Sentencia C-538 de julio 18 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-538 de 2002 

Ref.: Exps. D-3872, D-3875, D-3889,D-3890, D-3891, D-3892, D-3893, D-3894, D-3895 y D-3896.

Magistrado Ponente:

Jaime Araújo Rentería

Demanda de inconstitucionalidad contra las leyes 662, 663, 645, 648, 654, 655, 656, 664, 669 y 699, todas del año 2001.

Actores: Enrique Vargas Lleras y Carlos Holmes Trujillo García.

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dos.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las leyes demandadas, conforme a su publicación oficial:

“LEY 662 DE 2001

(Julio 30)

Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro desarrollo científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, ITSA, y se dictan otras disposiciones.

ART. 1º—Autorízase a la asamblea departamental del Atlántico para que ordene la emisión de la estampilla “Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico”, constituida para tal fin.

ART. 2º—Los recaudos ordenados en la presente ley serán consignados por el ente recaudador en cuenta especial del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, “ITSA”.

ART. 3º—La emisión de la estampilla se autoriza hasta por la suma de dos mil quinientos millones de pesos ($ 2.500.000.000) anuales, a pesos constantes del año 2001.

ART. 4º—Autorízase a la asamblea departamental del Atlántico para que determine las características, tarifas y demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que deben realizarse en el departamento y en el distrito industrial y portuario de Barranquilla.

Las ordenanzas que expida la asamblea departamental en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, serán dados al conocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional.

PAR.—La asamblea del departamento del Atlántico, podrá autorizar la sustitución de la estampilla física por otro sistema del recaudo que en todo caso cumpla con el objetivo de la presente ley.

ART. 5º—La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el 2% del hecho sujeto al gravamen.

ART. 6º—El control fiscal sobre la inversión de los recursos provenientes de la estampilla, estará a cargo de la contraloría departamental del Atlántico.

ART. 7º—Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los cuales se obliga al uso de la estampilla, la asamblea departamental podrá incluir contratos y otros renglones económicos que permite la ley.

ART. 8º—Destinación. El valor recaudado por concepto de la estampilla se destinará exclusivamente para atender el plan de inversión del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, ITSA, previa aprobación del consejo directivo.

ART. 9º—La presente ley rige a partir de su promulgación”.

“LEY 663 DE 2001

(Julio 30)

Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención del departamento del Atlántico.

ART. 1º—Autorizar a la asamblea del departamento del Atlántico para que ordene la emisión de la estampilla “Pro hospitales de primer y segundo nivel de atención en el departamento del Atlántico”.

ART. 2º—El producido de la estampilla a la que se refiere el artículo anterior, se destinará exclusivamente para:

a) Construcción, ampliación y mantenimiento de planta física;

b) Adquisición, mantenimiento y reparación de equipos, requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir con las funciones propias de las instituciones de primer y segundo nivel de atención, y

c) Dotación de instrumentos y suministros requeridos por las instituciones en el área de laboratorios, centros o unidades de diagnóstico, biotecnología, microtecnología, informática y comunicaciones.

Del total recaudado, los hospitales podrán destinar hasta un diez por ciento (10%) en el pago de personal especializado y para atender los aportes de contrapartida que deben cubrir la atención de la seguridad social de los empleados.

ART. 3º—Autorízase a la asamblea departamental del Atlántico, para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades, obras y operaciones que deban realizarse en el departamento y en los municipios del mismo.

PAR.—La asamblea departamental del Atlántico podrá autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema, medio o método de recaudo del gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.

ART. 4º—Facultar a los concejos municipales del departamento del Atlántico para que, previa autorización de la asamblea departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla, medio o método sustitutivo si fuere el caso, cuya emisión por esta ley se autoriza, siempre con destino a lo estipulado en el artículo 2º de la presente ley.

ART. 5º—La tarifa que determine la asamblea del Atlántico no podrá exceder del dos por ciento (2%) del valor del acto, actividad, obra u operación sujetos del gravamen.

ART. 6º—La obligación de adherir y anular la estampilla física y de aplicar el sistema, medio o método sustitutivo si fuere el caso, de que trata esta ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen y el cumplimiento a esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria correspondiente.

ART. 7º—Los recaudos por las ventas de la estampilla y sus correspondientes traslados estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y tesorerías municipales.

ART. 8º—El control del recaudo de los recursos, así como su inversión, estarán a cargo de la contraloría general del departamento del Atlántico y de las contralorías municipales.

ART. 9º—La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza por medio de la presente ley es indefinida en el tiempo.

ART. 10.—La presente ley rige a partir de su promulgación”.

“LEY 645 DE 2001

(Febrero 19)

Por medio de la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro hospitales universitarios.

ART. 1º—Autorízase a las asambleas departamentales en cuyo territorio funcionen hospitales universitarios par que ordenen la emisión de la estampilla pro hospitales universitarios públicos.

ART. 2º—El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará principalmente para:

a) Inversión y mantenimiento de planta física;

b) Dotación, compra y mantenimiento de equipo requeridos y necesarios para desarrollar y cumplir adecuadamente con las funciones propias de las instituciones;

c) Compra y mantenimiento de equipos para poner en funcionamiento áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que requieran para su cabal funcionamiento, y

d) Inversión en personal especializado.

ART. 3º—Autorízase a las asambleas departamentales en cuyo territorio funcionen hospitales universitarios públicos para que determinen las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deban realizar en los departamentos y municipios de los mismos.

ART. 4º—Las providencias que expidan las asambleas departamentales en cuyo territorio funcionen hospitales universitarios públicos en desarrollo de la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 5º—Las obligaciones de adherir y anular las estampillas a que se refiere esta ley quedan a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos.

ART. 6º—El recaudo de esta estampilla se destinará exclusivamente para lo establecido en el artículo 2º de la presente ley y la tarifa con se graven los distintos actos, no podrán exceder del dos por ciento (2%) del valor de los hechos a gravar.

ART. 7º—Los recaudos por la venta de las estampillas estarán a cargo de las secretarías de hacienda departamentales y las tesorerías municipales de acuerdo a las ordenanzas que los reglamenten y su control estará a cargo de las respectivas, contralorías departamentales.

ART. 8º—La emisión de las estampillas cuya creación se autoriza por medio de la presente ley, será hasta por la suma de seis mil millones de pesos moneda corriente ($ 6.000.000.000) anuales por departamento y hasta por diez por ciento (10%) del valor del presupuesto del respectivo departamento en concordancia con el artículo 172 del Decreto 1222 de 1996.

ART. 9º—La presente ley rige a partir de su promulgación”.

“LEY 648 DE 2001

(Marzo 22)

Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 años.

ART. 1º—Autorízase al Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, D. C. para que ordene la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cincuenta (50) años.

ART. 2º—El valor correspondiente al recaudo por concepto de lo establecido en el artículo 1º de la presente ley, se distribuirá así: el cuarenta por ciento (40%) para inversión en el plan de desarrollo físico, dotación y compra de equipos necesarios que conduzcan a ampliar la cobertura, mejorar la calidad de la educación y desarrollar institucionalmente a la universidad. El veinte por ciento (20%) se invertirá en mantenimiento y ampliación de la planta física de los equipos de laboratorios y suministros de materiales. El quince por ciento (15%) para atender el pasivo prestacional por concepto de pensiones, y cesantías y los gastos a cargo de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. El diez por ciento (10%) para promover el fondo de desarrollo de la investigación científica. El cinco por ciento (5%) con destino al desarrollo y fortalecimiento de los doctorados. El cinco por ciento (5%) con destino a las bibliotecas y centros de documentación. El cinco por ciento (5%) con destino al fortalecimiento de la red de datos.

ART. 3º—La emisión de la estampilla cuya reglamentación y uso se autoriza hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos ($ 200.000.000.000) el monto total recaudado se establece a precios constantes de 1998.

ART. 4º—Autorízase al Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, D. C., para que determine las características, tarifa y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en actividades y operaciones que se deben realizar en el distrito capital de Santafé de Bogotá, D. C.

Los acuerdos que expida el Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, serán llevados a conocimiento del Gobierno Nacional, al través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—El Concejo Distrital de Santafé de Bogotá podrá autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.

ART. 5º—Facúltese al Concejo Distrital de Santafé de Bogotá para que haga obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión por esta ley, queda a cargo de los funcionarios del Distrito Capital de Santafé de Bogotá que intervengan en los actos.

ART. 6º—La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere esta ley, queda a cargo de los funcionarios del Distrito Capital de Santafé de Bogotá que intervengan en los actos.

ART. 7º—El recaudo de la estampilla se destinará a lo establecido en el artículo 1º de la presente ley.

PAR.—La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho u objeto del gravamen.

ART. 8º—El control de recaudo y el traslado oportuno de los recursos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Santafé de Bogotá y la distribución mencionada en el artículo 2º estará a cargo de la Contraloría Distrital de Santafé de Bogotá, D. C.

ART. 9º—Dentro de los hechos y actividades económicos sobre los cuales se obliga el uso de la estampilla, el Concejo Distrital de Santafé de Bogotá, D. C., podrá también incluir lo relativo a la producción, comercialización y consumo de licores y aperitivos, así como los juegos de azar.

En todo caso la estampilla no podrá superar el valor máximo contemplado en esta ley.

ART. 10.—Esta ley rige a partir de su promulgación”.

“LEY 654 DE 2001

(Mayo 24)

Por la cual se autoriza a la asamblea departamental del Magdalena para ordenar la emisión de la estampilla refundación Universidad del Magdalena de cara al nuevo milenio, y se dictan otras disposiciones.

