Sentencia C-539 de mayo 24 de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-539 de 2005 

Ref.: expediente D-5479

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad contra las expresiones “a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573” contenida en el artículo 2540 del Código Civil, y “salvo en el caso de los signatarios en un mismo grado” contenida en el artículo 792 del Código de Comercio.

Actor: Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas. Se resalta lo demandado.

“Código Civil

(...).

CAPÍTULO III

De la prescripción como medio de extinguir las acciones judiciales.

(...).

ART. 2540.—Relatividad de la interrupción. La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores, no aprovecha a los otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573.

(...).

“Código de Comercio

(Decreto-Ley 410 de 1971)

(...).

CAPÍTULO VI

Procedimientos

SECCIÓN I

Acciones

(...).

ART. 792.—A quiénes beneficia la interrupción de la prescripción. Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios en un mismo grado”.

III. La demanda

El demandante afirma que la expresión acusada vulnera los artículos 13, 29 y 228 de la Constitución Política.

Afirma el actor que el artículo 2540 del Código Civil: “... podría analizarse como si dijese, como en efecto lo dice, que cuando hay solidaridad y esta no se ha renunciado como lo permite el artículo 1573 ibídem, la interrupción de la prescripción extintiva que obra a favor de un coacreedor sí aprovecha a los otros y la que obra en perjuicio de un codeudor sí perjudica a los otros. En el mismo sentido, el artículo 792 del Código de Comercio podría leerse en el sentido de que cuando se trata de signatarios en un mismo grado de un título valor, como por ejemplo en el caso de los signatarios solidarios del título, las causas que interrumpen la prescripción extintiva respecto de uno de los deudores cambiarios sí la interrumpen respecto de los otros ...”.

Recuerda que las causales de interrupción de la prescripción extintiva se encuentran previstas en el ordenamiento sustantivo en el artículo 2539 del Código Civil, y en el procesal en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil al referirse a la interrupción civil.

En esos términos, indica que de acuerdo con el cotejo entre las normas citadas y las contentivas de las disposiciones acusadas: “... si uno de los deudores solidarios reconoce la obligación, esta conducta significa que la prescripción se interrumpe frente a todos sus codeudores solidarios, así ellos no reconozcan la misma obligación. En igual sentido, si se presenta una demanda y se notifica dentro del término señalado a uno de los deudores solidarios, tal conducta significa que la prescripción se interrumpe respecto de todos los codeudores del mismo grado, así este no sea notificado oportunamente dentro del mismo proceso ...”.

Señala que para el caso de la interrupción natural de la prescripción se están extendiendo los efectos de la conducta de una persona a otra diferente, ya que basta con que uno de los deudores solidarios de una obligación la reconozca para que dicha conducta absolutamente individual perjudique a los demás deudores solidarios de la misma obligación.

En ese sentido, advierte que una situación similar se presenta con la interrupción civil de la prescripción: “... Piénsese en el caso de que un acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de una obligación solidaria, pero solamente logra notificar oportunamente a uno de los deudores solidarios a efectos de interrumpir la prescripción desde la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, según el caso. Los demás deudores solidarios solamente son notificados después del vencimiento del término anual, razón por la cual la interrupción solo se presenta con la notificación cuando ya la obligación se encuentra prescrita ...”.

Afirma que tanto en el caso de la interrupción de la prescripción extintiva, como en el caso de la interrupción civil, a pesar de no mediar acto alguno de los deudores solidarios, a ellos se les extienden los efectos de una conducta que no han asumido, sino que por el contrario ha sido llevada a cabo por una persona diferente, así todos sean deudores de la misma obligación, de forma tal que: “... las disposiciones acusadas implican que los deudores solidarios perjudicados no puedan válidamente ejercer su derecho de defensa dentro del proceso en el cual resulten demandados ...”. Al respecto cita apartes de las sentencias T-001 de 1993, T-416 de 1998 y C-383 de 2000.

