Sentencia C-563 de septiembre 2 de 2015

 

Sentencia C-563 de septiembre 2 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-10624

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub

Actor: Andrés Chacón Urrego

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 “por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes

Bogotá, D.C., dos de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «1.1. NORMAS DEMANDADAS

LEY 54 DE 1990

(diciembre 28)

Diario Oficial 39.615 del 31 de diciembre de 1990

Por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes.

“ART. 8º—Las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros”.

(...).

3. CONSIDERACIONES

3.1. COMPETENCIA

Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de las expresiones acusadas contenidas en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de textos normativos que hacen parte de una ley.

3.2. OBJETO DE LA DEMANDA

En primer lugar, y teniendo en consideración que los cargos presentados por el actor fueron admitidos de forma parcial, deben determinarse cuáles de ellos serán objeto de análisis en esta oportunidad.

En efecto, mediante Auto del 5 de febrero de 2015, el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda respecto de los cargos formulados por desconocimiento de los artículos 13 y 42 Superiores. En primer lugar, consideró que no reunía los requisitos exigidos por esta Corporación cuando se plantea un reproche constitucional por violación del derecho a la igualdad. En segundo lugar, el Despacho Sustanciador consideró que frente a la vulneración del artículo 42, el actor debía explicar con suficiencia por qué el artículo demandado vulneraba el derecho a conformar una familia y a tener un patrimonio derivado de dicha unión.

Posteriormente, el 12 de febrero de 2015, el ciudadano Andrés Chacón Urrego presentó escrito de corrección, en el cual indicó que el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 desconoce el derecho a conformar una familia. Agregó que, en la práctica, el término de un año para disolver y liquidar la sociedad patrimonial no se cumple. Al contrario, advirtió, es común que luego de dicho término las sociedades patrimoniales se disuelvan con miras a conformar una nueva familia, razón por la cual, no se justifica que dicha disposición siga produciendo efectos jurídicos y, en consecuencia, debe ser declarada inexequible o condicionar su constitucionalidad al entendimiento de que el término de un año para disolver la sociedad patrimonial es potestativo pero no obligatorio.

Con fundamento en dicha corrección, mediante auto del veintiséis (26) de febrero de 2015, el Magistrado Sustanciador resolvió admitir la demanda exclusivamente respecto del cargo por la vulneración del artículo 42 de la Constitución Política al estimar que la exposición del actor lograba generar una duda mínima sobre la constitucionalidad del precepto acusado. Por el contrario, rechazó el cargo dirigidos a sustentar una supuesta transgresión del derecho a la igualdad.

En este orden de ideas, el accionante plantea que la norma acusada es contraria al artículo 42 Superior, específicamente de la garantía a formar una familia, al establecerse el término de un año para ejercer las acciones tendientes a obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Para el actor, ello se traduce en una imposibilidad de conformar un nuevo núcleo familiar, ya sea por matrimonio o unión marital de hecho.

Varios de los intervinientes, además del Procurador General de la Nación en su concepto de rigor, se encaminan a que la Corte Constitucional profiera una decisión INHIBITORIA en el asunto de la referencia, por considerar que el único cargo de constitucionalidad admitido por el Despacho del Magistrado Ponente, carece de las características de certeza, pertinencia y suficiencia que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional, al no establecer correctamente el concepto de la violación.

Otra postura sostenida por los intervinientes indica que esta Corporación debe ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-114 de 1996 por haber en ella la Corte confrontado a Carta Política con el precepto acusado, configurándose el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Por último, algunos intervinientes solicitaron en algunos casos de modo principal y en otros en forma subsidiaria, que la Corte declare la EXEQUIBILIDAD de la norma demandada pues, contrario a lo sostenido por el actor, esta no impide la conformación de una nueva familia.

En consecuencia, procede esta Sala a estudiar la aptitud del cargo, requisito indispensable para poder adelantar el juicio.

3.3. ANÁLISIS DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA

El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad(1). Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.

3.3.1. Es decir, para que realmente exista en la demanda una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que estos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha reiterado, en numerosas ocasiones, que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad. En efecto, es necesario que los razonamientos alegados contengan unos parámetros mínimos que permitan a la Corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.

En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001(2), esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria(3).

En otras palabras, la falta de formulación de una demanda en debida forma, impide que esta Corporación pueda confrontar la disposición acusada con el Texto Superior, ya que carece de cualquier facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico. En la referida providencia se explicó lo que debe entenderse por cada uno de estos requisitos en los siguientes términos:

La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad (por regla general), releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa.

(...).

Las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente (sobre una) deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.

Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.

La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos.

La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional” (Subrayado fuera del texto).

3.3.2. Esto implica entonces que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no solo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

3.3.3. En relación con el requisito de certeza, este implica la necesidad de acusar un precepto legal del cual se extrae la regla que al compararse con la Constitución puede resultar contraria a ella. Es decir, que el reproche formulado se predique directamente de la disposición atacada.

