Sentencia C-551 de octubre 12 de 2016

 CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11304

Magistrado Sustanciador:

Dr. Jorge Iván Palacio Palacio

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 193 (parcial) de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”

Demandante: Carlos Alberto Chamat Duque

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «I. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto del precepto, subrayando el aparte demandado:

“LEY 1564 DE 2012

(Julio 12)

Diario Oficial 48.489 de 12 de julio de 2012

Congreso de la República,

(…).

ART. 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.

3.(sic) Primera cuestión previa: aptitud de la demanda.

3.1. Tanto el Procurador General de la Nación como el Ministerio de Justicia y del Derecho consideran que la Corte debe inhibirse en el presente asunto. Para el primero, los argumentos de la demanda carecen de certeza y para el segundo la solicitud del ciudadano adolece de pertinencia, especificidad y suficiencia.

Según la Vista Fiscal, el actual cuestionamiento constitucional se origina en meras apreciaciones del actor acerca de la norma atacada, no pasando de ser especulaciones. Para la cartera de justicia las razones y argumentos expresados por el demandante: i) no surgen de una oposición objetiva y concreta entre la norma acusada y la Constitución; ii) no analizan la relación real que existe entre la disposición demandada y los principios de dignidad humana y de no autoincriminación y; iii) no exponen de forma clara los elementos de juicio, argumentativos y probatorios que desvirtúen la constitucionalidad de la expresión acusada.

3.2. En el presente caso, la Sala comparte la postura del Procurador y el interviniente en cuanto a la inexistencia de un cargo en lo que respecta a los artículos 1º y 14 de la Carta Política, por las razones que pasarán a exponerse. Sin embargo, considera la Corte que se reúnen los elementos mínimos para generar una duda sobre la constitucionalidad del artículo 193 de la Ley 1564 de 2012 en lo que atañe al derecho al debido proceso; esto es, el artículo 29 constitucional.

3.3. Es menester reiterar en esta oportunidad, entonces, que este Tribunal tiene establecido en su jurisprudencia que al presentar el concepto de violación, el actor debe exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. La Corte refiriéndose al contenido de los argumentos aptos para incoar la acción de inconstitucionalidad, ha expresado:

“La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(2). De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”(3).

La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”(4), no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente(5) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”(6) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda(7). Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”(8).

De otra parte, las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”(9). El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(10) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(11).

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales(12) y doctrinarias(13), o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”(14); tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia(15), calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa”(16) a partir de una valoración parcial de sus efectos.

Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(17).

3.4. Observa la Sala que vista la demanda en su integridad, en especial en lo que atañe a los cuestionamientos relacionados con la dignidad humana y la personalidad, el demandante parece debatir en sí misma la figura de la confesión por apoderado, mientras en otros apartes su ataque sí se encuentra dirigido contra la expresión que efectivamente demanda; esto es, si la facultad del abogado para confesar, sin que pueda existir estipulación en contra, en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, vulnera derechos fundamentales. Así, se observa al rompe que la argumentación del demandante presenta dificultades al momento de precisar cuáles son los verdaderos cargos de constitucionalidad que desea ventilar ante este Tribunal.

3.4.1. Así las cosas, al señalar el demandante en relación con el cargo respecto de la dignidad humana, que la norma cuya constitucionalidad que se acusa se inmiscuye de manera arbitraria, inconsulta y desproporcionada en la intimidad de la parte en un proceso judicial –sea esta persona natural o jurídica- al permitir que su apoderado confiese en su lugar, lo que hace es una lucubración que, en el concepto de este Tribunal, carece de especificidad y pertinencia, y no logra definir la manera cómo la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, basándose en una apreciación subjetiva sobre el alcance de la misma y el principio de dignidad humana.

Sus argumentos son vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales. Por ejemplo, afirma, sin establecer un argumento específico de constitucionalidad que la confesión “implica declarar sobre hechos personales y por lo tanto, íntimos del confesante, la posibilidad de que pueda presentarse la figura judicial de la confesión en un proceso a través del apoderado judicial ‘traslada’ la voluntad de confesar de la parte, hacia el apoderado judicial, situación ésta que afecta gravemente la Dignidad Humana (sic.) de la parte, toda vez que de manera permanente y durante todo el lapso de la vigencia del mandato judicial, su apoderado, por acción o por omisión, podrá confesar, siendo que muchas veces dicha confesión, en efecto, recaerá sobre hechos personales, personalísimos y hasta íntimos de la parte, los cuales, por regla general, no son conocidos por el apoderado judicial de la parte”. En ningún momento precisa qué dimensión de la dignidad humana se ve comprometida por la confesión mediante apoderado.

