Sentencia C-553 de octubre 12 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Referencia: Expediente D-11291

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 317 (parcial) de la Ley 1564 de 2012.

Actor: Abraham Antonio Haydar Berrocal

Magistrado Ponente:

Dr. Aquiles Arrieta Gómez (E)

Bogotá D.C., doce de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: « II. El texto demandado

A continuación se transcribe el artículo 317 de la Ley 1564 de 2012, resaltando la expresión acusada:

“ART. 317.—Desistimiento tácito. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:

1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.

Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.

El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.

2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes.

El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:

a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;

b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;

c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;

d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;

e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;

f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;

g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;

h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.”

(…).

VI. Consideraciones y fundamentos

Competencia y aptitud de la demanda

1. De conformidad con el artículo 241 ordinal 5º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 317 (parcial) de la Ley 1564 de 2012. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Justicia considera que la demanda es inepta y no cumple los requisitos de certeza, claridad, pertinencia y suficiencia para que se profiera un pronunciamiento de fondo, esta Sala analizará previamente si la misma es apta para producir una decisión de mérito.

2. La Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia los requisitos necesarios para la admisión de la acción de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos, personas legitimadas para ello. A comienzos del presente siglo, específicamente en el año 2001, la Sala Plena de esta Corporación recordó las reglas que fueron fijadas en los primeros diez años de funcionamiento de la Corte, en una sentencia que ha sido reiterada recientemente en numerosa jurisprudencia, en la cual se ha ido precisando y concretando, caso a caso, los alcances de la misma(8). En tal decisión se puntualizó que las acciones de constitucionalidad requieren tres elementos fundamentales: “(1) debe referir con precisión el objeto demandado, (2) el concepto de la violación y (3) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (art. 2º, Decreto 2067 de 1991; y jurisprudencia constitucional)”(9). El segundo de estos elementos (el concepto de la violación), debe observar, a su vez, tres condiciones mínimas: (i) “el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas “(art. 2º, num. 2º, Decreto 2067 de 1991); (ii) “la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas “(10) y (iii) exponer las razones por las cuales las disposiciones normativas demandadas violan la Constitución, las cuales deberán ser, al menos, “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”.(11)

3. Dichas características, que debe reunir el concepto de violación, formulado por quien demanda la norma, fueron definidas por la Corte. En cuanto al requisito de la claridad, indicó esta Corporación, que el mismo se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación, que permita al lector la comprensión del contenido en su demanda(12). La condición de certeza, por su lado, exige al actor presentar cargos contra una proposición jurídica real, existente y que tenga conexión con el texto de la norma acusada, y no una simple deducción del demandante(13). La exigencia de especificidad hace alusión a que el demandante debe formular, al menos, un cargo constitucional concreto y directamente relacionado con las disposiciones que se acusan, pues exponer motivos vagos o indeterminados impediría un juicio de constitucionalidad(14). En cuanto a la pertinencia, la Corte ha establecido que la misma se relaciona con la existencia de reproches basados en la confrontación del contenido de una norma superior con aquel de la disposición demandada, por lo cual no puede tratarse de argumentos de orden legal o doctrinario, o de puntos de vista subjetivos del accionante.(15) Con respecto a la suficiencia, ésta guarda relación con la exposición de los elementos de juicio necesarios para llevar a cabo un juicio de constitucionalidad y con el empleo de argumentos que despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición atacada, logrando así que la demanda tenga un alcance persuasivo(16).

4. La demanda presentada por el ciudadano Abraham Antonio Haydar Berrocal Torres, a juicio de la Sala Plena, presenta cargos que no cumplen con los requisitos de certeza y especificidad para que se produzca un pronunciamiento de fondo. En efecto, las acusaciones del actor parten de la hipótesis de que la responsabilidad de dar impulso al proceso es propia del demandante y por ello, el decreto del desistimiento tácito es producto de su conducta negligente. En ese entendido, la prohibición de reparar los perjuicios causados al demandado es contraria a la Carta Política y estimula el abuso del derecho a litigar ya que el accionante no recibiría sanción alguna.(17)

