Sentencia C-558 de junio 1º de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-558 de 2004

Ref.: Expediente D-4930

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 65 de la Ley 600 de 2000 —CPP—.

Bogotá, D.C., junio primero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

Se transcribe a continuación, el texto del artículo demandado.

LEY 600 DE 2000

“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

ART. 65.—Cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas, o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público. Cuando en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello proceda a la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra disposiciones que forman parte de leyes de la República.

2. Cargos de inconstitucionalidad presentados en la demanda.

El demandante argumenta que el artículo 65 de la Ley 600 de 2000 desconoce el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 constitucional, por cuanto (i) no contempla la interposición de recursos “contra la decisión judicial de orden de cancelación de personería jurídica”; (ii) la medida de cancelación de la personería jurídica de las sociedades u organizaciones “es de carácter permanente, no temporal, es decir, no se consagra como una medida cautelar sino más bien como una medida definitiva” y (iii) se trata de una “sanción” desproporcionada. Los argumentos del demandante son coadyuvados por el Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, que igualmente considera que la norma demandada viola los principios de presunción de inocencia y legalidad respecto de las formas propias del juicio.

El Ministerio del Interior y de Justicia, asegura que la disposición acusada es constitucional, y que debe interpretarse de forma armónica con el artículo 21 del Código de Procedimiento Penal a cuyo tenor “el funcionario judicial deberá adoptar las medidas necesarias, para que cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior y se indemnicen los perjuicios causados por la conducta punible”. Considera que la cancelación de la personería jurídica o el cierre de locales, deberá hacerse de todas maneras, una vez haya sido agotado el cumplimiento de los requisitos legales en cada caso. Igual solicitud eleva el miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien considera que se trata de un mecanismo para luchar contra la criminalidad, aunque sostiene que su constitucionalidad debe condicionarse en el entendido que cualquier medida definitiva esté sujeta a la plena prueba.

También para la Academia Colombiana de Jurisprudencia la norma es exequible, pero solicitar condicionarla al hecho de que cualquier medida definitiva, que conlleve por razones obvias un carácter sancionatorio, se sujete a la plena prueba y a la intervención de todos los interesados.

La vista fiscal también considera que la norma es exequible, por cuanto la interpretación dada por el demandante es errónea. Señala que contra los actos proferidos por el funcionario judicial en los cuales se cancele la personería jurídica o se ordene el cierre de sus establecimientos abiertos al público, pueden interponerse los recursos de reposición y apelación. Agrega que no se trata de una medida desproporcionada por cuanto “la medida que trata la norma acusada no compromete en ningún momento la responsabilidad del sindicado, y como tal no puede asimilarse o equipararse con una pena, pues el actor no (sic) la pretende mostrar como una pena imprescriptible, lo cual no es cierto”.

En este orden de ideas, considera la Corte necesario precisar la naturaleza jurídica del instituto procesal regulado en el artículo 65 del Código de Procedimiento Penal, a fin de determinar posteriormente si la norma demandada vulnera el derecho fundamental al debido proceso al permitir, según el demandante, la toma de medidas de carácter permanente y definitivo, ser una sanción desproporcionada y no consagrar recurso judicial alguno.

3. El artículo 65 de la Ley 600 de 2000 consagra una medida cautelar conforme con la Constitución.

El artículo 29 de la Constitución consagró la garantía fundamental del debido proceso, señalando que este “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Adicionalmente previo esa normatividad, que “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. De igual forma, los precedentes constitucionales sobre debido proceso, han señalado que esta garantía no es predicable solamente de las personas naturales sino también de las jurídicas(1).

La norma demandada dispone, que cuando en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello proceda a la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.

En criterio del demandante, tales medidas violan el debido proceso al ser irrazonables y desproporcionadas, por cuanto se tornan intemporales y definitivas. Afirma que el legislador no hizo un examen ponderado de las distintas circunstancias contempladas en la disposición acusada.

Encuentra la Corte, que una interpretación de la norma acusada en el sentido expuesto por el demandante, permitiría concluir de manera desprevenida, que dicha disposición es contraria a la Constitución por contrariar el artículo 29, que dispone que nadie puede ser juzgado sino con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En efecto, se estaría permitiendo la toma de medidas definitivas, no en la sentencia con fuerza de cosa juzgada sino en cualquier momento del proceso, afectándose con ella, igualmente, la presunción de inocencia consagrada en la disposición constitucional citada.

Pero, del análisis de la disposición acusada, puede establecerse que se trata de un instrumento de carácter procesal, previsto para que el funcionario investigador o fallador, en el curso de un proceso penal, iniciado contra una persona natural o jurídica, intervenga mediante la toma de ciertas medidas, a fin de evitar que un bien jurídico protegido se continúe lesionado, cuando en cualquier momento del proceso encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones, locales o establecimientos abiertos al público al desarrollo de actividades delictivas.