ART. 1º—Autorizar a la asamblea departamental del Magdalena para que ordene la emisión de la estampilla refundación de la Universidad del Magdalena de cara al nuevo milenio hasta por la suma de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000), a pesos constantes de 1999.

ART. 2º—Autorízase a la asamblea departamental del Magdalena para que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se deben realizar en el departamento, en los municipios del mismo y en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.

PAR.—Los actos que expida la asamblea departamental del Magdalena en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley serán llevados a conocimiento del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dirección de apoyo fiscal.

PAR. 2º—Tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho económico sujeto a gravamen.

ART. 3º—Facúltese a la asamblea del departamento del Magdalena para que autorice al Concejo Distrital de Santa Marta y a los concejos municipales del departamento del Magdalena para que hagan obligatorio el uso de la estampilla que por esta ley se autoriza con destino a la Universidad del Magdalena.

ART. 4º—La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales, municipales y distritales que intervengan en los actos. El recaudo de su producido podrá efectuarse a través de una banca comercial.

ART. 5º—El recaudo obtenido por el uso de la estampilla se destinará a los gastos e inversiones que el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena determine, órgano al cual compete la administración de los valores recaudados.

ART. 6º—Las contralorías departamentales y el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, así como las contralorías municipales, serán las encargadas de fiscalizar la inversión de los recursos provenientes de la presente ley.

ART. 7º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deja sin efecto todas las disposiciones que le sean contrarias”.

“LEY 655 DE 2001

(Mayo 24)

Por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento de Antioquia para emitir la estampilla pro hospitales públicos del departamento de Antioquia.

ART. 1º—Objeto y valor de la emisión. Autorízase a la asamblea del departamento de Antioquia para que ordene la emisión de la estampilla “Pro hospitales públicos del departamento de Antioquia, hasta por la suma de doscientos mil millones de pesos ($ 200.000.000.000) a precios de 1999.

La suma recaudada se asignará así: el cincuenta por ciento (50%), es decir, la suma de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000) para los hospitales públicos clasificados como de tercer nivel, el treinta por ciento (30%), es decir, la suma de sesenta mil millones de pesos ($ 60.000.000.000), para los hospitales clasificados como de segundo nivel y, el veinte por ciento (20%), es decir, la suma de cuarenta mil millones de pesos ($ 40.000.000.000) para los hospitales de atención de primer nivel.

Las secretarías de Hacienda del departamento de Antioquia y de los diferentes municipios que conformen dicho departamento, tomarán las medidas presupuestales pertinentes a fin de que el recaudo y asignación se logre de la siguiente manera: un veinte por ciento (20%), es decir, cuarenta mil millones de pesos ($ 40.000.000.000) para el primer año, y así sucesivamente, hasta completar el valor total indicado en el inciso primero del presente artículo.

ART. 2º—Destinación. El producido de la estampilla a que se refiere el artículo anterior, se destinará principalmente para:

1. Acciones dirigidas a crear una cultura de salud a través de promoción de la salud y prevención de las enfermedades.

2. Capacitación y mejoramiento del personal médico, paramédico y administrativo.

3. Mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta física.

4. Adquisición, mantenimiento y reparación de los equipos requeridos por los diversos servicios que prestan las instituciones hospitalarias a que se refiere el artículo anterior para desarrollar y cumplir adecuadamente con la función propia de cada una.

5. Dotación de instrumentos para los diferentes servicios.

6. Compra de suministro.

7. Compra y mantenimiento de los equipos requeridos para poner en funcionamiento nuevas áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que se requieran para su cabal funcionamiento.

8. Adquisición y mantenimiento de nuevas tecnologías a fin de poner las diferentes áreas de los hospitales, en especial las de laboratorio, unidades de diagnóstico, unidades de cuidado intensivo, de urgencias, de hospitalización, biotecnología, informática y comunicaciones, en consonancia con la demanda de servicios por parte de la población respectiva.

PAR.—La asamblea departamental de Antioquia determinará en los presupuestos anuales de los años siguientes a la aprobación de esta ley los valores específicos que a cada rubro corresponda dentro de las partidas de gastos de cada uno de los hospitales públicos indicados en el artículo 1º de la presente ley, pudiendo destinar hasta un veinticinco por ciento (25%) para el pago de personal de nómina.

ART. 3º—Atribución. Autorízase a la asamblea departamental de Antioquia para que determine las características, tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos y activos, las bases gravables y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones que se deban realizar en los diferentes municipios del departamento de Antioquia.

La asamblea departamental de Antioquia facultará a los concejos de los municipios del departamento, para que hagan obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión se autoriza por esta ley y siempre con destino a las instituciones señaladas en el artículo 1º de la presente ley.

ART. 4º—Información al Gobierno Nacional. Las providencias que expida la asamblea departamental de Antioquia en desarrollo de la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección de apoyo fiscal.

ART. 5º—Responsabilidad. La obligación de adherir y anular la estampilla física a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen determinados por la ordenanza departamental que se expida en desarrollo de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por las autoridades disciplinarias correspondientes.

ART. 6º—Destinación. El valor recaudado por concepto de la venta de la estampilla se destinará exclusivamente para atender los rubros estipulados en el artículo 2º de la presente ley. La tarifa con que se graven los distintos actos no podrá exceder del tres por ciento (3%) del valor de los hechos a gravar.

ART. 7º—Recaudos. Los recaudos por la venta de la estampilla estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y de las tesorerías municipales conforme a la ordenanza que reglamenta la presente ley.

ART. 8º—Control. El control del recaudo, del traslado oportuno y de la inversión de los recursos provenientes del cumplimiento de la presente ley, estará a cargo de la contraloría departamental de Antioquia y de las municipales en aquellas localidades donde existan.

ART. 9º—Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las leyes que autorizan a la asamblea departamental de Antioquia para emitir estampillas cuyo recaudo esté dirigido al sector salud”

“LEY 656 DE 2001

(Junio 7)

Por la cual se autoriza la estampilla de la Universidad de Sucre, tercer milenio y se dictan otras disposiciones.

ART. 1º—Autorízase a la asamblea departamental de Sucre para que ordene la emisión de la estampilla “Universidad de Sucre, tercer milenio”.

ART. 2º—La emisión de la estampilla que se autoriza será hasta por la suma de cincuenta mil millones de pesos ($ 50.000.000.000), a pesos constantes de 2000.

ART. 3º—Autorízase a la asamblea departamental de Sucre para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que deben realizarse en el departamento de Sucre. Las ordenanzas que expida la asamblea departamental, en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PAR.—La asamblea de Sucre podrá autorizar la sustitución de la estampilla física por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley.

ART. 4º—La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder el dos por ciento (2%) del valor del hecho sujeto al gravamen.

ART. 5º—La fiscalización de los recursos provenientes de la presente ley corre a cargo de la contraloría departamental de Sucre.

ART. 6º—Dentro de los hechos y actividades económicas sobre los cuales se obliga el uso de la estampilla, la asamblea departamental de Sucre podrá incluir contratos, y en general los que considere pertinentes y de ley la asamblea departamental.

ART. 7º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación”.

“LEY 664 DE 2001

(Julio 30)

Por la cual se modifica parcialmente las leyes 66 de 1982 y 77 de 1985.

ART. 1º—El artículo 1º de la Ley 66 de 1982 modificado por el artículo 10 de la Ley 77 de 1985 quedará así:

“ART. 1º—Objeto y valor de la emisión. Autorízase a la asamblea del departamento del Tolima para que ordene la emisión de la estampilla “Pro Universidad del Tolima” hasta por la suma de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000) a valor constante a la fecha de expedición de la presente ley.

ART. 2º—Deróganse los artículos 2º y 6º de la Ley 66 de 1982.

ART. 3º—El artículo 3º de la Ley 66 de 1982 quedará así:

“ART. 3º—Atribución. Autorízase a la asamblea departamental del Tolima para que por medio de ordenanza establezca las tarifas, hechos económicos, sujetos o pasivos, bases gravables y demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones que se deban realizar en el departamento del Tolima.

La ordenanza que expida la asamblea departamental del Tolima en desarrollo de la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - dirección general de apoyo fiscal”.

ART. 4º—El artículo 4º de la Ley 66 de 1982 quedará así:

“ART. 4º—La asamblea departamental del Tolima podrá facultar a los concejos de los municipios que conforman el departamento, para que hagan obligatorio el uso de la estampilla, cuya emisión se autoriza por esta ley siempre con destino a la Universidad del Tolima”.

ART. 5º—Responsabilidad. La obligación de adherir y anular la estampilla física a que se refiere esta ley estaría a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen determinadas por la ordenanza departamental que se expida en desarrollo de la presente ley. El incumplimiento de esta obligación se sancionará por la autoridad disciplinaria correspondiente.

ART. 6º—Destinación. El valor recaudado por concepto de la venta de la estampilla se destinará exclusivamente para la construcción y dotación de la planta física en la actual sede de la universidad del Tolima de Ibagué, hasta cien mil millones de pesos moneda corriente ($ 100.000.000.000) a valor constante a la fecha de expedición de la presente ley. La tarifa con que se graven los distintos actos no podrá exceder del tres por ciento (3%) del valor de los hechos a gravar.

ART. 7º—El artículo 7º de la Ley 66 de 1982 quedará así:

“ART. 7º—Recaudos. Los recaudos por la venta de la estampilla estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda departamental y las tesorerías municipales, de acuerdo a la ordenanza que la reglamenta”.

ART. 8º—El artículo 8º de la Ley 66 de 1982 quedará así:

“ART. 8º—Control. El control del recaudo, del traslado oportuno y de la inversión de los recursos provenientes del cumplimiento de la presente ley, estará a cargo de las contralorías municipales y departamentales del Tolima”.

ART. 9º—La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”.

