Sentencia C-568 de julio 14 de 2010

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-568 de 2010 

Ref.: Exp. D-7956

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 22 de 1984, “Por la cual se reconoce la biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones”.

Demandantes: Doris Amanda Táutiva Lozano.

Bogotá, D.C., julio catorce de dos mil diez.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

Sentencia

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, pertenecientes a la Ley 22 de 1984, publicada en el Diario Oficial 36.768 de octubre 17 del mismo año:

“LEY 22 DE 1984

(Septiembre 17)

“Por la cual se reconoce la biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 1º—Reconócese la biología como una profesión de educación superior cuyo ejercicio en el país queda autorizado y amparado por la presente ley.

Esta ley reglamenta el ejercicio de la biología como profesión resultante de título obtenido en la modalidad de formación universitaria (biólogo), pero reconoce, sujeto a reglamentación posterior, el ejercicio en las modalidades de formación intermedia profesional y formación tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 80 de 1980.

ART. 2º—Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la profesión de biólogo la utilización de los principios, conocimientos y técnicas propios de las diferentes disciplinas que conforman la biología, tales como la biología celular, la biología molecular, la morfofisiología, la genética, la ecología para:

a) La investigación, la aplicación práctica, la enseñanza, la asesoría o consultoría y la administración en materias referentes a los seres vivos, a su naturaleza, su composición, sus propiedades, su funcionamiento o sus transformaciones; a las relaciones entre los seres vivos y a las de estos y el ambiente que los rodea.

b) El desarrollo, evaluación o adopción de tecnología en el campo de la biología o para el establecimiento de nuevas técnicas en ese campo.

c) El desempeño de cargos, funciones o comisiones en actividades en las que predomine el componente biológico.

PAR. 1º—El ámbito de ejercicio que se señala en este artículo para el biólogo, se entiende estatuido sin perjuicio de los derechos que tengan para ejercer los profesionales de disciplinas afines legalmente establecidas como profesiones.

PAR. 2º—Las personas formadas en el campo de la biología dentro de las modalidades de formación intermedia profesional y formación tecnológica podrán ejercer las funciones a que se refiere este artículo, solo en los aspectos propios de su formación, vale decir, en actividades practicas concretas de tipo auxiliar o instrumental para los primeros o en actividades tecnológicas con énfasis en la práctica para los segundos.

(...).

ART. 4º—Para la expedición de la matrícula profesional de biólogo se requiere acreditar el respectivo título, o uno equivalente, conferido por una institución de educación superior reconocida y autorizada por el Estado y registrado conforme a lo dispuesto por el Decreto 2725 de 1980.

Para los efectos de esta ley no se consideran como equivalentes al título de biólogo los de licenciado en educación —biología o licenciado en educación— biología-química pero sí el de licenciado en biología, que después de un currículum propio de la carrera de biología, otorgue una facultad de ciencias o de artes y ciencias.

PAR.—Sin perjuicio de lo que dispongan convenios o tratados internacionales vigentes, los títulos profesionales de biólogo o equivalentes, expedidos en el extranjero, solo serán válidos para los efectos de esta ley, si han sido con validados (sic) por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y registrados conforme a lo dispuesto en los decretos 1074 y 2725 de 1980.

(...).

ART. 8º—Ni el Estado ni los particulares podrán contratar a personas naturales para ejercer funciones propias de biólogos, sin que estas hayan acreditado previamente su carácter de tales mediante la exhibición de la matrícula profesional correspondiente o una autorización expresa para ejercer la profesión expedida por el consejo profesional de biología.

La misma prohibición rige para contratar con personas jurídicas que vayan a desarrollar labores propias de la profesión de biólogo, si no han demostrado que entre sus constituyentes o funcionarios hay biólogos matriculados.

PAR.—Los contratos o convenios que celebren las entidades de derecho público, las personas naturales y las jurídicas de derecho privado contraviniendo esta disposición, estarán viciados de nulidad absoluta.

(...)”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 superior, esta Corte es competente para conocer de la acción en referencia, por estar dirigida contra normas de la Ley 22 de 1984, emitida por el Congreso, atinente al reconocimiento de la biología como profesión y la reglamentación de su ejercicio.

2. Problema jurídico a resolver.

Precisa la Corte que no obstante el mayor contenido de la preceptiva acusada, la inconformidad de la demandante y de quienes coadyuvan su argumentación, radica en los requisitos de equivalencia del título de biólogo y la matrícula expedida por el consejo profesional de biología, exigidos en la Ley 22 de 1984 para el ejercicio de la biología por parte del profesional licenciado en biología. En consecuencia, ese será el cargo que cardinalmente será abordado en el análisis constitucional a acometer.

Así, corresponde a esta corporación establecer si la exigencia prevista en el artículo 4º de la citada ley, según la cual el licenciado en biología podrá equiparar su título y acceder a la matrícula profesional de biólogo, (i) siempre que haya cursado un curriculum propio de la carrera de biología, (ii) otorgado por una facultad de ciencias o de artes y ciencias, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad (C.P., art.13), al libre desarrollo de la personalidad (art.16 ib.), al trabajo (art. 25 ib.) y a la libertad de escoger profesión u oficio (art. 26 ib.).

Para resolver tal interrogante, la Corte procederá a considerar: (i) la facultad del legislador de regular el ejercicio de las profesiones; (ii) el riesgo social implícito en el ejercicio de la biología; y (iii), el campo de fundamentación de las carreras de biología y licenciatura de biología en la educación superior.

Interesa desde ahora precisar que esta corporación, mediante Sentencia C-505 de mayo 16 de 2001 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), se pronunció acerca de la exequibilidad de la Ley 22 de 1984, sobre la base de un cargo global dirigido a cuestionar la posibilidad del Estado de exigir título de idoneidad para el ejercicio de la biología, enfoque diferente al ahora planteado y que, por lo mismo, no constituye cosa juzgada constitucional, pero que se torna imprescindible mantener presente, dada la estrecha relación con la materia objeto del subsecuente estudio.

La acción ciudadana que dio lugar a la providencia mencionada, se dirigió contra la integridad de la Ley 22 de 1984, a partir de (i) el entendimiento consignado en la demanda sobre la biología, como ciencia fáctica y material, desarrollada a partir de la observación de la realidad, de los sucesos y los procesos, y de la verificación de los resultados únicamente con la experiencia, razón por la cual no podía imponerse su práctica mediante título universitario, a riesgo de limitar la investigación científica y la actividad creadora, por cuanto la naturaleza y el recuento histórico enseñan que el saber biológico se adquiere no solo a través de la academia, sino en la construcción empírica; y (ii) los argumentos esbozados en la Sentencia C-087 de 1998, que declaró inconstitucional la ley reglamentaria de la profesión de periodismo, para considerar que, en forma similar, el ejercicio de la biología no podía ser condicionado a la posesión de un título académico salvo para precaver un riesgo social, exigencia a deducir del conflicto que puede resultar de la biología como actividad científica y la libertad de investigación, “universalmente reconocida como inherente a la condición humana”.