En efecto, una interpretación sistemática del conjunto normativo relativo al procedimiento penal, permite concluir, que en este caso no se trata de la toma de medidas de carácter sancionador o punitivo, sino que por la ubicación en el Código de Procedimiento Penal, libro primero, sobre disposiciones generales, título I de las acciones originadas por la conducta punible, capítulo IV sobre bienes, se trata de la toma de medidas de carácter cautelar o preventivo, pues a lo largo del citado capítulo, el legislador reguló lo atinente a esta clase de disposiciones, que pueden ser tomadas por los funcionarios judiciales dentro de esta clase de procesos, y que son necesarias para lograr que cesen las conductas punibles y los efectos creados por su comisión, así como que se indemnicen los perjuicios ocasionados en ella. Es así como el legislador consagró la posibilidad de ordenar en el curso del proceso, por ejemplo, el embargo y secuestro de bienes(2), la prohibición de enajenar bienes sujetos a registro(3), etc.

Al respecto del proceso penal, la Corte Constitucional ha considerado, que en todas y cada una de sus etapas debe garantizarse la vigencia de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, y por ello ha concluido que este procedimiento no tiene como propósito único su plena eficacia, sino que además se debe dotar al poder estatal de los medios adecuados para establecer la verdad y administrar pronta y cumplida justicia. Por ello, en el procedimiento penal se han establecido mecanismos, que como las medidas cautelares, permiten al Estado cumplir con sus fines esenciales de garantizar los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución a favor de todas las personas, así como el de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden social justo(4), partiendo del supuesto que indica, que es misión del funcionario judicial el restablecimiento del derecho, que comprende la facultad de paralizar la realización de hechos punibles.

Al respecto, en la Sentencia C-775 de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería la Corte consideró, que cuando quiera que la consecución de la protección y eficacia de los derechos fundamentales se ven obstaculizadas con la comisión de conductas punibles, las autoridades estatales, en particular las judiciales, en cumplimiento de sus facultades, tienen que adoptar las medidas necesarias, adecuadas y pertinentes con el objeto de restablecer los derechos quebrantados de las víctimas en la medida de lo posible y aplicar las sanciones previstas a los responsables, ya que sólo así se pueden sentar las bases de la convivencia pacífica entre los individuos y lograr un orden social justo, ambos valores fundamentales de nuestro régimen constitucional.

En dicha providencia, la Corte tuvo en cuenta también, que la propia Constitución en varias disposiciones prevé medidas en ese sentido. En primer lugar, atribuye una facultad general a todas las autoridades de la República de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades (art. 2º). De donde se desprende que las autoridades judiciales, por ser también autoridades públicas, también están obligadas a la realización de estos fines estatales. En segundo lugar, asigna unas funciones específicas a las autoridades judiciales en materia penal. Por su parte, el numeral 1º del artículo 251 original de la Constitución atribuye a la Fiscalía General de la Nación, como órgano encargado de investigar los delitos y acusar a los presuntos responsables ante los juzgados y tribunales competentes, la tarea de “asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. La reforma constitucional introducida por el numeral 6º del artículo 2º del Acto Legislativo 3 del 19 de diciembre de 2002 al artículo 251 citado, confiere a los jueces el mismo poder, quienes al efecto adoptarán “las medidas necesarias para la asistencia a las víctimas”, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito”.

En ese orden de ideas, se insiste, la disposición acusada es un instrumento de carácter procesal, previsto para procurar el restablecimiento del derecho perturbado, desarrollando de manera concreta tanto la Constitución como los principios generales del procedimiento penal, específicamente los consagrados en su artículo 21, comoquiera que con la toma de las medidas allí contempladas, de manera específica se procura que “cesen los efectos creados por la comisión de la conducta punible, las cosas vuelvan al estado anterior...”, realizando los fines del Estado.

Por lo tanto, las medidas preventivas consagradas en la norma acusada, buscan la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, consistente en proteger los derechos de la sociedad de las actuaciones delictivas que se vienen realizando por medio de personas jurídicas, sociedades u organizaciones, o sus locales o establecimientos abiertos al público, pues al paralizarse dicha conducta punible, se impide que el hecho delictivo se siga prolongando en el tiempo y continúe afectando bienes jurídicos que la Constitución ha querido proteger, procurándose de tal manera el restablecimiento del derecho y el cumplimiento por parte del Estado de los deberes constitucionales de protección, en los términos del artículo 2º de la Carta Política.