Tampoco logra establecer con claridad y suficiencia la relación entre la dignidad humana y el principio de no autoincriminación, limitándose a señalar que “… en la medida en que la confesión judicial del apoderado de una de las partes puede traer consecuencias adversas a los intereses de la parte que representa, dicha situación implica que en últimas, al permitirse la confesión judicial a través de apoderado, se esté vulnerando el Principio de la No Incriminación (sic.) y, por conexión con ello, directa o indirectamente igualmente se está vulnerando el Derecho y Principio de la Dignidad Humana de la parte litigante, toda vez que su apoderado puede confesar, por acción omisión, sobre hechos que terminen incriminando a la parte que representa.” Así las cosas, en cuanto a la presunta vulneración del principio de no autoincriminación, el actor afirma que existe pero no desarrolla en qué está dada.

3.4.2. En cuanto al cargo respecto del derecho a la personalidad jurídica, observa la Corte que igualmente este carece de especificidad y pertinencia, adoleciendo de los mismas falencias ya descritas respecto de aquel relacionado con el artículo 1º de la Carta. A efecto de ilustrar lo dicho, se transcribe en parte el argumento:

“….la posibilidad de que el apoderado judicial de una persona confiese judicialmente en su nombre y representación, implica atentar contra el estatuto ontológico de dicha persona en tanto el Legislador Colombiano (sic.), a través del artículo 193 del Código del Código General del Proceso, desconoce que cada persona es Única, Irrepetible e Intransmisible, y que como tal, cada Individuo goza de una autonomía, una autodeterminación, una voluntad y unas vivencias propias que hacen lógicamente imposible que un apoderado judicial, que es un sujeto distinto a la persona a la cual representa, confiese en nombre y representación de dicha persona.

Las relaciones jurídicas parten del presupuesto de la alteridad, de la existencia del otro, en donde existe un yo, un tú y otro coexistentes pero completamente diferenciados.”

Como se observa, los cuestionamientos parten de consideraciones que responden a la especulación propia de la disciplina filosófica y no a un juicio de constitucionalidad.

Adicionalmente, acto seguido el actor hace una interpretación analógica de la confesión con la facultad de otorgar testamento, el reconocimiento de la paternidad y el sufragio –parámetros de control no constitucionales- para concluir, sin mayor argumentación, esto es, sin suficiencia que por esta vía se estaría desconociendo la personalidad jurídica.

3.4.3. Ahora bien, como se advirtió en precedencia, la Corte encuentra que sí plantea una duda mínima de constitucionalidad el cargo relacionado con el debido proceso, especialmente en aquello previsto el aparte final de la expresión demandada, en lo que tiene que ver con la irrevocabilidad de la facultad de confesar. La comprensión que hace el demandante de la norma es clara y cierta, en la medida en que entiende que con lo así dispuesto se está privando a la parte de la facultad de confesar, para, en su lugar, otorgársela incondicionadamente al apoderado que la está representando, en relación con “la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario”. Es específica, pertinente y suficiente en la medida en que el actor logra establecer con su argumentación cómo el derecho constitucional al debido proceso de la parte podría verse vulnerado al quedar radicada en el apoderado la facultad de disponer del derecho en litigio.

4. Problema jurídico.

La Sala Plena de la Corte Constitucional debe determinar si la presunción establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, sin que se pueda establecer estipulación en contra, vulnera el artículo 29 de la Carta al trasladar incondicionadamente una facultad de disponer del derecho en litigio que solo corresponde al poderdante.

Para solucionar el problema jurídico así planteado, el Tribunal i) reiterará su jurisprudencia acerca la libertad de configuración legislativa en materia del diseño de procesos civiles; ii) explicará la confesión como medio de prueba y aquella que se hace por apoderado. Por último (iii) estudiará la constitucionalidad de las disposiciones demandadas.

5. La libertad de configuración legislativa en materia del diseño de procesos judiciales.

La Corte Constitucional(18) ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República “….expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, “…de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”(19).

Así las cosas, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio(20), a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”(21). En desarrollo de dicha competencia, el Congreso de la República está en la facultad de regular, al interior de los procesos, aspectos como: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos; (ii) las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en ellas; (iii) la definición de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Constitución; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros.

Ahora bien, aunque el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, está obligado a respetar a Carta Política.(22) Así, aunque su la libertad de configuración normativa es amplia, tiene límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales.(23) Al respecto, esta Corporación, en sentencia C-555 de 2001 precisó:

“... el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso”.

