Sentencia C-567 de octubre 19 de 2016

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-11345

Magistrada Ponente:

Dra. María Victoria Calle Correa

Actora: María Isabel Ávila Reyes

Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 4º de la Ley 891 de 2004 ‘por la cual se declara patrimonio cultural nacional las procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones’.

Bogotá, D.C., diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma acusada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 45602 del 7 de julio de 2004:

“LEY 891 DE 2004

(Julio 7)

‘Por la cual se declara patrimonio cultural nacional las procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones’.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 4º—A partir de la vigencia de la presente ley las administraciones nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán estarán autorizadas para asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos anuales, destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente ley.

El Gobierno Nacional queda autorizado para impulsar y apoyar ante los fondos de cofinanciación y otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económicos adicionales o complementarios a las que se autorizaren apropiar en el presupuesto general de la Nación de cada vigencia fiscal, destinadas al objeto que se refiere la presente ley.

PAR.—Las apropiaciones autorizadas dentro del presupuesto general de la Nación, deberán contar para su ejecución con programas y proyectos de inversión”.

(...).

VII. Consideraciones y fundamentos

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4º de la Carta.

Asunto previo. Solicitudes de inhibición e integración de la proposición jurídica completa

2. En este proceso el Ministerio de Cultura le solicita a la Corte Constitucional inhibirse de emitir un fallo de fondo, por cuanto en su criterio la acción pública carece de claridad, especificidad y suficiencia. Señala que la actora no desarrolla con suficiencia sus cargos, sino que se limita a invocar diversos preceptos constitucionales y a citar decisiones de la Corte, sin exponer con precisión por qué se vulneran. Sin embargo, en su defecto, si se emitiera un fallo de fondo, la norma debe ser declarada exequible. En contraste, las demás intervenciones y el concepto del Procurador General de la Nación, así como los ciudadanos que participaron dentro de la audiencia pública celebrada el 26 de septiembre de 2016, solicitaron un pronunciamiento de fondo. La Corte Constitucional coincide con estos últimos, por los motivos que se exponen a continuación.

3. La demanda identifica sin ambigüedades la norma acusada y los preceptos constitucionales que considera vulnerados. Sostiene en esencia que al autorizar a la Nación, al departamento del Cauca y al municipio de Popayán para la asignación de partidas presupuestales con destino a los objetivos de la ley, que se relacionan con el desarrollo de las procesiones de Semana Santa en Popayán, se desconocen los principios de neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés general, igualdad y libertad religiosa, y la prohibición de decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones, en tanto admite financiar con dineros públicos una forma de culto adscrita a una religión específica, lo cual en su criterio constituye un privilegio religioso. En concepto de la Corte este planteamiento es claro y cierto, pues resulta inteligible y se dirige contra una proposición que se deriva efectivamente del texto acusado. Además es pertinente, toda vez que plantea una confrontación entre una norma legal y diversos preceptos de rango constitucional. Finalmente, esta corporación considera que la demanda es específica y suficiente, ya que cuestiona de forma puntual la posibilidad de hacer asignaciones presupuestales a las procesiones de Semana Santa en Popayán, por dirigirse a subvencionar un rito religioso y no los demás, con dineros que son públicos. Más allá de lo cual, la Sala discrepa de que un ciudadano tenga una alta carga de argumentación al cuestionar normas que autoricen la asignación de finanzas públicas para subvención de ritos religiosos, por tratarse de un asunto que prima facie es apto para despertar dudas razonables de constitucionalidad.

4. Por otra parte, durante la audiencia pública, la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca sostuvo que la demandante no integró debidamente la proposición jurídica, y que declarar inexequible el artículo 4º cuestionado conduciría a un fallo inocuo, pues si el artículo 1º ya consagra las procesiones de Semana Santa de Popayán como patrimonio cultural inmaterial de la Nación, esa sola norma ya es suficiente para activar obligaciones, incluso de financiación, a cargo del Estado. La Corte Constitucional considera, sin embargo, que un fallo sobre la norma acusada no sería inocuo. Ciertamente, el artículo 1º de la Ley 891 de 2004 establece que las procesiones de Semana Santa de Popayán son parte integrante del patrimonio cultural de la Nación. Del mismo modo, en atención a lo previsto en la Ley 397 de 1997 con sus respectivas modificaciones, ese reconocimiento implica por sí mismo la inclusión de la manifestación en un régimen especial de salvaguardia, el cual a su vez supone una serie de obligaciones a cargo del Estado. No obstante, no encuentra esta Sala que ese régimen especial de salvaguardia esté necesariamente integrado por un deber de financiación al patrimonio cultural inmaterial, en la forma de asignación directa de partidas presupuestales. Es entonces la disposición cuestionada la que establece con claridad que ese régimen cuenta con ese instrumento de salvaguardia, y por tanto un juicio sobre la misma no sería inane, pues en caso de declararse inexequible sería claro que el plan de salvaguardia podría contener una suerte amplia de instrumentos excepto la juzgada inconstitucional, y en caso contrario quedaría zanjada la discusión en sentido opuesto. El fallo sería útil a la luz de la Constitución.

5. Por lo anterior, la Corte procederá a emitir un juicio de fondo.

Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico

6. La ciudadana demandante, como se ha dicho, cuestiona la constitucionalidad del artículo 4º de la Ley 891 de 2004 por cuanto autoriza a entidades estatales de diversos órdenes a destinar asignaciones presupuestales con el propósito de cumplir los objetivos allí previstos, que básicamente son los de reconocer, exaltar, salvaguardar y promover las procesiones de Semana Santa en Popayán. En su opinión, la norma acusada tiene el efecto de financiar y fortalecer un culto religioso, lo cual desconoce los principios de neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés general, igualdad y libertad religiosa, y prohibición de decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer derechos reconocidos por ley preexistente. Esta posición fue respaldada durante el proceso por la Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo, la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y el ciudadano Ramiro Cubillos Velandia, quienes sostienen que el Estado puede subvencionar manifestaciones culturales, pero no puede promover ninguna religión o culto religioso pues lo prohíbe el carácter laico del Estado, y sin embargo eso es objetivamente lo que hace el precepto censurado.

7. En cambio, el Ministerio de Cultura, el Procurador General de la Nación, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, la junta permanente Pro Semana, las facultades de Antropología y Derecho de la Universidad del Cauca, la Academia de Historia del Cauca, la dirección del festival de música religiosa de Popayán, la Asociación de Artesanos del Cauca, el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, la Corporación Jurídica Integral, la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, así como los ciudadanos Juan Luis Mejía Arango y Gustavo Wilches Chaux, quienes fueron convocados como expertos en la materia, sostienen que el precepto debe ser declarado exequible. Si bien sus argumentos y aproximaciones son diversas, en general puede observarse una amplia coincidencia en torno a que las procesiones de Semana Santa de Popayán tienen objetivamente una excepcional importancia cultural, habida cuenta no solo de su amplio arraigo histórico y el valor artístico de los objetos que se exhiben en su desarrollo, sino de una gama más amplia de factores. Las intervenciones destacaron que las procesiones de Semana Santa en Popayán trascienden el fenómeno religioso, pues son una práctica colectiva de autoidentificación de los payaneses, constituyen un hito en la construcción de su memoria común, cohesionan a la colectividad en fechas muy precisas, han propiciado la creación de toda una rica gama de nuevas convenciones, vocablos, recorridos, momentos históricos, y además su desarrollo ha favorecido el florecimiento de expresiones artísticas como la música, la pintura, la restauración de imágenes, las artesanías, la orfebrería, la ebanistería, el arte floral, entre otras. Al ser una manifestación cultural, reconocida además como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y de la Nación, es elegible para una financiación con dineros públicos. No reconocérsela, por cuanto tiene un referente religioso, constituiría según esta posición una discriminación con base en la religión, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución.

8. Aunque la demanda plantea una vulneración de diversas disposiciones constitucionales, la Corte considera que sus cuestionamientos y los argumentos de las intervenciones le plantean el siguiente problema jurídico: ¿Vulnera el legislador los principios de neutralidad religiosa, pluralismo religioso, búsqueda del interés general, igualdad y libertad religiosa, y prohibición de decretar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer derechos reconocidos por ley preexistente (C.P., arts. 1º, 2º, 13, 19 y 136-4) al autorizar al Estado para asignar partidas presupuestales con el fin de reconocer, exaltar, promover y salvaguardar la celebración de un ritual colectivo (las procesiones de Semana Santa en Popayán) que aparece estrechamente vinculado con una religión específica, en un contexto en el cual dicha manifestación acredita suficientemente su valor cultural, ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la Nación y de la humanidad?(3)

9. Antes de resolver el problema jurídico, la Corte lugar describirá el contenido de la disposición acusada en su contexto jurídico actual. Luego examinará los cargos, dentro del marco de la cuestión identificada.

