SALA PLENA

INHABILIDADES

CARGOS EN LA RAMA JUDICIAL

EXTRACTOS: «El literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, materia de acusación, como bien lo afirma el Procurador General de la Nación, fue modificado expresamente por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, disposición ésta que se limitó a suprimir del mandato primeramente citado la parte que dice “ u homicidio culposo”, quedando su contenido, en lo demás, redactado en idéntica forma.

En efecto, dice así tal mandato:

“Artículo 1º. Modifícanse las letras c) y d) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, las cuales quedarán así:

c) Quienes se encuentren en detención preventiva pro delito doloso aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad”.

Ante esta circunstancia considera la Corte Constitucional, en total acuerdo con el jefe del Ministerio Público, que como la norma vigente conserva precisamente aquellos apartes que son motivo de inconformidad del demandante, es preciso emitir pronunciamiento de fondo sobre esta última, pues los argumentos esgrimidos son predicables en su totalidad del artículo que hoy rige.

Por tanto debe variar la jurisprudencia en el sentido de que si la norma demandada ya no se encuentra produciendo efectos por haber sido modificada o sustituida por otra, que reproduce su contenido, la Corte Constitucional está en la obligación de emitir pronunciamiento de fondo sobre la norma vigente, como se hará en el caso sujeto a estudio, siempre y cuando los cargos formulados le sean igualmente aplicables.

Para la Corte es claro que de esta manera se garantiza aún más la participación de los ciudadanos en la defensa de la Constitución, y se cumple cabalmente con la finalidad para la cual se creó la acción de inconstitucionalidd, la que como es de todos sabido, además de ser pública y política, la interpone cualquier ciudadano.

d) Las facultades extraordinarias.

A pesar de que el concepto fiscal no alude al tema de las facultades extraordinarias, la Corte Constitucional procederá en primer término a su estudio, pues en tratándose de un asunto de competencia, ya que a ello equivale el ejercicio debido o indebido de las atribuciones otorgadas, es pertinente hacerlo antes de entrar a examinar los cargos de la demanda en relación con la presunta infracción de otros cánones constitucionales. Por consiguiente y siguiendo los lineamientos jurisprudenciales que en ocasiones anteriores ha expuesto esta Corporación, el control de constitucionalidad por este aspecto, se hará a la luz de la Constitución de 1886, por ser ésta la vigente al tiempo en que tales facultades se confirieron.

1. Temporalidad. 

Tanto el Decreto 1888 de agosto 23 de 1989, como el 2281 de octubre 7 del mismo año, fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso por medio de la Ley 30 de 1987, artículo 1º, y dentro del término fijado en la misma para ello, el cual era de dos (2) años, contados a partir de la promulgación de la ley, hecho que tuvo ocurrencia el 9 de octubre de 1987, con su inserción en el Diario Oficial Nº 38.077. En consecuencia no hay reparo constitucional por este aspecto.

2. Materialidad. 

Las atribuciones legislativas de que quedaba investido el Presidente de la República fueron enunciadas por el legislador ordinario en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, en forma expresa y taxativa.

De conformidad con el título del Decreto 1888 de 1989 que dice: “Por el cual se modifica el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, queda demostrado que el fundamento en el que se apoyó el Gobierno Nacional para expedir tal ordenamiento, no fue otro que el literal j) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, antes transcrito, que lo autorizaba para “Modificar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional”, hoy rama judicial.

Y como el Decreto 2281 de 1989, fue dictado por el Gobierno Nacional en desarrollo de las mismas facultades extraordinarias, y con el exclusivo fin de modificar el artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, fácilmente se concluye que la atribución que sirvió de fundamento para expedirlo, fue el mismo literal j) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987.

Pues bien, de la simple lectura del literal c) del artículo 3º del Decreto 1888/89, tal como quedó modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, se advierte claramente que en él se consagra una inhabilidad, aplicable no solo a quienes deseen ingresar a la rama judicial sino también a las personas que una vez vinculadas al servicio, se encuentren incursas en dicha causal, y consiste en la prohibición de designar o desempeñar cargo en dicho sector público, a quien se encuentre en detención preventiva por delito doloso, aunque goce del beneficio de excarcelación, o haya sido afectado por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad.

Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la expresión “inhabilidad” tiene entre otras excepciones la de “defecto o impedimento para ejercer un empleo u oficio”.

