Sentencia C-573 de octubre 14 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2028

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 110 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal)

Actor: Henry Chingate Hernández

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a catorce de octubre de mil novecientos noventa y ocho.

I. Antecedentes

El ciudadano Henry Chingate Hernández, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 110 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal).

Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver.

II. Texto

A continuación se transcribe el texto de la disposición objeto de proceso:

“DECRETO 2700 DE 1991

(Noviembre 30)

“Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal”.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5º, del capítulo 1 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la comisión especial,

DECRETA:

(...).

ART. 110.—lmprocedencia del impedimento y de la recusación. No están impedidos, ni son recusables los funcionarios judiciales a quienes corresponda decidir el incidente. No habrá lugar a recusación cuando el motivo del impedimento surja del cambio de defensor de uno de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio Público”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia

Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política.

2. El ámbito de la decisión judicial sobre impedimentos y recusaciones. Garantía de imparcialidad del juez. Inconstitucionalidad del precepto que presume la inexistencia de causales de impedimento al resolver sobre recusaciones. Exequibilidad del mandato que busca evitar la serie infinita de incidentes, con miras a asegurar la celeridad y eficacia de la administración de justicia. La creación de causales de impedimento, a voluntad del sindicado, cuando el proceso ya está en marcha, una forma de deslealtad procesal.

Se debate acerca de la constitucionalidad de la norma del Código de Procedimiento Penal que, en el caso de los incidentes de recusación, excluye la posibilidad de que puedan declararse impedidos o sean recusados los funcionarios judiciales que deban resolver sobre aquélla.

Se plantea también la posible inconstitucionalidad de la norma, en cuanto estatuye que no habrá lugar a recusación cuando el motivo del impedimento surja del cambio de defensor de uno de los sujetos procesales, a menos que la formule la parte contraria o el Ministerio Público.

— El propósito de las instituciones procesales de impedimentos y recusaciones consiste en asegurar la imparcialidad del juez, quien debe marginarse del proceso del cual viene conociendo cuando se configura, en su caso específico, alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley.

Esa imparcialidad se asegura cuando se deja en cabeza de funcionarios distintos —el que siga en turno al que se declara impedido o es recusado, o el del lugar más cercano, según la circunstancia (CPP, art. 105), o los otros miembros de la Sala o corporación en el caso de jueces colegiados— la definición acerca de si deben prosperar el impedimento invocado por el juez o la recusación presentada contra él.

El objeto de tal decisión, para cuya adopción se abre un incidente dentro del proceso penal, radica única y exclusivamente en la verificación acerca de si la circunstancia alegada por el recusante encaja o no en una de las hipótesis de impedimento contempladas por la norma legal respectiva (hoy CPP, art. 103).

De tal manera que, en ese momento procesal, no está en consideración ninguno de los elementos de fondo debatidos dentro del proceso en curso, y, por tanto, no se puede afectar la imparcialidad de quien resuelve, en favor o en detrimento de ninguna de las partes.

La norma, en cuanto se refiere a las recusaciones, busca evitar que se desate una cadena de ellas y una serie infinita de incidentes que no necesariamente son indispensables para lograr la finalidad de guardar la imparcialidad de los jueces pero que, en cambio, obstruirían la administración de justicia, con dilaciones carentes de justificación.

No estima la Corte que tal disposición —se repite que en lo relativo a recusaciones contra quien debe desatar la controversia que dé lugar al incidente— vulnere el derecho a la igualdad entre las partes, por cuanto el incidente de recusación no dirime un conflicto entre ellas sino que resuelve acerca de la situación del juez dentro del proceso, justamente para garantizar su imparcialidad. No hay, por tanto, hipótesis susceptibles de comparación que permitan suponer que se discrimina o prefiere a alguna de las partes.

Ahora bien, sí vulnera la Constitución Política la imposibilidad legal de que se configure impedimento del juez a cuyo cargo está la resolución sobre impedimento o recusación de otro juez.

