Sentencia C-554 de mayo 30 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

Sent. C-554, mayo 30/2001, Exp. D-3231

M.S. Clara Inés Vargas Hernández 

Actor: Alexander López Quiroz.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal".

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44097 del 24 de julio de 2000, resaltándose el segmento normativo censurado:

"LEY 599 DE 2000

(Julio 24)

Por la cual se expide el Código Penal.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

LIBRO PRIMERO

Parte general

TÍTULO I

De las normas rectoras de la ley penal colombiana

CAPÍTULO ÚNICO

ART. 8º—Prohibición de doble incriminación. A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos internacionales".

(...).

VI. Fundamentos

1. La competencia

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad que dio lugar al presente proceso.

2. La materia. Cosa juzgada relativa

Ha de establecer la Corte si la expresión acusada del artículo 8º de la Ley 599 de 2000, “salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”, como excepción a la prohibición de la doble incriminación, es violatoria de los artículos 29 y 93 de la Carta Política, que consagran, en su orden, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho y la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso que contienen el principio del non bis in ídem.

Si bien esta corporación en Sentencia C-551 de 2001, expediente D-3137, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, se pronunció de mérito en relación con las expresiones demandadas del artículo 8º del nuevo Código Penal, tal determinación no hizo tránsito a cosa juzgada constitucional (C.P., art. 243), puesto que la mencionada decisión no se fundamentó en el análisis por supuesta infracción al canon 93 de la Carta Política, que corresponde a la acusación que se formula en la presente oportunidad contra el fragmento normativo impugnado.

En consecuencia, la Corte se pronunciará sobre los nuevos cargos contra el segmento censurado del artículo 8º del Código Penal, para lo cual establecerá del sentido y alcance de la garantía del non bis in ídem y su estrecha relación con la cosa juzgada con el fin de desentrañar la razón de ser de la medida allí contenida.

3. Sentido y alcance del non bis in ídem. Su relación con la cosa juzgada. Relatividad del principio

3.1. Conforme a lo dispuesto en el canon 29 de la Ley Fundamental, quien sea sindicado tiene derecho, entre otras garantías, “a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, prohibición que implica la interdicción para las autoridades competentes de aplicar doble sanción por unos mismos hechos en los casos en que adviertan identidad de sujetos, circunstancias fácticas y fundamentos.

3.2. La consagración constitucional de este instituto es consecuente con la concepción del derecho punitivo de acto o de hecho y con el principio de la antijuridicidad material (1) , lo cual significa, en la práctica, que la prohibición de una doble sanción no depende del rito procesal de la cosa juzgada, sino del concepto de imputación fáctica, es decir, de la conducta punible independientemente de su denominación jurídica.

(1) Según este principio, se hace necesario que la conducta punible además de contradecir el orden legal debe causar un daño efectivo al bien jurídicamente tutelado, con la lesión o puesta en peligro de dicho bien, siempre y cuando la vulneración tenga significación social. Sobre este tópico resulta ilustrativa la obra de Carlos Arturo Gómez Pavajeau “El principio de la antijuridicidad material”, Ministerio de Justicia, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

3.3. El non bis in ídem se hace extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio del cual forman parte las categorías del derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial ético —disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los congresistas).

3.4. La prohibición del non bis in ídem no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; tampoco que esos hechos sean apreciados desde perspectivas distintas verbigracia como ilícito penal y como infracción administrativa o disciplinaria. Pero sí conlleva que autoridades del mismo orden y mediante procedimientos diversos sancionen repetidamente la misma conducta, como quiera se produciría una inadmisible reiteración del ius puniendi del Estado, y de contera, un flagrante atentado contra la presunción de inocencia.