La discrecionalidad para la determinación de una vía, forma o actuación procesal no es absoluta; es decir, debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica. Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial(24) en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se torna arbitraria(25).

Por lo anterior, el legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan(26), cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el fin para el cual fueron concebidas, con el objeto de asegurar precisamente la primacía del derecho sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P), el cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)(27) y el principio de imparcialidad(28). Al respecto, señaló este Tribunal en la sentencia C-520 de 2009, reiterando los fallos C-1512 de 2000 y C-925 de 1999:

“…la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización’.

De esta manera, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad, ya que “…sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.(29) Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”.(30)

Para los efectos de garantizar el respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la jurisprudencia ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la sentencia C-227 de 2009: “i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(31) que en el caso procesal (…) puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)(32); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas(33) y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)(34)(35).

En síntesis, esta Corporación ha reconocido que existe una amplia libertad de configuración del legislador en materia procesal, siempre que se respeten los principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y la prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo.

6. La confesión como medio de prueba y la confesión por apoderado.

6.1. La confesión tradicionalmente ha sido un medio de prueba en los procesos judiciales. Sus orígenes se remontan, como sucede con muchas instituciones jurídicas, al derecho romano. Como lo explicaba un tratadista sobre la materia:

“En los primitivos tiempos, antes de que las luces de la civilización llegaran a disipar las densas nubes en que la barbarie envolvía a los pueblos, no existía ni existir podía, un sistema filosófico de pruebas; empero, en Roma, en tiempo de la República, cuando el pueblo mismo, reunido en comicios por centurias o por tribus, era el juez que fallaba él las controversias que se suscitaban entre los ciudadanos, tenían por regla única que el acusado que confesaba se le condenaba al punto y no se apreciaba siquiera el valor real de la confesión.

En el Código de Alfonso el Sabio, llamado también por el nombre de su autor Código Alfonsino o de las siete partidas, promulgado en el año de 1348, encontramos la confesión reconocida como prueba en tres formas: judicial, extrajudicial y ficta. En las leyes tercera y cuarta del Título XIV, se trata amplia y detenidamente de la confesión y se establece que para que ésta tenga fuerza de plena prueba ya en materia civil como en materia criminal, es necesario que se rinda libremente en juicio, sin que el deponente proceda por error o por apremio declarándose inválida la confesión emanada por medio del tormento. Estos principios han sido igualmente reconocidos por las modernas legislaciones”(36)

Efectivamente, la actual regulación de este medio probatorio contiene en esencia los elementos del Código Alfonsino.

Nuestro Código Judicial, Ley 105 de 1931, en su artículo 604, la definía como “….la manifestación de una parte de ser cierto el hecho que le perjudica afirmado por la otra, reviste el carácter de confesión, que es judicial si se hace ante Juez competente en razón de la naturaleza de la causa y en ejercicio de sus funciones; y extrajudicial si fue hecha en otra ocasión, en carta misiva” Según el artículo 194 del antiguo Código de Procedimiento Civil. “es la que se hace a un juez, en ejercicio de sus funciones; las demás son extrajudiciales. La confesión judicial puede ser provocada o espontánea. Es provocada la que hace una parte en virtud de interrogatorio de otra parte o del juez, con las formalidades establecidas en la ley, y espontánea la que se hace en la demanda y su contestación o en cualquier otro acto del proceso sin previo interrogatorio”.

El actual estatuto procesal no trae una definición de este medio probatorio, aunque lo enlista como uno en el artículo 165 y lo regula en la Sección Tercera, Título Único, Capítulo Tercero del Código General del Proceso. Para que se produzca, se deben cumplir los requisitos contenidos en el artículo 191 del mismo estatuto. Además, la ley es clara en cuanto establecer en el artículo 201 que toda confesión admite ser infirmada; esto es, que admite prueba en contrario.

Se desprende del Código General del Proceso que para que sea válida, debe contener al menos los siguientes elementos: i) que quien confiesa tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado; ii) que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria; iii) que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba; iv) que sea expresa, consciente y libre; v) que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento; y vi) que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. Además el artículo 196 recoge el principio de indivisibilidad de este medio probatorio; es decir que la confesión deberá aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, excepto cuando exista prueba que las desvirtúe.

