Sentencia C-538 de octubre 23 de 1997 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-1641

Actor: Diego Alberto Muriel Tobón

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 54 (parcial) de la Ley 6a de 1992 (incorporado como artículo 659 inciso 2º del estatuto tributario), artículo 118 (parcial) de la Ley 222 de 1995, artículo 9º (parcial) de la Ley 43 de 1990, y artículo 80 (parcial) de la Ley 190 de 1995.

II. Los textos acusados, los cargos elevados y las intervenciones

Ley 6ª de 1992

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

“ART. 54.—Sanciones a contadores y a sociedades de contadores. El artículo. 659 del estatuto tributario quedará así:

ART. 659.—Sanción por violar las normas que rigen la profesión. Los contadores públicos, auditores o revisores fiscales que lleven o aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones ante la administración tributaria, incurrirán en los términos de la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.

En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas.

Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la junta central de contadores. El director de impuestos nacionales o su delegado, quien deberá ser contador público. Hará parte de la misma en adición a los actuales miembros”.

Ley 222 de 1995 

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 118.—Remoción del revisor fiscal. La Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de la junta provisional de acreedores o del contralor, podrá remover al revisor fiscal, cuando compruebe que no denunció oportunamente la situación de crisis del deudor, o cuando no estando la empresa en marcha, hubiere omitido exigir que así se revelara en los estados financieros, o cuando se hubiere abstenido de solicitar la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes de la sociedad o de los que tuviere en custodia o a cualquier otro título.

Ley 43 de 1990 

“Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960 reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 9º—De los papeles de trabajo. Mediante papeles de trabajo el contador público, dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva de contador público se prepararán conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

PAR.—Los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios de la rama jurisdiccional en los casos previstos en las leyes. Dichos papeles están sujetos a reserva y deberán conservarse por un tiempo no inferior a cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la elaboración.

Ley 190 de 1995 

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 80.—Los revisores fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano, ejercerán las siguientes funciones, sin perjuicio de las demás que le señalen las leyes o los estatutos.

1. Velar para que en la obtención o adjudicación de contratos por parte del Estado, las personas jurídicas objeto de su fiscalización, no efectúen pagos, desembolsos o retribuciones de ningún tipo en favor de funcionarios estatales.

2. Velar porque en los estados financieros de las personas jurídicas objeto de su financiación, se reflejen fidedignamente los ingresos y costos del respectivo contrato.

3. Colaborar con los funcionarios estatales que ejerzan funciones de interventoría, control o auditoría de los contratos celebrados, entregándoles los informes que sean pertinentes o los que le sean solicitados.

4. Las demás que señalen las disposiciones legales sobre esta materia. (Se subraya lo demandado).

Fundamentos jurídicos

Competencia.

1. En los términos del artículo 241-4, La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda.

El problema planteado

2. Según el demandante las disposiciones acusadas violan los artículos 15, 26 y 74 de la Carta Política. La estructura de los cargos que endilga a las diferentes normas de la ley es semejante. El contador público —alega— es un profesional que, independientemente de la función que cumpla, establece con la persona que contrata sus servicios, una relación de confianza amparada por el secreto profesional. Por consiguiente, este deber de lealtad no puede ser desconocido por la ley. Sin embargo, ello ocurre con los preceptos citados que convierten a los contadores en verdaderos auxiliares del Estado, como si éste careciese de medios para secundar directamente sus propósitos y como si aquéllos pudiesen mantenerse sujetos a dos fidelidades contrapuestas.

En efecto, a juicio del actor, las obligaciones que se imponen al revisor fiscal (denunciar oportunamente la situación de crisis del deudor y entregar los informes que los funcionarios públicos le soliciten en el caso de sociedades contratistas del Estado) y la posibilidad de que los papeles de trabajo del contador público puedan ser examinados por el Estado en los eventos previstos por la ley, entrañan una clara violación del secreto profesional.

Distintas normas legales obligan a los contadores públicos a guardar la reserva comercial y profesional. A este respecto, dispone el artículo 62 de la Ley 43 de 1990: “El contador público está obligado a guardar la reserva profesional en todo aquello que conozca en razón del servicio de su profesión, salvo en los casos en que dicha reserva sea levantada por disposiciones legales”. Por su parte, en relación con los papeles de trabajo, señala el artículo 64 de la misma ley: “Las evidencias del trabajo de un contador público, son documentos privados sometidos a reserva que únicamente puedan ser conocidos por terceros, previa autorización del cliente y del mismo contador público, o en los casos previstos en la ley”.

