Sentencia C-559 de agosto 20 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-559 de 2009

Ref.: Expediente D-7592

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demandantes: Kelly Marcela eira Blanco

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 208 (parcial) del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 21 de la Ley 794 de 2003

Bogotá, D.C., agosto veinte de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto atinente, resaltando lo demandado:

"Código de Procedimiento Civil

Título XIII

Pruebas

(...).

CAPÍTULO II

Declaración de parte

(...).

ART. 208.Práctica del interrogatorio. Modificado, Ley 794 de 2003, artículo 21. A la audiencia podrán concurrir los apoderados; en ella no se admitirán alegaciones ni debates.

El juez, de oficio o a petición de una de las partes, podrá interrogar a las demás que se encuentren presentes, si lo considera conveniente.

Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá al interrogado juramento de no faltar a la verdad.

Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le dará las explicaciones a que hubiere lugar.

La parte podrá presentar documentos relacionados con los hechos sobre los cuales declara, los que se agregarán al expediente y se darán en traslado común por tres días, sin necesidad de auto que lo ordene.

Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá darse diciendo si es o no cierto el hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarla con expresiones atinentes a aquel hecho. La pregunta no asertiva deberá responderse concretamente y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de las respuestas.

Si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los efectos de su renuencia.

De todo lo ocurrido en la audiencia se dejará testimonio en el acta, que será firmada por el juez, los apoderados y las partes que hubieren intervenido; si aquellos y estas no pudieren o no quisieren firmar, se dejará constancia del hecho.

En el acta se copiarán las preguntas que no consten por escrito y todas las respuestas, con las palabras textuales que pronuncien las partes y el juez".

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

Primera. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de la acusación parcial contra una ley.

Segunda. Lo que se debate.

Según los demandantes, debe esta corporación establecer si lo acusado del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, al facultar al juez durante el interrogatorio de parte para amonestar al preguntado con el fin de que responda o lo haga explícitamente, con prevención de los efectos de su renuencia, vulnera el preámbulo de la Constitución y los derechos al debido proceso, al secreto profesional, a la no autoincriminación y a no declarar contra sus familiares más cercanos.

Tercera. La prueba de interrogatorio o declaración de parte en el sistema procesal civil.

El interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso y puede llegar a configurar una confesión, siempre y cuando recaiga sobre hechos que perjudican al declarante o favorezcan a la parte contraria y se cumplan los demás requisitos señalados por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Como cualquier otro medio de prueba, el interrogatorio suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones. Es decir, busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes dentro del mismo.

El interrogatorio de parte puede ser procesal o extraprocesal, es decir, puede ser anticipado o realizarse en el curso del proceso (CPC, art. 205). Tal, como señalan los artículos 202 y 203 del mismo estatuto, el interrogatorio de parte que se realiza en el curso del proceso puede ser decretado de oficio por el juez o solicitado por cualquiera de las partes.

En Sentencia C-880 de agosto 23 de 2005, con ponencia del magistrado Jaime Córdoba Triviño, esta Corte Constitucional precisó:

"La naturaleza y finalidades del interrogatorio de parte.

La formulación del interrogatorio de parte en pliego cerrado, como una de las opciones que admite el legislador para la práctica de esta diligencia, debe ser analizada, en su razonabilidad, a partir de una aproximación a la naturaleza y finalidades de este instrumento de prueba (...) mediante el cual una parte o presunta parte si el interrogatorio es anticipado provoca la confesión de su contraparte, mediante la formulación de un interrogatorio que se surtirá en actuación judicial.

