Sentencia C-575 de julio 25 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-575 de 2006 

Ref.: Expediente D-5994

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos —total o parcialmente acusados— 1º a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Actores: María Helena Ruíz de Ospina y otros

Bogotá, D.C., veinticinco de julio del año dos mil seis.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

Sentencia

I. Antecedentes

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos María Helena Ruíz de Ospina y otros actuando como tales en ejercicio de sus derechos políticos y en su condición de miembros integrantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, presentaron demanda en contra de los artículos —total o parcialmente acusados— 1º a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Mediante auto del once (11) de octubre de 2005, el magistrado sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, a los ministros del Interior y de Justicia, de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, así como al Fiscal General de la Nacional y al Defensor del Pueblo para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.

En dicha providencia, además decretó un término probatorio de diez (10) días para que se practicaran unas pruebas, y con ese fin ofició a los secretarios generales del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, para que enviaran copia auténtica del expediente completo que contiene el trámite del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 975 de 2005 y los ejemplares de la Gaceta del Congreso en los que se publicó el proyecto presentado por el gobierno y su exposición de motivos, las ponencias para primer y segundo debate en Senado y Cámara y los respectivos textos definitivos e igualmente ordenó que se certificara sobre el quórum deliberatorio y decisorio con los que la Ley 975 de 2005 se discutió y aprobó.

Así mismo ordenó invitar en este proceso a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a la Comisión Andina de Juristas, con el mismo fin.

De igual manera, invitó a participar en el presente proceso al decano de la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, al decano de la facultad de jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, al decano de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes, al decano de la facultad de derecho de la Universidad de la Sabana, al decano de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, al decano de la facultad de derecho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al decano de la facultad de derecho de la Universidad Libre, al decano de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, al decano de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, al decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás, al director del departamento de derecho público de la Universidad Externado de Colombia, al decano de la facultad de derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, al decano de la facultad de derecho de la Universidad San Buenaventura de Cali, al decano de la facultad de derecho de la Universidad del Norte de Barranquilla, al decano de la facultad de derecho Ibagué —Coruniversitaria— y al decano de la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia.

II. Normas demandadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 45.980 del 25 de julio de 2005. Se resaltan las normas acusadas.

“LEY NÚMERO 975 DE 2005”

(Julio 25)

“por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

El Congreso de la República,

DECRETA:

CAPÍTULO I

Principios y definiciones

ART. 1º—Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trate la Ley 782 de 2002.

ART. 2º—Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa. La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.

La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.

La reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cualquier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002, se regirá por lo dispuesto en dicha ley.

ART. 3º—Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.

ART. 4º—Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.

ART. 5º—Definición de víctima. Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley.

También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique, aprehenda procese o condene al autor de la conducta punible y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.

Igualmente se considerarán como víctimas a los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley.

ART. 6º—Derecho a la justicia. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.

Las autoridades públicas que intervengan en los procesos que se tramiten con fundamento en la presente ley deberán atender, primordialmente, el deber de que trata este artículo.

ART. 7º—Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

ART. 8º—Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

ART. 9º—Desmovilización. Se entiende por desmovilización el acto individual o colectivo de dejar las armas y abandonar el grupo armado organizado al margen de la ley, realizado ante autoridad competente.

La desmovilización del grupo armado organizado al margen de la ley se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley 782 de 2002.

CAPÍTULO II

Aspectos preliminares

ART. 10.—Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

10.1. Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

10.3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

10.4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

10.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

PAR.—Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.

ART. 11.—Requisitos de elegibilidad para desmovilización individual. Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individualmente y que contribuyan a la consecución de la paz nacional, podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

11.1. Que entregue información o colabore con el desmantelamiento del grupo al que pertenecía.

11.2. Que haya suscrito un acta de compromiso con el Gobierno Nacional.

11.3. Que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el Gobierno Nacional para tal efecto.

11.4. Que cese toda actividad ilícita.

11.5. Que entregue los bienes producto de la actividad ilegal, para que se repare a la víctima cuando se disponga de ellos.

11.6. Que su actividad no haya tenido como finalidad el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

Solamente podrán acceder a los beneficios previstos en esta ley, las personas cuyos nombres e identidades presente el Gobierno Nacional ante la Fiscalía General de la Nación.

CAPÍTULO III

Principios procesales

ART. 12.—Oralidad. La actuación procesal será oral y en su realización se utilizarán los medios técnicos idóneos que garanticen su reproducción fidedigna.

La conservación de los registros corresponderá al secretario de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la presente ley, y al de la Sala del tribunal superior de distrito judicial que conozca del juzgamiento, según corresponda.

ART. 13.—Celeridad. Los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos dentro de la misma. Las decisiones se entenderán notificadas en estrados.

Las audiencias preliminares se realizarán ante el magistrado de control de garantías que designe el tribunal respectivo.

En audiencia preliminar se tramitarán los siguientes asuntos:

1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio.

2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.

3. La solicitud y la decisión de imponer medida de aseguramiento.

4. La solicitud y la decisión de imponer medidas cautelares sobre bienes de procedencia ilícita.

5. La formulación de la imputación.

6. La formulación de cargos.

7. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores.

Las decisiones que resuelvan asuntos sustanciales y las sentencias deberán fundamentarse fáctica, probatoria y jurídicamente e indicar los motivos de estimación o de desestimación de las pretensiones de las partes.

El reparto de los asuntos a que se refiere la presente ley, deberá hacerse el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho.

ART. 14.—Defensa. La defensa estará a cargo del defensor de confianza que libremente designe el imputado o acusado o, en su defecto, del asignado por el sistema nacional de defensoría pública.

ART. 15.—Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.

CAPÍTULO IV

Investigación y juzgamiento

ART. 16.—Competencia. Recibido por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, el, o los nombres de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, el fiscal delegado que corresponda, asumirá de manera inmediata la competencia para:

16.1. Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley.

16.2. Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.

16.3. Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.

El tribunal superior de distrito judicial que determine el Consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo que expida antes de que se inicie cualquier trámite, será competente para conocer del juzgamiento de las conductas punibles a que se refiere la presente ley.

No podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los tribunales superiores de distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial.

ART. 17.—Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la policía judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.

El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.

ART. 18.—Formulación de imputación. Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia tísica, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse. razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o varios delitos que se investigan, el fiscal delegado para el caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia preliminar para formulación de imputación.

En esta audiencia, el fiscal hará la imputación fáctica de los cargos investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo dispuesto en la presente ley. Igualmente solicitará la adopción de las medidas cautelares sobre los bienes de procedencia ilícita que hayan sido entregados para efectos de la reparación a las víctimas.

A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, con el apoyo de su grupo de policía judicial, adelantará las labores de investigación y verificación de los hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término, o antes si fuere posible, el fiscal del caso solicitará al magistrado que ejerza la función de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, dentro de los diez (10) días siguientes a la solicitud, si a ello hubiere lugar.

Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción de la acción penal.

ART. 19.—Aceptación de cargos. En la audiencia de formulación de cargos el imputado podrá aceptar los presentados por la fiscalía, como consecuencia de la versión libre o de las investigaciones en curso al momento de la desmovilización.

Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento el magistrado que ejerza la función de control de garantías enviará inmediatamente lo actuado a la secretaría de la Sala del tribunal superior de distrito judicial a la que corresponda su conocimiento.

Recibida la actuación, la Sala correspondiente convocará a audiencia pública dentro de los diez (10) días siguientes para examinar si la aceptación de cargos ha sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. De hallarla conforme a derecho, dentro de los diez (10) días siguientes citará a audiencia de sentencia e individualización de pena.

PAR. 1º—Si en esta audiencia el imputado no acepta los cargos, o se retracta de los admitidos en la versión libre, la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz remitirá la actuación al funcionario competente conforme con la ley vigente al momento de la comisión de las conductas investigadas.

PAR. 2º—Cuando exista solicitud de reparación integral, previamente se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente ley.

ART. 20.—Acumulación de procesos y penas. Para los efectos procesales de la presente ley, se acumularán los procesos que se hallen en curso por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado a un grupo armado organizado al margen de la ley. En ningún caso procederá la acumulación por conductas punibles cometidas con anterioridad a la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley.

Cuando el desmovilizado haya sido previamente condenado por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado organizado al margen de la ley, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Código Penal sobre acumulación jurídica de penas pero en ningún caso, la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley.

ART. 21.—Ruptura de la unidad procesal. Si el imputado o acusado acepta parcialmente los cargos se romperá la unidad procesal respecto de los no admitidos. En este caso la investigación y el juzgamiento de los cargos no aceptados se tramitarán por las autoridades competentes y las ley es procedimentales vigentes al momento de su comisión. Respecto de los cargos aceptados se otorgarán los beneficios de que trata la presente ley.

ART. 22.—Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.

ART. 23.—Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del tribunal superior de distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones.

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.

Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.

PAR. 1º—Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el Ministerio Público, podrán solicitar la citación del director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

PAR. 2º—No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.

ART. 24.—Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.

La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

ART. 25.—Hechos conocidos con posterioridad a la sentencia o al indulto. Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas, sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea., debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley.

Teniendo en cuenta la gravedad de los nuevos hechos juzgados, la autoridad judicial impondrá una ampliación del veinte por ciento de la pena alternativa impuesta y una ampliación similar del tiempo de libertad a prueba.

ART. 26.—Recursos. Salvo la sentencia, la reposición procede para todas las decisiones y se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en la respectiva audiencia.

La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda.

Si el recurrente no concurriere o no sustentare el recurso, se declarará desierto.

PAR. 1º—El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, excepto lo relacionado con acciones de tutela.

PAR. 2º—De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal vigente.

PAR. 3º—Contra la decisión de segunda instancia no procede recurso de casación.

ART. 27.—Archivo de las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.

ART. 28.—Intervención del Ministerio Público. En los términos del artículo 277 de la Constitución Política, el Ministerio Público intervendrá cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.

CAPÍTULO V

Pena alternativa

ART. 29.—Pena alternativa. La Sala competente del tribunal superior de distrito judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.

En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.

Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.

PAR.—En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa.

CAPÍTULO VI

Régimen de la privación de la libertad

ART. 30.—Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.

Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec.

La pena podrá cumplirse en el exterior.

ART. 31.—Tiempo de permanencia en las zonas de concentración. El tiempo que los miembros de grupos armados al margen de la ley vinculados a procesos para la reincorporación colectiva a la vida civil, hayan permanecido en una zona de concentración decretada por el Gobierno Nacional, de conformidad con la Ley 782 de 2002, se computará como tiempo de ejecución de la pena alternativa, sin que pueda exceder de dieciocho (18) meses.

El funcionario que el Gobierno Nacional designe, en colaboración con las autoridades locales cuando sea el caso, será el responsable de certificar el tiempo que hayan permanecido en zona de concentración los miembros de los grupos armados de que trata la presente ley.

CAPÍTULO VII

Instituciones para la ejecución de la presente ley

ART. 32.—Competencias de los tribunales superiores de distrito judicial en materia de justicia y paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los tribunales superiores de distrito judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.

Corresponde a la secretaria del respectivo tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y contar con una oficina de comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.

ART. 33.—Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz. Créase la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los tribunales superiores de distrito judicial, con competencia nacional e integrada en la forma que se señala en la presente ley.

Esta unidad será la responsable de adelantar las diligencias que por razón de su competencia, le corresponden a la Fiscalía General de la Nación, en los procedimientos establecidos en la presente ley.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz tendrá el apoyo permanente de una unidad especial de policía judicial, conformada por miembros de las autoridades que corresponda, con dedicación exclusiva, permanente y con competencia en todo el territorio nacional.

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación, para el año 2005 establecida en el artículo transitorio 1º de la Ley 938 de 2004, los siguientes cargos:

150 Investigador criminalístico VII

15 Secretario IV

15 Asistente judicial IV

20 Conductor III

40 Escolta III

15 Asistente de investigación criminalística IV

20 Asistente de fiscal II.

PAR.—La Fiscalía General de la Nación destacará de su planta de personal, para conformar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, los siguientes cargos: 20 fiscal delegado ante tribunal.

ART. 34.—Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley.

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley.

ART. 35.—Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz. El Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

ART. 36.—Participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas. Para el cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la Procuraduría General de la Nación, impulsará mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas.

CAPÍTULO VIII

Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia

ART. 37.—Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

38.1. Recibir todo el procedimiento un trao(sic) humano digno.

38.2. A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuandoquiera que resulten amenazadas.

38.3. A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.

38.4. A ser oídas y que se les facilite el aporte de pruebas.

38.5. A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas.

38.6. A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando ello hubiere lugar.

38.7. A ser asistidas durante el juicio por un abogado de confianza o por la Procuraduría Judicial de que trata la presente ley.

38.8. A recibir asistencia integral para su recuperación.

38.9. A ser asistidas gratuitamente por un traductor o intérprete, en el evento de no conocer el idioma, o de no poder percibir el lenguaje por los órganos de los sentidos.

ART. 38.—Protección a víctimas y testigos. Los funcionarios a los que se refiere esta ley adoptarán las medidas adecuadas y todas las acciones pertinentes para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos, así como, la de las demás partes del proceso.

Para ello se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género y la salud, así como la índole del delito, en particular cuando este entrañe violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género o violencia contra niños y niñas.

Se dará capacitación especial a los funcionarios que trabajan con este tipo de víctimas.

Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

ART. 39.—Excepción a la publicidad en el juicio. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias de juzgamiento, el tribunal superior del distrito judicial, a fin de proteger a las víctimas, los testigos, o a un acusado, podrá ordenar que una parte del juicio se celebre a puerta cerrada. Podrá ordenar la práctica de testimonio a través del sistema de audiovideo para permitir su contradicción y confrontación por las partes.

En particular, se aplicarán estas medidas respecto de víctimas de agresión sexual o de niños, niñas y adolescentes que sean víctimas o testigo.

ART. 40.—Otras medidas de protección durante el proceso. Cuando la publicidad de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida entrañe peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el fiscal deberá abstenerse de presentarlos en cualquier diligencia anterior al juicio. En su reemplazo hará un resumen de dichos elementos de conocimiento. En ningún caso, esas medidas podrán redundar en perjuicio de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial, ni serán incompatibles con estos.

ART. 41.—Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.

CAPÍTULO IX

Derecho a la reparación de las víctimas

ART. 42.—Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial.

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el tribunal directamente o por remisión de la unidad de fiscalía, ordenará la reparación a cargo del fondo de reparación.

ART. 43.—Reparación. El tribunal superior de distrito judicial al proferir sentencia, ordenará la reparación a las víctimas y fijará las medidas pertinentes.

ART. 44.—Actos de reparación. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.

Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el comité nacional de reparación y reconciliación o suscribir un acuerdo con el tribunal superior de distrito judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.

Son actos de reparación integral los siguientes:

45.1. La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas.

45.2. La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.

45.3. El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.

45.4. La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas.

45.5. La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.

ART. 45.—Solicitud de reparación. Las víctimas de los grupos armados al margen de la ley pueden obtener reparación acudiendo al tribunal superior de distrito judicial, en relación con los hechos que sean de su conocimiento.

Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto.

ART. 46.—Restitución. La restitución implica la realización de los actos que propendan por la devolución a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos. Incluye el restablecimiento de la libertad, el retorno a su lugar de residencia y la devolución de sus propiedades, de ser posible.

ART. 47.—Rehabilitación. La rehabilitación deberá incluir la atención médica y psicológica para las víctimas o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas.

Los servicios sociales brindados por el gobierno a las víctimas, de conformidad con las normas y leyes vigentes, hacen parte de la reparación y de la rehabilitación.

ART. 48.—Medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición, adoptadas por las distintas autoridades directamente comprometidas en el proceso de reconciliación nacional, deberán incluir:

49.1. La verificación de los hechos y la difusión pública y completa de la verdad judicial, en la medida en que no provoque más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni cree un peligro para su seguridad.

49.2. La búsqueda de los desaparecidos o de las personas muertas y la ayuda para identificarlas y volverlas a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias. Esta tarea se encuentra principalmente a cargo de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.

49.3. La decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad.

49.4. La disculpa, que incluya el reconocimiento público de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

49.5. La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones, todo lo cual estará a cargo de los órganos judiciales que intervengan en los procesos de que trata la presente ley.

49.6. La sala competente del tribunal superior de distrito judicial podrá ordenar conmemoraciones, homenajes y reconocimiento a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. Adicionalmente, la comisión nacional de reconciliación y reparaciones podrá recomendar a los órganos políticos o de gobierno de los distintos niveles, la adopción de este tipo de medidas.

49.7. La prevención de violaciones de derechos humanos.

49.8. La asistencia a cursos de capacitación en materia de derechos humanos a los responsables de las violaciones. Esta medida podrá ser impuesta a los condenados por la sala competente tribunal superior de distrito judicial.

ART. 49.—Programas de reparación colectiva. El gobierno, siguiendo las recomendaciones la comisión nacional de reconciliación y reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado social de derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

ART. 50.—Comisión nacional de reparación y reconciliación. Créase la comisión nacional de reparación y reconciliación integrada por el vicepresidente de la república o su delegado, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación o su delegado; el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; Defensor del Pueblo, dos representantes de organizaciones de víctimas y el director de la Red de Solidaridad Social, quien desempeñará la secretaría técnica.

El Presidente de la República designará como integrantes de esta comisión a cinco personalidades, dos de las cuales, al menos, deben ser mujeres.

Esta comisión tendrá una vigencia de 8 años.

ART. 51.—Funciones de la comisión nacional de reparación y reconciliación. La comisión nacional de reparación y reconciliación cumplirá las siguientes funciones:

52.1. Garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos.

52.2. Presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales.

52.3. Hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios. Para estos efectos la comisión nacional reparación y reconciliación podrá invitar a participar a organismos o personalidades extranjeras.

52.4. Hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación de que trata la presente ley y señalar recomendaciones para su adecuada ejecución.

52.5. Presentar, dentro del término de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, ante el Gobierno Nacional y las comisiones de paz de Senado y Cámara de Representantes, un informe acerca del proceso de reparación a las víctimas de los grupos armados al margen de la ley.

52.6. Recomendar los criterios para las reparaciones de que trata la presente ley, con cargo al Fondo de Reparación a las Víctimas.

52.7. Coordinar la actividad de las comisiones regionales para la restitución de bienes.

52.8. Adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional.

52.9. Darse su reglamento.

ART. 52.—Comisiones regionales para la restitución de bienes. Las comisiones regionales serán las responsables de propiciar los trámites relacionados con las reclamaciones sobre propiedad y tenencia de bienes en el marco del proceso establecido en la presente ley.

ART. 53.—Composición. Las comisiones regionales estarán integradas por un (1) representante de la comisión nacional de reparación y reconciliación, quien la presidirá; un delegado de la Procuraduría para Justicia y la Paz; un (1) delegado de la personería municipal o distrital; un (1) delegado del Defensor del Pueblo; y un delegado del Ministerio del Interior y de justicia.

El Gobierno Nacional tendrá la facultad de designar un representante de las comunidades religiosas y determinará, de acuerdo con las necesidades del proceso, el funcionamiento y distribución territorial de las comisiones.

ART. 54.—Fondo para la Reparación de las Víctimas. Créase el Fondo para la Reparación de las Víctimas, como una cuenta especial sin personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el director de la Red de Solidaridad Social. Los recursos del fondo se ejecutarán conforme a las reglas del derecho privado.

El fondo estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.

Los recursos administrados por este fondo estarán bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.

PAR.—Los bienes a que hacen referencia los artículos 10 y 11, se entregarán directamente al Fondo para la Reparación de las Víctimas creado por esta ley. Igual procedimiento se observará respecto de los bienes vinculados a investigaciones penales y acciones de extinción del derecho de dominio en curso al momento de la desmovilización, siempre que la conducta se haya realizado con ocasión de su pertenencia al grupo organizado al margen de la ley y con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

El gobierno reglamentará el funcionamiento de este fondo y, en particular, lo concerniente a la reclamación y entrega de bienes respecto de terceros de buena fe.

ART. 55.—Funciones de la Red de Solidaridad Social. La Red de Solidaridad Social, a través del Fondo de que trata la presente ley, tendrá a su cargo, de acuerdo con el presupuesto asignado para el fondo, las siguientes funciones:

56.1. Liquidar y pagar las indemnizaciones judiciales de que trata la presente ley dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional.

56.2. Administrar el fondo para la reparación de víctimas.

56.3. Adelantar otras acciones de reparación cuando a ello haya lugar.

56.4. Las demás que señale el reglamento.

CAPÍTULO X

Conservación de archivos

ART. 56.—Deber de memoria. El conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de la acción de los grupos armados al margen de la ley deberá ser mantenido mediante procedimientos adecuados, en cumplimiento del deber a la preservación de la memoria histórica que corresponde al Estado.

ART. 57.—Medidas de preservación de los archivos. El derecho a la verdad implica que sean preservados los archivos. Para ello los órganos judiciales que los tengan a su cargo, así como la Procuraduría General de la Nación, deberán adoptar las medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos, que pretendan imponer la impunidad. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación de las normas penales pertinentes.

ART. 58.—Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.

Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización solo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.

En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.

CAPÍTULO XI

Acuerdos humanitarios

ART. 59.—Es obligación del gobierno garantizar el derecho a la paz conforme a los artículos 2º, 22, 93 y 189 de la Constitución Política, habida consideración de la situación de orden público que vive el país y la amenaza contra la población civil y las instituciones legítimamente constituidas.

ART. 60.—Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la presente ley, el Presidente de la República podrá autorizar a sus representantes o voceros, para adelantar contactos que permitan llegar a acuerdos humanitarios con los grupos armados organizados al margen de la ley.

ART. 61.—El Presidente de la República tendrá la facultad de solicitar a la autoridad competente, para los efectos y en los términos de la presente ley, la suspensión condicional de la pena, y el beneficio de la pena alternativa a favor de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los cuales se llegue a acuerdos humanitarios.

El Gobierno Nacional podrá exigir las condiciones que estime pertinentes para que estas decisiones contribuyan efectivamente a la búsqueda y logro de la paz.

CAPÍTULO XII

Vigencia y disposiciones complementarias

ART. 62.—Complementariedad. Para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal.

ART. 63.—Ley futura más favorable. Si con posterioridad a la promulgación de la presenta ley, se expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables que los establecidos en esta, las personas que hayan sido sujetos del mecanismo alternativo, podrán acogerse a las condiciones que se establezcan en esas leyes posteriores.

ART. 64.—Entrega de menores. La entrega de menores por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002.

ART. 65.—El Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación apropiarán los recursos suficientes indispensables para la debida y oportuna aplicación de la ley de extinción de dominio.

ART. 66.—De acuerdo con el programa de reincorporación a la vida civil el Gobierno Nacional procurará la vinculación de los desmovilizados a proyectos productivos o a programas de capacitación o educación que les facilite acceder a empleos productivos.

Simultáneamente y de acuerdo con el mismo programa, procurará su apoyo para ingresar a programas de asistencia psicológica adecuados que faciliten su reincisión social y adopción a la normal vida cotidiana.

ART. 67.—Los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, que se creen en virtud de la presente ley, serán elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de listas enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Los requisitos exigidos para ser magistrado de estos tribunales, serán los mismos exigidos para desempeñarse como magistrado de los actuales tribunales superiores de distrito judicial.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, podrá conformar los grupos de apoyo administrativo y social para estos tribunales. La nominación de los empleados, estará a cargo de los magistrados de los tribunales creados por la presente ley.

ART. 68.—Los recursos de que trata la presente ley y cuyo trámite corresponde a la Corte Suprema de Justicia, tendrán prelación sobre los demás asuntos de competencia de la corporación y deberán ser resueltos dentro del término de treinta días.

ART. 69.—Las personas que se hayan desmovilizado dentro del marco de la Ley 782 de 2002 y que hayan sido certificadas por el Gobierno Nacional, podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir en los términos del inciso primero del artículo 340 del Código Penal; utilización ilegal de uniformes e insignias; instigación a delinquir en los términos del inciso primero del artículo 348 del Código Penal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones.

Las personas condenadas por los mismos delitos y que reúnan las condiciones establecidas en el presente artículo, también podrán acceder a los beneficios jurídicos que para ellas consagra la Ley 782 de 2002.

ART. 70.—Rebaja de penas. Las personas que al momento de entrar en vigencia la presente ley cumplan penas por sentencia ejecutoriadas, tendrán derecho a que se les rebaje la pena impuesta en una décima parte. Exceptúese los condenados por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, lesa humanidad y narcotráfico.

Para la concesión y tasación del beneficio, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad tendrá en cuenta el buen comportamiento del condenado, su compromiso de no repetición de actos delictivos, su cooperación con la justicia y sus acciones de reparación a las víctimas.

ART. 71.—Sedición. Adiciónase al artículo 468 del Código Penal un inciso del siguiente tenor: “También incurrirá en el delito de sedición quienes conformen o hagan parte de grupos guerrilleros o de autodefensa cuyo accionar interfiera con el normal funcionamiento del orden constitucional y legal. En este caso, la pena será la misma prevista para el delito de rebelión.

Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del artículo 3º de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante Ley 67 de 1993”.

ART. 72.—Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación”.

(...).

EXTRACTOS: «VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones jurídicas acusadas hacen parte de una ley de la República.

2. Estructura de la presente sentencia.

Dada la diversidad y complejidad de los cargos que los ciudadanos demandantes formulan en contra de diferentes disposiciones de la Ley 975 de 2005 y el hecho de que de manera previa a esta providencia la Corte ya se ha pronunciado en relación con dicha Ley en diversas oportunidades —particularmente en las sentencias C-319 y C-370 de 2006— la estructura de la presente sentencia será la siguiente:

i) El alcance de la cosa juzgada en el presente proceso en relación con lo decidido en las sentencias C-319 y C-370 de 2006.

ii) La inhibición respecto de la acusación formulada por los actores en el presente proceso en contra de algunas disposiciones de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda.

iii) La reiteración de los criterios señalados en la Sentencia C-370 de 2006 respecto de (a) el contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano, así como (b) las pautas que ha de seguir el juez constitucional cuando se trata de ponderar la relación entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos constitutivas de delito, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

iv) El análisis de los cargos formulados por los ciudadanos demandantes en el presente proceso, respecto de los cuales no cabe predicar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional o la ineptitud sustancial de la demanda.

3. El alcance de la cosa juzgada en el presente proceso en relación con lo decidido en las sentencias C-319 y C-370 de 2006.

La Corte constata que en relación con varios de los cargos formulados en el presente proceso se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en relación con lo decidido en las sentencias C-319 (2) y C-370 (3) de 2006 como se explica a continuación.

3.1. Cosa juzgada en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 1º, 2º, 3º a 8º, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33, 36 a 58, 60 a 62 de la Ley 975 de 2005 por no haberse tramitado mediante el procedimiento señalado en el artículo 152-2 de la Constitución previsto para las leyes estatutarias.

Plantean los ciudadanos demandantes la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 2º, 3º a 8º, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33, 36 a 58, 60 a 62 de la Ley 975 de 2005, por violación de la reserva de ley estatutaria en cuanto en su criterio con ellos se regulan mecanismos y procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, y además se reforman funciones sustantivas de los diferentes órganos de la administración de justicia, al tiempo que se crea una jurisdicción especial.

Al respecto la Corte señala que en relación con este aspecto de la acusación formulada en la demanda, la corporación ya se pronunció en la Sentencia C-319 de 2006 (4) , que declaró exequible la Ley 975 de 2005, en relación con el mismo cargo que ahora se plantea por no haberse dado trámite de ley estatutaria al proyecto respectivo.

Cabe recordar que en dicha sentencia C-319 de 2006 la Corte reiteró los criterios jurisprudenciales para determinar cuándo una ley que se refiere a derechos fundamentales o a aspectos que tocan con la administración de justicia, debe surtir el trámite establecido en el artículo 153 de la Constitución para las leyes estatutarias. En el referido fallo se puso de presente que no toda regulación legal de los derechos fundamentales tiene naturaleza de ley estatutaria, sino solo aquella que de alguna manera toca su núcleo esencial, esto es, el conjunto de atribuciones y potestades sin las cuales el derecho no sería reconocido, o mediante la cual se regula en forma “íntegra, estructural o completa” el derecho correspondiente. Explicó que dado que ninguno de los dos supuestos tiene lugar en relación con la ley acusada, el trámite que debía surtirse no era el de una ley estatutaria. En la misma sentencia la corporación reafirmó que la regulación del procedimiento penal no tiene reserva de ley estatutaria, como tampoco la tipificación de los delitos ni el establecimiento de sanciones. De otra parte, observó que la Ley 975 de 2005 no crea una jurisdicción especial, sino que simplemente atribuye a la jurisdicción ordinaria un procedimiento especial que debe surtirse ante la Fiscalía General y los tribunales superiores, de manera que no se afecta la estructura general de la administración de justicia, ni se tocan principios generales o aspectos sustanciales de la rama judicial del poder público, razón por la cual tampoco por este aspecto debía ser objeto de una ley estatutaria.

Así las cosas dado que en relación con el cargo ahora formulado en contra de los artículos 1º, 2º, 3º a 8º, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33, 36 a 58, 60 a 62 de la Ley 975 de 2005 se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la referida Sentencia C-319 de 2006 y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

3.2. Cosa juzgada en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de i) el numeral 10.6 del artículo 10, ii) las expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” contenidas en el artículo 17, iii) las expresiones “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” y “dentro de los sesenta (60) días” contenidas en el artículo 18, iv) las expresiones “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” contenidas en el artículo 20, v) el artículo 25, vi) el parágrafo 3º del artículo 26, vii) las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” contenidas en el inciso cuarto del artículo 29, viii) el artículo 31, ix) la expresión “pertinente” contenida en el numeral 38.5 del artículo 37, x) las expresiones “de ser posible” contenidas en el artículo 46, xi) las expresiones “o sus parientes en primer grado de consaguinidad de conformidad con el presupuesto del Fondo para la reparación de las víctimas”, contenidas en el artículo 47, xii) las expresiones “y las de sus parientes en primer grado de consaguinidad” contenidas en el numeral 49.3 del artículo 48, xiii) las expresiones “dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional” contenidas en el numeral 56.1 del artículo 55, y xiv) el artículo 71, de la Ley 975 de 2005.

La Corte constata que en la Sentencia C-370 de 2006 la corporación se pronunció en relación con diversas disposiciones acusadas en el presente proceso respecto de las cuales se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

3.2.1. Así cabe precisar que la Corte declaró la inexequibilidad de las expresiones “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” contenidas en el artículo 18, las expresiones “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” contenidas en el artículo 20, las expresiones “sin perjuicio del otorgamiento de la pena alternativa, en el evento que colabore eficazmente en el esclarecimiento o acepte, oralmente o por escrito, de manera libre, voluntaria, expresa y espontánea, debidamente informado por su defensor, haber participado en su realización y siempre que la omisión no haya sido intencional. En este evento, el condenado podrá ser beneficiario de la pena alternativa. Se procederá a la acumulación jurídica de las penas alternativas sin exceder los máximos establecidos en la presente ley” del inciso primero y el inciso segundo del artículo 25, las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” contenidas en el inciso cuarto del artículo 29, el artículo 31, las expresiones “de ser posible” contenidas en el artículo 46, las expresiones “dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional” contenidas en el numeral 56.1 del artículo 55, y el artículo 71 de la Ley 975 de 2005.

En relación con dichas disposiciones y frente a la acusación que contra ellas se formula en el presente proceso es claro entonces que no cabe efectuar ningún pronunciamiento pues estas han sido declaradas inexequibles y lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la Sentencia C-370 de 2006 y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

3.2.2. En similar sentido cabe precisar que la Corte en la referida sentencia declaró la exequibilidad condicionada de varias de las disposiciones acusadas respecto de cargos idénticos a los que ahora se formulan, por lo que igualmente se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

3.2.2.1. Así, cabe recordar que la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 declaró la exequibilidad del numeral 10.6 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 (5) “en el entendido de que también deben informar en cada caso sobre la suerte de las personas desaparecidas”. En ese orden de ideas respecto de la acusación formulada en el presente proceso contra dicho numeral, por no haberse previsto precisamente dentro de los requisitos de exigibilidad para la desmovilización colectiva “la información sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada —vivas o fallecidas—” (6) , se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la referida sentencia.