La Corte al declarar la exequibilidad de la ley acusada, condicionó la expresión “la investigación”, contenida en el literal a) del artículo 2º, en el sentido de entender que las investigaciones relacionadas con seres vivos pueden ser adelantadas por cualquier persona y no solo por quienes ostentan un título en biología. Con respecto a las disposiciones restantes, determinó su conformidad con la carta, pero en cuanto a los cargos de la demanda que fueron objeto de análisis.

En esta oportunidad, el reproche se ubica en la exigencia del título de biólogo para el ejercicio por parte del profesional licenciado en biología, aspecto que, aun cuando gravita alrededor de esta ciencia, no se halla dirigido al análisis de su naturaleza y los fines que aconsejan el título académico, lo cual permite (i) establecer que los cargos difieren de aquellos formulados en la demanda anterior, decididos en la Sentencia C-505 de 2001, y (ii) concluir la inexistencia de cosa juzgada constitucional.

3. Facultad del Congreso para regular el ejercicio de las profesiones. Exigencia de título como requisito de idoneidad.

3.1. De manera reiterada, esta Corte ha señalado que el derecho al trabajo constituye elemento estructural del orden político y social instituido en la Constitución de 1991, pues además de ser derecho fundamental, tiene una dimensión objetiva que lo vincula al poder público, que garantiza no solamente su debida aplicación y eficacia, sino su consonancia con el resto de principios y derechos consagrados en la carta, “que conforman un sistema coherente de ordenación social, articulado a partir de los valores fundamentales que son la base material del Estado social y democrático de derecho”(1).

Por ello, (i) las reglamentaciones que el legislador establezca no pueden en ningún caso desconocer la garantía constitucional que de tal dimensión se desprende y (ii) la intervención estatal que se produzca debe encontrase legitimada y al mismo nivel de protección constitucionalmente dispuesto para el derecho al trabajo, que es uno de los principios en que se funda el Estado colombiano (C.P., art. 1º: “Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria..., fundada en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las persona que la integran y en la prevalencia del interés general”).

Adicionalmente, ha destacado esta corporación la existencia de una dimensión subjetiva del derecho al trabajo por su connotación social, la cual en virtud de ese sistema coherente de principios y valores, entraña la garantía de los derechos a la igualdad y la libertad y su debido ejercicio, mediante una regulación necesaria y razonable, producto del deber constitucional que le asiste al Estado de “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar” (C.P., art. 54). Así lo ha expuesto la Corte Constitucional:

“Como corolario de la dimensión objetiva del derecho al trabajo se desprende el principio rector del artículo 54 de la Carta, que contiene un mandato al Estado para que propicie una política de pleno empleo. Ahora bien, el derecho al trabajo no solo encarna una dimensión objetiva como elemento estructural del orden constitucional sino que, además, cuenta con una dimensión subjetiva de especial importancia en nuestro derecho constitucional. Se trata entonces de un derecho social, cuyo contenido complejo encuentra en el derecho constitucional del Estado social de derecho, al menos dos garantías: la igualdad y la libertad del titular del derecho al trabajo frente a la regulación y vigilancia del Estado. El contenido de este derecho se concreta entonces en el respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos de capacitación que exige cada tarea en particular. Así mismo, dichos requisitos deben ser fijados de tal manera que obedezcan a criterios estrictos de equivalencia entre el interés protegido y las limitaciones fijadas, pues una excesiva, innecesaria o irrazonable reglamentación violaría el contenido esencial del derecho. Por último, es necesario anotar que, de una parte, los requisitos que condicionen el ejercicio de una profesión u oficio deben ser de carácter general y abstracto, vale decir, para todos y en las mismas condiciones; y de otra, la garantía del principio de igualdad se traduce en el hecho de que al poder público le está vedado, sin justificación razonable acorde al sistema constitucional vigente, establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y viceversa.

Queda claro entonces que como lo ha manifestado ya esta corporación(2) el alcance de los derechos fundamentales no está dado por su mera definición, sino por la relación que existe entre ellos y el resto de los contenidos de la Carta. Así las cosas, el derecho al trabajo debe interpretarse en estrecha relación con los principios de igualdad, libertad y dignidad humana. Es tarea de esta Corte defender en este sentido su real significado normativo.

El sistema de protección del derecho que se estudia, exige entonces que las intervenciones del poder público que tiendan a limitar la garantía general de libertad respecto a su ejercicio, así como la garantía de igualdad de todos a un puesto de trabajo, fundadas en el respeto a la dignidad humana, cuenten con una legitimación clara, razonable y explícita.

Por esta razón, no basta ya con que el legislador argumente la necesidad de proteger al interés general para restringir el ejercicio de un derecho. El interés general es un concepto vago e impreciso que requiere de una determinación concreta, probada y razonable. Si esto no fuera así, quedaría en manos del poder público limitar el alcance de los derechos fundamentales, mediante una reglamentación tal que la regla general de libertad se convierta, de hecho en la excepción.

En el texto constitucional colombiano, el interés general, definido por el legislador se opone al interés particular, salvo cuando este último está protegido por un derecho fundamental. En este caso, como lo dijimos arriba, ha de entenderse que la dimensión objetiva de tales derechos los convierte en parte estructural del sistema jurídico y por lo tanto dejan de ser meros derechos subjetivos para integrar la parte dogmática del complejo concepto de interés general.

En este sentido, la doble relación de subordinación y libertad que tiene el legislador frente al texto constitucional hace que este pueda reglamentar el ejercicio del derecho al trabajo, pero siempre tendiendo a protegerlo y a asegurar el máximo de libertad e igualdad real de los individuos como expresión de su dignidad humana”(3).

3.2. Con fundamento en el indicado sistema de ordenación de principios y valores, la Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes.

Lo anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad.

Así las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales. En la precitada Sentencia C-606 de 1992, también se expresó:

“... en materia de reglamentación del derecho fundamental a escoger profesión u oficio, el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana. En conclusión, la intervención del Estado en el derecho fundamental consagrado en el artículo 26 de la Carta debe respetar la garantía general de igualdad y de libertad que conforman su contenido esencial. La reglamentación de una profesión no puede favorecer, implícita o explícitamente, discriminaciones injustas, fundadas en distinciones artificiosas entre trabajo manual o trabajo intelectual o entre oficios y profesiones”.

En igual sentido, se ha precisado(4) que el ejercicio regulado de las actividades contempladas en el artículo 26 superior, debe ajustarse a los derechos de igualdad y libertad, retomando al efecto la doctrina antaño elaborada por la Corte Suprema de Justicia, al determinar los límites de la facultad de reglamentación de las profesiones y oficios en los siguientes términos:

“Esta alta potestad de policía, que corresponde al Estado, se extiende, como es obvio, a aquellas medidas que sean razonables y equitativas, y que tengan una relación apropiada con el asunto materia de la regulación, de modo que aparezca claramente que la ley respectiva tiende al bienestar público o a la prevención de alguna ofensa o peligro social; condiciones estas que compete a la Corte Suprema de Justicia apreciar cuando haya de ejercer la atribución que le confiere el artículo 41 del Acto Legislativo 3 de 1910, respecto de leyes que se dicten en ejercicio de aquella alta potestad de policía (negrillas no originales)”(5).

