Sentencia C-561 de junio 1º de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-561 de 2004 

Ref.: Expediente D-4964

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Actor: José Manuel Díazgranados Riveira.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 34, parcial, del Código de Procedimiento Civil, tal y como fue modificado por el artículo 1º, numeral 10 del Decreto 2282 de 1989.

Bogotá, D.C., junio primero de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el artículo demandado en el presente proceso, y se RESALTA el aparte acusado:

“Código de Procedimiento Civil, artículo 34 (modificado por el D. 2282/89, art. 1º, num. 10). Poderes del comisionado. El comisionado tendrá las mismas facultades del comitente en relación con la diligencia que se le delegue, inclusive las de resolver reposiciones y conceder apelaciones contra las providencias que dicte, susceptibles de esos recursos. Sobre la concesión de las apelaciones que se interpongan se resolverá al final de la diligencia.

Toda actuación del comisionado que exceda los límites de sus facultades es nula. La nulidad solo podrá alegarse por cualquiera de las partes, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente. La petición de nulidad se resolverá de plano por el comitente, y el auto que la decida solo será susceptible de reposición.

Solamente podrá alegarse la nulidad por falta de competencia territorial del comisionado, en el momento de iniciarse la práctica de la diligencia”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia.

2. Problemas jurídicos a resolver.

La demanda que se estudia plantea a la Corte tres problemas jurídicos:

2.1. ¿Desconoce el principio de la doble instancia, como parte de la garantía constitucional del debido proceso, una norma procesal que limita la posibilidad de impugnar el auto que decide sobre la petición de nulidad de las actuaciones de un juez comisionado?

2.2. ¿Es violatoria del principio constitucional de igualdad una norma procesal que limita la posibilidad de apelar el auto que decide sobre la petición de nulidad de las actuaciones de un juez comisionado, teniendo en cuenta que, según el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, algunos otros autos en los que se declaran nulidades procesales sí son susceptibles del recurso de apelación?

2.3. ¿Desconoce el derecho de defensa, y por lo tanto el debido proceso, una norma que limita la posibilidad de alegar la nulidad por falta de competencia territorial del comisionado a una etapa determinada del proceso, a saber, la fase de iniciación de la práctica de la diligencia que se busca anular?

Para efectos de resolver estos tres problemas jurídicos, la Corte hará una breve referencia a (i) el alcance del principio de la doble instancia, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, (ii) las condiciones bajo las cuales se puede predicar la violación, por una determinada norma, del principio constitucional de igualdad, y (iii) el alcance del derecho de defensa de quienes intervienen o se ven afectados por las diligencias que adelanta un juez comisionado. Cada uno de estos temas, como se explicará, ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte; sin embargo, es pertinente hacer una breve referencia preliminar a la amplitud de las competencias legislativas en materia de fijación de procedimientos.

3. Competencia amplia del legislador en el ámbito procesal.

En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que fue voluntad del constituyente asignar al legislador una amplia discrecionalidad para expedir normas procedimentales destinadas a regular las actuaciones ante la administración de justicia, como manifestación de la cláusula general de competencia que le faculta para “interpretar, reformar y derogar las leyes” (C.P:, art. 150-1) y para “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (C.P., art. 150-2).

El alcance propio de esta facultad legislativa ha sido precisado recientemente por esta Corporación, al pronunciarse sobre la constitucionalidad de otras disposiciones del Código de Procedimiento Civil —tal como fue modificado por la L. 794/2003—. Así, en la Sentencia C-789 de 2003 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte resaltó que “el legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial(1). Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º)”; en ese sentido, precisó la Corte que los límites en cuestión “están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Constitución, preámbulo, art. 1º); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (C.P., arts. 5º, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (C.P., art. 83)”. En el mismo orden de ideas, en la Sentencia C-1091 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte reiteró que “el margen de configuración legislativa de los procedimientos judiciales es amplio. ... la Constitución Política concede al legislador un amplio margen a su potestad de configuración en el diseño de los procedimientos judiciales, que solo se excede cuando se afectan claramente derechos fundamentales”.

