Sentencia C-543 de noviembre 25 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

PRESCRIPCIÓN

REGULACIÓN EN EL DERECHO PROCESAL

EXTRACTOS: «El siguiente es el texto de la norma acusada como inconstitucional.

Artículo 1º, numeral 41. Interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por esto o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado”.

El actor funda su pretensión, en gran medida, en la primacía del derecho sustantivo sobre el procesal.

Partiendo del principio contenido en el artículo 228 de la Constitución, según el cual en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, construye su razonamiento sobre la supuesta oposición entre el artículo 2539 del C. C. y la norma acusada. Pues, según él, mientras la primera norma exige para la interrupción de la prescripción, solamente la presentación de la demanda, la segunda agrega otros requisitos relativos a la demanda y su trámite.

Y al encontrar la supuesta oposición entre el artículo 2539 del C. C. y el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, deduce el demandante que el primero debe prevalecer en virtud del mandato constitucional, para concluir que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de la demanda.

Al respecto, hay que comenzar por aclarar que no existe la radical distinción entre el derecho sustantivo y el procesal. Explica Carnelutti:

“Como conjunto de normas, el derecho procesal se suele diferenciar de los demás conjuntos de normas en que tradicionalmente se viene dividiendo el ordenamiento jurídico entero: derecho constitucional, derecho administrativo, derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, etc. Pero también es conveniente que acerca de esta distinción sean claras las ideas. En general, se cree que a estos nombres corresponden varias zonas del derecho, tan distintas como los países sobre el mapa geográfico, de tal modo que una norma determinada no deba pertenecer más que a uno de los mencionados grupos. Sin embargo, no ocurre así. No son, en efecto, homogéneos los criterios de formación de cada grupo, por lo que es, no sólo posible, sino frecuente, que una norma determinada pertenezca a varios de esos grupos, y no a uno solo. Eso les sucede también a las normas procesales. Lo contrario de una norma procesal no es tanto una norma constitucional, o administrativa, o penal, o civil, como una norma no procesal. Lo mismo cabe decir de los restantes grupos. Se producen así interferencias entre grupo y grupo, y de ahí que, por ejemplo, una norma procesal pueda ser, a la par, civil, penal, administrativa, etc.” (“Sistema de derecho procesal civil”, Ed. Uteha Argentina, 1944, tomo I, pág. 86).

D) ¿La prescripción es una institución de dere cho sustancial o procesal?

El Código Civil se ocupa de la prescripción extintiva en el artículo 1625, al enumerarla entre los modos de extinguirse las obligaciones. Después, el artículo 2512 la define así, en general:

“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso, y concurriendo los demás requisitos legales.

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción”.

Esta primera circunstancia, el haberse reglamentado la prescripción en el Código Civil, podría conducir, con razón, a concluir que se trata de una institución de derecho sustancial.

Y a igual conclusión podría llegarse, si se repara en que el artículo 2512 la define como un modo de “adquirir las cosas ajenas” y de extinguir “los derechos ajenos”. Pues, por definición, los derechos pertenecen a la esfera del derecho sustancial.

Pero, de otro lado, hay que tener en cuenta estas consideraciones.

En primer lugar, tanto el artículo 2512 como el 2535 y los que le siguen, se refieren a la extinción de las acciones. ¿Por qué? Sencillamente, porque realmente lo que se extingue es la acción y no el derecho en sí. Así lo demuestran algunas razones fundadas en normas expresas:

a) Según el artículo 1527 del C. C., extinguida una obligación civil por prescripción, se transforma en natural, no desaparece. Es decir, “no da derecho para exigir su cumplimiento”, pero cumplida autoriza para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. En rigor, ¿qué ha sucedido? Que el derecho ha sido despojado de la posibilidad de hacerse valer ante los jueces. Ha desaparecido la acción, es decir, la facultad de acudir al juez para que, haciendo uso de la fuerza, haga cumplir lo debido. Pero, sigue existiendo la obligación natural.

Así lo confirma el art. 1528 del Código Civil: “La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural”.

b) Si la prescripción estuviera regida exclusivamente por el derecho sustancial y operara exclusivamente en la esfera de este, estaría el juez inexorablemente obligado a declararla, como un hecho anterior al proceso, ajeno a este. Pero, no ocurre así, no lo ha dispuesto así la ley. En efecto, veamos.

Establece el artículo 2513 del Código Civil: “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio”. Norma aplicable, por igual, a la prescripción adquisitiva y a la extintiva.