La norma en ese aspecto no sólo se limita a descartar la recusación —lo que resulta justificado, como se ha visto, para que la administración de justicia no sea objeto de entorpecimientos provocados por una cascada de incidentes— sino que excluye —casi como presunción de derecho— el impedimento que el juez o magistrado pueda manifestar y prácticamente obliga a que termine el incidente provocado por el impedimento o recusación sobre el cual se resuelve, sin que haya modo de separar a quien, encargado de decidir el punto, está a la vez en una cualquiera de las causales de ley relativas a su interés o predisposición en torno al asunto objeto de controversia.

Para la Corte, no cabe duda de que, en semejante situación, el juez o magistrado no solamente debe poder declararse impedido sino que tiene la obligación de hacerlo, so pena de incurrir en las faltas disciplinarias o penales que la ley señala, en guarda de la imparcialidad que debe presidir todo proceso según el artículo 29 de la Carta.

La Corte declarará, entonces, que la primera parte del artículo impugnado es constitucional, salvo las palabras “...están impedidos, ni ...”, las cuales son inexequibles.

— El otro fragmento normativo materia de censura tampoco se opone a la Carta, pues apenas busca evitar que se utilice el derecho inalienable de todo sindicado de escoger en plena libertad a su abogado defensor (C.P., art. 29) para separar al juez del caso, creando impedimentos que al comenzar el proceso no existían.

Se garantiza así la lealtad procesal, que constituye uno de los deberes primordiales de todos aquellos que actúan ante la administración de justicia.

Y simultáneamente se preserva el derecho de la contraparte y de la sociedad, a través del Ministerio Público, a la imparcialidad del juez cuando, por el hecho de haber entrado en el proceso un nuevo defensor, ella llegue a quedar comprometida.

No se viola la igualdad, en cabeza del sindicado, al impedir que alegue su propio acto como razón para recusar al juez, pues la distinción en referencia se justifica plenamente por la necesidad de preservar la recta administración de justicia sin que los sujetos procesales creen situaciones enderezadas a satisfacer sus propios intereses.

Así, pues, el precepto, integrante del artículo demandado, que prohíbe la recusación del juez por una causa, posterior al inicio del proceso, consistente en la decisión unilateral y libre del sindicado de cambiar a su abogado defensor, no viola principio ni mandato alguno de la Constitución Política.

Es verdad que quien se enfrenta a un proceso penal, para ejercer a cabalidad todas las posibilidades de contradicción que garantiza la Carta, lo que en últimas equivale al derecho de defensa (C.P., art. 29), no puede ser obligado a aferrarse a la única, exclusiva e inmodificable opción de un profesional que represente sus intereses con arreglo a criterios jurídicos que aseguren su defensa técnica, con base en el conocimiento, la experiencia y la actualización normativa y jurisprudencial, por lo cual expresamente la Constitución declara que tiene derecho “a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento” (subraya la Corte), es decir, que puede, en cualquier momento revocar el mandato judicial originalmente conferido y designar a otro apoderado.

Pero tal derecho, esencial al debido proceso, no puede ser ejercido en contra del propósito constitucional de la pronta y efectiva administración de justicia ni erigirse en instrumento legítimo para lograr la dilación en el trámite o en artimaña para separar del proceso al juez que viene conociendo del asunto.

Para esta Corte, la creación de causales de impedimento del juez, a voluntad del sindicado, cuando el proceso ya está en marcha, no es otra cosa que una expresión de deslealtad procesal que debe ser proscrita y sancionada.

La imparcialidad del juzgador, que en esta sentencia se destaca como razón y fundamento de la institución de los impedimentos y recusaciones, no se logra a partir de la exclusión a posteriori de quien antes ha asumido la conducción del proceso penal. Esto implica provocar el impedimento de quien no estaba impedido, según la voluntad de aquel que está sometido a proceso, para lograr su remoción como juez de la causa, lo cual obstruye abiertamente la administración de justicia —que debe ser oportuna— y, al dilatar la resolución judicial, afecta el interés colectivo.

Se declarará la exequibilidad de esta segunda parte de la disposición demandada.

Decisión

Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declárase EXEQUIBLE el artículo 110 del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91), excepto las expresiones “...están impedidos, ni ...”, que se declaran INEXEQUIBLES.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

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