La autorización para asignar partidas presupuestales contemplada en el precepto acusado. Declaración de las procesiones de Semana Santa en Popayán como patrimonio cultural inmaterial de la Nación y la humanidad

10. El artículo 4º de la Ley 891 de 2004, demandado en esta oportunidad, establece que las administraciones nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán quedan “autorizadas para asignar partidas presupuestales en sus respectivos presupuestos anuales, destinadas a cumplir los objetivos planteados en la presente ley”. La disposición también prevé que el Gobierno Nacional puede impulsar y apoyar ante los fondos de cofinanciación y otras entidades públicas o privadas la obtención de recursos adicionales con el mismo objeto. Finalmente precisa que las apropiaciones autorizadas dentro del presupuesto general de la Nación “deberán contar para su ejecución con programas y proyectos de inversión”. Como se observa, las asignaciones presupuestales y los recursos por los cuales interceda el Gobierno Nacional se han de destinar a los “objetivos planteados en la presente ley”. Si bien la Ley referida no enuncia separada, expresa y detalladamente cuáles son esos objetivos, puede observarse que son en esencia los siguientes:

i. El reconocimiento y la exaltación de las procesiones de Semana Santa y del festival de música religiosa de Popayán, como patrimonio cultural (art. 1º), y la declaración como monumento nacional y patrimonio cultural el inmueble identificado en la nomenclatura urbana de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, con el número 4-51 de la calle 5ª (art. 2º);

ii. La salvaguardia de ambas manifestaciones como expresiones culturales, por medio de su inclusión en el patrimonio cultural de la Nación y del reconocimiento de estímulos otorgados a través de la junta permanente Pro Semana Santa de Popayán, y previo concepto del Ministerio de Cultura, a los creadores, gestores y promotores de las tradiciones culturales de las procesiones de Semana Santa y del festival de música religiosa de Popayán (art. 3º). Los estímulos mencionados serán los previstos en el artículo 18 de la Ley 397 de 1997, consisten esencialmente en la creación de bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, incentivos y créditos especiales. La salvaguardia a su vez es una medida de protección orientada a garantizar la viabilidad y revitalización de la manifestación, lo cual supone asegurarle instrumentos de amparo en un contexto que posibilite su desarrollo colectivo espontáneo y libre (arts. 1º y 4º).

11. Al momento de expedirse la Ley 891 de 2004 estaba en proceso un trámite de reconocimiento de las procesiones de Semana Santa en Popayán como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad ante Unesco(4). Para ese entonces, Colombia aún no había aprobado y ratificado la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cuyo texto fue concluido por Unesco en el año 2003, hechos que solo tuvieron lugar posteriormente mediante la Ley 1037 de 2006, controlada por la Corte en la Sentencia C-120 de 2008, y la ratificación ocurrida el 18 de marzo de 2008. Por otra parte, fue en la cuarta sesión del comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, acaecida en Emiratos Árabes Unidos en septiembre y octubre de 2009, cuando a través de la Decisión 4. COM 13.29 Unesco resolvió que las procesiones de Semana Santa en Popayán “satisfacen los criterios para la inscripción en la lista representativa [del patrimonio cultural de la humanidad]”(5). Fue también en el año 2009 cuando las procesiones de Semana Santa en Popayán fueron incluidas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se aprobó para ellas un plan especial de salvaguardia, mediante la Resolución 2433 del 24 de noviembre del Ministerio de Cultura. Es importante resaltar las consideraciones que se plasmaron en cada uno de esos actos, en torno al valor cultural de las procesiones de Semana Santa en Popayán:

11.1. Unesco agotó el procedimiento de evaluación de las procesiones de Semana Santa en Popayán, tras lo cual extrajo las siguientes conclusiones(6). Señaló en primer lugar que las procesiones han sido desarrolladas y transmitidas de generación en generación por las comunidades payanesas, y en virtud de ellas se ha formado un cuerpo específico de conocimientos reflejado en técnicas y concepciones, y en la promoción de cohesión social y diálogo. En segundo lugar, destacó que la inscripción de las procesiones en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad puede contribuir a reforzar su visibilidad y a crear conciencia sobre el valor del patrimonio cultural intangible en diferentes niveles, mientras se asegura su salvaguardia y se promueve el mutuo respeto y el diálogo entre diferentes culturas. En tercer lugar, propuso medidas viables de salvaguardia, incluidas las de elevación de la conciencia sobre la importancia del patrimonio y preservación de las obras de arte, con el compromiso de la comunidad concernida y de las autoridades nacionales y locales respectivas. En cuarto lugar, resaltó que la solicitud de inclusión de las procesiones en la referida lista presupone el consentimiento libre e informado, y la actuación coordinada, de las organizaciones comunitarias interesadas y las instituciones académicas. Finalmente señaló que el elemento era inscrito en el grupo patrimonial de las manifestaciones culturales en evolución.

11.2. El Ministerio de Cultura, por su parte, en la Resolución 2433 de 2009 resaltó de las procesiones su representativa de la cultura de la comunidad payanesa, la cual expresa en distintos sentidos su relación con las procesiones, y respecto del acto señaló que constituye un “espacio integrador, dinámico, solidario, recreador de imaginarios, de tradición, de identidad, de cohesión, de reencuentros”. También destacó su relevancia “en el componente espiritual indispensable en la vida de todo ser humano”, representado en la “conservación y en el orgullo de ser portador de un bagaje cultural inmaterial, multisecular, único e irrepetible volcado de la mejor manera en la belleza material que escenifica toda la construcción mental que hay tras esta manifestación cultural, de estos escenarios simbólicos que configuran su existencia”. Declaró que las procesiones proveen a definir la naturaleza e identidad colectiva, pues son “la expresión local más significativa a propósito de la cual se desarrollan actividades con injerencia en los campos social y económico”. Reconoció también su vigencia, ya que se celebran cada año “ininterrumpidamente desde (...) 1556”, y actualmente en dos versiones: una con la participación de adultos en la Semana Mayor, y otra versión en la semana siguiente o de Pascua, consistente en réplicas exactas a las de la primera pero a escala infantil (conocidas como procesiones chiquitas). Finalmente subrayó que las procesiones se desarrollan en un marco de equidad y responsabilidad, toda vez que la junta permanente Pro Semana Santa, a cargo de organizarlas, siempre cuenta con asesores calificados e idóneos para adelantar estos procesos, y las manifestaciones cuentan con la participación de la comunidad.

12. Tras esta presentación, la Corte pasa a resolver el problema jurídico.

La constitucionalidad de subvenciones públicas al patrimonio cultural con referentes religiosos. Unificación de jurisprudencia sobre la materia

13. En este caso parece haber un acuerdo esencial en todas las intervenciones en torno a que la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia reconocen deberes de protección y salvaguardia de la riqueza y la diversidad cultural. Sin embargo, la discrepancia surge en cuanto esa presunta riqueza cultural está contenida o es predicado de una manifestación colectiva directamente asociada con una religión, como es el caso de las procesiones de Semana Santa en Popayán. Por un lado, la demandante y quienes coadyuvan la acción pública sostienen que la subvención de procesiones promueve inexorablemente la religión que las origina y les da su actual sentido sacro, lo cual no solo es incompatible con la neutralidad religiosa del Estado, sino además con los principios constitucionales de pluralismo, libertad e igualdad de cultos, y con la prohibición de efectuar a personas o entidades donaciones o auxilios no previstos en la ley (C.P., arts. 1º, 2º, 13, 19 y 136-4). Por otro lado, quienes se oponen a la demanda consideran que el deber constitucional de proteger las riquezas culturales no excluye las manifestaciones religiosas. De hecho, señalan que sustraer estas últimas del régimen constitucional de protección cultural solo por su relación con lo religioso, vulnera la Constitución pues esta prohíbe la discriminación con base en factores religiosos (C.P., art. 13).

14. La Sala está entonces ante la necesidad de resolver, en primer lugar, (a) si el legislador puede autorizar la financiación pública de manifestaciones culturales que tienen un vínculo causal, circunstancial y simbólico objetivo con una religión. En caso afirmativo, (b) debe precisar bajo cuáles límites y parámetros puede hacerlo. Una vez definido lo cual, debe decidir (c) si en este caso el Congreso transgredió esos límites, y obró conforme a esos parámetros.

a. La facultad del Congreso para autorizar la financiación pública del patrimonio cultural inmaterial, aun cuando tenga relaciones actuales, objetivas y relevantes con el hecho religioso.

15. La Constitución establece toda una serie de principios orientados a la protección de la cultura, a partir de los cuales es razonable inferir que el Estado puede, legítimamente, autorizar la financiación pública de manifestaciones culturales. La Carta Política prevé entre los fines esenciales del Estado el de facilitar la participación de todos “en las decisiones que los afectan y en la vida (...) cultural de la Nación” (C.P., art. 2º). Establece que el Estado “reconoce y protege la diversidad (...) cultural de la Nación colombiana” (art. 7º). Declara como obligación del Estado y de las personas “proteger las riquezas culturales (...) de la Nación” (art. 8º). Consagra el derecho de los niños a “la cultura” (art. 44). Contempla entre los fines de la educación “el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (art. 67). Estatuye que el Estado tiene el deber “promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades”, y destaca que “[l]a cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, por lo cual el Estado debe promover “el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación” (art. 70). Contempla el deber estatal de incluir en los plantes de desarrollo el fomento “a la cultura”, y el de crear “incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales”, así como el de ofrecer estímulos especiales a personas y entidades que ejerzan estas actividades (art. 71). Declara que “[e]l patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado”, y que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales “pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles” (art. 72). Finalmente expresa que es deber de todas las personas “[p]roteger los recursos culturales y naturales del país” (art. 95-8).