4.1. De acuerdo con lo anterior, se advierte que el accionante presupone un contenido normativo que no existe, es decir, parte de una interpretación subjetiva que no se desprende de una lectura juiciosa de la norma, toda vez que a juicio del actor, la responsabilidad de dar impuso al proceso es propia del demandante. Así, no es cierto que la disposición acusada esté exonerando de la obligación de resarcir los perjuicios a la parte que originó el desistimiento tácito. Contrario a esa lectura, el numeral que contempla la expresión demandada no señala un responsable único o específico de la terminación anormal del proceso. El numeral segundo del artículo 317, parte de la base de que fueron los sujetos procesales – demandante y demandado, incluso puede incluirse al juez – los que guardaron silencio y dejaron de actuar diligentemente durante el tiempo allí señalado. De manera que el argumento del actor no cumple con el requisito de certeza, al partir de la atribución exclusiva al demandante de la responsabilidad de la configuración del desistimiento tácito, cuando ésta, se repite, no se deduce de la literalidad de la norma.

4.2. Además, los argumentos del accionante se basan en la existencia de otras normas dentro del ordenamiento jurídico interno que permiten la reparación de perjuicios dentro del mismo proceso.(18) En estos eventos, cuando se alega la vulneración del principio de igualdad en distintos procesos judiciales, la Corte ha sostenido(19) “que no son comparables porque regulan supuestos fácticos distintos, y las diferencias entre unos y otros se introducen en función de los procesos y no en función de las partes que intervienen en ellos, de manera que al predicarse el principio de igualdad de las personas y no de los procesos, no resulta procedente aducir la violación del derecho a la igualdad.” En ese entendido, la sustentación del cargo tampoco cumple con el requisito de especificidad para que pueda producirse un pronunciamiento de fondo ya que no es posible establecer un patrón de igualdad o tertium comparationis, es decir, la redacción del cargo contiene expresiones indeterminadas que no permiten precisar si los supuestos de hecho contenidos en las distintas normas citadas(20) son susceptibles de compararse con el que contempla el desistimiento tácito y si se trata de sujetos de la misma naturaleza o en la misma situación procesal para establecer que en el evento del numeral 2º del artículo 317, la prohibición de reparar los perjuicios es irrazonable o desproporcionada. De aceptarse este criterio de comparación(21), cualquier clase de diferenciación en los procesos regulados por el Código General del Proceso podría motivar un juicio de igualdad, en desconocimiento de la amplia facultad de configuración del legislador en esta materia.

5. De otra parte, en este tipo de decisiones, la Corte considera importante resaltar las siguientes cuestiones, respecto del impacto de una inhibición. (22)

5.1. La inhibición implica un impacto sobre el derecho al acceso a la justicia de una persona a la cual un magistrado le ha admitido una demanda, pues para ella hay una legítima expectativa de que existirá una decisión de fondo. Sin embargo, las decisiones de admisión y de inhibición tienen importantes diferencias, entre las cuales destaca la autoridad que las decreta. En el primer caso le corresponde al magistrado sustanciador, mientras que en el segundo, a la Sala Plena de la Corte; de manera que las decisiones y aplicación del derecho que haga aquél son independientes y autónomas de las que haga ésta.

5.2. No obstante, el principal aspecto a tener en cuenta frente a una inhibición desde la perspectiva del acceso a la justicia, es que la acción pública y el debate constitucional quedan abiertos, no solo para la persona que en concreto haya ejercido la acción y que puede volver a hacerlo, sino para cualquier otro ciudadano o ciudadana que también crea que existe una tensión entre las normas legales acusadas y la Constitución, pero que es posible plantear el debate con base en mejores argumentos. Conocer de fondo demandas de baja calidad, en pro de la defensa del acceso a la justicia de una única persona, puede llevar a cerrar un debate de constitucionalidad de forma definitiva, afectando en un grado notable, el acceso a la justicia de las demás personas.

5.3. Por último, afirmar que la Sala Plena de esta Corporación no pueda tomar la decisión de inhibición ante una demanda ya admitida, implicaría restringir irrazonablemente el derecho de las personas e intervinientes que solicitan en los debates de constitucionalidad que la Corte se inhiba.

6. En conclusión, la demanda presentada por el ciudadano Abraham Antonio Haydar Berrocal Torres presenta cargos que no cumplen con los requisitos de certeza y especificidad para demostrar el desconocimiento de un orden justo (Preámbulo y artículo 2º, CP) y el principio de igualdad (artículo 13, CP). Por este motivo, la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarará INHIBIDA para pronunciarse de fondo.