6.2. Ahora, el estatuto en comento contiene reglas especiales relativas a cuatro clases especiales de confesión: la del litisconsorte(37), la del representante de personas jurídicas de derecho público(38), la del representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona(39), y la del apoderado judicial. Respecto de esta última, el Código Judicial de 1931 establecía que era válida “cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la que se presume para los escritos de demanda y excepciones y de las respuestas correlativas.” En el mismo sentido, el derogado Código de Procedimiento Civil establecía:

“Artículo 197. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se presume para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones y la audiencia de que trata el artículo 101.”

La actual redacción de este tipo de confesión en el Código General del Proceso implicó una actualización a las nuevas realidades procesales, como la oralidad. Observa la Corte que la disposición contiene dos elementos principales. Por una parte, establece un principio según el cual este tipo de confesión solamente podrá existir en el evento en el que el poderdante expresamente así lo autorice. Sin embargo, a renglón seguido instituye una presunción en relación con aquellos actos procesales en los que, por el mero hecho de otorgar poder, se entiende que el poderdante faculta a su abogado para confesar. Como literalmente lo señala la norma en comento, las reglas de la confesión por apoderado no admiten estipulación en contrario; es decir, se requerirá siempre autorización expresa, salvo para algunas actuaciones, en las que en todos los eventos el apoderado podrá confesar. Con ello varió el esquema previsto en el Código de Procedimiento Civil.

Esta modificación se introdujo en la ponencia para segundo debate en el Senado –las primeras versiones aprobadas mantenían el modelo de antaño-, donde se procedió a modificar el actual artículo 193 del Código General del Proceso en el sentido descrito. Consta en Gaceta del Congreso Núm. 261 de 2012:

“Artículo 193. Confesión por apoderado judicial. Se suprime la expresión ‘espontánea’ por ser innecesaria. Se corrige la referencia a una presunción, pues se refiere a elementos naturales del contrato de mandato, por lo que resulta mucho más precisa la expresión ‘se entienda otorgada’. En armonía con el cambio hecho al artículo 77, se incluye una ineficacia de pleno derecho para todas las estipulaciones que vayan en contra de lo previsto en este artículo.”

Como se ve, fue manifiesta voluntad del legislador que la ineficacia de pleno derecho de las estipulaciones contrarias, cobijara tanto la primera como la segunda de las reglas que contiene el artículo 193.

En relación con la expresión que se demanda, que contiene una presunción, es necesario recordar que estas se clasifican en legales y judiciales, según las establezca la ley o sean producto de las deducciones hechas por el juez. Las legales, como la de la presente norma, son aquellas fijadas por el legislador, teniendo en cuenta que de ciertos hechos derivan determinados efectos, y entonces, por razones de orden público vinculadas al régimen jurídico, impone una solución de la que le juzgador no puede apartarse. En estos supuestos el legislador hace el razonamiento y establece la presunción, pero a condición de que se pruebe el hecho en que ella se funda. En este evento, entonces, basta con la simple demostración de que haya sido otorgado el poder al abogado para entender que se le ha conferido la facultad de confesar en los eventos descritos.

Ahora bien, existen presunciones "juris et de jure" que no admiten prueba en contrario. Ellas no constituyen en esencia un medio de prueba, sino que excluyen la prueba de un hecho considerándolo verdadero. El hecho presumido se tendrá por cierto, cuando se acredite el que le sirve de antecedente. Las presunciones "juris tantum" son aquellas que permiten producción de prueba en contrario, imponiéndole esa carga a quien pretenda desvirtuarlas. Al señalar el legislador que la presunción de la facultad de confesar en los puntuales momentos procesales que estableció no admite estipulación en contrario, introdujo, en relación con la confesión por apoderado, una presunción “juris et de jure”.

Debe la Sala establecer la razón de ser de esta decisión. Recuérdese que la presunción “juris et de jure” cobija, según la voluntad del legislador, los actos procesales de la demanda, las excepciones, las contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. ¿Qué tienen en común las anteriores? Su importancia para el proceso: son todas actuaciones iniciales, vitales para aquel, que fijan el objeto del litigio y determinan su decurso. Lo que las partes, por intermedio de sus apoderados, ahí digan – y esto comprende también lo que confiesen- permitirá al juez establecer el objeto del litigio, estructurar la etapa probatoria y, en últimas dar un adecuado trámite a todo el juicio.

Tanto la doctrina(40), así como algunos de los intervinientes en el presente proceso, han señalado que la modificación de la figura de la confesión por apoderado tiene por finalidad asegurar mayor responsabilidad tanto entre cliente y abogado, como entre este y los demás sujetos procesales, impidiendo que lo dicho en los actos procesales previstos en el artículo 193 sean una mera formalidad en los eventos en los que el poderdante hubiere limitado la capacidad de confesar de su apoderado. Es decir, en términos constitucionales, lo que persigue el nuevo esquema es garantizar una más eficiente administración de justicia (Art. 229 de la Carta).