16. El Estado colombiano aprobó además Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, mediante Ley 1037 de 2006, que es un tratado de derechos humanos (en adelante la Convención). En efecto, la Convención referida versa sobre derechos culturales, los cuales han sido incorporados y reconocidos en diversos instrumentos internacionales como derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a “tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad” (art. 27). El Pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales, Pidesc, lo mismo que el Protocolo de San Salvador, declaran que toda persona tiene derecho a “[p]articipar en la vida cultural” y establece que los Estados deben adoptar las medidas necesarias “para la conservación, el desarrollo y la difusión” de la cultura y el arte” (arts. 15 y 14 respectivamente). La Observación General 21, emitida por el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU en la interpretación del artículo 15 del Pidesc señala expresamente que “[l]os derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos”. La Declaración Friburgo sobre ‘Los derechos culturales’, emitida por un grupo de expertos internacionales sobre la materia, reconoce expresamente que los derechos culturales “son esenciales para la dignidad humana; por ello forman parte integrante de los derechos humanos”. En consecuencia, las normas sobre protección cultural establecidas en la Constitución deben interpretarse de conformidad con lo previsto en la Convención, pues el artículo 93 superior establece que “[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

17. Con fundamento en lo anterior, debe tenerse en cuenta que la Convención define el patrimonio cultural inmaterial en un sentido amplio, comprehensivo de “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (art. 2.1). Este patrimonio cultural inmaterial se caracteriza porque “se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (ídem). El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta además en “a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales” (art. 2.2). Los Estados Partes de la Convención adquieren el deber jurídico de salvaguardar el patrimonio cultural individual, entendiendo por salvaguardia un conjunto de medidas tales como “la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión (...) y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos” (arts. 2.3 y 11), lo cual debe hacer con participación de las comunidades, grupos y organizaciones pertinentes. En particular, la Convención estatuye como una obligación de salvaguardia la de “adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas”, entre otras, “garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio” (art. 13.d)

18. Como se observa, la Constitución no solamente reconoce el deber estatal de promover la participación en la vida cultural, y de proteger la diversidad cultural y las riquezas culturales (arts. 2º, 7º, 8º, 44, 67, 70 y 71). Además, expresamente declara que “[e]l patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado” (C.P., art. 72). Ahora bien, por ser este un derecho cultural, contenido en el catálogo de derechos de la Constitución, las nociones de “patrimonio cultural” y “protección” deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos. La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial regula precisamente un derecho cultural, y los derechos culturales han sido incorporados y reconocidos como derechos humanos en diversos instrumentos internacionales, razón por la cual sus disposiciones informan la interpretación de los derechos constitucionales. En la Convención aparece que el patrimonio cultural inmaterial (i) está constituido por usos, representaciones, expresiones técnicas y conocimientos de las comunidades, (ii) cuando estas los transmiten de generación en generación, y (iii) en la medida en que sea reconocido por ellas como elemento de su identidad, a partir de su recreación constante en función de su entorno y de su interacción con la naturaleza y su historia, lo cual les da un sentido de continuidad y promueve el respeto por la diversidad y la creación humanas. La Convención aclara que el patrimonio cultural inmaterial puede estar integrado por “usos sociales, rituales y actos festivos”, y declara que los Estados deben tomar medidas de salvaguardia, como las de protección, promoción y valorización, y en particular la adopción de medidas jurídicas y financieras adecuadas para garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial.

19. Con fundamento en lo anterior puede concluirse, como lo asumen todas las intervenciones, que el Estado cuenta con la facultad, y de hecho tiene el deber jurídico constitucional, de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, incluso por la vía de adoptar medidas financieras en esa dirección. Lo cual además se ve reforzado por la interpretación que, en lo pertinente, ha prohijado el Comité de derechos económicos sociales y culturales en la observación general 21. El comité destaca que el derecho —reconocido en el Pidesc— que tiene toda persona a participar en la vida cultural implica para el Estado obligaciones de respeto, protección y cumplimiento. En cuanto a esta última, razonablemente ha de suponer la adopción de medidas para “facilitar” el ejercicio del derecho, como por ejemplo “de tipo financiero” que pueden consistir en “Otorgar ayuda financiera o de otro tipo a artistas y organizaciones públicas y privadas, como academias científicas, asociaciones culturales, sindicatos y otras personas e instituciones dedicadas a actividades científicas y creativas”. Esta observación tiene una fuerza persuasiva innegable, no solo por ser expedida por el comité encargado de monitorear la implementación del Pidesc y ser un órgano autorizado para interpretarlo, sino además porque confirma la interpretación previamente efectuada por la Corte(7).

20. Ahora bien, la pregunta concreta que provoca este proceso es si el legislador puede autorizar la financiación pública del patrimonio cultural inmaterial, cuando este último tiene una estrecha relación con el hecho religioso. Ha de precisarse, en primer lugar, que la Corte encuentra posible la concurrencia simultánea de los atributos religiosos y culturales inmateriales en una misma manifestación colectiva(8). Se puede observar que entre las mejores prácticas de Unesco se encuentra el reconocimiento de numerosas manifestaciones religiosas como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es el caso, por ejemplo, de las procesiones de la Santa Sangre, celebradas en Brujas, Bélgica, desde la Edad Media; de La Slava, una fiesta serbia practicada por los Ortodoxos Cristianos en la cual se rinde culto al Santo Patrón de las Familias; de la fiesta conmemorativa del Hallazgo de la Verdadera Santa Cruz en Etiopía; de El Sada Shin Noh, conjunto de danzas sagradas que se desarrolla en determinado periodo del año en Matsue, Japón; de la peregrinación al santuario del Señor Qoyllurit’i en Perú, en la cual se mezclan figuras del rito católico con elementos ceremoniales prehispánicos, entre muchas otras a la cuales pertenecen las procesiones de Semana Santa en Popayán. También en Colombia el Ministerio de Cultura ha declarado como patrimonio cultural inmaterial de la Nación, por ejemplo, las fiestas de San Francisco o San Pacho en Quibdó, que tienen su origen en el culto a San Francisco de Asís, eje que aún se preserva. Estas manifestaciones se han reconocido como integrantes del patrimonio cultural de la humanidad o de la Nación, no por su carácter religioso, sino porque además cumplían una serie de condiciones como el hecho de haber sido transmitidas de generación en generación, y de que las comunidades reconozcan libremente en ellas un elemento de su identidad.

21. En consecuencia un rito o festividad puede al mismo tiempo ser religioso e integrar el patrimonio cultural de la Nación o de la humanidad. El hecho de que eso ocurra es ciertamente relevante a la luz de la Constitución, como adelante se mostrará, pero no excluye a las manifestaciones portadoras de ese doble predicado (religioso y cultural) del régimen de protección que establece la Constitución. En efecto, la Carta Política no estatuye ninguna prohibición expresa de salvaguardar el patrimonio cultural asociado al hecho religioso. Ciertamente contempla los principios de pluralismo, diversidad y libertad religiosas, pero ninguno de sus preceptos contempla de forma explícita una norma que impida al Estado salvaguardar el patrimonio cultural vinculado con la religión. Por el contrario, las disposiciones constitucionales antes revisadas son genéricas y contemplan un deber de protección amplio y sin distinciones de la diversidad, la riqueza y el patrimonio cultural (C.P., arts. 2º, 7º, 8º, 44, 67, 70, 71 y 72). En cambio, la Constitución sí prohíbe de forma clara la discriminación por motivos de “religión” (C.P., art. 13), y sería una discriminación sostener de forma tajante y absoluta que el Estado debe proteger el patrimonio cultural de la Nación excepto cuando esté vinculado al hecho religioso, y solo por ese hecho, pues en ese caso el factor “religión” sería el detonante de la diferencia.

22. Por ser esta una discriminación inaceptable, la Corte en diversas ocasiones ha afirmado que el Estado puede salvaguardar el patrimonio cultural vinculado al hecho religioso. En la Sentencia C-766 de 2010, al declarar inexequible un proyecto de ley que exaltaba un municipio del país como ciudad santuario e imponía ciertas cargas financieras al Estado, esta corporación señaló que no obstante la decisión “el Estado podría promocionar, promover, respaldar o tener acciones de expreso apoyo y protección jurídica respecto de manifestaciones que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas dentro del territorio colombiano”(9). En la Sentencia C-817 de 2011, en la cual se declaró inexequible una ley que conmemoraba la creación de una Diócesis y autorizaba al Congreso a asignar partidas presupuestales para su reparación, remodelación y conservación de una catedral, la Corte afirmó sin embargo que “los principios de Estado laico, pluralismo religioso, y deber de neutralidad, en modo alguno impiden que el Estado prodigue determinado tratamiento jurídico a una persona, comunidad o situación, que tenga connotación religiosa”(10). En la Sentencia C-224 de 2016, en la cual se declaró inexequible una disposición que autorizaba la destinación de partidas presupuestales a la protección, salvaguardia y promoción de las procesiones de Semana Santa en Pamplona, esta corporación indicó no obstante que en el orden constitucional “el legislador está legitimado para adoptar políticas de protección y promoción a manifestaciones culturales, aun si tienen alguna connotación religiosa”(11). Finalmente, en la Sentencia C-441 de 2016, recogiendo los anteriores criterios, la Corte declaró exequible una norma que legal que autorizaba la asignación de partidas presupuestales para la salvaguardia de las procesiones de Semana Santa en Tunja(12).

23. Sin embargo, aunque en la jurisprudencia parece haber claridad en torno a que el Estado puede salvaguardar el patrimonio cultural o manifestaciones sociales vinculadas al hecho religioso, debido al principio de laicidad que recoge la Constitución el legislador tiene también ciertos límites, y debe obrar bajo determinados parámetros, que la Sala expondrá a continuación.

b. Límites y parámetros constitucionales derivados del principio de laicidad para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial conexo al fenómeno religioso. Unificación de jurisprudencia.