Ciertamente las disposiciones legales demandadas, establecen a cargo de los revisores fiscales la obligación de suministrar al Estado cierto tipo de informaciones que ellos conocen en razón de su función y que, eventualmente, puedan afectar los intereses inmediatos de las sociedades en las que se desempeñan. De otro lado, los papeles de trabajo, reflejan datos que se perciben en el desarrollo del quehacer concreto del contador público; luego, también su revelación puede no convenir al empresario corporativo.

Se pregunta la Corte, en consecuencia, si el secreto profesional y el consiguiente deber de sigilo del contador público y del revisor fiscal, en los supuestos contemplados por la ley, ha resultado quebrantado.

Alcance del secreto profesional predicable de los contadores públicos y revisores fiscales

3. El secreto profesional impone a los profesionales que a consecuencia de su actividad se tornan depositarios de la confianza de las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada, destinados a mantenerse ocultos a los demás, el deber de conservar el sigilo o reserva sobre los mismos. La inviolabilidad del secreto asegura la intimidad de la vida personal y familiar de quien hace participe al profesional de asuntos y circunstancias que sólo a él incumben y que sólo con grave detrimento de su dignidad y libertad interior podrían desvelarse públicamente. Adicionalmente, desde el ángulo del profesional, puede afirmarse que existe un derecho-deber a conservar el sigilo, puesto que de lo contrario, de verse compelido a revelar lo que conoce, irremisiblemente perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. También cada profesión, particularmente las ligadas a la prestación de servicios personalísimos, tienen el interés legítimo de merecer y cultivar la confianza pública y, por lo tanto, estigmatizan y sancionan a los miembros que se abandonan a la infidencia y a la divulgación de lo que siempre debe quedar confinado dentro del impenetrable espacio de lo absolutamente reservado.

La inviolabilidad del secreto profesional, presupone la previa delimitación de la intimidad del sujeto cuyos datos y hechos constituyen su objeto. De otro lado, las profesiones no están todas en el mismo radio de cercanía de la intimidad personal o familiar, ni el control del Estado sobre ellas debe ser siempre idéntico.

4. Sin excluir del todo una determinada zona de reserva, el comerciante no está en lo que se refiere a la intimidad en la misma situación en que se encuentra la persona natural. La actividad del comerciante se desenvuelve externamente. La suerte de la empresa trasciende el estrecho círculo de sus dueños. Los trabajadores, acreedores, consumidores, proveedores y el fisco, entre otros, tienen interés directo o mediante en la actividad empresarial y en sus vicisitudes. El objeto de la empresa, en ningún sentido, es el de sustraerse de la actividad social. Por el contrario, la unidad económica se inserta en un determinado mercado, que por definición es una institución social que reúne un número indeterminado de agentes y sujetos. El número y las condiciones de las transacciones que realiza, son definitivas para la vida de la empresa. La actividad comercial es una materia densamente regulada por la ley. Una de las múltiples manifestaciones de la intervención del Estado se concreta en las exigencias de información que recaen sobre las sociedades comerciales y demás sujetos económicos, tanto con miras a controlar el tráfico y sus riesgos como por razones de orden tributario.

Mientras que respecto de las personas naturales la intimidad, como correlato de su dignidad, abarca un aspecto significativo e inalienable de su vida y de su proyección existencial, tratándose de las personas jurídicas mal puede hablarse de este concepto. El ente corporativo no puede metafóricamente aspirar a tener el derecho de estar solo. En su caso, la ley establece otro tipo de garantías como las relativas a la reserva documentaria y al secreto industrial. En todo caso, la libertad de empresa como derecho constitucional impide que la ley imponga restricciones que sean irrazonables o desproporcionadas y que, por ende, afecten su núcleo esencial. Igualmente, la libertad de asociación representa un dique adicional contra la arbitrariedad de los poderes públicos, que de lo contrario podrían entre otros actos obligar a suministrar informaciones que carecerían de interés general y cuya divulgación lesionara injustamente los legítimos intereses de la empresa.

La relación “comerciante-contador público o revisor fiscal-Estado”, para los efectos del análisis de la extensión y alcance del secreto profesional, no puede ser la misma que se presenta en otros contextos, como por ejemplo, la de “feligrés-confesor-Estado”. En esta última relación, el alcance y el sentido del secreto profesional, no se desliga del concepto de intimidad personal y familiar; no así en la primera. En ésta no se desconoce la existencia del secreto profesional. Sin embargo, su alcance es distinto y radicalmente menor. De otro lado, la disposición legal debe examinarse también a la luz de la libertad de asociación y de la libertad de empresa, puesto que aquí el secreto profesional adquiere una función de instrumento de protección de estas dos libertades.