Finalmente y por lo ya expuesto al principio de estas consideraciones, la Corte precisa recordar in extenso lo señalado en la también precitada Sentencia C-505 de mayo 16 de 2001, a propósito de la declaratoria de exequibilidad de la Ley 22 de 1984:

“1. Al respecto, sea pertinente señalar que el artículo 26 de la Carta Política dispone en su inciso primero que ‘toda persona es libre de escoger profesión u oficio’, a pesar de lo cual, se establece que ‘la ley podrá exigir títulos de idoneidad’. Adicionalmente, la norma advierte que ‘las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones’ y que ‘las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social’.

No obstante que la garantía constitucional de dicha libertad emerge con claridad de la disposición citada, no es menos cierto que esta prerrogativa es también derivación directa del derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 13 de la Constitución. Además, es consecuencia lógica de que el derecho al trabajo goce, en todas sus modalidades, de la protección especial del Estado (art. 25 C.P.), y una de las manifestaciones más relevantes del derecho que el individuo tiene a desarrollar libremente sus posibilidades personales (art. 16 ib.), entre las que se encuentran las libertades de aprendizaje e investigación (art. 27 ib.).

Además, no podría ser de otro modo aquello de la protección estatal de dicha garantía, cuando resulta patente que es en la actualización de sus potencialidades y en el desarrollo de sus capacidades donde el individuo realiza el perfeccionamiento al que es llamado por su condición humana, tanto en beneficio de la comunidad como en el suyo propio.

2. En tanto derecho fundamental que es, el derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía constitucional que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad —es decir, que delimita las fronteras del derecho—, adscribe de manera exclusiva al legislador, de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o científica si es su deseo obtener el título correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de la misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades competentes. La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia alguna(6).

Mientras la segunda de las garantías —la interna— es absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los oficios, la primera solo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u oficios que requieran formación académica e impliquen un riesgo social. La Constitución actual emplea en este punto criterios de diferenciación relativos al riesgo a que queda expuesto el conglomerado social como consecuencia del ejercicio de una determinada actividad —sea a nivel profesional, técnico o empírico— antes que al mayor o menor grado de escolaridad requerido para ejercerlas, cual era la pauta escogida por la Constitución Nacional de 1886(7).

No obstante lo dicho, tal como en general sucede cuando se trata de la restricción de un derecho fundamental, la potestad reguladora del legislador para introducir exigencias, requisitos y limitaciones a las profesiones y los oficios no es absoluta, y en cambio debe estar cimentada en profundas razones de orden y seguridad sociales.

En este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido especialmente prolífica y ha tenido oportunidad de fijar los criterios a que la ley debe sujetarse para imponer las señaladas restricciones. Como regla general, la Corte ha dicho que ‘el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana’. En otras palabras, lo que la Corte espera del legislador es que este circunscriba su potestad de reglamentación, exclusivamente a aquellos aspectos que no sea posible dejar de regular, a efectos de que se protejan a un tiempo, tanto el interés general como el derecho subjetivo de quien desea poner en práctica sus conocimientos.

Los recortes que el legislador está autorizado para imponer al ejercicio de determinada profesión u oficio, se hallan principalmente justificados en el hecho de que no existen en el ordenamiento jurídico, derechos subjetivos de naturaleza absoluta.

3. No obstante, tales restricciones deben estar cimentadas en un principio de razón suficiente, de modo que su imposición emerja como resultado de ponderar el derecho subjetivo de aplicar los conocimientos en una determinada rama del saber, con el posible impacto que dicha aplicación pueda generar en la sociedad o frente a terceras personas. Analizadas desde la perspectiva de la razonabilidad, las restricciones legales al ejercicio de este derecho fundamental deben estar claramente encaminadas a la protección del interés general, siendo ilegítima cualquier disposición que defraude dicha teleología.

La conclusión anterior cobra vital importancia en lo que tiene que ver con la posibilidad que tiene el legislador de exigir títulos de idoneidad para autorizar el ejercicio de una profesión o de un oficio.

Como lo ha sostenido la Corte, la alternativa de exigir dichos títulos implica la garantía para la sociedad de que el titular del diploma es competente en área del conocimiento de que se trata y ha sido entrenado de acuerdo con los niveles de exigencia considerados como mínimos para el ejercicio responsable de su saber. A este respecto, la corporación señaló que:

‘... el título, expedido de conformidad con la propia ley que lo exige, es la prueba, en principio, de la sapiencia de su dueño, o al menos, de que este cursó unos estudios. Dicho en términos más sencillos: el título legalmente expedido, prueba la formación académica. Y la facultad del legislador para exigirlo no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto inequívoco de la norma constitucional.

Es claro que la exigencia de títulos de idoneidad, apunta al ejercicio de la profesión, porque es una manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica. Y, en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver con los demás, no solamente con quien la ejerce’ (Sent. C-377/94).

La finalidad de esta exigencia es a la vez restricción de sí misma. En otras palabras, la ley no puede, sin quebrantar la voluntad del artículo 26 de la Carta, pero tampoco sin transgredir la integridad del núcleo esencial de los derechos vinculados, exigir las calificaciones de que se habla cuando la profesión o el oficio frente al cual aquella se solicita no cumple con el requisito de llevar implícito un riesgo social. Es una consecuencia directa, en punto a los diplomas de excelencia, de la necesidad de que la ley tenga un sustento de razón suficiente.

En suma, la Corte Constitucional ha dicho que la regla general es la del libre ejercicio de la profesión y que la excepción es la exigencia de títulos. Así entonces, se ha planteado la necesidad de que el que se realice sobre estas normas sea un estudio rígido que permita precaver restricciones ilegítimas e inconstitucionales de la libertad consagrada en el artículo 26 de la Carta(8). Al respecto señaló esta corporación que:

‘En otras palabras, dado que el establecimiento de barreras para el ejercicio de una profesión puede afectar un conjunto de derechos fundamentales de particular importancia — como el derecho a la libertad individual o el derecho al trabajo—, así como la posibilidad de que una persona acceda al mercado laboral o ejerza una determinada actividad productiva con el fin de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, el control constitucional de este tipo de medidas debe ser estricto. En consecuencia, el juez debe verificar si, en efecto, la medida restrictiva tiene como finalidad evitar daños sociales o individuales que puedan ocurrir como efecto del ejercicio de la actividad regulada. Adicionalmente, resulta fundamental establecer si la restricción es verdaderamente necesaria, útil y estrictamente proporcionada para alcanzar el objetivo perseguido.

‘Una reglamentación excesiva o ambigua de una actividad que no comprometa un alto riesgo social o que no amenace derechos de terceros, o la exigencia de un título innecesario o inútil para evitar un eventual riesgo social, apareja una vulneración del núcleo esencial del derecho a ejercer un oficio y la negación de derechos que le son inherentes’ (9)(C-697/2000)”.

3.3. Con base en los criterios expuestos, procede la Corte a estudiar si el requisito de equivalencia del título de biólogo exigido al licenciado en biología para ejercer la biología y acceder a la matrícula profesional, constituye una vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad (C.P., art.13), al libre desarrollo de la personalidad (art.16 ib.), al trabajo (art.25 ib.) y a la libertad de escoger profesión u oficio (art.26 ib.).

