Sentencia C-574 de octubre 28 de 1992

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

TRATADOS INTERNACIONALES

CONTROL CONSTITUCIONAL

EXTRACTOS: «Los antecedentes históricos del numeral 10 del artículo 241 vigente corroboran la tesis que se viene sosteniendo. En efecto, a lo largo del proceso de formación de esta norma, hubo uniformidad y continuidad en los lineamientos trazados por el Constituyente, lo cual confiere fuerza y validez en este caso al argumento histórico como criterio hermenéutico. Tiénense al respecto los siguientes datos relevantes:

Los ponentes María Teresa Garcés Lloreda y José María Velasco Guerrero(21), en el informe que rindieron a la Comisión Cuarta sobre el tema de “El control de constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado” observaron:

(21) Gaceta Constitucional Nº 36, abril 4 de 1991, pp. 15.

“... En todos los proyectos presentados se conservan las funciones sobre el control de constitucionalidad que tenía la Corte Suprema de Justicia, incluyéndole nuevas atribuciones: ...

2. Decidir sobre la constitucionalidad de los tratados y de las leyes que los aprueben ...”.

Los citados autores ponen de presente que las diferencias de criterio que a este propósito se presentaron, se relacionaron únicamente:

“... con el momento en que debe realizarse el control, pues algunos constituyentes afirman que dicho control debe efectuarse una vez el tratado o convenio haya sido aprobado por la ley, antes del canje de notas; y otros que tal control debe realizarse antes de haber sido sometido a aprobación por ley del Congreso”(22).

(22) Ibídem.

A su juicio:

“... el control debe tener lugar tanto sobre el contenido del tratado como sobre la ley aprobatoria del mismo, una vez que ésta haya sido sancionada, trámite que de una parte permite un control total sobre el fondo y la forma, pero que a su vez evita duplicidad en la función de este control, y por tanto dilaciones en la obtención de una seguridad jurídica. La declaratoria de inconstitucionalidad, ya sea del tratado o de la ley aprobatoria, por parte de la Corte, impediría la ratificación o el canje de notas”(23). (Subrayas fuera de texto).

(23) Ibídem.

A lo dicho, los ponentes añaden:

“... todos los miembros de la subcomisión estuvieron de acuerdo en la conveniencia de establecer el control de constitucionalidad sobre los tratados públicos y sus leyes aprobatorias, de manera expresa, antes de que se proceda a ratificarlos, presentándose discrepancias en la etapa del proceso interno en que dicho control debe ser ejercido y en cuanto a si éste debe ser automático, o si puede ser puesto en marcha por cualquier ciudadano, mediante el empleo de la acción de inexequibilidad”(24).

(24) Ibídem.

El Constituyente José María Velasco Guerrero(25) a lo anterior agrega que:

(25) Gaceta Constitucional Nº 36, abril 4 de 1991, p. 19.

“... las diferencias se presentan en lo relativo al tema del control de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, pues unos les otorgan carácter de leyes especiales, de jerarquía prevalente, que no pueden ser objeto de acción de inexequibilidad. Sin embargo, la mayoría considera plausible el control previo por la Corte del texto de los tratados, con miras a asegurar la compatibilidad de los tratados internacionales con el derecho interno”(26).

(26) Ibídem.

En el informe de ponencia sobre “las relaciones internacionales”(27), los constituyentes Arturo Mejía Borda, Miguel Santamaría Dávila, Guillermo Plazas Alcid, Alfredo Vásquez Carrizosa, y Fabio de Jesús Villa, hacen alusión a lo expresado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (mayo 23 de 1969, aprobada por la Ley 32 del 29 de enero de 1985) al disponer que:

(27) Gaceta Constitucional Nº 68, mayo 6 de 1991, pp. 2 y ss.

“Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados, y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.

En el informe de ponencia para sesión plenaria sobre “la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, proposiciones divergentes” la ponente María Teresa Garcés Lloreda dio a conocer el siguiente artículo:

“ART. 8º—Atribuciones de la Corte Constitucional. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y en consecuencia tendrá las siguientes atribuciones: ...

7. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal finalidad el gobierno los remitirá a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes al de la sanción de la ley. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario no serán ratificados”.

Afirma la ponente que dicho artículo se fundamenta en que a la Corte Constitucional le corresponde la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución y entre sus atribuciones está la de decidir directamente sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueben, con anterioridad al canje de notas.

Al respecto explica:

“Se trata de dar una mayor seguridad jurídica a la comunidad con relación a la conformidad de los tratados con las normas de la Carta; garantizándose de esta forma el control político por parte del Congreso y el control jurisdiccional por la Corte Constitucional, con anterioridad a la adquisición de compromisos internacionales por el Gobierno Nacional. Si bien es cierto que en algunos proyectos se propuso que el control se ejerciera con anterioridad al trámite de la ley por el Congreso, la Comisión IV consideró la conveniencia de que se efectúe en forma automática una vez aprobada la ley para que el mismo pueda versar tanto sobre el contenido del tratado, como sobre los aspectos formales de la ley aprobatoria”(28).

(28) Gaceta Constitucional Nº 85, mayo 29 de 1991, pp. 13 ss.

El artículo aprobado en primer debate fue del siguiente tenor:

“Artículo 68. Son funciones de la Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia):

Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben; con tal fin el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los 6 días siguientes al de la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario, no serán ratificados.

Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia), el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento en obligarse formulando la correspondiente reserva”(29).

(29) Gaceta Constitucional Nº 109, junio 27 de 1991, p. 31.

Conforme lo acredita la respectiva acta, en la sesión plenaria de mayo 24 de 1991(30) hubo acuerdo en que los tratados deben ser celebrados por el ejecutivo, aprobados por el Congreso, y tener un control de constitucionalidad antes de que sean ratificados por el ejecutivo.

(30) Gaceta Constitucional Nº 112, julio 3 de 1991, p. 23.

En la Gaceta Constitucional Nº 113, de julio 5 de 1991 se publicó el articulado de la Constitución de Colombia, que fue codificado por la comisión respectiva y propuesto a la Asamblea Constituyente para segundo debate. La norma correspondiente al tema que se analiza dice:

“Artículo 250. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: ...

10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin el gobierno los remitirá a la Corte dentro de los 6 días siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en caso contrario, no serán ratificados.

Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional (Corte Suprema de Justicia) el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento en obligarse formulando la correspondiente reserva”(31).

(31) Gaceta Constitucional Nº 113, julio 5 de 1991, p. 17.

Para finalizar, se observa que en la Gaceta Constitucional Nº 114 de julio 7 de 1991 en la cual tuvo lugar la promulgación de la Constitución Política de la República de Colombia(32) quedó contemplado el texto anteriormente mencionado en el que hoy es el artículo 241 del Capítulo 4, alusivo a la “Jurisdicción Constitucional” que pertenece al título VIII de la Carta, titulado “De la Rama judicial”.

(32) Gaceta Constitucional Nº 114, julio 7 de 1991.

Tal es entonces la evolución que el artículo sobre control constitucional de los tratados tuvo en la Asamblea Nacional Constituyente. El seguimiento histórico de su proceso de gestación demuestra que la intención inequívoca del Constituyente fue la de establecer en el actual numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política un control previo, automático e integral.

c) La interpretación teleológica: Los tratados como instrumentos de internacionalización de las relaciones económicas, sociales y culturales y el logro de la meta de integración.

El argumento teleológico es quizás el más concluyente de entre los que se pueden esbozar para sustentar la tesis según la cual el control constitucional de los tratados internacionales que se contempla en el artículo 241-10 de la Carta Política es previo, automático e integral.

La internacionalización de las relaciones sociales, económicas, políticas e incluso ecológicas de la nación colombiana fue preocupación central del Constituyente de 1991, quien por ello, la concibió como esencial propósito de la actividad estatal.

