Sentencia C-560 de noviembre 30 de 1995 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente R.E. 073

Revisión del Decreto 1724 de octubre 6 de 1995 “Por el cual se dictan medidas para asegurar la eficacia de las normas de conmoción interior sobre seguridad ciudadana”.

Magistrado Ponente:

Dr. Antonio Barrera Carbonell

Santafé de Bogotá D.C., noviembre treinta de mil novecientos noventa y cinco.

I. Antecedentes

La Presidencia de la República envió a esta corporación dentro del término constitucional fijado en el artículo 214-6, copia auténtica del decreto 1724 del 6 de Octubre de 1995, “Por el cual se dictan medidas para asegurar la eficacia de las normas de conmoción interior sobre seguridad ciudadana”, para efectos de su revisión constitucional.

Cumplidos los trámites constitucionales y legales estatuidos para procesos de esta índole, procede la Corte a adoptar la decisión correspondiente.

II. Texto del decreto

El texto del decreto objeto de revisión es el que se incorpora a continuación.

“DECRETO 1724

(octubre 6/95)

Por el cual se dictan medidas para asegurar la eficacia de las normas de conmoción interior sobre seguridad ciudadana.

El Ministro del Interior delegatario de funciones presidenciales

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 1370 de 1995, del 16 de agosto de 1995, y en concordancia con el Decreto 1673 de 1995.

CONSIDERANDO:

Que por Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 213 de la Constitución Política, el Presidente de la República declaró la conmoción interior en todo el territorio nacional;

Que, en desarrollo de lo señalado en la disposición arriba mencionada se expidió el Decreto 1410 de 1995 por el cual se dictan normas tendientes a restablecer la seguridad ciudadana;

Que con el objeto de asegurar el adecuado y eficiente desarrollo de los procesos judiciales a que se refiere el decreto 1410 de 1995, preservando al propio tiempo los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso, consagrados en los artículo 9º, 28 y 29 de la Constitución Política, se hace necesario modificar el mencionado instrumento legal, y

Que el artículo 28 de la Constitución Política dispone que “La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del Juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley”.

DECRETA:

ART. 1º—Adiciónase el artículo 1º del Decreto 1410 con el siguiente inciso segundo:

“De las contravenciones especiales en las que intervengan como autores o partícipes menores de dieciocho años seguirán conociendo los Defensores de familia, con arreglo a las disposiciones establecidas en el Código del Menor, salvo la de calificado, que será de conocimiento de los jueces de menores y promiscuos de familia, quienes podrán imponer a los contraventores las medidas contempladas en el artículo 204 del Código del Menor”.

ART. 2º—Los numerales 1º y 2º del artículo tercero del Decreto 1410 de 1995 quedarán así:

“1. A más tardar dentro de los treinta y seis (36) horas siguientes a su aprehensión el capturado se pondrá a disposición del funcionario competente, quien dictará auto de apertura de proceso y procederá de conformidad con los numerales siguientes.

“2. En la primera hora hábil del día siguiente o, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes al momento en que el capturado sea puesto a disposición del funcionario competente, se le escuchará sobre las circunstancias en que ocurrió la aprehensión y se le recibirá versiones sobre los hechos. A esta diligencia debe concurrir la persona o funcionario que haya realizado la aprehensión para que relate los hechos relativos a la privación de la libertad del imputado.

“Si quien realiza la captura justifica su imposibilidad de concurrir a la diligencia a que se refiere este artículo, en el momento de poner al imputado a disposición de la autoridad, ésta lo oirá en exposición. En el mismo caso, si quien realiza la captura es servidor público podrá rendir, en cambio, un informe escrito. Tanto la exposición como el informe se entenderán rendidos bajo la gravedad del juramento”.

ART. 3º—Adiciónase el Decreto 1410 de 1995 con el siguiente artículo:

“ART. 3º—Adiciónase el Decreto 1410 de 1995 con el siguiente artículo:

“ART. 3º A—Intervención especial de la Fiscalía. En lo eventos en que, por razón del horario regular de atención al público del respectivo despacho, no sea posible poner al capturado a disposición del funcionario competente dentro del término establecido en el numeral 1º del artículo tercero de este decreto, el aprehensor lo pondrá a disposición de la Unidad Permanente de Fiscalía más cercana.

