Sentencia C-549 de noviembre 29 de 1993 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

DEUDAS TRIBUTARIAS

ACTUALIZACIÓN DEL VALOR

EXTRACTOS: «El tenor literal de las disposiciones demandadas, correspondiente a la parte que es objeto de impugnación, es el siguiente:

“Artículo 75, Ley 6ª de 1992. Actualización del valor de las obligaciones tributarias pendientes de pago. Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a su cargo, a partir del tercer año de mora, deberán reajustar los valores de dichos conceptos en un porcentaje equivalente al incremento porcentual del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certificado por el Departamento Administrador Nacional de Estadística, DANE, por año vencido corrido entre el 1º de marzo siguiente al vencimiento del plazo y el 1º de marzo inmediatamente anterior a la fecha del respectivo pago.

Cuando se trate de mayores valores establecidos mediante liquidación oficial el período a tener en cuenta para el ajuste, se empezará a contara desde el 1º de marzo siguiente a los tres años contados a partir del vencimiento del plazo en que debieron de haberse cancelado de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable al que se refiere la correspondiente liquidación oficial.

En el caso de las sanciones aplicadas mediante resolución independiente, el período se contará a partir del 1º de marzo siguiente a los tres años contados a partir de la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa la correspondiente sanción.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todos los pagos o acuerdos de pago que se realicen a partir del 1º de marzo de 1993, sin perjuicio de los intereses de mora, los cuales se continuarán liquidando en la forma prevista en los artículos 634 y 635, sobre el valor de la obligación sin el ajuste a que se refiere este artículo.

Para los efectos de la aplicación de este artículo, la Dirección de Impuestos Nacionales, deberá señalar anualmente la tabla contentiva de los factores que faciliten a los contribuyentes liquidar el monto a pagar durante la respectiva vigencia”.

Para la Corte, en primer lugar, es claro que la actualización del valor de la deuda obedece a un principio de equidad tributaria y no constituye un nuevo tributo. Se trata, no de una nueva obligación tributaria, sino del ajuste del valor de la deuda de acuerdo con el incremento porcentual del índice de precios al consumidor por ingresos medios, certificado por el DANE.

El actor considera que la actualización del valor de la deuda implica un efecto retroactivo de la ley tributaria, caso en el cual la norma acusada (Art. 75 de la Ley 6a, de 1992) estaría contrariando lo estatuido en el artículo 363 de la Constitución Política, que expresa: “Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”. Luego, lo que se tiene que analizar es si la norma acusada es o no retroactiva.

La Sala considera que en el caso sub examine no se está violando ningún derecho adquirido. Además, la retroactividad no se configura porque no hay mutación en la causa de la obligación, sino que tan sólo se está actualizando su valor, de suerte que la obligación sigue siendo, en términos reales, la misma. Ello, como manifestación del principio de equidad tributaria que exige ajustar el valor de la deuda a la realidad, con el fin de no permitir que la depreciación del dinero tome en desproporcionado el valor de la obligación tributaria con respecto a la realidad financiera.

Ahora bien, en el primer inciso del artículo 75 de la ley sub examine, se prescribe una condición: “los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen oportunamente (...)” (negrillas fuera del texto original), lo que indica que contempla situaciones hacia el futuro.

En cambio, el inciso cuarto del mismo artículo se refiere no a quienes no cancelen oportunamente, sino “a todos los pagos o acuerdos de pago que se realicen a partir del 1º de marzo de 1993”, sin perjuicio de los intereses de mora en el momento de entrar en vigencia la ley. Entonces lo que hay que preguntarse es si la actualización del valor de la deuda anterior a la vigencia de la ley es retroactiva o no.

En estricto sentido actualizar el valor de la deuda tributaria no es equivalente a regular con una nueva disposición una situación jurídica definida con sujeción a la norma de su momento, sino la adaptación del valor a la realidad; de ahí que se actualiza, es decir, se mantiene la misma obligación a través del tiempo, en virtud, precisamente, de la actualización, la cual no altera una situación del pasado, sino que la mantiene en su verdadera identidad, sin que mengüe su valor económico por los efectos de la depreciación.