“LEY 669 DE 2001

(Julio 30)

Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro salud departamental en el departamento del Valle del Cauca.

ART. 1º—Autorízase a la asamblea del departamento del Valle del Cauca para que ordene la emisión de la estampilla pro salud departamental cuyo producido se destinará para el pago de excedentes de facturación por atención de vinculados de las empresas sociales del Estado o instituciones que pertenezcan a dicha red y que hayan sido sostenidas con recursos públicos.

ART. 2º—La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza será hasta por la suma de doscientos treinta y un mil (231.000) salarios mínimos.

ART. 3º—Autorizar a la asamblea departamental del Valle del Cauca para que determine las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso de la estampilla en las actividades y operaciones que se deberán realizar en el departamento y en los municipios del mismo.

ART. 4º—La obligación de adherir y anotar la estampilla a que se refiere esta ley queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervienen en los actos.

ART. 5º—La tarifa contemplada en esta ley no podrá exceder del dos por ciento (2%) del valor del hecho u objeto del gravamen.

ART. 6º—El recaudo de la estampilla deberá ser consignado en el fondo seccional de salud del departamento del Valle del Cauca y su recaudo estará a cargo de la secretaría de hacienda departamental y tesorería municipales.

ART. 7º—El control del recaudo y del traslado oportuno de los recursos que por esta ley se ordena, estará a cargo de la contraloría del departamento.

ART. 8º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación”.

“LEY 699 DE 2001

(Octubre 17)

Por la cual se autoriza a la asamblea departamental de Boyacá la emisión de la estampilla pro Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y se dictan otras disposiciones.

ART. 1º—Autorízase a la asamblea del departamento de Boyacá, para que ordene la emisión de la estampilla “Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, hasta por la suma de ciento veinte mil millones de pesos ($ 120.000.000.000).

ART. 2º—Autorízase a la asamblea departamental de Boyacá para que determine los sujetos activos y pasivos del gravamen, los hechos económicos sujetos al mismo, las tarifas, sistemas de recaudo y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla de algunas actividades y operaciones que se realicen en el departamento de Boyacá y los municipios pertenecientes a su circunscripción.

PAR.—La ordenanza que expida la asamblea de Boyacá en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley, será dada a conocer al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ART. 3º—La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere la presente ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los diferentes actos y hechos económicos que sean sujetos del gravamen que se autoriza por la presente ley.

ART. 4º—La vigencia y control de los recaudos provenientes del cumplimiento de la presente ley, estará a cargo de la contraloría del departamento de Boyacá y de las contralorías municipales.

ART. 5º—Esta ley rige a partir de la fecha de su promulgación”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de las disposiciones acusadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución, por tratarse de leyes de la República.

2. Cosa juzgada.

2.1. Ley 645 de 2001.

La totalidad de la Ley 645 de 2001 fue demandada ante esta corporación, siendo radicado el expediente bajo el número D-3699, por argumentos que coinciden con los esgrimidos en la presente demanda. La Corte declaró exequible la integridad de la misma mediante Sentencia C-227 de 2002 (1) , operando el fenómeno de cosa juzgada constitucional. En consecuencia, en relación con los cargos contra la Ley 645 de 2001 se estará a lo resuelto en la sentencia antes citada.

(1) M.P. Jaime Córdoba Triviño.

2.2. Artículo 2º de la Ley 648 de 2001.

En relación con la Ley 648 de 2001, el señor procurador solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-089 de 2001, en la cual se analizaron las objeciones presidenciales al proyecto de ley (2) que autorizaba la emisión de la estampilla “Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años,” declarando infundadas dichas objeciones, una de las cuales coinciden con los cargos de la demanda que ahora se estudia.

(2) Proyecto de Ley 07 de 1999 Senado 97 de 1998 Cámara.

En efecto, en la primera objeción formulada en contra del referido proyecto, el Ejecutivo considera que el artículo 2º del proyecto establece una destinación especial y detallada de la totalidad del impuesto que se pretende recaudar por concepto de la emisión de la estampilla, lo cual vulnera el artículo 287 de la Constitución, en tanto niega la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses. En su concepto, cuando el Congreso señala la destinación específica de los recaudos por concepto de la estampilla, desconoce la facultad discrecional de los consejos municipales de disponer de los recursos generados por sus tributos.

La Corte declaró infundada dicha objeción, al considerar que aun cuando se trate de recursos propios de las entidades territoriales, es posible la intervención del legislativo si se presentan determinadas circunstancias que así lo ameriten. Para el caso concreto, encontró las siguientes:

“Analizada con detenimiento la documentación allegada, y en especial la exposición de motivos y el proyecto en cuestión, encuentra la Corte que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas afronta serios problemas financieros y que en tales circunstancias el legislador consideró pertinente adoptar medidas de naturaleza tributaria. Igualmente para esta Corte es claro que los eventuales beneficios superan el ámbito local o regional, en tanto cobijan a estudiantes provenientes de otras ciudades y municipios del país, pero especialmente a los de condiciones difíciles, todo lo cual redunda en últimas en el fortalecimiento de la educación superior colombiana. Así, por ejemplo, en la exposición de motivos y en las ponencias para debate, los congresistas ilustran que cerca del 25% de los alumnos de la universidad proviene de distintas partes del territorio nacional, que hay estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3), así mismo señalan que el déficit de la institución supera los tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000) y que el presupuesto nacional asignado a la Universidad Distrital (6.000.000.000) es muy inferior al de otras instituciones universitarias como la de Antioquia ($ 80.900.000.000), la del Valle ($ 57.800.000.000) o la del Atlántico ($ 32.000.000.000).

13. En estos términos, la injerencia del legislador en el proyecto objetado resulta ser necesaria para alcanzar el fin propuesto e idónea para la consecución del mismo, pues si lo que se desea es ayudar al saneamiento financiero de una universidad con impacto nacional, es apenas lógico que se asegure que los recursos lleguen a ella y que sean adecuadamente utilizados. Además, la intervención es razonablemente proporcionada, en la medida que se trata de un ingreso adicional que no altere el presupuesto general de la entidad ni entorpece su normal funcionamiento, configurándose en la cuarta excepción descrita y que autoriza la intervención del Congreso en materia de rentas territoriales propias.

14. La Corte destaca la proporcionalidad de la medida, ya que mal podría afirmarse que se trata de una intromisión excesiva en la autonomía del Consejo Distrital, cuando éste conserva la facultad para decretar o no la emisión de la estampilla y a partir de ello cobrarla o abstenerse de hacerlo. Guarda también un margen de discrecionalidad, en la medida que el Congreso se abstiene de regular todos los elementos del tributo y cede al concejo la libertad para determinarlos, a un punto tal que incluso le autoriza para sustituir la estampilla por otro sistema de recaudo, siempre y cuando permita cumplir el objeto de la ley. La norma ha de ser entendida entonces como un mecanismo para contribuir al fortalecimiento de una institución que por su naturaleza e impacto social, trasciende más allá del ámbito simplemente local. Por consiguiente, la objeción contra el artículo 2º del proyecto de ley de la referencia será declarada infundada”.

La segunda y última objeción presidencial al proyecto no coincide con los cargos de la presente demanda, pues allí se controvierte el artículo 8º del mismo con base en que el control de recaudo y el traslado oportuno de los recursos a la universidad no debe estar a cargo de la Contraloría de Santafé de Bogotá, por cuanto dichas funciones desbordan el alcance de las competencias dadas por la Constitución a este organismo de control. No sobra advertir que la Corte también declaró infundada dicha objeción, “bajo el entendido de que el artículo 8º del proyecto autoriza a la Contraloría Distrital a ejercer únicamente el control posterior y selectivo del recaudo, del traslado y de la distribución de los recursos obtenidos”.

Así las cosas, la Corte se estará a lo resuelto en la Sentencia C-089 de 2001 pero sólo en relación con el artículo 2º de la Ley 648 de 2001, por existir plena concordancia entre la objeción formulada contra esa disposición contenida en el proyecto que dio origen a la Ley 648 y el cargo formulado en la presente demanda.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Corte decidir si las leyes demandadas vulneran los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial, así como los que informan el sistema tributario, especialmente los de legalidad y equidad, para lo cual debe resolver los siguientes interrogantes: (i) si el Congreso puede autorizar a los entes territoriales para la emisión de una estampilla con el objeto de captar recursos propios, (ii) si de conformidad con el principio de legalidad tributaria, dichas leyes de autorización deben contener todos los elementos esenciales del tributo, y si es constitucional que el Congreso determine la destinación del recaudo; y (iii) si las leyes demandadas consagran un trato discriminatorio respecto de los contribuyentes que residen en la entidad territorial que impone la obligación tributaria, frente a aquellos contribuyentes del nivel nacional o que residen en otro ente territorial.

La descentralización y la autonomía fiscal de los entes territoriales.

El artículo 1º de la Constitución Política, que esboza los caracteres del Estado, dispone que “Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales (...)” Existe pues, a instancias del canon constitucional citado, una compatibilidad entre el carácter unitario de la organización estatal y los aludidos principios de descentralización y autonomía territorial, que orienta en materia impositiva el alcance del ejercicio de las funciones del Congreso, así como de las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales.