4. La garantía constitucional de la doble instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución, “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”. Por su parte, el artículo 29 superior consagra expresamente, como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso, la posibilidad de “impugnar la sentencia condenatoria”. A la vez, el artículo 86 de la Carta establece que los fallos de tutela podrán “impugnarse ante el juez competente”. Son estas las tres disposiciones constitucionales en las cuales se hace referencia expresa al principio de la doble instancia, que por ende no puede ser desconocido por el Legislador en esas hipótesis específicas: las sentencias judiciales, las sentencias condenatorias, y los fallos de tutela. Tal y como ha explicado en reiterada jurisprudencia esta corporación, las actuaciones procesales que no se enmarquen bajo alguno de estos tres supuestos quedan cobijadas por el amplio margen de configuración legislativo en materia procesal; ha explicado la Corte, en este orden de ideas, “que el artículo 31 superior consagra el principio de la doble instancia de las sentencias judiciales, pero defiere al legislador la facultad de establecer excepciones a ese principio, sin rebasar por supuesto, el límite que le imponen los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución”(2). En consecuencia, “el principio de la doble instancia (C.P., art. 31) no reviste un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte(3)(4).

El alcance de esta regla ha sido precisada en múltiples oportunidades por la Corte. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-377 de 2002(5) se explicó que “la doble instancia mediante el reconocimiento del recurso de alzada no es obligatoria en todos los asuntos que son de decisión judicial, puesto que la ley está autorizada para establecer excepciones siempre y cuando se respeten el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad, y no se niegue el acceso a la administración de justicia”; y se precisó, en el mismo fallo, que el principio de la doble instancia “no tiene carácter absoluto en el sentido de que necesariamente toda sentencia o cualquier otra providencia judicial sea susceptible de ser apelada o consultada, “pues su aplicación práctica queda supeditada a las regulaciones que expida el legislador dentro de su competencia discrecional, pero sin rebasar el límite impuesto por los principios, valores y derechos fundamentales constitucionales, específicamente en lo que atañe con el principio de igualdad””(6). En idéntico sentido, en la Sentencia C-179 de 1995 la Corte explicó que “la doble instancia, cuya especial trascendencia en el campo penal es evidente, no es, sin embargo, forzosa en todos los asuntos que son materia de decisión judicial, pues el legislador, dentro de la facultad que tiene de regular su trámite, bien puede decidir en cuáles procede la segunda instancia y en cuáles no, siempre y cuando con esa determinación no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales de las partes procesales”(7).

Por lo tanto, con las excepciones anotadas, el legislador tiene un margen constitucional de discrecionalidad para determinar la procedencia de los recursos de apelación contra las providencias adoptadas por los jueces, así como “la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos”(8) siempre y cuando sea respetuoso de los límites mencionados en las providencias transcritas. Ya ha precisado esta Corte que “puede el legislador consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones judiciales o suprimir los que ha regulado “siempre y cuando no desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia”(9), puesto que la ley “se halla sometida a la Constitución (C.P., art. 4º) y, por lo tanto, la discrecionalidad del legislador no es absoluta, es decir, debe entenderse limitada por los preceptos de la Carta, que condicionan la validez de las cláusulas legislativas. No podría, entonces, admitirse que, al ejercer su función, el legislador prescribiera normas de conducta contrarias a las que resultan de la Carta Política”(10)(11). Este margen de discrecionalidad es especialmente sólido en el caso de providencias diferentes a las sentencias que pongan fin a un proceso penal o de tutela; tal y como se explicó en la Sentencia C-454 de 2002(12), “si el propio constituyente abrió la posibilidad de la existencia de sentencias judiciales respecto de las cuales no procediera el recurso de apelación, esa facultad adquiere mayor amplitud frente a las demás providencias que se dictan en el curso de una actuación judicial”. En esta última oportunidad se señaló que el legislador no contraría necesariamente la Carta Política cuando decide que determinadas providencias no serán susceptibles de apelación:

“... Así las cosas, el hecho de que el legislador disponga que contra determinadas sentencias o autos interlocutorios, no procede el recurso de apelación, no significa por ese solo hecho que se conculque el derecho de defensa y el debido proceso de las partes procesales, por cuanto, si bien los recursos han sido instituidos como instrumentos de defensa, mediante los cuales la parte que se considere afectada con una decisión judicial o administrativa, la somete a un nuevo estudio para que se modifique, revoque o aclare, no son el único instrumento procesal con que cuentan las partes para poder ejercer sus derechos constitucionales en el marco de una actuación procesal determinada, pues existen otros medios de defensa a los cuales se puede acudir, que también hacen parte de las garantías propias del debido proceso; garantía que por expreso mandato constitucional ha de observarse en todas las actuaciones judiciales y administrativas (C.P., art. 29) (...) si el legislador decide consagrar un recurso para cierta actuación judicial y lo excluye respecto de otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la conveniencia y necesidad de plasmar dicha distinción, siempre y cuando no desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Aún más, puede el legislador dentro de las políticas legislativas, suprimir recursos que haya venido consagrando, sin que por ese solo hecho vulnere disposiciones de rango superior”(13).