Piénsese, por ejemplo, en la presentación de la demanda. Esta actuación procesal es de vital importancia, ya que –para empezar- tiene la característica de ser el mecanismo mediante el cual se activa el aparato de justicia y tiene la potencialidad de convocar, en contra de su voluntad manifiesta, a una persona a un proceso. Dentro de este contexto, resulta comprensible que el legislador demande que, para ese acto, se exija un especial compromiso de veracidad entre el poderdante y el apoderado, presumiendo siempre que este último confiese en nombre del primero.

Se constituye entonces la confesión en una garantía importante para el adecuado trámite de lo que de ahí en adelante ocurra con la actuación judicial. Lo anterior se explica con mayor claridad si se piensa en el ejemplo contrario, en el que la parte a su voluntad autoriza o no la confesión en el libelo inicial. En aquel evento, en el transcurso del proceso, podría afirmar que los hechos contenidos en la demanda no pueden ser tenidos como confesión –y por ende que carecen de valor probatorio- por el simple hecho de haber existido estipulación contraria en el poder; en esa medida, se abriría una puerta para dilaciones procesales, exigiendo probar por otros medios lo ya dicho por el apoderado, pero que por voluntad del poderdante no era susceptible de confesión. Este último razonamiento –considera la Sala- se hace extensivo a las excepciones, las contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, que son, como se señaló, actuaciones vitales dentro del proceso.

Es de recordar que el derecho de acción se ejerce mediante la demanda. Su propósito es presentar unas pretensiones al Estado con el fin de que las resuelva mediante sentencia dictada por un funcionario de la rama jurisdiccional, por regla general. Una vez puesto en consideración de este último el contenido del acto que da inicio al proceso, aparecen la contestación y las excepciones. Estas son manifestación del derecho de contradicción que tiene quien es llevado a estrados. Las previas son aquellas dirigidas a perfeccionar el proceso, mientras que las de mérito van encaminadas a negar el derecho que se reclama. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: “si la excepción tiende a mejorar la forma o a demorar el trámite, perfeccionándolo, es dilatoria (…); y si la excepción tiende a desconocer el derecho reclamado, a enervar la acción o a obtener que se declare extinguida, es perentoria y ataca el fondo de lo planteado por el demandante”(41). La audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código, entre otros, fija el litigio, resuelve sobre excepciones previas, permite el interrogatorio de parte y tiene la potencialidad de que en ella se dicte sentencia. Aquella que se practica en el verbal sumario concentra en una sola sesión las actuaciones que se adelantan en el proceso verbal ordinario en la inicial y en la de instrucción y juzgamiento. Es en ese marco de tan importantes actuaciones judiciales, que implican el derecho de acción y contradicción, que se presume “iuris et de iure” la confesión hecha por quien ha recibido poder de la parte.

En todo caso se debe señalar que la realizada por apoderado es una confesión en toda regla y por tanto se debe sujetar a las exigencias del Código. Esto es, aunque se surta a través del abogado, debe ceñirse a los requisitos —ya explicados— del artículo 191 para que pueda ser tenida como válida. Además, al ser otro medio de prueba de los previstos en el ordenamiento, su apreciación se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Estatuto Procesal; esto es, en conjunto con los demás y de acuerdo con la sana crítica. Además, como se indicó, este medio judicial de establecer la verdad del proceso no equivale a ella; es decir, es una de los múltiples elementos a considerar para dictar sentencia y podrá, por expresa disposición del legislador, ser infirmada; esto es, como se explicó, que admitirá prueba en contrario.

6.3. En síntesis: la confesión es un tradicional medio de prueba que actualmente existe en nuestro ordenamiento procesal, sujeto a formalidades para su validez. Igualmente prevé algunos tipos especiales, como aquella que se surte a través de apoderado. Esta también ha estado presente en nuestra historia jurídica, pero recientemente fue modificada por el legislador mediante la Ley 1564 de 2012, en su artículo 193. La novedad, en relación con las regulaciones anteriores, consiste en que se presume “iuris et de iure” que exige autorización del poderdante. Esta regla tiene una excepción en lo que concierne a la demanda, la contestación, las excepciones, las contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, para las cuales se entenderá conferida siempre la capacidad del apoderado de confesar. Esto se explica dada la importancia que para el proceso tienen tales actuaciones y tiene por finalidad la garantía de una eficiente administración de justicia prevista en el artículo 229 de la Carta.