3.2.2.2. La Corte en la Sentencia C-370 de 2006 declaró la exequibilidad, por los cargos analizados (7) del artículo 17 de la Ley 975 de 2005, “en el entendido de que la versión libre debe ser completa y veraz”.

En ese orden de ideas respecto de la acusación formulada en el presente proceso en contra de las expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” contenidas en el artículo 17 de la Ley 975 de 2005 (8) , que los ciudadanos demandantes hacen consistir precisamente en que los preceptos acusados -que hacen parte del referido artículo 17 declarado condicionalmente exequible- vulneran los planos individual y colectivo del derecho a la verdad (9) , se configura igualmente el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

3.2.2.3. La Corte en la Sentencia C-370 de 2006 decidió declarar exequible por los cargos analizados (10) el numeral 38.5 del artículo 37 (11) de la Ley 975 de 2005 “siempre y cuando se interprete de acuerdo con la exequibilidad condicionada de esta norma declarada mediante Sentencia C-228 de 2002, en virtud de la cual, la víctima o los perjudicados pueden acceder directamente al expediente desde su iniciación, para ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación”.

En ese orden de ideas respecto de la acusación formulada en el presente proceso en contra de la expresión “pertinentes” contenida en dicho inciso por los mismos cargos ha de entenderse configurado el fenómeno de la cosa juzgada y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

3.2.2.4. La Corte en la Sentencia C-370 de 2006 decidió declarar exequibles por los cargos analizados (12) las expresiones “en primer grado de consaguinidad de conformidad con el presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, contenidas en el primer inciso del artículo 47, y las expresiones “en primer grado de consaguinidad” contenidas en el numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, en el entendido que “no excluye como víctima a otros familiares que hubieren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros de grupos armados al margen de la ley”.

Al respecto en relación con la acusación formulada por los mismos cargos en el presente proceso en contra de las expresiones “o sus parientes en primer grado de consanguinidad de conformidad con el presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas” del primer inciso del artículo 47 y contra las expresiones “y las de sus parientes en primer grado de consanguinidad” contenidas en el numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, ha de entenderse configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Cabe precisar en relación con las expresiones “o sus parientes” del primer inciso del artículo 47, y, “y las de sus parientes” contenidas en el numeral 49.3 del artículo 48 de la Ley 975 de 2005, que dado su carácter inescindible con las expresiones que fueron declaradas exequibles de manera condicionada y que la Corte necesariamente las tomó en cuenta en su análisis —como se desprende del aparte 6.2.4.2 de la Sentencia C-370 de 2006— no cabe duda que en relación con ellas igualmente se configura el fenómeno de la cosa juzgada respecto del cargo que fue analizado en esa sentencia y que ahora plantean nuevamente los demandantes en el presente proceso con idénticos argumentos.

3.2.3. La Corte constata que en la Sentencia C-370 de 2006 fue igualmente declarada la exequibilidad de diversas disposiciones acusadas en el presente proceso por cargos idénticos a los que fueron examinados por la Corte en la referida sentencia.

3.2.3.1. Así, la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 declaró la exequibilidad del artículo 18 y dentro de él de las expresiones “dentro de los sesenta (60) días” que fueron específicamente analizadas en el aparte 6.2.3.1.7 de dicha sentencia por un cargo idéntico al que se formula por los demandantes en el presente proceso (13) . En ese orden de ideas lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la referida sentencia y así se señalará en la parte resolutiva de esta providencia.

3.2.3.2. Ahora bien, como ya se señaló la Corte declaró la constitucionalidad pura y simple de las expresiones “Si a los miembros de grupos armados al margen de la ley que recibieron los beneficios de la Ley 782 de 2002, o que se beneficiaron con la pena alternativa de conformidad con la presente ley, con posterioridad se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y antes de su desmovilización, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de esas conductas” contenidas en el artículo 25 de la Ley 975 de 2005 por los cargos analizados —que son los mismos que los actores en el presente proceso plantean (14) — e inexequible el resto del artículo.

Desde esta perspectiva y dado que los demandantes en el presente proceso acusaron la totalidad del artículo 25 de la Ley 975 de 2005 por los mismos cargos respecto de los cuales la Corte se pronunció en la Sentencia C-370 de 2006, en relación con el aparte declarado exequible de dicho artículo 25 corresponde estarse a lo resuelto en la referida sentencia por configurarse, como en el caso de los apartes declarados inexequibles, el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

3.2.3.3. Cabe señalar igualmente que la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 declaró la exequibilidad frente a los cargos planteados (15) del parágrafo 3º del artículo 26 de la Ley 975 de 2005. Disposición que es nuevamente acusada con idéntico fundamento por lo que lo que corresponde es estarse a lo resuelto en la referida sentencia y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4. Inhibición respecto de la acusación formulada por los actores en el presente proceso en contra de algunas disposiciones de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda.

4.1. El señor Fiscal General de la Nación (16) y el señor Procurador General de la Nación (E) (17) solicitan a la Corte abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en el presente proceso en contra de diversas disposiciones de la Ley 975 de 2005 por considerar que la misma no reúne los presupuestos señalados por la Constitución y la ley para adelantar el juicio de constitucionalidad por lo que en su criterio sobre esos aspectos se configura la ineptitud sustancial de la demanda.

4.2. Al respecto, ha destacado esta corporación que el juicio de constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por lo que no es dable resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” (18) que no se relacionan de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan (19) .

En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que al ciudadano se le impone entonces, como carga mínima, que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional (20) .

Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no solo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo (21) .

En efecto, el artículo 241 de la Constitución determina de manera expresa las funciones de la Corte, y señala que a ella corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos allí expuestos. Según esa norma, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar aquellas que han sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que el trámite de la acción pública solo puede adelantarse cuando efectivamente existe demanda, esto es, una acusación de un ciudadano contra una norma legal planteada en los términos que señala el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991.

En ese orden de ideas la Corte ha establecido (22) que un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad solo si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia (23) .

Ahora bien en relación con el presupuesto procesal de la demanda en forma debe la Corte aclarar que si bien en su momento el magistrado sustanciador procedió a admitir la demanda expresó, como correspondía a ese momento procesal, que la admisión de la demanda en relación con la acusación formulada atendía a la constatación del cumplimiento de los requisitos formales mínimos a que se refiere el Decreto 2067 de 1991, esto es, el señalamiento de las normas legales que se dicen transgresoras, así como la trascripción de las mismas, la enunciación de las normas constitucionales que el demandante estima transgredidas y el concepto de la violación.

Como lo puso de presente la Corte en la Sentencia C-1299 de 2005 (24) , en armonía con el entendimiento que tradicionalmente y de acuerdo con las normas positivas se ha hecho acerca del examen que procede en el momento de admisión de la demanda, por una parte, y en la sentencia por otra, es claro que la circunstancia de que se admita la demanda mediante la constatación formal de la existencia de los requisitos legales no significa que se elimine por ello el análisis que corresponde a la parte final del proceso por cuanto en este último momento cabe entrar ya a los aspectos sustanciales de la demanda para constatar si ella permite o no que se formule el estudio en el fondo y se arribe o no a una conclusión estimatoria que permita decidir efectivamente sobre la exequibilidad o inexequibilidad de la disposición o disposiciones acusadas.

Efectuado, como corresponde a esta etapa procesal, ese análisis en relación con la acusación formulada por los demandantes encuentra la Corte que en relación con algunos de sus elementos la misma no es apta para permitir un pronunciamiento de fondo.

4.3. En efecto la Corte constata que los actores en el presente proceso incumplieron con la carga procesal mínima que les es exigida para poder dar desarrollo al juicio de constitucionalidad en relación con los siguientes aspectos de la acusación formulada en la demanda:

4.3.1. Inhibición respecto de la acusación formulada en contra de los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002.

Afirman los actores, que los artículos acusados establecen elementos propios de lo que se ha denominado sistema acusatorio de juzgamiento, el cual fue introducido al ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 3 de 2002, que en su artículo 5º señala que “rige a partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca”.

Argumentan que del contenido material de los artículos acusados, es claro que establecen los principales elementos del “sistema de juzgamiento acusatorio”, como lo son la oralidad, la fiscalía como un ente estrictamente investigador, los tribunales como jueces de control de garantías y de juzgamiento, el incidente de reparación integral, la realización de audiencias específicas, entre otros.

En esos términos, sostienen que si se tiene en cuenta que la única restricción para el conocimiento de los delitos cometidos es la vinculación del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley, y su comisión durante y con ocasión de la pertenencia al mismo (L. 975/2005, art. 2º), es claro que se vulneró lo previsto en el artículo 5º del citado acto legislativo puesto que los grupos al margen de la ley a los que se refiere la Ley 975 de 2005 se constituyeron y existen mucho antes de la vigencia de dicha norma tal y como lo reconoció la Ley 782 de 2002.

Al respecto a Corte constata que en el proceso que culminó con la expedición de la Sentencia C- 370 de 2006 se formuló una acusación en el mismo sentido (25) respecto de la cual la Corte decidió inhibirse por las razones que a continuación se reiteran y que llevan a la Corte a inhibirse igualmente en el presente caso.

Como se señaló en esa ocasión la censura propuesta en los mencionados términos, a juicio de la Corte, no constituye un verdadero cargo de inconstitucionalidad, puesto que incumple con los requisitos de certeza y pertinencia que la jurisprudencia constitucional prevé para las razones que conforman el concepto de la violación. En lo referente a la primera condición, el cargo expuesto, se funda en la contradicción entre la interpretación subjetiva que demandantes hacen de los preceptos acusados y las normas constitucionales que consideran violadas por las normas atacadas. En efecto, el particular entendimiento que los actores acogen de las normas acusadas les lleva a adscribirlas a la modalidad de proceso penal prevista en la Constitución luego de la promulgación del Acto Legislativo 3 de 2002. Por lo tanto, el cargo de inconstitucionalidad no va dirigido en contra del contenido concreto de las normas acusadas, sino frente a las consecuencias que los demandantes les confieren a partir de su propia comprensión. Una censura de estas características, que toma por objeto del control de constitucionalidad no al contenido normativo acusado sino a una interpretación particular del mismo, impide que la Corte emita un pronunciamiento de fondo y, por ende, deba inhibirse.

De la misma forma, el cargo estudiado incumple el requisito de pertinencia. Ello debido a que pretende edificar la contradicción de las normas acusadas con la Carta Política a partir de, como se indicó, las consecuencias jurídicas particulares y concretas que se derivan de la interpretación que hacen los actores de tales preceptos. Una comparación de esta clase, que se sustenta no en el contenido de las normas demandadas, sino en las posibles implicaciones de su utilización particular, no es apta para promover un juicio de inconstitucionalidad (26) .

Así las cosas la Corte se inhibirá respecto de la acusación formulada en contra de los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002 por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.2. Inhibición respecto de la acusación formulada en contra de los artículos 9 y 11 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 22 superiores.

Advierten los actores, que los artículos 9º y 11 de la Ley 975 de 2005 regulan la desmovilización de los miembros, más no del grupo armado como tal, y por tanto al permitirse la desmovilización individual de los miembros y no del grupo propiamente dicho, no pretenden en realidad alcanzar la paz sino por el contrario “promueven la deserción como una estrategia de guerra al utilizar los excombatientes como agentes contra el bando contrario”. En su criterio en ese orden de ideas lo que permiten la disposiciones acusadas es que personas que han cometido actos delictivos “dejen de hacer parte de la ilegalidad” sin que el grupo en sí mismo deje de existir y de actuar como estructura criminal, y así, “la norma milita en contra del desmonte real del paramilitarismo sin que se logre efectivamente la consecución de la paz”.

Sobre dicha acusación el señor Procurador considera que “la censura a las citadas normas se edifica en los efectos prácticos que en criterio de los demandantes puede llegar a tener un proceso de desmovilización individual, más no en el contenido normativo y efecto real de tales disposiciones”.

Al respecto la Corte encuentra que efectivamente los demandantes estructuran la acusación contra los artículos 9º y 11 de la Ley 975 de 2005 a partir de un juicio de conveniencia de las normas demandadas y no de su confrontación con las normas superiores. Desde esta perspectiva la acusación así formulada no satisface el presupuesto de pertinencia a que ha aludido reiteradamente la Jurisprudencia (27) .

Ahora bien, en relación con la supuesta vulneración del artículo 13 superior, igualmente invocado la Corte encuentra que los actores no expone ningún desarrollo específico en relación con dicha vulneración que permita a la Corte examinar la acusación así formulada.

Al respecto la Corte ha señalado que si bien el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad no está sujeta a rigorismos mayores la configuración de un cargo de igualdad requiere un mínimo de desarrollo que permita a la Corte establecer los términos de comparación propuestos por el actor, así como los fundamentos concretos en que sustenta el actor su acusación.

Dado que esos elementos mínimos no se encuentran reunidos en el presente caso el juicio de constitucionalidad sobre este punto no puede llevarse a cabo y lo que corresponde es inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.

En ese orden de ideas la Corte se inhibirá en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 9º y 11 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración de los artículos 13 y 22 superiores por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.3. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del numeral 4º del artículo 10 de la Ley 975 de 2005.

Los demandantes afirman que el numeral 10.4 del artículo 10 señala como un requisito para la desmovilización de los grupos armados organizados al margen de la ley que no impidan el ejercicio de los derechos considerados como políticos, creando con ello un condicionamiento negativo que si bien es constitucional, se convierte en una obligación de abstención, desconociendo que la interferencia en la garantía de los derechos políticos no solo cesa porque el grupo armado que lo impedía deje de hacerlo.

En ese sentido, a su juicio es claro que aunque se exija como requisito para la desmovilización el cese de las actividades que vulneran los derechos de participación política, el mero control territorial que han logrado los grupos armados organizados al margen de la ley muchas veces mediante el sometimiento y el uso de la violencia lo cual se logra entre otras por la interferencia en el normal desarrollo de las actividades políticas y electorales, conlleva a que los controles territoriales, electorales y proselitistas acompañados del uso de la presión armada se hayan internado dentro de las lógicas de vida comunitaria, de suerte que dichos controles no van a cesar por el simple acto de que los que portan las armas digan públicamente que las deponen, esto es, que se desmovilizan.

Hacen énfasis en que “así no se dé un constreñimiento armado directo, por ejemplo, para favorecer uno u otro candidato o impedir algún tipo de mecanismo de participación ciudadana, la sola presencia del grupo y la posibilidad que se le da a sus miembros para que, después de la desmovilización, participe en igualdad de condiciones en los espacios políticos con los otros ciudadanos y ciudadanas, desconoce las diferencias y dinámicas de subordinación que se conformaron históricamente entre la población civil y dichos grupos, y que, seguramente, no van a desaparecer por el solo hecho que sus miembros estén en un proceso de desmovilización”.

Consideran en consecuencia que se debe declarar la constitucionalidad condicionada del inciso 4º del artículo 10 de la Ley 975 ibídem, “en el entendido que el cese de toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita también se configura por la mera existencia del grupo armado organizado al margen de la ley en ciertas zonas territoriales”.

Al respecto el señor Procurador pone de presente que el numeral acusado establece que abstenerse de adelantar cualquier acción que interfiera, de algún modo, en el ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas, es una condición insalvable para acceder a los beneficios consagrados en al Ley 975 de 2005, de suerte tal que no es posible que el artículo demandado se interprete en la forma planteada por los demandantes, es decir, que bajo su amparo los grupos al margen de la ley continúen establecidos en la zona en donde venían operando, presionen o intervengan desde allí en actividades proselitistas (28) . Igualmente destaca que el mandato del artículo acusado contiene la prohibición que extrañan los demandantes, pues es clara la norma cuando advierte que el grupo debe cesar toda interferencia en el libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita, comprendiendo en este concepto cualquier comportamiento o delito que atente contra el ejercicio de los mecanismos de participación democrática (título XIV, capitulo único de la L. 599/2000).

Para la Corte es claro que en el presente caso la acusación formulada por los demandantes en contra del numeral 10-4 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 no solo se estructura a partir de una interpretación de la disposición acusada que no se desprende de su contenido, sino que plantea un problema de aplicación, lo que hace que incumpla los requisitos de certeza y de pertinencia que ha señalado la jurisprudencia como requisitos mínimos para considerar que un cargo de inconstitucionalidad resulte apto para llevar adelante el juicio respectivo.

En efecto, la argumentación planteada por los actores en este apartado versa sobre las consecuencias prácticas que en su criterio pueden desprenderse de la aplicación del numeral acusado. Por ende, para el presente caso no se está ante la oposición entre dicho numeral y las normas constitucionales que se estiman violadas, sino ante la presunta contradicción entre las disposiciones de la Carta y las consecuencias de índole práctico y particular que los actores infieren de la aplicación de la disposición demanda. Inferencia que además no encuentra sustento en el contenido del numeral demandado que señala claramente la obligación de cesar toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquier otra actividad ilícita.

Así las la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra del numeral 10-4 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.4. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del numeral 10-5 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005.

Para los actores en cuanto el numeral 10.5 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 señala como requisito para la desmovilización colectiva de los grupos armados organizados al margen de la ley el que no se hayan organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito, ello da lugar a interpretar que en caso de que se cumpla con dicho requisito se entiende que los citados delitos serán subsumidos por la pertenencia del miembro al grupo armado.

En esos términos, precisan que se puede afirmar que existe una conexidad entre los delitos de tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito con la pertenencia al grupo, teniendo como argumento que el miembro del mismo que haya cometido esas conductas punibles al no organizarse estrictamente para su comisión, en el mejor de los casos recibirá pena alternativa por los mismos o en el peor su responsabilidad respecto de estos será obviada porque fueron simplemente herramientas para la consecución de otros fines, de forma tal que “esa norma se hace más grave en la realidad colombiana en que de manera pública se ha denunciado la compra y venta de frentes y bloques paramilitares por reconocidos capos del narcotráfico que pretende por esta vía sustraerse de la justicia nacional o internacional frente a un delito internacional como es el narcotráfico”.

Al respecto el señor Fiscal General de la Nación advierte que la acusación formulada parte de una interpretación subjetiva de los demandantes y no del texto de la disposición acusada, al tiempo que no toma en cuenta el contexto normativo en el que se inserta, al tiempo que para el señor Procurador de la misma no se desprende la vulneración invocada por los demandantes.

Sobre este punto la Corte encuentra que efectivamente como advierte el señor fiscal la acusación formulada incumple los requisitos de certeza y pertinencia a que alude la jurisprudencia.

Al respecto, ha de reiterarse que la certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación posible del texto acusado. Así mismo ha de recordarse que la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.

Ahora bien, los demandantes en el presente caso hacen en efecto una particular interpretación de la disposición acusada que los lleva a concluir que ella permitiría que se exima totalmente de responsabilidad a las personas que hayan participado en actividades de narcotráfico por el simple hecho de la pertenencia a un grupo armado que no haya sido creado para tal fin y que se desmoviliza, así como por ser una simple herramienta para otros fines. Interpretación frente a la cual advierten que la aplicación de tal disposición así entendida traería graves consecuencias para el país.

Dado que en manera alguna la disposición acusada puede interpretarse en el sentido que señalan los demandantes y que es a partir de esa interpretación que los actores estructuran su acusación, es claro para la Corte que la misma no permite que se adelante el juicio de constitucionalidad.

Así, la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra del numeral 10-5 del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.5. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra de la expresión “no” contenida en el parágrafo 2º del artículo 23 de la Ley 975 de 2005.

En lo relativo al término “No” que hace parte del parágrafo 2º del artículo 23 de la Ley 975 de 2005 (29) , los actores afirman que dicha expresión permite que los responsables por la comisión de diferentes delitos accedan a los beneficios judiciales sin que se haya garantizado el derecho a la reparación integral, de forma tal que “se rompe el nexo causal estipulado en el objeto de la ley demandada, el cual se puede interpretar bajo la idea según la cual se otorgan beneficios a quienes colaboran eficazmente a la consecución de la reconciliación nacional y a garantizar los derechos de las víctimas, entre ellos, el derecho a la reparación integral”, desconociéndose además que la garantía del derecho a la reparación integral es una obligación general que recae en cabeza exclusivamente del Estado colombiano, deber que por demás es inexorable.

Al respecto el señor Procurador advierte que los demandantes no señalaron con claridad y coherencia cuáles son las razones por las cuales estiman que dicha disposición no permite garantizar el derecho a la reparación integral, y, además, desconocen por completo el contenido normativo de la previsión legal que se demanda, que simplemente señala la procedencia del beneficio jurídico cuando la víctima motu proprio se abstiene de ejercer sus derechos dentro del incidente de reparación integral, de tal forma que, en ningún momento el parágrafo acusado hace referencia a condiciones o prohibiciones a las víctimas que incidan en la efectividad de su derecho a obtener la reparación integral.

Sobre este punto ha de señalarse nuevamente que la certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Así mismo ha de señalarse una vez mas que la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto o el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.

Ahora bien, los demandantes en el presente caso para formular su acusación en contra de la expresión no contenida en el parágrafo 2º del artículo 23 concluyen que la posibilidad de no impedir la concesión de los beneficios señalados en la ley a pesar de que motu proprio la víctima decida no ejercer su derecho en la instancia del incidente de reparación comporta la negación de los derechos de la víctima al reconocimiento de una indemnización.

Dado que en manera alguna la disposición acusada puede interpretarse en el sentido que señalan los demandantes y que es a partir de esa interpretación que los actores estructuran su acusación, es claro para la Corte que la misma no permite que se adelante el juicio de constitucionalidad.

4.3.6. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra de las expresiones “que se destinarán a la reparación” contenidas en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005.

Como lo pone de presente el señor Procurador en relación con la acusación formulada en la demanda en contra de las expresiones “que se destinarán a la reparación” contenidas en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, cabe señalar que si bien los demandantes las resaltan como acusadas ningún reproche se formula en su contra pues la acusación en este punto los actores la limitan a controvertir la constitucionalidad de las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el primer inciso del mismo artículo.

Según los actores en efecto, del contenido material de las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” y “que se destinarán a la reparación”, es claro que la interpretación que le da la Ley al derecho de reparación integral se limita a la indemnización económica y moral dejando por fuera otra cantidad de elementos necesarios para su garantía real. Por tanto afirman, dicho aparte acusado debe ser declarado constitucional de manera condicionada en el entendido que las obligaciones allí previstas deben incluir la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y la adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Así las cosas dado que en relación con las expresiones “que se destinarán a la reparación” acusadas, si bien se mencionan, ningún desarrollo específico es planteado en la demanda respecto de su inconstitucionalidad, la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo y así lo señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.7. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del artículo 30 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración del artículo 13 superior.

Según los actores el artículo acusado vulnera el derecho a la igualdad, al permitir que las condenas se purguen en lugares con condiciones de seguridad y demás “similares” a las del Inpec, con ello las penas alternativas no se pagarán en cárceles como lo hacen los demás reclusos sino que incluso se les permite que las condenas se cumplan en el exterior, privilegiando de esa manera a quienes han cometido graves crímenes con cárceles especiales en Colombia o en el exterior.

Al respecto la Corte recuerda que en la Sentencia C-370 de 2006 la Corte declaró la exequibilidad condicionada del inciso segundo del artículo treinta frente al cargo formulado en ese proceso (30) en el entendido “que los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec” y en ese orden de ideas la acusación formulada por el actor en el presente proceso parte de un contenido normativo diferente al que actualmente tiene la norma luego de la referida sentencia y por tanto necesariamente no atiende el presupuesto de pertinencia señalado por la Jurisprudencia.

Adicionalmente la Corte reitera, como ya lo ha señalado en esta providencia, que si bien el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad no está sujeta a rigorismos mayores la configuración de un cargo de igualdad requiere un mínimo de desarrollo que permita a la Corte establecer los términos de comparación propuestos por el actor en el proceso de constitucionalidad, así como los fundamentos concretos en que este sustenta su acusación. Frente a la acusación formulada la Corte no encuentra tampoco dichos desarrollos y en este sentido dado que esos elementos mínimos no se encuentran reunidos en el presente caso el juicio de constitucionalidad sobre este punto no puede llevarse a cabo y lo que corresponde es inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo al respecto.

En ese orden de ideas la Corte se inhibirá en relación con la acusación formulada por los demandantes en el presente proceso en contra del artículo 30 de la Ley 975 de 2005 por la supuesta vulneración del artículo 13 superior por ineptitud sustancial de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.8. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra de las expresiones “nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto” contenidas en el artículo 45 de la Ley 975 de 2005.

Para los demandantes las expresiones acusadas restringen el derecho a la reparación integral que le asiste a las víctimas, en la medida en que limitan su cumplimiento a una sola acción tendiente a garantizarlo, desconociendo así que la reparación integral no se agota en el simple cumplimiento de los presupuestos señalados en el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, sino que dichos presupuestos deben ser entendidos en forma complementaria y conexa sin que ello signifique que el mero hecho de garantizar uno de ellos genere una reparación integral, ya que tal derecho siempre implica la adopción de medidas que tiendan a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.

Al respecto el señor Procurador advierte que mientras la disposición acusada dispone que “Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto”, con el fin de evitar el eventual abuso de este derecho, el cargo se estructura en que el derecho a la reparación tiene varios componentes que no pueden ser desconocidos por aquella disposición, planteamiento que en su criterio carece de coherencia, pues se refiere a un asunto distinto -el contenido de la reparación-, y parte de una consecuencia que de ninguna manera puede atribuirse al artículo demandado, como es el desconocimiento de todos aquellos componentes del citado derecho de las víctimas.

Sobre este punto encuentra la Corte que en efecto la acusación así formulada incumple el presupuesto de pertinencia señalado por la jurisprudencia pues la acusación se orienta a controvertir las expresiones acusadas por lo que ellas no regulan a saber los diferentes componentes de la reparación debida a las víctimas —aspecto que no es el objeto de la norma acusada— a tiempo que de las mismas se deriva una consecuencia que en manera alguna puede predicarse de ellas a saber que ellas comportan “que el mero hecho de garantizar uno de ellos genere una reparación integral”.

Así las cosas la Corte se inhibirá para emitir un pronunciamiento de fondo sobre este aspecto de la acusación y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4.3.9. Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del numeral 52.2 del artículo 51 de la Ley 975 de 2005.

Estiman los demandantes que el numeral acusado del artículo 51, configura una violación al derecho a la verdad que ostentan las víctimas, en la medida en que si se tiene presente lo previsto en la Ley 782 de 2002 —que complementa necesariamente la Ley 975 de 2005—, es claro que el informe que recae en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación solo podrá ser elaborado respecto de dos grupos armados organizados ilegales, esto es la guerrilla y las autodefensas, desconociendo así que la comisión tiene una constitución de origen estatal razón por la cual no puede ser neutral o imparcial respecto de los citados grupos armados organizados al margen de la ley pues sobre ellos es que precisamente va a elaborar el correspondiente informe.

Destacan además que en relación con los grupos guerrilleros es obvio que en tanto estos tienen como finalidad derrocar el régimen constitucional y legal vigente, son abiertos enemigos del Estado, lo que impide que la comisión referida pueda garantizar la imparcialidad en la elaboración del informe, igual situación de parcialidad se presenta “en caso que los grupos que se pretendan documentar en el informe sean los paramilitares, (...) pues dichos grupos tienen una conformación Estatal, particularmente, gracias al Decreto 3398 de 1965”.

En ese sentido, señalan que es claro entonces que si con el informe se pretende determinar la verdad sobre una de las partes de la negociación, no tiene sentido que este sea elaborado por un órgano del cual no se puede predicar neutralidad en relación con los grupos organizados al margen de la ley, constituyéndose así una violación al derecho a la verdad colectiva, pues dicho derecho no se garantiza solamente porque se hagan públicos los documentos que den cuenta de la historia de la guerra sino porque la información contenida en los mismos deba estar protegida por la confianza de la sociedad acerca de su concordancia con la realidad.

Al respecto la Corte constata que la acusación formulada en esos términos plantea un problema de aplicación a partir de supuestos que los demandantes infieren de la composición de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación. Composición que en si misma no es objeto de acusación pues el artículo 50 que la determina no fue incluido dentro de los textos acusados en la demanda. Así mismo la Corte constata que la misma presupone una serie de actuaciones contrarias a los deberes propios de los servidores públicos que de ella hacen parte, así como un supuesto direccionamiento de las conclusiones de informe público cuya preparación se incluye dentro de las funciones de la referida comisión que remite claramente a supuestos que desbordan claramente el ámbito que corresponde examinar a la Corte dentro del juicio de constitucionalidad.

La falencia reseñada explica, adicionalmente, la falta de pertinencia de las razones que sustentan la censura sujeta a examen. En efecto, la argumentación planteada por los actores en este apartado versa sobre las consecuencias prácticas que en su criterio podrían desprenderse de la aplicación de la disposición acusada, al igual que de otras disposiciones que no fueron objeto de la demanda, concretamente las que establecen la composición de la Comisión Nacional de Reparación y reconciliación. Por ende, para el presente caso no se está ante la oposición entre la disposición acusada y las normas constitucionales que se estiman violadas, sino ante la presunta contradicción entre las disposiciones de la Carta y las consecuencias de índole práctico y particular que los actores infieren de la aplicación de las disposiciones demandas y de otras que, se insiste, no fueron objeto de la acción pública.

En ese orden de ideas resulta evidente que no se dan los presupuestos para que la Corte se pronuncie de fondo sobre la acusación así planteada por lo que la Corte se inhibirá y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

5. Reiteración de los criterios señalados en la sentencia C-370 de 2006 en relación con el contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano, así como con las pautas que ha de seguir el juez constitucional cuando se trata de ponderar la relación entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos constitutivas de delito, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.

Para efectos del análisis de los cargos respecto de los cuales corresponde pronunciarse a la Corte en la presente sentencia cabe precisar que la corporación se remite a las consideraciones hechas en la Sentencia C-370 de 2006 que sirvieron en esa ocasión de marco conceptual para el análisis de la constitucionalidad de la Ley 975 de 2005 que ahora es nuevamente objeto de demanda. Consideraciones que se referían al contenido de los derechos a la paz, la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano, así como a las pautas que ha de seguir el juez constitucional cuando se trata de ponderar la relación entre la paz, la justicia y los demás derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos constitutivas de delito.

Concretamente la Corte remite a las consideraciones hechas en esa ocasión en relación con el derecho a la Paz —apartado 4.1—; la justicia de transición hacia la paz en una democracia con instituciones judiciales estables y sólidas —apartado 4.2.—; los tratados vinculantes para Colombia —apartado 4.3— el alcance interpretativo de la jurisprudencia interamericana relativa al derecho a la justicia, a la investigación y conocimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición —apartado 4.4.—

En similar sentido han de recordarse las consideraciones hechas en relación con el “Conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, proclamados por la ONU en 1998 —apartado 4.7.—, así como los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —apartado 4.8.—.

Igualmente la Corte remite a las consideraciones hechas en torno a la justicia y los derechos de las víctimas en la jurisprudencia constitucional colombiana. 4.9. y a la necesidad de aplicar el método de ponderación para resolver los cargos formulados en la demanda. términos en los que se habrá de realizar su aplicación y el respeto al margen de configuración del legislador. —apartado 5—.

Dichas consideraciones necesariamente son las mismas que la Corte toma en cuanta para el análisis que efectúa a continuación.

Ahora bien, dado que los actores en el presente proceso invocan numerosas disposiciones internacionales como sustento de su acusación no sobra precisar que como lo ha señalado de manera reiterada la jurisprudencia y como se recordó en la referida Sentencia C-370 de 2006 para efectos del control de constitucionalidad que corresponde efectuar a la Corte habrán de tenerse en cuanta como referentes para el mismo solamente aquellas disposiciones que conforman el bloque de constitucionalidad —específicamente los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción—, sin perjuicio de que la corporación pueda acudir en armonía con el mandato del artículo 93 superior a otras disposiciones internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia para efectos de interpretación de los derechos y deberes a que alude la Constitución y que son en este caso objeto de la Ley 975 de 2005 sub examine.