Aun cuando al legislador le está vedado restringir el núcleo fundamental del derecho a la igualdad, que para el asunto sub examine se ubica en la garantía constitucional de desempeñar libremente la ciencia de la biología, no es menos cierto que la facultad de configuración normativa le permite llegar a exigir títulos de idoneidad y establecer la inspección y vigilancia de su ejercicio por parte de las autoridades competentes. De esta manera, puede limitar ciertas actividades o reclamar de los profesionales la acreditación de más exigencias, lo que de suyo no es discriminatorio, siempre que con ello se proteja al conglomerado contra los riesgos sociales que la biología puede generar, según se analizará en el acápite siguiente.

Advierte la Corte que cuando la Ley 22 de 1984 dispone para el licenciado en biología el requisito del curriculum propio de la carrera de biología de facultad de ciencias o de artes y ciencias, de manera objetiva y razonable(10) considera que una formación en las áreas del conocimiento, propias del título que otorga la profesión en biología, de acuerdo con los programas que establezcan los centros de formación superior en función del campo o núcleo de fundamentación de la carrera, constituye elemento válido para garantizar o suponer al menos la idoneidad requerida en el ejercicio de la actividad, exigencia que va paralela al riesgo social que experimenta la profesión por su naturaleza, pero sin que su señalamiento y los límites impuestos conduzcan a la vulneración de la Constitución en los términos de constreñimiento que expresa la demandante.

Consecuente con lo anterior, el legislador dispuso la expedición de la matrícula profesional de biólogo, documento que cumple la función de (i) identificar la persona que ha cumplido con el curriculum propio de la carrera de biología, orientado a conferir el título de biólogo, o su equivalente en tanto la formación tenga como “núcleo de fundamentación” tal ciencia, y (ii) acreditar la capacidad e idoneidad del profesional en biología, por razón de la capacitación otorgada en una institución de formación superior reconocida y registrada por el Estado, y del otorgamiento del título correspondiente o su equivalente, exigencia técnica que por virtud de las consideraciones antecedentes, no supone conflicto u oposición con los derechos constitucionales invocados por la actora como conculcados.

En torno al título de idoneidad que prevé la Constitución (art. 26) y la consiguiente exigencia legislativa de la matrícula o tarjeta profesional, se ubican no solo la biología sino otras profesiones afines(11), en razón al área de conocimiento y el núcleo de fundamentación, requisitos que en manera alguna conllevan una restricción desproporcionada o inequitativa del libre ejercicio de las actividades, en tanto el riesgo social que puede implicar su práctica requiere necesariamente una alta cuota de escolaridad, dentro de los niveles académicos correspondientes.

Por tanto, al hallarse imprescindible para los profesionales de las ciencias biológicas el cumplimiento de las exigencias mencionadas, también deberá serlo para la persona licenciada en biología, quien podría ejercerla profesionalmente siempre que, bajo las condiciones determinadas, el título que haya obtenido sea considerado como equivalente al de biólogo.

Los presupuestos que contempla la Ley 22 de 1984 en materia de equivalencia, homologación, equiparación o correspondencia de títulos, obedecen justamente a los enfoques diversos de los núcleos de fundamentación de las ciencias (naturales o de la educación), lo que explica que la carta autorice la regulación de las carreras profesionales, pero no para limitar su ejercicio sino para ordenar, como en este caso, la práctica de la biología por el riesgo social que envuelve.

Resulta entonces superfluo explicitar el test de igualdad(12), al no presentarse los factores que conforme a la jurisprudencia aconsejan recalcarlo. Las normas atacadas, (i) no limitan el derecho al trabajo de los profesionales licenciados en biología, en la medida que esta protección constitucional “se concreta en el respeto a las condiciones de igualdad para acceder a un puesto de trabajo, si se cumplen los requisitos de capacitación propios de cada tarea”(13); (ii) tampoco afectan la libertad para escoger profesión u oficio, al establecer, conforme a los fines de la Ley 22 de 1984(14), las condiciones para el ejercicio de la biología y no para la elección de cursarla, en tanto escoger una determinada profesión es aspecto propio de la autonomía personal, en la que al Estado no le asiste intervención alguna, por lo cual (iii) no se advierte alteración contra el libre desarrollo de la personalidad, cuando se goza de libertad en materia de selección de la carrera a estudiar.

Adicionalmente, según la ya citada Sentencia C-861de 2008, no se aprecia “un criterio de diferenciación prohibido o sospechoso como la edad, el sexo, las creencias, la filiación política u otros de naturaleza semejante o que han estado asociados históricamente a condiciones discriminatorias; menos aún se trata de asuntos en los que la Constitución haya establecido un mandato especial de igualdad ni de poblaciones que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta”(15).

De otra parte, se precisa señalar que los artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 22 de 1984, demandados, no conllevan tratamientos discriminatorios o violatorios del derecho a la igualdad de los licenciados en biología, por cuanto de ninguna manera están impidiendo a estos desempeñar las actividades para las que fueron preparados, de acuerdo con la formación libremente escogida.

Finalmente, es vano el intento de demostrar que las normas atacadas desconocen el derecho al trabajo de los licenciados en biología, puesto que la exigencia de título equivalente al de biólogo en las condiciones indicadas -la cual se encuentra enmarcada en la Constitución por las razones ya expuestas-, no desplaza la formación adquirida en licenciatura ni impide la entrada de estos profesionales al mercado laboral, en la disciplina cursada.

Los requisitos establecidos en la Ley 22 de 1984, materia de reparo y de decisión constitucional en la presente providencia, involucran además la realidad incontestable del riesgo social que comporta la biología, como se analizará a continuación.

4. El riesgo social implícito en el ejercicio de la biología.

4.1. La biología, de acuerdo con definición comúnmente reconocida(16), es una ciencia derivada de las ciencias naturales, que tiene por objeto el estudio de los seres vivos, en cuanto a su origen, evolución y propiedades. Se ocupa de las características intrínsecas y de los comportamientos de los seres orgánicos, por especies y como individuos, al igual que de las interacciones entre ellos y en su entorno, con el propósito de establecer las leyes generales que los rigen y los principios explicativos de su naturaleza.

A diferencia de las denominadas ciencias formales, que se sustentan en categorías ideales y entidades abstractas, no obstante contar con un sistema racional y estructurado de leyes, la biología centra su atención en la realidad de la vida en todas sus manifestaciones, por lo que su espectro de estudio es muy amplio y complejo (v. gr. biología molecular, fisiología, anatomía, histología, citología, botánica, micología, zoología, inmunología, virología, embriología, ecología, etología, paleontología, taxonomía, antropología, etc.); por consiguiente, tratándose de seres vivos, demanda esta ciencia especial cuidado en lo concerniente a la interpretación, clasificación, manipulación, verificación y transformación de los procesos biológicos activamente sujetos a la dinámica científica.

4.2. Los avances tecnológicos y la aplicación de estos en las muchas facetas del conocimiento y de la investigación biológica, han significado para la humanidad la creación y desarrollo de elementos, materias, componentes y productos, usualmente útiles y provechosos, pero también potencialmente perjudiciales, cuando se incursiona en exacerbada manipulación de órganos y componentes.