En efecto, es posible que un mismo hecho pueda ser objeto de investigación y punición en forma independiente por parte de autoridades diferentes, puesto que la potestad sancionadora del Estado que se despliega en esos campos obedece a la necesidad de proteger bienes jurídicos de distinta naturaleza. Así, mientras la prohibición legal de la conducta delictiva tiene por objetivo la defensa de la sociedad, la falta disciplinaria persigue proteger el desempeño diligente y eficiente de la función pública; igualmente, mientras que las sanciones penales persiguen reprimir el reato, principalmente a través de medidas que comportan la privación de la libertad física, con la finalidad de obtener la reinserción del delincuente a la vida social, las sanciones disciplinarias tienen que ver con el servicio oficial mediante llamados de atención, suspensiones o separación del cargo, todo lo cual le otorga al acto sancionatorio un carácter independiente. Por esta razón se admite que la sanción disciplinaria se imponga sin perjuicio de los efectos penales que puedan deducirse de los hechos que la originaron (2) .

(2) Sentencia C-427 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz. En el mismo sentido la Corte se ha pronunciado en las sentencias T-413/92 (M.P. Ciro Angarita Barón); SC-096/93 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez); SC-319/94 (M.P. Hernando Herrera Vergara); SC-259/95 (M.P. Hernando Herrera Vergara); SC-244/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

3.5. No obstante, de antaño se viene cuestionando la aplicación del principio del non bis in ídem en relación con regímenes jurídicos de diversa naturaleza, en la perspectiva de un derecho sancionatorio que comprende autoridades de distinto orden y con diferentes procedimientos, pero inspirados en un solo ius puniendi estatal. Los defensores de esta postura sostienen que todas las infracciones merecedoras de reproche comparten la misma naturaleza punitiva, no obstante provenir de autoridades distintas, dada la indivisibilidad de la conducta punible. Por tal razón, rechazan por inconstitucional el doble enjuiciamiento de los mismos hechos en la acción disciplinaria y penal (3) .

(3) Sobre este tópico merece especial interés la opinión de Augusto Ibáñez en su obra “La cosa juzgada y el non bis in ídem en el sistema penal”, Ed. Gustavo Ibáñez, 1997, en la que rechaza la tendencia tradicional de aceptar la doble investigación, fundamento y punición en actuaciones penal y disciplinarias, a partir de la nueva concepción de la imputación fáctica y del ius puniendi como norma.

3.6. Aun cuando la jurisprudencia constitucional ha refrendado la validez del juzgamiento realizado por distintas autoridades respecto de unos mismos hechos, lo cierto es que el non bis in ídem como principio fundamental está inmerso en la garantía constitucional de la legalidad de los delitos y de las sanciones (nullun crimen nulla poena sine lege), puesto que su efectividad está ligada a la previa existencia de preceptos jurídicos de rango legal que determinen con certeza los comportamientos punibles. De esta forma, dicho postulado se constituye en un límite al ejercicio desproporcionado e irrazonable de la potestad sancionadora del Estado.

3.7. En el campo del derecho penal el principio del non bis in ídem se encuentra amparado bajo la fórmula procesal de la cosa juzgada, en los términos del artículo 19 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Penal):

"La persona cuya situación jurídica haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta".

La Corte ha reconocido la estrecha relación del principio del non bis in ídem con el de la cosa juzgada, al considerar que “la prohibición que se deriva del principio de la cosa juzgada, según la cual los jueces no pueden tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro funcionario judicial (4) , equivale, en materia sancionatoria, a la prohibición de “someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta" (5) , que se erige en el impedimento fundamental que a jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in ídem” (6) .

(4) SC-096/93 (M.P. Simón Rodríguez Rodríguez).

(5) ST-575/93 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). Véanse, también, las SC-479/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero); ST-520/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); SC-543/92 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo); ST-368/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); SC-214/94 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); SC-264/95 (M.P. Fabio Morón Díaz); ST-652/96 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

(6) T-168 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

3.8. Objetivamente, la cosa juzgada se extiende sólo a los sucesos que son materia de investigación y juzgamiento, sin reparar en la calificación jurídica que se haga de la conducta investigada, ya que lo que importa son los hechos como objeto de acusación y posterior juicio. Por ello, el nomen iuris del reato que ha sido investigado y sancionado no acarrea per se la imposibilidad de una nueva investigación. Y subjetivamente, la res iudicata sólo opera frente a los sujetos sindicados, acusados y juzgados.