Dicho en otros términos, el cargo de inconstitucionalidad es cierto cuando la acusación que formula el demandante recae sobre una norma jurídica o un precepto legal que “tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto”(4) y cuando las razones de inconstitucionalidad se predican del texto normativo acusado.

Así, la Corporación se ha declarado inhibida o ha confirmado el rechazo de una demanda cuando lo que se pretende es atacar una norma frente a la cual no se deduce el contenido normativo presentado por el actor.

3.3.4. Así, por ejemplo, en la Sentencia C-831 de 2002(5), la Corporación se declaró inhibida, en razón a que artículo atacado —16 del D. 1586/89— regulaba la opción del pago de la indemnización cuando mediante sentencia judicial se ordenaba el reintegro de una entidad liquidada, sin embargo, el demandante presentaba cargos relacionados con el reconocimiento de pensiones de jubilación, es decir, asunto que no guardaba relación alguna con la disposición atacada. Dijo la Sala que la acusación carecía de certeza por cuanto la disposición no regulaba en manera alguna las pensiones de jubilación:

“La demanda de la referencia no cumple este requisito porque las razones que expone el actor no recaen sobre una proposición jurídica real y existente. El actor cuestiona la exequibilidad de una interpretación de la norma acusada que no se deriva de su texto. La demanda se fundamenta en un contenido implícito o supuesto de la norma acusada, el cual procede de uno de sus posibles efectos prácticos dado que el artículo acusado no versa sobre las pensiones de jubilación ni sobre los requisitos para acceder a ella. Como el actor acusa una omisión del legislador al haberse abstenido de regular la contabilización del tiempo para que los trabajadores despedidos sin justa causa de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia puedan acceder a la pensión de jubilación, no ataca un contenido normativo comprendido por la disposición acusada, la cual se refiere al cumplimiento de las sentencias que ordenen el reintegro a una entidad en liquidación.

3.3.5. También en la Sentencia C-922 de 2007(6), la Corporación se declaró inhibida, por falta de certeza, frente a ciertos cargos presentados con el artículo 17 numeral 2º de la Ley 797 de 2003 respecto de la supuesta falta de precisión en el otorgamiento de las facultades extraordinarias al Presidente de la República, en razón a que de esta disposición no se desprendía la inconstitucionalidad alegada. Dijo la Corporación:

En cuanto a la certeza, los cargos gozarán de esta siempre y cuando se realicen sobre una proposición jurídica presente en el ordenamiento jurídico, que ataquen la norma acusada y no otra no mencionada en la demanda; así entonces, los cargos no pueden inferir consecuencias subjetivas de las disposiciones demandadas, ni extraer de estas efectos que ellas no contemplan objetivamente. En últimas, los cargos serán ciertos si las proposiciones jurídicas acusadas devienen objetivamente del “texto normativo” (Resaltado fuera del texto).

3.3.6. Estas referencias muestran, tal y como lo sostiene el Ministerio Público y la mayoría de intervenciones, que en el presente caso, la demanda no cumple con los requisitos de certeza, pertinencia, ni especificidad, en relación con la supuesta vulneración del artículo 42 de la Constitución, referido al derecho a constituir una familia.

3.3.6.1. En primer lugar, el cargo no es cierto por cuanto la inconstitucionalidad alegada por el demandante no se deduce del texto acusado, el artículo 8º de la Ley 54 de 1990.

En efecto, el actor aduce que dicha disposición limita el derecho de los miembros de una unión marital de hecho a conformar una nueva familia, una vez se ha finalizado dicho vínculo, por el término de un año, por cuanto este es el término de prescripción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial.

No obstante, de la simple lectura de disposición normativa se deduce que el actor imprime a esta efectos ajenos a su texto y por el contrario, (i) desconoce que es el mismo artículo el que prevé la posibilidad de conformar una familia de forma inmediata a la terminación de la anterior unión de hecho y (ii) confunde la figura de unión marital de hecho, que da origen a un núcleo familiar, con el término de prescripción para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, dos figuras distintas, pero que son equiparadas por el actor, como pasa a explicarse.

En efecto, de la lectura del artículo 8º de la Ley 54 de 1990 se observa que la disposición establece un término de un año tendiente a obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, contados a partir de (i) la separación física y definitiva de los compañeros, (ii) del matrimonio con terceros o (iii) de la muerte de uno o ambos compañeros.

En este orden de ideas, el actor deduce la inconstitucionalidad de una proposición inexistente y que no ha sido suministrada por el legislador, teniendo en cuenta que el texto normativo del artículo 8º de la Ley 54 de 1990, no consagra la imposibilidad ni la prohibición de constituir nuevos núcleos familiares de forma inmediata a la terminación de una unión marital previa. Por el contrario, y como pasará a explicarse, una lectura integral y sistemática del ordenamiento, permite inferir que, la norma se limita a establecer un término de prescripción para proceder a la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, e incluso, prevé dentro de las posibilidades la constitución inmediata de nuevos núcleos familiares.

