Sentencia C-585 de agosto 13 de 2014

 

Sentencia C-585 de agosto 13 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente LAT- 426

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Revisión Constitucional de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Bogotá, D. C., trece de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Ordenamiento objeto de revisión

A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 49.006 de 16 de diciembre de 2013

“Ley 1688 de 2013

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia fiel y completa del texto en español del precitado instrumento internacional, tomada del original que reposa en el archivo del grupo interno de trabajo de tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la cual consta de diez (10) folios).

TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

La República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo las ‘Partes’)

MOTIVADOS por el deseo de fomentar la reinserción social de aquellas personas que han sido sentenciadas por alguna autoridad en el ámbito de su competencia a sufrir una pena privativa de libertad, y proporcionarles con ello, la oportunidad de cumplir sus condenas en sus países de origen;

Han acordado lo siguiente:

‘ART. 1º—Definiciones.

Para efectos de este tratado, se considera:

a) ‘Estado trasladante’. Al Estado en el que se impuso la condena al sentenciado que es susceptible de ser o ha sido transferido;

b) ‘Estado receptor’. El Estado al que el sentenciado puede ser o ha sido transferido para cumplir la condena que le fue impuesta;

c) ‘Sentenciado’. La persona a la que le fue impuesta una pena privativa de libertad, y que se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario del Estado trasladante, en acatamiento a una orden emitida por alguna autoridad jurisdiccional en el ámbito de su competencia;

d) ‘Sentencia’. La decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de la libertad o restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión;

Para los efectos del presente tratado se entenderá que una decisión judicial es definitiva cuando no esté pendiente de resolverse o interponer un recurso o procedimiento legal alguno que la pueda modificar;

e) ‘Condena’. La pena privativa o restrictiva de libertad por cumplirse en un establecimiento penal, hospital, institución o régimen de supervisión sin detención en el Estado trasladante, que haya impuesto un órgano judicial de dicha Parte, con una duración limitada, por razón de un delito;

f) ‘Nacional’, se refiere a:

I. Con relación a los Estados Unidos Mexicanos, todo nacional mexicano que cumpla con los requisitos señalados en su legislación, para considerarlo como tal;

II. Con relación a Colombia, todo nacional que cumpla con los requisitos establecidos en su legislación, para el mismo efecto.

‘ART. 2º—Principios generales.

1. De conformidad con las disposiciones del presente tratado, las Partes se obligan a prestarse mutuamente toda la cooperación que sea necesaria para el cumplimiento del mismo.

2. Conforme a las disposiciones de este tratado, una persona que haya sido sentenciada en territorio de una de las partes podrá ser transferido al territorio de la otra, para que cumpla con la condena que se le haya impuesto mediante sentencia, para lo que será requisito indispensable que el sentenciado manifieste por escrito al Estado trasladante su voluntad de ser transferido de conformidad con este tratado.

3. Para tomar la decisión de autorizar o negar una solicitud de traslado, se deberá tomar en consideración que con ello se contribuya a su efectiva reinserción social, la gravedad del delito y la posible vinculación del sentenciado con el crimen organizado, su grado de participación o responsabilidad en los hechos que motivaron la condena, su estado de salud, antecedentes penales, así como los vínculos que pueda tener con las sociedades de cada una de las Partes.

‘ART. 3º—Condiciones de la transferencia.

1. Solamente podrá llevarse a cabo la transferencia de un sentenciado, de conformidad con el presente tratado, cuando cumpla con los siguientes criterios:

a) Que para efectos de este tratado, el sentenciado sea nacional del Estado receptor;

b) Que al momento de presentar la solicitud de transferencia no exista juicio, investigación, o cualquier otro procedimiento legal contra el sentenciado por parte del Estado trasladante;

c) Que la sentencia se encuentre debidamente ejecutoriada y que la persona condenada haya cumplido doce (12) meses de la pena impuesta o que la persona condenada se encuentre en grave estado de salud comprobada;

d) Que al momento de recibir la solicitud de transferencia, el sentenciado aún tenga que cumplir al menos doce (12) meses de su condena. En casos excepcionales, las Partes podrán acordar la transferencia de un sentenciado, aun cuando le resten por cumplir menos de doce (12) meses de su condena;

e) Que el propio sentenciado otorgue su consentimiento por escrito a fin de acogerse al presente tratado o bien, cuando alguna de las Partes lo considere necesario, atendiendo a la edad, al estado físico o mental del sentenciado, se haga en su nombre o por su representante legal;

g) Que la persona sentenciada haya cumplido o garantizado el pago, a satisfacción del Estado trasladante, de las multas, gastos procesales, reparación civil y condenas pecuniarias de toda índole que corren a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la sentencia condenatoria;

h) Que los actos u omisiones que motivaron la imposición de la condena, constituyan delitos penales según la legislación aplicable en el Estado receptor y como consecuencia, sean punibles en caso de cometerse en su territorio; en la inteligencia de que esta condición no sea interpretada en el sentido de requerir que los delitos tipificados en las leyes de ambas Partes sean idénticos en aspectos que no afectan la índole o naturaleza del delito;

i) Que el sentenciado no haya sido condenado por algún delito político o en términos de la legislación militar del Estado trasladante;

j) Que el Estado trasladante y el Estado receptor manifiesten expresamente su consentimiento con el traslado, el que guardará armonía con la legislación interna de ambas Partes;

k) Que la sanción a cumplirse sea determinada y no sea pena de muerte, o cualquier otra no prevista por la legislación nacional de las Partes.

2. El presente tratado no aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o relacionados con delincuencia organizada.

‘ART. 4º—Autoridades ejecutoras.

1. Para la ejecución del presente tratado, los Estados Unidos Mexicanos designa como autoridad ejecutora a la Secretaría de Seguridad Pública, a través de su órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social, o quien haga sus veces.

