por el libre ejercicio de las profesiones están directamente ligados al derecho al trabajo. Por ello, la disposición acusada, al propugnar por la unificación de las tarifas, no solo es imposible en la práctica, sino que vulneraría el derecho a la contraprestación a que tienen derecho los profesionales.

Para la Corte, en efecto, la expresión demandada implica una injerencia carente de justificación constitucional en el derecho que tiene el profesional de percibir los honorarios correspondientes, según el acuerdo al que hubiere llegado con el paciente, en virtud del ejercicio de su profesión.

A este aspecto, el artículo 9º de la Ley 35 de 1989, se refiere en los siguientes términos:

“ART. 9º—Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el odontólogo fijará sus honorarios de conformidad con la importancia y circunstancias del tratamiento que debe efectuar, teniendo en cuenta la situación económica del paciente, y previo acuerdo de este o sus responsables”.

Por consiguiente, el monto de los honorarios incluye aspectos que valoran tanto el profesional como el paciente, tales como el conocimiento especializado, calidad de los materiales, el acceso a los avances científicos e instrumentos que utilice el odontólogo en su consultorio o clínica, etc. Y, de otro lado, tienen relación con el tratamiento que requiere el paciente: si es indispensable para la salud oral o corresponde a un tratamiento meramente estético, eventos en los que interviene además, la situación económica del paciente.

Ha de advertirse por la Corte que la competencia entre profesionales de las carreras liberales, como ocurre en este caso en la prestación de servicios en el área de la salud oral, ha de realizarse de acuerdo con los conocimientos científicos y los medios técnicos que el odontólogo utilice en el tratamiento de sus pacientes, así como con respecto a los resultados de su labor profesional, elementos todos que constituyen el prestigio profesional, que, indudablemente, tendrán incidencia en la fijación de sus honorarios. No puede confundirse entonces, en ningún caso, esa competencia en el ejercicio de la profesión con la competencia desleal, institución propia del derecho mercantil que tiene elementos jurídicos distintos y finalidades diversas.

Entonces, considera la Corte que la expresión demandada al limitar el cobro de los honorarios a los que establezcan sus colegas vulnera el artículo 25 de la Constitución, en cuanto al derecho a recibir la remuneración pactada por el trabajo realizado.

Se deja en claro que esta declaración de inexequibilidad de esta limitación en los honorarios de los odontólogos tal como está prevista en el artículo 30 acusado, no puede entenderse como la vía libre para el abuso del derecho frente a las necesidades de los pacientes de gozar de la salud oral, pues, la propia Ley 35 establece en los artículos 10 y 13 el procedimiento en los casos de discrepancia en cuanto a honorarios o de abuso de los mismos, así:

“ART. 10.—El odontólogo no debe exagerar el valor de sus honorarios profesionales ni antepondrá la obligación de prestar un servicio social a intereses puramente comerciales”.

“ART. 13.—Cuando quiera que se presenten diferencias entre el odontólogo y el paciente con respecto a los honorarios, tales diferencias podrán ser conocidas y resueltas por el Tribunal Seccional Ético Profesional de la respectiva seccional odontológica colombiana”.

Es decir, la declaración de inexequibilidad de la expresión demandada del artículo 35, no dejará a los pacientes sin forma de defenderse cuando surjan diferencias por el monto de las tarifas, pues, pueden acudir al ente competente en tales eventos.

3.5. Artículo 49 de la Ley 35 de 1989.

Este artículo consagra la forma como el odontólogo puede informar sobre sus títulos, especialidades y menciones especiales.

Para el actor las limitaciones contenidas allí vulneran los artículos 13, 20, 25 y 26 de la Constitución, pues a otros profesionales no se les impide hacer públicos sus conocimientos académicos como lo hace esta disposición. Además, una norma semejante contenida en el código ético de los médicos fue declarada inexequible por la Corte en la Sentencia C-116 de 1999.