VII. Decisión

La Sala reitera que una acción pública de inconstitucionalidad debe contar con cargos fundados en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes para que pueda ser resuelta de fondo por la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo frente a los cargos expuestos contra la expresión “o perjuicios” contenida en el artículo 317 de la Ley 1564 de 2012 por considerar que los mismos no cumplen los requisitos jurisprudenciales para tal fin.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente».

1 La demanda se encuentra en el expediente a folios 1 -17.

2 Explica que “si miramos la posición en que se encuentra la parte afectada por la práctica de cautelas o por el proceso mismo y cuyo litigio termina en razón de la norma demandada (por el desistimiento tácito decretado a su contraparte) y la comparamos con la de otra parte que igual ha sufrido perjuicios por la práctica de cautelas sobre sus bienes o por el proceso mismo y cuyo litigio termina en razón de cualquiera de las hipótesis legales arriba descritas, diáfano refulge el plano de desigualdad que entre ellas se presenta, en tanto y en cuanto aquélla no obtendrá la reparación de los perjuicios que se le han causado, ora que ésta sí tiene la garantía de reparación de los mismos. El plano de desigualdad anteriormente referido no tiene justificación de ninguna naturaleza, toda vez que, amén de la injusticia que representa una norma que proscribe el derecho a la reparación del daño, lo cierto es que la norma demandada solo busca, al parecer, la descongestión judicial, empero ello no es razón suficiente para que el legislador llegue a desconocer el elemental principio de justicia que encierra el derecho de daños”.

3 Al respecto, indica que con este razonamiento “el legislador habría fallado en la búsqueda del propósito de descongestión judicial que inspiró la figura del desistimiento tácito, toda vez que no se comprendería cómo, autorizando al juez a dejar un cabo suelto al terminar el proceso (no pronunciamiento sobre condena en perjuicios), se convide a la parte afectada a iniciar un proceso declarativo posterior para resolver sobre el reconocimiento y monto de los perjuicios que le ocasionaron en el proceso terminado por desistimiento tácito, lo que conduciría a la paradoja de que con el afán de descongestionar se dé por terminado un proceso sin resolver un asunto cardinal, invitando a que dicha problemática sea definida en proceso posterior, cuando, a no dudarlo, resultaba más económico procesalmente hablando de que el juez del desistimiento tácito se pronunciase expresamente sobre la condena en perjuicios.”

4 Visibles a folios 59 a 110 del Expediente.

5 Por su parte, el contemplado en el numeral 2º del artículo 317 acusado, tiene como punto de partida la inactividad de las partes, incluso la del juez, por un término no menor a un año, salvo que haya sentencia en firme a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, caso en el cual el plazo de inactividad será de dos años. Por lo tanto, esta hipótesis parte “de la paralización de un proceso o actuación procesal de cualquier naturaleza en la secretaría del juzgado, a lo sumo por un año y por la razón que sea, ora por displicencia, descuido o desinterés de las partes, ora por falta de impulso procesal por parte del juez. En el evento en que se configure la parálisis procesal por término señalado, sin necesidad de requerimiento alguno el juez deberá declarar la terminación del proceso”. Manifiesta que la imposibilidad de reclamar perjuicios cuando se declara la terminación del proceso por el desistimiento tácito previsto en el numeral 2 del artículo 317 del Código General del Proceso obedece a una consecuencia adversa razonable que debe padecer el extremo pasivo ante su desidia, descuido o complicidad frente a la inactividad del proceso. Así, “de verse afectado por el trámite procesal y por la imposición de medidas cautelares, su conducta debe ser otra distinta a la de quedarse de brazos cruzados, esperando que pase el tiempo para que el juez decrete la terminación del proceso. El CGP es un código que impone mayores cargas procesales a las partes, entre las cuales se encuentra la de asumir una conducta proclive al dinamismo del proceso; los sujetos involucrados en el debate procesal deben asumir una conducta activa y dinámica, no les es dado adormilarse, pues ello genera consecuencias, como la descrita en la norma acusada”.