24. La Corte ha señalado en esencia que el Estado puede promocionar, promover, respaldar o tener acciones de protección jurídica sobre manifestaciones relacionadas con el hecho religioso, si cumple un grupo de requisitos derivados del principio constitucional de laicidad. En efecto, la Constitución no solo contempla un catálogo de derechos culturales, sino que al mismo tiempo es neutral en materia religiosa, reconoce el pluralismo religioso, la igualdad y la libertad de conciencia, culto y religión (C.P., arts. 1º, 2º, 13 y 19). Por lo mismo, en su intención de proteger la cultura o el patrimonio cultural el Estado no puede extralimitarse hasta llegar a desconocer o anular en la práctica estos principios. Esto es claro en la jurisprudencia. Pero no lo es, sin embargo, el límite preciso, y el haz de criterios para determinarlo, a partir del cual la protección o salvaguardia de un hecho cultural con connotaciones religiosas deviene inconstitucional. La terminología y la conceptualización que ha empleado la jurisprudencia sobre la materia no han sido unívocas, como se puede observar en el siguiente análisis:

24.1. En la Sentencia C-152 de 2003, tras efectuar una revisión de los criterios jurisprudenciales pertinentes aplicados hasta entonces para el control de leyes con implicaciones desde la perspectiva religiosa, se esbozaron los siguientes parámetros. No se ajusta a la Constitución, según esta primera providencia, 1) establecer una religión o iglesia oficial, sino que 2) el Estado se identifique formal y explícitamente con una iglesia o religión o 3) que realice actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Estas acciones del Estado violarían el principio de separación entre las iglesias y el Estado, desconocerían el principio de igualdad en materia religiosa y vulnerarían el pluralismo religioso dentro de un Estado liberal no confesional. No obstante tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión, ni 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Finalmente, “6) las connotaciones religiosas constitucionalmente prohibidas son las que tienen ciertas características: son únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una determinada confesión o religión”(13).

24.2. En la Sentencia C-766 de 2010, sin esbozar la necesidad de un cambio o una precisión de jurisprudencia, la Corte declaró inexequible un proyecto de ley vinculado con el fenómeno religioso pese a que sus connotaciones religiosas no eran “únicas y necesarias”, como se exigía en la C-152 de 2003, sino que había también una justificación cultural o social expresamente reconocidas por la corporación. En ese caso, la Corte señaló que el Estado puede ciertamente promocionar, promover, respaldar, apoyar o proteger “manifestaciones que, incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible carácter de manifestación cultural para un grupo o comunidad de personas dentro del territorio colombiano”. No obstante, agregó que en ese caso no bastaba con destacar un propósito secular alternativo al religioso para satisfacer las exigencias constitucionales, sino que ese elemento secular “deberá ser el protagonista de dicha manifestación”. De hecho, señaló que el aspecto religioso no podía tener una presencia estelar sino un rol puramente “anecdótico o accidental”. Señaló expresamente como “en estos casos el fundamento religioso deberá ser meramente anecdótico o accidental en el telos de la exaltación. En otras palabras, el carácter principal y la causa protagonista debe ser la de naturaleza secular” (negrillas del original). Por lo mismo, al advertir que en ese caso la normatividad cuestionada tenía un predominante acento religioso, para superar los estándares constitucionales no era suficiente con invocar su carácter de patrimonio cultural porque los símbolos estaban asociados predominantemente al hecho religioso. Dijo expresamente: “para la Corte no resulta razonable la promoción y protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa”(14).

24.3. En la Sentencia C-817 de 2011 la Corte declaró inexequible una ley con implicaciones desde la perspectiva religiosa, entre cuyas disposiciones se autorizaba la asignación de partidas presupuestales para la protección de una catedral. En esa ocasión sostuvo que medidas como las controladas en ese caso podían ajustarse a la Constitución, cuando respondan a “un factor secular, el cual (i) sea suficientemente identificable; y (ii) tenga carácter principal, y no solo simplemente accesorio o incidental”. Dado que en ese caso las normas controladas no se justificaban en un motivo secular suficientemente identificable, que tuviera carácter principal y no meramente accesorio o incidental, las declaró inexequibles. Como se observa, sin proponer cambios o precisiones de jurisprudencia, la Corporación dejó de lado nuevamente el criterio empleado en la Sentencia C-152 de 2003, según el cual las connotaciones religiosas prohibidas son “únicas y necesarias”, para pasar a sostener que pueden ser contrarias a la Constitución las connotaciones religiosas incluso si no son únicas y necesarias pero sí principales y no simplemente accesorias o incidentales. En ese caso, la Corte advirtió que había otras posibles justificaciones de la medida, pero tras evaluarlas las juzgó insuficientes. En las sentencias C-224 de 2016 y C-441 de 2016, la Corte acogió la terminología empleada en la Sentencia C-817 de 2011, y afirmó entonces que las leyes sobre salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial vinculado con el fenómeno religioso pueden ajustarse a la Constitución, en la medida en que tengan “un fin secular, el cual debe cumplir con dos características: (i) debe ser suficientemente identificable; y (ii) debe tener carácter principal, y no solo simplemente accesorio o incidental”.

25. Como se observa, a pesar de que en todas las anteriores decisiones se cita la Sentencia C-152 de 2003, la aplicación de la Constitución se distancia de la forma como fue interpretada en esta última, en cuanto se refiere a cuándo las connotaciones religiosas en una ley son inconstitucionales. No obstante una aparente coherencia entre las sentencias C-766 de 2010, C-817 de 2011, C-224 de 2016 y C-441 de 2016, lo cierto es que hay también discrepancias conceptuales entre ellas, que se revelan en la metodología del control. En efecto, todas coinciden en que las leyes con implicaciones en el ámbito religioso pueden superar las exigencias de la Constitución, mientras el elemento secular sea protagónico o principal. Sin embargo, la Sentencia C-766 de 2010 exige además que, por otra parte, el aspecto religioso sea “meramente anecdótico o accidental”, tanto en la motivación como en el objeto real de la medida, exigencia que se omite siquiera citar en la Sentencia C-817 de 2011. En sentido similar, en la Sentencia C-766 de 2011 la corporación subraya que “no resulta razonable la promoción y protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa”, pero en la Sentencia C-441 de 2016 se admite justamente lo contrario. En esta última, la Corte declara exequible una norma, cuyos propósitos eminentemente seculares de salvaguardia del patrimonio cultural eran notorios, pese a que con ella efectivamente se protegía un ritual, como las procesiones de Semana Santa en Tunja, predominantemente asociado con una confesión religiosa específica.

26. Es necesario recoger la evolución jurisprudencial antes referida, pero con la intención declarada de precisar los criterios jurisprudenciales. En vista de que el propósito de esta decisión es resolver una demanda contra una norma que autoriza la financiación pública de una práctica estrechamente asociada al hecho religioso, los criterios que se exponen a continuación serán relevantes para el examen de normas semejantes a esta.

27. No ha habido discusión en la jurisprudencia en torno a los cinco primeros criterios esbozados en la Sentencia C-152 de 2003, los cuales han servido para el control de leyes sobre financiación pública de bienes o hechos asociados al fenómeno religioso. En consecuencia, la Corte considera que una ley de esta naturaleza vulnera la Constitución al: 1) establecer una religión o iglesia oficial, sino que 2) identificarse el Estado formal y explícitamente con una iglesia o religión o 3) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia. Tampoco puede el Estado 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión. Finalmente, el Estado no está autorizado por la Constitución para 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Estos criterios, que además fueron recogidos en la Sentencia C-152 de 2003 a partir de la jurisprudencia hasta entonces existente, se mantienen.

28. Sin embargo, como se advirtió, hay ciertas diferencias terminológicas, conceptuales, metodológicas y prácticas en torno al último criterio planteado en la Sentencia C-152 de 2003, toda vez que según este “6) las connotaciones religiosas constitucionalmente prohibidas son las que tienen ciertas características: son únicas y necesarias, y por lo tanto, promueven una determinada confesión o religión. Por el contrario, no le está vedado al legislador adoptar decisiones que ofrecen varias interpretaciones seculares o ajenas a cierta religión específica, así para algunos miembros de la sociedad, desde su propia perspectiva, dicha decisión pueda tener connotación religiosa”. En efecto, las sentencias C-766 de 2010, C-817 de 2011, C-224 de 2016 y C-441 de 2016 han señalado que cuando una ley autorice la financiación pública de bienes o manifestaciones conexas a lo religioso, puede considerarse inconstitucional pese a que la connotación religiosa no sea única y necesaria sino concurrente con motivos seculares, en la medida en que estos sean accesorios o incidentales, y no principales. En otras palabras, la connotación secular de la medida no puede tener cualquier peso sino que este debe ser decisivo. Esta exigencia razonable busca que los móviles, motivos, efectos o propósitos seculares invocados para justificar la medida sean importantes, tengan consistencia, resulten verificables y sean suficientes. Por esa razón, por ejemplo en la Sentencia C-817 de 2011, la corporación no se limitó a identificar los fines seculares invocados en los antecedentes parlamentarios de la ley controlada, sino que además verificó su consistencia y suficiencia, y tras un juicio adverso sobre estos aspectos declaró inexequible la ley, pues en realidad el motivo superviviente al examen crítico era religioso. Del mismo modo, aunque con resultados opuestos, en la Sentencia C-441 de 2016 la Corte no solo identificó que en los debates parlamentarios se invocaban justificaciones seculares, sino que con arreglo a los medios de prueba verificó su consistencia, y además advirtió que eran suficientemente importantes.