El Ministerio Público solicita que se declare inexequible esta disposición pues la expresión y la publicación de los logros profesionales y académicos no deben ser sujetos de regulación en un código de ética profesional.

La Corte, antes de iniciar el examen constitucional correspondiente, debe advertir que esta corporación examinó una norma semejante a la contenida en el inciso final del artículo acusado, con ocasión de la demanda contra el artículo 57 de la Ley 23 de 1981 “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”.

En efecto, el último inciso del artículo 49 de la Ley 35 de 1989 dice:

“La mención de títulos académicos, honoríficos, científicos o de cargos desempeñados, solamente podrá hacerse en publicaciones de carácter científico”.

El artículo 57 de la Ley 23 de 1981 decía:

“La mención de títulos académicos, honoríficos, científicos, o de cargos desempeñados, solamente podrá hacerse en publicaciones de carácter científico”.

Se trata, pues, de normas con igual contenido, en códigos de ética profesional distintos, pero cuyos profesionales pertenecen al área de la salud, y, por consiguiente, existen grandes similitudes en el examen correspondiente.

La Corte en la Sentencia C-116 de 1999 declaró inexequible el artículo 57 de la Ley 23 de 1981. Examinó el uso ético de las publicaciones para el anuncio de los servicios profesionales, la ponderación del fin legítimo que se persigue con esta prohibición frente a la limitación de derechos fundamentales, y concluyó que el artículo 57 de la Ley 23 de 1981 violaba los artículos 13, 20 y 25 de la Carta. Finalizó así esta sentencia:

“En consecuencia, en defensa del derecho que les asiste a los profesionales médicos a informar ciertos aspectos relevantes a su ejercicio profesional, de interés social, y a la comunidad de recibir dicha información, mediante el uso de una publicidad legítima y amplia, en un plano de igualdad con otros profesionales, bajo los controles legales correspondientes que permitan proteger ese interés general inherente al ejercicio de la ciencia médica, la Corte declarará la inexequibilidad de la disposición acusada en la parte resolutiva de esta providencia, por encontrarla violatoria de mandatos superiores, en particular, los artículos 13, 20 y 25 de la Constitución Política” (Sent. C-116/99, M.P. Martha Sáchica de Moncaleano).

En esta oportunidad, la Corte comparte lo decidido en la sentencia en mención de declarar la inexequibilidad de la prohibición de dar a conocer los logros académicos, científicos y profesionales en lugares distintos a las publicaciones científicas, cuando se trata de profesionales de la odontología también viola los artículos 13, 20 y 25 de la Carta, como cuando se trataba de los médicos. Es decir, obran las mismas consideraciones allí expuestas y a las cuales se remite esta sentencia.

Por consiguiente, se declarará inexequible el inciso final del artículo 49 por tales razones.

En cuanto al resto del citado artículo 49 de la Ley 35 de 1989, se encuentra por la Corte que aun cuando pueda ser objeto de reproche por otras razones de estética o de contaminación visual, por ejemplo, lo cierto es que la norma acusa indeterminación en su contenido, por una parte, pues quedaría al capricho de quien vaya a darle aplicación la apreciación de los conceptos en ella incluidos, y por otra parte, la Constitución Política garantiza la libertad de expresión, que en este caso aparece lesionada sin justificación frente a la Carta.

Abundando en razones, cabría preguntarse si tal como está concebida la norma, estaría prohibida la publicidad por internet, ya que se trataría de caracteres iluminados para informar sobre las especialidades del profesional, lo que en el mundo actual resulta absurda una limitación de esta naturaleza.

3.6. Artículo 55 de la Ley 35 de 1989.

Esta disposición establece que es contrario a la ética absolver consultas y testimonios a título personal y en forma pública, bajo ninguna circunstancia, exista o no remuneración, sobre asuntos relacionados con la odontología y ramas auxiliares, salvo que lo requieran las autoridades competentes.

Para el actor, esta norma viola los artículos 20 y 13 de la Constitución, al prohibir que el profesional de la odontología pueda difundir su pensamiento u opinión, lo que no ocurre en las demás profesiones.