Finalmente, considera que: “... la aplicación de la normatividad demandada también es violatoria del derecho a la igualdad, como quiera que impide a una persona, colocada en igualdad de condiciones, ejercer su derecho por la conducta de otra. En efecto, se le hacen extensivos a terceros los actos de personas diferentes, en su perjuicio, puesto que tanto el reconocimiento de la obligación por parte de otro o la notificación a una persona diferente de la afectada, le impedirán ejercitar en igualdad de condiciones su derecho procesal de defensa por los efectos de los señalados actos ...”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las expresiones acusadas hacen parte de una ley de la República.

2. Inhibición de la Corte.

Dado que como pasa a exponerse efectuado el análisis que corresponde a esta etapa procesal (1) , ninguno de los elementos de la acusación formulada por el actor en contra de las expresiones acusadas permite el pronunciamiento de la corporación, lo que procede es que la Corte se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda.

En efecto, la Corte comenzará por recordar que esta corporación ha manifestado en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia, la obligación que asiste al actor, conforme al Decreto 2067 de 1991, de determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados (2) .

Al respecto, ha destacado esta corporación que el juicio de constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por lo que no es dable resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” (3) que no se relacionan de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan (4) .

En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional (5) .

Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no solo formalmente sino también materialmente con este requisito, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo (6) .

En efecto, el artículo 241 de la Constitución determina de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos allí expuestos. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública solo puede adelantarse cuando efectivamente existe demanda, esto es, una acusación de un ciudadano contra una norma legal planteada en los términos que señala el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.

En el mismo orden de ideas la Corte ha establecido (7) que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad solo si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia (8) .

En particular y para efectos de la presente decisión cabe destacar que para que un cargo resulte pertinente debe predicarse del contenido normativo de la disposición, es decir, supone que exista una concordancia entre la redacción de la disposición y lo que se dice de ella. En este sentido la corporación ha señalado que no es pertinente el reproche que recae sobre una norma diferente a la demandada, que se dirige a controvertir una hipótesis no contemplada en la disposición o que se encamina a resolver un caso particular. Tampoco es pertinente el cargo que pretende la declaratoria de inexequibilidad de la norma porque la misma sea inconveniente o superflua, o que se refiere “a aspectos meramente interpretativos de la ley” (9) o a su aplicación.

Esto significa concretamente que el cargo debe estar dirigido contra el contenido material de la disposición acusada, y no contra hipótesis normativas que esta no prevé (10) .

Cabe precisar así mismo que si bien la jurisprudencia, ha aceptado la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre demandas atinentes a determinadas interpretaciones que de una norma hayan podido formularse, dicha posibilidad es excepcional y ha de partir de precisos supuestos que no cabe extender a la actuación de las autoridades administrativas ni de los particulares (11) .

En armonía con lo señalado es claro entonces que las demandas de inconstitucionalidad deben cumplir formal y materialmente con los requisitos de procedibilidad contenidos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.

Ahora bien, la Corte constata que, como lo pone de presente el señor Procurador General de la Nación, en el presente caso la acusación formulada por el actor si bien se dirige en contra de las expresiones “a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573 “contenidas en el artículo 2540 del Código Civil y “salvo el caso de los signatarios en un mismo grado” contenidas en el artículo 792 del Código de Comercio, está sustentada no en lo que dichas expresiones señalan sino en el fundamento mismo de la solidaridad cuyo contenido y alcances se definen en normas diferentes a las que el actor acusa.

En efecto, el eje de la acusación formulada por el actor consiste en que se están extendiendo los efectos de la conducta de una persona a otra diferente, ya que basta con que uno de los deudores solidarios de una obligación la reconozca para que dicha conducta absolutamente individual perjudique a los demás deudores solidarios de la misma obligación, lo que según el actor “impide a una persona, colocada en igualdad de condiciones, ejercer su derecho por la conducta de otra. En efecto, se le hacen extensivos a terceros los actos de personas diferentes, en su perjuicio, puesto que tanto el reconocimiento de la obligación por parte de otro o la notificación a una persona diferente de la afectada, le impedirán ejercitar en igualdad de condiciones su derecho procesal de defensa por los efectos de los señalados actos ...”.