La autonomía constituye el pilar a partir del cual los entes territoriales pueden alcanzar los fines asignados por el constituyente, al gozar de cierta capacidad jurídica de autogestión política, administrativa y fiscal. Sobre esta última, la autonomía se traduce en el derecho en cabeza de los departamentos y municipios de “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, al tenor del artículo 287 de la Constitución. Sin embargo, por disposición del mismo precepto constitucional, dicha autonomía no es absoluta, pues se enmarca dentro de los límites de la Constitución y la ley, lo cual encuentra justificación en el hecho de que los departamentos y municipios carecen de la soberanía fiscal que ostenta de manera exclusiva el Congreso de la República. En este sentido, se puede afirmar que la potestad impositiva de las entidades territoriales no es autónoma sino subordinada a la ley. Sobre este punto, ha sido particularmente prolija la jurisprudencia de la Corte, de la cual cabe destacar la Sentencia C-346 de 1997 (M.P. Antonio Barrera Carbonell):

“(L)a conciliación entre los principios de unidad y autonomía, ha de hacerse bajo el entendido de que según lo establece el artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales son titulares de poderes jurídicos, competencias y atribuciones que les pertenece por sí mismas y que no devienen propiamente del traslado que se les haga de otros órganos estatales, para gestionar sus propios asuntos e intereses. De esta suerte, aunque se reconoce la existencia de un ordenamiento superior, igualmente se afirma la competencia de dichas entidades para actuar dentro del espacio que según dicha autonomía se les reconoce.

2.2.2. Un rasgo característico que afirma el derecho a la autonomía lo constituye la atribución que tienen las entidades territoriales para establecer los tributos necesarios que requiere el cumplimiento de sus funciones. En efecto, no basta con diseñar una autonomía bajo la idea de que las entidades territoriales pueden designar sus propias autoridades, ejercer poderes, atribuciones o competencias específicas que les pertenecen, con cierta libertad e independencia, si al mismo tiempo aquélla no comprende lo económico y financiero, es decir, el derecho de contar con recursos, a través de la participación en las rentas nacionales y el establecimiento de impuestos y de administrarlos, según convenga a la gestión de los intereses regionales y locales.

No obstante, como lo ha señalado la Corte, con fundamento en los artículos 287, 294, 300-4, 313-4, 317 y 338 de la Constitución no existe una autonomía absoluta en materia fiscal en cabeza de las entidades territoriales, pues su competencia para establecer y regular los tributos debe ejercerse por la autoridad competente, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley, lo cual significa que el atributo de la potestad impositiva regional y local es relativo y, en tal virtud, el legislador puede señalar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o limitaciones generales para su ejercicio, siempre que se respete el núcleo esencial de la autonomía, es decir, que no se desnaturalice la esencia de ésta de modo que se la desvirtúe, desconozca o desnaturalice”.

De otro lado, es de observar que el señor Procurador General de la Nación solicita que la Corte exhorte al Congreso para que expida una ley que señale los parámetros para la emisión de estampillas por parte de los entes territoriales. La Corte considera que hace parte de la autonomía y de la libertad de configuración del órgano legislativo, la fijación dentro de los límites constitucionales de cada una de las emisiones de estampillas y que en consecuencia no es necesario exhortar al Congreso; mucho más cuanto que el Congreso dentro de su libertad de configuración puede por leyes posteriores, modificar o inclusive derogar las ya existentes sobre estampillas.

Principio de legalidad tributaria.

Uno de los principios sobre los que se funda el sistema tributario es el de la legalidad, que se concreta, en primer lugar, en el origen representativo del tributo, en desarrollo del principio según el cual “no puede haber tributo sin representación” (“nullum tributum sine lege”), propio de un Estado democrático y vigente en nuestro ordenamiento aún con anterioridad a la Constitución de 1991 (3) . En efecto, el artículo 338 de la Carta señala que solamente dichos cuerpos colegiados podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales, lo cual significa que la potestad impositiva radica exclusivamente en cabeza de los cuerpos colegiados de elección popular, como es el Congreso —órgano representativo por excelencia—, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, sin que pueda delegarse tal potestad al gobierno en sus diversos niveles.

(3) Fue posiblemente en la Carta Magna de 1215 donde se plasmó por vez primera el referido principio, al considerar que los contribuyentes debían concurrir, por medio de sus representantes, en la determinación de las diversas cargas tributarias. Al respecto, conviene citar la cláusula XII de la referida carta: “Ningún impuesto o contribución será aplicado en nuestro reino a menos que se fije por deliberación conjunta, excepto para rescatar a nuestra persona, para hacer caballero a nuestro hijo mayor y para casar por una sola vez a nuestra hija mayor y por esto se pagará únicamente una contribución razonable. Así se hará con respecto a contribuciones de la ciudad de Londres”. Citada por: Lewin, Alfredo. “Principios constitucionales de derecho tributario”, Instituto Colombiano de Derecho Tributario y Universidad de los Andes, Bogotá, 2002, pág. 20.

El referido principio se sintetiza entonces en que la fuente de la obligación tributaria no puede ser sino la ley. Así las cosas, aun en el marco de un estado de emergencia económica el Congreso no se desprende de su soberanía impositiva ni la delega en el Ejecutivo para que éste decrete o modifique tributos. Simplemente ocurre que la propia Carta Política autoriza al Presidente para que, transitoriamente, establezca o modifique tributos con una vigencia limitada, a través de una normatividad que puede ser adoptada como definitiva por parte del legislador. Al respecto, es de notarse que bajo la vigencia de la Constitución anterior, la jurisprudencia y la doctrina consideraban válido el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo para decretar impuestos, lo cual fue claramente erradicado por el Constituyente de 1991 (4) .

(4) Cfr. Lewin, Alfredo. Op. cit., pág. 24.

En segundo lugar, el principio de legalidad comprende el carácter predeterminado del tributo, en armonía con la certeza que está llamado a irradiar, lineamiento según el cual corresponde a los órganos de representación popular fijar directamente, a través de la ley, las ordenanzas y los acuerdos, los elementos constitutivos del tributo, a saber: los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. Así pues, con la predeterminación del tributo no sólo se busca hacer efectivo el principio de representación popular en materia impositiva, sino garantizar la seguridad jurídica propia del sistema tributario, por cuanto los contribuyentes tienen derecho a conocer de antemano todos los elementos de la obligación tributaria a que estarán sujetos.

Ahora bien, en relación con los tributos de carácter territorial el Congreso de la República debe respetar la autonomía de que gozan dichas entidades, absteniéndose de incidir excesivamente en su capacidad para administrar sus propios recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Pues si bien aquél, en ejercicio de su soberanía impositiva puede autorizar a los cuerpos colegiados territoriales para establecer o modificar tributos, así como delinear los parámetros mínimos que aseguren cierta eficacia al tributo de acuerdo con los propósitos fiscales perseguidos, no puede definir en la ley habilitante todos y cada uno de los elementos del tributo, asunto éste del resorte de las asambleas y concejos, que conocen de primera mano las necesidades e intereses de sus territorios y pueden, con más sólidos fundamentos de juicio, determinar el alcance y la convivencia del contenido de cada uno de dichos elementos. Sintetizando: si bien es cierto que en relación con los tributos nacionales el legislador debe fijar todos los elementos, esto es, sujeto activo, sujeto pasivo, hechos y bases gravables y tarifas; también lo es que frente a los tributos territoriales el Congreso no puede fijar todos sus elementos porque estaría invadiendo la autonomía de las entidades territoriales. De este modo, la fijación de los parámetros básicos implica reconocer que ese elemento mínimo es la autorización que el legislador da a las entidades territoriales para la creación del tributo. Sobre esta tensión que se produce entre los principios de legalidad tributaria y autonomía territorial, en reciente pronunciamiento la Corte señaló:

“... ( ) El principio de la certeza del tributo —o de la precisión legal de los elementos de la obligación tributaria— surge como un extremo definitorio del principio de autonomía territorial tal que a la luz del artículo 287-3 superior reivindica en cabeza de las entidades territoriales su derecho a “(...) establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Por donde, entre estos dos principios fluye una tensión que según sea el sentido e intensidad con que se resuelva, favorecerá o frustrará fiscalmente el cometido autonómico de las entidades territoriales: a mayor gobernabilidad territorial sobre la fijación directa de los componentes de la obligación tributaria, mayor será su autonomía impositiva; y viceversa. Sin desconocer, claro es, la importancia capital del postulado de unidad económica que debe presidir las decisiones fiscales en lo nacional y territorial, con la subsiguiente salvaguarda contra la atomización del tributo. En todo caso, cuando quiera que la ley faculte a las asambleas o concejos para crear un tributo, estas corporaciones están en libertad de decretar o no decretar el mismo, pudiendo igualmente derogar en sus respectivas jurisdicciones el tributo decretado. Hipótesis en la cual la ley de facultades mantendrá su vigencia formal a voluntad del Congreso, al paso que su eficacia práctica dependerá con exclusividad de las asambleas y concejos. De lo cual se concluye que mientras en los tributos de linaje nacional el Congreso goza de poderes plenos, en lo tocante a los tributos territoriales su competencia es compartida con las asambleas y concejos, a menos que se quiera soslayar el principio de autonomía territorial que informa la Constitución” (5) .

(5) Sentencia C-1097 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

De conformidad con el artículo 338 de la Constitución y tomando en consideración el anterior criterio jurisprudencial, es fácil concluir que las leyes demandadas, cuyo objeto es la autorización a una asamblea o concejo municipal o distrital para la creación de un tributo, no deben contener todos los elementos del mismo. Si bien resulta imprescindible que este último contenga todos los elementos esenciales esgrimidos en el citado canon constitucional, en manera alguna dicha norma “señala que la fijación de sus elementos sólo puede ser efectuado por el legislador, ya que habla específicamente de las ordenanzas y los acuerdos. Por consiguiente, es conforme con la Constitución que las asambleas y los concejos fijen, dentro de los marcos establecidos por la ley, los elementos constitutivos del mismo” (6) . Tratándose de recursos propios de las entidades territoriales, no hay razón para que el legislador delimite cada uno de los elementos del tributo, pues de esa forma cercenaría la autonomía fiscal de que aquéllas gozan por expreso mandato constitucional. En consecuencia, el cargo según el cual las leyes demandadas son inconstitucionales por no contener todos los elementos constitutivos del tributo, no está llamado a prosperar.