La Corte Suprema de Justicia la definió como “aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otros”. (sent. junio 9/88 Dr. Fabio Morón Díaz).

Las inhabilidades, entonces, son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida o designada en un cargo público, y en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos.

Así las cosas, las inhabilidades son de distinta índole, v.gr. generales, es decir, que operan para toda clase de empleados del sector público; específicas, para una determinada entidad o rama del poder, limitadas en el tiempo, permanentes, absolutas, relativas, etc.

Las inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del Estado, en empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción, deben estar consagradas en forma expresa y clara, y pueden hacer parte del estatuto general que rige la función pública, o de manera específica, del estatuto de carrera, o de personal de cada entidad, sector o rama del poder público.

El régimen disciplinario, por su parte, está integrado por una serie de disposiciones legales en las que se consagran no solo la descripción de los deberes y prohibiciones a que están sujetos los empleados y funcionarios de determinada entidad o rama del poder público, sino también las faltas en que pueden incurrir, las sanciones aplicables, el procedimiento para su imposición, los funcionarios competentes para conocer de ellas, las causales de impedimento y recusación, términos de prescripción y caducidad, etc.

Si “modificar” es variar, cambiar o transformar, el Presidente de la República con base en el literal j) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, estaba autorizado para reformar, crear, innovar o enmendar todas aquellas disposiciones que conforman el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama judicial, y las inhabilidades para acceder al servicio público, como es el caso de la consagrada en la norma que se analiza, no se relaciona con un estatuto de responsabilidad disciplinaria.

No obstante lo anterior, al examinar cada una de las atribuciones conferidas, con el fin de determinar si existía alguna distinta de la citada, dentro de la que pudiera incluirse el artículo parcialmente impugnado, la Corte no halló ninguna que permitiera deducir competencia del Presidente de la República para legislar sobre asuntos relativos al tema de las inhabilidades para ingresar o desempeñar cargos en la rama judicial, o para continuar en el servicio público.

Tan cierto es que el legislador extraordinario no estaba autorizado válidamente para proferir disposiciones como la acusada, en la que se señalaran condiciones, calidades o exigencias para acceder al servicio público de la administración de justicia, que la misma ley de investidura en el parágrafo 2º del artículo 1º prescribió que los nombramientos que se efectuaran en virtud de la tal ley, debían realizarse “observando los procedimientos y criterios que rigen actualmente para el nombramiento de empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional”, quedando demostrada la intención del legislador ordinario de no variar ni crear exigencias nuevas para la elección o nombramiento de empleados y funcionarios de la rama judicial, pues mal podrían estatuirse inhabilidades distintas para idéntica categoría de empleos, los que se nombraran en cumplimiento de dicha ley y los demás cargos de la rama judicial.

Por esta razón, considera la Corte que el Gobierno Nacional, se extralimitó lo desbordó el límite material de las atribuciones dadas, motivo por el cual el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, tal como fue modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, será retirado del ordenamiento jurídico.

Finalmente debe aclararse que situación diferente se presentaría, si el legislador extraordinario en desarrollo de la atribución invocada, hubiera señalado la responsabilidad disciplinaria a que se hacen acreedores los nominadores o empleadores que violen las inhabilidades a que se refiere el precepto examinado u otros mandatos legales; o que la ley habilitante hubiera otorgado facultades para modificar el régimen de carrera judicial o de personal de esta rama, eventos en los cuales tal encajaría perfectamente dentro de sus imperativos.

Siendo entonces inexequible el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, en la forma como quedó modificado por el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, por exceder el marco señalado por el Congreso de la República en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, no hay lugar a pronunciarse sobre los demás cargos de la demanda, pues sea cual fuere la decisión que se adopte, la norma citada de todas maneras serár retirada del universo jurídico.

Antes de terminar debe precisar la Corte que como al declararse parcialmente inexequible el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989, automáticamente revive la norma antes vigente, esto es, el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, el cual adolece de los mismos vicios de aquel, esta norma habrá de declararse igualmente inexequible.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Nacional,

RESUELVE:

Por exceder el marco fijado por el legislador ordinario en el artículo 1º de la Ley 30 de 1987, declaránse INEXEQUIBLES el literal c) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1989, y el artículo 1º del Decreto 2281 de 1989 en la parte que textualmente reza:

“c) Quienes se encuentren en detención preventiva por delito doloso aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad”.

Cópiese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

(Sentencia C-546 de noviembre 25 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz).

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