Asiste pues razón a los intervinientes y al señor Procurador General de la Nación cuando advierten que lo que en realidad se acusa son las disposiciones legales que regulan y determinan la forma como las personas pueden contraer obligaciones solidariamente, sus consecuencias legales y jurídicas, y no las expresiones acusadas contenidas en los artículos 2540 del Código Civil —sobre la relatividad de la interrupción de la prescripción— y 792 del Código de Comercio —que señala a quiénes beneficia la interrupción de la prescripción—.

Cabe señalar de otra parte que en la formulación de la acusación no existe certeza sobre lo que el actor demanda, pues alude a la interpretación que de las normas acusadas podría hacerse más que a su contenido concreto.

Así afirma el actor que el artículo 2540 del Código Civil: “... podría analizarse como si dijese, como en efecto lo dice, que cuando hay solidaridad y esta no se ha renunciado como lo permite el artículo 1573 ibídem, la interrupción de la prescripción extintiva que obra a favor de un coacreedor sí aprovecha a los otros y la que obra en perjuicio de un codeudor sí perjudica a los otros. En el mismo sentido, el artículo 792 del Código de Comercio podría leerse en el sentido de que cuando se trata de signatarios en un mismo grado de un título valor, como por ejemplo en el caso de los signatarios solidarios del título, las causas que interrumpen la prescripción extintiva respecto de uno de los deudores cambiarios sí la interrumpen respecto de los otros ...”.

Al respecto, como ya se recordó en esta sentencia debe reiterarse que si bien la jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de que la Corte se pronuncie sobre demandas atinentes a determinadas interpretaciones que de una norma hayan podido formularse, dicha posibilidad es excepcional y ha de partir de precisos supuestos que no se reúnen en este caso (12) .

Finalmente cabe advertir, además, que el actor no sustenta de ninguna forma la acusación que formula por la supuesta vulneración del artículo 228 superior.

Todo ello lleva a la Corte a considerar que en el presente caso no se dan los elementos que permiten emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la acusación que se formula en contra de las expresiones “a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573 “contenidas en el artículo 2540 del Código Civil, y “salvo en el caso de los signatarios en un mismo grado”, contenidas en el artículo 792 del Código de Comercio, por lo que la Corte se inhibirá por ineptitud sustantiva de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de las expresiones “a menos que haya solidaridad, y no se haya esta renunciado en los términos del artículo 1573 “contenidas en el artículo 2540 del Código Civil, y “salvo en el caso de los signatarios en un mismo grado”, contenidas en el artículo 792 del Código de Comercio, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Ver, entre otras las sentencias C-584 de 2001 y C-300 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-329 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(2) Ver entre otras las sentencias C-375 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández. Galindo y C-087 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(3) Ver, entre otros, los autos 097 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz, C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(4) Sentencia C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(5) Sentencia C-044 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) Ver entre otras, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell, C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(7) Ver la Sentencia C-528 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(8) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(9) Sentencia C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell. En el mismo sentido ver entre otras las sentencias C-156 y C-206 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1255 de 2001 y C-569 de 2004, M.P.(E.) Rodrigo Uprimny Yepes.

(10) Sentencia C-357 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. En el mismo sentido, ver, entre otras, las sentencias C-153 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-044 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y C-380 de 2000, Vladimiro Naranjo Mesa.