Este instrumento probatorio podrá ser activado por la parte interesada, en la fase preprocesal de una litis, o en la fase procesal. En esta última dentro de las oportunidades habilitadas para la solicitud de pruebas, en las actuaciones incidentales, o en las diligencias de entrega o secuestro de bienes. En cualquiera de esos eventos el objeto del interrogatorio se encuentra previamente definido. Cuando la solicitud se presenta en fase preprocesal, en ella se debe exponer en forma clara y determinante el objeto de la diligencia, el thema probandum. En el interrogatorio que se surte en el curso del proceso, de un incidente o una diligencia, el thema de prueba se encuentra definido y delimitado por los hechos objeto del litigio, del incidente o la diligencia.

(...) se ordena mediante providencia en la que se debe señalar la fecha y la hora para su práctica (CPC, art. 204) la cual será notificada, personalmente si se trata de actuación preprocesal, y por estado si es procesal (CPC, art. 205), en este último evento bajo el supuesto de que quien debe absolverlo se encuentra vinculado al proceso. La ordenación de la prueba es susceptible del recurso de reposición, y la negativa de reposición y apelación.

La prueba se practica en audiencia de carácter privado, y bajo la imposición del juramento al absolvente.

El juez efectúa una labor de control sobre la admisibilidad, pertinencia y conformidad con el derecho, de las preguntas que se formulan mediante pliego cerrado.

La finalidad (...) es la de suscitar mediante un interrogatorio provocado, la confesión judicial de la parte a la cual se dirige el cuestionario. Esta confesión puede ser explícita si la parte requerida atiende la citación para absolver el interrogatorio, o ficta si, existiendo pliego escrito, de manera injustificada se abstiene de comparecer, siempre y cuando concurran los requerimientos procesales de la confesión.

Esta finalidad es perfectamente compatible con los fines esenciales que orientan el proceso, básicamente con el referido a la búsqueda razonable de la verdad real".

En el mismo sentido la jurisprudencia ha manifestado que el juez en el interrogatorio de parte, como en todo el proceso, es quien dirige, pues la ley le atribuye facultades de interpretación de las normas, dirección del proceso, aplicación de sanciones, poderes de instrucción, de ordenación, de decretar pruebas de oficio y de apreciación de indicios, entre otras.

Cuarta. El principio de no autoincriminación y el secreto profesional en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

En Sentencia C-102 de febrero 8 de 2005, con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, la Corte se refirió al alcance del artículo 33 de la Constitución, haciendo una breve descripción del contenido de la jurisprudencia en relación con la prohibición de la autoincriminación.

Al respecto, resulta oportuno transcribir apartes de la mencionada sentencia, mediante la cual reafirmó algunos de los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado sobre este principio:

"En primer lugar, se encuentra la Sentencia 129 del 17 de octubre de 1991, de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena..., en la que examinó una disposición del Código de Procedimiento Civil, y determinó que la garantía constitucional solo rige en asuntos criminales, correccionales y de policía. Para llegar a esta conclusión..., examinó los antecedentes que determinaron la adopción del actual artículo 33, las gacetas constitucionales que hasta la fecha de esa providencia se habían publicado, las intervenciones de los miembros de las comisiones.

De este estudio, la Corte Suprema de Justicia concluyó que 'Las publicaciones reseñadas no le permiten a la Corte concluir que hubiese en el constituyente el ánimo de modificar el texto del antiguo artículo 25 y dejar abierta la posibilidad de aplicar la prohibición de declarar a asuntos distintos'. Agrega que a esta conclusión también se llega si, no obstante cuando se allegue la totalidad de las gacetas, apareciere que la intención positiva hubiese sido la intención de eliminar la mención de los procesos penales, correccionales y de policía, esta única razón no sería suficiente para variar este entendimiento, pues el artículo 33 'no puede hacerse tomando aisladamente uno solo de sus textos; ya que el genuino sentido de los mandatos constitucionales solamente resulta de una interpretación sistemática de todo su articulado de manera tal que no resulten jamás antinomias que destruyan la lógica y la coherencia interna que como 'norma de normas' forzosamente debe tener la Constitución Política...'.