3.9. La vigencia del principio del non bis in ídem supone la inmutabilidad e irrevocabilidad de la cosa juzgada. Empero, esto no significa de modo alguno que este postulado tenga carácter absoluto, puesto que la efectividad de los valores superiores de la justicia material y de la seguridad jurídica hacen necesaria la existencia de excepciones a la cosa juzgada.

Tal es el caso del artículo 17 del nuevo Código Penal, que dispone que no tendrán el valor de cosa juzgada ante la ley colombiana las sentencias que se pronuncien en el extranjero, respecto de los eventos a que se refieren los artículos 15 y 16 numerales 1º y 2º, a saber:

— Cuando se cometan ilícitos a bordo de nave o aeronave del Estado colombiano que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones reguladas en los instrumentos internacionales, y cuando la conducta se cometa a bordo de cualquier otra nave o aeronave nacional que se halle en altamar, cuando no se hubiere iniciado la acción en el exterior,

— Cuando se trate de personas que cometan en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social salvo el lavado de activos (C.P., art. 323), la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana, y

— A la persona que esté al servicio del Estado colombiano, goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero.

Al decidir sobre la exequibilidad de los artículos 14, 15 numeral 2º y 16 del Código Penal de 1980, que regulaban estas hipótesis, esta corporación hizo las siguientes precisiones en torno al principio del non bis in ídem y a la necesidad de morigerar su rigor cuando quiera se trate de defender la existencia y seguridad del Estado. Dijo la Corte:

"La preceptiva que contienen, consulta la necesidad que toda acción u omisión delictivas cometidas en el territorio del Estado, debe someterse a la ley penal, principio de territorialidad absoluta, siendo indiferente, por el llamado principio de equivalencia, que la conducta se inicie en el exterior y culmine dentro de nuestro país y viceversa (C.P., art. 13).

"La persona al servicio del Estado que goce de inmunidad reconocida por el derecho internacional y cometa delito en el extranjero debe ser juzgada en Colombia (C.P., art. 15-2).

"Con relación al reconocimiento de la cosa juzgada o el principio de non bis in ídem, éste no se reconoce para los eventos determinados en los artículos 14, 15 numeral 1º y 2º del Código Penal. En lo demás, es posible el mantenimiento de la absolución o la procedencia de la condena extranjera. En los demás casos se presenta el fenómeno de concurso de sentencias (nacionales y extranjeras) según las siguientes reglas:

"A juicio de la honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, 17 de junio de 1987:

"1. Prevalece la sentencia colombiana al punto que tiene imperio la condenatoria nacional sobre la absolutoria proferida en el exterior; y dentro de las de sanción la de mayor gravedad sí es la nacional la que exhibe esta característica (C.P., art. 16).

"2. En los tres casos de excepción (14, 15-1 y 2), “la pena o parte de ella que el reo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias se descontará de la que se impusiere de acuerdo con la ley colombiana, si ambas de igual naturaleza y si no se harán las conversiones pertinentes" (art. 16, inc. 2º). Así se da aplicación al principio de legalidad consagrado en la Constitución de 1886 y en la Constitución de 1991 (arts. 6º, 28, y 29 de la Carta).

“Se presenta, como lo ha sostenido la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, un juego de “aspectos de seguridad y existencia del Estado colombiano o de dignidad de representación internacional, que obligan a esta mayor severidad, debiéndose recalcar el atributo de soberanía que implica el sometimiento a la ley y que las sentencias penales colombianas no sufren restricciones ni toleran mengua o decaimiento. Es irrestricta y de un efecto totalizante e insoslayable. En estos eventos los demás países, por lo mismo que tales conductas podrían tener para ellos una menor significación, no suelen presentar idéntico interés de persecución ni igual dureza de tratamiento. Colombia en todo caso, parte del enunciado legal, plenamente explicable por las circunstancias dichas, de quedar satisfecha la protección de sus derechos de tan singular connotación sólo con las decisiones de sus propios tribunales”.