6 En primer lugar, por “permitir que en situaciones casi idénticas se obligue en un tipo de inactividad a recurrir a un segundo proceso más dilatorio, costoso y demorado para el perjudicado, lo que se traduce en la realización dificultosa del derecho sustancial al descartar acciones que se pueden acumular”. En segundo lugar, considera que a situaciones iguales debe darse la misma solución, en ese sentido, si la norma quiere castigar la inactividad del demandante no es “razonable que en un tipo de ellas si prevea la condena en costas y no prohíba la reclamación de perjuicios. Por ello el beneficiado con la decisión y perjudicado con las normas generales del mismo código procesal puede incidentar y reclamar tal concepto en la misma actuación y de otro lado, en una misma inactividad -incluso más larga (1 año)- se le prohíba expresamente la reclamación de perjuicios y tácitamente la condena en costas”.
En tercer lugar, señala que la libertad configurativa del legislador está limitada por los principios de justicia y equidad, resultando “desproporcionado y desigual someter a una parte dentro de un proceso en el que se termina por desistimiento tácito, a adelantar un proceso declarativo posterior con miras a reconocerle su eventual perjuicio, cuando tal reclamación por su naturaleza jurídica puede hacerse vía incidental tal y como ocurre con la misma parte a la que se le termina el proceso pero por la inactividad del numeral 1 de la norma” sin que haya justificación para hacerlo.
7 Visible a folios 113 a 116 del Expediente.

8 Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Los criterios recogidos y fijados en esta sentencia han sido reiterados en muchas decisiones posteriores de la Sala Plena. Entre otras, ver por ejemplo: Sentencia C-874 de 2002 (MP Rodrigo Escobar Gil), Sentencia C-371 de 2004 (MP Jaime Córdoba Triviño), Auto 033 de 2005 (MP Álvaro Tafur Galvis), Auto 031 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Gutiérrez), Auto 267 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), Auto 091 de 2008 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 112 de 2009 (MP Clara Elena Reales Gutiérrez), Sentencia C-942 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), Auto 070 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), Sentencia C-243 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva; AV Nilson Elías Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto), Auto 105 de 2013 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), Auto 243 de 2014 (MP Mauricio González Cuervo), Auto 145 de 2014 (MP Alberto Rojas Ríos), Auto 324 de 2014 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), Auto 367 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), Auto 527 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa) y Sentencia C-088 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio). En todas estas providencias se citan y emplean los criterios establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 para resolver los asuntos tratados en cada uno de aquellos procesos.

9 Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).

10 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa).

11 Corte Constitucional, Sentencia C-1052 de 2001 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). Al respecto, ver el apartado (3.4.2) de las consideraciones de la sentencia.

12 Corte Constitucional, Sentencia C-382 de 2012 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual la Corte puntualizó que no se cumple con el requisito de claridad al no explicarse por qué el precepto acusado infringe la norma superior, y Sentencia C- 227 de 2015 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), providencia en la cual se explicó que se presenta falta de claridad al existir en la demanda consideraciones que pueden ser contradictoras.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-913 de 2004 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la que se aclaró que no se observó el requisito de certeza, por cuanto la demanda no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino en una deducida por quien plantea la demanda, o que está contenida en una norma jurídica que no fue demandada Sentencia C-1154 de 2005, (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en la cual se señala que se presenta falta de certeza cuando el cargo no se predica del texto acusado, y Sentencia C-619 de 2015 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), en la que se indica que la demanda carece de tal requisito al fundarse en una proposición normativa que no está contenida en la expresión demandada.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández), en la cual se afirmó que no se cumplió con el requisito de especificidad porque los fundamentos fueron formulados a partir de apreciaciones subjetivas o propias del pensamiento e ideología que el actor tiene sobre el alcance de la manipulación genética y su incidencia en la humanidad y Sentencia C-614 de 2013 (MP Mauricio González Cuervo), en la que se concluyó que no se trataba de razones específicas porque la argumentación se limitó a citar algunas sentencias de la Corte acompañadas de motivos de orden legal y de mera conveniencia.

15 Corte Constitucional, Sentencia C-259 de 2008 (MP Jaime Araujo Rentería), en la cual se señala que la demanda carece de pertinencia por cuanto se funda simplemente en conjeturas relacionadas con los provechos o las ventajas de la norma en cuestión y Sentencia C-229 de 2015, (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la que se consideró que la acción pública de inconstitucionalidad en razón de su objeto, no es un mecanismo encaminado a resolver situaciones particulares, ni a revivir disposiciones que resulten deseables para quien formula una demanda.

16 Corte Constitucional, Sentencia C-048 de 2006 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), en la que esta Corporación señaló que las razones expuestas en la demanda no eran suficientes al no haberse estructurado una argumentación completa que explicara con todos los elementos necesarios, por qué la norma acusada es contraria al precepto constitucional supuestamente vulnerado, y Sentencia C-819 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual se afirmó que la acusación carecía de suficiencia al no contener los elementos fácticos necesarios para generar una sospecha o duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto impugnado.

