Sentencia C-537 de octubre 16 de 1996 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEPARTAMENTALES

CLASIFICACIÓN DE SUS SERVIDORES

EXTRACTOS: «Texto de las normas acusadas:

(...).

“DECRETO NÚMERO 1221 DE 1986

(Abril 18)

Por el cual se dicta el estatuto básico de las entidades descentralizadas departamentales.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 3ª de 1986 y oída la comisión asesora a que ella se refiere,

DECRETA:

(...).

VII. Personal

ART. 65.—De los empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que presten sus servicios en los establecimientos públicos son empleados públicos; sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo.

Quienes presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía mixta son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.(*)

(*) Únicamente se demanda el texto que está en negrilla en el inciso primero (N. del D.).

Respecto al inciso primero del artículo 65 del Decreto-Ley 1221 de 1986, debe señalarse que en lo que se refiere a la facultad de los establecimientos públicos para clasificar a los empleados a través de sus propios estatutos, esta Corte en las sentencias C-432 de 1995 —frente a los establecimientos públicos del sector de la salud— y C-484 del mismo año —frente a los establecimientos públicos del orden nacional—, ha tenido oportunidad de pronunciarse, en cuanto a su exequibilidad.

(...).

Con fundamento en la jurisprudencia transcrita, es claro que al permitir como lo hace el precepto sub examine , a los establecimientos públicos determinar en sus propios estatutos qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo, se quebranta el ordenamiento constitucional, ya que dicha facultad es potestad propia del legislador no susceptible de ser trasladada a los establecimientos públicos, ya que por expresa disposición de orden superior, corresponde exclusivamente al Congreso “determinar la estructura de la administración nacional” —C.P., art. 150, num. 7º—, a las asambleas “en lo departamental” —C.P., art. 300, num. 7º—, y a los concejos “en lo municipal y distrital” —C.P., art. 313, num. 6º.

En virtud a lo anterior, y acogiendo la jurisprudencia de la corporación, habrá de declararse la inexequibilidad de la expresión “En los estatutos de los establecimientos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo”, contenida en el inciso primero del artículo 65 del Decreto-Ley 1221 de 1986, por vulnerar los artículos 150-7, 300-7 y 313-6 de la Carta Política, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, oído el concepto del Procurador General de la Nación (E) y cumplidos como están los trámites que dispone el Decreto 2067 de 1991, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

(...).

2. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 65 inciso 1º del Decreto-Ley 1221 de 1986 en la parte que dice “En los estatutos de los establecimientos se precisará qué actividades pueden ser desempeñadas por personas vinculadas mediante contrato de trabajo”.

Cópiese, comuníquese, notifíquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-537 de octubre 16 de 1996. Magistrado Ponente: Dr. Hernando Herrera Vergara).

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