Varias razones permiten hacer la anterior afirmación. Por un lado, el tema de la internacionalización fue consignado en el preámbulo de la Carta, como inherente al propósito de integración que en éste se consagra. Por otro, el Constituyente se ocupó de él en el artículo 9º de la Constitución, al señalar los principios fundamentales que han de guiar la política exterior colombiana.

El tema de la internacionalización, además de haber sido consagrado en el preámbulo, y como un principio fundamental de la Carta, fue materia de un capítulo especial de la misma dedicado

—por primera vez en la historia del constitucionalismo colombiano—, exclusivamente a ese tema. El capítulo, insertado dentro del título que trata de la Rama Ejecutiva, contempla los propósitos y organismos relativos a las relaciones internacionales de Colombia. En ese capítulo, la Carta consagra la obligación del Estado colombiano de promover la internacionalización de las relaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas dentro de ciertos principios.

Así, pues, el problema de la internacionalización del país fue un tema fundamental dentro de las preocupaciones del Constituyente del 91. Ello queda claro en la ponencia que la Comisión Tercera de la Asamblea Constitucional presentó para primer debate a la plenaria. La Comisión propuso el artículo sobre internacionalización, como consta en la Gaceta Constitucional No. 53, del 18 de abril de 1991, y éste fue aprobado por 62 votos a favor, ningún voto negativo, y una abstención(33).

(33) Gaceta Constitucional Nº 53 de 18 de abril de 1991, p. 11. Gaceta Constitucional Nº 62 de 29 de abril de 1991, p. 7. Gaceta Constitucional Nº 87 de 31 de mayo de 1991, p. 6.

La ponencia aludida, cuyo texto completo figura publicado en la Gaceta Constitucional Nº 94, del 11 de junio de 1991, entre otras, enfatizaba las siguientes ideas:

“La integración es expresión de una trascendental tendencia del derecho internacional contemporáneo a partir del reconocimiento de las limitaciones del Estado Nacional ... La internacionalización es un imperativo contemporáneo”(34).

(34) Gaceta Constitucional Nº 94 de junio 11 de 1991, p. 10.

En el debate relativo a este artículo de la internacionalización, efectuado en la sesión plenaria del 16 de mayo de 1991(35), los señores constituyentes se pronunciaron de manera vehemente en favor de la idea, como consta en las transcripciones que de los debates hizo la Presidencia de la República.

(35) Ibídem. No se identifica a los constituyentes por sus nombres ya que desafortunadamente la transcripción no los discrimina, no siendo posible tampoco acudir a la Gaceta Constitucional para obtener este dato ya que hasta la fecha dicho órgano no ha publicado la relación de debates.

En tales debates, se hicieron, entre otros, los siguientes planteamientos:

“... En el mundo que nos movemos cada vez es más clara una interrelación entre los países ... Es totalmente imposible hoy moverse en el mundo aisladamente ...”.

“... Acoger y consagrar el tema de la internacionalización implicaría una de las más importantes decisiones que tomaría la Asamblea Nacional Constituyente ... es un objetivo de largo aliento del país ... En la internacionalización está la base del verdadero desarrollo del país ...”.

“... Esta constituyente tiene por supuesto muchas metas políticas; la democratización de este país, un nuevo consenso social y político que nos permita un nuevo ordenamiento, unas nuevas reglas de juego dentro de las cuales podamos convivir de manera civilizada, pero también está ahí anotada la consigna de la internacionalización de la modernización de este país en cuanto pueda ajustar su ordenamiento jurídico, ajustar su propia mentalidad a las nuevas realidades del mundo ...”.

“... La misión de esta constituyente fracasará si no contemplamos también la necesidad de establecer mecanismos que desarrollen el proceso de internacionalización ...”.

“... La internacionalización de las relaciones es una realidad incontrovertible que no podemos modificar Y QUE DEBEMOS APROBAR” ...(36).

(36) Ibídem.

Al final, el artículo fue votado afirmativamente, casi por completa unanimidad, como ha quedado arriba establecido(37).

(37) Ibídem.