Las investigaciones biológicas, con sus connotaciones empíricas y por la experimentación y especulación con los resultados obtenidos, con avanzado incremento en la actualidad, han tenido sin duda incidencia activa o pasiva, directa o indirecta, en el propio ser humano, con serios riesgos de aplicaciones incorrectas, máxime si hay ausencia o deficiencia en previsión, control y supervisión.

Esta corporación en la ampliamente citada Sentencia C-505 de 2001, al resolver sobre la exequibilidad de las disposiciones que reconocen la biología como profesión y reglamentan su ejercicio, manifestó:

“... la tecnología ha aprovechado los beneficios de los cuerpos vivos tanto para introducir medicamentos, optimizar cosechas, replicar animales como para construir armas biológicas(17). Dado que se trata de una ciencia empírica, la biología es incapaz de ejercer un control absoluto sobre los resultados de sus investigaciones. La manipulación irresponsable (pero también, incluso, la más diligente) de bacterias, microbios, gérmenes y virus, es incapaz de pronosticar el alcance preciso de las consecuencias que una mutación a escalas microscópicas pueda tener en el escenario general de la biosfera.

Las investigaciones en ingeniería genética, que constituyen, a decir verdad, una de las más impresionantes revoluciones del milenio pasado (después de la revolución industrial y posteriormente, de la informática), han marcado el inicio de una nueva generación de estructuras biológicas y de seres vivos —simples y complejos— que, aunque auguran promisorios avances en el bienestar del hombre del mañana(18), suponen un riesgo inédito en cuanto a la transmutación de las estructuras vitales -tal como se conocen hoy día- e implican el replanteamiento de conceptos antropológicos esenciales, la reordenación de los fundamentos operacionales en políticas de salubridad, seguridad y bienestar públicos, así como la valoración contemporánea de inveterados principios éticos.

7. Prueba de este naciente interés por establecer normas precisas en bioseguridad, son los acuerdos y tratados suscritos en el panorama internacional que persiguen moderar la explotación de los recursos naturales en un afán por frenar el deterioro acelerado de las condiciones de vida en el planeta, así como de controlar el promisorio mercado de recursos biológicos cuyo advenimiento se vislumbra.

La UNESCO, por un lado, extendió el 11 de noviembre de 1997 la ‘Declaración universal sobre el genoma humano y los derechos humanos’. En consideración a que ‘las investigaciones sobre el genoma humano y sus aplicaciones abren inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de los individuos y de toda la humanidad, pero destacando que deben al mismo tiempo respetar plenamente la dignidad, la libertad y los derechos de la persona humana, así como la prohibición de toda forma de discriminación fundada en las características genéticas’, la declaración de la UNESCO dispuso lo siguiente:

‘ART. 13.—Las consecuencias éticas y sociales de las investigaciones sobre el genoma humano imponen a los investigadores responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la realización de sus investigaciones como en la presentación y explotación de los resultados de estas. Los responsables de la formulación de políticas científicas públicas y privadas tienen también responsabilidades especiales al respecto.

ART. 14.—Los Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente Declaración’.

No ha sido tampoco Colombia ajena a este influjo, que fue asimilado jurídicamente por la Constitución del 91. Así lo establecen, entre otros, los artículos 79, 80 y 81 de la Carta.

8. Tanto en ejercicio de la revisión de los procesos de tutela como en la solución de acciones de inconstitucionalidad, esta corporación ha tenido numerosas oportunidades de pronunciarse en torno a la obligación que tiene el Estado de proteger la diversidad ambiental y biológica de nuestro territorio, como consecuencia de la aplicación de las disposiciones constitucionales transcritas(19). Así mismo, aplicando la competencia concedida por el artículo 241-10, la Corte ha procedido a revisar la concordancia con la Constitución de ciertos tratados internacionales que pugnan por la preservación de la riqueza biológica del país, así como por evitar el daño y desaparición de los ecosistemas nacionales”.

Así, es ostensible que la biología involucra grandes beneficios pero también severos riesgos, que necesariamente imponen sobre ella las exigencias establecidas en el artículo 26 de la carta política, en cuanto a idoneidad, inspección y vigilancia, ciertamente constitutivas de restricción a la libertad de ejercicio de la profesión, pero plenamente justificadas, en cuanto tiendan a garantizar la estabilidad, la seguridad y el bienestar individual y global, conllevando, con el apoyo de la tecnología y la investigación científica, idóneas y serias bases para la preservación biótica en óptimas condiciones.

De esta manera, queda claro que como quiera que la actividad biológica conlleva un riesgo para la sociedad, corresponde al legislador en el marco del mandato constitucional indicado, la expedición de (i) la normatividad que acredite la formación académica y científica de quienes la ejercen, bajo el supuesto razonable de que a través de ella la magnitud del riesgo es susceptible de disminución(20), y (ii) las disposiciones relativas al control de parte de las autoridades competentes, en aras de vigilar y proteger el interés colectivo, a lo cual se dirigen los fines y las regulaciones dispuestas en la Ley 22 de 1984, según expresó esta corporación en la Sentencia C-505 de 2001.

5. El campo o núcleo de fundamentación de las carreras de biología y licenciatura de biología en la educación superior.

5.1. Para efectos de ubicación conceptual y del proceso interpretativo que se ha venido adelantando en el asunto bajo examen, resulta pertinente recordar que en desarrollo del marco constitucional que regula el derecho a la educación (arts. 67 y siguientes), el legislador expidió la Ley 30 de 1992, por medio de la cual organizó el servicio público de la educación superior, disponiendo que el Estado, de conformidad con la Carta y esa normativa, garantizará la autonomía universitaria y velará por la calidad del servicio educativo a través de su inspección y vigilancia. Esta función se ejerce desde la creación de los programas académicos, antes de que sean ofrecidos a la comunidad, y durante su desarrollo.

Con posterioridad, la Ley 115 de 1994, General de Educación(21), en punto de la articulación de la educación media con el nivel superior de educación, refirió el alcance de la Ley 30 y la clasificación institucional de dichos programas.

La Ley 30 de 1992 consagró los campos de acción(22) a partir de los cuales deben crearse e inscribirse los programas educativos, de pregrado o posgrado(23), atendiendo los fines de la formación que de conformidad con la autonomía universitaria lleguen a establecer las instituciones de educación superior y, de otra parte, creó el sistema nacional de información de educación superior (SNIES)(24) , enfocado a divulgar las características de las instituciones y de los programas ofrecidos en la educación superior.

Esta Corte(25), al asumir por demanda de inconstitucionalidad el tema de los programas educativos de educación superior(26) y las clases de instituciones que los ofrecen, expresó:

“Según la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de educación superior, se consideran como instituciones de educación superior las siguientes:

a. Instituciones técnicas profesionales.

b. Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas.

c. Universidades.

La autonomía universitaria, como es sabido, no es absoluta, ya que el legislador puede y debe establecer reglas a las que se sometan las universidades e instituciones educativas para alcanzar los fines que les son propios.