“La necesidad cada vez mayor de un principio de justicia mundial o de universalidad, por los múltiples vínculos y ágiles movimientos y comunicaciones del delito, hacen que no sea extraño sino algo habitual en las legislaciones de los países como las comentadas en nuestro Código Penal, la existencia de estos procedimientos, particularmente cuando se trata de delitos que tienen ejecución en el territorio nacional y en el extranjero, que imponen la simultánea actividad investigadora, y sin que ello implique el que un delincuente pueda ser juzgado dos veces por el mismo acto. Ya se ha advertido, que investigar no es juzgar, y que este último concepto representa la finalización de un proceso con sentencia.

"En la hipótesis de pluralidad de procesos no se afecta el principio constitucional, pues éste lo que prohíbe es la doble condena, resultando aconsejable y factible la pluralidad de la labor investigativa, bien porque no se ignore su coexistencia, y principalmente para evitar la impunidad y lograr la defensa social; resolviéndose finalmente la situación por la preferencia de lo resuelto por las autoridades nacionales, con exclusión de lo diligenciado por las autoridades extranjeras, como lo prevén los artículos 14, 15 numerales 1º y 2º, del Código Penal.

“Visto lo anterior, no queda duda de la conformidad con la Carta Política de estos otros preceptos. Pues ellos no tienen otro alcance que el de perseguir el delito en todas las latitudes, cuando amenace bienes esenciales del Estado, de la sociedad y de la civilidad colombiana, y de reconocer y admitir y aprovechar las acciones que otros Estados adelanten para reprimir el delito. La combinación de los criterios personal (Constitución Política, art. 35), el estatuto territorial, artículo 4º inciso 2º de la Carta, y de la internacionalización de las funciones públicas, artículo 226 ibídem, que se realiza en la preceptiva acusada, no deja duda de su bien logrado acuerdo con la Constitución” (7) . Negrilla fuera de texto.

(7) Sentencia C-264 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.

3.10. Así pues, resulta claro que el principio constitucional del non bis in ídem no tiene carácter absoluto, puesto que desde la perspectiva del derecho interno existen motivos de orden superior que justifican su atenuación, cuando se trata de defender intereses de inapreciable valor para la sociedad como son los relacionados con la soberanía nacional, la existencia y la seguridad del Estado, en cuya promoción está comprometido el mismo Estado.

4. La prohibición de doble incriminación frente al derecho internacional.

4.1. El artículo 8º del nuevo Código Penal prescribe que a nadie se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, “salvo lo establecido en los instrumentos internacionales”, excepción esta que, según se explicará a continuación, lejos de contravenir los dictados del canon 93 de la Ley Fundamental —que estipula la prevalencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos—, se ajusta a los mandatos constitucionales que reconocen la posibilidad de interacción del derecho internacional con el derecho interno, bajo ciertas condiciones (C.P., arts. 9º, 226 y 227).

En efecto, si bien diferentes pactos y tratados internacionales reconocen la garantía mínima fundamental a no ser juzgado ni sancionado por un hecho punible respecto del cual se ha sido condenado o absuelto de conformidad con la ley (8) —principio cuya efectividad está garantizada por el canon 93 fundamental—, lo cierto es que la exigencia cada vez más grande de una justicia ecuménica, orientada a reprimir comportamientos que afecten bienes de gran interés y valía para toda la humanidad, ha llevado a los Estados a replantear la inmutabilidad de ciertos axiomas, entre ellos el de la cosa juzgada y, por ende, el del non bis in ídem.