7. Análisis de constitucionalidad de la disposición demandada. 

7.1. Como se señaló al plantear el problema jurídico, la Corte Constitucional debe determinar si la presunción establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, sin que se pueda establecer estipulación en contra, vulnera el artículo 29 de la Carta al trasladar incondicionadamente una facultad de disponer del derecho en litigio que solo corresponde al poderdante.

7.2. Al tratarse de una decisión del legislador en el marco de la amplia configuración legislativa en cuanto al diseño de los procedimientos, la Corte debe entonces si es razonable y proporcionada su decisión. Para tal efecto es necesario recordar que la Corte ha sostenido(42) que dicho juicio adopta diversas modalidades – leve, intermedia o estricta – según su grado de intensidad. Al respecto, la sentencia C-354 de 2009, sintetizó la postura de este Tribunal, así:

“De acuerdo con la jurisprudencia, la regla general en el control de constitucionalidad es la aplicación de un test leve de proporcionalidad en el examen de una medida legislativa, criterio que se fundamenta en el principio democrático, así como en la presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas.(43)

El test leve se orienta a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se limita, cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin propuesto.

Sin que se trate de una enunciación taxativa, y sin que el contenido de una disposición sea el único criterio relevante para definir la intensidad del juicio de constitucionalidad, puede señalarse que la Corte ha aplicado un test leve de proporcionalidad en casos que versan exclusivamente sobre materias 1) económicas, 2) tributarias, o, 3) de política internacional, o, 4) cuando está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, 5) cuando se trata del análisis de una normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente; o, 6) cuando del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión.(44)

Para la Corte, las limitaciones constitucionales impuestas al legislador en determinadas materias en la propia Constitución justifican en determinados casos la aplicación de un test de mayor intensidad.

La Corte ha empleado el llamado test intermedio para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, en especial 1) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia, o, 3) cuando se trata de una medida de acción afirmativa.(45)

En el test intermedio el nivel de exigencia del análisis es mayor, por cuanto se requiere que el fin no sólo sea legítimo sino, también, constitucionalmente importante, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la magnitud del problema que el legislador busca resolver y que el medio, no sólo sea adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar el fin buscado por la norma sometida a control judicial.(46)

Finalmente, en la Sentencia C-673 de 2001 la Corte enunció algunos casos en los que se ha aplicado un test estricto de razonabilidad: 1) cuando está de por medio una clasificación sospechosa como las enumeradas en forma no taxativa a manera de prohibiciones de discriminación en el inciso 1º del artículo 13 de la Constitución; 2) cuando la medida recae principalmente en personas en condiciones de debilidad manifiesta, grupos marginados o discriminados, sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o minorías insulares y discretas; 3) cuando la medida que hace la diferenciación entre personas o grupos, prima facie, afecta gravemente el goce de un derecho constitucional fundamental, o, 4) cuando se examina una medida que crea un privilegio

En esa sentencia la Corte manifestó que en el test estricto de razonabilidad, los elementos de análisis de la constitucionalidad son los más exigentes, en la medida en que, en desarrollo del mismo, el fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso, y el medio escogido debe ser no sólo adecuado y efectivamente conducente, sino, además, necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, dijo la Corte, el test estricto es el único que incluye, como cuarto paso, la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, conforme al cual los beneficios de adoptar la medida deben exceder claramente las restricciones impuestas por la medida sobre otros principios y valores constitucionales..”

Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte aplicará el test leve. Considera la Sala que del contexto normativo de lo demandado en el presente asunto, tal y como lo señala la jurisprudencia del Tribunal, no se aprecia prima facie una amenaza para el derecho invocado en la demanda –es decir, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 29 constitucional-, que justifique un más estricto cuestionamiento del principio democrático y de la presunción de constitucionalidad de las decisiones legislativas; en el sentido de lo anterior, no se aprecia una actuación arbitraria por parte del Congreso que afecte el debido proceso del poderdante, lo cual descarta la aplicación de un test estricto de proporcionalidad o de uno intermedio. Como quedó señalado ya en un pasaje superior de este fallo, la confesión por apoderado judicial es una de las variantes que adquiere un medio probatorio aceptado por el ordenamiento, propio de la tradición jurídica de nuestro país y del derecho en general.