La autonomía universitaria a que se refiere el artículo 69 de la Carta puede resumirse entonces en la facultad que tiene cada institución de autodeterminarse y organizarse internamente, pero sin desconocer que es competencia del legislador la de exigir los títulos de idoneidad y del gobierno la de reglamentar, en el aspecto instrumental, la expedición de títulos dentro de la función de inspección y vigilancia que le atribuye la Constitución.

(...).

Si bien existen distintas instituciones que pueden adelantar programas de educación superior, no todas ellas están en el mismo nivel ni gozan de la misma autonomía; y tampoco confieren la misma clase de títulos. El hecho de que existan grados y diferencias, como en las normas acusadas, no es violatorio del derecho a la igualdad puesto que, como lo ha señalado esta corporación, aquel supone tratar distinto a lo diferente e igual a lo idéntico.

(...).

Los incisos 1º y 2º del artículo 25 de la citada ley no hacen cosa distinta de señalar el nombre del título que recibirá quien adelante estudios en el enunciado tipo de instituciones, afirmando que los programas académicos ofrecidos por una institución técnica profesional conducen al título en la ocupación o área correspondiente, al cual debe anteponerse la denominación de ‘técnico profesional en...’. Por su parte, los ofrecidos por instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, al cual deberá anteponerse la denominación de ‘técnico profesional en...’, y si dicen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de “profesional en...” o “tecnólogo en...”.

Lo que antecede no es sino una necesaria consecuencia de la clase de institución en la cual se adelantaron los estudios y a la cual se accedió en forma libre y voluntaria, de modo que no puede afirmarse válidamente que se esté desconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues a nadie obliga la norma a escoger determinada institución y, si se ha llegado a ella, así ha acontecido con el conocimiento pleno de sus características y del tipo de título que se recibiría. Por ello, en plena armonía con estos criterios, el inciso 1 del artículo 26 de la citada ley consagra que la nomenclatura de los títulos estará en correspondencia con las clases de instituciones, los campos de acción, la denominación, el contenido, la duración de sus programas y niveles de pregrado y postgrado”(27).

5.2. En particular, el SNIES establece que el área de conocimiento del programa de licenciatura relacionada con la biología, son las ciencias de la educación, siendo el núcleo de fundamentación “la educación”, y que el área de conocimiento del programa de biología lo constituyen las matemáticas y las ciencias naturales y su núcleo de fundamentación “la biología, microbiología y afines”.

La adopción de esta ordenación la ha dispuesto el Ministerio de Educación Nacional basado en referentes de entes internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación (UNESCO)(28), incorporando al efecto la clasificación internacional normalizada de la educación superior (CINE)(29), comprensiva de programas educativos distribuidos en las variables denominadas “niveles de educación” y “grupos amplios y sectores de educación”, que comprenden la educación terciaria (educación superior) y los grupos codificados de los programas que tal formación involucra. También se ha apoyado en otras instituciones ligadas a la educación, como la Fundación Carnegie(30) y la Red Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (RICYT)(31).

Atendiendo esas regulaciones, el Ministerio de Educación Nacional(32) procedió a definir y a enfatizar que en materia curricular (i) “los programas académicos en educación corresponden a un campo de acción cuya disciplina fundante es la pedagogía, incluyendo en ella la didáctica, por cuanto constituye un ámbito de reflexión a partir del cual se genera conocimiento propio que se articula interdisciplinariamente” y, otra parte, (ii) tienen el compromiso social de formar profesionales capaces de promover y realizar acciones formativas, individuales y colectivas, y de comprender y actuar ante la problemática educativa en la perspectiva del desarrollo integral humano sostenible”(33), para lo cual la ley determina que quienes opten por tales programas podrán obtener el título de “licenciado en...”, en el que se especificará el énfasis cursado y aprobado (v. gr. química, biología, historia, literatura).

Así las cosas, para la Corte Constitucional es claro que en materia de educación se han dispuesto, a nivel nacional y siguiendo parámetros universales, causas diferenciadoras de las disciplinas académicas —que en esta oportunidad la demandante pone a escrutinio de la corporación—, a partir de lo que los investigadores han denominado “núcleo de fundamentación”, con el propósito definir, clasificar y ubicar el campo de acción de la formación académica profesional que se llegue a adquirir, de manera que quien opte por la educación a título de licenciatura en biología asuma como tarea la pedagogía, la docencia(34), y quien resuelva escoger las ciencias naturales a título de biólogo, se dedique al estudio e investigación de los seres vivos en toda su dimensión, connotaciones y especialidades(35), lo que de suyo comporta una distinción por razones de causalidad y fines, aun cuando el contenido curricular pueda llegar a arrojar una comunidad o estandarización de materias y prácticas, las cuales precisamente por ese “núcleo de fundamentación” se encuentran enfocadas hacia la educación y las ciencias naturales, respectivamente, lo que justifica en forma razonable que los últimos semestres de cada carrera tengan como componentes del plan de estudios, ora asignaturas destinadas a la formación en pedagógica, ora la biología, por la profesión libremente seleccionada.

El requisito dispuesto por el legislador en el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 22 de 1984, encaja entonces, de manera objetiva y razonable, en los supuestos anteriores, entendido que solo podrá acceder al título equivalente de biólogo, y por consiguiente a la matrícula profesional, el licenciado en educación cuya formación haya satisfecho además el “núcleo de fundamentación” en biología, sin desmedro de su formación inicial pedagógica para el ejercicio de la docencia como actividad medular.

En forma similar, el biólogo podrá ejercer la docencia(36) siempre que haya acreditado además formación académica en educación, bajo el criterio, también objetivo razonable, de haber cumplido el “núcleo de fundamentación” en educación.

VII. Conclusión

Los requisitos en materia de equivalencia del título de biólogo y la consiguiente expedición de la matrícula profesional, establecidos para el licenciado en biología en los términos del artículo 4º de la Ley 22 de 1984, a los que se contrae el cargo de la demanda, buscan garantizar de manera objetiva y razonable el ejercicio de la biología (i) por razón del “núcleo de fundamentación” de dicha ciencia y (ii) por el componente de riesgo que vierte hacia el individuo, la colectividad y el manejo biótico en general, sin que tal exigencia le impida al licenciado el ejercicio de la enseñanza, docencia o pedagogía en el área, que fue para lo que se capacitó en una facultad de educación.

El ejercicio de la biología mediante título de biólogo o equivalente y matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional de Biología, es pues labor que corresponde a quien haya aprobado la escolaridad cursada en facultad de ciencias (biología) y al licenciado en biología formado en facultad de ciencias o artes y ciencias con ese mismo “núcleo de fundamentación” biología, conforme al área de conocimiento ciencias naturales (ciencias de la vida, según la denominación de UNESCO). Correlativamente, el biólogo no puede ejercer como docente en biología, mientras no haya recibido formación académica adecuada en Educación.

En este sentido, dentro de la facultad de configuración legislativa, excluir al licenciado en biología que no haya cursado y aprobado el curriculum propio de la carrera de biología, del acceso a la matrícula profesional de biólogo, no constituye conculcación de los derechos fundamentales contenidos en los artículos de la Constitución Política 13 (igualdad), 16 (libre desarrollo de la personalidad), 25 (trabajo) y 26 (libertad de escoger profesión u oficio), por lo cual se procederá a declarar la exequibilidad de los artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 22 de 1984, objeto de la demanda que ha sido estudiada.