(6) Sentencia C-987 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Resta determinar, entonces, si el legislador incurre en una indebida injerencia en la autonomía territorial al establecer la destinación del recurso recaudado a través de la estampilla, restringiendo así la discrecionalidad de las asambleas departamentales o concejos municipales o distritales para decidir autónomamente dicha destinación pues, como lo ha sostenido la Corte, “cuando se trata de recursos territoriales provenientes de fuente endógena (recursos propios), la posibilidad de intervención por parte del legislador aparece muy restringida, pues de otra forma la autonomía financiera de las entidades territoriales correría el riesgo de perder su esencia” (7) .

(7) Sentencia C-089 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Al respecto, el artículo 338 de la Constitución no concede a las respectivas asambleas o concejos, de manera exclusiva, la facultad de determinar la destinación del recaudo, pudiendo hacerlo el Congreso en la ley habilitante, sin que por ello se restrinja el alcance del principio de autonomía territorial plasmado en la Constitución, ya que existe una conjunción entre este último y los principios de unidad económica nacional y soberanía impositiva en cabeza del Congreso, que permite hallar razonable una interpretación en ese sentido, siempre y cuando se entienda que la intervención del legislador sobre los recursos propios o fuentes endógenas de financiación es justificada en cada caso.

Sobre el particular, resulta pertinente reiterar que “si la ley crea un impuesto nacional, entonces la misma ley debe definir todos los elementos de la obligación tributaria. Pero en cambio, si se trata de un tributo territorial, y es especial si la ley se limita a autorizar el tributo, entonces pueden las correspondientes corporaciones de representación popular, en el ámbito territorial, proceder a desarrollar el tributo autorizado por la ley. Esto significa que en tales eventos, “la ley puede ser más general, siempre y cuando indique, de manera global, el marco dentro del cual las asambleas y los concejos deben proceder a especificar los elementos concretos de la contribución” (Sent. C-084 de 1995). Así, desde sus primeros fallos, esta corporación ya había señalado que “la ley de autorizaciones puede ser general o puede delimitar específicamente el tributo, pero al menos debe contener los límites dentro de los cuales la ordenanza o el acuerdo fijen los contenidos concretos de que habla el artículo antes citado” (Sent. C-004 de 1993) (8) .

(8) Sentencia C-987 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Se concluye entonces que dentro del marco de generalidad de la ley de autorizaciones a que se ha hecho referencia, bien puede incluir el legislador, en ejercicio de su soberanía impositiva, la destinación del recaudo a que aluden las leyes demandadas, siempre que no implique una intervención injustificada en la autonomía de los entes territoriales. La Corte (9) ha establecido una serie de criterios para determinar la constitucionalidad de dicha intervención impositiva en materia de recursos endógenos, así:

(9) Sentencias C-495 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-219 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-413 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“Cuando (i) lo señala expresamente la Constitución; (ii) es necesario proteger el patrimonio de la Nación, es decir, para conjurar amenazas sobre los recursos del presupuesto nacional; (iii) resulta conveniente para mantener la estabilidad económica interna y externa; (iv) las condiciones sociales y la naturaleza de la medida así lo exigen por trascender el ámbito simplemente local o regional. Si bien es cierto que la Constitución prohíbe la creación de rentas nacionales con destinación específica, también lo es que no prohíbe la asignación específica de rentas de otro orden, toda vez que no son computadas dentro de los ingresos corrientes de la Nación (10) .

(10) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

“De cualquier manera, toda restricción a la autonomía territorial, en cuanto implica la destinación específica de sus recursos propios, tendrá que ser necesaria, útil y proporcionada al fin constitucional que el legislador busca alcanzar, o de lo contrario deberá ser declarada inexequible (11)(12) .

(11) Sentencia C-219 de 1997.

(12) Sentencia C-089 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Las leyes que autorizan la creación de tributos territoriales no vulneran per se el principio de equidad tributaria

Manifiestan los demandantes que las leyes demandadas vulneran el principio de equidad tributaria respecto de “los contribuyentes de la entidad territorial correspondiente, situándolos en una situación diferente a la de sujetos que convienen en el entorno de otra entidad territorial, colocando a aquellos en una clara desventaja tributaria poco proporcional y justificada”.

El principio de igualdad, consagrado genéricamente en el artículo 13 de la Constitución, irradia todas las actuaciones de las autoridades públicas y encuentra manifestaciones concretas como en el caso de la imposición de tributos. Así, el artículo 363 de la Carta estatuye que el sistema tributario se funda en el principio de equidad, entre otros, sobre el cual la Corte ha delimitado su alcance así:

“Al lado del principio de legalidad del tributo, de profunda raigambre democrática, el principio de igualdad constituye claro límite formal y material del poder tributario estatal y, por consiguiente, las reglas que en él se inspiran se orientan decididamente a poner coto a la arbitrariedad y a la desmesura. No se trata de establecer una igualdad aritmética. La tributación tiene que reparar en las diferencias de renta y riqueza existentes en la sociedad, de modo que el deber fiscal, expresión de la solidaridad social, tome en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos y grupos y, conforme a ella, determine la carga fiscal, la que ha de asignar con criterios de progresividad, a fin de alcanzar grados cada vez mayores de redistribución del ingreso nacional.

“La igualdad impone la necesidad de acatar como regla tributaria básica la generalidad del tributo. Si al margen de los contribuyentes se coloca a aquellas personas que carecen de capacidad contributiva, todos los demás ciudadanos, según su poder económico y en los términos de la ley, quedan sujetos al mismo deber de concurrir al levantamiento de las cargas públicas. El privilegio en la ley y en la aplicación de la ley, resulta definitivamente proscrito, pues el poder tributario se fundamenta en la justicia y en la equidad” (13) .

(13) Sentencia C-183 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Ahora bien, en virtud del principio de razonabilidad una determinada disposición es discriminatoria cuando no se puede justificar razonablemente el trato diferencial que ella establece respecto de dos situaciones similares o, en otras palabras, cuando ante situaciones iguales se da un tratamiento jurídico diferente sin justificación alguna. Lo anterior significa, en sentido inverso, que no se está frente a un trato diferencial injustificado cuando las hipótesis sobre las que recae la supuesta discriminación son totalmente disímiles.

En el presente caso, la Corte debe analizar si una ley por medio de la cual el Congreso autoriza a las entidades territoriales, a través de sus órganos de representación popular, a emitir estampillas pro fomento de una institución del nivel departamental o municipal, establece un trato diferencial injustificado respecto de los contribuyentes sujetos a dicha obligación tributaria.

Efectivamente, las leyes demandadas crean un trato diferencial entre los contribuyentes del respectivo ente territorial en su condición de sujetos pasivos de la obligación tributaria allí establecida, frente a los contribuyentes del nivel nacional o de las demás entidades territoriales, pues sólo aquellos deberán asumir la carga fiscal derivada del cobro de la estampilla. Sin embargo, la Corte no encuentra tal diferenciación arbitraria o irrazonable, toda vez que los parámetros para identificar una posible discriminación tributaria están circunscritos a la órbita interna del ente territorial del que se trate. En ese sentido, no puede compararse el tratamiento tributario que decida adoptar una determinada asamblea departamental o consejo distrital o municipal, frente a la política fiscal de la Nación o de otro ente territorial por cuanto, en materia de tributación territorial, el principio de equidad se restringe al tratamiento fiscal que se pueda dar al interior de la respectiva entidad departamental, distrital o municipal. Al respecto, dijo la Corte lo siguiente:

“Es de notar que las competencias impositivas que la Carta y la Ley 397 de 1997 otorgan a las asambleas y concejos municipales podrían sugerir desigualdades aparentes entre una y otras jurisdicciones en el terreno de su ejecución. Es decir, algunos manifestarán que en el plano municipal, a tiempo que unos concejos podrían establecer una estampilla con tarifa moderada o baja, otros por su parte ejercerían sus facultades estipulando una estampilla con tarifa más alta frente a iguales hechos gravables, generándose así tarifas diferenciales contrarias al principio de equidad tributaria. Iguales glosas cabría esperar de la red departamental. Sin embargo, en presencia de dichas sindicaciones se impone observar que, tratándose de tributos territoriales la igualdad debe entenderse dentro de cada jurisdicción y no con referencia al plano nacional. Claro es que en atención al principio de autonomía territorial cada asamblea departamental y cada concejo municipal puede ejercer sus facultades impositivas sin sujeción a los criterios adoptados por sus homólogos dentro de sus respectivas jurisdicciones; lo que por contera implica reconocer que frente a tributos territoriales el juicio de igualdad sólo puede hacerse en el seno de cada jurisdicción, en relación con los hechos y sujetos pasivos territorialmente alinderados y con cabal respeto a la pluralidad y diferencia que las jurisdicciones ajenas puedan ostentar en el despacho de sus asuntos internos. Sin olvidar que siendo Colombia un Estado social de derecho las asambleas y concejos deben ejercer sus competencias —en este caso las tributarias— con estricto apego a los mandamientos constitucionales y legales. Lo que a su vez refrenda la existencia de tributos de exclusivo cuño departamental y de tributos propios del solar municipal” (14) (negrilla fuera del texto).

(14) Sentencia C-1097 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería.