Por otro lado, parecería que el demandante dirige sus cargos, no específicamente a acusar el término consagrado en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, sino que su desacuerdo se direcciona a las condiciones mismas para constituir una sociedad patrimonial. Esta regulación no es objeto del contenido del artículo 8º de la Ley 54 de 1990, y se encuentra regulada en otras disposiciones legales, que han debido ser impugnadas y que no fueron objeto de esta demanda.

Además, se observa que el accionante, en una lectura errada tanto de la norma como de otras disposiciones que la complementan, pretende aplicar el término de un año, no a la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial —que es lo efectivamente dispuesto por la norma—, sino que afirma que en el término de una año los miembros de la pareja no pueden iniciar nuevos núcleos familiares ni a través de la unión marital de hecho, ni del matrimonio. Conclusión, que además de ser errada, es contraria al mismo texto literal de la disposición y que jurídicamente confunde las figuras de la unión marital de hecho con la sociedad patrimonial que eventualmente aquella constituye.

Así, la unión marital de hecho, como una de las formas de constituir familia, es la constituida por aquellos que sin estar casados, por el hecho de su convivencia, conforman una unión de vida permanente y singular (L. 54/90, art. 1º)(7). La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha identificado como presupuestos objetivos de esta unión: “la convivencia more uxorio, comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, ayuda, socorro mutuo y affectio marital, genera efectos para los compañeros permanentes proyectados en derechos y obligaciones análogos a los del matrimonio, en su situación individual, familiar y estado civil”(8).

Por su parte, la sociedad patrimonial es el aspecto económico que surge como consecuencia de la unión marital de hecho. En otras palabras, mientras que la unión marital de hecho es en realidad una de las formas en que puede constituirse un núcleo familiar, la sociedad patrimonial es una de las consecuencias patrimoniales de dicha unión. En este sentido, el artículo 2º de la Ley 54 de 1990(9), modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005, consagra una presunción de existencia de la sociedad patrimonial cuando se cumplan los requisitos que ella misma establece. Ha afirmado esta Corporación que la sociedad patrimonial, “si bien depende de que exista la “unión marital de hecho”, corresponde a una figura con entidad propia que puede o no surgir como consecuencia de la anterior, desde su inicio o durante su vigencia, siempre y cuando se cumplan los demás presupuestos que señala la norma, esto es, que el vínculo se haya extendido por más de dos años y, que de estar impedido legalmente uno o ambos compañeros permanentes para contraer matrimonio, hayan disuelto sus sociedades conyugales, así se encuentren ilíquidas... De tal manera que no puede predicarse la conformación de una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes sin que se acredite la unión marital de hecho, pero establecida esta última, no quiere decir que se produzca espontáneamente aquella, debiéndose demostrar los demás elementos que le dan origen”(10).

Del mismo modo en que el matrimonio puede subsistir aun si la sociedad conyugal ha sido disuelta y liquidada, la existencia de la unión marital de hecho es independiente de la conformación o no de una sociedad patrimonial. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha distinguido la acción encaminada a la declaración de la unión marital de hecho, que dado su carácter de estado civil se torna imprescriptible, de la acción para declarar la existencia de la sociedad patrimonial y, en su caso, solicitar la disolución y liquidación de la misma, cuyo término de prescripción es de un año contado a partir del momento de la disolución de la unión marital de hecho(11).

En este sentido, como ya fue mencionado anteriormente, una de las principales diferencias entre la sociedad patrimonial y la unión marital de hecho es la prescriptibilidad de las acciones que reconocen su existencia. Mientras que el ordenamiento contempla un término de un año para disolver y liquidar (una vez se ha declarado su existencia) la sociedad patrimonial de compañeros permanentes, la acción tendiente a reconocer que ha existido una unión marital de hecho es imprescriptible por ser propia del estado civil. En efecto, ha dicho la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia:

“Justamente, esta nítida diferenciación, sostiene el diverso contenido y alcance de las acciones; así, la tendiente a la declaración de existencia de la unión marital, es materia de orden público, propia de la situación familiar, del estado civil y es indisponible e imprescriptible, lo cual no obsta para que las partes la declaren por mutuo consenso en escritura pública o en acta de conciliación (L. 54/90, art. 4º) (...), en cambio, las relativas a la declaración de existencia de la sociedad patrimonial, disolución y liquidación, ostentan evidente e indiscutible naturaleza económica, obedecen al interés particular de los compañeros permanentes y, como todos los derechos subjetivos de contenido económico, son disponibles y están sujetos a prescripción”(12).