VIII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES los artículos 1º, 2º, 4º y 8º de la Ley 22 de 1984, “Por la cual se reconoce la biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones”, por el cargo analizado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(1) C-606/92 (diciembre 14), M.P. Ciro Angarita Barón. Ver también, entre otras, C-226/94 (mayo 5) M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-221 de mayo 29 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en la cual se expresa: “La Constitución es un sistema portador de valores y principios materiales. En su ‘suelo axiológico’ se encuentra el valor del trabajo, que según el Preámbulo de la Carta Fundamental se debe asegurar a los integrantes de la sociedad, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo”, varias de las cuales serán posteriormente citadas.

(2) “Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión 1, Sentencia T-406 de junio 5 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón”.

(3) C-606 de 1992, previamente citada.

(4) C-226 de 1994, previamente citada.

(5) “Corte Suprema de Justicia, sentencia de diciembre 12 de 1925, M.P. Luis Felipe Rosales, Gaceta Judicial Tomo 32, nums. 1665 y 1666 de 22 de abril de 1926, pág. 170. Esta tesis fue reiterada de manera literal por la Corte Suprema de Justicia en fallos posteriores. Ver, por ejemplo, sentencia del 17 de agosto de 1926, M.P. Luzardo Fortoul, Gaceta Judicial Tomo 33, nums. 1700 y 1701, págs. 37 y 38. Igualmente ver sentencia del 13 de noviembre de 1928, Gaceta Judicial Tomo 36, Nº 1832 del 28 de enero de 193, p 209”.

(6) “Cfr. Sentencia C-177/93. Ver también, Sentencia C-606/92”.

(7) “Cfr. Sentencia C-606/92”.

(8) “ ‘...La jurisprudencia constitucional ha sido muy clara en señalar dos criterios, en primer lugar, el control estatal es válido constitucionalmente si busca garantizar una solvencia profesional suficiente para evitar daños importantes a terceros, esto es, si se fundamenta razonablemente en el control de un riesgo social. De otro lado, el Congreso lleva a la conclusión de que no se trasgrede el núcleo esencial del derecho , en consecuencia no pueden exigir requisitos que vulneren el principio de igualdad ni restrinjan más allá de lo estrictamente necesario el acceso a un puesto de trabajo que imponga condiciones exageradas o poco razonables para la adquisición del título de idoneidad. En síntesis, la obligación de exigir autorización para ejercer un oficio depende de la implicación social de aquél, pues la reglamentación excesiva de una actividad puede conducir a la trasgresión del núcleo esencial del derecho a ejercer un oficio y a la negación de derechos que le son inherentes’. Sentencia C-031 del 27 de 1999”.

(9) “Sentencia C-031 de 1999 (MP Alejandro Martínez Caballero).”

(10) Cfr. C-503 de 1993 (nov. 11), M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(11) Cfr. C-226 de 1994 (mayo 5), M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(12) Cfr. C-093 de 1901 (ene. 31), M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(13) Cfr. C-606 de 1992, precitada. Véase además C-861 de 1908 (sep. 3), M.P. Mauricio González Cuervo.

(14) Cfr. C-505 de 1901, precitada.

(15) Cfr. C-861 de 1908, precitada: “Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-445 de 1995 M.P Alejandro Martínez Caballero, C-309 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-183 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-481 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-112 de 2000 M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-670 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynet”.

(16) Wikipedia. biología. http://es.wikipedia.org (Consultado 28 de junio de 2010).

(17) “... ‘Desde 1969, se han ido presentando en la conferencia sobre desarme de Ginebra, diversos proyectos de acuerdos prohibiendo las armas químicas y biológicas. En aquel año, Estados Unidos decidió unilateralmente renunciar a utilizar agentes y armas biológicas así como toda otra forma de guerra biológica y limitar sus investigaciones a medidas defensivas, tales como la inmunización. En 1971, la URSS aceptó la proposición británica de disociar armas químicas y armas biológicas’ (Biología. Gran Enciclopedia Larousse. Vol. 24). El 10 de abril de 1972 fue suscrita la ‘convención sobre la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas tóxicas y bacteriológicas (biológicas) y sobre su destrucción’, suscrita por Colombia.”

(18) “... ‘La modificación de microorganismos proporcionándoles características y usos específicos como es el caso de los organismos capaces de concentrar ciertos tipos de minerales de los residuos. Estos microorganismos se pueden utilizar en el tratamiento de aguas o para descomponer derrames de petróleo... La utilización de microorganismos para obtener productos propios de organismos superiores como por ejemplo la insulina ,la eritropoyetina, factor de crecimiento epidérmico, los factores VIII y IX de coagulación entre otros... La producción de plantas mejoradas genéticamente, como es el caso de plantas resistentes a insecticidas, virus, condiciones ambientales adversas... Producción de plantas transgénicas... La obtención de animales transgénicos de gran utilidad en la investigación biomédica y la obtención de productos biológicos... La creación de biochips que, tomando como modelo la secuencia de bases del ADN promete a la informática del futuro mayor capacidad de memoria, versatilidad y menor consumo de energía’. Adscrito al estudio hecho por los Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, doctores Lucía Arteaga de García, Gabriel Ricardo Nemogá Soto y María Teresa Regueros Reza, en ‘La revolución genética y sus implicaciones ético jurídicas’ de Rosa Erminia Castro de Arenas. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Santafé de Bogotá. 1999. Capítulo VIII.”

(19) ‘’Consultar, entre otras, las Sentencias T-406 de 1992, T-411 de 1992, T-415 de 1992, T-528 de 1992, T-28 de 1993, C-216 de 1993, T- 229 de 1993, T-231 de 1993, T-444 de 1993, T-471 de 1993, T-126 de 1994, T-154 de 1994, T-62 de 1995, T-226 de 1995, T-284 de 1995, C-328 de 1995, T-379 de 1995, T-257 de 1996, C-433 de 1996 (AV), C-495 de 1996, C-534 de 1996, C-535 de 1996, T-71 de 1997, T-95 de 1997, C-145 de 1997, C-146 de 1997, SU-442 de 1997, C-649 de 1997, C-126 de 1998, T-244 de 1998, T-453 de 1998, T-318 de 1993 y C-320 de 1998’.

(20) Cfr. C-964 de 1999 (dic. 1º), M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(21) “ART. 35.—Articulación con la educación superior. Al nivel de educación media sigue el nivel de la educación superior, el cual se regula por la Ley 30 de 1992 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Este último nivel se clasifica así: a) Instituciones técnicas profesionales; b) Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, y c) universidades”.

(22) “ART. 7º—Los campos de acción de la educación superior, son: el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía”.

(23) “ART. 8º—Los programas de pregrado y de postgrado que ofrezcan las instituciones de educación superior, harán referencia a los campos de acción anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación”. // “ART. 9º—Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes y la filosofía. También son programas de pregrado aquellos de naturaleza multidisciplinaria conocidos también como estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que hacen parte de dichos campos”. // “Artículo 10º Son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post-doctorados”.

(24) “ART. 56.—Créase el sistema nacional de información de la educación superior el cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y programas del sistema”.

(25) C-1509 de 2000 (nov. 8), M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(26) Ley 30 de 1992. “ART. 25.—Los programas académicos de acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una institución técnica profesional, conducen al título en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la denominación de: ‘técnico profesional en...’ // Los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, o por una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual deberá anteponerse la denominación de ‘técnico profesional en...’ Si hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de: ‘profesional en...’ o ‘tecnólogo en...’ // Los programas de pregrado en artes conducen al título de: ‘maestro en...’ // Los programas de especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesión, disciplina o área afín respectiva. // Los programas de maestría, doctorado y post-doctorados, conducen al título de magíster, doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento. // PAR. 1º—Los programas de pregrado en educación podrán conducir al título de ‘licenciado en...’ // Estos programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los programas académicos que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y en las universidades. // PAR. 2º—<Aparte tachado INEXEQUIBLE> El Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, reglamentará la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto favorable del Consejo Nacional para la Educación Superior (CESU)”.

(27) Decreto 1767 de 2006, “Por el cual se reglamenta el sistema nacional de información de la educación superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones”. Glosario de la educación superior. http:// www.mineducacion.gov.co (Consultado 28 de junio de 2010).

(28) Colombia es miembro de UNESCO desde octubre 31 de 1947 y mantiene en Paris delegación permanente.

(29) “UNESCO. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).- 29 C/20, París, 1997. Niveles de educación. f) Nivel 5.- Primer ciclo de la educación terciaria. (No conduce directamente a una calificación avanzada). Consta de programas terciarios de contenido más avanzado que los niveles 3 y 4. Deben tener una duración teórica total de por lo menos dos años desde el comienzo del nivel 5. Los programas se dividen en teóricos (preparatorios para investigaciones y de acceso al ejercicio de profesiones que exigen un alto nivel de competencia) y prácticos, técnicos y específicos de una profesión. Incluye todos los programas de investigación tipo maestría y de educación de adultos cuyo contenido sea equivalente al del nivel 5. g) Nivel 6 - Segundo ciclo de la enseñanza terciaria. (Conduce a una calificación de investigación avanzada). Dedicados a estudios avanzados e investigaciones originales, y no están basados únicamente en cursos. Se requiere presentar una tesis o disertación que se pueda publicar, sea fruto de una investigación original y presente una contribución significativa al conocimiento. Este nivel equivale a un doctorado. Incluye la parte centrada en investigación avanzada en los países en los que los estudiantes que empiezan la enseñanza terciaria se matriculan directamente en un programa de investigación avanzada. // Grupos amplios y sectores de educación. El manual práctico contiene una lista codificada que describe exactamente la forma en que los programas educativos o los grupos de asignaturas se clasifican en los distintos sectores de la educación; algunos de ellos son: 1.Educación.14 - Formación de personal docente y ciencias de la educación.4. Ciencias. 42 - Ciencias de la vida 44 - ciencias físicas 46 - Matemáticas y estadística 48 – Informática.”. http://www.uis.unesco.org (Consultado 28 de junio de 2010).

(30) La Fundación Carnegie para el adelanto de la enseñanza y la educación, fue fundada en 1905 por Andrew De Carnegie, industrial norteamericano, con el fin de “hacer y realizar todas las cosas necesarias para animar, para mantener, y para dignificar la profesión del profesor y la causa de una educación más alta.”. Wikipedia. Instituto Carnegie http://es.wikipedia.org. (Consultado 28 de junio de 2010).

(31) La RICYT fue creada por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), a fines de 1994. Desde su constitución, la RICYT lleva adelante sus actividades en forma coordinada con la OEA y con la cátedra UNESCO de Indicadores de Ciencia y Tecnología. RICYT. http://www.ricyt.edu.ar/. (Consultado 28 de junio de 2010).

(32) Resolución 1036 de 2004, “Por la cual se definen las características específicas de calidad para los programas de pregrado y especialización en Educación.” ART. 1º—Denominación académica del programa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 30 de 1992 los programas de pregrado en educación ofrecerán énfasis en los niveles del sistema educativo, en las áreas o disciplinas del conocimiento, en competencias profesionales específicas y en las modalidades de atención educativa formal y no formal. En este sentido: ... d) Los programas cuyo énfasis esté dirigido a la formación de educadores para situaciones de aprendizaje no-formal, ámbitos socio-culturales, poblaciones o competencias profesionales específicas que requieran la presencia del profesional de la educación, conducirán al título de “licenciado en...”, especificando su respectivo énfasis. En la estructuración y nomenclatura del énfasis, estos programas tendrán en cuenta la normatividad establecida en el capítulo 2 del título II y el título III de la Ley 115 de 1994, y en las demás normas vigentes.”

(33) Ibídem, art. 2º.

(34) Decreto 1278 de 2002. “ART. 3º—Profesionales de la educación. Son profesionales de la educación las personas que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una institución de educación superior; los profesionales con título diferente, legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores...”.

Cfr. C-313/03 (abril 22), M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-422 de 2003 (abr. 25), M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y C-647 de 2006 (ago. 9), M.P. Álvaro Tafur Galvis.

“ART. 5º—Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan directa o indirectamente en la educación”.

Cfr. C-403/03 (Mayo 22), M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y C-031/08 (Enero 23); M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Ley 115 de 1994. “ART. 111.—Profesionalización. La formación de los educadores estará dirigida a su profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles de posgrado. Los títulos obtenidos y los programas de perfeccionamiento que se adelanten dentro del marco de la ley, son válidos como requisitos para la incorporación y ascenso en el escalafón nacional docente, conforme con lo establecido en la presente ley. // Los programas para ascenso en el escalafón docente deberán ser ofrecidos por una institución de educación superior o, al menos, bajo su tutoría. Estos programas tendrán que estar relacionados con las áreas de formación de los docentes o ser de complementación para su formación pedagógica.” “ART. 112.—Instituciones formadoras de educadores. Corresponde a las universidades y a las demás instituciones de educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a la educación, la formación profesional, la de posgrado y la actualización de los educadores.”

(35) Resolución 2769 de 2003, “Por la cual se definen las características específicas de los programas de pregrado en ciencias exactas y naturales”. Art. 2º, numerales 2, 2.1., 2.3.1. y art. 3º.

(36) Decreto 1278 de 2002, “por el cual se expide el estatuto de profesionalización docente”. “Articulo 21. Requisitos para inscripción y ascenso en el escalafón docente. Establécense los siguientes requisitos para la inscripción y ascenso de los docentes o directivos docentes estatales en los distintos grados del escalafón docente: ... grado dos: a) Ser licenciado en educación o profesional con título diferente más programa de pedagogía o un título de especialización en educación ... grado tres: a) Ser licenciado en educación o profesional; b) Poseer título de maestría o doctorado en un área afín a la de su especialidad o desempeño, o en un área de formación que sea considerada fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.” Cfr. C-647/06 y C-031/08, antes citadas.