También señaló esta providencia que entender esta garantía aplicable a otros procesos distintos a los penales, correccionales o de policía 'desconocería los deberes y obligaciones que deben observar todas las personas en el ejercicio responsable y no abusivo de los derechos que les reconoce la Constitución Nacional y que puntualiza el artículo 95 en sus ordinales 1º y 7º'.

3.2. Una vez entró en funciones la Corte Constitucional, esta corporación examinó la prohibición de la autoincriminación y el deber del ciudadano de colaborar con la administración de justicia, en la Sentencia C-052 de 1993. Encontró exequibles disposiciones penales en cuanto a los beneficios a testigos para no ser acusados en relación con los hechos sobre los que rindieron declaración.

(...).

En la Sentencia C-403 de 1997, la Corte señaló que no se viola el principio del artículo 33 de la Carta, cuando el funcionario judicial competente ordena la captura del imputado que se niega a rendir indagatoria, pues, lo que pretende el artículo 33 de la Carta Política 'es proscribir toda actuación de las autoridades que pretenda la confesión involuntaria de quien es parte en un proceso. Ello, por supuesto, no afecta ni se contrapone a la obligación constitucional que tienen los ciudadanos de colaborar con la administración de justicia, ni al deber constitucional que tiene el funcionario judicial de comunicar al imputado, por todos los medios legales posibles, la existencia de una investigación penal en su contra' (Sent. C-403/97).

(...) en la Sentencia C-426 de 1997, al examinar los artículos 202 y 203 del Código de Procedimiento Civil interrogatorio y careos de las partes por decreto oficioso y el interrogatorio a instancia de parte, respectivamente, disposiciones que fueron acusadas por posible vulneración del artículo 33 de la Carta, la Corte Constitucional reiteró lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia 129 del 17 de octubre de 1991, a la que se hizo referencia en el punto 3.1 Consideró que, además de la interpretación sistemática del artículo 33 de la Carta con los artículos 13 y 95, pueden incluirse otras disposiciones constitucionales, como son los artículos 83, que consagra el principio de la buena fe, y el 228, que dispone la prevalencia del derecho sustancial en la búsqueda de la realización de la justicia, puesto que los procesos tienen como finalidad demostrar la verdad. Se refirió, también, al artículo 8º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que consagra el derecho de toda persona a 'no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable'. Lo que está en concordancia con "la interpretación restrictiva que, en momento, hizo la Corte Suprema de Justicia, y que ahora prohíja la Corte Constitucional, coincide con la norma del tratado".

3.5. En la Sentencia C-622 de 1998, la Corte reiteró esta interpretación del artículo 33 en mención, al decidir sobre la demanda contra algunos artículos del Código de Procedimiento Civil: 210, 217, 242 y 246 concernientes a la confesión ficta o presunta, los testigos sospechosos, el deber de colaboración de las partes y la práctica de la inspección, respectivamente. Dentro de los cargos contra apartes de estas disposiciones, se encuentra la supuesta vulneración de los artículos 1º, 29, 33, 83 y 228 de la Carta.

En esta providencia, la Corte reiteró la determinación del campo de aplicación del artículo 33 de la Constitución, para concluir que las disposiciones acusadas del Código de Procedimiento Civil no vulneran esta garantía. Analizados los demás cargos, también encontró los segmentos de los artículos demandados ajustados a la Carta. Se refirió al principio de la sana crítica en la valoración del testimonio sospechoso y que la confesión ficta o presunta es una presunción legal, es decir, admite prueba en contrario.