5. Los datos y hechos sobre los cuales recae la actividad del contador público, en las distintas facetas de su quehacer profesional, se refieren a la contabilidad y a sus diversas expresiones descriptivas y analíticas, precisamente, una de las principales obligaciones del comerciante consiste en llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales y conservar la correspondencia y los documentos relacionados con sus negocios.

Los contadores, gracias a su saber profesional, concurren a auxiliar al comerciante en el cumplimiento estricto de su deber legal. La materia contable, en general, está destinada a trascender al público en distintas oportunidades y de la forma que establezca la ley y la costumbre mercantil. La utilidad de la contabilidad es doble. De una parte, indica al empresario la situación real de su empresa y su desempeño. De otra parte, informa a los terceros —Estado, acreedores, proveedores etc. —, hechos objetivos relacionados con el riesgo y las finanzas de la empresa, a los cuales legítimamente deben tener acceso con miras a perfeccionar negocios y tratos sobre una base de diligencia y confianza recíproca. Sin perjuicio de lo anterior, sobre los libros y papeles del comerciante, pesa una reserva que se levanta en los términos de la Constitución y de la ley.

Con la cautela indicada, la información contable en cuanto se traduce en informes y presentaciones, destinados a divulgarse en un círculo más o menos amplio, no tiene el mismo carácter ni naturaleza de la información relativa a la vida íntima de las personas naturales, la cual bajo ninguna circunstancia puede difundirse por fuera del ámbito que discrecionalmente decide el sujeto. El Estado, a través dé la ley, no puede pretender relativizar el contenido de la intimidad, mediante exigencias de divulgación de episodios y eventos puramente privados que a esta pertenecen. En cambio, tratándose de las personas jurídicas bien puede la ley regular de manera extensa los temas atinentes a su contabilidad y, además, por razones de interés general, demandar que ciertas informaciones se revelen al público.

La actividad del contador público se superpone a la realización de una serie acciones que son necesarias para dar cumplimiento a un deber público. Si la reserva documentaria no es absoluta, mal puede el contador de una empresa pretender sustraerse a la obligación de revelación en los eventos en que la misma ley y la Constitución la imponen, vale decir, la relativizan. Según las voces del inciso final del artículo 15 de la Carta Política: “Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”. El contador público; por tanto, obra dentro del espacio en el cual el empresario debe dar cumplimiento a un deber legal y en el que el Estado inspecciona, controla, vigila y juzga.

Si con base en los títulos constitucionales de intervención o inspección estatal en el mundo de la empresa, la ley establece la necesidad de que se suministre determinado dato económico, financiero o contable, no parece desproporcionado que se adscriba a cargo de los órganos y personas encargadas de conservarlos y certificarlos obligaciones concretas de ponerlos a disposición de la respectiva autoridad. La reserva documentaria tiene un contenido residual en relación con las informaciones públicas que la ley ordena y respecto de las causales que ella establece para su descubrimiento. Si la reserva se restringe, por mandato de la ley, ya sea porque se dispone que el dato se haga público o porque haya de revelarse al Estado por una causa legítima, el ámbito del secreto profesional del contador público o del revisor, como órganos corporativos, se reducen en la misma proporción como quiera que suministran una información que previamente perdido ya la impronta del sigilo.

6. Los datos que deben suministrarse, lo mismo que los papeles que pueden examinarse por las autoridades, son aquellos que tienen una relación muy estrecha con las funciones constitucionales confiadas al Estado en materia judicial, fiscal y de inspección y vigilancia.

La información atinente a la crisis de la empresa, tiene la mayor relevancia para el Estado encargado de vigilar e inspeccionar a las sociedades mercantiles. La situación en que se coloca un ente privado al no poder materialmente cumplir con los compromisos contraídos, repercute sobre la sociedad de una manera que es ocioso ilustrar. Basta señalar el peligro que representa para los trabajadores y los acreedores, amén de las consecuencias que se derivan para la economía en general. El conocimiento que sobre las finanzas empresariales posee el revisor fiscal, le permite adentrarse en la estructura de sus pasivos y activos y en sus operaciones, de suerte que en las ocasiones y oportunidades en las que debe intervenir en la confección y presentación de los estados financieros, es apenas razonable que el legislador le imponga la obligación de advertir sobre la real capacidad de pago de la sociedad. La revisoría fiscal es un órgano de la sociedad. No puede negarse al legislador la función de regular este órgano y la de señalar sus deberes específicos, máxime cuando una abstención u omisión suyas puede producir tanto daño empresarial como daño social, o puede significar que dejen de adoptarse en tiempo oportuno las medidas que impidan este desenlace o lo hagan menos lesivo.