6. Análisis de los cargos.

Para efectos del análisis que corresponde efectuar en la presente sentencia la Corte agrupará los cargos formulados en función de las temáticas que ellas abordan y en particular i) los cargos que aluden al concepto de víctima y a la protección en general de sus derechos ii) los cargos que aluden a la eventual vulneración del derecho a la justicia, iii) los cargos que aluden a la eventual vulneración del derecho a la verdad, iv) los cargos que aluden a la eventual vulneración del derecho a la reparación.

6.1. El análisis de los cargos que aluden al concepto de víctima y a la protección en general de sus derechos.

6.1.1. El análisis de la acusación formulada en contra del cuarto inciso del artículo 5 de la Ley 975 de 2005.

Para los demandantes la disposición acusada genera una discriminación en la medida en que considera como víctimas a los miembros de la fuerza pública, dando lugar entonces a que ya no existan dos bandos claramente diferenciados, que se enfrentan en el marco de un conflicto armado sino que solo habría un actor “que le causa mal a otro”, en este caso a la fuerza pública, por tanto se parte del supuesto que Colombia no sufre un conflicto armado sino que la fuerza pública es objeto de enemigos de las instituciones, caso típico de la delincuencia organizada y no de una confrontación interna. Así entonces, advierten que “cuando se hace alusión a que las consecuencias propias de las hostilidades recaen en la fuerza pública, la convierte automáticamente en una víctima de un grupo delincuencial y desconoce a su paso la existencia de otros actores armados en el conflicto interno”.

Afirman que de esta manera se desconoce lo previsto en el artículo 3º común a los convenios de Ginebra y el Protocolo adicional de los convenios de Ginebra, pues dicha disposición establece expresamente dos grupos de personas que hacen parte de los conflictos armados a saber, aquellos que no participan directamente en las hostilidades y aquellos que sí (Derecho de la guerra - principio de distinción).

Consideran entonces, que el inciso 4º del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, debe ser declaro exequible de manera condicionada, en el entendido que los miembros de la fuerza pública serán considerados como víctimas cuando hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica, y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, solo cuando hubieran depuesto las armas, estuvieran por fuera de combate por enfermedad, herida o detención o por cualquier otra causa, o no estuvieran participando de las hostilidades, en caso contrario no pueden ser considerados como tales.

El Ministro del Interior y de Justicia asegura que la determinación de “la victima que hace el legislador responde al margen de configuración que le reconoce la Constitución y se encuentra acorde con los mandatos constitucionales, sin implicar discriminación alguna”. Afirma que el simple tenor literal de las normas internacionales se colige que la definición de víctima presenta una concepción amplia no condicionada por el entorno socio-político ni por aspectos circunstanciales referidos a la investidura del sujeto pasivo de una infracción. En este contexto afirma los miembros de las fuerza pública sí pueden ser considerados víctimas.

Para el interviniente del Ministerio de Defensa los demandantes formulan su acusación, sobre una contradicción fundamental, a saber, reconocer que los soldados y policías caídos, heridos o secuestrados son actores del conflicto puestos fuera de combate y por lo tanto personas que adquieren un estatus de protección a la luz de los convenios de Ginebra y en sus protocolos adicionales, pero al mismo tiempo el reproche a la disposición acusada pretende condicionar la posibilidad de que el Estado les conceda la condición de víctimas y un estatus jurídico consecuente con esta situación cuando precisamente el derecho internacional humanitario les confiere una protección especial una vez son puestos fuera de combate y han sufrido alguna lesión en el cuerpo y en la salud.

Explica que de conformidad con la doctrina internacional el sistema de protección de los convenios de Ginebra se basa en que “las personas protegidas” deben ser respetadas y protegidas en todas las circunstancias y recibir un trato humano sin distinción alguna de índole desfavorable basada en el sexo, la raza, la nacionalidad, la religión, las opiniones políticas o cualquier otro criterio análogo, toda vez que, el trato humano comprende una actitud que debe tender a garantizar a las personas protegidas una existencia digna a pesar de las circunstancias por las que estén pasando, es así como las normas internacionales “prohíben cualquier forma de discriminación hacia las personas protegidas. Negarles el carácter de víctimas a los miembros de la fuerza pública afectados y las medidas de reparación y protección a sus núcleos familiares es imponer una forma de discriminación”.

En ese entendido, el interviniente advierte que no es muy claro el objetivo o la necesidad de la declaración de constitucionalidad condicionada del artículo 5º acusado, solicitada por los demandantes, si se tiene en cuenta que la consecuencia natural, inevitable y consustancial de la lesión física o psíquica de un miembro de la fuerza pública es la imposibilidad obvia de participar en las hostilidades y su necesaria protección.

Por su parte el Fiscal General de la Nación considera que el inciso 4º del artículo 5º acusado no vulnera lo previsto en el numeral 1º del artículo 3º común de los convenios de Ginebra. Precisa que los actores desconocen que dicha disposición internacional se refiere a unos mínimos obligatorios, de modo que la legislación interna bien puede extender la protección como víctimas a los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones, discapacidad o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de la acción de los grupos armados ilegales. Precisa que a pesar del conflicto armado la fuerza pública continúa siendo el órgano legal de defensa de la sociedad y el Estado, mientras que los grupos armados irregulares siempre incurran en los delitos de rebelión o sedición, y si pretenden someterse a la ley de justicia y paz, se les investiga y juzga como sujetos activos de tales conductas punibles, y otras cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo y, como consecuencia también deberán reparar a las víctimas de la fuerza pública.

Por el contrario para el señor Procurador (E) los miembros de la fuerza pública no pueden ser incluidos en la definición de víctima a que alude el artículo 5º de la Ley 975 ibídem. Explica que la inclusión en dicho artículo de los miembros de las fuerzas armadas que hayan sufrido lesiones o menoscabo de sus derechos como consecuencia de la acción de los grupos armados al margen de la ley, “es contraria a las normas del Derecho Internacional Humanitario, en la medida en que este les reconoce a los miembros de las fuerzas armadas que hayan padecido algún daño en la confrontación, el status de combatiente, y los excluye del ámbito de aplicación del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional”. En consecuencia, solicita la declaratoria de inexequibilidad, de los incisos cuatro y cinco del artículo 5º de la Ley 975 de 2005 declaración que en su criterio “no afecta los derechos de estos, pues, por su especial función, son protegidos por el Estado a través de otras normativas”.

Precisa que resulta inaceptable que los miembros de la fuerza pública o sus familiares deban recurrir al Fondo de Reparación de que trata la ley aludida, para obtener las indemnizaciones a que haya lugar por su participación y daños sufridos en combate o con ocasión del mismo, como se derivaría de la aplicación del artículo acusado, cuando el Estado tiene establecido para ellos instituciones y mecanismos especiales e idóneos para tal fin.

Al respecto la Corte recuerda que como se señaló en la Sentencia C-225 de 1995 los convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos I y II a ellos integrados hacen parte del bloque de constitucionalidad y resultan vinculantes para efectos del control de constitucionalidad efectuado por la Corte.

Sobre este punto la Corte señaló en efecto lo siguiente:

“Ahora bien, el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Esta Corte ha precisado que para que opere la prevalencia tales tratados en el orden interno, “es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción” (31) . En tales circunstancias es claro que los tratados de derecho internacional humanitario, como los convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo I, o este Protocolo II bajo revisión, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen derechos humanos que no pueden ser limitados ni durante los conflictos armados, ni durante los estados de excepción. Además, como lo señaló esta corporación en la revisión del Protocolo I, y como se verá posteriormente en esta sentencia, existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución colombiana y los convenios de derecho internacional humanitario, puesto que todos ellos reposan en el respeto de la dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que “las disposiciones del derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados” (32) .

En la misma sentencia se puso de presente que el artículo 3º común a dichos convenios -aprobado por Colombia por medio de la Ley 5ª de 1960, ratificado el 8 de noviembre de 1961- contiene una serie de obligaciones para las partes en conflicto (33) , las cuales son reproducidas y ampliadas por el articulado del Protocolo II (34) , el cual junto con la respectiva ley aprobatoria fue objeto de examen por la Corte en la referida sentencia.

Ahora bien frente al texto de dichas disposiciones internacionales —que son los que invocan los demandantes y los diferentes intervinientes— la Corte constata que ninguna oposición se configura entre estas y el inciso cuarto del artículo 5º de la Ley 975 de 2005 acusado, pues de las mismas no se desprende una prohibición para el Estado colombiano de conceder o atribuir el estatus de víctima a los miembros de la fuerza pública en las circunstancias a que alude la ley referida.

Ha de tenerse en cuenta en efecto que en dichos textos se señalan, como lo pone de presente el señor Fiscal General de la Nación, es una serie de obligaciones mínimas que se imponen a los Estados en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes y que están encaminadas esencialmente a proteger a la población civil y en general a todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa.

Así mismo cabe recordar que en el protocolo invocado se señala que el mismo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en el mismo “distinción de carácter desfavorable”), a todas las personas afectadas por el conflicto armado en los términos a que en el se alude (35) . Es decir que del propio protocolo se desprende que en este campo no cabe hacer discriminaciones en relación con las personas afectadas por el conflicto, dentro de los cuales necesariamente han de incluirse los propios combatientes.

Tampoco encuentra la Corte que con ello se vulnere el principio de distinción —entre la sociedad civil y los combatientes— a que se aludió en la misma Sentencia C- 255 de 1995 (36) pues en el presente caso de lo que se trata no es de asimilar a los civiles con dichos combatientes para someter a los civiles a una situación de aquellas que precisamente prohíben los textos internacionales citados, sino que se trata es simplemente del otorgamiento a los miembros de la fuerza pública para efectos de la ley sub examine del carácter de víctimas.

Se trata pues mas bien de una norma interna más garantista que las previstas en el ordenamiento internacional.

Obviamente dicho reconocimiento, no comporta la posibilidad de que en estos casos se reciba una doble indemnización sino que necesariamente alude a una protección que complementa la prevista en el régimen de seguridad social y se refiere solamente a los riesgos que no están cubiertos por el régimen de seguridad social de la fuerza pública.

En ese orden de ideas frente al cargo planteado por la supuesta vulneración de el artículo 3º común a los convenios de Ginebra y del Protocolo II que lo desarrolla la Corte encuentra que la acusación planteada en ese sentido por los demandantes no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.1.2. El análisis de la acusación formulada en contra de la expresión “promover” contenida en los artículos 4º y 7º de la Ley 975 de 2005.

Para los demandantes el Estado colombiano en desarrollo del proceso de reconciliación nacional previsto en la Ley 975 de 2005, tiene la obligación de garantizar efectivamente los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra so pena de ser declarado responsable nacional e internacionalmente como negligente a la hora de cumplir con el marco normativo que al respecto existe en el ámbito interno y externo.

Ahora bien, a su juicio la expresión “promover” que el legislador incluyó en los artículos 4º y 7º de la Ley 975 de 2005 (37) puede entenderse como una posibilidad “indeterminada” y “discrecional” respecto de los derechos de las víctimas cuya protección se encuentra en cabeza del Estado lo que la hace inconstitucional, toda vez que la responsabilidad estatal en materia de promoción del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación no consiste en una simple posibilidad discrecional sino en una obligación inexorable que debe ser cumplida a cabalidad.

Así pues, consideran que la expresión “promover” debe ser declarada exequible de manera condicionada, en el entendido, que la misma no puede ser aducida para no garantizar debidamente los derechos de las víctimas de graves violaciones a los DDHH, crímenes de lesa humanidad y de guerra.

En similar sentido se pronuncia el director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos para quien dicha expresión promover no honra la obligación de garantizar los derechos humanos garantizada por Colombia al suscribirlos tratados sobre la materia.

Por su parte el señor Fiscal y el señor Procurador General de la Nación señalan que contrario a lo afirmado por los accionantes, no puede afirmarse que a través de las expresiones acusadas el Estado se exonere de los correlativos deberes que le imponen los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, ni que el deber constitucional de adelantar la acción penal para investigar los delitos y conocer la verdad quede a la liberalidad de los funcionarios judiciales.

Al respecto la Corte debe señalar que del análisis gramatical ni menos aún del análisis sistemático de las disposiciones acusadas en el contexto normativo en que ellas se insertan se desprende que la expresión “promover” comporte la introducción de elementos de indeterminación o de discrecionalidad para los servidores encargados de darles cumplimiento o que con ello se libere al Estado de sus deberes y obligaciones respecto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En efecto, como lo recuerda el señor Procurador de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la primera acepción de la expresión “promover” es “iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro” al tiempo que igualmente figura dentro como otra de sus acepciones la de “Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo” (38) . Con lo que es claro que en si misma la expresión acusada no excluye que se asegure la realización de los derechos que en este caso se encuentran comprometidos.

A su vez ha de tomarse en cuenta que las disposiciones acusadas se inscriben en un contexto normativo en el que en manera alguna puede darse la interpretación a que aluden los demandantes Así, de acuerdo con el artículo primero de la Ley 975 de 2005 la misma “tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” —resalta la Corte—. A su vez el segundo inciso del artículo segundo de la misma Ley señala que “La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberánrealizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia” —resalta la Corte—.

A ello debe sumarse que como lo señaló la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 la alternatividad a que alude el artículo 3º de la Ley 975 de 2005 (39) ha de entenderse establecida en el sentido de que “la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición” —resalta la Corte—.

Desde esta perspectiva es claro para la Corte que no pueden en manera alguna interpretarse las disposiciones en que se contiene la expresión acusada en un sentido que desconozca el cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus deberes y obligaciones frente a las víctimas respecto de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en armonía con las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales que de acuerdo con ellas este ha adquirido en estas materias.

Dado que ello es así no resulta pertinente ni la declaratoria de inexequibilidad ni el condicionamiento planteado por los demandantes.

Así las cosas ha de concluirse sobre este punto que el cargo planteado por los actores en contra de la expresión “promover” contenida en los artículos 4º y 7º de la Ley 975 de 2005 no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. |

6.1.3. El análisis de la acusación formulada en contra de la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34.

Para los actores, la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34 de la Ley 975 de 2005 (40) establece en relación con las funciones de la Defensoría del Pueblo, en el marco de la referida ley diferencias entre las que se asignan a ella respecto de los imputados, los acusados y condenados, frente a las que se asignan en relación con las víctimas, desconociendo así en su criterio que no se puede crear una diferenciación del papel que cumple la Defensoría del Pueblo en los procesos especiales a los que se refiere la Ley 975 de 2005, pues con ello se vulnera la tutela efectiva de los derechos de las partes en el proceso, de forma tal que si se tiene en cuenta que “el derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 superior, en caso de las víctimas, tiene como fin que las mismas puedan exigir sus derechos al interior del proceso judicial, establecer medidas diferenciadas para un órgano estatal respecto de uno u otro actor dentro del proceso, desconoce que es un deber del Estado ofrecer un recurso eficaz y establecer las condiciones óptimas para que el mismo sea usado de la mejor forma”.

Precisan que la expresión “asistirá” debe ser utilizada en otros términos que generen una mayor vinculación, o en otra palabras, que no creen una diferenciación en las funciones de la Defensoría del Pueblo respecto de las víctimas, frente a los imputados, acusados y condenados y para ello solicitan que sea declarada exequible en forma condicionada en el entendido que debe ser interpretada y aplicada en las mismas condiciones que el verbo “garantizar” como es usado en el artículo 34 acusado para dichos imputados, acusados y condenados.

Al respecto el señor Procurador manifiesta que “la interpretación con base en la cual se formula el cargo, se edifica en dos errores, de una parte en un análisis y comprensión fragmentada y no sistemática de los derechos de las víctimas y de los mecanismos implementados en la ley para su garantía, y en el considerar que si la norma no vincula a la Defensoría en la protección de los derechos de la víctima este organismo no está comprometido en esta labor”, de suerte tal que es absolutamente innecesario hacer el condicionamiento que reclaman los actores, por cuanto la Defensoría del Pueblo, por disposición constitucional, tiene a su cargo la defensa, garantía y promoción de los derechos fundamentales y entre estos los de las víctimas —art. 282 C.P.—, especialmente si se tiene en cuenta que el sentido del artículo 34 acusado es determinar que las víctimas podrán contar con la asistencia de la Defensoría del Pueblo para la reclamación y ejercicio de sus derechos.

Sobre este punto la Corte deber precisar que en la Sentencia C-370 de 2006 la Corte al analizar la acusación formulada en contra de la expresión “presente” —que declaró inexequible— del segundo inciso del referido artículo 34 puso en evidencia que el propósito del capítulo en el que se contiene dicho artículo —“Capítulo VII instituciones para la ejecución de la presente ley”— es el de establecer toda una estructura de apoyo para la ejecución de la Ley 975 de 2005 y la promoción y defensa de los derechos de las víctimas.

Allí se destacó que las víctimas integran, sin duda, uno de los sectores más vulnerables de la población frente al cual la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, puede desarrollar toda una gama de posibilidades de asesoría, asistencia y protección, en desarrollo de las facultades que le han sido atribuidas por las leyes que se ocupan de esta importante institución. Por ello consideró que la expresión “presente” introducía una severa restricción a las posibilidades de asistencia a las víctimas por parte de la Defensoría del Pueblo, lo cual riñe con la concepción amplia de los derechos de las víctimas a la cual se hizo extensa y reiterada referencia en la citada sentencia y en consecuencia declaró su inexequibilidad.

En ese orden de ideas el análisis que corresponde hacer ahora frente a la acusación formulada en el presente proceso frente a una expresión diferente del mismo inciso segundo del artículo 34 debe hacerse a partir del texto que actualmente rige luego de la Sentencia C-370 de 2006 es decir “La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la ley”.

Ahora bien, a partir de ese nuevo texto es claro que la acusación formulada a partir de la diferencia de tratamiento que los actores consideran se establece en el referido artículo 34 con la introducción en él de la expresión “asistirá” si se le compara con las previsiones establecidas en la misma norma para el caso de los imputados, acusados y condenados, pierde claramente su fundamento.

En efecto dado que la función que debe cumplir la Defensoría del Pueblo no se encuentra limitada a lo señalado en la Ley 975 de 2005 sino que debe entenderse que ella se cumple en el marco de la ley y de las funciones que la Constitución le asigna (C.P., art 282) (41) dentro de las que se encuentra precisamente la de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos y particularmente orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos así como organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley, es claro que de la expresión acusada en manera alguna puede desprenderse un entendimiento de la norma que limite o haga menos vinculantes para dicha institución sus deberes para con las víctimas.

Víctimas respecto de las cuales, como se reiterará mas adelante, no cabe ninguna duda del claro compromiso del Estado colombiano en la protección de sus derechos ya no limitada simplemente al concepto de indemnización económica.

Así las cosas la Corte constata que el cargo formulado en contra de la expresión “asistirá” contenida en el segundo inciso del artículo 34 de la Ley 975 de 2005 no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.1.4. El análisis de la acusación formulada en contra de las expresiones “impulsará” y “asistencia” contenidas en el artículo 36 de la Ley 975 de 2005.

A juicio de los actores, la expresión “impulsará” contenida en el artículo 36 de la Ley 975 de 2005 da a entender que la obligación allí prevista a cargo de la Procuraduría General de la Nación es de mero acompañamiento de los mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia de las víctimas, lo que constituye —en su criterio— una simple obligación de medio y no de fin, en cuyo caso desconoce que la participación de las víctimas en los procesos judiciales no puede tener tal connotación puesto que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la administración de justicia de las víctimas, en ese sentido, se genera un incumplimiento de un deber constitucional e internacional cual es garantizar y no solamente impulsar el acceso de las víctimas a los procesos judiciales. Así mismo afirman que el sentido que le quiso dar el legislador al término “asistirá” tiene como fundamento permitir que organizaciones sociales asistan humanitariamente a las víctimas del conflicto, y que si ello se interpreta así existe una vulneración al derecho fundamental a la reparación pues es claro que el Estado que se ha comprometido internacionalmente a garantizar ese derecho no puede transmitirlo a agentes privados por muy “defensable que sea su accionar”.

Al respecto la vista fiscal al tiempo que advierte que la acusación parte de presupuestos errados sobre el contenido del artículo y su finalidad, precisa que es absolutamente claro que el artículo 36 de la Ley 975 de 2005, en ningún momento traslada a los particulares las obligaciones que le competen a las autoridades públicas, sobretodo cuando la misma Ley se encarga de distribuir competencias entre los distintos organismos estatales que participan en lograr la reparación efectiva de las víctimas (arts. 47 inc. 2º, 49 y 55 ídem).

Al respecto la Corte encuentra que efectivamente los demandantes no toman en cuenta en la formulación de su acusación el contexto normativo dentro del cual se encuentra inserto el artículo 36 del que hacen parte las disposiciones que acusan como tampoco que el objetivo del mismo artículo no guarda relación ni con el cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la Nación en el ámbito del proceso penal ni con la regulación en la ley del tema de la reparación a las víctimas.

En efecto cabe recordar que el referido artículo se encuentra inserto dentro del capítulo VII sobre “instituciones para la ejecución de la presente ley” en el que se señalan competencias para Los tribunales superiores de distrito judicial (art. 32), La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (art. 33), la Defensoría Pública (art. 34), la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz (art. 35) y el artículo 36 aludido en el que se señalan competencias a la Procuraduría General de la Nación en relación con la participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas.

Igualmente cabe destacar que el artículo 35 de la Ley 975 de 2005 establece que el Procurador General de la Nación creará, para los efectos de la presente ley, una Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, con competencia nacional, para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales —resalta la Corte—.

Es decir que en manera alguna puede entenderse que las disposiciones acusadas contenidas en el artículo 36 de la misma ley atinente a la promoción de mecanismos de participación de las organizaciones sociales de asistencia a las víctimas, puedan limitar de alguna manera el derecho de acceso de las víctimas a la administración de justicia en función de las competencias que se asignan a la Procuraduría General para promover la participación de dichas organizaciones sociales. Participación que obviamente ha de entenderse sin perjuicio de las funciones a las que la misma Ley 975 de 2005 y en general la Constitución y la Ley asignan a las instituciones a que se hace referencia en el citado capitulo VII.

Ahora bien concretamente en cuanto al supuesto traslado hacia las organizaciones sociales que la expresión “asistencia” implicaría de las obligaciones que corresponden al Estado en materia de reparación de las víctimas basta señalar que al respecto la propia ley señala en el capítulo X sobre “Derecho a la reparación de las victimas” no solo de manera expresa el deber general de reparar (art. 42) sino expresas competencia para el Fondo para la Reparación de las Victimas (arts. 42, 52) u para la Red de Solidaridad Social (art. 55).

En ese orden de ideas la Corte concluye que la acusación formulada en contra de de las expresiones “impulsará” y “asistencia” contenidas en el artículo 36 de la Ley 975 de 2005 no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.1.5. El análisis de la acusación formulada en contra de las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas”, contenidas en el numeral 38.2 del artículo 37.

Afirman los demandantes que las expresiones “cuando quieran que resulten amenazadas”, que hacen parte del numeral 38.2 del artículo 37 (42) , vulneran el derecho a la protección que tiene las víctimas de violaciones a los DDHH, de crímenes de lesa humanidad y de guerra, en la medida en que crea una limitación a la obligación general que tiene el Estado de proteger a esas personas víctimas del conflicto independientemente de la circunstancia que resulten o no amenazadas, puesto que la obligación de protección especial para las víctimas surge por la configuración de dicha situación y por tanto la ley no puede imponer un requisito adicional para que el Estado deba protegerlas so pena de incurrir en una negligencia que aumente la gravosa situación de incumplimiento.

Al respecto el señor Fiscal General de la Nación afirma que “la ley al referirse a la protección de las víctimas cuando resulten amenazadas, no pretende limitar el derecho a su protección, pues se trata de armonizar con el contenido del artículo 67 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002 (43) , norma a la que se acude como complemento tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley 975 de 2005 previendo expresamente la protección cuando se interviene en un proceso penal, cualquiera sea la calidad”.

Al respecto la Corte señala que las expresiones acusadas necesariamente deben interpretarse en un sentido de protección efectiva de los derechos de las víctimas —como se puso de presente en la Sentencia C-370 de 2006 en general respecto de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación— y en manera alguna como limitación o excusa para el Estado de garantizar esos derechos.

Desde esta perspectiva no cabría entender por ejemplo que el derecho en si mismo a la protección de la intimidad o a su seguridad y la de sus familiares o testigos a favor en el contexto del acceso a la administración de justicia pueda quedar supeditada a una valoración subjetiva de cualquier funcionario sobre su amenaza.

Dichos derechos en cuanto tales deben siempre estar protegidos y ello no en función solamente de la calidad de víctima sino de persona.

Ahora bien, en cuanto se refiere a una protección adicional o especial —que es necesariamente el sentido en que cabe entender introducidas por el legislador las expresiones acusadas es claro que como lo pone de presente el señor fiscal brindar una protección especial puede llegar a restringir los derechos de las personas concernidas y en este sentido solo es posible brindarla con el consentimiento de las mismas. Incorporar a una determinada persona o a un grupo de personas a un programa especial de protección exige además tomar en cuenta la condición de riesgo previsible en que ellas se encuentren, pues no tendría sentido exigir al Estado la incorporación a dichos programas a todas las personas que intervienen en el proceso penal independientemente de sus circunstancias. En ese orden de ideas dicha protección especial deberá efectivamente garantizarse cuando los derechos a que se ha hecho referencia se encuentren amenazados.

Así las cosas, dado que el único entendimiento que cabe dar a las expresiones acusadas es el que viene de señalarse la Corte encuentra que ellas no contravienen las normas superiores y en ese orden de ideas la Corte concluye que la acusación formulada en contra de de las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas”, contenidas en el numeral 38.2 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.1.6. El análisis de la acusación formulada en contra de la expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 del artículo 37, así como de la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del mismo artículo de la Ley 975 de 2005.

Para los demandantes la expresión “facilite”, que hace parte del numeral 38.4 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 vulnera el derecho de las víctimas a participar activamente dentro del proceso judicial desconociendo que el Estado colombiano está obligado a garantizar los derechos de estas en todos los niveles y por tanto la ley no puede establecer sobre el particular una simple obligación de medio, en ese entendido, el uso del verbo “facilitar” se entiende como una posibilidad indeterminada y discrecional respecto de los derechos de las víctimas en cabeza del Estado sin considerar que la responsabilidad estatal en esa materia de garantía no puede obedecer a una posibilidad discrecional sino que constituye por el contrario una obligación inexorable que debe ser cumplida.

A su vez advierten que la expresión acusada “definitiva”, que hace parte del numeral 38.6 del mismo artículo 37, impide que las víctimas accedan a la documentación recopilada durante el proceso judicial, por tanto la expresión acusada al establecer una restricción, en cuanto solo permite el acceso a los casos ya decididos definitivamente genera como consecuencia la imposibilidad de la víctima para actuar de alguna forma dentro del proceso como tal hasta tanto no haya una decisión en firme.

Al respecto tanto el señor fiscal como el señor Procurador advierten que los demandantes parten del supuesto errado de la imposibilidad para las víctimas de acceder al expediente judicial y por tanto los cargos formulados en este sentido no deben estar llamados a prosperar.

Sobre este punto la Corte constata que la censura de los demandantes en contra de las disposiciones aludidas se enmarca dentro de un cuestionamiento global a lo que consideran una precaria e incompleta garantía de acceso de las víctimas al proceso similar al que se formulara por los demandantes en el proceso que culminó con la Sentencia C-370 de 2006. En esa dirección entienden que el hecho de que las expresiones impugnadas aludan a la idea de facilitar la presentación de pruebas o reconozcan expresamente el derecho a conocer la decisión definitiva comportan la exclusión de las víctimas en otras fases del proceso o el carácter precario de su intervención en él.

Sobre este punto resulta entonces relevante recordar las consideraciones hechas por la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 al examinar un cargo en similar sentido en contra de otras disposiciones de la Ley 975 de 2005 (arts. 17,18 y 19).

Expresó la corporación:

“6.2.3.2.2.5. Esas restricciones que los demandantes acusan respecto de los derechos de las víctimas de acceder al proceso en las etapas señaladas, resultan meramente aparentes. El contenido de tales disposiciones en lo que tiene que ver con las facultades procesales de las víctimas exige una lectura concordada con otras disposiciones de la ley que regulan esta específica materia. En particular con las que se aglutinan bajo el capítulo VIII que regula los “Derechos de las víctimas frente a la administración de justicia” en el que se consagra sus derechos a “ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas” (38.4); a recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses, y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas (38.5) norma que deberá ser interpretada en el sentido establecido por la Corte en esta misma decisión; a ser informada sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal y a interponer los recursos cuando a ello hubiere lugar.

6.2.3.2.2.6. Adicionalmente el sistema de garantías procesales que la ley establece debe apoyarse en los principios que rigen la ley (art. 1º) conforme a los cuales uno de sus objetivos es garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia a la reparación, el cual se concreta en el enunciado del artículo 37 que establece que el estado “garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia.

6.2.3.2.2.7. De otra parte, la aplicación de la ley debe realizarse con sujeción a los desarrollos que la jurisprudencia constitucional, con base en el derecho internacional ha efectuado respecto del alcance de los derechos pocesales de las víctimas; conforme a ellos, como ya se señaló en otro aparte de esta decisión y se reitera aquí, el derecho a la justicia comporta un auténtico derecho constitucional al proceso penal (44) , y el derecho a participar en el proceso penal (45) , por cuanto el derecho al proceso en el estado democrático debe ser eminentemente participativo. Esta participación se expresa, por ejemplo, en “que los familiares de la persona fallecida y sus representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán derecho a presentar otras pruebas” (46) .

6.2.3.2.2.8. Así las cosas, encuentra la Corte que no es correcta la percepción de los demandantes en el sentido que las disposiciones acusadas excluyan una participación de la víctima en las diligencias que allí se regulan. Una visión sistemática de las normas relativas a las facultades procesales de la víctima en el marco de los principios que la animan y los desarrollos jurisprudenciales vigentes en la materia, permiten concluir que, contrario a lo afirmado en la demanda, la ley garantiza la participación de las víctimas en las diligencias de versión libre y confesión, formulación de imputación y aceptación de cargos. Conclusión que resulta reforzada por la clara opción de la ley por un sistema procedimental marcadamente acusatorio que se desarrolla a través de audiencias a las que no se puede obstruir el acceso de las víctimas”.

En ese orden de ideas debe reiterar la Corte que las disposiciones acusadas que se examinan en este acápite como todas las que regulan los derechos de las víctimas en el proceso penal, deben ser interpretadas conforme al estado actual de desarrollo que a partir de la jurisprudencia constitucional se ha producido en torno a esta materia. Desde esta perspectiva es claro que actualmente se encuentra superada la concepción reductora de los derechos de la víctimas a una simple pretensión indemnizatoria. La adaptación de los derechos de las víctimas a los estándares internacionales a través de la jurisprudencia (47) , comporta el reconocimiento de que los derechos universales a la verdad, la justicia y la reparación, llevan implícita la potestad de intervenir en todas las fases de la actuación, en desarrollo del derecho de acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Este acceso, en condiciones de igualdad, se deriva del carácter bilateral del derecho a un recurso judicial efectivo en virtud del cual los derechos de las víctimas no pueden verse menguados en relación con los que asisten al procesado. La consideración contemporánea de la víctima como protagonista activo del proceso, conduce al goce de estándares de protección similares a los de otros intervinientes en el proceso.

En consecuencia, el hecho de que una de las disposiciones impugnadas establezca explícitamente el derecho de las victimas a ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal, no puede interpretarse como exclusión de su derecho a participar y a conocer las diferentes actuaciones surtidas en el proceso previamente a dicha decisión. Tal reconocimiento explícito del derecho a ser informados de la decisión definitiva debe entenderse sin perjuicio del derecho que tiene a intervenir en las diferentes fases del proceso y en este sentido. Tampoco el hecho de que se señale que se facilitará a las víctimas el aporte de pruebas puede entenderse en un sentido que limite sus derechos a intervenir en el proceso.

En ese orden de ideas es claro para la Corte que la acusación formulada de la expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 del artículo 37, así como de la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del mismo artículo por la supuesta limitación de los derechos de las víctimas en el acceso al proceso no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.1.7. El análisis de la acusación formulada en contra de el artículo 41 de la Ley 975 de 2005.

Argumentan los demandantes que el legislador al expedir el artículo 41 de la Ley 975 de 2005 (48) incurrió en una omisión legislativa en la medida en que no incorpora como personas de especial protección a los grupos indígenas y minorías étnicas quienes de conformidad con lo previsto en el artículo 7º superior, gozan de reconocimiento especial el cual trae consigo una serie de obligaciones inexorables para el Estado, y por tanto si tal reconocimiento se desconoce ello da lugar a que se vulneren los derechos fundamentales de un sector de la población que de por sí se encuentra en una especial de situación de debilidad.

Por ello solicitan que el artículo demandado sea declarado exequible en forma condicionada, en el entendido que también se aplicará lo allí previsto para el caso de los grupos indígenas y las minorías étnicas.

Para el señor Procurador es procedente hacer el condicionamiento solicitado por los actores en su demanda, como quiera que si bien la disposición, con el amparo constitucional del artículo 13 establece una acción positiva a favor de las mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad o con discapacidad que participen en el proceso penal, es decir, de la población más vulnerable dentro del conflicto armado interno, no incorpora allí las minorías étnicas que también son víctimas de este y hacen parte de ese sector vulnerable, desconociendo así que “es indiscutible que los grupos étnicos tienen un patrimonio cultural que debe garantizar el Estado y que se encuentra expuesto fácilmente en la situación actual de conflicto. Aduce además que el Convenio 169 adoptado por la conferencia general de la OIT, aprobado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991, establece la protección de derechos de ese tipo de grupos. Convenio que además, afirma, hace parte del llamado bloque de constitucionalidad.

Ahora bien, cabe recordar que la jurisprudencia de esta corporación (49) ha admitido la posibilidad de ejercer el control abstracto de constitucionalidad en circunstancias en las que la inactividad del legislador, en lo que corresponde al cumplimiento y desarrollo de la función legislativa, puede afectar o desconocer derechos y garantías superiores, y en esa medida, ser objeto de control jurisdiccional por la vía de la acción pública de inconstitucionalidad. En estos casos, ha dicho la Corte que la presunta infracción de la Constitución proviene de la falta de regulación normativa en torno a materias constitucionales sobre las cuales el Congreso tiene asignada una específica y concreta obligación de hacer.

No obstante lo anterior, en procura de respetar la autonomía e independencia del Congreso, la misma jurisprudencia ha aceptado que no toda inactividad legislativa puede ser objeto del control constitucional. Así, la Corte ha precisado que el análisis de constitucionalidad solo tiene lugar, cuando la omisión que se ataca es por esencia relativa o parcial y en ningún caso absoluta (50) .

Al respecto ha señalado la Corte:

“Tratándose de la omisión absoluta, es claro que el órgano de control carece de competencia para emitir pronunciamiento de fondo, pues la misma comporta una ausencia total e íntegra de normatividad que, en cualquier caso, impide una confrontación material, objetiva y verificable con el texto de la Carta Política, aspecto que resulta relevante al proceso de constitucionalidad, en cuanto responde a la técnica a partir de la cual este último se edifica, configura y desarrolla. (...).

Por el contrario, en el caso de la llamada omisión relativa o parcial, la competencia de la Corte Constitucional para proferir decisión de fondo está plenamente justificada, pues aquella se edifica sobre una acción normativa del legislador, específica y concreta, de la que este ha excluido determinado ingrediente o condición jurídica que resulta imprescindible a la materia allí tratada, o que habiéndolo incluido, termina por ser insuficiente e incompleto frente a ciertas situaciones que también se han debido integrar a sus presupuestos fácticos. (...)” (51) .

En es orden de ideas la Corte ha señalado que “la inconstitucionalidad por omisión no puede ser declarada por el juez constitucional sino en relación con el contenido normativo de una disposición concreta, que por incompleta resulta ser discriminatoria” (52) .

La jurisprudencia ha identificado a su vez una serie de presupuestos para que prospere una demanda por omisión legislativa relativa, a saber (i) la existencia de una disposición frente a la cual se predique la omisión; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado con el fin de dar un trato idéntico o similar a situaciones expresamente contempladas en él (iii) que el precepto excluya un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que resulte esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental; (iv) que la exclusión de los casos, ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica carezca de un principio de razón suficiente; (v) que la falta de justificación genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualdad frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (vi) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador (53) .

A partir de dichos presupuestos procede la Corte a examinar en el presente caso la acusación formulada por los demandantes.

De acuerdo con el artículo 41 acusado que hace parte del capítulo VII sobre “derechos de las víctimas frente a la administración de justicia” de la Ley 795 de 2005 Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso. Es decir que existe efectivamente una norma de la cual se predica la omisión que los demandantes hacen consistir en no haber incluido a las poblaciones indígenas dentro del listado de personas respecto de las cuales se deberán tener en cuanta sus necesidades especiales. Dicha exclusión no encuentra justificación pues al haber enunciado el legislador caso especiales merecedores de protección, no se ve cual fue la razón para no incluir a los pueblos indígenas.

Ahora bien dado que presupuesto indispensable para entender o no configurada dicha omisión, consiste en que exista una obligación específica impuesta por el Constituyente que se este incumpliendo por parte del legislador, debe la Corte examinar si en este caso ese requisito se da pues de lo contrario la referida omisión no se configuraría.

Al respecto ha de tenerse en cuenta igualmente que para efectos del control de constitucionalidad además de las disposiciones constitucionales resultan relevantes una serie de textos internacionales que conforman lo que se ha denominado el bloque de constitucionalidad —por ser textos de derechos humanos ratificados por el Congreso que no pueden ser suspendidos durante los estados de excepción— y en este sentido solo si de una norma constitucional o de una norma internacional que este incluida en dicho bloque de constitucionalidad se desprende una obligación para el legislador que en este caso se esté incumpliendo podría entenderse configurada la omisión alegada.

Los demandantes al respecto invocan tanto el artículo 7º de la Constitución como el Convenio 169 de la OIT .

En relación con artículo 7º de la Constitución según el cual “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” debe señalarse que del mismo no se desprende una obligación específica que pueda invocarse en este caso concretamente en materia de “derechos de las víctimas frente a la administración de justicia” y concretamente de atención de necesidades especiales de las comunidades indígenas.

Debe entonces examinarse si dicha obligación específica se encuentra establecida en el Convenio 169 de la OIT. Previamente empero debe dilucidarse si dicho convenio y concretamente las obligaciones que en el puedan establecerse constituyen disposiciones de aquellas que por referirse a tratados y convenios de derechos humanos ratificados por el Congreso y que prohíben su limitación en estados de excepción interan el bloque de constitucionalidad, pues solamente en ese caso ellas podrían ser tomadas en cuenta como referente de control para efectos del examen de constitucionalidad de la disposición acusada.

Al respecto la Corte constata que el Convenio 169 de la OIT se encuentra dentro de aquellos textos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por el Congreso. En efecto dicho texto internacional fue aprobado mediante la Ley 21 de 1991 y en el se contienen diferentes disposiciones relativas a los derechos humanos reconocidos a los pueblos indígenas. Empero ninguna de sus disposiciones prohíbe la suspensión de las mismas en los estados de excepción. Tampoco este figura dentro de los textos a que alude el artículo 4º de la ley estatutaria de Estados de excepción como aquellos que no pueden ser objeto de suspensión.

Si bien la Corte ha señalado que dicho convenio constituye en armonía con el artículo 93 superior claramente criterio de interpretación de los derechos y deberes señalados en la Constitución (54) y en materia de acciones de tutela ha incluso afirmado que para esos efectos se integra al bloque de constitucionalidad —particularmente en lo relativo al derecho a ser consultados (55) — es claro que por tratarse de una norma que puede ser suspendida durante los estados de excepción no puede ser tomado como referente de control en materia de control abstracto de constitucionalidad

A ello debe sumarse que de su texto no se desprende tampoco una obligación específica para el Estado en relación con la materia concreta a que alude el artículo acusado.

Desde esta perspectiva, encuentra la Corte que ante la ausencia de uno de los presupuestos necesarios para poder entenderse configurada una omisión relativa del legislador —específicamente la existencia de una obligación constitucional concreta que se esté incumpliendo— no puede entenderse configurada dicha omisión en el presente caso.

Así las cosas el cargo formulado en contra del artículo 41 de la Ley 975 de 2005 por la presunta configuración de una omisión legislativa no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.2. El análisis de los cargos que aluden a la eventual vulneración del derecho a la justicia.

6.2.1. El análisis de la acusación formulada en contra del parágrafo del artículo 10 y del artículo 22 de la Ley 975 de 2005.

Los demandantes afirman que el parágrafo del artículo 10 de la Ley 975 de 2005 (56) , otorga beneficios a personas que han sido condenadas penalmente, con la única condición de que hagan parte del grupo armado organizado al margen de la ley con el cual el Gobierno Nacional está negociando. Advierten que darle beneficios judiciales a esa clase de personas por el simple hecho de ser miembros de grupos armados y que el Gobierno esté negociando con ellos, desconoce que si bien los procesos de justicia transicional tienen como característica ofrecer garantías judiciales para los grupos armados con que el Estado negocie, dichos beneficios deben tener una relación proporcional a los delitos cometidos, ello quiere decir que a mayor gravedad del hecho punible menores deben ser los beneficios otorgados.

Consideran los actores así mismo que el artículo 22 acusado (57) crea un mecanismo extraordinario y sumario que pretermite todos los pasos procesales previstos en la Ley 975 de 2005 en relación con las personas que son investigadas o enjuiciadas, por la comisión de cualquier delito —incluyendo delitos de lesa humanidad, de guerra y violaciones a los DDHH—, sin acudir a rendir versión libre ni tener que entregar los bienes con que se pretende reparar a las víctimas, solamente debe declararse responsable penalmente ante el juez que cumple la función de control de garantías y de esta forma recibirá los beneficios de la ley referida de manera rápida y eficaz.

En ese entendido, explican que la “supuesta aceptación de responsabilidad” se vuelve una relación privada entre el investigado o acusado y el magistrado de control de garantías, oral o escrita, donde el beneficiario de la ley se limita a decir que acepta los cargos omitiendo toda la etapa de investigación que es aquella que se pretende garantizar el derecho de las víctimas, pasando de esa manera directamente a dictar sentencia pretermitiendo la versión libre y sin investigar los hechos sobre los que puede tener responsabilidad el desmovilizado.

Destacan entonces que “El desconocimiento del mecanismo judicial efectivo para garantizar el derecho a la verdad, se configura en tanto la condena —en este caso mediante la imposición de una pena alternativa— surge de los hechos que el imputado quiera declararse culpable usando una comunicación privada ante el juez de control de garantías. Siendo así, es apenas obvio que la Fiscalía queda sin la potestad de investigar absolutamente nada respecto de dichos delitos, y por lo tanto, se impide que se sepa la totalidad de los hechos —los mismos quedan restringidos a lo que señale el desmovilizado en su comunicación oral o escrita—”.

Para el Fiscal General de la Nación en lo atinente al parágrafo único acusado, es claro que debe interpretarse en forma armónica con el contexto jurídico total del artículo 10 de la Ley 975 de 2005, al tiempo que destaca que no puede entenderse que por el hecho de encontrarse en prisión y no haber negociado el proceso de desmovilización dichas personas deban ser excluidas de los beneficios de la Ley 975 de 2005.

En cuanto al artículo 22 de la Ley 975 de 2005, afirma que la acusación de los demandantes “verdaderamente desquicia el rigor lógico de las fases de investigación y juzgamiento previstas en la Ley 975 de 2005”. Precisa en este sentido que el dicho artículo “ hace parte de un engranaje procedimental que impide pensar que se trate de una opción legal aplicable al margen de las demás disposiciones de la ley de justicia y paz”.

Advierte además que de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 11 de la Ley 975 de 2005, un requisito sine quanon para acceder a los beneficios establecidos en esta es que el aspirante sea incluido en las listas de los postulados que elabora el Gobierno Nacional, —postulación que incluso no implica per se una concesión automática de los beneficios de la ley—, de manera tal que para acceder a ellos deben agotarse las respectivas fases y cumplirse además los requisitos sustanciales que abren camino a la pena alternativa de que trata el artículo 3º de la Ley 975 de 2005

Por su parte el señor Procurador sostiene que los cargos aludidos en contra del parágrafo del artículo 10 y el artículo 22 de la Ley 975 se estructuran sobre una comprensión equivocada de dichas disposiciones. Advierte así que con el parágrafo acusado el legislador no pretendió otra cosa que permitir que aquellos miembros del grupo armado desmovilizado que se encontraran privados de la libertad, en virtud de medida de aseguramiento o en cumplimiento de una pena, también pudieran acceder a los beneficio jurídico de la Ley 975 de 2005, si la organización criminal que se desmoviliza colectivamente cumple todas las condiciones fijadas en el artículo mismo artículo 10 ibídem, y además si se reconoce al individuo como integrante de este grupo o facción mediante providencia judicial, bajo el entendido que el procesado cumple con las demás condiciones fijadas en la ley para obtener el beneficio de la alternatividad, es decir, que contribuya a la consecución de la paz nacional, colabore con la justicia, repare a las víctimas entre otros.

Precisa que el proceso penal en estos eventos se regirá por las disposiciones señaladas en los artículos 20 —sobre acumulación de procesos y penas— y 22 —sobre investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización— de la Ley 975 de 2005 Así mismo que atendiendo a una interpretación sistemática, deberá cumplir necesariamente con todas las obligaciones que se imponen en la ley para quienes quieren acceder s sus beneficios.

En el mismo sentido, advierte que conforme a lo antes expuesto, también debe entenderse desvirtuado el cargo que con el mismo fundamento se formula contra el artículo 22 ídem, pues como quiera que este tampoco puede entenderse en el sentido de autorizar el otorgamiento gratuito y sin ninguna condición de un beneficio jurídico, como es la pena alternativa, la acusación no debe estar llamada a prosperar.

Sobre este aspecto de la acusación la Corte recuerda que en la Sentencia C-370 de 2005 luego de explicar i) que la alternatividad regulada en la Ley 975 de 2005 se trata de un beneficio que incorpora una rebaja punitiva significativa, al cual pueden acceder los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que se sometan a un proceso de reincorporación a la vida civil, y que hayan sido autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos y ii) que la concesión del beneficio está condicionada al cumplimiento de unos requisitos establecidos en la ley, orientados a satisfacer a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, iii) que el legislador reguló la acumulación de procesos y penas, como parte de dicho mecanismo de alternatividad, constató que tanto dicho fenómeno de la altenatividad así como la acumulación de procesos y de penas

“concilian los propósitos de pacificación de la ley con las exigencias de justicia, en cuanto se orientan a establecer instrumentos procesales, como la acumulación de procesos y la acumulación jurídica de penas, que promueven la desmovilización de personas que hubiesen incurrido en delitos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado al margen de la ley. Pero paralelamente exige que los procesos susceptibles de acumulación se refieran a conductas respecto de las cuales pueda operar la ley en cuanto se hubiese incurrido en ellas durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado en trance de desmovilización”. Igualmente que “la acumulación jurídica de penas demanda una determinación e imposición de la pena originaria acorde con la naturaleza y gravedad del hecho. La concurrencia de estas últimas exigencias permite una ponderación entre el interés de la paz que alienta la ley, y sus pretensiones de justicia”.

Así mismo la Corte al analizar la constitucionalidad del artículo 20 de la Ley 975 de 2005 sobre acumulación de procesos y penas explicó que “No se produce una desproporcionada afectación del valor justicia en razón a que la acumulación jurídica de penas, determinada conforme a las reglas que para el efecto establece el Código Penal, opera en relación con las penas principales imponibles o impuestas, respecto de los diferentes delitos perpetrados durante y con ocasión de la pertenencia del sentenciado al respectivo grupo, que son objeto de la acumulación. Lo anterior no significa que en estos casos dejen de ser beneficiados por lo que la ley ha denominado alternatividad penal. De tal forma que si el desmovilizado condenado con anterioridad, por hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado organizado al margen de la ley, se acoge a la Ley 975 de 2005, y cumple los requisitos correspondientes, dicha condena previa se acumulará jurídicamente a la nueva condena que se llegare a imponer como resultado de su versión libre y de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía. Después de efectuada dicha acumulación jurídica, el juez fijará la condena ordinaria (pena principal y accesorias), cuya ejecución se suspenderá y se concederá el beneficio de la pena alternativa de 5 a 8 años en relación con la pena acumulada, si se cumplen los requisitos de la Ley 975 de 2005. Si transcurrido el tiempo de la pena alternativa y el período de prueba, el sentenciado ha cumplido a cabalidad con las obligaciones establecidas en la ley, la pena inicialmente determinada en la sentencia como resultado de la acumulación jurídica se declarará extinguida. En caso contrario, se revocará y el sentenciado deberá cumplir la pena acumulada, inicialmente determinada en la sentencia (arts. 24 y 29)”.

Es decir que en cuanto a la posibilidad de que las personas condenadas o que se encuentren siendo investigadas o acusadas puedan ser objeto del beneficio de la alternatividad regulado en la Ley 975 de 2005 la Corte ya se pronunció en el sentido de que esa posibilidad no resulta contraria a la Constitución. Resta examinar si como lo pretenden los demandantes las disposiciones que regulan tal posibilidad a saber el parágrafo del artículo 10 y el artículo 22 acusados pueden entenderse en un sentido que libere a las personas condenadas o que se encuentren siendo investigadas o acusadas a que ellos aluden del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que acompañan la concesión de dicho beneficio.

Al respecto la Corte señala que como lo ponen de presente el señor Fiscal y el señor Procurador General de la Nación dichos artículos deben necesariamente examinarse de manera sistemática con el conjunto de la ley y particularmente con el entendimiento que dio la Corte del beneficio de la alternatividad al condicionar la exequibilidad del artículo 3º de la Ley 975 de 2005 en el entendido que dicha alternatividad y la colaboración con la justicia que en ella se exige deben estar encaminadas a “lograr el goce efectivo de los derechos a las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

En ese orden de ideas ninguna duda cabe de que el único entendimiento posible del parágrafo del artículo 10 según el cual “Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo” es el de que dicha posibilidad esta supeditada al cumplimiento del conjunto de requisitos y obligaciones que en la misma ley se imponen para la concesión de dicho beneficio y no simplemente al que se señala expresamente en la norma de que “en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo”.

En similar sentido ha de señalarse que en manera alguna cabría interpretar el artículo 22 acusado en un sentido que exonere al desmovilizado, en la hipótesis que en el se señala, del cumplimiento del conjunto de etapas procesales, requisitos y obligaciones que en la ley se imponen para quienes pretenden acceder al beneficio de la alternatividad penal regulada en dicha ley.

Así las cosas y dado que no cabe ninguna duda sobre el alcance de las disposiciones acusadas la acusación formulada contra las mismas por los demandantes en el presente proceso no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.2.2. El análisis de la acusación formulada en contra del último inciso del artículo 16 de la Ley 975 de 2005.

Para los demandantes al establecerse en el último inciso del artículo 16 de la Ley 975 de 2005 que los procesos judiciales que se desarrollen bajo el amparo de la Ley 975 de 2005 no tendrán el conflicto o colisión de competencia se desconoce las competencias que la Constitución Nacional le otorgó a la Corte Suprema de Justicia previstas en el artículo 235 superior, además de restringir el acceso a un mecanismo que históricamente ha sido usado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos para garantizar la imparcialidad y autonomía judicial.

Al respecto el Fiscal General de la Nación manifiesta que el artículo 16 acusado no desconoce los mandatos constitucionales, toda vez que, si fue voluntad del legislador que el conocimiento de los delitos a juzgar en el marco de la Ley 975 de 2005 se asignara de manera prevalente a los tribunales superiores del distrito judicial que señalara el Consejo Superior de la Judicatura, ello tiene como propósito concentrar esa competencia en tribunales preexistentes pero determinados, de forma tal que el artículo 16 acusado solamente precave eventualidades que conspirarían en contra los fines propuestos en la referida ley en los términos que se previeron para su aplicación.

Para el señor Procurador cuando la disposición impugnada determina que “no podrá haber conflicto o colisión de competencia entre los tribunales superiores de distrito judicial que conozcan de los casos a que se refiere la presente ley y cualquier otra autoridad judicial”, está haciendo énfasis en el carácter especial del procedimiento previsto en la Ley 975 ibídem, de tal manera que si el desmovilizado decide acogerse a ella, los procesos que estén en curso o los que se inicien con ocasión de la confesión de conductas punibles, serán juzgados por los tribunales superiores del distrito judicial, quienes serán los jueces naturales de quienes soliciten la aplicación de las reglas de procedimiento señaladas en la misma ley, y los únicos competentes para decidir respecto de los delitos a los cuales se aplica esta normativa, y en ese sentido es claro que “la finalidad de la norma, es precisar que si el desmovilizado solicita la aplicación de la Ley 975 y cumple las condiciones para ello, los funcionarios que venían conociendo de los procesos en curso o quienes tenían asignada esa competencia por la naturaleza del delito investigado en el procedimiento ordinario, no pueden promover o aducir un conflicto de competencias para avocar el conocimiento de los procesos adelantados contra tales desmovilizados”.

Sobre este punto la Corte constata que la acusación formulada por la presunta vulneración del artículo 235 superior carece totalmente de fundamento pues en dicho texto superior no se señala a la Corte Suprema de Justicia la competencia a la que alude el actor. Ella proviene de la ley estatutaria de la administración de justicia —que para efectos del control de constitucionalidad adelantado en este caso no puede ser invocada como parámetro de control—.

En cuanto se refiere a la afirmación según la cual en este caso se desconoce el derecho de la víctima a un recurso eficaz para garantizar la imparcialidad de la administración de justicia, basta señalar como lo hace el señor Procurador que los conflictos de competencia no se promueven, establecen ni deciden para garantizar la imparcialidad de los funcionarios que administran justicia, pues para tal efecto existe la figura de los impedimentos y las recusaciones,. por el contrario, mediante la colisión de competencia se busca garantizar el juzgamiento por el funcionario competente en los términos previstos en el artículo 29 constitucional.

Así las cosas la acusación formulada en este sentido en contra del último inciso del artículo 16 de la Ley 975 de 2005 no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.2.3. El análisis de la acusación formulada en contra de la expresión “admitidos” contenida en el artículo 27.

Explican los demandantes que de conformidad con artículo 27 de la Ley 975 de 2005 (58) en el que se incluye la expresión acusada “admitidos” “la Fiscalía puede archivar procesos judiciales por delitos en los cuales el desmovilizado admitió su participación lo cual es un contrasentido. Siendo así, es claro que se vulnera el artículo 250 Constitución Nacional según el cual la misma esta obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que llegue a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio”.

En ese entendido, aducen que desde las perspectiva del deber de investigar que tiene a su cargo el Estado colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación, esta se encuentra en la obligación de llevar a buen término su función constitucional más aún cuando hubo una confesión por parte de la persona desmovilizada, de forma tal que “no se puede permitir que, habiendo recibido una confesión de la comisión de un hecho delictivo, por razones no explicitadas dicho órgano tenga la potestad de archivar un proceso.

El Fiscal General de la Nación sostiene que la acusación formulada contra el artículo 27 acusado “devela que aquella tiene como referente una proposición falsa, pues una cosa es decir ‘hechos admitidos’ y otra bien distinta ‘delitos admitidos’. La primera es la expresión que corresponde al tenor literal de la ley, solo que, al anteponer a la expresión demandada el término delitos, se introduce una modificación sustancial sobre el sentido y el alcance de la disposición. El vocablo ‘hechos’ que antecede en el texto de la ley al de ‘admitidos’, hace referencia a un evento fáctico que puede o no corresponder a una hipótesis delictual, de manera tal que vista la misma en el contexto de la norma, presupone que el desmovilizado puede, durante la versión que debe rendir en el marco de la ley de justicia y paz o en posterior actuación, admitir hechos que la fiscalía demuestra atípicos o inexistentes, eventualidad sobre la cual se construye la autorización para disponer del archivo de las diligencias”.

Por su parte el señor Procurador General de la Nación advierte que tanto en vigencia del artículo 250 constitucional original, como en la disposición modificada por el Acto Legislativo 3 de 2002, en materia penal existe el principio de obligatoriedad, en virtud del cual la Fiscalía tiene el deber de adelantar la acción penal de las conductas que revistan las características de un delito y lleguen a su conocimiento por cualquier medio, en ese entendido, la disposición acusada no riñe con los mandatos constitucionales, toda vez que, “la obligación de investigar a cargo del ente fiscal tiene fundamento y origen en el conocimiento y verificación de la existencia de una conducta que revista las características de delito, por manera que si los elementos de juicio llevan a desvirtuar su existencia o que el hecho constituya un delito, naturalmente la obligación y competencia de la fiscalía para continuar adelantando la investigación desaparece y no podría exigírsele que continuara con las indagaciones si no existen motivos suficientes y circunstancias fácticas que indiquen la posible comisión de un delito”.

En igual sentido, explica que en los procesos adelantados contra los desmovilizados, como en cualquier otro proceso penal, deben respetarse las garantías procesales que conforman el debido proceso constitucional y que han sido consagradas en distintas normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad, ello por cuanto la admisión de los hechos en la versión libre o en posterior actuación no pueden estimarse como plena prueba para iniciar y adelantar la investigación de una conducta, cuando concurren otros elementos de juicio que llevan al Fiscal a considerar que la conducta no es delito o que desvirtúan su posible existencia.

Sobre el particular, precisa que frente al mismo contenido normativo la Corte Constitucional ya se refirió en la Sentencia C-1154 de 2005, mediante la cual declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 79 de la Ley 906 de 2004. En ese orden de ideas y como quiera que el análisis frente al deber de investigar y la posible afectación de los derechos de las víctimas ya fue efectuado por la Corte Constitucional, en la referida sentencia solicita que realice el mismo condicionamiento, “máxime cuando las conductas a las cuales le son aplicadas las normas de la Ley 975 de 2005, pueden revestir mayor gravedad y generar mayores perjuicios a las víctimas, lo cual, como se ha dicho en precedencia, obliga al Estado a obrar con mayor cautela con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

Al respecto la Corte recuerda que de acuerdo con el artículo 250 superior la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías.

Así mismo que esta corporación como lo pone de presente el señor Procurador se ocupó en la Sentencia C-1154 de 2005 (59) del examen del artículo 79 de la Ley 906 de 2004 que regula de manera específica el archivo de las diligencias por parte del fiscal y en este sentido abordo el examen del alcance de la obligación de investigar del fiscal y concretamente de su incidencia frente a las posibilidad de archivo de las diligencias cuando se constate que “no existen motivos y circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” expresiones estas cuya exequibilidad condicionó en el entendido que “dicha caracterización corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones”.

Dado que los demandantes en el presente caso formulan precisamente su acusación a partir de argumentos muy similares a los que fueron considerados por la Corte en esa ocasión, resulta relevante para el examen de la misma recordar las principales consideraciones hechas sobre este punto en dicha sentencia pues las mismas necesariamente orientan la decisión que en este caso habrá de adoptarse.

Dijo la Corte en esa sentencia:

“El artículo 79 de la Ley 906 de 2004 regula de manera específica el archivo de las diligencias por parte del fiscal (60) . Esta norma dispone que ante el conocimiento de un hecho el fiscal debe i) constatar si tales hechos existieron y ii) determinar si hay motivos o circunstancias que permitan caracterizar el hecho como delito.

Para que un hecho pueda ser caracterizado como delito o su existencia pueda ser apreciada como posible, se deben presentar unos presupuestos objetivos mínimos que son los que el fiscal debe verificar. Dichos presupuestos son los atenientes a la tipicidad de la acción. La caracterización de un hecho como delito obedece a la reunión de los elementos objetivos del tipo. La posibilidad de su existencia como tal surge de la presencia de hechos indicativos de esos elementos objetivos del tipo.

Sin entrar en detalles doctrinarios sobre el tipo objetivo, se puede admitir que “al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito, de una acción típica y por regla general también la descripción del resultado penado” (61) . Cuando el fiscal no puede encontrar estos elementos objetivos que permiten caracterizar un hecho como delito, no se dan los presupuestos mínimos para continuar con la investigación y ejercer la acción penal. Procede entonces el archivo.

La decisión de archivo de una acción penal no es un desistimiento, como lo plantea uno de los demandantes, ya que el desistimiento es una figura que permite al querellante, en cualquier momento y antes de concluir la audiencia preparatoria cesar los procedimientos (62) frente a una conducta delictiva típica sobre cuya existencia o caracterización o existen dudas. De acuerdo al momento en que se realice la petición será el fiscal o el juez de conocimiento quienes verificaran la libertad y conocimiento con que se hace dicha petición para proceder a aceptarla. Por lo tanto, el desistimiento de la acción penal es una figura que parte de la decisión del querellante, solo procede para los delitos que requieren querella (63) , es verificada por el fiscal o el juez de conocimiento, una vez aceptada no permite la retractación y tiene como consecuencia el archivo de la diligencia.

El desistimiento no se trata de un suceso donde se ha constatado que no existe la caracterización de un hecho como delito sino todo lo contrario existe una investigación sobre un suceso que reviste dichas características pero el querellante decide de manera libre e informada cesar el ejercicio de la acción penal, decisión que es aceptada por el fiscal o el juez.

Tampoco se trata de una preclusión (64) pues esta sucede en un momento posterior del procedimiento penal donde se ha constatado que no existe mérito para acusar pero se ha surtido una instancia anterior: la imputación del indiciado lo que implica la constatación de que los hechos revisten las características de un delito. Igualmente, el análisis que advierte la preclusión puede comprender la constatación de causales eximientes de responsabilidad entre otros (65) , lo que no es posible para el análisis del archivo de las diligencias que se restringe a los elementos objetivos del tipo, como quiera que no hay elementos para caracterizar la conducta o para creer que este ocurrió frente a los cuales sea posible examinar la conducta del indiciado.

(…).

El archivo de las diligencias, como se ha señalado, tampoco es una renuncia, interrupción o suspensión de la acción penal pues estas actuaciones implican que los presupuestos para ejercer la acción penal están presentes.

Adicionalmente, el artículo prevé la posibilidad de reanudar la indagación en el evento de que surjan nuevos elementos probatorios que permitan caracterizar el hecho como delito, siempre y cuando no haya prescrito la acción. Por lo tanto, el archivo de la diligencia no reviste el carácter de cosa juzgada. Así, el archivo de la diligencia previsto en el artículo 79 bajo estudio, es la aplicación directa del principio de legalidad que dispone que el fiscal deberá ejercer la acción penal e investigar aquellas conductas que revistan las características de un delito, lo cual es imposible de hacer frente a hechos que claramente no corresponden a los tipos penales vigentes o nunca sucedieron.

La previsión de la reanudación de la investigación busca también proteger a las víctimas. Estas, al igual que el fiscal, en cualquier momento pueden aportar elementos probatorios orientados a mostrar la existencia de la tipificación objetiva de la acción penal o la posibilidad de su existencia, lo que de inmediato desencadenaría la obligación de reanudar la indagación.

Habiendo constatado que el archivo de la diligencia no corresponde a una aplicación del principio de oportunidad ni tampoco se trata de una preclusión del proceso, no son de recibo los argumentos planteados por los demandantes sobre la inconstitucionalidad del archivo de la diligencia por parte del fiscal sin el control del juez de garantías o juez competente.

Sin embargo, la decisión de archivo de las diligencias se encuentra en el ámbito exclusivo del fiscal, y no comporta una extinción de la acción penal, pero sí tiene ciertos aspectos jurídicos que deben analizarse: i) la naturaleza de la decisión; ii) el fundamento material de la decisión; y iii) las repercusiones de la decisión para las víctimas en el proceso.

(…).

El segundo aspecto a considerar es el de la situación de las víctimas ante una eventual decisión de archivo.

Como lo ha establecido esta corporación en varias oportunidades las víctimas en el proceso penal tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación (66) .

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión de derechos humanos se han pronunciado en varias ocasiones sobre los derechos de las víctimas (67) . En sus pronunciamientos se han consolidado las formas de reparación de las víctimas que constituyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición que incluyen entre otras la garantía de la verificación de los hechos y la revelación completa y pública de la verdad (68) .

La decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de las víctimas. En efecto, a ellas les interesa que se adelante una investigación previa para que se esclarezca la verdad y se evite la impunidad.

Por lo tanto, como la decisión de archivo de una diligencia afecta de manera directa a las víctimas, dicha decisión debe ser motivada para que estas puedan expresar su inconformidad a partir de fundamentos objetivos y para que las víctimas puedan conocer dicha decisión. Para garantizar sus derechos la Corte encuentra que la orden del archivo de las diligencias debe estar sujeta a su efectiva comunicación a las víctimas, para el ejercicio de sus derechos.

Igualmente, se debe resaltar que las víctimas tienen la posibilidad de solicitar la reanudación de la investigación y de aportar nuevos elementos probatorios para reabrir la investigación. Ante dicha solicitud es posible que exista una controversia entre la posición de la fiscalía y la de las víctimas, y que la solicitud sea denegada. En este evento, dado que se comprometen los derechos de las víctimas, cabe la intervención del juez de garantías. Se debe aclarar que la Corte no está ordenando el control del juez de garantías para el archivo de las diligencias sino señalando que cuando exista una controversia sobre la reanudación de la investigación, no se excluye que las víctimas puedan acudir al juez de control de garantías.

Lo dicho sobre las víctimas también es relevante para analizar la situación del Ministerio Público frente a la decisión de archivo.

(…).

De acuerdo a las anteriores consideraciones, para que dicho artículo sea ajustado a la Constitución se debe condicionar el sentido de la expresión “motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito” en el entendido de que dicha caracterización corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones. Por lo tanto, la Corte Constitucional declarará la exequibilidad del artículo 79 de la Ley 906 de 2004 condicionándolo en dichos términos”.

Ahora bien, como se señaló en la sentencia que acaba de citarse, la decisión de archivo puede tener incidencia sobre los derechos de las víctimas, pues a ellas les interesa que se adelante la investigación que esclarezca la verdad y evite la impunidad. En el marco de la ley de justicia y paz que se examina dicha incidencia como lo pone de presente el señor Procurador resulta claramente relevante.

En ese sentido la Corte hizo énfasis en la Sentencia C-370 de 2006 en la importancia de la realización de las investigaciones y del esclarecimiento la verdad de lo sucedido, lo que supone otorgar a las victimas todos los elementos posibles para el esclarecimiento de la misma.

Señaló la corporación:

“No puede perderse de vista que esta ley está diseñada para ser aplicada a personas que han cometido múltiples y graves delitos. Por las dificultades que implican estas investigaciones, en muchos casos la actuación estatal no basta para que estos delitos sean totalmente esclarecidos o su autor identificado. La manipulación de las pruebas, el amedrentamiento y asesinato de testigos, investigadores y jueces, el terror sobre la población, son medidas que los grupos armados ilegales, con capacidad de cometer estos delitos, han adoptado para esconder la dimensión y las pruebas de los mismos. En este sentido no parece irrelevante recordar que en múltiples casos la comisión de graves delitos ha quedado impune. Por esta razón no es posible afirmar, categóricamente, que el Estado, años después de los delitos cometidos, revelará, gracias exclusivamente a sus propias investigaciones, la verdad sobre los mismos. Fosas comunes en lugares inhóspitos, desplazamiento de poblaciones que se han dispersado por todo el territorio nacional, en fin, múltiples delitos podrán quedar en el silencio y el olvido si sus propios perpetradores, aquellos que han decidido acogerse a un proceso de paz y que tienen la intención de vivir al amparo y con las garantías y ventajas del Estado de derecho, no los confiesan plenamente.

“Por las razones que han sido expresadas, en casos como estos, además de confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a la legalidad, el Estado debe adoptar mecanismos procesales idóneos para asegurarse que las personas a quienes se beneficia a través de la imposición de penas alternativas reducidas respecto de los delitos cometidos, colaboren eficazmente en la satisfacción de los derechos a la verdad de sus propias víctimas. De esta manera, las personas que tendrán los beneficios que supone vivir en un Estado de derecho, tendrán también las cargas proporcionales que el derecho les impone. Así se logra ponderar el derecho a la paz y los derechos de las víctimas, en especial el derecho a la verdad. De otra forma el Estado estaría renunciando a su deber de adelantar investigaciones serias y exhaustivas sobre los hechos dentro de un plazo razonable, y estaría sacrificando desproporcionadamente el derecho de las víctimas a conocer la verdad integral y fidedigna de lo ocurrido.

“En este sentido no sobra enfatizar que frente al tipo de delitos a que se refiere la ley demandada, solo la identificación completa de la cadena de delitos cometidos por cada uno de estos grupos armados específicos permite conocer la real dimensión de lo sucedido, identificar a las víctimas, repararlas, y adoptar medidas serias y sostenibles de no repetición. El secreto sobre lo ocurrido, la manipulación de la verdad y la negación de graves delitos cometidos por tales grupos no solo compromete los derechos de cada una de las personas que ha tenido que sufrir el dolor de la violación de sus derechos sino el interés de la sociedad entera en conocer lo ocurrido en toda su magnitud y a adoptar medidas para que nunca más esos delitos vuelvan a ocurrir” (69) .

En ese sentido encuentra la Corte que frente a la acusación formulada —formalmente en contra de la expresión admitidos pero materialmente en contra la posibilidad misma regulada en el artículo del archivo del expediente— lo que procede es efectuar en el presente caso el mismo condicionamiento por el que se optó en la Sentencia C-1154 de 2005 (70) pero referido esta vez al artículo 27 de la Ley 975 de 2005 en su conjunto.

Así las cosas la Corte declarará la exequibilidad condicionada del artículo 27 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que la caracterización a que en el se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones y así se señalará en la parte resolutiva de la sentencia.

6.2.4. El análisis de la acusación formulada en contra de los incisos uno a cinco del artículo 29 de la Ley 975 de 2005.

A juicio de los demandantes, los incisos acusados del artículo 29 de la Ley 975 de 2005 (71) “al permitir que responsables por graves crímenes en contra de la humanidad sean beneficiados con penas alternativas a las ordinarias, incumple el primer deber del Estado con respecto al derecho a la justicia, el cual es no permitir medidas indultantes para estos casos, pues la única opción posible es la aplicación literal del derecho internacional de los derechos humanos”. Afirman que hablan de indulto porque “aunque el procedimiento legal aprobado establece un mínimo de pena para el implicado, la legislación nacional ordinaria establece penas sin posibilidad de rebajas hasta 40 años, lo cual implica que la existencia de una sanción tan radicalmente irrisoria se

Hacen énfasis en que el Estado no puede conceder indultos abiertos o encubiertos por delitos que se consideren violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, siendo esa la razón por la cual en la medida en que la disposición acusada no crea ninguna regla taxativa que restrinja los delitos que podrán recibir pena alternativa “vulnera gravemente el deber de imponer penas adecuadas a la gravedad de los hechos al cual se ha comprometido el Estado colombiano en virtud de la firma de diferentes tratados, y la aceptación mediante dicha firma de tribunales y órganos que se han pronunciado al respecto”.

Al respecto tanto el Ministro del Interior, como el Fiscal y el señor Procurador afirman que los demandantes parten del supuesto errado de que la Ley 975 es una ley de indulto cuando ello no es así.

Sobre este punto cabe señalar que la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 explicó, al responder un cargo contra dicha Ley por no habérsele dado el tramite previsto para una ley de indulto o amnistía, que el beneficio de la alternatividad penal que en el se regula en manera alguna puede entenderse como la concesión de un indulto.

Al respecto la Corte señaló:

3.3.1. Afirman los demandantes que la Ley 975 de 2005 es inconstitucional por cuanto no se cumplieron los requisitos establecidos en la Carta Política para conceder indultos y amnistías, a saber, votación secreta y mayoría calificada, requisitos que no se cumplieron porque la ley fue tramitada y expedida como una ley ordinaria.

3.3.2. Como se sabe, el artículo 150, numeral 17 de la Constitución (72) establece, en beneficio de la paz, la posibilidad de conceder mediante ley amnistías o indultos generales por delitos políticos.

Tanto la amnistía como el indulto se conceden por el Congreso de la República como representante del pueblo, por altos motivos de conveniencia pública, con el propósito de lograr la convivencia pacífica que se encuentra perturbada por quienes optaron en un momento determinado por subvertir el orden jurídico-constitucional. Al respecto se han calificado como delitos políticos la rebelión, la sedición y la asonada.

De acuerdo con su finalidad, la concesión de amnistías o indultos generales es excepcional. Dada la trascendencia de tales decisiones para la sociedad, la Constitución ha establecido que la ley correspondiente debe ser aprobada por una mayoría calificada constituida por los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara, requisito este que conforme al reglamento del Congreso se cumplirá por votación secreta (C.P., art. 150-17 y L. 5ª/92, art. 131, lit. c)).

La amnistía extingue la acción penal, mientras que el indulto es una institución que redime la pena correspondiente al delito. Mediante aquella el Estado olvida el delito; cuando concede el indulto no lo ignora, sino que exime de la pena que es su consecuencia jurídica. Como la amnistía se refiere al ejercicio mismo de la acción penal su aplicación corresponde a los jueces. Al ejecutivo le corresponde conceder el indulto, pues si ya se ha dictado sentencia e impuesto la condena respectiva, la rama judicial ya ha agotado su competencia funcional, y agotada la jurisdicción es al ejecutivo a quien le compete hacer efectivas las sentencias condenatorias. Por ello, el artículo 201 de la Constitución le confiere al gobierno, en relación con la rama judicial, la facultad de conceder indultos por delitos políticos con arreglo a la ley, y con el deber de informar al Congreso sobre el ejercicio de esa facultad.

La amnistía por su propia naturaleza impide proseguir el proceso que ya hubiere sido iniciado y que no hubiere culminado con sentencia. El indulto no exime del proceso penal, y en caso de existir sentencia condenatoria esta no podrá ejecutarse. Con todo, si al momento de concederse la ley de amnistía esta resulta aplicable a personas contra quienes ya hubiere sentencia condenatoria, se excepciona la cosa juzgada y desde entonces cesa la ejecución de la pena para lo cual habrá de comunicarse al juez que dictó la sentencia en primera instancia, institución que la doctrina conoce como amnistía impropia.

3.3.3. Aplicadas las nociones precedentes al análisis de la Ley 975 de 2005, se observa por la Corte que en ella no se dispone la extinción de la acción penal en relación con los delitos que puedan ser imputados a miembros de grupos armados que decidan acogerse a aquella, razón por la cual resulta claro que el Estado no decidió mediante esta ley olvidarse de las acciones delictuosas, por lo que en rigor jurídico-constitucional la afirmación según la cual dicha ley concede una amnistía, no es de recibo.

Por lo que hace a la supuesta concesión de un indulto, tampoco se encuentra que alguna de las normas contenidas en la ley acusada disponga que la pena con la cual culmine un proceso iniciado contra los miembros de grupos armados ilegales que decidan acogerse a esa ley una vez impuesta por sentencia judicial, deje de ejecutarse. Es decir, no contiene la Ley 975 de 2005 una disposición que exonere al delincuente del cumplimiento de la sanción penal. Si bien es verdad que se le hace objeto de un tratamiento jurídico penal menos riguroso que el existente en el Código Penal —si se cumplen por el infractor unos requisitos determinados en relación con las víctimas y por la colaboración con la administración de justicia—, lo cierto es que, aun así, no desaparece la pena. Esta se impone, pero el procesado puede —con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que el legislador señaló— hacerse acreedor a un beneficio que podría reducirle la privación de la libertad por un tiempo, sin que esta desaparezca, beneficio que será objeto de análisis detenido posteriormente en esta misma providencia.

No se dan pues en el presente caso los presupuestos que definen la amnistía ni el indulto, y por tanto mal podía exigirse al legislador que para la expedición de la ley acusada diera un trámite reservado a ese tipo de figuras jurídicas”.

En la misma sentencia se hizo claridad en el sentido de que dicha figura de la alternatividad tampoco constituye una forma disfrazada de indulto y por tanto no contraviene la Constitución.

Señaló la corporación:

“Tal beneficio jurídico, así concebido, no encubre un indulto, como erróneamente lo entienden los demandantes, pues no significa perdón de la pena. Como se ha indicado, de conformidad con las reglas establecidas en la ley acusada, el tribunal debe imponer en la sentencia condenatoria las penas principales y accesorias que el Código Penal establece para los correspondientes delitos, dentro de los limites punitivos establecidos en el mismo. Además de imponer la pena correspondiente al delito o delitos de que se trate, el tribunal resolverá sobre el reconocimiento del beneficio jurídico de la pena alternativa, siempre que el beneficiario cumpla con todos los requisitos establecidos para su otorgamiento. La imposición de un pena alternativa no anula, invalida o extingue la pena originaria. La extinción solo se produce una vez cumplida, en su totalidad, la pena alternativa impuesta, el período de prueba y cumplidas las obligaciones derivadas de todos los requisitos impuestos para el otorgamiento del beneficio.

“Esta configuración de la denominada pena alternativa, como medida encaminada al logro de la paz resulta acorde con la Constitución en cuanto, tal como se deriva de los artículos 3º y 24, no entraña una desproporcionada afectación del valor justicia, el cual aparece preservado por la imposición de una pena originaria (principal y accesoria), dentro de los límites establecidos en el Código Penal, proporcional al delito por el que se ha condenado, y que debe ser cumplida si el desmovilizado sentenciado, incumple los compromisos bajo los cuales se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena” (73) .

En ese orden de ideas frente al cargo ahora planteado por los demandantes en el presente proceso esta vez en contra de los incisos uno a cinco del artículo 29 sustentado en que dichas disposiciones comportan el otorgamiento de un indulto disfrazado habrán de reiterarse las consideraciones anteriores para concluir que el cargo planteado en este sentido no está llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.2.5. El análisis de la acusación formulada en contra del artículo 30 por el cargo relativo al supuesto desconocimiento del artículo 113 superior.

Para los actores, el artículo 30 acusado (74) en la medida en que otorga la facultad al Gobierno Nacional de escoger el sitio de reclusión de las personas que se hayan acogido a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, vulnera el principio constitucional de separación de poderes previsto en el artículo 113 superior, puesto que no es “valido” que el Gobierno Nacional —cabeza del poder ejecutivo— decida cuál va a ser el establecimiento de reclusión de la persona que ha sido condenada por la comisión de hechos delictivos que incluyen violaciones a los DDHH así como crímenes de lesa humanidad y guerra, desconociendo por consiguiente que la rama judicial es independiente y autónoma para decidir sobre las infracciones a la ley y sus consecuencias, y se genera por tanto una injerencia indebida del poder ejecutivo en las decisiones de la administración de justicia.

Al respecto tanto el Ministro del Interior y de Justicia como el señor fiscal coinciden en afirmar que los actores no toman en cuenta que “la determinación del lugar de reclusión de los condenados por el procedimiento previsto en la Ley 975, no es una decisión judicial y tampoco comporta un acto de administración de justicia, sino un acto de ejecución propio de la función administrativa a cargo del Gobierno Nacional”.

Al respecto la Corte señala que efectivamente como lo ponen de presente los intervinientes contrario a lo afirmado por los actores en su demanda la el artículo 30 de la Ley 975 de 2005 no desconoce el principio de separación de poderes, ni permite que el Gobierno se inmiscuya en la función de administrar justicia, ello por cuanto la determinación del lugar de reclusión de los condenados por el procedimiento previsto en la Ley 975, no es una decisión judicial y tampoco comporta un acto de administración de justicia, sino un acto de ejecución propio de la función administrativa a cargo del Gobierno Nacional.

Así lo precisó esta corporación en la Sentencia C-394 de 1995 (75) , al declarar exequible el artículo 14 de la Ley 65 de 1993, que establece que “Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta a través de una sentencia penal condenatoria, el control de las medidas de aseguramiento, del mecanismo de seguridad electrónica y de la ejecución del trabajo social no remunerado”.

Dado pues que claramente no asiste razón a los demandantes sobre este aspecto de la acusación formulada en contra del artículo 30 de la Ley 975 de 2005 el cargo planteado en este sentido no esta llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.2.6. El análisis de la acusación formulada en contra del artículo 64 de la Ley 975 de 2005.

A juicio de los actores, la disposición acusada al establecer que la entrega de los menores reclutados en las fuerzas armadas ilegítimas, no impide el acceso a los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, desconoce la normatividad internacional según la cual el reclutamiento de niños y niñas a los grupos armados organizados al margen de la ley es considerado como un delito por la legislación penal colombiana, un crimen de guerra por el estatuto de Roma y una violación a los derechos de los niños de conformidad con el Protocolo facultativo a la convención sobre derechos del niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados y el Convenio 182 de la Organización Mundial del Trabajo —OIT—.

En ese orden de ideas, advierten que la aplicación del artículo demandado traerá como consecuencia que si no se pierden los beneficios por entregar los menores tampoco se perderán por no hacerlo, generando así un total nivel de impunidad en tanto no habrá investigación judicial y miles de niños y niñas permanecerán en las filas de los grupos que se desmovilicen paulatinamente, pues como ya se dijo estos no tendrán la obligación de entregarlos al Estado para recibir los beneficios judiciales a que se refiere la Ley 975 de 2005.

Para la Corte es claro que en el presente caso la acusación formulada por los demandantes en contra del artículo 64 de Ley 975 de 2005 (76) se estructura a partir de una interpretación de la disposición acusada que no se desprende de su contenido. En efecto para la Corte es claro que de dicho artículo según el cual “La entrega de menores por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002” no se desprende —contrario a lo que afirma el actor— que “si no se pierden los beneficios por entregar los menores tampoco se perderán por no hacerlo”. Es claro en efecto que la circunstancia de que la entrega de menores por parte de los grupos armados no sea causal de pérdida de los beneficios aludidos no exime de la responsabilidad a que haya lugar por el reclutamiento de menores.

La norma no puede entenderse en efecto sino en el sentido de facilitar dicha entrega —por lo que no se pierden los beneficios a que en ella se alude— pero claro esta sin perjuicio de la responsabilidad penal que de acuerdo con la ley quepa endilgar a quienes hayan incurrido en esa conducta.

En ese orden de ideas y dado que el artículo acusado en manera alguna puede interpretarse como eximiendo de responsabilidad penal a quienes hayan incurrido en el delito de reclutamiento de menores el cago formulado por el actor a partir de ese presupuesto no esta llamado a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.3. El análisis de los cargos que aluden a la eventual vulneración del derecho a la verdad.

Análisis conjunto de la acusación formulada en contra de las expresiones “informar a sus familiares lo pertinente” contenidas en el artículo 7º, “sobre los hechos objeto de investigación” contenidas en el primer inciso del artículo 15, “a los familiares” contenidas en el tercer inciso del artículo 15, “ejecutoriados” del artículo 32, “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58 de la Ley 975 de 2005.

Los demandantes sobre este punto acusan una serie de disposiciones de la Ley 975 de 2005 con argumentos que resultan coincidentes por lo que se examinarán en un solo acápite de la sentencia.

Así cabe señalar que los actores argumentan que las expresiones “informar a sus familiares lo pertinente” contenidos en el artículo 7º de la Ley 975 de 2005 (77) desconocen que el derecho a la verdad se encuentra en cabeza de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que en cada caso concreto por demás puede tratarse de un sin número de actores, al restringir el cumplimiento de dicho derecho en dos sentidos a saber, i) limita el concepto de víctima a los familiares de quien ha sufrido el perjuicio, y ii) crea un filtro para determinar cuál es la información que deben tener las víctimas y cuáles no al señalar taxativamente que los órganos judiciales creados en virtud de la Ley 975 de 2005 tienen la obligación de informar lo pertinente a los familiares, excluyendo el derecho que tienen otros sujetos de la sociedad de conocer los hechos ocurridos.

Afirman igualmente que en relación con el derecho a la verdad la información que se de a las víctimas no puede ser filtrada por parte de los funcionarios de la rama judicial al punto que sean estos quienes señalen qué es lo pertinente para las víctimas y qué no, pues son única y exclusivamente las víctimas quienes tienen la potestad de determinar que consideran pertinente dentro de sus ansias de verdad, a ello se suma que limitar la verdad de los hechos ocurridos a los familiares de las víctimas niega no solo las especificidades de cada caso sino igualmente el plano colectivo del derecho a la verdad.

A su vez los actores afirman que las expresiones “sobre los hechos objeto de investigación” que hacen parte del inciso 1º del artículo 15 de la Ley 975 de 2005 (78) , restringen el derecho a la verdad a lo sucedido en el hecho concreto, desconociendo que el derecho de la víctima y la sociedad solo se cumple cuando se conozcan los demás factores que llevaron a la comisión del hecho punible.

De igual manera, consideran que las expresiones “a los familiares” contenidas en el inciso 3º del mismo artículo 15 al señalar taxativamente que la policía judicial tiene la obligación de informar oportunamente a esas personas, excluye el derecho que tienen otros sujetos y sociedad en general de conocer la verdad de los hechos acontecidos, vulnerando en esa forma el derecho a la verdad en relación con las especificidades de cada caso y en el plano colectivo en general.

En el mismo sentido señalan los actores que la expresión “ejecutoriados”, del artículo 32 de la Ley 975 de 2005 (79) vulnera el derecho a la verdad que está en cabeza de las víctimas, de las personas o grupos que fueron objeto de investigación y sanción en dichos casos, en la medida en que el deber de garantizar el derecho a la verdad se cumple cuando el Estado permite y facilita eficazmente que las víctimas accedan a la documentación recopilada durante el proceso judicial. Precisan que si el acceso al proceso judicial es una de las muchas formas de garantizar el derecho a la verdad, el hecho de que la norma impugnada establezca como restricción al mismo que los casos ya deban estar ejecutoriados contraria el ordenamiento nacional e internacional, además de generar a la víctima en consecuencia la imposibilidad de actuar de alguna forma dentro del proceso como tal pues la sentencia ya estará debidamente ejecutoriada.

Finalmente sobre este punto aducen respecto de las expresiones “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58 (80) que el derecho a la verdad en los casos de graves violaciones a los derechos humanos no se puede limitar a los parientes de la víctima, sino que para cada caso concreto puede estar en cabeza de un sin número de actores y en todo caso de la sociedad en general, de forma tal que al establecerse que el acceso a los archivos debe ser facilitado solamente en el interés de las víctimas y de sus parientes, se excluye de plano el derecho que tienen otros sujetos de la sociedad en general de saber lo acontecido.

Al respecto el Fiscal General de la Nación destaca que la expresión “familiares” que hace parte del inciso 3º del artículo 15 acusado, se ocupa de una situación particular referida al paradero de las personas secuestradas o desaparecidas, para indicar que una vez que se tenga noticia de ellos, entre otras posibilidades, por la obtención de la información pertinente por parte de los desmovilizados se suministran lo datos correspondientes a los familiares, pues no se trata propiamente en un principio de la reconstrucción de la verdad sino de una situación en particular que interesa de manera prevalente a los familiares y secuestrados de los desaparecidos, de forma tal que con ello “no se está restringiendo la reconstrucción de la verdad respecto de esos familiares, porque la información es la referida a la suerte y eventual ubicación de esos secuestrados o desaparecidos, que son quienes padecen en primera línea la expectante angustia por la suerte de los suyos”.

En ese entendido, enfatiza entonces que “el propósito del legislador fue privilegiar a los familiares de los secuestrados y desaparecidos, para que sean ellos los primeros destinatarios de la información que da cuenta de los mismos, sin que ello implique restricción alguna respecto de las demás víctimas en torno al derecho a la verdad que los ampara, derecho abierto y ampliamente desarrollado en los incisos 1º y 2º del mismo artículo 15”.

Por su parte el señor Procurador sobre este punto solicita a la Corte que se declare la constitucionalidad condicionada del artículo 58 de la Ley 975 de 2005, bajo el entendido que la restricción al conocimiento de la verdad judicial y del acceso a los archivos, solo tiene lugar para proteger a la víctima, los testigos y aquellas personas distintas al enjuiciado, que colaboraron en el descubrimiento de esa verdad y exclusivamente para proteger la integridad y la seguridad de estas personas.

Sobre este aspecto de la acusación cabe precisar que en la Sentencia C-370 de 2006 la Corte al analizar la acusación formulada en el proceso que culmino con dicha sentencia en contra de algunas expresiones del numeral 49.1 del artículo 48 y del tercer inciso del artículo 58 —diferentes de las que ahora se demandan— hizo particular énfasis en la importancia del derecho a la verdad para la garantía de los derechos de las víctimas, así como en la clara dimensión colectiva que dicho derecho comporta para intentar asegurar que los hechos de violencia no se repitan.

En dicha sentencia en efecto la Corte señaló que la Ley 975 de 2005, de conformidad con la Constitución y las normas internacionales que vinculan al Estado colombiano, tiene como propósito promover la reconciliación nacional sobre la base de la reducción de la pena efectiva a cumplir, pero con la condición de que se garanticen los derechos mínimos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En esta medida, el legislador entendió que una de las medidas más importantes para satisfacer los derechos a la verdad y a la reparación, para promover el deber de la memoria colectiva y para asegurar la adopción de medidas adecuadas de no repetición, era la reconstrucción de un relato histórico que pueda nutrirse con las actuaciones que tengan lugar al amparo de la ley. Por eso dedicó varios artículos a la protección de este derecho y un título completo a la garantía de la memoria.

Igualmente destacó la Corte que esta decisión legislativa se adecua al marco general establecido por las normas internacionales en las que se hace particular énfasis en el derecho de las victimas y de la sociedad a conocer la verdad ya que se hagan públicas las investigaciones. Al respecto resulta relevante recordar nuevamente la jurisprudencia del interprete autorizado de la Convención interamericana sobre derechos humanos que, en materia de publicidad de la información señaló:

“77. Finalmente, es obligación del Estado, según el deber general establecido en el artículo 1.1 de la convención, asegurar que estas graves violaciones no se vuelvan a repetir. En consecuencia, debe hacer todas las gestiones necesarias para lograr este fin. Las medidas preventivas y de no repetición empiezan con la revelación y reconocimiento de las atrocidades del pasado, como lo ordenara esta Corte en la sentencia de fondo. La sociedad tiene el derecho a conocer la verdad en cuanto a tales crímenes con el propósito de que tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro.

“78. Por consiguiente, la Corte reitera que el Estado tiene la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención americana en el presente caso, así como de divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables” (81) (resaltado fuera de texto).

Al respecto cabe reiterar que en múltiples artículos de la Ley 975 de 2005 y particularmente en los artículos parcialmente demandados se le ordena a las autoridades públicas la investigación exhaustiva de los hechos y su difusión pública como condición para la satisfacción de los derechos de las víctimas y para la adopción de medidas de no repetición.

Así en el artículo 7º de la Ley —parcialmente demandado en el presente proceso— se establece expresamente el derecho inalienable, pleno y efectivo —se destaca— de la sociedad y especialmente de las víctimas de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

En ese sentido se señala que las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

En este mismo sentido advierte que los procesos judiciales no impedirán que en el futuro se implementen otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

A su vez el artículo 15 de la misma ley —parcialmente demandado igualmente— señala que dentro del procedimiento que ella establece los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por la misma ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

La norma precisa que con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.

En el mismo sentido el artículo 32 de la Ley 795 de 2005 —también parcialmente demandado— en su segundo inciso señala que corresponde a la Secretaria del respectivo tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y contar con una oficina de comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.

A su vez el artículo 58 —acusado también parcialmente— se titula medidas para garantizar el acceso a los Archivos y se encuentra inserto en el capítulo X de la ley, destinado integralmente a asegura el deber de la memoria y la reconstrucción de un relato histórico sobre los fenómenos a los cuales se aplique la ley.

En él se señala que el acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.

Así mismo que cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización solo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.

Igualmente que en todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.

Ahora bien para la Corte dichos artículos deben interpretase en un sentido que concilie tanto el derecho a la verdad de las victimas como de la sociedad como los derechos a la vida, la integridad o la seguridad de las mismas víctimas y de las personas que han colaborado con la justicia en los términos de la legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos.

Así lo señaló la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 cuando declaró la exequibilidad pura y simple de algunas expresiones contenidas en los artículos 49 y 58 de la Ley 975 de 2005

Señaló la corporación:

“En los términos de la Constitución, la regla general de la publicidad solo puede tener excepciones en virtud de leyes que, de manera específica, establezcan los casos concretos en los cuales ciertas autoridades claramente definidas pueden establecer que determinada información es reservada. Adicionalmente, la reserva solo resulta procedente si el legislador aporta razones suficientes para justificarla. En este sentido la Corte ha señalado estrictas condiciones para que el legislador pueda establecer excepciones a la regla general prevista en el artículo 74 superior. Al respecto, la jurisprudencia constitucional prevé que tales limitaciones serán admisibles cuando se compruebe: (i) la existencia de reserva legal en relación con la limitación del derecho, (ii) la necesidad que tales restricciones se sujeten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales o de valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional; y (iii) el carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del cual los documentos pasan al dominio público (82) .

“Desde esta perspectiva, la norma demandada solo puede interpretarse en el sentido de entender que se trata de una norma que remite a las disposiciones legales que, en cumplimiento de los requisitos mencionados, consagran la posibilidad de la reserva, pues la Constitución no admite la existencia de cláusulas abiertas que establezcan restricciones genéricas o indeterminadas del derecho de acceso a los documentos y la información pública. En efecto, la Carta solo autoriza restricciones taxativas, plenamente justificadas y cuya aplicación no lesione el contenido esencial de otros derechos constitucionales, en especial el derecho que tienen las víctimas y la sociedad a conocer la verdad.

“En consecuencia, a la luz de la Constitución y en aplicación del principio democrático y específicamente del principio de conservación del derecho, debe sostenerse que las disposiciones demandadas no están estableciendo una cláusula general de reserva sino remitiendo a las otras normas legales vigentes que permiten la reserva de ciertas actuaciones, por ejemplo, para proteger la vida, la integridad y la seguridad de los testigos en casos criminales o garantizar el derecho a la intimidad de los menores o de las víctimas de delitos sexuales. Además, las normas acusadas aportan criterios normativos para su aplicación.

“De otra parte, la Corte encuentra que esta interpretación de las expresiones demandadas es de todo coherente con los principios que orientan la ley general de la cual hacen parte y, especialmente, con el contenido y la finalidad de las normas específicas que integran.

(…) En esos términos, no puede entenderse que la norma demandada permita, por vía de excepción, sacrificar los bienes, valores y derechos que persigue todo el capítulo X dentro del cual se encuentra inserta. Al interprete del derecho se le deben imponer los criterios de interpretación sistemática y teleológica en virtud de los cuales debe entenderse que las disposiciones demandadas se limitan exclusivamente a remitir a las normas vigentes sobre reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos. Esta interpretación, como ya se mencionó, satisface el principio de conservación del derecho, pues permite que la disposición permanezca en el ordenamiento jurídico.

En suma, en criterio de la Corte, no es posible entender, como al parecer lo hacen los demandantes, que las normas demandadas están estableciendo una cláusula general de reserva de la información cuando quiera que así lo consideren los funcionarios públicos concernidos. Tampoco consagra la reserva de información a favor de las personas responsables de los delitos que se investiguen o sobre hechos relevantes para el esclarecimiento histórico del fenómeno o para la reparación de las víctimas. En este sentido la única interpretación adecuada de estas disposiciones es aquella según la cual se admite la reserva de cierta información, pero en los términos en los cuales las leyes específicas sobre el tema lo establecen, de forma tal que se garanticen los derechos de las víctimas y los derechos a la vida, la integridad o la seguridad de personas que han colaborado con la justicia en términos de la legislación ordinaria vigente sobre protección de víctimas y testigos.

“Al amparo de las consideraciones realizadas, la Corte procederá a declarar exequibles, por los cargos examinados, la expresión “otras personas” y “más daños innecesarios” del numeral 49.1 del artículo 48, y a declarar exequibles, por los cargos examinados, las expresiones “más daños innecesarios” y “otras personas” del inciso tercero del artículo 58” (83) .

Aplicando los mismos criterios ahora en relación con las disposiciones acusadas en el presente proceso la Corte constata que en relación con las diferentes expresiones acusadas de los artículos a que se ha hecho referencia no cabe entender que con ellas se vulnere o se limite el derecho de las victimas o de la sociedad al conocimiento de la verdad.

Así la mención específica a las víctimas y sus familiares en relación con el conocimiento de la suerte de los desaparecidos o secuestrados no puede entenderse sino como el propósito del legislador de enfatizar que los familiares de los secuestrados y desaparecidos serán los primeros destinatarios de la información que da cuenta de los mismos, sin que ello implique restricción alguna respecto de las demás víctimas en torno al derecho a la verdad que los ampara, o en general de la sociedad a conocer la verdad. Téngase en cuenta que el artículo 7º enuncia de manera enfática el derecho inalienable, pleno y efectivo de las victimas pero también de la sociedad de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

En el mismo sentido la mención a las víctimas y a los parientes en el artículo 58 para facilitarles el acceso a los archivos para hacer vales sus derechos, no puede entenderse como negación del derecho de todas las personas a acceder a ellos pues como lo explicó la Corte respecto de los mismos no cabe entender establecida ninguna reserva más allá de la que establecen las normas vigentes sobre reserva judicial para proteger la vida y la seguridad de los testigos.

En el mismo sentido la mención a los expedientes ejecutoriados no puede entenderse sino en un sentido que concilia las necesidades del proceso penal y la reserva que en el existe con el derecho de todos a conocer la verdad una vez producida la sentencia. Sin que ello signifique tampoco negación de los derechos de las victimas al acceso al expediente, pues respecto de ellas como ya se vio en otro acápite de esta sentencia se encentra claramente reconocido el derecho de acceso e intervención en el proceso.

No asiste pues razón a los demandantes en este punto y en ese orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad frente a los cargos planteados en la demanda por la supuesta violación del derecho a la verdad de las expresiones “informar a sus familiares lo pertinente” contenidas en el artículo 7, “sobre los hechos objeto de investigación” contenidas en el primer inciso del artículo 15, “a los familiares” contenidas en el tercer inciso del artículo 15, “ejecutoriados” del artículo 32, “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58 de la Ley 975 de 2005 y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.4. El análisis de los cargos que aluden a la eventual vulneración del derecho a la reparación.

6.4.1. El análisis de la acusación formulada en contra del inciso octavo del artículo 8º, los incisos 1º a 4º, del artículo 23, las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el artículo 24, la expresión “más” contenida en el numeral 45.2 del artículo 44 y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” que hacen parte del artículo 49 de la Ley 975 de 2005.

En el presente acápite la Corte analizará de manera conjunta la acusación formulada en contra del inciso octavo del artículo 8º, los incisos 1º a 4º del artículo 23, las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24, la expresión “más” del numeral 45.2 del artículo 44 y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 por cuanto la misma se estructura a partir de argumentos similares ligados al desconocimiento en criterio de los demandantes de la dimensión colectiva del derecho a la reparación.

Aducen los demandantes, en efecto i) que el inciso octavo del artículo 8º de la Ley 975de 2005 (84) , al señalar que la reparación colectiva —entendida como uno de los varios elementos que constituyen el derecho a la reparación—, deberá ser aplicada a comunidades y poblaciones afectadas por la violencia, desconoce que son los casos concretos los que determinan qué medidas son las apropiadas para garantizar justamente el derecho a la reparación, de forma tal que al restringirse los programas de reparación colectiva a partir de factores netamente territoriales se impide que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que no pertenezcan a dichas comunidades o poblaciones no puedan acceder al referido derecho olvidando así, que la víctima tiene la condición de tal independientemente del lugar en el que se encuentre. ii) que de conformidad con lo previsto en los incisos 1 a 4º acusados del artículo 23 de la Ley 975 de 2005 (85) , se entiende la reparación integral como una relación procesal entre víctima y victimario, lo cual implica necesariamente la privatización de la exigibilidad del derecho, impidiendo en esa forma que sectores sociales que fueron objeto del accionar paramilitar puedan acceder a una reparación integral en tanto víctimas indirectas que fueron del mismo, desconociendo con ello el deber de reparación colectiva que tiene el Estado en virtud de la interpretación de diferentes instrumentos de protección de derechos humanos, restringiendo en consecuencia la exigibilidad del derecho a la reparación integral, particularmente en lo relativo a las medidas colectivas que están ligadas necesariamente con las individuales. iii) que con las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el artículo 24 de la Ley 975 de 2005 (86) la interpretación que le da la ley al derecho de reparación integral se limita a la indemnización económica y moral dejando por fuera otra cantidad de elementos necesarios para su garantía real.

Por tanto, dicho aparte acusado debe ser declarado constitucional de manera condicionada en el entendido que las obligaciones allí previstas deben incluir la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y la adopción de medidas dirigidas a restaurar, indemnizar o readaptar los derechos de las colectividades o comunidades directamente afectadas por las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, iv) que la expresión “más” que hace parte del numeral 45.2 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005 (87) , desconoce que el derecho a la reparación se encuentra en cabeza de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, quienes en cada caso concreto pueden ser distintos actores, de forma tal que el derecho a la reparación en graves violaciones a los derechos humanos no se puede limitar a las personas “más” cercanas de la víctima, sino que para cada caso concreto puede estar en cabeza de un sin número de actores y en todo caso de la sociedad en general quienes igualmente gozan del derecho a la reparación. iv) que las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” que hacen parte del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 (88) desconocen que únicamente es en cada caso en concreto en donde se podrá determinar cuáles medidas son las apropiadas para garantizar dicho derecho especialmente si se considera que la reparación colectiva es solo un elemento del derecho a la reparación integral que no puede limitarse con base en factores territoriales dado que las víctimas que tienen la legitimidad para exigirla seguramente tienen como referente de colectividad otro modelo de organización social y no únicamente su territorio pues muchas de ellas son víctimas independientemente del lugar en el que se encuentren.

Sobre este aspecto de la acusación el Fiscal General de la Nación señala que el artículo 23 de la Ley 975 de 2005 no hace diferenciación alguna entre víctima individual y colectiva, por lo que si la expresión allí empleada por el legislador es simplemente “víctima”, no hay razón lógica ni jurídica que soporte la afirmación de los actores según el cual dicha expresión margina a los grupos de víctimas o colectivos de víctimas afectados por la acción de los grupos armados al margen de la ley, y menos aún que la disposición referida suponga una odiosa diferenciación entre los unos y los otros, de forma tal que, el trato diferencial propuesto por los demandantes se queda “en el ámbito de su personal apreciación e interpretación de la norma, que no por ello puede servir de soporte a la declaración de inconstitucionalidad que se persigue”.

Respecto de la presunta inconstitucionalidad de las expresiones “poblaciones y comunidades” que hacen parte del artículo 8º demandado, el Fiscal General sostiene que dicha disposición más que referirse a titulares de la reparación colectiva, se edifica a partir de los propósitos que persigue tal reparación y por tanto señala que con ella se debe velar por la reconstrucción psicosocial de las poblaciones y comunidades afectadas, además el contenido material del artículo 8º aludido debe interpretarse en armonía con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 975 de 2005 que refiriéndose a los programas de reparación colectiva, hace mención a los derechos de los ciudadanos afectados por los hechos de violencia y a las víctimas de ella, expresiones por demás abiertas y amplias que con prescindencia de cualquier modelo de agrupación social precave simple y llanamente los derechos de las víctimas afectadas con la violencia.

Por su parte el señor Procurador advierte que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han precisado que no solo los individuos pueden ser considerados como víctimas, sino que en ciertos casos las mismas comunidades, pueblos indígenas, grupos políticos, entre otros, pueden ser consideradas como tales. Estima que “es claro que el legislador debe garantizar la intervención en la actuación penal, tanto de las víctimas directas y sus sucesores, como de los perjudicados con las infracciones al derecho penal y con mayor razón a los de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, ya sea que se trate de personas naturales o trascienda a comunidades o agrupaciones”.

Respecto del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 señala que la acusación formulada no está llamada a prosperar, toda vez que, se sustenta en una interpretación errada de la disposición demandada, la cual en efecto se refiere al plano colectivo del derecho a la reparación cuando, en la parte inicial, impone el deber de implementar un programa institucional de reparación colectiva a través del cual se restablezca la confianza de la comunidad en general en las instituciones y la sensación de seguridad, pero en realidad el artículo referido no establece programas dirigidos específicamente a las víctimas colectivas, respecto de quienes se predica y debe garantizar la reparación en los términos de los artículos que anteceden al texto acusado.

Afirma entonces que “la disposición acusada no incide en el contenido y alcance del derecho que tienen las colectividades como víctimas a obtener la reparación integral de los daños ocasionados por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se desmoviliza”.

Sobre este aspecto de la acusación relativo a la dimensión colectiva del derecho a la reparación y el supuesto desconocimiento (89) o limitación (90) en determinados casos de la misma por parte del legislador en la Ley 975 de 2005 la Corte constata que los demandantes parten, como lo pone de presente el señor Fiscal de la Nación, de un supuesto que no puede predicarse de la Ley 975 de 2005 a saber que ella define el concepto de víctima en un sentido exclusivamente individual.

Al respecto ha de recordarse que el primer inciso del artículo 5 que contiene la definición de víctima señala que “Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley”. En este sentido nada impide entender que cuando la ley se refiere a la victima o a las víctimas esta haciendo igualmente mención a quienes colectivamente han sufrido un daño, y en este sentido a grupos o comunidades que han sido afectadas por hechos delictivos cometidos por las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley a los que alude la ley, aspecto que corresponderá examinar en cada caso dentro de los respectivos procesos.

Igualmente resulta pertinente resaltar que en la ley en que se contienen las expresiones acusadas la dimensión colectiva de los derechos a la verdad, la justicia la reparación y la no repetición se manifiesta en varias disposiciones.

Así, el artículo 6º al definir el derecho a la justicia señala que el Estado tiene el deber de realizar una investigación efectiva que conduzca a la identificación, captura y sanción de las personas responsables por delitos cometidos por los miembros de grupos armados al margen de la ley; asegurar a las víctimas de esas conductas el acceso a recursos eficaces que reparen el daño infligido, y tomar todas las medidas destinadas a evitar la repetición de tales violaciones.

El artículo 7º de la Ley 975 d 2005 al definir el derecho a la verdad señala que “La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada”.

Por su parte el artículo octavo luego de señalar que “el derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas” alude a la reparación simbólica que define como “toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.” Al tiempo que señala que “La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática”.

A su vez el artículo 49 de la ley sobre programas de reparación colectiva señala que “el gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado social de derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia”.

Ahora bien dado que los demandantes fundamentan su acusación en contra de las expresiones a que se alude en el presente acápite de la sentencia a partir de un entendimiento equivocado del alcance del concepto de victima al no tomar en cuenta el carácter colectivo que la misma puede tener en la Ley 975 de 2005 es claro que los reproches que endilgan a los incisos 1º a 4º del artículo 23 y a las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24 pierden totalmente sentido.

A su vez cabe advertir la acusación que formulan en contra de las expresiones poblaciones afectadas por la violencia del artículo 8º y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 supone un desconocimiento por parte de la ley de los derechos de las víctimas colectivas en concreto cuando dichas disposiciones como lo pone de presente el señor Procurador no inciden en el contenido y alcance del derecho que tienen dichas víctimas a obtener la reparación integral de los daños ocasionados por los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que regula la Ley 975 de 2005 pues aluden mas bien al direccionamiento de la acción del Estado en relación con la recuperación del tejido social mirado en su conjunto y no de las victimas individuales o colectivas y sus derechos, que como se ha visto en manera alguna pueden entenderse desconocidos por la Ley 975 de 2005.

En ese orden de ideas la Corte constata que la acusación formulada en contra del inciso octavo del artículo 8º, los incisos 1º a 4º del artículo 23, las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24, la expresión “más” del numeral 45.2 del artículo 44 y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

6.4.2. El análisis de la acusación formulada en contra de las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito” contenida en el numeral 38.3 del artículo 37 y en contra de la expresión “ilícitamente” contenidas en el numeral 45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005.

Dada la concatenación entre los temas que se abordan en las disposiciones acusadas en este acápite de la sentencia y la relevancia que para su examen tienen las consideraciones hechas por la Corte en la Sentencia C-370 de 2005 sobre la obligación que tienen todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley de responder con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados y que también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron, la Corte analizará la acusación así formulada de manera conjunta.

Aducen los actores que las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito”, que hacen parte del numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 (91) , vulneran el derecho a la reparación integral de las víctimas, en la medida en que la garantía de reparación aludida se encuentra siempre en cabeza del Estado independientemente de si los autores directos de la violación a los DDHH se les obliga a reparar mediante una sentencia judicial, ello obedece a que la responsabilidad por los actos cometidos durante el desarrollo de un conflicto armado interno le imponen al Estado una carga adicional con el fin de proteger a sus asociados so pena de responder por los daños que se les cause a los mismos.

A su vez, según los demandantes, la expresión “ilícitamente” que hace parte del numeral 45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005 (92) , vulnera el derecho a la reparación integral que le asiste a las víctimas en el conflicto, en la medida en que restringe el patrimonio destinado para la reparación simplemente a los bienes de procedencia ilícita, desconociendo que independientemente de la existencia de la obligación de reparación, el dominio sobre los bienes ilícitos debe ser extinguido por parte del Estado dado que son producto precisamente de una actividad ilegal.

Sobre este punto el Ministro del Interior y de Justicia Afirma que el deber de reparar por los daños infringidos con la conducta punible corresponde a los infractores, sin que pueda pretender derivarse responsabilidad estatal al respecto. Aclara sin embargo, que es deber de los Estados crear recursos judiciales y administrativos en sus respectivas legislaciones para hacer efectivo derecho a la reparación de las víctimas, así como lo establecen, los diferentes Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. Estos indican que las respectivas legislaciones establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos expeditos, justos, poco costosos y accesibles, la cual deberá ser pronta y adecuada.

Afirma que la violación de derechos humanos que pueda ser atribuida al Estado y que por ende comprometa su responsabilidad, ha sido analizada en el ámbito internacional con sustento en la obligación de los Estados prevista en los tratados internacionales de “respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio". Habiendo mencionado diferentes normas internacionales sobre la responsabilidad de los Estados respecto a la violación de los derechos humanos y las obligaciones de cada Estado para proteger los derechos humanos, hace referencia a las violaciones de los derechos humanos cometidas por terceros. Particularmente, estas violaciones, en principio, afirma, no son imputables al Estado dado que la conducta violatoria de los derechos humanos por un tercero no implica por sí misma el incumplimiento del deber del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos, sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que habría lugar a responsabilidad del Estado cuando este sí incumple su deber de “garantizar" el ejercicio de derechos y libertades lo que ocurre cuando la transgresión de los derechos se realiza por falta de prevención del Estado o impunemente.

En ese orden de ideas señala que al no ser predicable como principio general, la imputación de responsabilidad al Estado, esta debe ser determinada en cada caso concreto, no siendo legítimo pretender que se estableciera como regla general en una ley, cuando no se está en presencia comprobada de los elementos que configuran el daño antijurídico a cargo del Estado, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, entonces la ley no ha vulnerado ninguna norma constitucional.

Afirma igualmente que “la ley consagra medidas complementarias que amplían las posibilidades reales de alcanzar la reparación integral a las víctimas - la contribución del estado en el fondo para la reparación de víctimas y en la realización de medidas de satisfacción de carácter colectivo se fundamenta en el principio de solidaridad y no en la responsabilidad del estado por las conductas punibles cometidas por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley”.

Explica que en contexto internacional se ha dado la tendencia a establecer mecanismos alternativos que buscan la reparación de las víctimas, con fuentes adicionales a las del responsable del hecho punible causante del daño. En tal sentido, se ha instado a los Estados a que procuren contribuir en la reparación, no porque les sea atribuible la responsabilidad derivada del ilícito, sino por solidaridad asistencial con las víctimas. La búsqueda de alternativas para posibilitar el pago de una justa indemnización a las víctimas ha llevado a que se establezcan mecanismos que suplan la incapacidad económica del condenado para asumir el monto total de la indemnización correspondiente. Se trata de mecanismos de asunción social del riesgo de sufrir un daño como resultado de una conducta punible, los cuales pueden sustituir o complementar los criterios clásicos de la responsabilidad civil individual.

Por su parte el señor Fiscal General de la Nación señala que los demandantes no toman en cuenta que la Ley 975 de 2005 en el artículo 43 establece el deber general de reparar por los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en la misma ley, a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial, a su vez, el artículo 42 ibídem, dispone que cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario por las disposiciones la ley aludida, el tribunal directamente o por remisión de la unidad de fiscalía ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.

En esos términos, hace énfasis en que el Estado responde subsidiariamente por medio de los recursos que pongan en el Fondo de Reparación, para satisfacer a las víctimas cuando los daños hayan sido claramente ocasionados por un grupo armado ilegal beneficiario de la Ley 975 de 2005 pero no haya sido posible individualizar al sujeto o sujetos activos, de forma tal que “es la víctima quien escoge si concurre al incidente de reparación integral para reclamar sus perjuicios al condenado, independientemente de la acción de reparación que involucre al Estado por omisión alguna (sic)”.

Por su parte el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas advierte que al limitar la entrega de bienes solo a los que sean producto de la actividad ilegal la Ley 975 de 2005 se aparta en perjuicio de las víctimas de los principios internacionales de igualdad y de reparación integral, de forma tal que, al establecer a favor de los procesados una limitación de tal índole no solo se hace una concesión injustificada a los responsables de conductas atroces, sino que se desconoce a las personas afectadas por sus actos de violencia el derecho a la “proporcionalidad reparatoria”.

Al respecto el señor Procurador solicita que se declare la inexequibilidad de las expresiones “obtenidos ilícitamente” que forman parte del artículo 44, numeral 45.1 de la Ley 975 de 2005 para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas.

Ahora bien, en relación con este aspecto de la acusación formulada por los demandantes cabe recordar que la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 precisó que son los perpetradores de los delitos a que alude la Ley 975 de 2005 los que deben responder con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos causados.

Igualmente que al Estado corresponde solo de manera subsidiaria y en determinadas circunstancias entrar a concurrir con la reparación a las víctimas.

Señaló la Corte los siguiente:

“6.2.4.1.9. Se pregunta la Corte si el derecho a la reparación integral garantiza que, incluso en procesos de justicia transicional, los responsables de delitos respondan con su propio patrimonio por los daños que su actividad criminal ha producido.

6.2.4.1.10. En principio podría sostenerse que si bien en la justicia ordinaria se aplica el principio general de derecho según el cual quien causa un daño debe repararlo, en procesos de justicia transicional a través de los cuales se enfrentan violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y ante un universo enorme de victimas directas e indirectas, quien debe responder es el Estado y no los perpetradores. Incluso podría sostenerse que puede ser una condición de quienes deciden someterse a un proceso de paz tras un legado de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que el componente patrimonial de las reparaciones sea asumido por el Estado y no por los responsables del daño, quienes no estarían dispuestos a arriesgar su patrimonio personal que se vería completamente menguado si con él tuviera que sufragarse los cuantiosos daños producidos. Finalmente podría sostenerse que esta forma de reparación —a través de recursos públicos y no del patrimonio personal de los responsables— no supone una violación del derecho de las víctimas pues finalmente estas recibirán algún tipo de reparación, sin importar la fuente a través de la cual se financian.

6.2.4.1.11. Este argumento sin embargo tiene una serie de debilidades constitucionales que la Corte no puede dejar de advertir. En primer lugar, como entra a explicarse, no parece existir una razón constitucional que permita excepcionar el principio general según el cual todo aquel que cause un daño antijurídico esta obligado a repararlo y trasladar el costo total de la reparación a los ciudadanos y ciudadanas. En segundo término, incluso si se aceptara que el Estado puede efectuar este traslado de responsabilidad, lo cierto es que no esta autorizado para perdonar —ni penal ni civilmente— a quien ha cometidos delitos atroces o al responsable de actos de violencia masiva o sistemática. Eximir completamente de responsabilidad civil al causante del daño equivale a una amnistía integral de la responsabilidad debida. Finalmente, parece constitucionalmente desproporcionado renunciar a perseguir el patrimonio de los responsables del daño, al menos, en aquellos casos en los cuales pueda comprobarse que las personas responsables tienen inmensas fortunas mientras que quienes han sufrido dicho daño, por efecto de este, se encuentran en dolorosas condiciones de pobreza y desarraigo. Entra la Corte a explicar cada una de estas cuestiones.

6.2.4.1.12. En primer lugar, al menos en principio, no parece existir una razón constitucional suficiente para que, frente a procesos de violencia masiva, se deje de aplicar el principio general según el cual quien causa el daño debe repararlo. Por el contrario, como ya lo ha explicado la Corte, las normas, la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional han considerado que la reparación económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador es una de las condiciones necesarias para garantizar los derechos de las víctimas y promover la lucha contra la impunidad. Solo en el caso en el cual el Estado resulte responsable —por acción o por omisión— o cuando los recursos propios de los responsables no son suficientes para pagar el costo de reparaciones masivas, el Estado entra a asumir la responsabilidad subsidiaria que esto implica. Y esta distribución de responsabilidades no parece variar en procesos de justicia transicional hacia la paz.

6.2.4.1.13. En efecto, en contextos de transición a la paz, podría parecer proporcionado que el responsable de delitos que ha decidido vincularse a un proceso de negociación, conserve una parte de su patrimonio de forma tal que pueda vivir dignamente e insertarse plenamente en la sociedad democrática y en el Estado de derecho. Lo que sin embargo parece no tener asidero constitucional alguno es que el Estado exima completamente de responsabilidad civil a quienes han producido los daños que es necesario reparar y traslade la totalidad de los costos de la reparación al presupuesto. En este caso se estaría produciendo una especie de amnistía de la responsabilidad civil, responsabilidad que estarían asumiendo, a través de los impuestos, los ciudadanos y ciudadanas de bien que no han causado daño alguno y que, por el contrario, han sido víctimas del proceso macrocriminal que se afronta. La Corte no desconoce que frente al tipo de delitos de que trata la ley demandada parece necesario que los recursos públicos concurran a la reparación, pero esto solo de forma subsidiaria. Esto no obsta, como ya se mencionó, para que el legislador pueda modular, de manera razonable y proporcionada a las circunstancias de cada caso, esta responsabilidad. Lo que no puede hacer es relevar completamente a los perpetradores de delitos atroces o de violencia masiva, de la responsabilidad que les corresponde por tales delitos. De esta manera, resulta acorde con la Constitución que los perpetradores de este tipo de delitos respondan con su propio patrimonio por los perjuicios con ellos causados, con observancia de las normas procesales ordinarias que trazan un límite a la responsabilidad patrimonial en la preservación de la subsistencia digna del sujeto a quien dicha responsabilidad se imputa, circunstancia que habrá de determinarse en atención a las circunstancias particulares de cada caso individual.

En la misma sentencia la Corte puso de presente que dado el nexo de causalidad entre la actividad del grupo específico y los daños ocasionados individual o colectivamente por ese grupo específico dentro del cual realizaron las actividades delictivas la responsabilidad derivada de dichas actuaciones debe ser solidaria.

Señaló la corporación:

“Lo anterior conduce a señalar que para la ley bajo examen resulta particularmente relevante la causalidad existente entre los hechos punibles judicializados y la actividad de los grupos armados específicos que después de haberse organizado para cometer delitos decidan desmovilizarse. Esta relación entre la actividad de los individuos que se desmovilizan y su pertenencia al grupo específico dentro del cual delinquieron, genera un nexo de causalidad entre la actividad del grupo específico y los daños ocasionados individual o colectivamente por ese grupo específico dentro del cual realizaron las actividades delictivas. Si bien la responsabilidad penal continúa siendo individual (93) , la responsabilidad civil derivada del hecho punible admite el elemento de la solidaridad, no solamente entre los penalmente responsables sino respecto de quienes por decisión judicial hayan sido calificados como miembros del grupo armado específico, entendido como el frente o bloque al que se impute causalmente el hecho constitutivo del daño, en virtud de la relación de causalidad que se estructura entre las conductas delictivas que generan el daño y la actividad en concreto de ese grupo específico que actúa al margen de la ley al cual pertenecieron los desmovilizados. Todos los hechos punibles sometidos al ámbito de la Ley 975/05 exigen que su perpetración se produzca durante y con ocasión de la pertenencia de los individuos desmovilizados a los grupos armados, lo que fundamenta la responsabilidad civil del grupo específico al amparo del cual se cometieron los delitos juzgados por parte de miembros de un grupo armado determinado, calificados como tales judicialmente.

(…).

“Para la Corte es claro que si los beneficios que establece la ley son para el grupo específico, o para sus miembros en razón a la pertenencia al bloque o frente correspondiente, este debe tener correlativas responsabilidades de orden patrimonial, incluso al margen de la determinación de responsabilidades de índole penal, siempre y cuando se establezca el daño y la relación de causalidad con la actividad del grupo específico y se haya definido judicialmente la pertenencia del desmovilizado al frente o bloque correspondiente. Los daños anónimos, es decir aquellos respecto de los cuales no ha sido posible individualizar al sujeto activo, no pueden quedar exentos de reparación; comprobado el daño y el nexo causal con las actividades del bloque o frente armado ilegal cuyos miembros judicialmente identificados sean beneficiarios de las disposiciones de la ley, tales miembros deben responder a través de los mecanismos fijados en la ley.

“El artículo 54, bajo examen establece que el fondo para la reparación de las víctimas estará integrado por todos los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la ley, por recursos provenientes del presupuesto nacional y por donaciones en dinero o especie, nacionales o extranjeras. La satisfacción del principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el fondo. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (L. 975/2005, art. 42, inc. 2º) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes.

“No obstante, si bien el artículo 54, inciso segundo, señala que el Fondo para la Reparación se nutre de “los bienes o recursos que a cualquier título se entreguen por las personas o grupos armados organizados ilegales a que se refiere la presente ley”, no señala a qué título responden los miembros del grupo específico, es decir, del bloque o frente dentro del cual realizaron actividades delictivas. Tampoco indica en qué situación se encuentran las víctimas de cada frente o bloque en punto a la indemnización de los perjuicios que tales grupos específicos le ocasionaron. De tal manera que dicho artículo establece un mecanismo de reparación colectiva, sin indicar aspectos esenciales de la responsabilidad en que dicha reparación colectiva encuentra fundamento. Esto crea una ambigüedad sobre las bases y los alcances de dicha responsabilidad, a tal punto que se podría concluir que las víctimas solo tienen derecho a la reparación en la medida en que el perpetrador específico del delito que les ocasionó el daño cuente con recursos suficientes para pagar la correspondiente indemnización, lo cual sería una afectación desproporcionada de dicho derecho que quedaría librado a la disponibilidad de recursos de cada individuo perpetrador del delito. Esa interpretación es manifiestamente inconstitucional en el contexto de la desmovilización de grupos armados al margen de la ley estimulada por beneficios penales. Por eso, es necesario condicionar la exequibilidad de la norma, sin impedir que el Fondo de Reparación sea alimentado por recursos del presupuesto nacional y por donaciones, habida cuenta del goce efectivo del derecho a la reparación de las víctimas que podría verse seriamente disminuido si el Fondo de Reparación fuera integrado exclusivamente con bienes o recursos de los integrantes de cada frente o bloque armado ilegal.

“Los argumentos relativos a la necesidad de proteger los derechos de las víctimas a la reparación se atienden con el condicionamiento que la Corte introducirá a la norma, en el sentido que quienes judicialmente hayan sido calificados como integrantes del grupo armado específico responden civilmente, de manera solidaria, con su patrimonio, por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del bloque o frente al cual pertenecieron, no solo por los perjuicios derivados de los delitos por los cuales fueren individualmente condenados.

“En consecuencia la Corte declarará exequible, por los cargos examinados, el inciso 2º del artículo 54, en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctima de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron” (94) .

De lo decidido en dicha sentencia se desprende claramente que i) todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctima de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados, ii) también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron, iii) la satisfacción del principio de reparación exige la observancia de un orden en la afectación de los recursos que integran el fondo de reparación establecido por la Ley 975 de 2005. Así, los primeros obligados a reparar son los perpetradores de los delitos, en subsidio y en virtud del principio de solidaridad, el grupo específico al que pertenezcan los perpetradores. Antes de acudir a recursos del Estado para la reparación de las víctimas, debe exigirse a los perpetradores de los delitos, o al bloque o frente al que pertenecieron, que respondan con su propio patrimonio por los daños ocasionados a las víctimas de los delitos. El Estado ingresa en esta secuencia solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (L. 975/2005, art. 42, inc. 2º) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes.

Ahora bien frente a la acusación formulada en el presente proceso la Corte encuentra que las consideraciones hechas en la referida sentencia no solamente deben ser reiteradas sino que orientan necesariamente la decisión a adoptar en el presente caso.

Así en relación con las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito” contenidas en el numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 la Corte encuentra que no cabe duda de que dentro de los derechos de las víctimas frene a la administración de justicia resulta claramente compatible con la Constitución que estas tengan derecho a una pronta e integral reparación de los daños sufridos a cargo del autor o partícipe del delito.

Empero como en la misma sentencia se señaló la reparación integral que les es debida a las víctimas no puede quedar supeditada a que el perpetrador específico del delito que les ocasionó el daño cuente con recursos suficientes para pagar la correspondiente indemnización, lo cual sería una afectación desproporcionada de dicho derecho que quedaría librado a la disponibilidad de recursos de cada individuo perpetrador del delito o de los participes del mismo.

En ese sentido y en armonía con el condicionamiento hecho en la Sentencia C-370 de 2005 debe señalarse que el autor o partícipe del delito también responderá solidariamente por los daños ocasionados a las victimas por otros miembros del grupo armado específico al cual pertenecieron, por lo que la constitucionalidad de la expresión acusada habrá de condicionarse en ese sentido en la presente sentencia.

No sobra por lo demás señalar que como lo puso de presente la Corte en la misma Sentencia C-370 de 2006 dicha responsabilidad en cabeza del perpetrador específico del delito y solidariamente de los miembros del grupo al que pertenece no significa que el Estado pueda liberarse de las obligaciones que de manera subsidiaria le corresponden frente a las víctimas.

Como en la Sentencia C-370 de 2006 se señaló el Estado ingresa en esta secuencia de reparación solo en un papel residual para dar una cobertura a los derechos de las víctimas, en especial a aquellas que no cuentan con una decisión judicial que fije el monto de la indemnización al que tienen derecho (L. 975/2005, art. 42, inc. 2º (95) ) y ante la eventualidad de que los recursos de los perpetradores sean insuficientes.

En ese orden de ideas y en armonía con lo decidido en la referida Sentencia C-370 de 2006 la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito” contenidas en el numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron; y que al Estado corresponde una responsabilidad subsidiaria en el caso en que los bienes de los autores o partícipes y los de los miembros de los grupos a que ellos pertenecen no resulten suficientes.

Ahora bien en cuanto hace a la expresión ilícitamente contenida en el numeral 45.1 del artículo 44 en el que se señalan cuales son los actos de reparación de que trata la Ley 975 de 2005 y en el que se enuncia como acto de reparación “la entrega de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas”, la Corte constata que dicha expresión por el contexto en que se halla contenida, así como por el hecho de que en el mismo artículo no se hace referencia en materia de bienes destinados a la reparación sino precisamente a los bienes obtenidos ilícitamente, debe ser declarada inexequible pues ella comporta una restricción importante del derecho de las víctimas a la reparación integral.

Téngase en cuanta que el artículo en que se encuentra dicha expresión enuncia precisamente el listado de los actos de reparación y en materia de bienes solo enuncia aquellos obtenidos ilícitamente.

La reparación estaría así limitada a la entrega de bienes obtenidos ilícitamente y no del conjunto de bienes que conforman el patrimonio de los beneficiarios de la ley. Por ello y para que la decisión en este caso resulte concordante con lo decidido —en cuanto al condicionamiento hecho al artículo 54 de la Ley 975 de 2005— en la Sentencia C-370 de 2005, la Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “ilícitamente” contenida en el numeral 45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005 y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

Ahora bien, para hacer totalmente concordante la decisión y para que no quede ninguna duda sobre este punto la declaratoria de inexequibilidad se hará también respeto de la expresión “obtenidos” que precede la expresión ilícitamente acusada por el actor.

5. Alcance de la decisión limitado a lo resuelto en la presente sentencia y efecto general inmediato de la misma.

En armonía con su jurisprudencia y en especial con lo decidido en la Sentencia C-370 de 2006 la Corte no accederá a las peticiones de i) unidad normativa para declarar la inexequibilidad total de la ley, y de ii) señalar efectos retroactivos a la presente sentencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-319 de 2006 en relación con la acusación formulada en contra de los artículos 1º, 2º, 3º a 8º, 15, 17, 18, 23, 26, 32, 33, 36 a 58, 60 a 62 de la Ley 975 de 2005 por no haberse tramitado mediante el procedimiento señalado en el artículo 152-2 de la Constitución previsto para las leyes estatutarias

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-370 de 2006 en relación con la acusación formulada en contra i) del numeral 10.6 del artículo 10, ii) las expresiones “por los cuales se acogen a la presente ley” contenidas en el artículo 17, iii) las expresiones “de procedencia ilícita que hayan sido entregados” y “dentro de los sesenta (60) días” contenidas en el artículo 18, iv) las expresiones “pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley” contenidas en el artículo 20, v) el artículo 25, vi) el parágrafo 3º del artículo 26, vii) las expresiones “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley” contenidas en el inciso cuarto del artículo 29, viii) el artículo 31, ix) la expresión “pertinente” contenida en el numeral 38.5 del artículo 37, x) las expresiones “de ser posible” contenidas en el artículo 46, xi) las expresiones “o sus parientes en primer grado de consaguinidad de conformidad con el presupuesto del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, contenidas en el artículo 47, xii) las expresiones “y las de sus parientes en primer grado de consaguinidad” contenidas en el numeral 49.3 del artículo 48, xiii) las expresiones “dentro de los límites autorizados en el presupuesto nacional” contenidas en el numeral 56.1 del artículo 55, y xiv) el artículo 71, de la Ley 975 de 2005.

3. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la acusación formulada en contra de i) el artículo 9º, ii) los numerales 10.4 y 10.5 del artículo 10, iii) el artículo 11, iv) Los artículos 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26 y 27 v) la expresión “no” del parágrafo 2º del artículo 23, vi) las expresiones “que se destinarán a la reparación” contenidas en el artículo 24, vii) el artículo 30 —por la supuesta vulneración del artículo 13 superior—, viii) las expresiones “nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto” contenidas en el artículo 45, y ix) el numeral 52.2 del artículo 51 de la Ley 975 de 2005 por ineptitud sustancial de la demanda.

4. Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “obtenidos ilícitamente” contenidas en el numeral 45.1 del artículo 44 de la Ley 975 de 2005.

5. Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, i) el cuarto inciso del artículo 5º ii) la expresión “promover” contenida en los artículos 4º y 7º , iii) las expresiones “e informar a los familiares lo pertinente” contenida en el artículo 7º, iv) el parágrafo del artículo 10, v) las expresiones “sobre los hechos objeto de investigación” y “a los familiares” contenidas en el artículo 15 , vi) el último inciso del artículo 16, vii) el artículo 22 viii) los incisos 1º a 4º del artículo 23 ix) las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el artículo 24, x) los incisos uno a cinco del artículo 29, xi) el artículo 30 por el cargo relativo al supuesto desconocimiento del artículo 113 superior, xii) la expresión “ejecutoriados” del artículo 32, xiii) la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34, xiv) las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas” contenidas en el numeral 38.2 del artículo 37 xv) la expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 del artículo 37, xvi) el artículo 41 xvii) la expresión “más” contenida en el numeral 45.2 del artículo 44 xviii) las expresiones “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58 y xvix) el artículo 64 de la Ley 975 de 2005.

6. Declarar EXEQUIBLES DE MANERA CONDICIONADA, por el cargo analizado, i) el artículo 27 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que la caracterización a que en él se alude corresponde a la tipicidad objetiva y que la decisión del archivo de las diligencias debe ser motivada y comunicada al denunciante y al Ministerio Público para el ejercicio de sus derechos y funciones, ii) las expresiones “a cargo del autor o partícipe del delito” contenida en el numeral 38.3 del artículo 37 de la Ley 975 de 2005 en el entendido que todos y cada uno de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, responden con su propio patrimonio para indemnizar a cada una de las víctimas de los actos violatorios de la ley penal por los que fueren condenados; y también responderán solidariamente por los daños ocasionados a las víctimas por otros miembros del grupo armado al cual pertenecieron.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

ACLARACIÓN DE VOTO

Los siguientes son los motivos por los cuales presento aclaración de voto a la Sentencia C-575 de 2006, por medio de la cual, entre otras determinaciones, la Corte declaró exequible el inciso 4º del artículo 5º de la Ley 975 de 2005. Considero que la norma debió declararse exequible de manera condicionada, tal como se expone a continuación.

1. El precepto acusado y las razones que fundamentan la exequibilidad.

El inciso 4º del artículo 5º de la Ley 975 de 2005, establece que son víctimas, para efecto de la ley, los miembros de la fuerza pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física y/o sensorial (visual o auditiva) o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley.

La sentencia parte del reconocimiento de que tanto los convenios de Ginebra de 1949, como los Protocolos I y II a ellos integrados, hacen parte del bloque de constitucionalidad, y resultan vinculantes para efectos del control de constitucionalidad. Sin embargo sostiene, que no se vislumbra ninguna oposición entre las normas de esos instrumentos internacionales y el contenido del inciso acusado; sustenta su afirmación en los siguientes argumentos:

(i) Que de esa normatividad internacional, vinculante, no se desprende una prohibición para el Estado colombiano de conceder o atribuir el estatus de víctima a los miembros de la fuerza pública (96) .

(ii) Que el Protocolo II señala que el mismo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (o “distinción de carácter desfavorable”) a todas las personas afectadas por el conflicto armado en los términos a que en él se alude. De donde concluye la Sala que el propio Protocolo proscribe las discriminaciones en relación con las personas afectadas por el conflicto, “dentro de los cuales necesariamente han de incluirse los propios combatientes”.

(iii) Que la norma no entraña violación del principio de distinción, pues de lo que se trata no es de asimilar a los civiles con los combatientes para someter a aquellos a una situación prohibida por los textos internacionales, “sino que se trata simplemente del otorgamiento a los miembros de la fuerza pública, para efectos de la ley sub examine, del carácter de víctimas. Se trata más bien de una norma interna más garantista que las previstas en el ordenamiento internacional” (97) .

(iv) Que se trata de una protección complementaria a la prevista en el régimen de seguridad social que ampara a los miembros de la fuerza pública, respecto de los riesgos que no se encuentran cobijado por este sistema.

La sentencia parte de un error hermenéutico en cuanto, prescinde en su análisis, de los principios que orientan el derecho internacional humanitario, de imperativa aplicación en el asunto sometido al juicio de la Corte.

2. Los principios del Derecho Internacional Humanitario como referente de constitucionalidad.

Esta Corte tiene una jurisprudencia bastante consolidada (98) sobre el carácter vinculante en el orden interno, de las reglas y principios del derecho internacional humanitario, dada su naturaleza de normas de ius cogens (99) , su integración al bloque de constitucionalidad, y por ende, su carácter de referente de constitucionalidad para el juicio de esta naturaleza.

“Los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los convenios de Ginebra y en sus dos protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos. La Carta de 1991 confirma y refuerza tanto la obligatoriedad del derecho internacional de los derechos humanos como la del derecho internacional humanitario. En consecuencia, se acogió la fórmula de la incorporación automática del derecho internacional humanitario al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens. Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales I y II de 1977 constituyen pura y simplemente, la expresión formal y por escrito, esto es, la codificación de los principios ya existentes en el derecho internacional consuetudinario. Por tanto, la ratificación produce la importante consecuencia de zanjar definitivamente toda controversia que pudiera existir, en torno a la obligatoriedad del derecho internacional humanitario” (100) .

Uno de los principios medulares del derecho internacional de los conflictos armados es el de distinción que impone a los combatientes, en todo momento, la obligación de distinguirse de la población civil, y de todos aquellos que no participan en las hostilidades, con el fin de preservar a estos últimos de los estragos del conflicto. De este principio se deriva un concepto también de singular importancia para el derecho internacional humanitario, como es el de persona protegida, noción que cumple un papel limitador del ámbito personal de aplicación de los principios y reglas de esta normatividad de excepción.

El artículo 3º común a los convenios de Ginebra de 1949, delinea el ámbito personal de aplicación de esa normatividad, al establecer que en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional que surja en el territorio de una de las altas partes contratantes, las partes tienen unos imperativos éticos mínimos que deben respetar en relación con “Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa”.

Así mismo el artículo 4º del Protocolo II, relativo a las garantías fundamentales que se deben aplicar a los conflictos armados que regula este instrumento, refiere su aplicación a “Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas”.

De donde se deriva que el concepto de víctima dentro de una situación de confrontación armada debe ajustarse a la filosofía que alienta el derecho internacional de los conflictos armados, conforme a la cual tienen la condición de víctima las personas que no participan directamente en las hostilidades o que ha dejado de participar en ellas. Este concepto incluye por supuesto a los miembros de la fuerza pública que hubieren dejado de participar en las hostilidades, ya sea por que hubiesen depuesto las armas, o hayan sido puestos fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa.

Lo que no resulta admisible frente a la estructura conceptual del derecho internacional humanitario es que se considere víctima a los combatientes (de cualquiera de las fuerzas enfrentadas) que participen directamente en las hostilidades y que como consecuencia de esa participación activa recibieren alguna lesión en su integridad física. Su condición de víctima, a la luz de esa normatividad, surge en virtud de la transgresión (por el contendor) de las reglas del derecho internacional humanitario, concretamente por hacerlo objeto de ataques, no obstante haber depuesto las armas, o haber sido puesto fuera de combate a consecuencia de enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, circunstancias estas que proveen el estatus de persona protegida.

La aplicabilidad de los principios que rigen el derecho internacional humanitario como criterios relevantes de interpretación de la disposición analizada emerge del contenido de los artículos 1º y 2º de la Ley 975 de 2004, en la cual se inserta la norma, que establecen como objeto de la ley el de “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley (…), y como sus destinatarios a las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, que fueren autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a esos grupos, y que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional. Es evidente que la norma se inserta en el contexto de una ley orientada a la superación del conflicto armado, y a la investigación y sanción de los autores y partícipes, así como a la reparación de las víctimas, de los crímenes que se hubieren cometido por los miembros de las organizaciones que intervienen como actores de ese conflicto. Así que, tratándose de crímenes de guerra —propios del contexto de conflicto armado— la condición de víctima está vinculada al concepto de persona protegida por el derecho internacional humanitario, y desde luego a la trasgresión grave de las reglas de la guerra.

Los miembros de la fuerza pública adquieren el estatus de personas protegidas por el derecho internacional humanitario y en consecuencia potenciales víctimas de los delitos contra esa normatividad, cuando se encuentren en las situaciones previstas en el artículo 3º común a los convenios de Ginebra de 1949, o en el artículo 4º del Protocolo II adicional, a que se ha hecho referencia. La norma debió en consecuencia ser declarada exequible, incluyendo este condicionamiento.

Esta interpretación en manera alguna puede considerarse un menoscabo de los derechos de los miembros de la fuerza pública que deben actuar dentro del conflicto armado, puesto que como agentes estatales tienen sus propios esquemas de cobertura de los riesgos inherentes a su actividad funcional. Lo que sí resulta insólito es que mediante la norma analizada, en los términos en que está diseñada, se pretenda trasladar al fondo de reparación de víctimas, la indemnización que corresponde al Estado, por las discapacidades ocasionadas a los miembros de la fuerza pública, en desarrollo de su actividad funcional, lo cual evidentemente va en desmedro de sus derechos prestacionales.

De otra parte, el argumento central para la declaratoria de exequibilidad, sin condicionamientos, de la norma examinada, radica en que esta no es incompatible con los principios del derecho internacional humanitario, en cuanto que los instrumentos respectivos regulan unos mínimos que deben ser observados por los Estados, sin perjuicio de que la cobertura de la protección se amplíe por decisión de los estados partes en esas convenciones. Ciertamente este es un argumento que ha desarrollado la Corte, para eventos en que la ley nacional amplía el ámbito protectorio previsto en la ley internacional. Sin embargo, esta ampliación es legítima cuando ello no comporta una distorsión de los principios que regulan la materia. Así lo estableció, por ejemplo, a propósito de la ampliación de cobertura que la legislación interna imprime al crimen de genocidio, en relación con la convención internacional: “No hay óbice para que las legislaciones nacionales adopten un concepto más amplio de genocidio, siempre y cuando se conserve la esencia de este crimen, que consiste en la destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano, que tenga una identidad definida. Y es indudable que un grupo político la tiene” (101) (Destaco).

Este argumento no aplica al presente caso puesto que la pretendida ampliación protectoria, parte del desconocimiento de uno de los principios que regulan la normatividad humanitaria como es el principio de distinción y su derivado el estatus de persona protegida. Tal distorsión no conviene ni al desarrollo conceptual del derecho que regula los conflictos armados, al que la jurisprudencia de esta Corte ha tributado valiosos aportes, ni a aquellos en favor de quienes se establece la ampliación. Se subvierte así, sin ningún rendimiento protectorio, la esencia del ámbito personal de aplicación del derecho internacional humanitario a los conflictos armados de carácter no internacional.

Jaime Córdoba Triviño. 

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente sentencia, como también lo hiciera frente a las sentencias C-370 del 2006 y C-400 del 2006, con fundamento en las siguientes razones:

1. En primer lugar, considero que en materia penal, el legislador debe ajustarse a los principios, valores y preceptos constitucionales y al mismo tiempo, al derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho penal internacional. Desde esta perspectiva, sostengo que con la expedición de la Ley 975 de 2005 se desconocen los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, en virtud del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Convención americana sobre derechos humanos, el estatuto de Roma y los protocolos de Ginebra y su Protocolo adicional II, en cuanto a:

(i) prevenir y penalizar las violaciones graves de derechos humanos, incluidas los crímenes de lesa humanidad, conforme a los principios de individualización, proporcionalidad y razonabilidad;

(ii) juzgar las infracciones graves del derecho internacional humanitario (crímenes de guerra) y de no hacerlo, será competencia de la Corte Penal Internacional, si el tribunal sustrajo al acusado de su responsabilidad penal o no hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial;

(iii) la Ley 975 desconoce los principios de igualdad y no discriminación, legalidad de los delitos y de las penas, proporcionalidad de las sanciones penales, responsabilidad del Estado y garantía de los derechos de las víctimas.

2. En segundo lugar, considero que existe inconstitucionalidad de normas específicas de la Ley 975 de 2005, que en mi concepto violan los artículos 2.1, 2.3, 25 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, los principios 2, 3, 4, 5, 8, 15, 16, 19, 20 de los principios y directrices sobre los derechos de las víctimas de violaciones graves y manifiestas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Principalmente, los artículos 5º y 7º, parciales; 10, parágrafo; 15, 16, parciales; 22; 23, parcial; 29; 37 y 44 que a mi juicio, quebrantan las citadas normas internacionales en lo mencionado.

Por todo lo expuesto reitero mi posición respecto a que la Ley 975 de 2005 es inexequible en su totalidad.

Fecha ut supra. 

Jaime Araújo Rentería. 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Auto 286 de 2006

Ref.: Expediente D-5994

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Tafur Galvis

Parte resolutiva de la Sentencia C-575 de 2006 —Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos —total o parcialmente acusados— 1º a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”—.

Actores: María Helena Ruíz de Ospina y otros

Bogotá D.C., dieciocho de octubre del año dos mil seis.

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Sentencia C-575 de 2006 la Corte se pronunció frente a la demanda formulada por María Helena Ruiz de Ospina y otros en contra los artículos —total o parcialmente acusados— 1º a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 34, 36 a 58, 60 a 62, 64 y 71 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

2. Que como se desprende de la parte motiva de dicha Sentencia (págs. 221 (102) , 179 (103) , 183 (104) y 221 respectivamente) la Corte encontró que los cargos formulados en contra de i) el inciso 8º del artículo 8º, ii) las expresiones “impulsará” y “asistencia” del artículo 36, iii) la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del artículo 37, y iv) las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, no estaban llamados a prosperar y por tanto así se declararía en la parte resolutiva de la sentencia.

3. Que en dicha sentencia en la parte resolutiva no se incluyó la declaración que reflejara la decisión así adoptada por la Corte respecto de dichas disposiciones. Por lo que la corporación constata que se presentó un error involuntario al momento de documentar el fallo adoptado en la Sala Plena, en tanto como se ha visto se omitió incluir en la parte resolutiva de la sentencia la decisión adoptada por la Corte en relación con i) el inciso 8º del artículo 8º, ii) las expresiones “impulsará” y “asistencia” del artículo 36, iii) la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del artículo 37, y iv) las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

RESUELVE:

Declarar que en la documentación de la Sentencia C-575 de 2006 se presentó un error involuntario al transcribir el numeral quinto de la parte resolutiva de la misma en el que se omitió incluir i) el inciso 8º del artículo 8º, ii) las expresiones “impulsará” y “asistencia” del artículo 36, iii) la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del artículo 37, y iv) las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

En consecuencia dicho numeral quinto queda así:

“5. Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizado, i) el cuarto inciso del artículo 5º ii) la expresión “promover” contenida en los artículos 4º y 7º, iii) las expresiones “e informar a los familiares lo pertinente” contenida en el artículo 7º, iv) el inciso 8º del artículo 8º, v) el parágrafo del artículo 10, vi) las expresiones “sobre los hechos objeto de investigación” y “a los familiares” contenidas en el artículo 15, vii) el último inciso del artículo 16, viii) el artículo 22, ix) los incisos 1º a 4º del artículo 23, x) las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” contenidas en el artículo 24, xi) los incisos uno a cinco del artículo 29, xii) el artículo 30 por el cargo relativo al supuesto desconocimiento del artículo 113 superior, xiii) la expresión “ejecutoriados” del artículo 32, xiv) la expresión “asistirá” contenida en el artículo 34, xv) las expresiones “impulsará” y “asistencia” del artículo 36, xvi) las expresiones “cuando quiera que resulten amenazadas” contenidas en el numeral 38.2 del artículo 37, xvii) la expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 del artículo 37, xviii) la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del artículo 37, xix) el artículo 41, xx) la expresión “más” contenida en el numeral 45.2 del artículo 44, xxi) las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49, xxii) las expresiones “y de sus parientes” contenidas en el primer inciso del artículo 58 y xxiii) el artículo 64 de la Ley 975 de 2005“por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Córdoba Triviño—Jaime Araújo Rentería—Manuel José Cepeda Espinosa—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Nilson Pinilla Pinilla—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández, ausente en comisión.

Martha Victoria Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(2) M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Jaime Araújo Rentería Humberto Sierra Porto.

(3) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández, S.V. Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Humberto Sierra Porto.

(4) M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Jaime Araújo Rentería, Humberto Antonio Sierra Porto. En este sentido la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 por un cargo similar contra diversos artículos de la Ley 975 de 2005 se estuvo a lo resuelto en la referida Sentencia C-319 de 2006.

(5) ART. 10.—Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

10.1 Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2 Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

10.3 Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

10.4 Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5 Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

10.6 Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

PAR.—Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.

(6) Los ciudadanos demandantes en el presente proceso al respecto señalan expresamente: “el inciso 6º acusado debe ser declarado exequible de manera condicionada, en el entendido que la restitución no solo es requisito para la desmovilización colectiva sino que además lo debe ser la entrega de los cadáveres de las personas asesinadas, la información sobre el paradero de las víctimas de desaparición forzada —vivas o fallecidas—, entre otras conductas de igual importancia que el secuestro y que han sido consideradas delitos de lesa humanidad, de guerra y de graves violaciones a los DDHH”.

(7) En este caso referidos al presunto desconocimiento del derecho a la verdad como parte del derecho a la justicia. Cargos analizados en el aparte 6.2.2 de la Sentencia C-370 de 2006 y particularmente en los apartes 6.2.2.1.5 a 6.2.2.1.7.26

(8) ART. 17.—Versión libre y confesión. Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno Nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que se acojan en forma expresa al procedimiento y beneficios de la presente ley, rendirán versión libre ante el fiscal delegado asignado para el proceso de desmovilización, quien los interrogará sobre todos los hechos de que tenga conocimiento.

En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su desmovilización y por los cuales se acogen a la presente ley. En la misma diligencia indicarán los bienes que se entregan para la reparación a las víctimas, si los tuvieren, y la fecha de su ingreso al grupo.

La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz con el fin de que el fiscal delegado y la Policía Judicial asignados al caso elaboren y desarrollen el programa metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de la información suministrada y esclarecer esos hechos y todos aquellos de los cuales tenga conocimiento dentro del ámbito de su competencia.

El desmovilizado se dejará inmediatamente a disposición del magistrado que ejerza la función de control de garantías, en uno de los establecimientos de reclusión determinados por el Gobierno Nacional de acuerdo con el artículo 31 de la presente ley, quien dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes señalará y realizará audiencia de formulación de imputación, previa solicitud del fiscal que conozca del caso.

(9) Los ciudadanos demandantes afirman al respecto que las expresiones acusadas desconocen los elementos del derecho a la verdad, toda vez que crean un círculo vicioso dentro de la versión que rinde la persona vinculada al proceso de desmovilización que impide saber realmente la verdad acerca de los delitos cometidos por dicha persona, lo anterior puesto que señala que el miembro del grupo armado organizado al margen de la ley que se acoge a lo previsto en la Ley 975 de 2005 dirá las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya participado en los hechos delictivos por los cuales se acoge a dicha ley, y en ese sentido, esta se aplica solo por las conductas delictivas por las cuales el miembro del grupo armado “quiso acogerse al proceso de desmovilización impidiendo en consecuencia acceder a la verdad de todo lo ocurrido”.

(10) Referentes a la violación del derecho de las víctimas a acceder a un recurso judicial efectivo por las limitaciones en el acceso al expediente, y la limitación de sus facultades procesales aparte 6.2.3.2.1.9 de la sentencia.

(11) ART. 37.—Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

(…).

38.5. A recibir desde el primer contacto con las autoridades y en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, información pertinente para la protección de sus intereses; y conocer la verdad de los hechos que conforman las circunstancias del delito del cual han sido víctimas.

(…).

(12) En ese caso referidos a i) la presunta violación del derecho a la reparación por limitarse a los parientes en primer grado de consanguinidad dicho derecho —aspecto analizado en el punto 6.4.2 de la Sentencia C-370 de 2006— ii) respecto de las limitaciones presupuestales aplicables al fondo de reparación de las víctima (sic) —aspecto analizado en el punto 6.2.4.3.3 de la Sentencia C-370 de 2006—.

(13) Los actores en el presente proceso aducen que las expresiones “dentro de los sesenta (60) días siguientes” vulneran el derecho a la justicia, en la medida en que el plazo allí señalado es totalmente desproporcionado respecto de la obligación que tiene el Estado Colombiano para investigar y sancionar a los responsables de dichas conductas, pues si bien es cierto que el tiempo de una investigación no tiene un tiempo determinado y una de las principales causas de la impunidad en sistemas judiciales como el colombiano es la demora en las mismas, que se imponga un término tan excesivamente corto impide con mayor razón que se logre detallar la complejidad que presentan las conductas típicas ocurridas en el marco de un conflicto armado interno. Acusación que es idéntica a la que analizó la Corte en la Sentencia C-370 de 2006 y que resumió la Corte de la siguiente manera “Manifiestan los demandantes que el término de 60 días previsto en el artículo 18 demandado es inconstitucional, porque resulta insuficiente para adelantar una investigación seria, que sea a su vez, un recurso efectivo que permita el esclarecimiento adecuado de la verdad y la realización de la justicia”.

(14) Señalan los actores que el artículo acusado tiene por finalidad permitir que el desmovilizado reciba los beneficios señalados en la Ley 975 de 2005 por delitos que si bien no confesó en la versión libre, se demostró su autoría por parte de las autoridades judiciales, permitiendo recibir los beneficios aludidos por más de una vez, o de manera sucesiva con solo manifestar la aceptación de su responsabilidad, desconociendo que los beneficios se deben otorgar por una sola vez, lo que significa que en la versión libre y en la aceptación de los cargos se confiesen todos los crímenes cometidos y las víctimas puedan acceder a la verdad de lo sucedido, de forma tal que no se puede dejar en manos de los desmovilizados un “comodín” para seguir acumulando penas sin superar el máximo de 8 años, pues cada vez que el poder judicial encuentre la comisión de otro delito no confesado por el desmovilizado lo razonable y por demás legal es que se someta a un nueva investigación y juicio por vía ordinaria al no haber sido aceptados tales delitos en su confesión inicial y en la imputación de cargos respectiva.

(15) A saber la violación del acceso a la justicia.

(16) El Fiscal General de la Nación, advierte que los cargos planteados en los numerales 3.2.4, 3.2.16, 3.2..24 y 3..2.37, así como aquellos dirigidos a solicitar la constitucionalidad condicionada de algunos de los artículos acusados, no reúnen los requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, razón por la que la Corte debe declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de estos por ineptitud sustantiva de la demanda, puesto que dichos planteamientos constituyen opiniones e interpretaciones subjetivas del actor sobre la Ley 975 de 2005, que no plantean un enfrentamiento normativo entre la Ley demandada y la Constitución Política.

(17) Por otra parte, el Ministerio Público solicita que la Corte se inhiba para emitir pronunciamiento de fondo respecto de algunos de los cargos planteados en la demanda, a saber:

i) Los artículos 9º y 11, inciso 1º de la Ley 975 de 2005, en el sentido que la desmovilización individual no contribuye realmente a la paz y por el contrario es una estrategia de guerra, como quiera que los demandantes no exponen un cargo del cual surja al menos una mínima duda sobre la incompatibilidad de tales preceptos y una disposición constitucional, en ese sentido, “la censura a las citadas normas se edifica en los efectos prácticos que en criterio de los demandantes puede llegar a tener un proceso de desmovilización individual, más no en el contenido normativo y efecto real de tales disposiciones”,

ii) La expresión “sobre los hechos objeto de la investigación” del artículo 15, inciso 1º, ídem, pues se aparta de su contenido normativo, censurando una interpretación que no se deriva de la norma. A su juicio, los actores dicen que el mencionado inciso no garantiza que los servidores públicos establezcan todas las condiciones y móviles de las conductas investigadas, cuando la norma no hace ni expresa ni tácitamente ninguna exclusión en relación con los aspectos que deben investigarse de los hechos objeto del proceso, a ello se suma que, si la censura se refiere a la ausencia de estudios sobre las causas de las conductas delictivas desde el punto de vista criminológico y con el fin de servir de parámetro para la adopción de una política criminal, el cargo igualmente se aparta del contenido de la norma, pues olvida que la disposición se refiere a los deberes de los servidores públicos que intervienen dentro de la actuación penal, verbigracia, el Fiscal, el Magistrado de control de garantías y el de juzgamiento, las autoridades de policía judicial, entre otros, no de todos los servidores públicos en general, ni de las autoridades encargadas del estudio y adopción de políticas frente al fenómeno criminal.

iii) La expresión “no” contenida en el parágrafo 2º del artículo 23, pues para la vista fiscal los demandantes no señala con claridad y coherencia cuáles son las razones por las cuales estiman que dicha disposición no permite garantizar el derecho a la reparación integral, y, además, desconocen por completo el contenido normativo de la previsión legal que se demanda, que simplemente señala la procedencia del beneficio jurídico cuando la víctima motu proprio se abstiene de ejercer sus derechos dentro del incidente de reparación integral, de tal forma que, en ningún momento el parágrafo acusado hace referencia a condiciones o prohibiciones a las víctimas que incidan en la efectividad de su derecho a obtener la reparación integral.

iv) La expresión “que se destinarán a la reparación” que hace parte del artículo 24 de la Ley 975, pues aunque la demanda la resalta como acusada ningún cargo se formula en su contra.

v) El numeral 38.2 del artículo 37 de la Ley 975 pues considera que carece de coherencia y justificación, toda vez que, los demandantes solicitan la inexequibilidad de la norma que consagra el derecho de las víctimas a ser protegidas en su intimidad y seguridad, cuando quiera que resulten amenazadas, porque no reconoce el mismo derecho cuando ni la intimidad ni la seguridad están amenazadas, argumento incoherente y carente de racionalidad, pues pretenden la adopción de medidas de protección cuando la víctima no las necesita, porque su seguridad e intimidad no están corriendo ningún peligro.

vi) El inciso 2º del artículo 45 pues no existe coherencia en la acusación formulada lo que impide adelantar su estudio. Advierte que mientras la disposición acusada dispone que “Nadie podrá recibir dos veces reparación por el mismo concepto”, con el fin de evitar el eventual abuso de este derecho, el cargo se estructura en que el derecho a la reparación tiene varios componentes que no pueden ser desconocidos por aquella disposición, planteamiento que carece de coherencia, pues se refiere a un asunto distinto —el contenido de la reparación—, y parte de una consecuencia que de ninguna manera puede atribuirse al artículo demandado, como es el desconocimiento de todos aquellos componentes del citado derecho de las víctimas.

(18) Ver, entre otros, los autos 097 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-177 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz; C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-452 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(19) Sentencia C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(20) Sentencia C-044 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(21) Ver, entre otras, las sentencias C-509 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; C-236 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell; C-013 de 2000, C-362 de 2001 y C-045 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(22) Ver la Sentencia C-528 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(23) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En dicha sentencia se precisó que i) La claridad de un cargo se predica cuando la demanda contiene una coherencia argumentativa tal que permite a la Corte identificar con nitidez el contenido de la censura y su justificación. Aunque merced el carácter público de la acción de inconstitucionalidad no resulta exigible la adopción de una técnica específica, como sí sucede en otros procedimientos judiciales, no por ello el demandante se encuentra relevado de presentar las razones que sustentan los cargos propuestos de modo tal que sean plenamente comprensibles; ii) La certeza de los argumentos de inconstitucionalidad hace referencia a que los cargos se dirijan contra una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado; iii) El requisito de especificidad resulta acreditado cuando la demanda contiene al menos un cargo concreto, de naturaleza constitucional, en contra de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. Este requisito refiere, en estas condiciones, a que los argumentos expuestos por del demandante sean precisos, ello en el entendido que “el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”(23) que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad(23)“(23).

Las razones que sustentan el concepto de la violación son pertinentes en tanto estén construidas con base en argumentos de índole constitucional, esto es, fundados “en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado”(23). En ese sentido, cargos que se sustenten en (i) simples consideraciones legales o doctrinarias; (ii) la interpretación subjetiva de las normas acusadas por parte del demandante y a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; o (iii) el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales, entre otras censuras, incumplen con el requisito de pertinencia del cargo de inconstitucionalidad.

Por último, la condición de suficiencia ha sido definida por la jurisprudencia como la necesidad que las razones de inconstitucionalidad guarden relación “en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; (…) Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

(24) M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(25) La demandantes en ese proceso consideraban que los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de la Ley 975 de 2005, en su integridad, así como el apartado “y el Código de Procedimiento Penal” contenido en el artículo 62 ejusdem, violaban el derecho constitucional a la justicia. Ello en la medida que tales normas incorporan institutos jurídicos del sistema de enjuiciamiento penal previsto en el Acto Legislativo 3 de 2002 y que, en ese sentido, necesariamente remiten al Código de Procedimiento Penal adoptado por la Ley 906 de 2004. Por ende, las normas acusadas violaban la Carta Política, pues vendrían a ser aplicadas respecto de conductas anteriores a la vigencia del acto legislativo mencionado. Desde esta perspectiva, los actores solicitan a esta corporación que declare la constitucionalidad condicionada de los artículos demandados, “bajo la interpretación de que el procedimiento allí previsto solo es aplicable a delitos cometidos después del 1º de enero de 2005. Para el resto de efectos, tales normas son inconstitucionales”.

(26) Ver al respecto la Sentencia C-370 de 2006, apartado 6.1.1.4, cuyas consideraciones se reiteran.

(27) Ver, entre muchas otras, la Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(28) El señor Procurador considera que dicha interpretación no es posible por varias razones a saber, i) la primera condición para acceder a los beneficios jurídicos establecidos en la Ley 975, es que el grupo armado organizado al margen de la ley “se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional”, esta desmovilización, como lo señala el artículo 9º inciso final, se realizará conforme a las previsiones de la Ley 782 de 2002, ii) el artículo 3º parágrafo 1º de la Ley 975 ibídem, señala que dentro del proceso de negociación encaminado a la desmovilización, puede acordarse la ubicación temporal de los miembros del grupo en determinadas zonas del territorio nacional, en donde deberá garantizarse el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles, de tal manera que aún antes de desmovilizarse, los grupos pueden ser ubicados en zonas distintas a las que venían operando, o si se fijan estas como zonas de ubicación, deberán garantizarse allí el normal y pleno funcionamiento de las instituciones políticas, iii) la desmovilización comprende la dejación o desintegración del grupo armado al margen de la ley, el abandono de las armas y la reincorporación a la vida civil, lo cual excluye que aquel siga haciendo presencia y actuando como tal en las zonas en donde habitualmente venía operando, de tal manera que a través de la primera condición señalada en el artículo 10 se garantiza que los grupos armados organizados al margen de la ley que quieran beneficiarse de las medidas señaladas en la Ley 975 de 2005, no puedan incidir ni siquiera con su sola presencia en los procesos electorales, intimidando a los sufragantes o a quienes hacen proselitismo, pues de llegar a reunificarse y obrar de este modo, estarían incumpliendo el acuerdo de desmovilización y por tanto cerrando las posibilidades de acogerse a la citada ley, iv) el mandato del artículo acusado lleva implícita la prohibición que extrañan los demandantes, pues es clara la norma cuando advierte que el grupo debe cesar toda interferencia en el libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita, comprendiendo en este concepto cualquier comportamiento o delito que atente contra el ejercicio de los mecanismos de participación democrática (L. 599/2000, título XIV, cap. único), y v) finalmente, cabe entender que los destinatarios de la ley son los miembros de los grupos armados ilegales que tengan condenas, sean o puedan ser procesados y condenados por delitos cometidos con ocasión y durante su pertenencia al mismo, circunstancias que naturalmente impiden su participación como candidatos en las contiendas electorales.

(29) ART. 23.—Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del tribunal superior de distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones.

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.

Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.

PAR. 1º—Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del fondo para la reparación de las víctimas.

PAR. 2º—No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.

(30) A saber la violación del derecho a la justicia por el “desconocimiento de la obligación estatal de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos a verdaderas penas privativas de la libertad”. Cargo formulado por los demandantes en ese proceso en contra del artículo 31 pero respecto del cual la Corte consideró necesario efectuar la unidad normativa con el artículo 30 para condicionar la exequibilidad del inciso segundo de dicho artículo.

(31) Sentencia C-295 de 1993. M.P. Carlos Gaviria Díaz

(32) Sentencia C-179 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(33) ART. 3º—(común a las cuatro convenios de Ginebra de 1949)

En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.

Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente convenio.

La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.

(34) Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).

Aprobado el 8 de junio de 1977 por la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados.

Entrada en vigor: 7 de diciembre de 1978, de acuerdo con el artículo 95.

Preámbulo

Las altas partes contratantes,

Recordando que los principios humanitarios refrendados por el artículo 3º común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 constituyen el fundamento del respeto a la persona humana en caso de conflicto armado sin carácter internacional,

Recordando, asimismo, que los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos ofrecen a la persona humana una protección fundamental,

Subrayando la necesidad de garantizar una mejor protección a las víctimas de tales conflictos armados,

Recordando que, en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública,

Convienen en lo siguiente:

Título I: Ámbito del presente protocolo

ART. 1º—Ámbito de aplicación material.

1. El presente protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3º común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1º del Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo.

2. El presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

ART. 2º—Ámbito de aplicación personal.

1. El presente protocolo se aplicará sin ninguna distinción de carácter desfavorable por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión o creencia, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición o cualquier otro criterio análogo (denominada en adelante “distinción de carácter desfavorable"), a todas las personas afectadas por un conflicto armado en el sentido del artículo 1º.

2. Al fin del conflicto armado, todas las personas que hayan sido objeto de una privación o de una restricción de libertad por motivos relacionados con aquel, así como las que fuesen objeto de tales medidas después del conflicto por los mismos motivos, gozarán de la protección prevista en los artículos 5º y 6º hasta el término de esa privación o restricción de libertad.

ART. 3º—No intervención.

1. No podrá invocarse disposición alguna del presente protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos.

2. No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para intervenir, directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto.

Título II: Trato humano

ART. 4º—Garantías fundamentales.

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal;

b) los castigos colectivos;

c) la toma de rehenes;

d) los actos de terrorismo;

e) los atentados contra la dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier forma de atentado al pudor;

f) la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus formas;

g) el pillaje;

h) las amenazas de realizar los actos mencionados.

3. Se proporcionarán a los niños los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:

a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de estos, de las personas que tengan la guarda de ellos;

b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas;

c) los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;

d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos si, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;

e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

(…).

Título III: Heridos, enfermos y náufragos

ART. 7º—Protección y asistencia.

1. Todos los heridos, enfermos y náufragos, hayan o no tomado parte en el conflicto armado, serán respetados y protegidos.

2. En toda circunstancia serán tratados humanamente y recibirán, en toda la medida de lo posible y en el plazo más breve, los cuidados médicos que exija su estado. No se hará entre ellos distinción alguna que no esté basada en criterios médicos.

ART. 8º—Búsqueda.

Siempre que las circunstancias lo permitan, y en particular después de un combate, se tomarán sin demora todas las medidas posibles para buscar y recoger a los heridos, enfermos y náufragos a fin de protegerlos contra el pillaje y los malos tratos y asegurarles la asistencia necesaria, y para buscar a los muertos, impedir que sean despojados y dar destino decoroso a sus restos.

(…).

Título IV: Población civil

ART. 13.—Protección de la población civil.

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.

2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.

3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.

ART. 14.—Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil.

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos alimenticios y las zonas agrícolas que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego.

(…).

(35) Es decir respecto de todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1º del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el referido protocolo.

(36)

(37) ART. 4º—Derecho a la verdad, la justicia y la reparación y debido proceso. El proceso de reconciliación nacional al que dé lugar la presente ley, deberá promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados.

ART. 7º—Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

(38) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, pág. 1676.

(39) ART. 3º—Alternatividad. Alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo declarado exequible por los cargos examinados en la Sentencia C-370 de 2006, en el entendido de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

(40) ART. 34.—Defensoría pública. El Estado garantizará a imputados, acusados y condenados el ejercicio del derecho de defensa, mediante los mecanismos de la Defensoría Pública y en los términos señalados en la ley.

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas en el ejercicio de sus derechos y en el marco de la presente ley. El segmento tachado fue declarado inexequible en la Sentencia C-370 de 2006 frente a los cargos analizados, a saber la restricción de los derechos de las víctimas a ser asistidas en el proceso penal.

(41) ART. 282.—El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado.

2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza.

3. Invocar el derecho de habeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia.

6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia.

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones.

8. Las demás que determine la ley.

(42) ART. 37.—Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

(…).

38.2 A la protección de su intimidad y garantía de su seguridad, la de sus familiares y testigos a favor, cuandoquiera que resulten amenazadas.

(43) ART. 67.—Créase con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el “Programa de protección a testigos, víctimas, intervinientes en el proceso y funcionarios de la fiscalía”, mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un proceso penal. En los casos en que la vida del testigo o denunciante se encuentre en peligro, la fiscalía protegerá la identidad de los mismos.

El artículo 1º de la Ley 782 de 2002, publicada en el Diario Oficial 45.043, de 23 de diciembre de 2002, prorroga la vigencia de este artículo por un término de cuatro (4) años.

(44) Cfr. Sentencia C-412 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(45) Cfr., Sentencia C-275 de 1994, M.P., Alejandro Martínez Caballero.

(46) Cfr. Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, aprobado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante Resolución 1989 de 1965 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la Asamblea General mediante Resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en la Sentencia C-293 de 1995.

(47) Cfr. Sentencia C-228 de 2002, entre otras.

(48) ART. 41.—Atención a necesidades especiales. Tanto los órganos judiciales como las entidades de apoyo técnico y la Procuraduría Judicial para la Justicia y la Paz, tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres, de las niñas, niños, personas mayores de edad o con discapacidad que participen en el proceso.

(49) Ver entre otras las sentencias C-543 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-246 de 2001 M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-739 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1064 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda y Jaime Córdoba Triviño, C-041 de 2002: M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(50) Ver la Sentencia C-185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(51) Sentencia C-185 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(52) Sentencia C-146 de 1998 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(53) Ver entre otras las sentencias C-543/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-427/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-1549/00 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, C-1177/01 M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-185/02 M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-311/03 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-780/03 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra , C-1125/04 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(54) Ver, entre otras las Sentencias Sentencia C-169 de 2001 M. P. Carlos Gaviria Díaz,.C- 418 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis

(55) Ver entre otras las sentencias T-606 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, SU-383/03 y T- M.P. Álvaro Tafur Galvis

(56) ART. 10.—Requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva. Podrán acceder a los beneficios que establece la presente ley los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, cuando no puedan ser beneficiarios de algunos de los mecanismos establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que se encuentren en el listado que el Gobierno Nacional remita a la Fiscalía General de la Nación y reúnan, además, las siguientes condiciones:

10.1. Que el grupo armado organizado de que se trata se haya desmovilizado y desmantelado en cumplimiento de acuerdo con el Gobierno Nacional.

10.2. Que se entreguen los bienes producto de la actividad ilegal.

10.3. Que el grupo ponga a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados.

10.4. Que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita.

10.5. Que el grupo no se haya organizado para el tráfico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito.

10.6. Que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder.

PAR.—Los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley que se encuentren privados de la libertad, podrán acceder a los beneficios contenidos en la presente ley y a los establecidos en la Ley 782 de 2002, siempre que en las providencias judiciales correspondientes se determine su pertenencia al respectivo grupo.

(57) ART. 22.—Investigaciones y acusaciones anteriores a la desmovilización. Si para el momento en que el desmovilizado se acoja a la presente ley, la fiscalía adelanta investigaciones o formuló acusación en su contra, el imputado, o acusado, asistido por su defensor, podrá oralmente o por escrito aceptar los cargos consignados en la resolución que le impuso medida de aseguramiento, o en la formulación de imputación, o en la resolución o escrito de acusación, según el caso. Dicha aceptación deberá hacerla ante el magistrado que cumpla la función de control de garantías en las condiciones previstas en la presente ley.

(58) ART. 27.—Archivo de las diligencias. Si en relación con los hechos admitidos o no admitidos por el desmovilizado en su versión libre o en posterior actuación, según el caso, antes de la audiencia de imputación, el fiscal delegado llegare a constatar que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o que indiquen la posible existencia, dispondrá de inmediato el archivo de la actuación. Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios se reanudará la averiguación conforme con el procedimiento establecido en la presente ley, mientras no se haya extinguido la acción penal.

(59) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(60) Proyecto de Ley 1ª de 2003 de Cámara de Representantes. Gacetas del Congreso 89, 104 de 2003; Gacetas del Congreso 200 y 248 de 2004; Gaceta del Congreso 377 de 2004, Acta 39 de 2004, Senado de la República; Gaceta del Congreso 273 de 2004; Gaceta del Congreso 286 de 2004. El artículo 79 de la Ley 906 de 2004 fue concebido y aprobado en sus correspondientes debates en comisión y en plenaria de la Cámara de Representantes en los siguientes términos:

Cuando la fiscalía tenga conocimiento de un hecho respecto del cual constate que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como un delito, o indiquen su posible existencia como tal, dispondrá el archivo de la actuación.

En su paso por el Senado de la República fue adicionado el segundo inciso del artículo:

Sin embargo, si surgieren nuevos elementos probatorios la indagación se reanudará mientras no se haya extinguido la acción penal.

Dicha adición respondió a una proposición efectuada por la Fiscalía General de la Nación ya que “Es necesario prever la posibilidad de reanudar la indagación en el evento de surgir nuevos elementos probatorios que así lo indiquen”.

El anterior artículo fue aprobado por la Plenaria del Senado de la República con la adición propuesta en el primer debate en comisión del Senado y el artículo fue mantenido de esa manera por la comisión accidental de conciliación que se conformó durante el trámite legislativo de la Ley 906 de 2004.

(61) Roxin, Claus. 1999. Derecho Penal. Parte General, Tomo I. Fundamentos la Estructura de la Teoría del Delito, p. 304. Madrid: Civitas.

(62) Ley 906 de 2004. ART. 76.—Desistimiento de la querella. En cualquier momento de la actuación y antes de concluir la audiencia preparatoria, el querellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuar con los procedimientos.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese formulado la imputación, le corresponde a la fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias.

Si se hubiere formulado la imputación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el parecer de la fiscalía, determinar si acepta el desistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes del delito investigado, y una vez aceptado no admitirá retractación.

(63) Ley 906 de 2004. ART. 74.—Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad:

1. Aquellos que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad.

2. Inducción o ayuda al suicidio (C.P., art. 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C.P., art. 112, inc. 1º y 2º); lesiones personales con deformidad física transitoria (C.P., art. 113, inc. 1º); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C.P., art. 114, inc. 1º); parto o aborto preterintencional (C.P., art. 118); lesiones personales culposas (C.P., art. 120); omisión de socorro (C.P., art. 131); violación a la libertad religiosa (C.P., art. 201); injuria (C.P., art. 220); calumnia (C.P., art. 221); injuria y calumnia indirecta (C.P., art. 222); injuria por vías de hecho (C.P., art. 226); injurias recíprocas (C.P., art. 227); violencia intrafamiliar (C.P., art. 229); maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P., art. 230); inasistencia alimentaria (C.P., art. 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P., art. 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P., art. 239, inc. 2º); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P., art. 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P., art. 246, inc. 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P., art. 248); abuso de confianza (C.P. art. 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P., art. 252); alzamiento de bienes (C.P., art. 253); disposición de bien propio gravado con prenda (C.P., art. 255); defraudación de fluidos (C.P., art. 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C.P., art. 257); malversación y dilapidación de bienes (C.P., art. 259); usurpación de tierras (C.P., art. 261); usurpación de aguas (C.P., art. 262); invasión de tierras o edificios (C.P., art. 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P., art. 264); daño en bien ajeno (C.P., art. 265); usura y recargo de ventas a plazo (C.P., art. 305); falsa autoacusación (C.P., art. 437); infidelidad a los deberes profesionales (C.P., art. 445).

(64) Ley 906 de 2004. ART. 331.—Preclusión. En cualquier momento, a partir de la formulación de la imputación el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, si no existiere mérito para acusar.

(65) Ley 906 de 2004. ART. 332.—Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos:

1. Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.

2. Existencia de una causal que excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal.

3. Inexistencia del hecho investigado.

4. Atipicidad del hecho investigado.

5. Ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado.

6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 del este código.

PAR.—Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1º y 3º, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa, podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión.

(66) Sentencia C-228 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett. A.C: Jaime Araújo Rentería. La sentencia revisó la constitucionalidad del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, “(p)or la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. El actor solicitaba a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la norma demandada, que regula la constitución de la parte civil en el proceso penal para los perjudicados o sus sucesores con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, por ser violatoria de los artículos 13, 93 y 95 de la Constitución, así como de los artículos 1º y 5º de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789). Los problemas jurídicos que resolvió la Corte en dicha oportunidad fueron i) ¿Es la exigencia de que la parte civil en el proceso penal se constituya a través de abogado, una violación de su derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad? Y ii) ¿Son las limitaciones que se le imponen a los perjudicados o sus sucesores para intervenir dentro de la “actuación penal” solo a partir de la resolución de apertura de instrucción y para acceder al expediente durante la investigación preliminar, violaciones a su derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad? La sentencia estableció los derechos a la verdad, la justicia y la reparación como derechos de las víctimas en el proceso penal. La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente tenor “Primero.—Declarar EXEQUIBLE, en relación con los cargos estudiados, el inciso primero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en el entendido de que la parte civil tiene derecho al resarcimiento, a la verdad y a la justicia en los términos de la presente sentencia.

Así mismo, declarar EXEQUIBLES, en relación con los cargos estudiados, los incisos segundo y tercero del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, salvo la expresión “en forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas”, contenida en el inciso segundo, que se declara INEXEQUIBLE.

Segundo.—Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, en el entendido de que las víctimas o los perjudicados, una vez se hayan constituido en parte civil, pueden acceder directamente al expediente.

Tercero.—Declarar EXEQUIBLE el artículo 47 de la Ley 600 de 2000, en relación con los cargos estudiados, salvo la expresión “a partir de la resolución de apertura de instrucción” que se declara INEXEQUIBLE”.

(67) Es importante resaltar el caso Velásquez Rodríguez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se estableció la obligación de los Estados de prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Así mismo el Relator Especial para la Comisión de Derechos Humanos, subcomisión de prevención de discriminaciones y protección a las minorías, elaboró un Informe relativo al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación a las víctimas de violaciones flagrantes de derechos humanos y las libertades fundamentales en el cual se establecieron los siguientes principios respecto de los derechos de las víctimas:

La violación de un derecho humano da a la víctima el derecho a obtener una reparación.

La obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos incluye el deber de prevenir las violaciones, el deber de investigarlas, el deber de tomar medidas apropiadas contra sus autores y el deber de prever reparaciones para las víctimas.

La reparación por violaciones de derechos humanos tiene el propósito de aliviar el sufrimiento de las víctimas y hacer justicia mediante la eliminación o corrección, en lo posible, de las consecuencias de los actos ilícitos y la adopción de medidas preventivas y disuasorias respecto de las violaciones.

La reparación debe responder a las necesidades y los deseos de las víctimas. Será proporcional a la gravedad de las violaciones y los daños resultantes e incluirá la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

La reparación de determinadas violaciones flagrantes de los derechos humanos que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional incluye el deber de enjuiciar y castigar a los autores. La impunidad está en conflicto con este principio.

Deben reclamar la reparación las víctimas directas y, si procede, los familiares, las personas a cargo, u otras personas que tengan una relación especial con las víctimas directas.

Además de proporcionar reparación a los individuos, los Estados tomarán disposiciones adecuadas para que los grupos de víctimas presenten reclamaciones colectivas y para que obtengan reparación colectivamente.

(68) Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú) Sentencia de 14 de Marzo de 2001. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en la sentencia Barrios Altos del Perú estableciendo que la amnistía que había concedido Perú era contraria a la Convención, a pesar de que el país se había comprometido a reparar materialmente a las víctimas, pues se estaba desconociendo su derecho a la verdad y a la justicia:”Todo Estado está en la obligación de realizar una investigación exhaustiva de hechos de los cuales tenga conocimiento como presuntas violaciones de derechos humanos, además de sancionar a los responsables de los mismos… El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.¨ (párrafos 47-49 sentencia de fondo). En el mismo sentido la Corte Constitucional se ha pronunciado estableciendo que el derecho de participación de los afectados por atentados contra la dignidad humana en proceso penales no se limita solo a la reparación material sino además les corresponde un derecho a la reparación integral incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia (Ver sentencias T-1267 de 2001 M.P. Rodrigo Uprimny Yepes; SU-1184 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; C-578 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-875 de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-228 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett; C-004 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-249 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

(69) Sentencia C-370 de 2006 apartados 6.2.2.1.7.20, y ss.

(70) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(71) ART. 29.—Pena alternativa. La Sala competente del tribunal superior de distrito judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal.

En caso que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos.

Para tener derecho a la pena alternativa se requerirá que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.

Cumplida la pena alternativa y las condiciones impuestas en la sentencia se le concederá la libertad a prueba por un término igual a la mitad de la pena alternativa impuesta, período durante el cual el beneficiado se compromete a no reincidir en los delitos por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley, a presentarse periódicamente ante el tribunal superior del distrito judicial que corresponda y a informar cualquier cambio de residencia.

Cumplidas estas obligaciones y transcurrido el período de prueba, se declarará extinguida la pena principal. En caso contrario, se revocará la libertad a prueba y se deberá cumplir la pena inicialmente determinada, sin perjuicio de los subrogados previstos en el Código Penal que correspondan.

PAR. En ningún caso se aplicarán subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias a la pena alternativa.

Mediante la Sentencia C-370 de 2006 se decidió Declarar INEXEQUIBLES las siguientes expresiones del inciso cuarto del artículo 29 de la Ley 975 de 2005: “los” y “por los cuales fue condenado en el marco de la presente ley”, y EXEQUIBLE el inciso quinto, en el entendido de que también se revocará el beneficio cuando haya ocultado en la versión libre su participación como miembro del grupo en la comisión de un delito relacionado directamente con su pertenencia al grupo.

(72) “ART. 150.—Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: (…)

17. Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar”.

No sobra recordar que dicha posibilidad igualmente se establecía en el artículo 76, numeral 19 de la Constitución derogada.

(73) Sentencia C-370 de 2006 apartado 6.2.1.4.8.

(74) ART. 30.—Establecimiento de reclusión. El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.

Los establecimientos de reclusión deben reunir condiciones de seguridad y austeridad propios de los establecimientos administrados por el Inpec.

La pena podrá cumplirse en el exterior.

La Corte en la Sentencia C-370 de 2006 decidió declarar EXEQUIBLE, por los cargos examinados, el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 975 de 2005, en el entendido de que dichos establecimientos quedan sujetos integralmente a las normas jurídicas sobre control penitenciario.

(75) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(76) ART. 64.—Entrega de menores. La entrega de menores por parte de miembros de Grupos armados al margen de la ley no serán causal de la pérdida de los beneficios a que se refieren la presente ley y la Ley 782 de 2002.

(77) ART. 7º—Derecho a la verdad. La sociedad, y en especial las víctimas, tienen el derecho inalienable, pleno y efectivo de conocer la verdad sobre los delitos cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, y sobre el paradero de las víctimas de secuestro y desaparición forzada.

Las investigaciones y procesos judiciales a los que se aplique la presente ley deben promover la investigación de lo sucedido a las víctimas de esas conductas e informar a sus familiares lo pertinente.

Los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad.

(78) ART. 15.—Esclarecimiento de la verdad. Dentro del procedimiento que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos objeto de investigación y se garantice la defensa de los procesados.

La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz creada por esta ley, deberá investigar, por conducto del fiscal delegado para el caso, con el apoyo del grupo especializado de policía judicial, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las conductas punibles; las condiciones de vida, sociales, familiares e individuales del imputado o acusado y su conducta anterior; los antecedentes judiciales y de policía, y los daños que individual o colectivamente haya causado de manera directa a las víctimas, tales como lesiones físicas o sicológicas, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales.

Con la colaboración de los desmovilizados, la policía judicial investigará el paradero de personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los familiares sobre los resultados obtenidos.

La Fiscalía General de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los peritos que pretenda presentar en el juicio. La protección de los testigos y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial que deban conocer del juzgamiento será responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.

(79) ART. 32.—Competencias de los tribunales superiores de distrito judicial en materia de justicia y paz. Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial designados por el Consejo Superior de la Judicatura serán competentes para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obligaciones impuestas a los condenados.

Corresponde a la Secretaria del respectivo tribunal organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de las personas objeto de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva. También deberá garantizar el acceso público a los registros de casos ejecutoriados, y contar con una oficina de comunicaciones para divulgar la verdad de lo acontecido.

(80) ART. 58.—Medidas para facilitar el acceso a los archivos. El acceso a los archivos debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos.

Cuando el acceso se solicite en interés de la investigación histórica, las formalidades de autorización solo tendrán la finalidad del control de acceso, custodia y adecuado mantenimiento del material, y no con fines de censura.

En todo caso se deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar el derecho a la intimidad de las víctimas de violencia sexual y de las niñas, niños y adolescentes víctimas de los grupos armados al margen de la ley, y para no provocar más daños innecesarios a la víctima, los testigos u otras personas, ni crear un peligro para su seguridad.

(81) Caso comunidad Moiwana vs. Suriname. Los hechos que dieron lugar al proceso consistieron en que las fuerzas armadas de Suriname aracaron la comunidad N’djuka Maroon de Moiwana. Los soldados masacraron a más de 40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron la comunidad. Los que lograron escapar huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o internamente desplazados. A la fecha de la presentación de la demanda no había habido una investigación adecuada de la masacre, nadie habría sido juzgado ni sancionado, y los sobrevivientes permanecerían desplazados de sus tierras.

(82) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-527 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(83) Sentencia C-370 de 2006 apartados 6.2.2.3.9. y ss.

(84) ART. 8º—Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.

Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito.

La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.

La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.

La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.

Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.

Se entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.

La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática.

Las autoridades judiciales competentes fijarán las reparaciones individuales, colectivas o simbólicas que sean del caso, en los términos de esta ley.

(85) ART. 23.—Incidente de reparación integral. En la misma audiencia en la que la Sala del tribunal superior de distrito judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos, previa, solicitud expresa de la víctima, o del fiscal del caso, o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los cinco (5) días siguientes.

Dicha audiencia se iniciará con la intervención de la víctima o de su representante legal o abogado de oficio, para que exprese de manera concreta la forma de reparación que pretende, e indique las pruebas que hará valer para fundamentar sus pretensiones.

La Sala examinará la pretensión y la rechazará si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada, decisión que podrá ser objeto de impugnación en los términos de esta ley.

Admitida la pretensión, la Sala la pondrá en conocimiento del imputado que ha aceptado los cargos y a continuación invitará a los intervinientes a conciliar. Si hubiere acuerdo su contenido lo incorporará a la decisión que falla el incidente; en caso contrario dispondrá la práctica de la prueba ofrecida por las partes, oirá el fundamento de sus respectivas pretensiones y en el mismo acto fallará el incidente. La decisión en uno u otro sentido se incorporará a la sentencia condenatoria.

PAR. 1º—Exclusivamente para efectos de la conciliación prevista en este artículo, la víctima, el imputado o su defensor, el fiscal que haya conocido del caso o el ministerio público, podrán solicitar la citación del Director de la Red de Solidaridad Social en su condición de ordenador del gasto del fondo para la reparación de las víctimas.

PAR. 2º—No podrá negarse la concesión de la pena alternativa en el evento de que la víctima no ejerza su derecho en el incidente de reparación integral.

(86) ART. 24.—Contenido de la sentencia. De acuerdo con los criterios establecidos en la ley, en la sentencia condenatoria se fijarán la pena principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa prevista en la presente ley, los compromisos de comportamiento por el término que disponga el tribunal, las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas y la extinción del dominio de los bienes que se destinarán a la reparación.

La Sala correspondiente se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley para acceder a la pena alternativa.

(87) ART. 44.—Actos de reparación. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.

Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al Fondo para la Reparación de las Víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el tribunal superior de distrito judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.

Son actos de reparación integral los siguientes:

(…) 45.2 La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.

(…).

(88) ART. 49.—Programas de reparación colectiva. El gobierno, siguiendo las recomendaciones la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparaciones, deberá implementar un programa institucional de reparación colectiva que comprenda acciones directamente orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado social de derecho particularmente en las zonas más afectadas por la violencia; a recuperar y promover los derechos de los ciudadanos afectados por hechos de violencia, y a reconocer y dignificar a las víctimas de la violencia.

(89) (Inc. 1º a 4º del art. 23, expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del art. 24, L. 975/2005).

(90) (L. 975/2005, art. 8º, expresión “más” del num. 45.2, art. 44, expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del art. 49, L. 975/2005).

(91) ART. 37.—Derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia. En desarrollo de lo anterior, las víctimas tendrán derecho:

(…).

38.3 A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del delito.

(…).

(92) ART. 44.—Actos de reparación. La reparación de las víctimas de la que trata la presente ley comporta los deberes de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.

Para tener derecho a gozar del beneficio de la libertad a prueba, el condenado deberá proveer al fondo para la reparación de las víctimas los bienes, si los tuviese, destinados para tal fin; realizar satisfactoriamente los actos de reparación que se le hayan impuesto; colaborar con el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación o suscribir un acuerdo con el tribunal superior de distrito judicial que asegure el cumplimiento de sus obligaciones de reparación.

Son actos de reparación integral los siguientes:

45.1. La entrega al Estado de bienes obtenidos ilícitamente para la reparación de las víctimas.

45.2. La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y de las personas más vinculadas con ella.

45.3. El reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles.

45.4. La colaboración eficaz para la localización de personas secuestradas o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas.

45.5. La búsqueda de los desaparecidos y de los restos de personas muertas, y la ayuda para identificarlos y volverlos a inhumar según las tradiciones familiares y comunitarias.

(93) Aún bajo los nuevos paradigmas de responsabilidad penal acogidos por la ley penal colombiana. En este sentido, establece el artículo 23 del código penal que:”también es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente (…)”.

(94) Sentencia C-370 de 2006 apartado 6.2.4.4.7. y ss.

(95) ART. 42—Deber general de reparar. Los miembros de los grupos armados que resulten beneficiados con las disposiciones previstas en esta ley tienen el deber de reparar a las víctimas de aquellas conductas punibles por las que fueren condenados mediante sentencia judicial.

Igualmente, cuando no se haya logrado individualizar al sujeto activo pero se compruebe el daño y el nexo causal con las actividades del grupo armado ilegal beneficiario por las disposiciones de la presente ley, el tribunal directamente o por remisión de la unidad de fiscalía, ordenará la reparación a cargo del Fondo de Reparación.

(96) Sentencia C-575 de 2006, folio 171.

(97) Ibídem folio 172.

(98) Corte Constitucional, sentencias C-574 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-578 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-991 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis; C-251 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández; C-578 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-1076 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(99) Sentencia C- 574 de 1992 y C-251 de 2002.

(100) Sentencia C- 574 de 1992.

(101) Corte Constitucional , C- 177 de 2001.

(102) En dicha página de la parte motiva se señaló: “En ese orden de ideas la Corte constata que la acusación formulada en contra del inciso octavo del artículo 8º, los incisos 1º a 4º del artículo 23, las expresiones “obligaciones de reparación moral y económica” del artículo 24, la expresión “más” del numeral 45.2 del artículo 44 y las expresiones “particularmente en las zonas más afectadas por la violencia” del artículo 49 de la Ley 975 de 2005 no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia.

(103) En dicha página de la parte motiva se señaló: “En ese orden de ideas la Corte concluye que la acusación formulada en contra de de las expresiones “impulsará” y “asistencia” contenidas en el artículo 36 de la Ley 975 de 2005 no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia”.

(104) En dicha página de la parte motiva se señaló: “En ese orden de ideas es claro para la Corte que la acusación formulada de la expresión “facilite” contenida en el numeral 38.4 del artículo 37, así como de la expresión “definitiva” contenida en el numeral 38.6 del mismo artículo por la supuesta limitación de los derechos de las víctimas en el acceso al proceso no está llamada a prosperar y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia”.

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