28. Esto es conceptualmente diferenciable de la exigencia jurisprudencial de que la connotación secular deba ser principal en las leyes asociadas positivamente al hecho religioso. Este último criterio planteaba, sin embargo, exigencias excesivas al legislador para proteger el patrimonio cultural, pues no solo se limitaba a exigir que el elemento secular fuera principal o protagónico, sino que además esto suponía lógica y necesariamente que el elemento religioso debía ser “meramente anecdótico o accidental”, y de hecho llevó a la Corte a sostener que “no resulta razonable la promoción y protección del patrimonio cultural, o cualquier otro objetivo constitucionalmente válido, con símbolos que sean asociados predominantemente con alguna confesión religiosa” (C-766/2010), con lo cual se eliminaba en la práctica un amplio rango de medidas de salvaguardia sobre el patrimonio cultural inmaterial de religiones vivas. Un criterio semejante no se aplica, en términos generales, en buenas prácticas comparadas de laicismo. En este proceso, uno de los expertos indicó que en el derecho europeo la neutralidad religiosa es incluyente cuando se trata de protección de la cultura, y por lo mismo es legítima la orientación estatal de garantizar la financiación pública del legado cultural incluso si está estrecha o predominantemente asociado a una confesión religiosa(15). En Europa puede observarse entonces por ejemplo que la Unión Europea ha decidido subvencionar la región monástica ortodoxa del Monte Athos, pese a su notoria relación con lo religioso; Noruega, Holanda e Inglaterra financian directa o indirectamente capillas o edificaciones religiosas ubicadas en sus territorios y portadoras de valor arquitectónico e histórico(16); Francia autoriza a las autoridades públicas a sufragar las reparaciones y readecuaciones en edificaciones religiosas, y sus jueces han aceptado por ejemplo la financiación pública de un elevador en la Basílica de Notre Dame de Fourvière en Lyon, así como la construcción de monumentos conmemorativos de miembros del clero;(17) en Alemania se autoriza a las Iglesias a cobrar contribuciones a sus fieles, y de hecho el Estado participa en su ejecución efectiva(18).

29. En consecuencia, este requisito creado por la jurisprudencia debe unificarse en términos que, equilibradamente, garanticen un respeto estricto por los principios constitucionales de laicidad del Estado, sin desproteger injustificadamente el patrimonio cultural inmaterial legado por la práctica religiosa de las comunidades nacionales. El otro elemento del test en estos casos sería entonces que 6) la medida controlada tenga una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente. El que sea ‘importante’ implica que deben poder ofrecerse razones para justificar esa valoración a la luz de los principios constitucionales. La plausibilidad de esas razones debe ser además ‘verificable’, y ha de ser entonces posible controlar razonablemente los hechos y motivos que soportan la valoración de la medida. La importancia de la justificación secular debe ser también ‘consistente’, lo cual indica que no puede ser contradictoria, puramente especulativa o desprovista de fuerza. Finalmente, debe tratarse de una justificación secular ‘suficiente’ para derrotar los efectos de la incidencia que tienen estas medidas en el principio de laicidad del Estado. La suficiencia viene determinada por el principio de proporcionalidad, y así la medida debe entonces ser idónea para alcanzar el fin secular que persigue, pero además necesaria y proporcional en sentido estricto. Finalmente, como se mencionó en las sentencias C-224 y C-441 de 2016, 7) La medida debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones.

30. En definitiva, el Estado no puede 1) establecer una religión o iglesia oficial; 2) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; 3) realizar actos oficiales de adhesión, así sean simbólicos, a una creencia, religión o iglesia; 4) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Para adoptar normas que autoricen la financiación pública de bienes o manifestaciones asociadas al hecho religioso 6) la medida debe tener una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente y 7) debe ser susceptible de conferirse a otros credos, en igualdad de condiciones. Con fundamento en estos criterios, la Corte procede a resolver los cargos sintetizados en el problema jurídico.

c. Resolución del problema jurídico y los cargos planteados.

31. La Corte observa que la norma acusada 1) no establece una religión o iglesia oficial, sino que se limita a autorizar la asignación de partidas presupuestales con el propósito de cumplir los objetivos de la Ley 891 de 2004, los cuales como se dijo son el reconocimiento, la exaltación y la salvaguardia de las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa en Popayán, así como del inmueble distinguido en la nomenclatura urbana de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, con el número 4-51 de la calle 5a. Este no es un acto de establecimiento de una religión, sino de fomento a manifestaciones, actos festivos e inmuebles que son patrimonio cultural de la humanidad –en el primer caso- y de la nación –en todos los casos-. De este modo, 2) el legislador tampoco ejecuta una declaración expresa y formal de identificación con una iglesia o religión, lo cual se puede comprobar a partir de una lectura del texto legal, en el cual no se menciona explícitamente ninguna religión o iglesia en particular, ni tampoco la religión o las iglesias en términos generales. El artículo 4º cuestionado no es, por otra parte, 3) un acto oficial de adhesión, siquiera simbólico, a una creencia, religión o iglesia. Esto se advierte no solo a partir del hecho objetivo de que la ley no menciona ninguna religión o iglesia, ni en particular ni en otros términos, sino que aparte el hecho de que la ley verse sobre las procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa de Popayán no son por sí mismo suficientes para concluir que el Estado se adhiera a una creencia, religión o iglesia, por cuanto hay una explicación secular para este hecho, como más adelante se precisará.

32. Aparte, a diferencia de lo que ocurrió en el caso resuelto en la Sentencia C-224 de 2016, en esta ocasión 4) el legislador no adopta medidas que tengan una finalidad religiosa. Es posible apreciar que en la exposición de motivos se presenta como justificación del proyecto de ley la justicia de elevar “un valiosísimo rasgo cultural pleno de implicaciones de todo orden en un medio que, sobreponiéndose a muy difíciles circunstancias, ha encontrado en el apego a la autenticidad de su cultura, mecanismos de defensa como sociedad”. A la exposición de motivos se anexa además la solicitud presentada ante la Unesco para que las procesiones de Semana Santa en Popayán fueran incluidas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. De ella se destaca especialmente la evidencia sobre la “concentración del patrimonio inmaterial, histórico, artístico, estético, religioso, etnológico, lingüístico, sociológico, antropológico y literario”(19). Este fin genuinamente secular no desparece durante los debates, ni entra en las deliberaciones la consideración de un fin religioso(20). Por lo mismo, puede decirse entonces que su finalidad no es preferir alguna iglesia o confesión.

33. De acuerdo con la jurisprudencia aplicable, está prohibido 5) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. En este caso, la Corte considera que la norma acusada produce un impacto real sobre una religión en particular, la católica, pero no es primordial. Como se mostrará enseguida, el impacto primordial real recae sobre el patrimonio cultural que constituyen las procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa de Popayán. Lo que se autoriza es la asignación de partidas presupuestales con destino a salvaguardia de ese patrimonio, y no de los motivos religiosos que lo originaron en un pasado remoto, ni de la Iglesia Católica a la cual en otro contexto se adscriben necesaria y exclusivamente las procesiones. En el contexto payanés, las procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa son ante todo prácticas colectivas, que no se pueden explicar exclusivamente con fundamento en el elemento religioso toda vez que contribuyen a su realización periódica hondas y fuertes motivaciones alimentadas por factores no religiosos como la tradición cultural, la belleza artística, el amplio arraigo histórico, los sentimientos de identidad colectiva, la cohesión social que propicia, la vocación igualitaria de su desarrollo, su potencial económico y turístico, entre otros. Sin desconocer entonces que la medida demandada puede tener efectos religiosos, su impacto primordial real recae sobre el factor cultural de las manifestaciones protegidas.

34. Por otra parte, 6) la medida tiene una justificación secular importante, verificable, consistente y suficiente. Aunque la acusación se dirige contra toda la norma, en realidad el cuestionamiento se centra en que en virtud de la disposición demandada puedan destinarse recursos públicos a las procesiones de Semana Santa de Popayán, razón por la cual la Corte concentrará el examen en ese punto.