Las cifras y hechos contables que con su firma avala el contador público y que por ello adquieren mérito social y pueden oponerse a otros con valor de verdad, se basan en últimas en las observaciones que aquél realiza y en sus papeles de trabajo, mediante los cuales, en los términos de la ley, “deja constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional”. Sin duda alguna, los “papeles de trabajo del contador”, constituyen “documentos privados”, sujetos a reserva. Sin embargo, como todo documento cobijado, por la reserva, para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado, podrá exigirse su presentación siempre que así lo disponga la ley. En realidad, el precepto del parágrafo del artículo 9º de la Ley 43 de 1990, se limita a reiterar lo anterior.

Por lo demás, corresponde a la libre configuración normativa del legislador establecer, conforme a la naturaleza del órgano de la revisoría fiscal, el conjunto de sus funciones y deberes concretos. El demandante no ve en la empresa sino el interés propietario y, por consiguiente, reduce el papel y significación del revisor fiscal al de cancerbero suyo. La empresa, por el contrario, dada su función social, convoca permanentemente el interés legítimo del Estado y de diversos colectivos: trabajadores, acreedores, proveedores, consumidores, ciudadanos, etc. Corresponde al revisor fiscal cerciorarse de que las operaciones de la sociedad y su funcionamiento se ciñan a la ley, la cual a través de sus contenidos perfila la dimensión social de la empresa. Una de las formas a través de las cuales, la empresa, además de perseguir su rédito, contribuye a la sociedad es siendo contratista del Estado. El estricto cumplimiento del contrato estatal por parte de la sociedad, compromete los mejores esfuerzos de las partes y de sus respectivos órganos. El contrato estatal genera una relación en la que se funde lo público y lo privado en un solo haz que se sustenta en la colaboración y en la lealtad. De ahí que asignar a la revisoría fiscal del ente privado que contrata con el Estado, la función de colaborar con los funcionarios estatales dedicados a la auditoría, interventoría y control de los contratos estatales, entregando los informes que se le soliciten y que tengan relación con éstos últimos, no viola la Constitución y se ajusta a la misión tutelar de éste órgano corporativo.

7. Es evidente que si el contenido potencial de lo que materialmente puede constituir secreto profesional, se restringe de manera legítima por mandato de la ley, su alcance se reduce en esa misma medida y por la misma razón. En realidad, sin desconocer la autonomía del secreto profesional, su importancia básicamente radica en su función de protección instrumental de otros derechos, principalmente del derecho a la intimidad personal y familiar. En el caso de la empresa, el secreto profesional que pueda amparar las relaciones que ésta traba con ciertos profesionales, resulta vital para salvaguardar la libertad de empresa y la misma libertad de asociación, sobre las cuales se estructura esta institución social.

Las disposiciones legales acusadas inciden en la libertad de empresa y el libre de asociación, pero como se demostrará a continuación, las injerencias son razonables y proporcionadas y, por tanto, no afectan el núcleo esencial de aquellas.

La obligación de informar oportunamente sobre la crisis del deudor que se radica en cabeza del revisor fiscal, persigue una finalidad que se ajusta a la Constitución. La inspección y vigilancia a cargo del Estado, debe contar con herramientas que sean útiles para ejercer una función preventiva. De otro lado, no se puede tolerar que se oculte a los acreedores situaciones de riesgo, de suerte que incrementen sin conocimiento de causa su exposición. La conservación de la empresa, igualmente exige que los factores de peligro que gravitan sobre ella se conozcan a tiempo de modo que se pueda obrar cuando todavía existe un margen para la acción remediadora. El medio al cual apela la ley con miras a obtener este objetivo es idóneo, puesto que el revisor fiscal es un sujeto cualificado e imparcial que en razón de sus funciones debe conocer a fondo la situación de la empresa y los riesgo financieros que la circundan. El deber de información, en consecuencia, puede correctamente atribuirse al revisor fiscal. La exigencia legal, desde otro punto de vista, no sacrifica ningún bien o derecho constitucional de igual o superior jerarquía respecto del fin que pretende alcanzarse. Por el contrario, en ausencia de este tipo de señales que se suplen a través de los deberes de información, la sociedad y la empresa puedan periclitar y con ellas los intereses legítimos que se forman en torno a ellas. No puede válidamente afirmarse que las libertades de empresa y de asociación se vulneren en virtud de la exigencia legal impuesta al revisor fiscal. En este orden de ideas, verificada la razonabilidad y proporcionalidad de la restricción legal, carece de todo asidero que se apele al secreto profesional para frustrar el propósito legal. Obsérvese que el secreto profesional en estas circunstancias no tendría la función instrumental que le es propia de proteger la libertad de empresa y la libertad de asociación, sino que paradójicamente de aplicarse en términos absolutos podría anularlas.