En consecuencia, esta prescripción se dirige a garantizar la seguridad jurídica y patrimonial de los compañeros permanentes que componían la unión marital de hecho y sus futuras uniones y no, como lo afirma el accionante, prohibir que los miembros de la pareja no puedan iniciar de forma inmediata una nueva unión marital de hecho —que como se indicó se forma por el hecho de una nueva convivencia singular— o por el matrimonio, como la misma norma lo contempla.

En este orden de ideas, se observa que los cargos presentados por el actor no se dirigen contra lo dispuesto por la norma, esto es, el establecimiento de un término para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, sino de un contenido ajeno a la misma.

De igual manera, tampoco resultaría válido afirmar que se está estableciendo una limitación siquiera para formar nuevas sociedades patrimoniales. Ello por cuanto lo que establece la disposición es un término de prescripción para disolver y liquidar una sociedad patrimonial que ya ha finalizado, de forma previa, ya sea por la separación física y definitiva de los compañeros, por el matrimonio con terceros o por la muerte de uno o ambos compañeros. Es decir, se reitera, que lo que consagra la norma es un término de prescripción, situación que no ha sido atacada por el accionante y frente a los cuales no se encuentran dirigidos los cargos admitidos en el auto admisorio.

De igual manera, tampoco es cierta la afirmación del accionante en el sentido que el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, establezca un impedimento o causal para contraer matrimonio, toda vez que es la misma disposición la que dispone que una de las hipótesis para contar el término de un año, es precisamente el matrimonio con terceros.

Como se ha expuesto, el compañero permanente podría constituir una nueva unión marital de hecho (y formar una nueva sociedad patrimonial cuando se cumpla el término de dos años y demás requisitos legales) o contraer matrimonio. Contrario a lo postulado por el demandante, el término de prescripción de un año solamente se refiere a los aspectos patrimoniales de la unión marital de hecho y lo que se busca es dar seguridad jurídica, precisamente para proteger el patrimonio tanto de los anteriores compañeros como de futuras uniones.

Por todo lo anterior, el cargo dirigido a demostrar la supuesta incompatibilidad de la norma acusada con el artículo 42 Superior, carece de certeza, en la medida en que los afectos que el actor pretende imputar a la disposición no pueden deducirse de ella en forma objetiva. Además, aquellos no se encuentran dirigidos contra el contenido del artículo 8º de la Ley 54 de 1990. Se recuerda que para que un cargo cumpla con el requisito de certeza, es necesario acusar un precepto legal del cual se extrae la regla que al compararse con la Constitución puede resultar contraria a ella. Es decir, que el reproche formulado se predique directamente de la disposición atacada.

3.3.6.2. De igual manera, el cargo tampoco cumple las exigencias especificidad y pertinencia. En cuanto a la primera, el actor no realiza una exposición objetiva y sobre todo verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando improcedente su estudio de constitucionalidad a partir de argumentos que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan.

En relación con la segunda, el cargo es impertinente en la medida en que parece reflejar una valoración particular de los efectos de la disposición cuando afirma “la sanción de caducidad no tiene ninguna relevancia práctica toda vez que en muchas ocasiones se puede disolver la sociedad patrimonial preexistente para poder iniciar un nuevo vínculo. Agregando, además, que, en primera medida, el término impuesto es muy corto para efectuar todo el trámite, y segundo, que su desarrollo puede significar una erogación considerable para personas de escasos recursos”.

Por todas las anteriores razones, la demanda de inconstitucionalidad, contra el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, no permite activar el control de constitucionalidad, por lo cual, al asistirle razón al señor Procurador General de la Nación y la mayoría de los intervinientes, la Corte habrá de inhibirse de hacer pronunciamiento de fondo.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para decidir de fondo, en relación con el artículo 8º de la Ley 54 de 1990, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente».

1 Dice la citada norma: “ART. 2º—Las demandas en las acciones públicas de inconstitucionalidad se presentarán por escrito, en duplicado, y contendrán: 1. El señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; 2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; 3. Los razones por las cuales dichos textos se estiman violados; 4. Cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y 5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.

2 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

3 Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Tomado de las Sentencias C-1052 y 1193 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras.

4 Sentencia C-871 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

5 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

6 M.P. Jaime Araújo Rentería.

7 Sentencia C-985 de 2005. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-700 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.

8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de marzo de 2009. M.P. William Namén Vargas. Exp. 85001-3184-001-2002-00197-01.

9 Modificado por el artículo 1º de la Ley 979 de 2005.

10 Sentencia C-257 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Exp. 7300131100022008-00322-01. Sentencia del 13 de Agosto de 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.

11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 11 de marzo de 2009. M.P. William Namén Vargas. Exp. 85001-3184-001-2002-00197-01.

12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1º de junio de 2005. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. 7921.