(8) Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 8º, 10 y 11); Pacto de San José (art. 8º), aprobado por la Ley 16 de 1972; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 9º, 14, 15 y 26), aprobado por la Ley 74 de 1968; Convención sobre los Derechos del Niño (art. 42), aprobada por la Ley 12 de 1991; Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 32), aprobado por la Ley 35 de 1961; Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes (arts. 6º y 7º), aprobado por la Ley 70 de 1986; Convenios I, II, III y IV de Ginebra, aprobados por la Ley 5ª de 1960; Protocolos I y II adicionales, aprobados por la Ley 11 de 1992.

4.2. Formalmente esta problemática ha sido planteada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde a partir de los mandatos consagrados en los artículos 3º, 12, 17 y 28 de la Declaración de los Derechos Humanos, que postulan el derecho de los pueblos del mundo a disfrutar de la tranquilidad interna, la seguridad de la persona y a la propiedad sin la intrusión de la actividad criminal, se viene debatiendo, desde una perspectiva económica y social, el tema del delito y los medios para prevenirlo, en el entendimiento de que los comportamientos delictivos en sus nuevas formas y dimensiones perjudican el proceso de desarrollo de muchos países, así como sus relaciones internacionales, poniendo en peligro el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Esta inquietud está plasmada en el artículo 1º de la Carta de las Naciones Unidas, que en lo pertinente reza:

"Los propósitos de las Naciones Unidas son:

“1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

"(...).

“3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

En desarrollo de estos objetivos, las Naciones Unidas realiza frecuentemente congresos sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, en los que se han adoptado importantes recomendaciones en estas materias (9) . También, a través del Comité de prevención del delito y lucha contra la delincuencia y de la subdivisión de prevención del delito y justicia penal, las Naciones Unidas adelantan actividades internacionales, en favor de la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia (10) . Igualmente, en casos muy particulares el consejo de seguridad de las Naciones Unidas ha dispuesto la constitución de tribunales ad hoc para juzgar crímenes de guerra y de lesa humanidad, ocurridos en desarrollo de conflictos entre grupos armados pertenecientes a un mismo Estado (11) .

(9) En la Resolución 415 (V), de la Asamblea General del 1º de diciembre de 1950, en la cual se incorporó la Comisión internacional penal y penitenciaria a las Naciones Unidas, se dispuso igualmente la celebración quinquenal de congresos sobre justicia penal. En este foro, que reúne a representantes de los Estados y académicos, se adoptan recomendaciones que tienen la finalidad de influir en los órganos legislativos de las Naciones Unidas —la Asamblea General y el Consejo Económico y Social— así como en los gobiernos locales y nacionales.

(10) El Comité de prevención del delito y lucha contra la delincuencia, creado por Resolución 1584 (L) de 1971, es un órgano deliberante que está subordinado al Consejo Económico y Social y cuya función principal es redactar textos de propuestas sobre normas y directrices internacionales relativas a las políticas de justicia penal. Por su parte, la subdivisión de Prevención del delito y justicia penal tiene a su cargo fomentar el establecimiento de normas y la aplicación de normas e instrumentos de las Naciones Unidas, reúne y analiza datos estadísticos, realiza estudios y prepara informes.

(11) Mediante Resolución 808 de 1993 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó un tribunal internacional para juzgar las violaciones del derecho internacional humanitario en la antigua Yugoslavia. Así mismo, mediante Resolución 955 de 1994 estableció un tribunal para juzgar casos similares en Ruanda.

4.3. En el plano regional, la Organización del Estados Americanos, OEA, consciente de la necesidad de adoptar mecanismos efectivos en la lucha contra el delito, dispuso la creación de la comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órganos fundamentales del sistema americano de protección de los derechos humanos.

4.4. De conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969 y que entró en vigor el 18 de julio de 1978, a la comisión interamericana le compete desarrollar, en términos generales, funciones en dos planos: uno de carácter general, con la publicación de informes sobre la situación de los derechos humanos en el continente y la realización de visitas de observación in loco a los países; y otro de control individual, mediante el examen de comunicaciones y quejas individuales sobre violaciones a los derechos humanos y presentando a la Corte los casos que de acuerdo con la convención deben ser sometidos a su conocimiento (arts. 34 a 51 de la Convención).