El examen de los papeles de trabajo del contador público permite al Estado desempeñar de manera cabal distintas funciones de origen constitucional, tales como las de imponer y cobrar impuestos, administrar justicia, intervenir en la economía e inspeccionar y controlar a las sociedades. El escrutinio de los papeles de trabajo, puede en ciertos eventos arrojar elementos de juicio valiosos con miras a verificar la validez y exactitud de las cifras y hechos contables que, ayunos de toda posibilidad de comprobación y confrontación, otorgarían a los contadores y a los empresarios el monopolio absoluto de la verdad económica y financiera, privando al Estado de toda capacidad investigativa, la cual es indispensable para establecer los presupuestos a los que la ley anuda diversos efectos. Aparte de que la finalidad de la norma legal no riñe con la Constitución y que el medio que ella adopta es idóneo para poder realizarla, el dispositivo legal es proporcionado y razonable en cuanto se limita a ofrecer al Estado una oportunidad de examen que, en modo alguno, afecta los derechos de asociación y de libertad de empresa, los cuales no sufren detrimento de ninguna especie si la autoridad estatal se propone establecer el camino o método seguidos para mostrar las cifras contables que el contador certifica con su firma y que, por lo tanto, ha de estar dispuesto a que se validen a través de una investigación sobre sus procedimientos de trabajo. Los efectos que se siguen, en todos los órdenes, a la certificación de los estados financieros firmados por los contadores públicos, justifican este tipo de controles, sin los cuales la confianza pública no tendría un fundamento racional, sino de mera fe, lo que no conviene ni siquiera a la ciencia contable y a quienes la cultivan y practican. Se desprende de lo expuesto que no puede ser materia de secreto profesional, infranqueable para el Estado, los papeles de trabajo del contador, pues su examen por las autoridades en los eventos que contempla la ley corresponde a una posibilidad que la Constitución permite, la cual es indispensable para corroborar las certificaciones que los contadores extienden a las cifras contables que, de suprimirse, no podría llevarse a cabo. La función exclusiva concedida a los contadores, en este extremo, quedaría convertida en el extraño privilegio de decir en materia económica y financiera la verdad revelada.

La función que se asigna a los revisores fiscales de entidades privadas que contratan con el Estado, de colaborar mediante la entrega de informes con las autoridades de control y de auditoría, se ajusta plenamente a la Constitución. La auditoría y el control de la contratación estatal no solamente corresponde a una finalidad que se ciñe a la Constitución, sino que ella se integra dentro de una función constitucional propia. La exigencia que se plantea a los revisores fiscales, en términos de la colaboración mencionada, es idónea para conseguir el fin propuesto. Se trata del órgano que dentro de la sociedad debe velar por el regular cumplimiento de las operaciones sociales y, desde luego, de los contratos suscritos por ella con el Estado. En este sentido, los informes que suministre la revisoría fiscal servirán de base para adelantar una fecunda tarea de auditoría y control de un acto que debe realizarse conforme a lo pactado y en condiciones de eficiencia y transparencia. La medida legal no sacrifica ningún bien o derecho constitucional. Si el contrato estatal denota un acto de colaboración en el que converge lo público y lo privado, la exigencia de información al órgano societario sobre aspectos relativos a la ejecución del contrato, es apenas razonable y proporcionado. El ocultamiento de información a este respecto, por el contrario, afectaría desproporcionadamente el interés público legitimo de evitar que con ocasión de la contratación estatal se defraude al erario y se quebranten los principios de eficiencia y pulcritud. En este sentido, se desconoce la función instrumental del secreto profesional cuando se pretende cobijar bajo el mismo informaciones que legítimamente puede el Estado exigir de un órgano de una sociedad con la cual ha celebrado un contrato y que son útiles para ejercer las tareas de auditoria y control. Resultaría en verdad contradictorio de una parte encontrar que la medida legal es constitucional, para luego negar su puesta en práctica considerando que la información que se reclama integra el contenido material de un secreto profesional. Allí donde se establece la conformidad constitucional de una concreta exigencia de información frente al Estado, se contrae el ámbito del secreto profesional que versa sobre los mismos, datos.