3.6. Posteriormente, en la Sentencia C-1287 de 2001, la Corte reiteró nuevamente la interpretación restringida a asuntos penales, correccionales y de policía del artículo 33 de la Carta. Señaló lo siguiente:

'Ahora bien, a pesar de que la redacción el artículo 33 de la Carta pareciera dar a entender que la garantía que contiene resulta aplicable a cualquier tipo de declaraciones en juicio, la jurisprudencia de esta corporación, con fundamento en la interpretación histórica de la norma, y en otros argumentos complementarios, ha precisado que su alcance se restringe a las declaraciones que deben producirse en asuntos penales, correccionales y de policía. En efecto, al estudiar la constitucionalidad de los artículos 202 y 203 del Decreto 1400 de 1970 (CPC), referentes al interrogatorio y careo de las partes por decreto oficioso del juez y al interrogatorio a instancia de parte, respectivamente, dentro del proceso civil, la Corte, en la Sentencia C-426 de 1997(1), descartó el cargo de inconstitucionalidad esgrimido en contra de dichas normas por desconocimiento del artículo 33 de la Constitución, considerando que esta disposición superior no resultaba aplicable a tal procedimiento' (Sent. C-1287/2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra)".

De otra parte, sobre el alcance del secreto profesional esta corporación en Sentencia C-062 de marzo 4 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, afirmó:

"La idea de secreto profesional ligada al ejercicio de ciertas actividades resalta la relación de confianza que surge entre peritos en determinada materia o área del conocimiento y las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada. El deber profesional de conservar sigilo o reserva sobre la información conocida es elemental correlato del vínculo personalísimo que emana de este tipo de relaciones y que tiene por objeto fomentar la confianza pública y el adecuado desarrollo de las actividades sociales.

Buena parte del prestigio, credibilidad y eficacia de la labor desarrollada por ciertos grupos profesionales depende de la manera como cumplan sus deberes y se preserve la confidencialidad de los datos obtenidos. Incluso se llega a sancionar 'a los miembros que se abandonan a la infidencia y a la divulgación de lo que siempre debe quedar confinado dentro del impenetrable espacio de lo absolutamente reservado(2)'.

Ahora bien, la inviolabilidad del secreto profesional, presupone 'la previa delimitación de la intimidad del sujeto cuyos datos y hechos constituyen su objeto. Por otra parte, las profesiones no están todas en el mismo radio de cercanía de la intimidad personal o familiar, ni el control del Estado sobre ellas debe ser siempre idéntico(3)'.

En este orden de ideas, es útil revisar la relación entre la sociedad - contador público o revisor fiscal - Estado, para efectos del análisis de la extensión y alcance del secreto profesional. Resulta claro que se trata de una actividad en la que se desarrolla una noción de confianza particular, diferente a la que se puede predicar en otros contextos (v. gr. penitente - confesor - Estado), y que hace, por tanto, que las nociones de intimidad personal o familiar tengan un alcance radicalmente menor y un sentido distinto. Debemos ubicarnos pues, en el ámbito de las labores empresariales, del desarrollo de las sociedades comerciales, de su papel institucional y de su significado frente a otros sectores de la vida económica y social. 'El ente corporativo no puede metafóricamente aspirar a tener el derecho de estar solo'(4). Tratándose de las personas jurídicas la ley establece garantías que protegen su integridad pero que no conforman una esfera impenetrable de intimidad en el mismo sentido que se predica de las personas naturales".

De acuerdo con la jurisprudencia mencionada, en el asunto bajo revisión el análisis constitucional de la norma se orientará a establecer si se trata de un aparte cuyo contenido obliga al interrogado, por la materia de que se trata, a declarar contra sí mismo, su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o las garantías de las personas a las cuales se les debe guardar secreto profesional como lo afirma el demandante. De allí se concluirá si vulnera o no el principio de la no autoincriminación, el debido proceso y el secreto profesional.

Quinta. El aparte demandado no vulnera ningún derecho constitucional. Análisis de los cargos.

El artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, en el inciso demandado, determina que si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o inconducentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente, con prevención sobre los efectos de su renuencia.

Según los actores, se vulnera el principio de la no autoincriminación, pero tal afirmación no se deduce de su texto, pues lo que prevé es que el interrogado responda de manera clara y directa, informándole sobre las consecuencias de su desacato. Pero en nada se le desconoce el derecho de no autoincriminación.