4.5. Por su parte, la Corte ejerce una doble competencia, consultiva y contenciosa, en relación con violaciones a los derechos y libertades protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para lo cual puede tomar medidas consistentes en garantizar al lesionado el goce de sus derechos o libertades conculcados, disponer la reparación de las consecuencias de la violación y tomar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia (arts. 52 a 69). Al adherir a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nuestro país reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de dicha convención (12) .

(12) Mediante la Ley 16 de 1972, aprobar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4.6. En relación con la materia que se debate en la presente causa constitucional, la Corte Interamericana ha manifestado que el principio del non bis in ídem no es óbice para el ejercicio de su competencia. En el caso Velásquez Rodríguez (sentencias del 26 de junio de 1987 y de julio 19 de 1988) la Corte Interamericana sentó la siguiente doctrina:

“El artículo 46.1.a) de la convención indica que la admisibilidad de una petición introducida ante la comisión según el artículo 44, está sujeta al requisito de “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos".

86. El artículo 46.2 establece tres supuestos específicos para la inaplicabilidad del requisito contenido en el artículo 46.1.a), al disponer lo siguiente:

“Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando:

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

“(…).

“La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la convención. En efecto, según ella, los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1º). Por eso, cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo” (13) . Negrilla fuera de texto.

(13) Esta doctrina ha sido reiterada en los casos Fairen Garbi y Solís Corrales (26 de junio de 1987 - excepciones preliminares), Godinez Cruz (junio 26 de 1987 – excepciones preliminares), Isidro Caballero (enero 21 de 1994 - excepciones preliminares) y Loaiza Tamayo (enero 31 de 1996 - excepciones preliminares).

4.7. Debe reconocerse que en la actualidad ha cobrado mayor intensidad la conciencia universal en torno a la represión de aquellos atentados que comprometen seriamente la axiología de los derechos humanos, situación que también viene siendo enfrentada mediante la aplicación del principio del derecho internacional de la jurisdicción universal, que habilita a las naciones para juzgar dichos comportamientos dentro de los límites de su derecho interno con el fin de conseguir la paz mundial. Esta tendencia busca erigir un “derecho penal transnacional”, en el que los Estados muestran un interés en extender su jurisdicción allende las fronteras, pero fundados en su derecho penal interno. Según se analizó, el artículo 17 del nuevo Código Penal consagra esta posibilidad en consonancia con lo dispuesto en el artículo 9º de la Carta Política, que establece que las relaciones exteriores de Colombia se fundan, entre otros aspectos, en los principios del derecho internacional aceptados por Colombia, en especial en el denominado principio de la jurisdicción universal (14) .

(14) Huelga observar que al acogerse el principio del monismo moderado existe una primacía atenuada de las normas internacionales en el orden interno, que no trae como consecuencia que las disposiciones nacionales con las cuales éstas entren en conflicto pierdan, por ese motivo, su validez; lo que sucede es que, en cada caso concreto, la aplicación de la ley nacional deberá ceder frente a la de la norma de mayor jerarquía. Cfr. Sentencia C-1189 de 2000.

4.8. Este principio de carácter consuetudinario, se encuentra consignado expresamente en varios convenios internacionales que vinculan a Colombia, como las convenciones contra la tortura, contra el genocidio, contra el apartheid y contra el tráfico ilícito de estupefacientes. También en múltiples acuerdos de cooperación judicial celebrados por nuestro país, que han sido refrendados por esta corporación en el entendimiento de que la actividad de cooperación investigativa no acarrea per se la violación del non bis in ídem (15) . Al respecto cabe observar que esta Corte ha señalado que el principio de jurisdicción universal es un mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra ciertas actividades repudiadas por la sociedad de naciones que, en esta medida, coexiste con las competencias jurisdiccionales ordinarias de los Estados, sin imponerse sobre ellas, tal como consta expresamente en los tratados en los cuales se consagra (16) .