Aceptar la pretensión del actor, en el sentido de considerar como contraria a la Constitución la toma de medidas en el curso de un proceso a fin de paralizar una actividad delictiva, implicaría aceptar que el delito puede ser fuente de derechos o de enriquecimiento, y que pese a encontrarse demostrado en cualquier momento del proceso penal, que sociedades u organizaciones o sus locales o establecimientos abiertos al público, se encuentran dedicados total o parcialmente al desarrollo de actividades ilícitas, debe el Estado permanecer inerme permitiendo la consecución de tales actividades hasta que se profiera la sentencia respectiva, lo cual daría al traste con los fines propios del Estado de asegurar, en todo momento, la vigencia de un orden social justo así como los derechos fundamentales, e impediría igualmente que cumpla con el deber de protección respecto de la vida, honra y bienes de todas las personas.

Cabe precisar, que la facultad que otorga el procedimiento penal para la toma de medidas preventivas en el curso del proceso, no implica una autorización al funcionario judicial para actuar de manera arbitraria o inconsulta, pues para la adopción, en cualquier momento del proceso, de una de aquellas medidas cautelares, es bien clara la norma en establecer a su vez como requisito esencial, que se encuentre demostrado en el proceso, que se han dedicado total o parcialmente sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, o que, existen locales o establecimientos abiertos al público dedicados igualmente a dichas actividades.

En tal sentido la Corte entiende, que no se trata simplemente de considerar por parte de la autoridad judicial la posibilidad de que pueda estarse desarrollando de manera eventual una actividad delictiva, sino que en el proceso debe encontrarse demostrado, que sociedades u organizaciones, así como sus locales o establecimientos abiertos al público, se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de tales actividades. Es decir, en el proceso penal deben aparecer las pruebas respectivas que así lo demuestren, las cuales, como garantía del derecho de defensa, deben reunir los requisitos de publicidad y contradicción, para lo cual ha de permitirse por parte del funcionario judicial, que la parte contra la que se oponen pueda gozar de la oportunidad procesal para conocerlas y discutirlas, incluyendo su derecho a objetarlas e intervenir en su práctica así como de aportar las que considere pertinentes.

Por lo tanto, para que no resulte vulnerado el derecho de defensa en la toma de medidas preventivas como las consagradas en la norma acusada, debe tener en cuenta el funcionario judicial quien o quines serán las personas que resultarán afectadas con la adopción de las mismas, hayan o no participado en la comisión de las respectivas conductas delictivas. Puede tratarse entonces de la misma persona investigada, o puede suceder que se afecten derechos de terceros, especialmente en el caso de dedicación parcial al desarrollo de actividades ilícitas por parte de personas jurídicas, sociedades u organizaciones. Por ello, en todos los casos, el funcionario judicial deberá disponer lo necesario para permitir que las personas jurídicas, sociedades u organizaciones puedan ser oídas previamente a través de su representante legal, y permitir escuchar a los socios si así lo solicitan, o tratándose del cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público igualmente debe permitir la intervención de los titulares de los derechos involucrados en tales bienes comerciales.

Una vez se encuentre demostrado en el proceso la dedicación total o parcial de personas jurídicas, sociedades u organizaciones o de sus locales o establecimientos abiertos al público, al desarrollo de actividades delictivas, al establecerse en el proceso por parte del funcionario judicial, que tales personas jurídicas o bienes mercantiles tienen como finalidad propia la realización de este tipo de conductas, se impartirá la orden a la autoridad competente para que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a darle cumplimiento.

Ahora bien, en cuanto a las personas o bienes afectados con las medidas cautelares, la norma demandada se refiere a “la cancelación de personería de las sociedades u organizaciones” o “cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público”, que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas. Se trata por tanto, de la toma de medidas preventivas en relación con la personería jurídica de entes de carácter privado, sociedades u organizaciones, comprendiendo de tal manera todas las formas asociativas contempladas por la Constitución y la ley, a fin de proceder a su cancelación, o respecto de algunos de sus bienes mercantiles para proceder al cierre de locales o establecimientos abiertos al público.

En efecto, si bien las medidas previstas en la norma persiguen un fin constitucionalmente válido, debe la Corte ahora examinar, si se ajustan al principio de proporcionalidad, respecto del cual la jurisprudencia constitucional ha precisado que por medio de este se concreta a su vez aquel de ponderación de bienes, ya sea en el sentido de una prohibición de exceso(5) o de defecto(6). Así, el principio de proporcionalidad exige que “para la consecución de un propósito constitucionalmente válido el medio seleccionado por el legislador en materia penal, resulte ser acorde con la gravedad del hecho punible y la lesión a los bienes jurídicos tutelados”.

Al respecto debe tenerse en cuenta, que las medidas cautelares a que alude la norma demandada, se realizan por vía judicial, en el curso de un proceso penal que debe adelantarse con el pleno de las garantías constitucionales, y en el cual debe encontrarse demostrado que sociedades u organizaciones, así como sus locales o establecimientos abiertos al público se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas; y que, ellas persiguen impedir que una actividad delictual siga teniendo ejecución así como que cesen los efectos creados por la comisión de tal conducta.