En consecuencia, las leyes demandadas no consagran discriminación alguna frente a los sujetos pasivos de la obligación tributaria allí establecida, por cuanto las hipótesis sobre las cuales recae la supuesta discriminación son totalmente disímiles. No podría ser otra la conclusión si se tiene en cuenta que cada entidad territorial posee recursos, necesidades, e intereses totalmente heterogéneos, sumado a la discrecionalidad de cada cuerpo colegiado de ejecutar o no la autorización impartida por el Congreso para la emisión de la estampilla. En efecto, las leyes demandadas en ningún caso establecen una obligación sino una mera habilitación para establecer una tasa de conformidad con los parámetros señalados en cada ley y los que determine la asamblea o concejo respectivo, como se consignó en la susodicha Sentencia C-1097 de 2001.

A continuación la Sala procede a realizar un resumen de las normas acusadas, en orden a puntualizar la correspondencia que las mismas ostenten frente a la Constitución Política.

— Ley 662 de 2001.

A través de esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental del Atlántico para ordenar la emisión de la estampilla “Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico”, cuyo monto máximo es de $ 2.500.000.000 anuales, que será manejado por el ente recaudador en una cuenta especial de dicho instituto. Así mismo se autorizó a la asamblea del Atlántico para determinar las características, tarifas y demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones circunscritas al departamento y al distrito industrial y portuario de Barranquilla.

En forma alternativa la asamblea del Atlántico quedó facultada para autorizar la sustitución de la estampilla física por otro sistema de recaudo que cumpla el cometido de la presente ley.

La Ley 662 previó como tarifa máxima el 2% del hecho gravable, el cual podrá comprender contratos y otros renglones económicos que permite la ley.

El recaudo tendrá como destino exclusivo la ejecución del plan de inversión del Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, previa aprobación del consejo directivo, cuyo control estará a cargo de la contraloría departamental del Atlántico. Igualmente, en desarrollo de las relaciones interinstitucionales la asamblea del Atlántico pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda y de Educación Nacional las respectivas ordenanzas.

Como bien se aprecia, en ejercicio de sus poderes constitucionales el Congreso de la República autorizó la emisión de una estampilla para el Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, fijando al respecto el sujeto activo (departamento del Atlántico y distrito industrial y portuario de Barranquilla), facultando a la asamblea para definir el hecho generador (actividades y operaciones circunscritas al departamento y al distrito) y especificando el tope máximo de la tarifa (2%), siendo del resorte de la asamblea del Atlántico la determinación del sujeto pasivo, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado. Igualmente reguló el destino que se le debe dar al recaudo. Disposiciones tales que le permiten a esta corporación concluir que la ley bajo estudio resulta ajustada a los cánones constitucionales, salvo en lo atinente al parágrafo de su artículo 4º, que expresa:

“La asamblea del departamento del Atlántico, podrá autorizar la sustitución de la estampilla física por otro sistema de recaudo que en todo caso cumpla con el objetivo de la presente ley”.

Regla esta que atenta primeramente contra lo dispuesto en el artículo 300-4 de la Constitución Política, toda vez que la competencia tributaria de las asambleas departamentales debe sujetarse a la ley que en forma precisa establezca un tributo o autorice su creación. Es decir, la ley no puede incurrir en dictados afectados de indeterminación o en el otorgamiento de facultades alternativas, que lejos de ajustarse al principio de la certeza del tributo que entraña el artículo 338 superior, constituyan una clara indeterminación rayana en una sutil delegación impositiva a favor de las asambleas, proscrita incluso en cabeza del Presidente de la República (C.P., art. 150-10). De lo cual se sigue que el parágrafo cuestionado estaría habilitando tácitamente a la asamblea departamental del Atlántico para ponerse en el lugar del Congreso estableciendo otro sistema de recaudo —diferente a la estampilla—, y por tanto, para hacer a través de ordenanza lo que le corresponde al Congreso hacer mediante ley (C.P., art. 121). Por donde, el ejercicio de la alternativa prevista en el parágrafo sólo tendría un efecto: el de desvirtuar el sentido y alcance de la Ley 662 de 2001. O lo que es igual: el de desarrollar el germen de su propia negación teleológica.

Por consiguiente, el parágrafo del artículo 4º de la Ley 662 de 2001 será declarado inexequible.

— Ley 663 de 2001

A través de esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental del Atlántico para ordenar la emisión de la estampilla “Pro hospitales de primer y segundo nivel de atención en el departamento del Atlántico”. Seguidamente señaló el destino que se le debe dar al recaudo obtenido, al propio tiempo que autorizó a la asamblea para determinar las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades, obras y operaciones circunscritas al departamento y los municipios del mismo.

En lo atinente a la tarifa la ley previó un tope máximo del 2% sobre la base gravable, a tiempo que autorizó a la asamblea para sustituir la estampilla por otro sistema, medio o método de recaudo que permita cumplir con el objeto de la ley.

También facultó a los concejos municipales del departamento del Atlántico para que, previa autorización de la asamblea departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla, medio o método sustitutivo si fuere el caso. El deber de adherir y anular la estampilla física y de aplicar el sistema, medio o método sustitutivo, si fuere el caso, queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen. En el mismo sentido, los recaudos y sus correspondientes traslados estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y de las tesorerías municipales. El control del recaudo y su inversión quedan a cargo de la contraloría del departamento del Atlántico y de las contralorías municipales.

Pues bien, la Ley 663 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para los hospitales de primer y segundo nivel de atención en el departamento del Atlántico, fijando al respecto el sujeto activo (departamento del Atlántico y sus municipios), facultando a la asamblea para establecer el hecho generador (actividades, obras y operaciones circunscritas al departamento y sus municipios) y estipulando el tope máximo de la tarifa (2%), siendo del resorte de la asamblea del Atlántico la determinación del sujeto pasivo, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado. Igualmente dispuso sobre el destino que se le debe dar al recaudo.

Facultó a los concejos municipales —previa autorización de la asamblea por tratarse de un tributo departamental— para hacer obligatorio el uso de la estampilla, medio o método sustitutivo si fuere el caso; quedando a cargo de los respectivos funcionarios departamentales y municipales los deberes de adhesión y anulación de la estampilla o de aplicación del medio sustitutivo; con la subsiguiente competencia de la Secretaría de Hacienda Departamental y de las tesorerías municipales en lo atinente al recaudo y traslado de fondos. Es decir, se trata de una preceptiva legal que se acompasa con los mandatos constitucionales correlativos, salvo en lo concerniente al parágrafo de su artículo 3º, que expresa:

“La asamblea departamental del Atlántico podrá autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema, medio o método de recaudo del gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley”.

Regla esta que atenta primeramente contra lo dispuesto en el artículo 300-4 de la Constitución Política, toda vez que la competencia tributaria de las asambleas departamentales debe sujetarse a la ley que en forma precisa establezca un tributo o autorice su creación. Es decir, la ley no puede incurrir en dictados afectados de indeterminación o en el otorgamiento de facultades alternativas, que lejos de ajustarse al principio de la certeza del tributo que entraña el artículo 338 superior, constituyan una clara indeterminación rayana en una sutil delegación impositiva a favor de las asambleas, proscrita incluso en cabeza del Presidente de la República (C.P., art. 150-10). De lo cual se sigue que el parágrafo cuestionado estaría habilitando tácitamente a la asamblea departamental del Atlántico para ponerse en el lugar del Congreso estableciendo otro sistema de recaudo —diferente a la estampilla—, y por tanto, para hacer a través de ordenanzas lo que le corresponde al Congreso hacer mediante ley (C.P., art. 121). Por donde, el ejercicio de la alternativa prevista en el parágrafo sólo tendría un efecto: el de desvirtuar el sentido y alcance de la Ley 663 de 2001. O lo que es igual: el de desarrollar el germen de su propia negación teleológica.

Por consiguiente, el parágrafo del artículo 3º de la Ley 663 de 2001 será declarado inexequible. Igual suerte seguirán —por unidad normativa— los siguientes segmentos de la misma ley:

“ART. 4º—(...) medio o método sustitutivo si fuere el caso, (...)”.

“ART. 6º—(...) y de aplicar el sistema, medio o método sustitutivo si fuere el caso, (...)”.

— Ley 645 de 2001

Por virtud de esta ley se autorizó a las asambleas departamentales en cuyo territorio funcionen hospitales universitarios para que ordenen la emisión de la estampilla Pro hospitales universitarios públicos. Así mismo señaló el destino que se le debe dar al recaudo obtenido, a la vez que autorizó a las asambleas para determinar las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones circunscritas a los departamentos y municipios de los mismos.

En lo concerniente a la tarifa la ley previó un tope máximo del 2% sobre la base gravable. Indicó que las ordenanzas correspondientes se comunicarán al Ministerio de Hacienda. Los deberes de adherir y anular las estampillas quedaron a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos, a tiempo que los recaudos por la venta de estampillas serán del resorte de las secretarías de hacienda departamentales y de las tesorerías municipales, radicando el control en cabeza de las respectivas contralorías departamentales. El monto autorizado para la emisión las estampillas asciende a $ 6.000.000.000 anuales por departamentos y hasta por un 10% del valor del presupuesto del respectivo departamento en concordancia con el artículo 172 del Decreto 1222 de 1986.

Ahora bien, como quiera que esta ley fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227 de 2002, en la parte resolutiva se estará a lo resuelto en esa providencia.

— Ley 648 de 2001

A través de esta ley se autorizó al Consejo Distrital de Santafé de Bogotá, D. C., para que ordene la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También se estipuló en su artículo 2º la distribución que se le debe dar al recaudo obtenido, precepto que ya fue declarado exequible por esta corporación mediante Sentencia C-089 de 2001. Por tanto, en este punto se estará a lo ya resuelto.