Además, esta forma específica –la que hace el abogado- también ha sido de aprobación pacífica en el sistema jurídico, al haber estado contemplada, casi sin variaciones, en diversos estatutos procesales, especialmente desde el Código Judicial de 1931. Aunque en el estatuto procesal del 2012 el legislador introdujo expresamente una cláusula que prohíbe estipulaciones en contrario para la confesión por apoderado en el caso de la demanda, las excepciones, la contestación y las dos audiencias descritas en el artículo 193, la Sala considera que esa modificación en relación con la forma en la que estaba anteriormente regulada la figura, no implanta un elemento adicional que amerite la variación de la intensidad del test; por el contrario, ese nuevo elemento debe ser considerado dentro del estudio de proporcionalidad propuesto, como un criterio más de análisis para este Tribunal.

No procede, considera la Sala, un test intermedio porque en el presente caso no existe un indicio de arbitrariedad ni se trata de una medida de acción afirmativa.

Adicionalmente lo que se demanda no representa ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, ni afectan a un grupo marginado o discriminado. Aunque en la percepción del demandante la norma demandada podría afectar del derecho constitucional al debido proceso, lo que hablaría en favor de aplicar un juicio más estricto al examen de la medida, considera la Sala que para arribar a tal conclusión es necesario que los argumentos que apuntan a la aplicación de un grado de intensidad más exigente, sean de tal peso que se justifique abandonar el test ordinario.

La Sala entonces abordará el problema propuesto, aplicando el test enunciado; es decir, indagará acerca de la legitimidad del fin y de la medida y sobre la adecuación de esta para alcanzar el propósito buscado. Determinará si este y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y si el medio escogido es adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin propuesto.

7.3. Para la Corte la presunción establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, decisión que no admite estipulación que prive al abogado de tal facultad, persigue fines legítimos y constitucionalmente importantes, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta. Adicionalmente, tal decisión no infringe ninguna prohibición expresa que haya consagrado el constituyente en el texto constitucional.

Como se determinó en un pasaje anterior, el esquema adoptado por el Congreso de la República busca la satisfacción del ejercicio más completo de la garantía de una mayor eficiencia en la administración de justicia, responsabilizando en un grado elevado y generando un compromiso inescindible –aunque mediara la voluntad de hacerlo- entre la parte y su apoderado respecto de lo que se confiesa en ciertas actuaciones que resultan definitorias para el adecuado trámite del proceso, como son las previstas en el artículo demandado. La eficaz administración de justicia se relaciona además íntimamente con la posibilidad de alcanzar los fines del Estado previstos en el artículo 2º de la Carta, en especial con el propósito de llegar un orden justo. Así, el propósito del legislador con el artículo 193 del Código General del Proceso es legítimo.

De otra parte, la Sala considera que la medida es adecuada. Establecer la confesión por apoderado judicial para las actuaciones procesales ya tantas veces enunciadas, además de estipular que esa facultad de confesar siempre existe, contribuye efectivamente a la finalidad propuesta. Al establecer la prohibición en el sentido que poderdante y apoderado no pueden estipular en contrario, el legislador dio la máxima eficacia a la figura de la confesión por apoderado, de cara al propósito que tiene y que ya se enunció. Como quedó explicado en las consideraciones generales de esta sentencia, la demanda, la contestación, presentar excepciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, son momentos vitales del proceso, que le dan forma y tienen la virtualidad de definirlo, fijando el objeto del litigio, determinando su decurso, permitiendo dar un adecuado trámite a todo el juicio. Es decir, la medida logra cumplir con lo que busca.

El compromiso de veracidad que crea la norma efectivamente avanza en el fin propuesto: quien otorga poder y su apoderado deberán ser especialmente cautos en el proceso, en especial porque no podrán disponer libremente en el poder si este último está en capacidad o no de confesar en las actuaciones procesales que estructuran el litigio; asumirlo con mayor responsabilidad, so pena de confesar lo que no se quiere y respecto de lo que no hay posibilidad de retractación y que será tenido como prueba de confesión. El legislador ha considerado, en buen sentido, que las afirmaciones y negaciones realizadas en juicio por el abogado tienen la posibilidad de comprometer probatoriamente la posición de la parte que representan. Ello es consecuencia directa de la responsabilidad que conlleva el mandato y una corolario del deber de colaborar con la justicia La mayor responsabilidad entre cliente y abogado propugna porque la administración de justicia sea más eficiente, evitando dilaciones injustificadas o, como se expresó en las consideraciones generales, teniendo que someter eventualmente a las partes a probar por otros medios lo que ya se confesó.