17 De conformidad con la redacción del actual Código General del Proceso, el juez decretará el desistimiento de la actuación o la terminación del proceso en dos escenarios a saber: (i) cuando se impone una carga a la parte procesal que promovió el trámite y la misma es indispensable para continuar el mismo; y (ii) cuando en cualquier etapa, el proceso permanezca inactivo en la secretaría del despacho, ante la falta de solicitud de actuaciones por las partes durante el plazo de un año en primera o única instancia , eventos en los que el juez, en ejercicio de sus poderes ordinarios no puede garantizar la prosecución del trámite. En el primer evento, la carga procesal que se estima necesaria para continuar con el trámite procesal, debe ser ordenada por el juez mediante auto que se notificará por estado (art. 317 numeral 1). En el auto, el juez deberá conferirle a la parte un término de treinta (30) días para cumplir la carga. Vencido dicho término, si la parte interesada no actúa, el juez “tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas”. En el segundo evento, la inactividad del proceso es consecuencia de la falta de solicitudes o de actuaciones de las partes durante un año. Circunstancia que permite al juez decretar “la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes”.

18 Cuando en las demandas se persigue la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma por supuesta vulneración del derecho a la igualdad, a juicio de esta Corporación, la carga argumentativa se acrecienta y por tanto, “la condición esencial para que se consolide un cargo por vulneración del principio de igualdad consiste en la identificación de un tratamiento diferenciado a dos personas o grupos de personas que se encuentren en idénticas circunstancias.” En Sentencia C-264 de 2008 este Tribunal dijo que el simple hecho de que el legislador establezca diferenciaciones, no lleva consigo una vulneración del derecho a la igualdad. Por tanto, no es válido para los demandantes hacer juicios genéricos, sino que deben presentar las razones por las cuales las situaciones son idénticas y sustentar por qué el trato diferenciado es arbitrario. Dijo la Corte: “Esta Corporación ha indicado, refiriéndose a la carga argumentativa que corresponde al demandante, cuando la pretendida inconstitucionalidad se deriva de la vulneración del principio de igualdad, que no resulta suficiente que el actor aluda a la existencia de un trato diferenciado en relación con determinadas personas, aunado a la aseveración de que ello resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 13 superior sino que, resulta imperioso que se expongan además las razones con base en las cuales se considera que la referida diferencia en el trato resulta arbitraria y que se sustente la pretendida discriminación con argumentos de constitucionalidad dirigidos a cuestionar el fundamento de la medida. No es, el trato diferenciado de algunos de los destinatarios de la ley lo que determina per se el quebranto del principio de igualdad, sino la arbitrariedad, la falta de una justificación objetiva y razonable, que comporte realmente la configuración de una situación de discriminación.”

19 Ver Sentencia C-868 de 2013 MP. María Victoria Calle Correa.

20 Entre otros, los artículos 422-3, 399-13, 443, 467 del Código General del Proceso.

21 Relacionado con la comparación de distintos procesos en los cuales se permite la indemnización de perjuicios por una negligencia en la actuación de su contraparte con el supuesto fáctico contenido en el numeral 2 del art. 317 del Código General del Proceso.

22 Desde sus inicios, esta Corporación ha proferido fallos inhibitorios por ineptitud sustantiva de la demanda. En sentencia C-546 de 1992, (MP Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero) al analizar una demanda contra la Ley 38 de 1989, la Corte decidió inhibirse relativa y parcialmente por ineptitud de la demanda frente al artículo 8º de dicha ley. En este sentido, se pueden ver, entre otras, las sentencias C-024 de 1994, (MP Alejandro Martínez Caballero); C-568 de 1995, (MP Eduardo Cifuentes Muñoz); C-551 de 2001, (MP Álvaro Tafur Galvis); C-1052 de 2001, (MP Manuel José Cepeda); C-1115 de 2004, (MP Rodrigo Escobar Gil); C-399 de 2006, (MP Alfredo Beltrán Sierra); C-894 de 2009, (MP Gabriel Mendoza Martelo); C-055 de 2013, (MP. Luis Guillermo Guerrero). En todos estos casos, el Tribunal ha seguido la regla según la cual el magistrado sustanciador realiza el análisis preliminar de la demanda, pero quien decide finalmente si falla de fondo es la Sala Plena de la Corte.