La glosa que efectúan los censores del contenido de esta disposición, no implica violación del artículo 33 de la Carta, pues en el proceso civil o laboral, trátese de la contestación de la demanda, o de la confesión judicial o al momento de resolver un interrogatorio de parte o de terceros, el ciudadano requerido siempre podrá abstenerse de contestar lo que pueda implicar responsabilidad penal suya o de su cónyuge o compañero permanente, o de sus familiares cercanos, en los grados establecidos en el artículo 33 de la Carta.

El juez no puede formular preguntas que le impliquen al cuestionado una responsabilidad penal; y si la parte que está interrogando apunta a implicaciones de tal naturaleza, así el cuestionamiento sea conducente, pertinente y útil, el juez, como director del proceso, deberá intervenir para informar al absolvente que no está obligado a responder, hallándose constitucionalmente exonerado de decir la verdad.

Ciertamente, si las partes tienen, conforme a la Constitución Política, el deber de colaborar con la administración de justicia (art. 95-7), no es contrario a la Carta que en un proceso de carácter civil se conteste bajo juramento el interrogatorio formulado con el fin de establecer unos hechos determinados, que trasciendan sobre las pretensiones o las excepciones que en el proceso se debaten, razón por la cual no puede prosperar la pretensión de que se declare la inexequibilidad del aparte de la norma acusada, comoquiera que no se trata de la coerción para aceptar la comisión de un delito, sino de hechos que por su propia índole estructuran las pretensiones o las excepciones en un proceso de carácter civil, lo que significa que no existe vulneración alguna de la garantía constitucional establecida en el artículo 33 de la Carta Política, como bien señalaron el Procurador General de la Nación y todos los intervinientes.

Cabe recordar que en el procedimiento civil se encuentra admitido por la doctrina que, como medio de prueba, la confesión puede ser espontánea o provocada, caso en el cual el camino al efecto es el interrogatorio de parte, conocido en pretérita legislación procesal (cfr. L. 105/31, "Código Judicial"), como "absolución de posiciones".

Adicionalmente, ha de observase que la confesión es, por naturaleza, la aceptación de hechos personales o de los cuales se tenga conocimiento, que conlleven una consecuencia jurídica desfavorable para quien los acepta, lo cual descarta, de entrada, aquellos hechos conocidos en el ejercicio de una profesión liberal en los que el profesional, de suyo, no es parte en el proceso respectivo, por lo que es forzoso concluir que desde este punto de vista el cargo sobre la violación al secreto profesional (Const., art. 74), tampoco prospera.

Por otra parte, ha de señalarse que conforme al ordenamiento superior, el juez actúa en nombre del Estado como director del proceso, lo que implica que en ejercicio de su función para establecer la realidad fáctica de los hechos que se debaten ante la jurisdicción, se encuentre investido de la potestad de formular interrogatorio a las partes, tendiente a esclarecer la realidad, con la que deben ser consecuentes las sentencias, no solo en lo formal, sino con la verdad material, haciendo efectiva la garantía constitucional establecida en el artículo 228 de la Carta para la prevalencia del derecho sustancial, sin menoscabo del debido proceso.

Por consiguiente, la Corte Constitucional declarará exequible, por los cargos analizados, el precepto demandado, contenido en el inciso 7º del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 21 de la Ley 794 de 2003.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso 7º del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 21 de la Ley 794 de 2003.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(1) "M.P. Jorge Arango Mejía".

(2) "Sentencia C-538 de1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con provecho se puede consultar esta sentencia, cuya doctrina en algunos puntos se reiterará en el presente fallo".

(3) "Ibídem. Esta relación entre intimidad y secreto profesional ya ha sido desarrollada por la Corte, entre otras, en las sentencias T-414 de 1992 M.P. Ciro Angarita y T-151 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández".

(4) "Ibídem".