Igualmente se autorizó al concejo distrital para determinar las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en actividades y operaciones circunscritas al Distrito Capital, especificando que el concejo podrá incluir lo relativo a la producción, comercialización y consumo de licores y aperitivos, así como los juegos de azar, debiendo comunicarle al Ministerio de Hacienda los acuerdos respectivos. En lo atinente a la tarifa la ley previó un tope máximo del 2% sobre la base gravable. Los deberes de adherir y anular las estampillas quedaron a cargo de los funcionarios del Distrito Capital que intervengan en los actos. El monto autorizado para la emisión de las estampillas asciende a $ 200.000.000.000, pudiendo el concejo distrital autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir con el objeto de la ley. En relación con el control sobre el recaudo, sobre su traslado y distribución la ley destacó en su artículo 8º la competencia que le asiste a la contraloría de Santafé de Bogotá. Artículo este que fue declarado exequible en Sentencia C-089 de 2001, pero por motivos distintos a los alegados en la presente demanda.

La Ley 648 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fijando al respecto el sujeto activo (Santafé de Bogotá, D. C.), facultando al concejo distrital para establecer el hecho generador (actividades y operaciones circunscritas al Distrito Capital) y estipulando el tope máximo de la tarifa (2%), siendo del resorte del concejo distrital la determinación del sujeto pasivo, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado. Igualmente dispuso sobre la distribución que se le debe dar al recaudo y sobre el control fiscal.

Sin perjuicio de la cosa juzgada constitucional a que se ha hecho referencia en relación con el artículo 2º de la Ley 648 de 2001, la Corte encuentra esta ley ajustada a los mandatos constitucionales, salvo en lo relativo al parágrafo de su artículo 4º, que expresa:

“El concejo distrital de Santafé de Bogotá podrá autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley”.

Regla esta que atenta primeramente contra lo dispuesto en el artículo 313-4 de la Constitución Política, toda vez que la competencia tributaria de los concejos distritales y municipales debe sujetarse a la ley que en forma precisa establezca un tributo o autorice su creación. Es decir, la ley no puede incurrir en dictados afectados de indeterminación o en el otorgamiento de facultades alternativas, que lejos de ajustarse al principio de la certeza del tributo que entraña el artículo 338 superior, constituyan una clara indeterminación rayana en una sutil delegación impositiva a favor de los concejos, proscrita incluso en cabeza del Presidente de la República (C.P., art. 150-10). De lo cual se sigue que el parágrafo cuestionado estaría habilitando tácitamente al concejo de Bogotá para ponerse en el lugar del Congreso estableciendo otro sistema de recaudo —diferente a la estampilla—, y por tanto, para hacer a través de acuerdo lo que le corresponde al Congreso hacer mediante ley (C.P., art. 121) Por donde, el ejercicio de la alternativa prevista en el parágrafo sólo tendría un efecto: el de desvirtuar el sentido y alcance de la Ley 648 de 2001. O lo que es igual: el de desarrollar el germen de su propia negación teleológica.

Por consiguiente, el parágrafo del artículo 4º de la Ley 648 de 2001 será retirado del ordenamiento jurídico por inexequible.

— Ley 654 de 2001

Mediante esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental del Magdalena para ordenar la emisión de la estampilla “Refundación de la Universidad del Magdalena”, por un monto total de $ 100.000.000.000. Se facultó a la asamblea para determinar las características, tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones circunscritas al departamento, sus municipios y el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta, debiendo comunicar sus ordenanzas y demás actos al Ministerio de Hacienda, dirección de apoyo fiscal. En lo atinente a la tarifa la ley previó un tope máximo del 2% sobre la base gravable.

También facultó al concejo distrital de Santa Marta y a los concejos municipales del departamento del Magdalena para que, previa autorización de la asamblea departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla. El deber de adherir y anular la estampilla quedó a cargo de los funcionarios departamentales, distritales y municipales que intervengan en los actos sujetos al gravamen. El recaudo se destinará a los gastos e inversiones que el consejo superior de la Universidad del Magdalena determine, quien deberá administrar los valores recaudados. El control de recaudo y su inversión quedan a cargo de la contraloría departamental, distrital y de los respectivos municipios, de acuerdo con sus jurisdicciones.

Según se observa, la Ley 654 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para la Universidad del Magdalena, fijando al respecto el sujeto activo (departamento del Magdalena, distrito de Santa Marta y municipios del departamento), facultando a la asamblea para establecer el hecho generador (actividades y operaciones circunscritas al departamento, al distrito de Santa Marta y a los municipios del departamento) y estipulando el tope máximo de la tarifa (2%), siendo competencia de la asamblea del Magdalena la determinación del sujeto pasivo, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado. Igualmente dispuso sobre el destino que se le debe dar al recaudo.

Facultó a los concejos del departamento —previa autorización de la asamblea por tratarse de un tributo departamental— para hacer obligatorio el uso de la estampilla; quedando a cargo de los respectivos funcionarios departamentales, distritales y municipales los deberes de adhesión y anulación de la estampilla; finalmente destacó en cabeza del consejo superior de la Universidad del Magdalena la competencia para determinar los gastos e inversiones a que pueda dar lugar el recaudo. Con el control que le atañe a la contraloría departamental, a la distrital y a las municipales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Se trata entonces de una ley que se ensambla claramente con los mandatos constitucionales pertinentes.

— Ley 655 de 2001

Mediante esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental de Antioquia para ordenar la emisión de la estampilla “Pro hospitales públicos del departamento de Antioquia”, por una cuantía total de $ 200.000.000.000. Se facultó a la asamblea para determinar las características, hechos económicos, sujetos pasivos y activos, las bases gravables y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones circunscritas a los municipios del departamento, debiendo comunicar sus providencias al Ministerio de Hacienda, dirección de apoyo fiscal. En lo atinente a la tarifa la ley previó un tope máximo del 3% sobre la base gravable.

Igualmente facultó a los concejos municipales del departamento de Antioquia para que, previa autorización de la asamblea departamental, hagan obligatorio el uso de la estampilla. El deber de adherir y anular la estampilla quedó a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen. Señaló la destinación del recaudo especificando las asignaciones con sus porcentajes, indicando que el recaudo estará a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y de las tesorerías municipales. La ley también dispuso sobre las apropiaciones presupuestales que debe hacer el departamento con referencia a los recaudos por concepto de la estampilla. El control del recaudo, de su traslado e inversión quedan a cargo de la contraloría departamental y de las contralorías municipales, con arreglo a sus jurisdicciones.

En resumen, la Ley 655 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para los hospitales públicos del departamento de Antioquia, facultando a la asamblea para fijar los sujetos activos (aunque de la ley se desprende que lo son el departamento de Antioquia y sus municipios) y para establecer el hecho generador (operaciones circunscritas al departamento y sus municipios), a tiempo que estipuló el tope máximo de la tarifa (3%); siendo competencia de la asamblea la determinación de los sujetos pasivos, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado. Igualmente dispuso sobre el destino —y porcentajes de asignación— que se le debe dar al recaudo.

Facultó a los concejos municipales del departamento —previa autorización de la asamblea por tratarse de un tributo departamental— para hacer obligatorio el uso de la estampilla; quedando a cargo de los respectivos funcionarios departamentales y municipales los deberes de adhesión y anulación de la estampilla; indicó que los recaudos estarán a cargo de la secretaría de hacienda departamental y de las tesorerías municipales, siendo el control de cargo de la contraloría departamental y de las respectivas contralorías municipales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Es decir, se trata de una preceptiva legal que se ajusta a los cánones constitucionales.

— Ley 656 de 2001

Mediante esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental de Sucre para ordenar la emisión de la estampilla “Universidad de Sucre, tercer milenio”, por un monto total de $ 50.000.000.000. Se facultó a la asamblea para determinar las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones circunscritas al departamento de Sucre —dentro de lo cual se incluyen los contratos—, debiendo comunicar sus ordenanzas al Ministerio de Hacienda. En lo atinente a la tarifa la ley previó un tope máximo del 2% sobre la base gravable. Igualmente la asamblea podrá autorizar la sustitución de la estampilla por otro sistema de recaudo, siempre que se cumpla con el objeto de la ley. La fiscalización de los recursos corren a cargo de la contraloría departamental.

Tal como se constata, la Ley 656 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para la Universidad de Sucre, fijando al respecto el sujeto activo (departamento de Sucre), facultando a la asamblea para establecer el hecho generador (actividades y operaciones circunscritas al departamento, incluidos los contratos) y estipulando el tope máximo de la tarifa (2%), siendo competencia de la asamblea de Sucre la determinación del sujeto pasivo, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado.

Del anterior análisis se concluye que la ley acusada se amolda a los preceptos constitucionales, salvo en lo atinente al parágrafo de su artículo 3º, que expresa:

“La asamblea de Sucre podrá autorizar la sustitución de la estampilla física por otro sistema de recaudo del gravamen que permita cumplir con seguridad y eficacia el objeto de esta ley”.

Regla esta que atenta primeramente contra lo dispuesto en el artículo 300-4 de la Constitución Política, toda vez que la competencia tributaria de las asambleas departamentales debe sujetarse a la ley que en forma precisa establezca un tributo o autorice su creación. Es decir, la ley no puede incurrir en dictados efectuados de indeterminación o en el otorgamiento de facultades alternativas, que lejos de ajustarse al principio de la certeza del tributo que entraña el artículo 338 superior, constituyan una clara indeterminación rayana en una sutil delegación impositiva a favor de las asambleas, proscrita incluso en cabeza del Presidente de la República (C.P., art. 150-10). De lo cual se sigue que el parágrafo cuestionado estaría habilitando tácitamente a la asamblea de Sucre para ponerse en el lugar del congreso estableciendo otro sistema de recaudo —diferente a la estampilla—, y por tanto, para hacer a través de ordenanza lo que le corresponde al congreso hacer mediante ley (C.P., art. 121). Por donde, el ejercicio de la alternativa prevista en el parágrafo sólo tendría un efecto: el de desvirtuar el sentido y alcance de la Ley 656 de 2001. O lo que es igual: el de desarrollar el germen de su propia negación teleológica.