“En tal caso, el fiscal oirá al aprehensor o examinará el informe rendido por este y escuchará al capturado, para determinar si concurren o no los requisitos de la flagrancia. En caso afirmativo, dictará auto de apertura de proceso y expedirá mandamiento escrito al director del correspondiente establecimiento de detención, para legalizar la privación de la libertad.

“A la primera hora hábil siguiente, el fiscal enviará las diligencias al funcionario competente para proseguir el trámite, quien a partir de la actuación adelantada por la fiscalía dará aplicación a lo previsto en los numerales 4º y siguientes del artículo 3º del presente decreto.

ART. 4º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, suspende las disposiciones que le sean contrarias y regirá por el tiempo que dure la conmoción interior, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional prorrogue su vigencia de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 213 de la Constitución Política.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los 6 días de octubre de 1995

(siguen firmas)”.

III. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación mediante oficio 798 del 10 de noviembre de 1995, rindió su concepto, y en él solicita a la Corte declarar inexequible el decreto materia de revisión, con fundamento en los siguientes argumentos:

Cabe señalar en primer término que sin duda el destino del Decreto 1724 de 1995 está inescindiblemente ligado al Decreto Legislativo 1370 de 1995, mediante el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior en todo el territorio nacional.

Producida la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1370 de 1995, “dado el nexo causal con el decreto bajo revisión, lo consecuente sería predicar una especie de inexequibilidad en cadena de aquellas medidas que se han expedido al amparo del pluricitado Estado de Conmoción Interior, toda vez que no puede olvidarse la validez, supervivencia o mejor, el ajuste de éstas con la Carta depende, en esencia, de la constitucionalidad del decreto declaratorio del expediente de excepción citado”.

IV. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con los artículos 214 numeral 6º y 241 numeral 7º de la Constitución corresponde a la Corte Constitucional decidir, en forma definitiva, sobre la constitucionalidad del Decreto 1724 de octubre 6 de 1995, dictado por el Gobierno Nacional con fundamento en el artículo 213 de la Constitución Nacional.

2. Inconstitucionalidad por consecuencia.

Dado que mediante Sentencia C-466 del 18 de octubre de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), se decidió que el Decreto 1370 del 16 de agosto de 1995, por el cual se declaró el Estado de Conmoción Interior, era inexequible, el Decreto 1724 de 1995 expedido en desarrollo de aquél resulta igualmente inexequible, pues es obvio que habiendo desaparecido la causa jurídica que le dio origen, consecuentemente este deviene en inconstitucional. En tal virtud, se declarará su inexequibilidad y acatando la jurisprudencia de la Corporación se resolverá que los efectos del presente fallo son hacia el futuro.

Sobre el tema ya esta corporación tuvo oportunidad de pronunciarse en la Sentencia C-488/95, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, de la siguiente manera:

“La declaración de inconstitucionalidad del Decreto declaratorio del Estado de Conmoción Interior implica necesariamente que corran la misma suerte las demás disposiciones adoptadas por el Gobierno en el marco de la excepcional institución consagrada en el artículo 213 de la Carta Política”.

“Se trata de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución”.

“Cuando tal situación se presenta, la Corte Constitucional no puede entrar en análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales, por ello, independientemente de que las normas que la consagran consideradas en sí mismas pudieran o no avenirse a la Constitución”.

“En el fondo ocurre que, declarada la inexequibilidad del decreto básico, el Presidente de la República queda despojado de toda atribución legislativa derivada del estado de excepción y, por ende, ha perdido la competencia para dictar normas con fuerza de ley”.

V. Decisión

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase INEXEQUIBLE el Decreto 1724 de octubre 6 de 1995. “Por el cual se dictan medidas para asegurar la eficacia de las normas de conmoción interior sobre seguridad ciudadana”.

2. Los efectos del presente fallo son hacia el futuro.

Cópiese, notifíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

José Gregorio Hernández Galindo, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa. 

Martha V. Sáchica de Moncaleano, secretaria General

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