8. La profesión contable tiene la misión, señalada por la ley, de dar fe pública de los hechos propios del ámbito de su actividad (L. 145/60). La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales y estatutarios (ibíd., art. 10). Los estados financieros y demás documentos y actos de naturaleza contable, en los cuales forzosamente interviene un contador público, suministran información económica a quienes no tienen acceso a los registros de un ente económico (DR. 2649/93., art. 19). Tal vez no pueda sintetizarse mejor y de manera más comprensiva la función social de la contaduría pública, que citando el artículo 35 de la Ley 43 de 1990 que a la vez expone el núcleo ético de esta profesión:

“ART. 35.—Las siguientes declaraciones de principios constituyen el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre ética de la contaduría pública.

La contaduría pública es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el Estado acerca del futuro de dichos entes económicos El contador público como depositario de la confianza pública, da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique sobre determinados hechos económicos. Esta certificación, hará parte integral de lo examinado.

El contador público, sea en la actividad pública o privada es un factor de activa y directa intervención en la vida de los organismos públicos y privados. Su obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad, entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado.

La conciencia moral, la aptitud profesional y la independencia mental constituye su esencia espiritual. El ejercicio de la contaduría pública implica una función social especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares, o de éstos entre sí”.

Los enunciados normativos a que se ha hecho mención, permiten a la Corte anotar que la profesión contable, si bien esta vinculada en los términos de la ley, por una obligación de mantener la reserva y el sigilo, tiene por fuera de ella un vasto campo de acción que le es característico y que la misma ley le ha trazado, donde impera la publicidad y la divulgación de informaciones, las cuales son tan esenciales para la vida comunitaria que deben refrendarse por los contadores. Entre los terceros y la sociedad, los contadores y los oficios que desempeñan, sirven de vehículo para clasificar, ordenar, analizar, describir y suministrar de manera confiable la información económica y financiera de las empresas.

En la esfera delimitada por la ley y dentro de la cual los contadores y revisores desarrollan las funciones típicas de su profesión, relacionadas con la divulgación pública de informaciones o su entrega al Estado, las normas directamente asignan a aquéllos funciones cuyo cumplimiento por dichos profesionales confiere certeza al flujo de datos que se deriva de las empresas. La expansión inconsulta de la reserva documentaria y del objeto del secreto profesional, le restaría todo significado y utilidad social a la profesión contable que, en lugar de participar en el proceso de comunicación económico, simplemente se inhibiría renunciando así misma.

Se ha dicho que corresponde a la ley demarcar los aspectos que pertenecen a la reserva corporativa y señalar aquellos que ésta debe compartir con la comunidad o suministrar al Estado. En estos dos últimos casos, a menudo la ley apela a la intervención del contador o del revisor con miras a que los datos adquieran un grado importante de certeza. La naturaleza pública de la profesión adquiere pleno sentido cuando la ley le otorga a los contadores y revisores, la aludida función. Plantear el secreto profesional en este instante y luego de que la ley ha acotado los linderos de la información destinada al público o al Estado, desconoce la competencia normativa del Congreso y desvirtúa la función social de la profesión contable. Igualmente, esta pretensión ignora que en estos dos supuestos —uno de los cuales tiene relación con las normas demandadas—, el secreto por sustracción de materia se torna inexistente, puesto que por definición no habría nada que guardar frente al Estado o a los terceros.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-597 de 1996, en relación con el inciso 2º del artículo 54 de la Ley 6a de 1992, que reza: “En igual sanciones incurrirán si no suministran a la administración tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean solicitadas”.

2. Declarar EXEQUIBLE la expresión “cuando compruebe que no denunció oportunamente la situación de crisis del deudor”, contenida en el artículo 118 de la Ley 222 de 1995.

3. Declarar EXEQUIBLE la oración “los papeles de trabajo podrán ser examinados por las entidades estatales y por los funcionarios de la rama jurisdiccional en los casos previstos en las leyes”, contenida en el parágrafo del artículo 9º de la Ley 43 de 1990.

4. Declarar EXEQUIBLE la expresión “entregándoles los informes que sean pertinentes o los que le sean solicitados”, incluida en el numeral 3º del artículo 80 de la Ley 190 de 1995.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Presidente de República y al presidente del Congreso, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

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