Por consiguiente, el parágrafo del artículo 3º de la Ley 656 de 2001 será retirado del ordenamiento jurídico por inconstitucional.

— Ley 664 de 2001

Por medio de esta ley se modificaron parcialmente las leyes 66 de 1982 y 77 de 1985, en los siguientes términos:

El artículo 1º de la Ley 66 de 1982, modificado por el artículo 10 de la Ley 77 de 1985, al tenor de la modificación introducida por el artículo 1º de la Ley 664 de 2001 quedó así: autorizó a la asamblea del departamento del Tolima para ordenar la emisión de la estampilla “Pro Universidad del Tolima”, bajo un monto máximo de $ 100.000.000.000. Seguidamente se derogaron expresamente los artículos 2º y 6º de la Ley 66 de 1982.

El artículo 3º de la Ley 66 de 1982, en términos del artículo 3º de la Ley 664 de 2001 quedó así: autorizó a la asamblea del Tolima para establecer las tarifas, hechos económicos, sujetos pasivos, bases gravables y demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones circunscritas al departamento del Tolima, debiendo comunicarse la respectiva ordenanza al Ministerio de Hacienda - dirección general de apoyo fiscal.

El artículo 4º de la Ley 66 de 1982, al tenor del artículo 4º Ley 664 de 2001 quedó así: estipuló que la asamblea departamental del Tolima podrá facultar a los concejos de los municipios de este departamento para que hagan obligatorio el uso de la estampilla.

El deber de adherir y anular la estampilla quedó a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos o hechos sujetos al gravamen. Se especificó como destinación del recaudo la construcción y dotación de la planta física de la actual sede de la Universidad del Tolima, señalando como tarifa máxima el 3% de la base gravable.

Al actualizar el artículo 7º de la Ley 66 de 1982 dispuso la Ley 664 de 2001 a través de su artículo 7º que los recaudos estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda departamental y de las tesorerías municipales.

El artículo 8º de la Ley 66 de 1982, en términos del artículo 8º de la Ley 664 de 2001 quedó así: señaló que el control sobre el recaudo, traslado de fondos e inversión estará a cargo de la contraloría departamental y de las contralorías municipales.

Como bien se aprecia, en ejercicio de su poder de configuración legal el congreso modificó las leyes 66 de 1982 y 77 de 1985, esto es, autorizando la emisión de una estampilla para la Universidad del Tolima, fijando al respecto el sujeto activo (departamento del Tolima), facultando a la asamblea para establecer el hecho generador (operaciones circunscritas al departamento) y el sujeto pasivo, al propio tiempo que estipulando el tope máximo de la tarifa (3%), siendo competencia de la asamblea del Tolima la determinación de la tarifa concreta en el marco del límite señalado.

La Ley 664 de 2001 facultó a los concejos municipales del departamento —previa autorización de la asamblea por tratarse de un tributo departamental— para hacer obligatorio el uso de la estampilla; quedando a cargo de los respectivos funcionarios departamentales y municipales los deberes de adhesión y anulación de la estampilla; indicó que los recaudos estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda Departamental y de las tesorerías municipales, siendo el control de cargo de la contraloría departamental y de las respectivas contralorías municipales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Es decir, se trata de una ley que se ajusta a los cánones constitucionales.

— Ley 669 de 2001

Mediante esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental del Valle del Cauca para ordenar la emisión de la estampilla “pro salud departamental cuyo producido se destinará para el pago de excedentes de facturación por atención de vinculados de las empresas sociales del Estado o instituciones que pertenezcan a dicha red y que hayan sido sostenidas con recursos públicos”, por una cuantía total de 231.000 salarios mínimos. Se facultó a la asamblea para determinar las características, tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso de la estampilla en las actividades y operaciones circunscritas al departamento y sus municipios; en lo tocante a la tarifa la ley previó un tope máximo del 2% sobre la base gravable.

El deber de adherir y anular la estampilla quedó a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos sujetos al gravamen. En lo atinente a la destinación del recaudo dispuso que el mismo deberá ser consignado en el fondo seccional de salud del departamento del Valle del Cauca, siendo responsables del recaudo la Secretaría de Hacienda Departamental y las tesorerías municipales. El control del recaudo y de su traslado quedó en cabeza de la contraloría departamental.

Por tanto, la Ley 669 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para el servicio de salud departamental del Valle del Cauca, con un monto máximo de 231.000 salarios mínimos, fijando al respecto el sujeto activo (departamento del Valle del Cauca y sus municipios), facultando a la asamblea para establecer el hecho generador (actividades y operaciones circunscritas al departamento y sus municipios) y estipulando el tope máximo de la tarifa (2%), siendo competencia de la asamblea la determinación del sujeto pasivo, las características de la estampilla y la tarifa concreta en el marco del límite señalado. Igualmente dispuso sobre el destino del recaudo y sobre el fondo donde debe ser consignado.

Los deberes de adhesión y anulación de la estampilla se radicaron en cabeza de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los actos gravados; también se dispuso que los recaudos estarán a cargo de la secretaría de hacienda departamental y de las tesorerías municipales, siendo el control de cargo de la contraloría departamental.

La ley en estudio no acusa falencias constitucionales. Sin embargo, en lo atinente a su artículo 7º in fine deberá declararse la exequibilidad condicionada de la expresión “contraloría del departamento”, en el entendido de que la misma sólo es predicable en relación con el recaudo y traslado de fondos de recursos que corresponda hacer a los respectivos funcionarios departamentales.

— Ley 699 de 2001

Mediante esta ley el Congreso de la República autorizó a la asamblea departamental de Boyacá para ordenar la emisión de la estampilla “Pro desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”, hasta por la suma de $ 120.000.000.000. Al respecto se facultó a la asamblea para determinar los sujetos activos y pasivos del gravamen, los hechos económicos, las tarifas, los sistemas de recaudo y todos los demás asuntos referentes al uso obligatorio de la estampilla de algunas actividades y operaciones circunscritas al departamento y sus municipios, debiendo comunicar la ordenanza respectiva al Ministerio de Hacienda. La ley no fijó tope máximo para la tarifa.

El deber de adherir y anular la estampilla quedó a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en los diferentes actos y hechos económicos sujetos al gravamen. El control del recaudo quedó a cargo de la contraloría departamental y de las contralorías municipales.

Es decir, la Ley 699 de 2001 autorizó la emisión de una estampilla para el desarrollo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, por una cuantía máxima de $ 120.000.000.000, para fijar los sujetos activos (aunque del tenor de la ley se entienden como tales el departamento y sus municipios) y pasivos, el hecho generador (algunas actividades y operaciones circunscritas al departamento y sus municipios), la tarifa, los sistemas de recaudo y demás aspectos pertinentes.

Los deberes de adhesión y anulación de la estampilla quedaron a cargo de los respectivos funcionarios departamentales y municipales; siendo el control del resorte de la contraloría departamental y de las respectivas contralorías municipales dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Del anterior análisis se concluye que frente a los mandatos superiores la ley en mención resulta constitucional.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 662 de 2001, “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro desarrollo científico y tecnológico del Instituto Tecnológico de Soledad, Atlántico, ITSA, y se dictan otras disposiciones”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia. Salvo el parágrafo del artículo 4º de la misma ley, el cual se declara INEXEQUIBLE.

2. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 663 de 2001, “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro hospitales de primer y segundo nivel de atención del departamento del Atlántico”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia. Salvo los siguientes dispositivos de la misma ley que se declaran inexequibles: el parágrafo del artículo 3º; la expresión “medio o método sustitutivo si fuere el caso”, contenida en el artículo 4º; y la expresión “y de aplicar el sistema, medio o método sustitutivo si fuere el caso”, contenida en el artículo 6º.

3. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 654 de 2001, “por la cual se autoriza a la asamblea departamental del Magdalena para ordenar la emisión de la estampilla refundación Universidad del Magdalena de cara al nuevo milenio, y se dictan otras disposiciones”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.

4. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 655 de 2001, “por medio de la cual se autoriza a la asamblea del departamento de Antioquia para emitir la estampilla pro hospitales públicos del departamento de Antioquia” solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.

5. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 656 de 2001, “por la cual se autoriza la estampilla de la Universidad de Sucre, tercer milenio y se dictan otras disposiciones”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia. Salvo el parágrafo del artículo 3º de la misma ley, que se declara INEXEQUIBLE.

6. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 664 de 2001, “por la cual se modifica parcialmente las Leyes 66 de 1982 y 77 de 1985”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.

7. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 669 de 2001, “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla pro salud departamental en el departamento del Valle del Cauca”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia y conforme al condicionamiento que aparece en la parte motiva de esta sentencia.

8. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 699 de 2001, “por la cual se autoriza a la asamblea departamental de Boyacá la emisión de la estampilla pro Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y se dictan otras disposiciones”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.

9. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-227 de 2002, que declaró EXEQUIBLE la Ley 645 de 2001, “por medio de la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro hospitales universitarios”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia.

10. Declarar EXEQUIBLE la integridad de la Ley 648 de 2001 “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 años”, solamente por los cargos analizados en la presente sentencia, salvo el parágrafo del artículo 4º de la misma ley, que se declara INEXEQUIBLE. En lo tocante al artículo 2º de la ley, debe ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-089 de 2001, que declaró infundada la primer objeción formulada al Proyecto de Ley 07 de 1999 Senado 97 de 1998 Cámara “por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas - 50 años”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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