Por otra parte, la Corte también ha señalado que las excepciones introducidas por el legislador al principio de doble instancia deben respetar en cualquier caso el derecho constitucional de defensa. Así, en la Sentencia C-040 de 2002 se precisó que “aunque el legislador puede establecer excepciones a la doble instancia y tiene una amplia libertad de configuración para establecer los distintos procesos y recursos, sin embargo es claro que debe garantizar en todos los casos el derecho de defensa y la plenitud de las formas de cada juicio... un proceso de única instancia no viola el debido proceso, siempre y cuando, a pesar de la eliminación de la posibilidad de impugnar la sentencia adversa, las partes cuenten con una regulación que les asegure un adecuado y oportuno derecho de defensa”(14).

5. El principio constitucional de igualdad en materia de actuaciones procedimentales.

Uno de los límites expresos que debe respetar el legislador al establecer regulaciones procesales, y en particular al disponer la procedencia o no procedencia de los recursos contra las providencias judiciales, es el que consagra el artículo 13 superior en otras palabras, “aunque el legislativo cuenta con una amplia facultad discrecional para instituir las formas con base en las cuales se ventilarán las diferentes controversias jurídicas que surjan entre las personas(15), de acuerdo con el artículo 150, numerales 1º y 2º, de la Constitución, es obvio que las excepciones a la doble instancia no pueden ser discriminatorias”(16).

Ahora bien, para determinar cuándo una determinada regulación procesal adoptada por el legislador es contraria al principio de igualdad, no basta con constatar que la actuación procesal objeto de la norma es diferente en cuanto a sus características, su alcance y su desarrollo a otras actuaciones procesales que se pueden llevar a cabo en el curso del proceso, puesto que ello equivaldría simplemente a demostrar que las distintas etapas de un mismo procedimiento judicial son diferentes entre sí situación que, lejos de configurar un trato legal discriminatorio, responde a la naturaleza misma de un proceso como una sucesión de pasos, distintos unos de otros, encaminados hacia el logro de una determinada finalidad establecida en las leyes que rigen cada tipo de procedimiento en particular. Por el contrario: una norma procesal resulta discriminatoria cuando las personas que deben tomar parte de una determinada actuación procesal, o se verán afectadas positiva o negativamente por ella, reciben un trato distinto a quienes se encuentran en una situación similar, sin que dicho tratamiento distinto encuentre una justificación constitucionalmente aceptable. En otras palabras: un trato legal discriminatorio no se configura frente a las actuaciones procesales en sí mismas, puesto que estas, en tanto actos jurídicos sucesivos en el tiempo, son diferentes entre sí por naturaleza; un trato legal discriminatorio surge entre las personas relacionadas con dichas actuaciones procesales. Una determinada regulación legal del proceso resultará lesiva del principio constitucional de igualdad cuando las personas que se relacionan de una u otra forma con tal proceso son tratadas por la ley en forma diferente, a pesar de que deberían recibir un trato igual por mandato de la Constitución.

6. El derecho de defensa y su respeto por el legislador al regular las nulidades procesales.

Finalmente, el respeto por el derecho constitucional de defensa también opera como un límite expreso para el legislador procesal al establecer la regulación de las nulidades procesales. La Corte ha señalado, en este ámbito específico, que “es precisamente el legislador el llamado a definir los hechos y circunstancias que dan lugar a las nulidades y también el encargado de estatuir lo relativo a las posibilidades de saneamiento o convalidación de actos o etapas procesales, la manera y términos en que pueden obtenerse”; sin embargo, el legislador debe respetar, en cada caso, el derecho de defensa de los afectados, que no puede ser menoscabado por las disposiciones adoptadas en la ley(17).