La sentencia C-511, citada, pone de presente que adaptarse a la realidad de cada momento no implica, propiamente hablando, retroactividad, y ello es precisamente lo que se presenta con la actualización del valor de la deuda; no implica una alteración substancial de la misma:

“El ordenamiento jurídico correría el riesgo de petrificarse —señaló la Corte en la sentencia citada—, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones jurídicas preexistentes. La retroactividad por regla general, resulta censurable sólo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura”.

Luego la retroactividad, en el rigor de los términos jurídicos, no se presenta en el caso que ocupa la atención de la Corte.

Conviene, además, analizar si la norma acusada contempla una doble sanción. Es decir, podría pensarse que por un lado se sanciona con los intereses de mora, y por otro con la actualización, lo cual sería un violación del principio non bis idem. No hay doble sanción, ya que la actualización del valor de la deuda no es una sanción, sino una adecuación de la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad, lo que indica que sólo se sanciona con la mora.

En la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, se reconoció lo anterior, y se consideró que es viable reclamar corrección monetaria e intereses moratorios. Manifestó la Corte Suprema de Justicia que “la indemnización de perjuicios está orientada a establecer y mantener la equidad entre las partes. Es posible que, con la indemnización moratoria, no se alcance a restablecer totalmente la equidad entre las partes. En tales casos, el acreedor estaría legitimado para reclamar otros perjuicios, junto con los intereses moratorios. Dentro del concepto de perjuicios cabe la corrección monetaria en contraprestación a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”. (cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia mayo 29/91).

En este caso, pues, el interés de mora es sancionatorio, mientras que la corrección monetaria o el ajuste de la actualización es compensatorio (equidad tributaria).

Keynes señaló que por regla general todos los intereses son compensatorios, pero cuando el interés es específicamente sancionatorio, como en este caso, conviene que aparezca la corrección monetaria para equilibrar la compensación. Por ello la Honorable Corte Suprema de Justicia, en otra ocasión, manifestó que “puede suceder que la mora del deudor ocasione un daño que, con el solo pago de los intereses moratorios, no compense la depreciación monetaria. En este caso —señala la sentencia—, podría demostrar que, con el pago de los intereses moratorios no queda cubierto integralmente. Pero hay que atender a la equidad, para evitar abusos e injusticias en el reconocimiento simultáneo de intereses moratorios y corrección monetaria”. (cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de enero 24 de 1990).

Es decir, cuando el interés moratorio no contemple el daño emergente, por razones de equidad se exige una corrección monetaria (actualización del valor de la deuda) para que compense ese daño emergente que el interés moratorio no cubrió total o parcialmente.

Ya que hay autonomía entre el reajuste (actualización del valor) e intereses moratorios, es injusto que la fijación de intereses (compensatorios por lo general) contemplen la corrección monetaria, porque sería someterlo a un mismo pago por el mismo concepto. Si incurren la corrección monetaria y los intereses de mora, la suma de los dos no puede superar el límite por encima del cual los intereses que cobran los particulares se consideran usurarios. Esto, por la sencilla razón de que el Estado no puede incurrir en la conducta que prohibe y sanciona en los particulares, amén de elementales razones de equidad tributaria.

“Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.

Si el acreedor otorga carta de pago de capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados”.

Además, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia citada ha distinguido también la corrección monetaria (actualización), de los intereses. Luego no se presenta el evento de intereses sobre intereses, sino de intereses sobre un capital. Y esto porque la corrección monetaria no se considera interés en materia tributaria. Caso diferente al contemplado en el art. 64 de la Ley 45 de 1990, que señala que para los efectos del artículo 884 del Código de Comercio —distintos a los del caso en estudio— la corrección monetaria o el correspondiente reajuste se computará como interés.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el artículo 75 de la Ley 6ª de 1992, siempre y cuando la suma de los intereses de mora y la corrección monetaria, no supere el límite por encima del cual se considere usurario el interés cobrado por los particulares, y que la corrección monetaria no pueda ser doblemente considerada, ya sea bajo la forma de interés moratorio o de ajuste por corrección monetaria.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-549 de noviembre 29 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

_________________________________