34.1. El artículo 4º de la Ley 891 de 2004 se ha justificado, tanto en los debates parlamentarios como dentro de este proceso, como una medida de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en que consisten las procesiones de Semana en Popayán. Esta justificación no solo es secular sino además importante y responde a un imperativo constitucional. En efecto, la Constitución establece, según lo indicado con anterioridad, que la protección del patrimonio cultural está en cabeza del Estado, que todas las personas deben proteger la diversidad y riqueza cultural, y que la cultura es además un derecho de los niños y fundamento de la nacionalidad (C.P., arts. 2º, 7º, 8º, 44, 67, 70, 71, 72 y 95-8). Por su parte, la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, tratado de derechos humanos ratificado por Colombia, establece como deber de los Estados partes “adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio” (art. 13), y la disposición controlada busca la salvaguardia de las procesiones, incluidas por Unesco en la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad, y por el Ministerio de Cultura en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

34.2. Esto además es verificable y consistente, no solo porque la decisión de la Unesco y la resolución del Ministerio de Cultura son actos públicos, sino además porque las características de las procesiones se ajustan adecuadamente a las condiciones conceptuales que, para el efecto, establece la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El artículo 2º de la Convención prevé que el patrimonio cultural inmaterial está constituido por (i) usos, representaciones, expresiones técnicas y conocimientos de las comunidades —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes—, (iii) cuando se transmiten de generación en generación, y (iii) en la medida en que sea reconocido por sus participantes como elemento de su identidad, a partir de su recreación constante en función de su entorno y de su interacción con la naturaleza y su historia, lo cual les da un sentido de continuidad y promueve el respeto por la diversidad y la creación humanas. Las procesiones de Semana Santa de Popayán satisfacen estos criterios con consistencia, como pasa a mostrarse enseguida:

(i) Las procesiones de Semana Santa, en general, son en primer lugar la representación de una narrativa sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero en particular las procesiones de Semana Santa de Popayán tienen además toda una serie de usos, expresiones técnicas y conocimientos, relacionados con diversos aspectos del ritual. Las pruebas y las intervenciones indican que en la preparación de las procesiones es necesario intervenir las imágenes, las andas y los vestidos de quienes tienen una participación principal dentro de ellas, lo cual ha activado la generación de toda una suerte de conocimientos en orfebrería, joyería, ebanistería, restauración, tejeduría, floristería, entre otras. Además, el desarrollo de las procesiones dentro de la Semana Santa ha provocado la creación colectiva de toda una serie de vocablos, conceptos, relaciones y roles, y por eso existe un argot profundamente arraigado con expresiones como ‘carguero’, ‘carguío’, ‘síndico’, ‘sahumadora’, ‘regidor’, ‘moquero’, ‘pichoniar’, ‘pedirla’, ‘meterla’, entre muchas otras que no son inherentes al rito religioso sino propias de su revivificación colectiva. Junto a esto existe un conjunto de técnicas y conocimientos, por ejemplo, para cargar los pasos, para regir las procesiones, para sustraerles los ‘mocos’ a los cirios, para sahumar el rito, para definir los portaestandartes, para establecer el momento y el lugar hasta donde llegan y desde donde comienza el ‘pichoneo’. En las procesiones de Semana Santa de Popayán las imágenes han tenido también un amplio valor artístico y cultural, con orígenes españoles, italianos, franceses, quiteños y colombianos de diferentes épocas y lugares(21). Durante el proceso se resaltó que en su mayoría las imágenes quedan bajo la custodia de los síndicos, y no de la Iglesia Católica(22).

(ii) Este universo de representaciones, usos, expresiones, conocimientos, imágenes y objetos se ha transmitido de generación en generación. Hay evidencias confiables de que las procesiones de Popayán se remontan por lo menos hasta 1556. En las Elegías de Varones Ilustres, escritas por Juan de Castellanos en la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del XVII, se alude a ellas. Hay además registros en los libros de cuentas y gastos de la época, a cargo de la Gobernación de Popayán, que parecen ratificarlo(23). Hay también elementos para asumir que en los siglos subsiguientes las procesiones se celebraron con regularidad, al punto que el Ministerio de Cultura sostiene que se han realizado “cada año ininterrumpidamente desde 1556” (Res. 2433/2009). Los usos, técnicas, conocimientos, expresiones, imágenes y objetos no se han transmitido inalterados desde como aparecieron por primera vez, sino que como es propio de una práctica colectiva cada generación la ha enriquecido y modificado progresivamente, como fruto de las transformaciones circunstanciales y en ocasiones deliberadamente. Por ejemplo, durante el proceso y en las pruebas se señaló un hecho histórico que a este respecto puede resultar ilustrativo. El escritor colombiano del siglo XIX, José María Vergara y Vergara, en una semblanza de las procesiones de Semana Santa en Popayán del año 1857, narra que cerca de 15 años atrás, mientras tenía lugar la denominada ‘guerra de los supremos’, ocurrió lo siguiente:

“[n]o sé si fue en 1840 o en 1841, pero fue durante aquella guerra espantosa que diezmó las provincias del Sur. El alarma en Popayán era constante: ningún hombre podía dormir fuera de los retenes, o de las torres, i a pesar de la vigilancia, el enemigo hacía entradas i mataba en las mismas calles de la ciudad. Llegó la Semana Santa i se celebraban las funciones con entera seguridad de que los guerrilleros las respetarían. Todo el pueblo de Popayán hubiera dado algo por aprehender al general Obando i al General Sarria, los dos famosos jefes de las guerrillas timbianas. En la procesión del martes, notaron los circunstantes un cierto nazareno de anchas espaldas i de erguido talante, que ayudaba a cargar el paso de la Virgen. Sospecharon quién era, no le perdieron de vista quienes lo habían conocido; i al volver a la iglesia, un descuido que le hizo levantar un poco el antifaz les hizo ver la cara del temible Sarria, que había venido bajo la inviolable salvaguardia de la religión a cumplir sus acostumbradas devociones. Al día siguiente, estaba el formidable guerrillero otra vez entre sus rústicos tercios timbianos”(24).

Esta narración permite inferir que los cargueros llevaban un capirote que les cubría el rostro, como ocurría en los ritos homólogos de España. Hoy no lo tienen. La historiografía posterior indica que fue a raíz de ese hecho, reconstruido en términos quizás diferentes por la posteridad, que un gobernador decretó la obligación para los cargueros de descubrirse el rostro, y desde entonces ese aspecto del rito colectivo se transformó(25). Esta es entonces una muestra de cómo evoluciona una práctica colectiva tradicional. No obstante lo cual, lo cierto es que hay una transmisión generacional de conocimientos, convenciones, expresiones, usos y objetos, en muchas ocasiones dentro de un mismo tronco familiar, y en otras dentro de grupos más amplios de la sociedad payanesa. Cada generación le hereda entonces a la siguiente un capital simbólico. Esto se demuestra no solo en la sucesión familiar de roles, como ocurre con los de carguero y síndico, sino además en el ‘pichoneo’, en la instrucción artesanal, en las denominadas ‘Procesiones chiquitas’, en la participación de niños dentro de la Semana Mayor, en los objetos religiosos que pasan a formar parte del Museo de Arte Religioso, en el rol que cumple la Universidad del Cauca en el sostenimiento de la tradición. Todos estos elementos fueron tenidos en cuenta tanto por el Ministerio de Cultura y la Unesco, sobre la base objetiva de los elementos reales de las procesiones.

(iii) Finalmente, las procesiones de Semana Santa en Popayán son un rasgo que contribuye a definir la identidad colectiva de los payaneses(26). Diversas intervenciones, memoriales y documentos aportados al proceso señalan que la comunidad payanesa se reconoce en las procesiones de Semana Santa entendidas como acto colectivo, con independencia de su valor religioso. Forma parte de su historia reciente, por ejemplo, la Semana Santa en que ocurrió el terremoto del año 1983, así como la del año posterior. Parecen reconocer en ese acontecimiento algo que ilustra un rasgo de su identidad. Estudios históricos posteriores señalan además que si bien los ritos religiosos católicos son resultado de la misión evangelizadora de la conquista, hay ciertos factores circunstanciales que han arraigado los ceremoniales de culto en Popayán. En los siglos XVI, XVII y XVIII, las fiestas religiosas coincidían con las épocas en las que más se concentraban los desastres naturales, las epidemias y en general las calamidades(27). En otras épocas del año menos inestables, las ceremonias de culto se desvanecían. Ser payanés, y reconocerse en las procesiones de Semana Santa, implica al parecer identificarse como habitante de un lugar secularmente expuesto a altos riesgos geológicos. Las intervenciones y los documentos pertinentes registran además la vocación que tienen las procesiones para congregar a los coterráneos no importa donde residan para ese momento, y lo resaltan como un factor de cohesión social explicada porque las procesiones desenvuelven una serie de lazos no solamente religiosos sino familiares, afectivos, artísticos, sociales, turísticos y económicos. Reconocen en los recorridos de las Procesiones un criterio para la delimitación de los límites urbanos de la ciudad que llegó a ser, y en el anecdotario aprenden a conocer hitos de la historia del mundo, del país y de la ciudad. Identifican un potencial igualitario en las procesiones de Semana Santa, pues pese a ocupar cargos, provenir de familias, profesar convicciones diferentes se consideran ‘iguales bajo el anda’, y en un acto colectivo que requiere altos niveles de coordinación cualquiera puede verse sujeto a las instrucciones de otro, sin importar su posición aparente por fuera del rito.

34.3. Esta justificación secular no solo es importante, verificable y consistente sino además suficiente. La medida cuestionada ciertamente tiene un impacto religioso, pero este no solo no es primordial sino que se legitima en aras de alcanzar proporcionalmente un fin constitucional imperioso, como es la protección de un patrimonio cultural inmaterial de la Nación y la humanidad:

— En primer lugar, la norma demandada es adecuada para alcanzar el fin que persigue. La subvención estatal de las procesiones de Semana Santa en Popayán presta una contribución positiva a su salvaguardia, toda vez que permite nutrir las finanzas con las cuales se pagan labores de artesanía, tejeduría, floristería, ebanistería, restauración de imágenes, adquisición de cirios, investigación y documentación sobre los orígenes y riquezas del ritual, entre otras. Estos actos son eficaces para la viabilidad de las procesiones y para enriquecerlas y facilitar su transformación espontánea sin obstáculos económicos.