Los constituyentes, consecuentes con el principio de la internacionalización, discutieron en la sesión plenaria del 24 de mayo de 1991(38), el tema del control constitucional de los tratados internacionales.

(38) Gaceta Constitucional Nº 112 de julio 3 de 1991, p. 13.

En la ponencia respectiva, presentada por la Comisión Cuarta a la Plenaria, se propuso el control jurisdiccional automático en forma directa por la Corte Constitucional de todos los tratados internacionales. La ponencia afirmaba:

“Todos los compromisos internacionales del país deben tener un control, control político por parte del Congreso, el cual se traduce en la expedición de una ley y el Presidente, una vez que sancione esta ley debe enviar a la Corte Constitucional dentro del término de 6 días la ley, para que la Corte, en una forma muy rápida dictamine sobre la constitucionalidad tanto del contenido del tratado como del procedimiento de la ley. De lo que se trataría con este control automático es de que absolutamente todos los compromisos internacionales del país gocen de absoluta seguridad jurídica ... para no dejar al vaivén de posibles demandas posteriores a la ley ... si se cumplen de manera automática esos controles participarían las tres ramas del poder público ... Habría un compromiso de las tres ramas del poder público con ese tratado”(39).

(39) Ibídem.

Conclúyese de lo que hasta ahora se ha expuesto que para el constituyente era claro que la meta de la internacionalización que tenía en mente sólo sería realizable si a través del control previo, automático e integral de los tratados, tal y como quedó consagrado en la norma 241-10 del articulado final, se aseguraba la compatibilidad del ordenamiento internacional con el derecho nacional.

El debate correspondiente a este tema fue particularmente ilustrativo sobre la conveniencia de instituir este tipo de control. En efecto, sobre este punto se dijo:

“... es conveniente prevenirse en salud hacia el futuro, para que los tratados que sean ratificados por el Presidente y respecto de los cuales se haga el respectivo canje de notas, no tengan que ser impugnados por ninguna razón. Es decir, que después de aprobado por el Congreso, pasaría a cumplir con el control de constitucionalidad que implica el control de su contenido y el control de su forma, entrando el Presidente a firmar el tratado ... no se le entrega con esto la facultad discrecional a la Corte Constitucional ... que es en últimas la que maneja los negocios correspondientes a los tratados internacionales, porque al igual, si fuera sólo un control de contenido de los tratados, de hecho también la Corte podría declararlos inexequibles y por tanto, decirle al Presidente que no puede firmar uno u otro tratado ... la diferencia radica en que el Congreso de la República tendría que ceñirse a todas las normas necesarias para poder aprobar el tratado, y si no se ciñe a ellas, entonces el tratado podría ser declarado inexequible por no haber cumplido con los requerimientos necesarios para su aprobación en el Congreso, caso en el cual debe volver al Congreso, y de esta manera volver a desarrollarse este control de constitucionalidad, para que luego de que se cumpliera con todos los requisitos de contenido constitucional, y de forma en su trámite, eso sí pudiera ser firmado por el Presidente definitivamente ... o ratificado por el Presidente y luego hacer el respectivo canje de notas, después de lo cual no habría ningún recurso contra ese tratado que pasaría a ser parte de nuestra institucionalidad ...”.

“... Estamos acogiendo el control previo constitucional de los tratados públicos antes de la ratificación, porque después de la ratificación ya no puede hacerse control, porque pertenecen justamente a la órbita internacional que supera y excede la órbita de la Nación ...”.

“... Ello (el control previo y automático) eliminaría la posibilidad de ejercer posteriormente la acción pública de inconstitucionalidad ...”.

“... El tema del control automático de los tratados resuelve la mayor parte de las inquietudes que se habían venido suscitando en la doctrina nacional ...”(40).

(40) Ibídem.