Lo anterior lleva a preguntarse: ¿cuál es la oportunidad para alegar la prescripción? El proceso, pues ya se piense en hacerla valer como excepción, ya como acción, siempre hay que suponer la existencia de un proceso, en el cual el juez la declara.

El que la prescripción sólo pueda alegarse en el proceso, implica algo que puede pasarse por alto fácilmente: que uno de los elementos que la conforman sólo se da en el proceso y pertenece a este exclusivamente. Pues no bastan, en tratándose de la adquisitiva, la posesión y el paso del tiempo, ni la sola inacción del acreedor en relación con la extintiva: en uno y otro caso quien tiene a su favor la prescripción, tiene que alegarla. Sólo así podrá el juez declararla. Puede decirse, en consecuencia, que la prescripción se estructura o integra dentro del proceso.

Entre paréntesis, lo anterior no implica afirmar que la acción no sea un derecho sustancial. Lo es en la medida en que concreta el derecho constitucional fundamental de acceder a la administración de justicia. Lo que se dice es que su ejercicio está reglamentado por el derecho procesal, y por ello se regula en los códigos de procedimiento.

Volviendo al tema, es claro que no invade el derecho procesal una esfera ajena, cuando reglamenta asuntos atinentes a la prescripción es institución que no puede encuadrarse exclusivamente en uno de estos dos campos: el correspondiente al derecho sustancial y el del derecho procesal.

Esta elemental digresión permite afirmar que estando facultado el Presidente para “simplificar el trámite de los procesos judiciales...”, no se extralimitó al dictar la norma acusada que versa sobre la interrupción civil de la prescripción.

Para respaldar la anterior afirmación, basta transcribir el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que fue modificado, para ver cómo determinaba un trámite más complicado:

“ARTÍCULO 90: Interrupción de la prescripción. Admitida la demanda se considerará interrumpida la prescripción desde la fecha en que fue presentada, siempre que el demandante, dentro de los cinco días siguientes a su admisión, provea lo necesario para notificar al demandado y que si la notificación no se hiciere en el término de diez días, efectúe las diligencias para que se cumpla con un curador ad litem en los dos meses siguientes.

En caso contrario, sólo se considerará interrumpida con la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem”.

Al comparar esta norma con la acusada, se ve cómo el proceso sí se simplificó, de conformidad con las facultades conferidas al Presidente de la República.

Por otra parte, no existe contradicción entre los artículos 2539 del Código Civil y 90 del Código de Procedimiento Civil. En realidad las dos normas se complementan armónicamente, pues la segunda se concreta a regular lo concerniente a la interrupción de la prescripción una vez presentada la demanda, es decir, dentro del proceso.

e) La pretendida inexequibilidad por violación de normas sustantivas.

Tomando siempre como punto de partida la primacía del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia, busca el actor deducir una inexequibilidad de la norma acusada, originada en la violación del artículo 2539 del Código Civil y del artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo.

No es difícil desechar los argumentos de la demanda en esta materia.

Lo primero es recordar lo dicho en relación con la ubicación de la prescripción en relación con el derecho sustancial y el derecho procesal.

Lo segundo, tener presente que el mandato del artículo 228 de la Constitución está dirigido a los encargados de administrar justicia y no al legislador. Este, por medio de leyes ordinarias, puede “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Puede, por lo mismo, concluirse:

a) Por su origen, las normas sustanciales y procesales tienen igual jerarquía; y,

b) La primacía del derecho sustancial, en principio, no obliga al legislador, sino a los encargados de administrar justicia. En realidad, podría decirse que el artículo 228 contiene una regla de interpretación, dirigida al juez.

A todo lo cual cabe agregar que la misión confiada a la Corte Constitucional, de guardar “la integridad y supremacía de la Constitución”, debe cumplirse “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241 de la misma. Y según esta norma, la Corte debe limitarse a examinar las leyes acusadas a la luz de la Constitución.

Distinta es la misión del juez, quien en presencia de dos disposiciones legales, ambas ceñidas a la Constitución, contradictorias entre sí, tendrá que decidir cuál aplica, siguiendo las reglas de la hermenéutica jurídica.

No es, en síntesis, posible deducir la inconstitucionalidad de una norma legal del hecho de ser contraria a otra de la misma jerarquía.

Con base en lo expuesto, es claro que carece de fundamento el cargo del actor, según el cual el Presidente de la República excedió las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 30 de 1987, ya que en ningún momento el numeral 41 del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, modificó o derogó el artículo 2539 del Código Civil.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el numeral 41 del artículo 1º del Decreto Legislativo 2282 de 1989, que modificó el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, e insértese en la Gaceta Constitucional».

(Sentencia C-543 de noviembre 25 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

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