— La autorización de efectuar asignaciones presupuestales con destino a las procesiones es además una medida necesaria, en el sentido de que no hay otras que estén a cargo del Estado que consigan la misma eficacia con menor impacto religioso. La norma acusada ciertamente prevé que el Gobierno Nacional puede interceder ante entidades privadas en busca de financiación, y de hecho la propia junta permanente Pro Semana Santa podría hacerlo, pero los entes privados han de decidir si financian las prácticas culturales conforme a la autonomía de su voluntad, sin que el Estado pueda obligarlas de otra forma que a través de tributos. En contraste, la financiación pública si bien aparece en la disposición cuestionada como una autorización, es fruto de una obligación de salvaguardia prevista en la Constitución y la Convención pertinente. Además, los datos suministrados por el Ministerio de Cultura indican que anualmente hay aportes ciertos del Estado con miras a la salvaguardia de este patrimonio cultural. Por ende, estamos ante un caso en el cual no hay medidas alternativas a la controlada, que ofrezcan menor impacto religioso e igual eficacia en la protección de la Constitución cultural.

— Los costos constitucionales representados en el cierto impacto que esta norma tiene sobre el hecho religioso, se ven compensados por los también ciertos y altos beneficios que reporta en términos culturales y económicos, valores también importantes y relevantes en el orden constitucional. El sacrifico en la neutralidad religiosa es objetivo pero mínimo, toda vez que el fin que se persigue con la medida es secular, como seculares son las motivaciones invocadas en el Congreso y en el presente proceso para instaurarla, y aparte las procesiones trascienden el ámbito puramente religioso hasta ser relevantes desde el punto de vista cultural, artístico, histórico, económico y turístico, y pudo advertirse que el ente encargado de la administración de los recursos públicos es privado, de conformación intersectorial, con escasa participación cuantitativa de miembros de la Iglesia Católica. En contraste, al valor cultural es amplio, y son también generosos los beneficios económicos y turísticos para la ciudad, el departamento y el país por la celebración de las procesiones.

Efectivamente, como fue señalado, las procesiones de Semana Santa en Popayán desencadenan una serie de procesos de congregación, propiciados por la cultura en general, y en particular por el arte y la artesanía. Las procesiones entendidas como expresión cultural trascienden el plano religioso, pues son una muestra de interacción colectiva propia y única, compuesta por elementos no solo religiosos sino también escénicos y simbólicos de diversos tipos (políticos y sociales), y esto constituye una riqueza, atractiva para los payaneses e incluso para quienes llegan de fuera. Las procesiones se desarrollan como actos en los cuales están involucradas no solo las imágenes religiosas, portadoras de sentido sacro en virtud de un credo y un ritual religioso, sino además la forma como la comunidad les da vida, la indumentaria con que se revisten los ídolos y quienes los transportan, la exuberancia de roles entre los participantes, los hábitos asociados al ritual colectivo, la técnica especial de restauración, la iluminación, la música, los olores, la historia secular de un pueblo vinculado por diversos factores a un culto que en general en los demás lugares tiene un sentido puramente religioso. Fuera de eso, las procesiones han canalizado el genio creativo caucano y nacional, y el interés artístico, pues es posible observar que a raíz suya se creó el festival de música religiosa, en desarrollo del cual no solo se interpreta música religiosa exclusiva del catolicismo, sino además música islámica, protestante y clásica de otras especies, con intérpretes de diferentes partes del globo. La realización de las procesiones, por sus implicaciones, ha facilitado además la acumulación de un rico capital de arte religioso exhibido en el Museo de Arte Religioso. Durante la Semana Santa también se realizan la Muestra Nacional Artesanal Manos de Oro, la Feria Artesanal Expocauca y el Festival de Orquídeas, que son entonces muestras aptas para propiciar la cohesión social y despertar el interés cultural. La Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial asevera en su preámbulo que el patrimonio cultural inmaterial cumple una inestimable función como “factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos”, y las procesiones de Popayán son prueba de ello.

Los beneficios que trae la cultura se han de valorar por lo que esta implica para el individuo y la colectividad. La Declaración de Friburgo expresa que los derechos culturales son esenciales para la dignidad humana (art. 1º), y esta aseveración la comparte la Corte. El ejercicio de la libertad individual está limitado en parte por un conocimiento reducido de opciones vitales(28). La diversidad cultural expande por eso las fronteras de la libertad, toda vez que le muestra al individuo formas alternativas de desarrollarse o de cultivar sus relaciones con los demás y el entorno. La cultura, cuando además está enriquecida por el arte, le ofrece al individuo también placer estético y espiritual. Por eso la Corte ha señalado que “[u]na de las razones por las cuales las personas deben poder tener acceso a diferentes formas y visiones culturales, es porque ello les dará más herramientas creativas para expresarse, a la vez que les da mayor bienestar y placer estético y espiritual (...). Las expresiones culturales no solo reviven el pasado, enriquecen el presente”(29). Una manifestación de la cultura inmaterial, con amplio arraigo histórico, supone la transmisión generacional de una serie de usos, convenciones, conocimientos, expresiones técnicas y objetos, y por eso mismo su salvaguardia, como lo ha señalado el Ministerio de Cultura en este proceso, es una forma de preservar una ventana de acceso al pasado. El carácter cultural de una práctica que en otro contexto tendría connotaciones puramente religiosas es por otra parte un activo capaz de aglutinar a toda la colectividad en torno de un mismo hecho. El que se trate de una manifestación portadora y originaria de sentido y creación artística y artesanal en muy diversas formas es una circunstancia que propicia la aglutinación de personas creyentes o no, nativas o arraigadas, propias y extranjeras. La cultura concilia entonces un fenómeno originalmente individual (como puede ser el culto religioso) con lo colectivo.

Finalmente, en un estudio realizado en el año 2005 denominado Impacto económico de las procesiones de la Semana Santa en Popayán, se destaca el impacto que tuvo la celebración de este acto en ese año(30). El gasto directo, representado en la ejecución del programa cultural, en nuevas dotaciones urbanas, y en nuevo equipamiento turístico fue $ 4.047 millones. El gasto indirecto, correspondiente a desembolsos efectuados por asistentes locales y turistas en los diferentes eventos que tienen lugar durante la Semana Santa, ascendió a un total estimado de $ 15.494 millones. Estos gastos inducen a su vez otros efectos, no contabilizados como gastos directos o indirectos, calculados como impacto económico en Popayán por un valor aproximado de $ 26.971 millones, y en el resto del país en $ 11.276 millones, para un impacto económico total aproximado de $ 38.237 millones. Se trata, como puede observarse, de un hecho con implicaciones no solo religiosas y culturales, sino también económicas y turísticas. Estas dos últimas, tomadas aisladamente, son consideradas en el estudio referido como efectos “favorables” que crean un grupo amplio de oportunidades de desarrollo, en un marco sostenible. La leve aunque cierta incidencia de la medida en el hecho religioso se ve compensada, y de hecho contrarrestada hasta cierto punto, por su vocación de promoción turística y económica para la comunidad que habita en el territorio en que se desarrolla. Por lo cual, la Corte observa que la medida es proporcional.

35. Por último, esta medida de salvaguardia es susceptible de conferirse a otros credos en igualdad de condiciones, e incluso a manifestaciones culturales que no tengan vínculos objetivos con el hecho religioso. La Ley 397 de 1997 prevé una definición amplia de lo que comprende el ‘patrimonio cultural’, material e inmaterial, y un procedimiento para incluir una manifestación cultural en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial (arts. 4º, 8º y ss.). De hecho, la posibilidad de incluir una manifestación en esta lista no depende del Congreso, pues puede también surgir de una iniciativa privada o particular (art. 1º). La condición de miembro de la Lista se supedita al hecho exclusivo de su valor e interés cultural, y no depende entonces de su contenido religioso, ni mucho menos de la religión específica a la cual esté asociada la manifestación, pues estas exigencias no están previstas en la ley y las prohíbe la Constitución (C.P., art. 13). La Corte además constata que otras muestras del patrimonio cultural han sido objeto de medidas de salvaguardia, pese a no tener carácter religioso. Por ejemplo, en la Ley 706 de 2001 se autoriza la asignación de partidas presupuestales con destino a la compra de bienes, la ejecución y terminación de obras para la celebración del ‘Carnaval del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y los Carnavales de Pasto’, normatividad que se ha visto sujeta al control constitucional, y lo ha superado(31). Por lo cual, la demandada en esta ocasión es una norma que contempla una medida perfectamente susceptible de extenderse a otras manifestaciones, religiosas o no, que tengan el carácter de patrimonio de interés cultural inmaterial, y cumplan el procedimiento previsto en la ley para el efecto.

36. Lo anterior indica entonces que no se vulneraron los principios de neutralidad, pluralismo, igualdad y libertad religiosa (C.P., arts. 1º, 2º, 13 y 19), pero además tampoco se desconoce la prohibición constitucional para el Congreso de “[d]ecretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente” (C.P., art. 136-4). Como se observa, la Constitución establece que está prohibido decretar erogaciones que no estén destinadas a satisfacer derechos reconocidos en ley preexistente. Pues bien, en este caso el Congreso no ha decretado ninguna erogación no prevista en el ordenamiento preexistente. Se limitó a autorizar la asignación de partidas presupuestales con destino a una práctica colectiva que ha sido catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la Nación y de la humanidad, en un contexto en el cual la Constitución prevé que “[e]l patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado”, y en el cual —además— la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial prevé el deber de adoptar medidas de salvaguardia, entre las cuales razonablemente puede tomarse la de brindar apoyos financieros para garantizar su viabilidad y revitalización (art. 2º).

37. En consecuencia, declarará exequible la disposición acusada.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el artículo 4º de la Ley 891 de 2004 ‘por la cual se declara patrimonio cultural nacional las procesiones de Semana Santa y el festival de música religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento nacional un inmueble urbano, se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones’.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase y archívese el expediente».