En síntesis:

El proceso que culminó con el rediseño de nuestro estatuto fundamental estuvo, por este aspecto, determinado por la necesidad de dimensionar el quehacer estatal y de proyectarlo a planos y escenarios que rebasan la matriz espacial tradicional del Estado, como reconocimiento de que las necesidades y urgencias que plantean el desarrollo y el progreso nacionales requieren, para poder ser satisfechas, de la cooperación y de otras formas de intercambio que permitan maximizar ventajas comparativas y aprovechar posibilidades de complementariedad con otros sujetos.

Como consecuencia de la creciente internacionalización de las relaciones eintercambios de toda índole que tienen lugar entre actores estatales y no estatales y, en virtud de la tendencia cada vez mayor al reforzamiento y a la acentuación de los vínculos e interacciones que en ese ámbito se cumplen por el hecho de tornarse el mundo cada vez más interdependiente, el constituyente debió también dotar a los instrumentos respectivos de cualidades que, —sin desconocer los requerimientos propios del ordenamiento nacional—, permitieran su adecuación a las exigencias propias de dicho proceso.

Ahora bien, si los tratados internacionales son, en esencia, el mecanismo fundamental de realización del propósito de internacionalización y de la meta de integración según la propia Constitución, y si regla de oro de su interpretación es la de que el intérprete ha de privilegiar siempre aquella en cuya virtud se logre la armonización de las disposiciones constitucionales que aparentemente se hallan en pugna, fuerza es concluir que el tipo de control de constitucionalidad instituido por el constituyente en la regla 10 del artículo 241 de la Carta es el que ha sido caracterizado como previo, automático e integral. Este tipo de control garantiza por un lado el cumplimiento de los compromisos internacionales que es corolario de ineludible observancia por haber adherido Colombia a las normas de convivencia entre las naciones civilizadas una de las cuales precisamente es la conocida como pacta sunt servanda —como lo proclama el artículo 9º de la Carta—. Por otro, asegura el respeto y la observancia del estatuto fundamental por sus autoridades inclusive cuando desarrollan funciones en el plano internacional, pues no se remite a duda que la supremacía de la Constitución que se consagra en el artículo 4o de la misma no admite sino las excepciones que la propia Carta establece.

Si a lo dicho se agrega que el juez constitucional al interpretar la Carta debe también tener en cuenta que el cambio constitucional busca corregir defectos y deficiencias que la experiencia ha puesto de presente, así como responder a las necesidades institucionales del ser nacional (por ejemplo, instituir un control que permitiera conciliar los extremos de que se ha dado cuenta), no cabe la menor duda de que el analizado, por ser previo, automático e integral tiene la virtud de dotar de seguridad jurídica al Estado tanto en el plano interno como en el internacional.

d) La interpretación sistemática

Para los efectos de este análisis debe también tenerse en cuenta el artículo 9º de la Constitución Política por cuanto que en dicha disposición el constituyente consagró los fundamentos rectores de las relaciones exteriores del Estado, uno de los cuales es “... el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia”.

El pilar esencial del derecho de los tratados está representado por el inmemorial principio conocido como pacta sunt servanda el cual obliga a Colombia no sólo en cuanto norma de derecho internacional consuetudinario sino en cuanto norma de derecho internacional convencional, consagrada en la Convención de Viena, aprobada mediante la Ley 32 de 1985.

En efecto, el artículo 26 de la citada convención, perteneciente a la Sección 1a sobre observancia de los tratados, de la Parte III preceptúa que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

A propósito de este principio comenta el tratadista Nieto Navia(41):

(41) NIETO NAVIA, Rafael. “De la nulidad de los tratados por violación del derecho interno de los estados en la Convención de Viena de 1969”, en Revista Universitas, Nº 93, pp. 147-176.

“... que la norma pacta sunt servanda constituya uso establecido por los estados y su aceptación por los países civilizados y en la conciencia jurídica de los pueblos la constituya en principio general de derecho internacional típico no es sino demostración del valor de la norma aludida.

La norma pacta sunt servanda llamada por Taube el axioma, postulado e imperativo categórico de la ciencia del derecho internacional, constituye la regla más antigua y el más antiguo también problema de interés común para todos los estados”.