Ahora bien, el respeto por el derecho de defensa no precluye que el legislador, al regular la procedencia y el momento para alegar las nulidades procesales, disponga que corresponde a las partes una determinada carga procesal con miras a hacer uso del derecho de invocar, en cierto momento del proceso, una causal de nulidad determinada. Es decir, bien puede el legislador disponer que una determinada causal de nulidad solo podrá ser alegada en una determinada etapa del proceso, sin que por ello se entienda que se desconoce el derecho de defensa de quienes deben cumplir con la carga procesal de hacer uso oportuno de la posibilidad otorgada por la ley. Según dispone el artículo 95 de la Carta, el ejercicio de los derechos y libertades en ella reconocidos implica responsabilidades; por eso, ha precisado esta corporación que “en los procesos judiciales, quienes intervienen asumen cargas procesales, indispensables para reclamar las prerrogativas y derechos que les corresponden. Una de aquéllas consiste cabalmente en invocar estos oportunamente. En cuanto a las nulidades, la facultad del juez para declararlas de oficio en cualquier momento del proceso antes de dictar sentencia (CPC, art. 145) no convierte en inconstitucional la exigencia que se hace a las partes en lo relativo al alegato acerca de su existencia dentro del término que la ley señale”(18).

En consecuencia, bien puede el legislador señalar que una determinada causal de nulidad solo puede ser alegada en una determinada etapa procesal; sin embargo, tal disposición legal debe ser interpretada y aplicada razonablemente, en forma tal que, entre otros, (i) se respete plenamente el derecho de defensa en el curso del proceso como tal sin someter su ejercicio a cargas irrazonables, (ii) no se afecte la facultad del juez del proceso de declarar de oficio las nulidades que vicien lo actuado en cualquier momento del trámite, y (iii) se respete, en cualquier caso, la disposición constitucional según la cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” puesto que este mandato expreso del constituyente no puede ser restringido en ningún caso por la ley.

7. Examen de los cargos de inconstitucionalidad formulados en el presente proceso.

A la luz de los mandatos de la Carta y la doctrina constitucional reseñada en el acápite precedente, se puede dar una respuesta clara y breve a cada uno de los problemas jurídicos planteados por la demanda de la referencia, con lo cual se responderá también a los cargos de inconstitucionalidad allí formulados:

7.1. En primer lugar, la disposición de la norma acusada según la cual el auto que decida la petición de nulidad de las actuaciones del comisionado solo será susceptible del recurso de reposición, no es contraria al principio de la doble instancia, y por ende es respetuosa del artículo 29 de la Constitución, puesto que (a) bien puede el legislador limitar la posibilidad de apelar una providencia distinta a las que el constituyente expresamente señaló como susceptibles de impugnación ante el superior funcional, y (b) al limitar tal recurso no incurre en una actuación irrazonable, puesto que el objetivo perseguido es uno de economía procesal, y en cualquier caso subsisten las demás oportunidades procesales establecidas en la ley para hacer valer el derecho de defensa. Se resalta que la admisión, por el legislador, del recurso de reposición en contra del auto en cuestión, es en sí misma una forma de garantizar el derecho de defensa de quien resulta afectado por la decisión en cuestión. El cargo en cuestión no está llamado a prosperar.

7.2. Por otra parte, la misma disposición de la norma acusada es respetuosa del principio de igualdad. Como se explicó, los tratos legales discriminatorios no se configuran en relación con las providencias como tales, puesto que estas son por naturaleza distintas, al haber sido adoptadas en diferentes estadios del proceso; se configuran en relación con las personas afectadas por dichas providencias, y no hay nada en la norma acusada que permita inferir que quienes resultarán afectados por el auto que resuelva la petición de nulidad de las actuaciones del comisionado serán discriminados frente a quienes pueden alegar la nulidad del proceso como tal al contrario, se trata en principio de las mismas partes, quienes actuarán en distintos momentos del proceso correspondiente, y se verán afectadas por providencias diferentes según el sentido de estas, que variará con cada proceso. El cargo no está llamado a prosperar.

7.3. Por último, la disposición según la cual la causal de nulidad de falta de competencia territorial del comisionado solamente podrá alegarse en el momento de iniciar la práctica de la diligencia correspondiente, no es en principio lesiva del derecho de defensa ni del texto constitucional, puesto que el legislador puede establecer determinadas cargas procesales para quienes hacen uso de derechos como el de alegar esta causal nulidad entre ellas, la de estar presentes al inicio de la diligencia correspondiente, en forma tal que puedan invocar, en ese momento específico, la causal en cuestión. Ahora bien, se resalta que la imposición legal de dicha carga procesal, que debe ser cumplida por quienes han de asistir a la diligencia efectuada por el juez comisionado, debe ser aplicada por los jueces competentes en forma tal que (a) se respete el derecho de defensa de los afectados, de manera sustancial, durante el curso del proceso correspondiente, (b) no se afecte la facultad del juez de conocimiento de declarar las nulidades a las que haya lugar, de oficio y en cualquier momento, y (c) se respete la disposición constitucional según la cual “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.