(15) Cfr. sentencias C-404 y C-406 de 1999 y Sentencia C-1259 de 2000.

(16) Cfr. Sentencia C-1189 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

4.9. Teniendo en cuenta las falencias que ha presentado la aplicación práctica del estatuto universal, se ha gestado un movimiento mundial con el objetivo de construir una jurisdicción independiente de los Estados, que al salvar los obstáculos que implica el esquema tradicional de la justicia transnacional, permita la efectiva persecución y condena de crímenes de trascendencia para la comunidad internacional.

Es así como el 17 de julio de 1998, en la ciudad de Roma se suscribe el estatuto por medio del cual se establece la Corte Penal Internacional, que es una institución permanente facultada para ejercer, en forma independiente, su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, organismo que tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.

Dicho estatuto, que aún no ha entrado en vigencia, dispone que la Corte Penal Internacional estará vinculada con el sistema de las Naciones Unidas, tendrá personalidad jurídica internacional para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos, podrá ejercer sus funciones y atribuciones en el territorio de cualquier Estado parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado (17) .

(17) La competencia de la Corte Penal Internacional se limitará fundamentalmente a los crímenes de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, conforme a las definiciones contempladas en el estatuto, cuando estas infracciones hayan sido cometidas después de su entrada en vigencia. La correspondiente actuación se inicia a solicitud de un Estado parte, cuando el consejo de seguridad de la ONU remite al fiscal de la Corte un caso de violación o cuando el fiscal inicia la investigación de oficio, siempre y cuando se den las causales de admisibilidad consagradas en el artículo 17 del estatuto, relacionadas con la imposibilidad o incapacidad de los Estados para juzgar debidamente tales comportamientos.

4.10. Hecho el anterior recorrido, la Corte no puede hacer otra cosa que aceptar la validez constitucional de la excepción regulada en el artículo 8º del Código Penal, que consagra la prohibición de doble incriminación, puesto que nada se opone a que el legislador haya dispuesto que dicha garantía no opere en los casos previstos en los instrumentos internacionales que comprometen al Estado colombiano, excepción esta que según se expresó, guarda correspondencia con el postulado de la jurisdicción universal que es de observancia imperativa conforme a lo prescrito en el artículo 9º de la Carta Política.

La razón es clara: así como en el ordenamiento interno militan razones para morigerar el rigor del non bis in ídem —la protección de la soberanía y la seguridad nacional—, es comprensible que a nivel internacional las naciones del mundo, inspiradas en la necesidad de alcanzar objetivos de interés universal como la paz mundial, la seguridad de toda la humanidad y la conservación de la especie humana, cuenten con medidas efectivas cuya aplicación demande la relativización de la mencionada garantía, lo que constituye un motivo plausible a la luz de los valores fundamentales que se pregonan en nuestra Constitución Política, asociados a la dignidad del ser humano.

4.11. Además este propósito está en consonancia con los fundamentos y finalidades del sistema de las Naciones Unidas que pregona el compromiso de las naciones del mundo de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la necesidad de promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, empleando a estos efectos los mecanismos internacionales que sean indispensables para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Por ahora, en cuanto atañe a nuestro país, la conformación de una justicia penal internacional opera sobre la base de los denominados acuerdos de cooperación y asistencia recíproca entre los estados, respecto de investigaciones o actuaciones judiciales relacionadas con delitos cuyo castigo es de competencia de las autoridades internas, actividades que según se señaló, no acarrean por sí mismas, el desconocimiento de la prohibición de doble incriminación.

Por lo anterior, y habiendo establecido que la salvedad que se acusa se encuentra ajustada a la Carta Política, la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones demandadas del artículo 8º del Código Penal.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE la frase “salvo lo establecido en los instrumentos internacionales" del artículo 8º del Código Penal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

Alfredo Beltrán Sierra, presidente—Jaime Araújo Rentería—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Eduardo Montealegre Lynett—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

______________________________