El Ministerio Público también considera que se viola el derecho del odontólogo de expresar su opinión y por lo tanto debe ser declarado inexequible.

Para la Corte la prohibición contenida en esta norma es injustificada y desproporcionada, pues la Constitución garantiza el derecho a la libre expresión en el artículo 20.

En este punto, se deben reiterar las consideraciones de la Corte expuestas en la Sentencia T-579 de 1994, sobre esta garantía. Además, se recuerda lo dicho en la Sentencia C-037 de 1996 que examinó la ley estatutaria de la administración de justicia, en la que se declaró inexequible una frase que impedía a los funcionarios judiciales emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos. La Corte señaló que esta restricción violaba el artículo 20 de la Carta.

“Así mismo, encuentra la Corte que la frase “En todo caso, no podrán emitir opiniones sobre las decisiones proferidas por ellos” constituye una indebida vulneración del derecho fundamental de informar y recibir información, así como de las libertades de expresión y de difusión del pensamiento y opiniones (C.P., art. 20) de que es titular toda persona, incluyendo, por supuesto a los administradores de justicia. Recuérdese que las decisiones consignadas en una sentencia se constituyen en situaciones jurídicamente definidas, es decir hacen tránsito a cosa juzgada; empero, con esta inconstitucional limitación se estaría prohibiendo la facultad de cada juez de explicar o definir, si lo considera necesario, el contenido y el alcance de sus decisiones. Esta restricción, inclusive, implicaría que los afectados no podrían desempeñar ningún trabajo académico, o participar en reuniones de este tipo como seminarios, foros, mesas redondas, o dictar conferencias científicas, a las cuales suelen ser invitados justamente para que expliquen a la comunidad profesional o científica el contenido y las motivaciones de sus fallos. Lo anterior resulta todavía más inconcebible si se piensa en la imposibilidad que tendrían los jueces de expresar sus opiniones en eventos familiares o sociales, por ejemplo. En conclusión, se trata de una norma que no es ni proporcionada ni razonable frente al derecho fundamental contemplado en el artículo 20 del estatuto superior” (Sent. C-037/96).

En consecuencia se declarará inexequible el artículo 55 acusado.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar exequible la expresión “Es deber del odontólogo”, contenida en el literal f) del artículo 1º de la Ley 35 de 1989 “sobre ética del odontólogo colombiano”.

2. Declarar exequible el artículo 18 de la misma Ley 35 de 1989.

3. Declarar inexequibles el literal e) y la expresión “privada” contenida en el literal g) del artículo 1º de la Ley 35 de 1989.

4. Declarar inexequible la expresión “no fijará honorarios que establezcan competencia con sus colegas” contenida en el artículo 30 de la misma ley.

5. Declarar inexequible la expresión “la moral y” contenida en el artículo 34 de la Ley 35 de 1989.

6. Declarar inexequible el artículo 49 de la Ley 35 de 1989.

7. Declarar inexequible el artículo 55 de la Ley 35 de 1989.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) En este punto es importante mencionar que en su jurisprudencia la Corte ha brindado un trato diferente a los reglamentos disciplinarios según la calidad del sujeto disciplinado, de tal manera que ha aceptado limitaciones mayores a los derechos de los servidores públicos. Así, como ya se advirtió atrás, en la Sentencia C-427 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz) se declaró la constitucionalidad de una norma del estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación en la que se contemplaba como falta disciplinaria “ejecutar en el lugar de trabajo o en sitio público, cualquier acto contra la moral o las buenas costumbres”. Ver también al respecto las sentencias C-280 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-728 de 2000 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-252 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y C-949 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

(2) Ver también las sentencias C-224 de 2004 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), en la cual se analiza la expresión “buenos ciudadanos” contenida en la Ley 403 de 1997, sobre estímulos a los votantes, y la Sentencia C-431 de 2004, (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) sobre el reglamento del régimen disciplinario de las Fuerzas Militares.

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