Ahora bien, el alcance de esta carga procesal no puede ser interpretado en forma excesivamente estricta, sino haciendo uso de un criterio de razonabilidad; es decir, si una determinada parte procesal demuestra ante el juez comisionado o ante el de conocimiento que por circunstancias objetivas y justificadas, ajenas a su voluntad, le fue clara y materialmente imposible estar presente al inicio de la diligencia efectuada por el juez comisionado, corresponde al juez ante quien se ponga esta circunstancia de presente evaluar si, en tales circunstancias extremas, es irrazonable exigir el cumplimiento de la carga procesal en cuestión, y por lo tanto podrá determinar si hay o no cabida a aceptar que se alegue la nulidad por falta de competencia territorial en un momento posterior al de la iniciación de la diligencia correspondiente, concretamente dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordene agregar el despacho diligenciado al expediente que fue la oportunidad procesal establecida por el legislador en la misma norma que se examina para admitir la invocación de causales de nulidad por las partes en lo relativo a la validez de las actuaciones del comisionado. Esta interpretación de la norma bajo revisión se deriva del principio de buena fe (C.P., art. 83) y del deber de lealtad procesal, en virtud de los cuales la parte procesal a quien le resulta objetiva y materialmente imposible estar presente físicamente al momento de la iniciación de la diligencia no puede esperar hasta un momento posterior a los cinco días mencionados para alegar la causal de nulidad por falta de competencia territorial. Debe hacerlo, por lealtad procesal, en la oportunidad indicada en el inciso donde se consagra la regla general.

En ese sentido, la disposición acusada del último inciso de la norma demandada, para ser respetuosa de la Constitución, debe ser interpretada y aplicada en forma razonable, de tal manera que quien no puede cumplir con la carga procesal en ella impuesta por circunstancias objetivas y justificadas, ajenas a su voluntad, que le hacen imposible estar presente al inicio de la diligencia, pueda alegar dicha circunstancia ante el juez comisionado o ante el de conocimiento, en un momento posterior al de la iniciación de la diligencia, de forma tal que dicho juez pueda evaluar si es o no aceptable la invocación de la nulidad de lo actuado por falta de competencia territorial en un momento diferente al indicado en el inciso final acusado, concretamente, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto que ordena agregar el despacho diligenciado al expediente. La disposición acusada será declarada constitucional con este condicionamiento específico, que mantiene la finalidad de la norma y conserva la carga procesal que en situaciones generales y ordinarias es razonable, pero permite que el juez valore si en una circunstancia extrema, causas objetivas, justificadas y ajenas a la voluntad de la parte interesada, hicieron imposible que dicha parte estuviera presente al iniciarse la diligencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE la expresión “el auto que la decida solo será susceptible de reposición”, contenida en el penúltimo inciso de la norma acusada, en relación con los cargos estudiados en esta providencia.

2. Declarar EXEQUIBLE el último inciso de la norma acusada, en el entendido de que la carga procesal que allí se impone no hubiere sido objetivamente imposible de cumplir por razones ajenas a la voluntad del solicitante.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Cfr. artículo 150 numerales 1º y 2º de la Constitución Política y sentencias C-680 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz, y C-1512 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(2) Sentencia C-454 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(3) Ver Sentencia C-153 de 1995.

(4) Sentencia C-040 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(5) M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(6) Sentencia C-153 de 1995.

(7) Sentencia C-179 de 1995.

(8) Sentencia C-377 de 2002.

(9) Sentencia C-005 de 1993.

(10) Sentencia C-005 de 1996.

(11) Sentencia C-377 de 2002.

(12) M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(13) Sentencia C-454 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(14) Sobre los criterios que puede usar el legislador para el establecimiento de las formas propias de cada juicio pueden consultarse las sentencias C-1512 de 2000, T-323 de 1999 y C-502 de 1997.

(15) Ver la Sentencia C-680 de 1998.

(16) Sentencia C-040 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(17) Aplicando esta regla, en la sentencia que se cita la Corte efectuó el siguiente análisis: “... Que se contemple... que el principio general en lo referente a irregularidades originadas por hechos diferentes a los taxativamente enunciados consista en considerarlas subsanadas, a no ser que se aleguen oportunamente mediante la interposición de los recursos legales, no vulnera la Constitución, pues ello no significa que pierdan eficacia las reglas del debido proceso ni que las partes afectadas por irregularidades dejen de tener oportunidad para invocarlas en defensa de sus derechos”. Sentencia C-217 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(18) Sentencia C-217 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

______________________________