Es evidente que la norma según la cual los tratados deben ser cumplidos, trasladada del derecho romano al derecho natural de la Edad Media y convertida en norma consuetudinaria de derecho internacional, constituye, si no la norma fundamental de todo el derecho internacional, sí la del derecho de los tratados”.

e) Características principales del control previsto en el artículo 241, numeral 10 C.N.

De lo dicho, se infiere que esta forma de control presenta las siguientes características:

1. Es un control previo por cuanto se produce antes del perfeccionamiento del tratado, una vez que el Congreso lo ha aprobado mediante ley y el Presidente la ha sancionado, o a más tardar dentro de los seis días siguientes.

2. Es un control automático en la medida en que su operancia no se supedita a la existencia de acción ciudadana debidamente formulada; por el contrario, la función de control se pone en marcha tan pronto como el gobierno sancione la ley aprobatoria, o a más tardar, dentro de los seis días siguientes.

3. Es un control integral puesto que versa sobre el contenido material normativo del tratado así como sobre el de la ley aprobatoria, tanto por razones de forma como de fondo. El tenor literal del artículo 241-10 C.N. no deja duda de que el control comprende los dos elementos del acto complejo cuando dispone: “Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Con tal fin, los remitirá ...” (Subrayas fuera del texto).

Esta explícita redacción pone término a eventuales diferencias de interpretación acerca de si el contenido del proyecto de tratado en sí mismo considerado es o no susceptible de control constitucional, con lo cual evita los pronunciamientos inhibitorios por parte del órgano de control. Recuérdese a este respecto que la Corte Suprema de Justicia —aun cuando admitió la posibilidad de controlar el tratado antes de su perfeccionamiento según los postulados de la tesis de la competencia temporal(42)— se abstuvo de pronunciarse de mérito respecto de cargos atinentes al contenido mismo del tratado cuando estos se formulaban después de que éste se hubiera perfeccionado.

(42) Corte Constitucional, despacho del H. Magistrado Ciro Angarita Barón. “El control de constitucionalidad de los tratados públicos y de sus leyes aprobatorias en las Constituciones de 1886 y 1991. Naturaleza, contenido y alcance”. Santafé de Bogotá, marzo 26 de 1992, s/p. Cfr. Capítulo Primero, Sección Segunda, pp. 19-24.

4. Dado el efecto general inmediato de la Constitución Política, el control susodicho opera respecto de los tratados que a partir del 1º de diciembre de 1991, fecha de instalación del Congreso elegido el 27 de octubre pasado, hayan sido aprobados por éste y cuya ley aprobatoria sea sancionada por el Presidente de la República.

Asimismo opera respecto de los tratados que habiendo sido sometidos por el gobierno a la consideración de la Comisión Especial Legislativa, durante el período de sus sesiones, no fueron improbados por ésta en ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas por el numeral a) del artículo transitorio 6o de la Constitución Política.

De otra parte, exigir como lo pretende la vista fiscal, que existiera una ley aprobatoria como condición previa e indispensable para que los tratados en vías de formación a que se refirió el artículo 58 constitucional transitorio pudieran ser objeto de control constitucional, equivale a desconocer que del mismo tránsito constitucional que dio lugar al cierre del Congreso emanó la imposibilidad de agotar dicho trámite legislativo. Esa fue precisamente la circunstancia que motivó al constituyente de 1991 a darlo por cumplido respecto de tales instrumentos con la aprobación, a lo menos, de una de las cámaras.

No se olvide por lo demás que la propia Constitución manda la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal en las actuaciones de los órganos que, como esta Corte, ejercen función jurisdiccional.

Por todo ello, no puede esta Corporación darle validez al argumento según el cual los instrumentos de que trata el artículo 58 transitorio no son susceptibles de control constitucional so pretexto de que sólo en presencia de una ley aprobatoria y previa su remisión por el gobierno dentro de los seis días siguientes puede esta Corte ejercer el control previo de constitucionalidad de los tratados públicos en vías de formación».

(Sentencia C-574 de octubre 28 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón).