Sentencia C-571 de junio 8 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-571 de 2004 

Ref.: Expediente D-4968

Magistrado Ponente:

Dr. Rodrigo Escobar Gil

Demandante: Lizbeth Adriana Camargo.

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 26, 30 y 42 del Decreto 1222 de 1986.

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 37498 de junio 6 de 1986, destacando y resaltando los apartes demandados.

“DECRETO 1222 DE 1986

(Abril 18)

Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 3ª de 1986 y oída la comisión asesora a que ella se refiere,

DECRETA:”

“(...)”.

“ART. 26.—En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral”.

“(...)”.

“ART. 30.—El Congreso en pleno, las cámaras y las comisiones de estas podrá abrir sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros. Pero las decisiones, solo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente”.

“(...)”.

“ART. 42.—Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Por dirigirse la demanda contra varias disposiciones que forma parte de un decreto con fuerza de ley, la Corte Constitucional es competente para decidir sobre su constitucionalidad, según lo prescribe el artículo 241-5 de la Constitución Política.

2. Asunto sometido a la consideración de la Corte.

De acuerdo con los cargos de la demanda, el contenido de las distintas intervenciones y el concepto del Ministerio Público, en esta oportunidad le corresponde a la Corte establecer si la manifiesta oposición entre disposiciones jurídicas anteriores a la Constitución del 91 y dicho ordenamiento superior, en los casos en que el tema contenido en las primeras es regulado de manera diferente por el segundo, activa la competencia de la Corte para declarar la inexequibilidad de tales preceptos, o si, por el contrario, respecto de las mismas opera el fenómeno jurídico de la derogatoria tácita, debiendo dicho tribunal proferir una decisión inhibitoria por carencia actual de objeto.

Para los efectos de resolver el problema jurídico descrito, esta corporación considera necesario referirse previamente al tema de la vigencia de la regulación preconstitucional y de la competencia del órgano de control constitucional en esa materia.

3. Criterios aplicables al tema de la vigencia de las normas preconstitucionales y competencia del juez constitucional para pronunciarse sobre su contenido material.

3.1. De acuerdo con lo establecido por esta corporación en abundante y reiterada jurisprudencia, para efectos de analizar la vigencia de la regulación preconstitucional, es decir, de la normatividad que hacía parte del ordenamiento jurídico imperante al momento de la expedición de la actual Carta Política, es imprescindible tener en cuenta dos postulados básicos, a saber: (i) la regla del efecto general e inmediato de la Constitución del 91, y (ii) la regla de la presunción de subsistencia de la legislación preexistente.

Conforme a la primera regla, se entiende que la Constitución del 91 se aplica con efecto inmediato y hacia el futuro, no solo a los hechos que tengan ocurrencia desde el momento de su promulgación, sino también a las situaciones jurídicas que estuvieren en tránsito de ejecución y que no se hubieren consolidado o concretado bajo la vigencia de la Constitución Centenaria de 1886. Dicho en otras palabras, de acuerdo con la aludida tesis, la actual normatividad constitucional extiende sus efectos, tanto a los hechos ocurridos durante el vigor de la misma, como a los iniciados bajo el imperio del estatuto anterior pero afianzados con posterioridad a su derogatoria.

Según lo explica la jurisprudencia, el criterio de la aplicación inmediata de la nueva Carta es, por una parte, consecuencia obligada del mandato contenido en su artículo 380 que dispuso la derogatoria de la Constitución de 1886 con todas sus reformas y la entrada en vigencia del actual estatuto superior a partir del día de su promulgación; y por la otra, la forma más acertada de satisfacer las exigencias concretas del principio de seguridad jurídica y certidumbre en cuanto a la vigencia del ordenamiento, al garantizar en forma definitiva los efectos jurídicos de aquellas situaciones que se hubieren surtido íntegramente durante la aplicación del mandato constitucional anterior, evitando así la presencia de dificultades insalvables, e incluso, la generación de un verdadero caos en torno a la definición y consolidación de derechos, obligaciones y deberes juzgados conforme al ordenamiento desueto.

Respecto a la segunda regla, la referida a la vigencia de la legislación preexistente, ha dicho esta Corte que en ella se satisfacen de manera distinta el principio de seguridad jurídica y certidumbre, ya que el criterio constitucional dominante es el que reconoce que la derogatoria expresa de la Constitución de 1886 por el artículo 380 de la actual Carta Política, no conlleva una eliminación en bloque del ordenamiento jurídico anterior. Para este tribunal, en la medida que el nuevo estatuto superior no consagró una cláusula general o especial de derogatoria de la normatividad preconstitucional, lo que hace su normatividad es producir un efecto retrospectivo sobre la legalidad preexistente, que implica proyectarle en forma automática todos sus mandatos superiores, de modo que aquella solo esta condenada a desaparecer cuando sus normas no armonicen con las nuevas reglas constitucionales o cuando hayan sido modificadas o sustituidas por estas últimas. Sobre este particular, manifestó la Corte en uno de sus primeros pronunciamientos:

“Cabe resaltar que la Carta de 1991, salvo la derogatoria de la Carta de 1886 con todas sus reformas que ordena el artículo 380, no estableció una cláusula expresa de derogatoria especial o general ni en bloque de la legislación ordinaria anterior a la nueva regulación constitucional, como sí ocurrió dentro del específico proceso de cambio constitucional en el caso de la Constitución Española de 1978...” (Sent. C-434/92, M.P. Fabio Morón Díaz).

Esta posición fue recientemente reiterada, entre otras, en la Sentencia C-1174 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas), en la que se dijo:

“Al respecto, reitera esta corporación que la Carta Constitucional actualmente vigente no ha derogado en bloque el ordenamiento inferior preexistente, sino que en relación con él produce un efecto retrospectivo, como bien lo ha entendido la jurisprudencia constitucional” (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

3.2. En ese sentido, ha de entenderse que el tránsito constitucional no conduce a la desaparición de las normas expedidas durante la vigencia de la Constitución derogada y, por tanto, que “la legislación preexistente conserva toda su vigencia en la medida en que no se oponga a los dictados de la nueva Carta Política”(1). En palabras de la Corte, tal criterio de interpretación también va en la dirección de satisfacer el principio de seguridad jurídica y certidumbre, en cuanto constituye una “exigencia ineludible de la necesidad de evitar traumatismos que en algunos casos bien podrían conducir al caos del ordenamiento o, cuando menos, a una manifiesta incertidumbre acerca de la vigencia de sus normas”(2).

3.3. Siguiendo el anterior criterio, ha precisado esta corporación que para definir si una ley anterior es compatible con la Constitución del 91, la diferencia entre una y otra “debe llegar al nivel de una incompatibilidad real, de una contradicción manifiesta e insuperable entre los contenidos de las proposiciones de la Carta con los de la ley preexistente”(3). De lo que se deduce que no es suficiente con que exista una simple diferencia entre la disposición preconstitucional y los fundamentos del nuevo estatuto superior, sino que es necesario que se trate de proposiciones antinómicas e irreconciliables para que se entienda que el texto legal ha desaparecido del ordenamiento o debe desaparecer. Dicha posición es la que mejor interpreta el mandato contenido en el artículo 9º de la Ley 153 de 1887, el cual, reconociendo el valor normativo de los textos constitucionales, prevé que “La Constitución es ley reformatoria y derogatoria de la legislación preexistente”, y que toda preceptiva legal anterior a la Carta se desechará como insubsistente, cuando “sea claramente contraria a su letra o a su espíritu” (negrillas y resaltado fuera del texto original).

3.4. Ahora bien, si la posición dominante es la que propugna por la vigencia de la legislación preexistente, la definición sobre la insubsistencia de una norma anterior que se encuentre en abierta contradicción con la Constitución, requiere necesariamente de la declaratoria de inconstitucionalidad, excluyéndose la posibilidad de dictar un fallo inhibitorio por carencia actual de objeto, ante la presunta ocurrencia del fenómeno jurídico de la derogatoria tácita.

3.5. Conforme con la línea de interpretación acogida por la Corte, cuando se genera un conflicto entre normas de distinto rango, siendo la norma superior también la posterior, en estricto sentido no se está en presencia de un caso de derogatoria tácita, sino de invalidez sobrevenida de la preceptiva inferior. Es claro que, aun cuando para resolver tal incompatibilidad convergen los dos principios lex posterior derogat prior y lex superior derogat inferior, como se anotó, razones de seguridad jurídica impone que tal antinomia se resuelva aplicando preferentemente el criterio jerárquico sobre el temporal, debiendo el intérprete autorizado proceder a declarar la invalidez de la norma que genera el conflicto.

3.6. La declaratoria de invalidez por vía del control constitucional se explica en estos casos, y prevalece sobre la institución de la derogatoria tácita, por dos razones fundamentales, consustanciales al principio de seguridad jurídica.

La primera, por el hecho que la preceptiva constitucional suele emplear conceptos demasiado abiertos y generalmente imprecisos en su estructura técnica y en su eficacia normativa directa (como ocurre por ejemplo con la igualdad, la autonomía de las entidades territoriales o la libertad, entre otros), lo cual hace que su significado jurídico no sea en la mayoría de los casos fácilmente detectable por los distintos operadores y oponible a las disposiciones legales precedentes, que por lo general suelen regular de manera más específica y explícita una determinada materia y, por ello, no contienen en sus textos una simple enunciación de principios al estilo de las cláusulas constitucionales.

La segunda, estructurada en los efectos que genera la derogatoria tácita, en el sentido que si bien por su intermedio se limita en el tiempo la vigencia de una norma, esto es, se suspende su aplicabilidad y capacidad regulatoria, en todo caso el precepto sigue amparado por una presunción de validez (específicamente tratándose de aquellas situaciones ocurridas bajo su vigencia y hasta tanto no exista pronunciamiento por vía de autoridad que avale su derogatoria). En estos eventos, la discrecionalidad judicial y la ausencia de mecanismos de unificación de jurisprudencia pueden conducir a que, al momento de determinar su utilización, se produzcan consecuencias muy diversas respecto de casos idénticos. Así, mientras un operador jurídico detecta la incompatibilidad normativa y opta por inaplicar el texto que considera sin efectos, el otro intérprete puede llegar a concluir lo contrario, es decir, que dicha incompatibilidad no tiene lugar, procediendo a aplicar la misma norma para definir una situación fáctica similar a la anterior.

3.7. Bajo estos supuestos, se explica entonces que el órgano de control constitucional haya optado por proferir decisión de fondo en todos los casos de confrontación entre la legislación preexistente y la Constitución del 91, excluyendo de plano el fallo inhibitorio por derogatoria tácita cuando existe oposición objetiva entre una y otra, caso en cual lo que procede es la declaratoria de inexequibilidad de la respectiva norma. A juicio de la Corte, es esa la forma de garantizar a los asociados un mayor grado de certidumbre sobre los límites a la protección jurídica de sus actuaciones frente a las normas que le son aplicables, y también, la manera de reconocer el verdadero valor normativo de la Constitución, fundado en los principios de supremacía y eficacia de la Carta Política como norma de normas directamente aplicable, los cuales informan la totalidad del ordenamiento y obligan a todos los órganos del poder público.

3.8. Según lo enseña la hermenéutica constitucional(4), aun cuando en principio los fenómenos de la derogatoria y la declaratoria de inexequibilidad de una ley guardan cierta similitud, consecuencia de los efectos erga omnes y pro futuro, en realidad se trata de instituciones jurídicas diferentes. Según lo dispuesto por la Corte, mientras la derogatoria se origina en un acto de voluntad política donde el constituyente, el poder de revisión o el legislador optan por eliminar —expresa o tácitamente— la capacidad regulatoria de una disposición jurídica o un conjunto de ellas, la declaratoria de inexequibilidad es un acto de control jurídico que se activa como consecuencia de un conflicto normativo entre la Constitución y la ley, el cual debe ser resuelto por el organismo a quien se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política (C.P., art. 241). A lo anterior se agrega que, en tanto los efectos que produce la derogatoria tácita es la limitación en el tiempo de la vigencia de las normas y no su invalidez, la declaratoria de inexequibilidad produce la anulación automática del precepto sin que sea posible su reproducción, por lo menos mientras se mantengan las causas constitucionales que originaron su retiro del ordenamiento jurídico (C.P., art. 243).

Tratándose de la declaratoria de inconstitucionalidad, cabe precisar que esta corporación, en la Sentencia C-113 de 1993 (M.P. Jorge Arango Mejía), al retirar del ordenamiento jurídico el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, dejó en claro que, aun cuando en principio las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional rigen hacia el futuro, solo dicho órgano es el llamado a fijar el alcance de sus propios fallos, con lo cual los efectos de estos “pueden ser diversos según lo entre a determinar la propia Corte al analizar cada caso en particular”(5). Este criterio de interpretación aparece consignado en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, cuyo artículo 45 consagra que: “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

De acuerdo con este mandato, ha concluido la jurisprudencia constitucional que: “los efectos concretos de la sentencia de inexequibilidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios encontrados: la supremacía de la Constitución —que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc, esto es retroactivos— y el respeto a la seguridad jurídica —que, por el contrario, sugiere conferirle efectos ex nunc—, esto es únicamente hacia el futuro”.

3.9. En suma, se tiene que la tesis que propugna por la vigencia de la legislación preconstitucional, amparada en los principios de seguridad jurídica y certidumbre, le otorga a la Corte plena competencia para proferir decisión de mérito respecto de tales preceptos, siendo esta de inexequibilidad en todos los casos en que la ley acusada produce consecuencias contrarias a la propia Carta, es decir, cuando no es posible que coexistan la ley y la Constitución por presentarse una abierta oposición de la primera con los postulados materiales que gobiernan la segunda, dando paso a la inconstitucionalidad sobreviviente. En estos casos, los efectos de la decisión son fijados de manera privativa por el órgano de control constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias concretas que rodean la situación sometida al análisis de constitucionalidad.

4. Situación jurídica en la que se encuentran las normas acusadas. Incompatibilidad manifiesta entre su contenido material y la Constitución de 1991.

4.1. Los artículos 26, 30 y 42 acusados, hacen parte del Decreto 1222 de 1986, “Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental”, dictado por el Presidente de la República con anterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, esto es, durante la vigencia de la Constitución Centenaria de 1886, y en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 3ª de 1986.

4.2. En cuanto hace a su contenido material, se tiene que (i) el artículo 26 se ocupa de regular aspectos relacionados con: la existencia de las asambleas departamentales como corporaciones públicas de elección popular y el número de miembros que deben integrarlas, señalando que no será por menos de quince (15) ni más de treinta (30); (ii) el artículo 30 se refiere al quórum que requiere el Congreso en pleno, las cámaras y las comisiones para abrir sesiones, deliberar y decidir, disponiendo que para los dos primeros casos deberán hacerlo con la tercera parte de sus miembros, y para decidir con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la célula legislativa; y, finalmente, (iii) el artículo 42 trata sobre los servidores públicos que deben ser elegidos por elección popular o por el voto directo de los ciudadanos, citando al Presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes, y consejeros municipales y del Distrito Especial.

Para un mayor entendimiento del asunto, se recuerda el tenor literal de las normas acusadas:

“ART. 26.—En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral”.

“ART. 30.—El Congreso en pleno, las cámaras y las comisiones de estas podrá abrir sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros. Pero las decisiones, solo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente”.

“ART. 42.—Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial”.

4.3. En torno al contenido material de los citados preceptos, cabe destacar que son estos una reproducción casi exacta de los artículos 82, 171 y 185 de la Constitución Centenaria de 1886, derogada expresamente por el artículo 380 de la Constitución de 1991, que a la sazón preveían:

“ART. 82.—El Congreso pleno, las cámaras y las comisiones de estas podrán abrir sus sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros.

Pero las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente (A.L. 1/68, art. 16)”.

“ART. 171.—Todos los ciudadanos eligen directamente concejales, consejeros intendenciales, diputados a las asambleas departamentales, representantes, senadores y Presidente de la República (A.L. 1/75, art. 3º)”.

“ART. 185.—En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental, integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral. Para ser diputado se requieren las mismas calidades que para ser representante.

Las asambleas se reunirán ordinariamente cada año en la capital de departamento, por un término de dos meses. Los gobernadores podrán convocarlas a sesiones extraordinarias para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que ellos les sometan.

La ley fijará la fecha de las sesiones ordinarias y el régimen de incompatibilidades de los diputados (A.L. 1/68, art. 55)”.

4.4. Sin perjuicio de reproducir casi integralmente los artículos 82 (art. 30), 171 (art. 42) y 185 (art. 26) de la Constitución Centenaria de 1886, también el contenido de las disposiciones acusadas fue objeto de regulación especial por parte de los artículos 145, 260 y 299 de la Constitución vigente, la cual, inspirada en los cambios sustanciales introducidos por el constituyente del 91 en aspectos relacionados con la nueva concepción del Estado, la organización estatal y los principios y derechos fundamentales, introdujo notorias modificaciones a las materias en ellos prevista. Veamos:

— Con relación al artículo 26 del Decreto 1222 de 1986, este fue modificado por el artículo 299 de la Constitución del 91, en lo que se refiere concretamente al número mínimo y máximo de miembros que deben integrar las asambleas departamentales, señalando esta última disposición que no serán menos de once (11) ni más de treinta y uno (31); precisando además, que para el caso de las comisarías erigidas en departamentos, sus asambleas departamentales se integrarán por siete (7) miembros. La norma constitucional consagra:

“ART. 299.—Modificado. Acto Legislativo 1 de 1996, art. 1º. Modificado. Acto Legislativo 1 de 2003, art. 16. En cada departamento habrá una corporación de elección popular que ejercerá el control político sobre los actos de los gobernadores, secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos descentralizados y, que se denominará asamblea departamental, la cual estará integrada por siete (7) miembros para el caso de las comisarías erigidas en departamentos por el artículo 309 de la Constitución Nacional, y en los demás departamentos por no menos de once (11) ni más de treinta y un (31) miembros. Dicha corporación gozará de autonomía administrativa y presupuesto propio”.

— Sobre el artículo 30 del Decreto 1222 de 1986, se tiene que fue modificado por el artículo 145 de la Constitución del 91, al exigir este último un quórum diferente al previsto en la citada norma para que el Congreso en pleno, las cámaras y las comisiones puedan abrir sesiones y deliberar. Ciertamente, en tanto la preceptiva impugnada prevé para la apertura y deliberación un quórum de la tercera parte de los miembros, la norma constitucional citada establece que ello no es posible con menos de una cuarta parte de sus miembros. En lo que se refiere a la toma de decisiones, a pesar de que podría considerarse que las dos disposiciones mantienen el mismo quórum, lo cierto es que el mismo es expresado en diferentes términos jurídicos, ya que mientras la norma preexistente consagra que las decisiones solo podrán adoptarse “con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes de la respectiva corporación”, la actual preceptiva constitucional dispone que las decisiones se toman “con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación”, con lo cual esta última le reconoce al quórum decisorio una identidad distinta a la contenida en la ley impugnada. El aludido precepto constitucional consagra:

“ART. 145.—El Congreso pleno, las cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente”.

— En punto al artículo 42, su contenido material fue modificado por el artículo 260 de nueva Constitución, al haberse excluido de la elección por voto directo a los servidores públicos pertenecientes a las entidades territoriales que desaparecieron de la actual estructura orgánica y territorial del Estado —intendencias y comisarías—, y haberse extendido esta forma de elección a otros funcionarios estatales cuyos cargos, o bien se proveían por nombramiento —el caso de los gobernadores—, o bien fueron creados con la expedición del nuevo estatuto fundamental —como ocurre por ejemplo con el Vicepresidente de la República—. El citado artículo 260 dispone:

“ART. 260.—Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su oportunidad, los miembros de la asamblea constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señale”.

5. Decisión que debe adoptar la Corte en relación con los artículos 26, 30 y 42 del Decreto 1222 de 1986.

5.1. De acuerdo con los fundamentos vertidos en el numeral anterior, se tiene que las materias contenidas en los artículos 26, 30 y 42 del Decreto 1222 de 1986, en cuanto se relacionan con el número de miembros que deben integrar las asambleas departamentales, con el quórum que requiere el Congreso para deliberar y decidir, y con la elección por voto directo de algunos servidores públicos pertenecientes a las antiguas intendencias y comisarías, fueron modificadas de manera sustancial por los artículos 145, 260 y 299 de la Carta Política de 1991, existiendo una contradicción u oposición manifiesta entre aquellas y este último ordenamiento superior.

Ciertamente, en el caso de los artículos 26 y 30 del Decreto 1222 de 1986, es claro que, en lo anotado, su contenido material es incompatible con lo preceptuado expresamente en los artículos 299 y 145 de la Constitución Política —respectivamente— ya que, como se mencionó, estos últimos establecieron un quórum diferente al de la ley acusada para integrar las asambleas departamentales y para que las instituciones congresionales sesionaran e incluso deliberaran válidamente. En lo que toca con el artículo 42 del mencionado decreto, el mismo es incompatible con el artículo 260 superior, por carencia actual de objeto, toda vez que la disposición constitucional citada excluyó del actual régimen político y territorial a las intendencias y comisarías y, por lo tanto, a sus potenciales servidores públicos y representantes.

5.2. Aun cuando en principio podría suponerse que respecto de las normas acusadas ha operado el fenómeno jurídico de la derogatoria tácita, la tesis que propugna por la vigencia de la legislación preconstitucional, amparada en los principios de seguridad jurídica y certidumbre, debidamente explicada en el apartado 3 de las consideraciones de esta sentencia, le otorga a la Corte plena competencia para proferir decisión de fondo, y en consecuencia, para retirar del ordenamiento jurídico dichas preceptivas dada su evidente contradicción con las cláusulas superiores citadas.

De acuerdo con la línea de interpretación acogida por la Corte, cuando se presenta un conflicto entre normas de distinto rango y la norma superior es la posterior, tal y como ocurre en el presente caso, no se configura el fenómeno de la derogatoria tácita sino el de invalidez sobrevenida de la preceptiva inferior, la cual debe ser declarada por el órgano a quien se asigna la función de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. En estos casos, es la necesidad de evitar traumatismos en el ordenamiento e indecisión jurídica sobre la vigencia de las normas, lo que justifica plenamente que el juicio de ponderación entre los principios lex posterior derogat prior y lex superior derogat inferior, se resuelva a favor del segundo, es decir, a favor de la prevalencia del criterio jerárquico sobre el temporal, habilitándose de plano al juez constitucional para ordenar el retiro del ordenamiento de las preceptivas que se oponen a las de rango superior.

5.3. Así las cosas, en la medida en que las normas acusadas se expidieron con anterioridad a la Constitución del 91, y su incompatibilidad manifiesta con el texto superior surge como consecuencia de contener materias reguladas directamente y de forma distinta por la actual Carta Política, se configura respecto de ellas una inconstitucionalidad sobreviviente que le impone a la Corte reconocerle a la decisión de inexequibilidad efectos ex tunc o retroactivos, desde el mismo momento en que entró a regir el estatuto fundamental, es decir, desde el día 7 de julio de 1991.

5.4. En consecuencia, respecto de los artículos 26, 30 y 42 del Decreto 1222 de 1986, en la parte resolutiva del presente fallo la Corte hará el siguiente pronunciamiento:

— Del artículo 26, se declarará exequible la expresión: “En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental...”, al no contradecir los mandatos de la Carta Política, e inexequible la expresión “integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral”, por encontrarse en manifiesta oposición con el artículo 299 superior.

— El artículo 30 será declarado inexequible en su totalidad, en la medida en que desconoce abiertamente el artículo 145 de la Constitución Política.

— Del artículo 42 se declarará exequible la expresión: “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, senadores, representantes, diputados, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial”, al no contrariar el estatuto fundamental, e inexequible la expresión “Consejeros intendenciales y comisariales”, comoquiera que esta última resulta incompatible con el artículo 260 superior y demás disposiciones del mismo ordenamiento que se refieren a la organización del actual régimen territorial (C.P., arts. 285 y ss.).

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Del artículo 26 del Decreto 1222 de 1986, declarar EXEQUIBLE la expresión: “En cada departamento habrá una corporación administrativa de elección popular, que se denominará asamblea departamental”, e INEXEQUIBLE la expresión: “integrada por no menos de quince ni más de treinta miembros, según lo determine la ley, atendida la población respectiva. El número de suplentes será igual al de los principales y reemplazarán a estos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral”.

2. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 del Decreto 1222 de 1986.

3. Del artículo 42 del Decreto 1222 de 1986, declarar EXEQUIBLE la expresión: “Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, senadores, representantes, diputados, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial”, e INEXEQUIBLE la expresión: “Consejeros intendenciales y comisariales”.

4. La declaratoria de INEXEQUIBILIDAD contenida en los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO de la parte resolutiva de esta sentencia, surte efectos a partir de la expedición de la Constitución de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Sentencia C-1174 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(2) Sentencia C-014 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.

(3) Sentencia ibídem.

(4) Cfr. las sentencias C-145 de 1994, C-055 de 1996, C-618 de 2001 y T-824A de 2002.

(5) Sentencia T-824A de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias C-113 de 1993 y C-055 de 1996, entre otras.

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