No encuentra la Corte entonces, que el cierre de locales o establecimientos abiertos al público, cuando a través de ellos se desarrollen actividades delictivas, sea una medida preventiva desproporcionada, por cuanto su adopción no afecta el ejercicio de otros derechos constitucionales como el de asociación o de la personería jurídica; y además, resultan ser acordes para lograr de manera efectiva la paralización de conductas punibles cuando así se encuentre demostrado en el proceso.

Respecto de la cancelación de la personería jurídica de sociedades u organizaciones, al conllevar como consecuencia la extinción de la persona jurídica respectiva, de adoptarse como medida preventiva no puede conllevar efectos definitivos, pues de ser así resultaría una medida desproporcionada. Por ello, los efectos plenos de esta medida no pueden surtirse sino a partir de la sentencia que así lo determine, y mientras tanto, la personería jurídica solo podrá estar suspendida.

Cabe recordar, que si bien el funcionario judicial puede adoptar las medidas preventivas para lograr el restablecimiento y reparación del derecho, en el ejercicio de estas funciones también debe cumplir estrictamente con el debido proceso, y además no pueden lesionarse otros derechos constitucionales. Por ello, el entendimiento que debe dársele a la facultad del funcionario judicial de disponer sobre la cancelación de una personería jurídica, mientras no haya proferido la sentencia definitiva, es la que armoniza con su finalidad preventiva; por lo tanto, su adopción durante el proceso no puede tener sino los efectos de suspensión, a fin de lograr impedir que se sigan desarrollando actividades delictivas pero sin llegar hasta permitir la extinción de la persona jurídica de manera definitiva, con lo cual se vulnerarían derechos fundamentales.

Esta interpretación, que se ajusta a la Constitución, permite que la medida preventiva cumpla con la finalidad para la cual fue diseñada por el legislador, de impedir que una conducta delictiva se prolongue, en el tiempo y que se continúen afectando bienes jurídicos protegidos constitucionalmente, sin afectar derecho constitucional alguno. Por lo tanto, en la parte resolutiva, se condicionará la norma acusada, en el entendido que los efectos definitivos de la cancelación se deben determinar en la sentencia, y mientras tanto, la orden tiene efectos de suspensión.

Finalmente cabe recordar, que corresponde al funcionario judicial, decidir definitivamente en la sentencia lo relacionado con todas las medidas cautelares que adoptó durante el proceso, e igualmente deberá tomar en el curso del proceso las medidas pertinentes cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la adopción de las mismas.

4. Procedencia de los recursos de reposición y apelación contra la decisión adoptada por el correspondiente fiscal o juez.

Afirma el demandante que la norma demandada no contempla la procedencia de recurso alguno contra la decisión del fiscal o juez de conocimiento, desconociendo de esta manera el derecho al debido proceso. No comparte la Corte estas afirmaciones, por las razones que pasan a explicarse.

Como lo señala la vista fiscal, no es necesario que la norma establezca expresamente la procedencia de recursos contra la decisión de un fiscal o juez mediante la cual se le ordena a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a “la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público”, por cuanto se trata de una providencia interlocutoria, mediante la cual se resuelve un aspecto sustancial dentro del proceso penal, decisión contra la cual, de conformidad con los artículos 189 y 191 del Código de Procedimiento Penal, proceden los recursos de reposición y apelación.

La Corte comparte las apreciaciones anteriores, por cuanto todas las disposiciones procesales conforman un conjunto armónico y organizado, por lo tanto, la interpretación, de cada una de sus normas debe realizarse de manera sistemática. De tal manera, como no es necesario que cada disposición en particular disponga sobre los recursos que proceden contra ella, dado que los procedimientos consagran normas generales al respecto, a ellas habrá de acudirse para tales efectos.

En este caso es evidente que el legislador ha previsto los recursos de reposición y apelación contra las providencias interlocutorias, como lo es aquella mediante la cual se toman las medidas a que alude la norma demandada.

En este orden de ideas, el cargo de inconstitucionalidad por violación al debido proceso no está llamado a prosperar.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 65 de la Ley 600 de 2000, en el entendido que los efectos definitivos de la cancelación se deben determinar en la sentencia, y mientras tanto, esta orden tiene efectos de suspensión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Ver entre otras las sentencias SU-1193 de 2000, T-924 de 2002, C-510 de 1997, T-411 de 1992, T-430 de 1992, T-201 de 1993, T-573 de 1994, C-083 de 1995, C-360 de 1996, T-142 de 1996, SU-182 de 1998, T-200 de 2004.

(2) Artículo 60 del Código de Procedimiento Penal.

(3) Artículo 62 del Código de Procedimiento Penal.

(4) Sentencia C-775 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(5) Cfr. Sentencia C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(6) Cfr. Sentencia C-916 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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