3 Como se mostrará, las procesiones de Semana en Popayán fueron incluidas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mediante la Decisión 4. COM 13.29 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco. También fueron incluidas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y se aprobó para ellas un plan especial de salvaguardia, mediante la Resolución 2433 del 24 de noviembre del 2009, del Ministerio de Cultura.

4 Las gacetas del Congreso correspondientes lo ponen de manifiesto. La Gaceta 498 de 2002, que contiene la exposición de motivos, así lo señala. También así se precisó durante el debate surtido en Comisión Segunda del Senado de la República, como consta en la Gaceta 159 de 2003, p. 33.

5 De acuerdo con las directrices operativas para la aplicación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, expedidas por Unesco, son criterios de inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad: “R.1 El elemento es patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del artículo 2º de la Convención. R.2 La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural inmaterial, a lograr que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. R.3 Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el elemento. R.4 El elemento se ha propuesto para inscripción tras haber logrado la participación más amplia posible de la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e informado. R.5 El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s) del(los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Convención”.

6 El procedimiento de inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, adelantado por Unesco, se encuentra descrito también en las directrices operativas para la aplicación de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, expedidas por Unesco. En esencia, el procedimiento consiste en la presentación por los Estados Partes de una solicitud de inscripción de un elemento en dicha lista, para lo cual debe acreditar los requisitos antes mencionados y acreditarlos en un expediente. Una vez efectuado lo cual, el caso se somete a un proceso de evaluación por órganos expertos del Comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el cual en el tiempo allí previsto define la inclusión del elemento en la respectiva lista.

7 Sentencia C-152 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Unánime). En ese caso se cuestionó una norma legal que consagraba una pensión vitalicia especial para creadores y gestores culturales. Era demandada, en parte, por vulnerar los principios de igualdad y seguridad social ya que les reconocía a los creadores y gestores culturales una prerrogativa que les era negada a quienes desempeñaban las demás profesiones y ocupaciones. La Corte la declaró exequible, sobre la base parcial de que había un estímulo a la cultura permitido por la Constitución. Sentencia C-441 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo. AV María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado. SV Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos), en la cual la Corte admitió la autorización legal a la administración pública para destinar partidas presupuestales con destino a la salvaguardia de una muestra del patrimonio cultural inmaterial (procesiones de Semana Santa en Tunja).

8 Sentencia C-766 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto. SPV María Victoria Calle Correa. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En ese caso, en el cual se controlaba una normatividad legal por medio de la cual se conmemoraban los cincuenta años de la Coronación de la Imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá en el municipio de La Estrella, Antioquia, la Corte sostuvo que “En el régimen constitucional colombiano es posible que coincidan el elemento cultural o histórico o social y el elemento religioso en una exaltación de este tipo”.

9 Sentencia C-766 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto. SPV María Victoria Calle Correa. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La declaratoria de inexequibilidad se fundó, en ese caso, no en que el objeto de la iniciativa tuviera un contenido religioso sino en que este era predominante y superpuesto a cualquier otro de los que pudieran atribuírsele. Dijo, de hecho: “no encuentra la Corte un elemento secular que se superponga a la clara significación católica que tiene la denominación de santuario, con lo cual esta acción del Estado entraría en la esfera, prohibida en un Estado laico, de promoción de una determinada religión, máxime si se tienen en cuenta las consecuencias que en materia funcional y presupuestal se asignan en la ley a instituciones públicas —contenidas en artículos 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto de ley objetado—”.

10 Sentencia C-817 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. SPV María Victoria Calle Correa. SV Mauricio González Cuervo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). La decisión de inexequibilidad se fundamentó, no en la sola constatación de un referente religioso en el objeto de la ley, sino en que “el propósito principal y verificable de la norma acusada es promover una congregación particular del credo católico, que tiene asiento en el municipio de El Espinal. A su vez, no es posible identificar un criterio secular que explique, con las mismas características, la compatibilidad entre la Ley 1402/10 y la naturaleza laica del Estado colombiano”.

11 Sentencia C-224 de 2016 (MM. PP. Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio. AV Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva. SV María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Gloria Stella Ortiz Delgado).

12 Sentencia C-441 de 2016 (M.P. Alejandro Linares Cantillo. AV María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortiz Delgado. SV Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos).

13 Sentencia C-152 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SPV Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández). En esa ocasión se demandaba una ley cuyo título la denominaba “Ley María”, por cuanto esto al parecer vulneraba el principio de laicidad estatal. La Corte la declaró exequible, aplicando el test mencionado, compuesto diversos requisitos.

14 Sentencia C-766 de 2010, citada.

15 Memorial del profesor Theodosios Tsivolas.

16 Tsivolas, Theodosios. Law and Religious Cultural Heritage in Europe. Springer. Secciones 1, 3 y 9.

17 Ídem. Sección 9. También puede consultarse, sobre Francia, el denominado Informe Machelon: Commission de réflexion juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics, en especial las páginas 23 y s.

18 Currie, David P. The Constitution of the Federal Republic of Germany. The University of Chicago Press. 1994, p. 245 y ss.

19 Gaceta 498 de 2002, p. 22.

20 Gacetas 159, 283, 285, 293, 334, 601 de 2003, y 391 de 2004.

21 Andrade González Gerardo. Popayán, su Semana Santa y el Corpus Christi en el período colonial. Popayán. Utopía. 2008, pp. 39 y ss. Casas Valencia, Harold y Felipe Velasco Melo (Eds.). Procesiones de Popayán. Arte y tradición. Junta Permanente Pro Semana Santa. 2002.

22 Wilches-Chaux, Gustavo. “Las procesiones de Popayán: un sentimiento colectivo”. En AAVV. Semana Santa en Popayán. Bogotá. Villegas Editores. 1999, pp. 25-107. Casas Valencia, Harold y Felipe Velasco Melo (Eds.). Procesiones de Popayán. Arte y tradición. Junta permanente Pro Semana Santa. 2002.

23 Ministerio de Cultura. Resolución 2433 de 2009 ‘Por la cual se incluyen “Las procesiones de Semana Santa de Popayán, Cauca” en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial y se aprueba su plan especial de salvaguardia’. También Andrade González Gerardo. Popayán, su Semana Santa y el Corpus Christi en el período colonial. citado, pp. 19 y ss.

24 Vergara y Vergara, J.M. “La Semana Santa en Popayán”. Anexo de pruebas, folios 66 y ss.

25 Wilches-Chaux, Gustavo. “Las procesiones de Popayán: un sentimiento colectivo”. citado, p. 70.

26 Estos elementos se infieren a partir de las intervenciones, de la Resolución 2433 de 2009 del Ministerio de Cultura, y de las publicaciones aportadas al proceso y consultadas por la Corte. Por ejemplo, puede verse Valencia, Guillermo. “Las Procesiones en Popayán”, Anexo de pruebas, folios 70 y ss.; Arboleda, José María. “Popayán y la Semana Santa”. Anexo de pruebas, folios 76 y ss.; Velásquez López, María Cecilia. “Las procesiones de Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica”. En 450 años procesiones Semana Santa Popayán 1556-2006. Memorias. Ministerio de Cultura. Junta permanente Pro semana Santa. 2006, pp. 77-85; Wilches-Chaux, Gustavo. “Las procesiones de Popayán: un sentimiento colectivo”; del mismo autor La Procesión va por dentro. Museo Nacional de Colombia. 2003; Casas Valencia, Harold y Felipe Velasco Melo (Eds.). Procesiones de Popayán. Arte y tradición. Citado.

27 Velásquez López, María Cecilia. “Las procesiones de Semana Santa: el enfoque antropológico y la visión histórica”. citado, pp. 78 y ss.

28 Berlín, Isaiah. “Dos conceptos de libertad”, en Sobre la libertad. Madrid. Alianza. 2004, pp. 226 y ss.: “[e]l conocimiento libera, como enseñó hace mucho Epicuro, al eliminar automáticamente los miedos y deseos irracionales (...). El conocimiento libera al ampliar nuestras posibilidades de elección pero también al ahorrarnos la frustración de intentar lo imposible”.

29 Sentencia C-054 de 2013 (M.P. María Victoria Calle Correa. AV Alexei Julio Estrada). En ese caso se decidía si el Congreso de la República había violado los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y negras del departamento del Cesar, en especial de sus niñas y niños, al autorizar al gobierno a crear un espacio pedagógico para la promoción de la cultura vallenata. La Corte concluyó que la cátedra no podía ser de obligatorio cumplimiento por los establecimientos educativos, pero señaló que podía haber una cátedra de esa naturaleza libremente implementada.

30 Muñoz Muñoz, Hugo Eduardo. Impacto económico de las procesiones de la Semana Santa en Popayán. En 450 años procesiones Semana Santa Popayán 1556-2006. Memorias. Ministerio de Cultura. Junta permanente Pro Semana Santa. 2006, pp. 51 y ss.

31 Sentencia C-434 de 2010 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Unánime). En ese caso se cuestionaba específicamente que los Carnavales de Pasto hubiesen sido objeto de las medidas de protección cultural previstas en dicha ley, y no otros carnavales de negros y blancos desarrollados en otros municipios. La Corte señaló que los demás carnavales no eran asimilables culturalmente al de Pasto, y que en cualquier caso incluso se justifica un trato diferente ante semejanzas que no eran constitucionalmente relevantes.