(11) Ver entre otras las sentencias C-965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Al respecto es pertinente recordar la síntesis efectuada por la Corte en la Sentencia C-569 de 2004, en la que se señaló lo siguiente:

“El control constitucional recae esencialmente sobre las leyes, y no sobre su interpretación o aplicación, y que la Carta no solo ampara la autonomía judicial (C.P., art. 228) sino que además establece una separación entre la jurisdicción constitucional y las otras jurisdicciones (C.P., arts. 234, 236 y 241). Todo esto fortalece la idea de que esta Corte carece de competencia para, por vía de demanda ciudadana y con fuerza erga omnes, fijar el sentido autorizado de una determinada disposición legal, o controlar la labor de otros jueces u otras cortes. Sin embargo, el alcance de esa conclusión no debe ser exagerado indebidamente, por cuanto la Constitución es norma de normas y constituye la base de todo el ordenamiento positivo (C.P., art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de sus mandatos. Además, corresponde a esta Corte la guarda de la integridad y supremacía de Constitución (C.P., art. 241). En tales circunstancias, es indudable que corresponde igualmente a esta Corte, dentro de ciertos límites, asegurar la subordinación de los funcionarios judiciales a la Constitución. Y esta corporación ha realizado esa labor de dos maneras: (i) en forma indirecta, por medio de sentencias interpretativas o condicionadas; y (ii) en forma directa. Entra la Corte a explicar brevemente estas dos vías.

15. Como es sabido, a veces los textos legales admiten interpretaciones distintas, y algunas de ellas pueden ser contrarias a la Constitución. Una primera vía por medio de la cual esta Corte se ve obligada a controlar —en forma indirecta— la constitucionalidad de ciertas interpretaciones es entonces cuando uno de esos textos es demandado por un ciudadano, puesto que no puede el juez constitucional expulsarlo del ordenamiento, por cuanto el artículo acusado admite ciertas interpretaciones constitucionales, pero tampoco puede la Corte declararlo exequible en forma pura y simple, por cuanto estaría legitimando ciertos entendimientos del mismo contrarios a la Carta. En esos eventos, la única alternativa es recurrir a una sentencia interpretativa o condicionada, y declarar exequible el texto legal, pero expulsando del ordenamiento el entendimiento de ese texto que resulta contrario a la Carta. (...).

Ahora bien, una sentencia condicionada o interpretativa implica un cierto control sobre las interpretaciones de los operadores judiciales puesto que expulsa del ordenamiento ciertos entendimientos de la disposición acusada. Sin embargo, ese control es indirecto y eventual pues opera en abstracto, ya que no se refiere a las interpretaciones específicas realizadas por determinados jueces o tribunales sino a entendimientos posibles e hipotéticos del texto acusado.

16. Una situación distinta ocurre cuando un ciudadano no cuestiona tanto el contenido abstracto de un determinado texto legal sino la interpretación específica que del mismo han hecho determinados jueces, tal y como ocurre en el presente caso. En esos eventos, el control recaería específicamente sobre la labor de los jueces, por lo cual su incidencia sobre la autonomía judicial es importante, lo cual explica, junto con la naturaleza abstracta del sistema de control de las leyes ejercido por la Corte, que ha dicho control directo de las interpretaciones sea excepcional. Y específicamente, solo en pocos casos, esta Corte ha procedido a enjuiciar directamente, por vía del control abstracto, esas interpretaciones realizadas por los jueces (ver en particular las sent. C-1436/2000, C-426/2002 y C-207/2003).

17. La Corte es pues competente para controlar ciertas interpretaciones de los funcionarios judiciales, cuando estas planteen problemas constitucionales. Sin embargo, eso no significa que en todas las ocasiones en que los ciudadanos atacan, por vía de la acción pública de inconstitucionalidad, una interpretación judicial, la Corte deba proceder a examinar el cargo. En ocasiones, la demanda puede ser inepta. Por ejemplo puede suceder que realmente se trate de un asunto o discusión puramente legal, evento en el cual esta Corte no es competente y la demanda debe ser inadmitida, y en caso de que hubiere sido tramitada, la sentencia debe ser inhibitoria, puesto que no corresponde al tribunal constitucional, definir debates legales que no tengan relevancia constitucional”.

(12) Ver entre otras las sentencias, C-965 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-758 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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