En síntesis, la Sala considera que la disposición demandada supera el test leve de proporcionalidad, por lo cual que legislador no excedió en este caso su límite de potestad configurativa en el diseño de los procesos. Ello porque constata que la norma tiene un fin legítimo y resulta adecuada para la consecución de aquel. Por contera, no hay lugar a la prosperidad del cargo formulado por el actor respecto del artículo 29 constitucional. Con fundamento en ello, la Corte declarará la exequibilidad de la expresión “la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”, por el cargo estudiado.

VII. Decisión 

Por lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”, contenida en el artículo 193 de la Ley 1564 de 2012, por el cargo estudiado.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

 

1 Folios 13 y 14

2 Entre varios, el auto de Sala Plena 244 de 2001.

3 Sentencia C-898 de 2001.

4 Sentencias C-143 de 1993 y C-428 de 1996.

5 Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001.

6 Sentencia C-504 de 1995.

7 Sentencias C-1544 de 2000, C-113 de 2000, C-1516 de 2000 y C-1552 de 2000, entre otras

8 En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996, C-1048 de 2000 y C-011 de 2001, entre otras.

9 Sentencia C-568 de 1995. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.

10 Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Los autos 097 de 2001 y 244 de 2001 y las sentencias C-281 de 1994, C-519 de 1998, C-013 de 2000, C-380 de 2000), C-177 de 2001, entre varios pronunciamientos.

11 Sentencia C-447 de 1997. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.

12 Sentencia C-447 de 1997, ya citada.

13 Sentencia C-504 de 1993. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.

14 Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.

15 Sentencia C-269 de 1995. Este fallo que se encargó de estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.

16 Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996, C-357 de 1997, C, 374 de 1997 se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000, C-040 de 2000, C-645 de 2000, C-876 de 2000, C-955 de 2000, C-1044 de 2000, C-052 de 2001, C-201 de 2001.

17 Sentencia C-1052 de 2001.

18 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, C-346 de 1997, C-680 de 1998, C-1512 de 2000, C-899 de 2003, C-318 de 2003, entre otras.

19 Sentencia C-927 de 2000.

20 Sentencia C-043 de 2002.

21 Sentencias C-927 de 2000, C-893 de 2001, C-1104 de 2001, C-309 de 2002, C-314 de 2002, C-646 de 2002, C-123 de 2003, C-234 de 2003, y C-1186 de 2008, entre otras.

22 Ver sentencias C-316 de 2002 y C-227 de 2009.

23 Sentencia C-012 de 2002.

24 Sentencia T-323 de 1999

25 Sentencia C-204 de 2003

26 Sentencia C-736 de 2002.

27 Sentencia C-798 de 2003.

28 Sentencia C-925 de 1999 y C-203 de 2011.

29 Sentencia C-925 de 1999,.

30 Sentencia C-1512 de 2000.

31 Sentencias C-728 de 2000 y C-1104 de 2001, entre otras.

32 Sentencia C-1512 de 2000.

33 Sentencias C-1104 de 2001 y C-1512 de 2000, entre otras.

34 Sentencia C-426 de 2002.

35 Sentencia C-203 de 2011.

36 BOHORQUEZ, Angel María; De la confesión como prueba en juicio, tesis elaborada y sostenida para optar por el título de Doctor en derecho; Universidad Nacional, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Imprenta Bohorquez, Bogotá: 1918. En: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/de-la-confesion-como-prueba-en-juicio. Consultado el 14/09/2015

37 “ARTÍCULO 192. CONFESIÓN DE LITISCONSORTE. La confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero.
Igual valor tendrá la que haga un litisconsorte facultativo, respecto de los demás.”

38 “ARTÍCULO 195. DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez ordenará rendir informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv).”

39 “ARTÍCULO 194. CONFESIÓN POR REPRESENTANTE. El representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones.
La confesión por representante podrá extenderse a hechos o actos anteriores a su representación.”

40 NISMIBLAT Nattan; Código General del Proceso, derecho probatorio: introducción a los medios de prueba en particular. Principios y técnicas de oralidad; Ediciones Doctrina y Ley; Bogotá: 2014. Pág. 338

41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Auto de 10 de febrero de 1983, reiterado en sentencia del 20 de septiembre de 1985.

42 Sentencias C-333 de 1994, C-265 de 1995, C-445 de 1995, C-613 de 1996, C-197 de 1997, C-507 de 1997, C-584 de 1997, C-183 de 1998, C-318 de 1998, C-539 de 1999, C-112 de 2000, C-093 de 2001.

43 Sentencia C-673 de 2001

44 Ibid.

45 Ver Sentencias C-093 de 2001, y C-180 y C-422 de 2005

46 Sentencia C-673 de 2001