2. Para la ejecución del presente tratado la República de Colombia designa como autoridad ejecutora al Ministerio del Interior y de Justicia, o quien haga sus veces, en cuyo caso se notificará por vía diplomática.

‘ART. 5º—Procedimiento para la transferencia.

1. Cada una de las Partes, deberá informar sobre el contenido de este tratado a cualquier sentenciado que sea susceptible de su aplicación;

2. El Estado trasladante deberá proporcionar al Estado receptor la siguiente información:

a) Nombre, fecha y lugar de nacimiento del sentenciado;

b) Naturaleza, duración y fecha del comienzo y término de la condena impuesta al sentenciado;

c) Reseña de los hechos que motivaron la condena;

d) Copia certificada de la sentencia e información sobre la legislación en la que estuvo basada;

e) Copia certificada del acta de nacimiento, pasaporte, o algún otro documento que acredite fehacientemente la nacionalidad del sentenciado;

f) Solicitud de transferencia en la que el sentenciado manifieste su voluntad de acogerse al presente tratado;

g) Un informe médico sobre el estado general de salud del sentenciado, así como información relativa al tratamiento recibido en reclusión y, en su caso, recomendaciones sobre el tratamiento adicional que deba recibir en el Estado receptor, junto con un informe social cuando se juzgue conveniente;

h) Informe que incluya la parte de la condena que ha sido cumplida, además de información respecto a detenciones previas, remisión de la condena o cualquier otro factor relevante en la ejecución de la misma;

i) Que el sentenciado haya cumplido con todas las obligaciones pecuniarias que se le hayan impuesto, se garantice el pago de las mismas a satisfacción del Estado trasladante, o en su caso, se declare su prescripción por alguna autoridad legalmente facultada para ello;

j) Cualquier información adicional a solicitud del Estado receptor.

3. Después de haber analizado la información proporcionada por el Estado trasladante, y si el Estado receptor está dispuesto a consentir la transferencia del sentenciado, deberá proporcionar al primero lo siguiente:

a) Declaración en la que se indique que el sentenciado es nacional de dicho Estado;

b) Copia de la legislación en la que se estipule que los actos u omisiones que motivaron la condena, son punibles de haberse cometido en su territorio;

c) Informe sobre las consecuencias legales que tendrá para el sentenciado la aplicación a su caso de la legislación del Estado receptor, una vez realizada la transferencia;

d) Cualquier información adicional a solicitud del Estado trasladante.

4. La transferencia de un sentenciado, tendrá verificativo en el territorio del Estado trasladante, salvo que las Partes decidan hacerlo de otro modo.

‘ART. 6º—Solicitudes y respuestas.

1. Cada traslado de nacionales mexicanos sentenciados se iniciará mediante una solicitud formulada por escrito y presentada por la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. Cada traslado de nacionales colombianos sentenciados se iniciará mediante una solicitud formulada por escrito y presentada por la Embajada de Colombia en los Estados Unidos Mexicanos a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

3. Si el Estado trasladante considera la solicitud de traslado del nacional sentenciado y expresa su consentimiento, comunicará al Estado receptor su aprobación, lo antes posible, de modo que una vez que se hayan completado los arreglos internos se pueda efectuar el traslado.

4. La entrega del sentenciado por las autoridades del Estado trasladante a las del Estado receptor se hará en el lugar que convengan ambas Partes. El Estado receptor será responsable de la custodia del nacional sentenciado, desde el momento en que este le sea entregado, dejándose constancia en el acta.

5. Cuando cualquiera de las Partes no apruebe el traslado de un sentenciado, notificará su decisión sin demora a la otra Parte expresando la causa o motivo de la denegatoria.

6. Negada la autorización del traslado, el Estado receptor no podrá efectuar una nueva solicitud, pero el Estado trasladante podrá revisar su decisión a instancia del Estado receptor cuando esta alegare circunstancias excepcionales.

‘ART. 7º—Consentimiento y su verificación.

1. El Estado trasladante deberá asegurarse de que la persona que otorgue su consentimiento para la transferencia, de conformidad con el inciso e) del artículo 3º de este tratado, lo haga voluntariamente y con pleno conocimiento de las consecuencias jurídicas que ello conlleva. El procedimiento para otorgar dicho consentimiento se regirá por la legislación del Estado trasladante.

2. El Estado trasladante proporcionará al Estado receptor la oportunidad de verificar, por conducto de su representación diplomática, que el consentimiento se haya otorgado de conformidad con lo establecido en el presente tratado.

‘ART. 8º—Efecto de la transferencia para el estado receptor.

1. El asumir la custodia del sentenciado por parte del Estado receptor, tendrá como efecto la suspensión de la ejecución de la condena en el Estado trasladante.

2. El Estado trasladante no podrá exigir la ejecución de la condena, si el Estado receptor estima que el cumplimiento de la condena ha concluido.

‘ART. 9º—Procedimiento para la ejecución de la condena.

1. La ejecución de la condena de la persona sentenciada trasladada se cumplirá de acuerdo con las normas del régimen penitenciario del Estado receptor. En ningún caso podrá modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante.

2. Ninguna condena será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que prolongue la duración de la privación de la libertad más allá del término impuesto por la sentencia del tribunal del Estado trasladante.

3. Para los efectos del presente artículo, la autoridad competente del Estado receptor podrá dictar medidas de vigilancia solicitadas por el Estado trasladante. Igualmente, a solicitud del Estado trasladante informará sobre la forma en que se llevará a cabo la vigilancia del nacional sentenciado y comunicará el incumplimiento por parte del sentenciado de las obligaciones que este haya asumido.

‘ART. 10.—Indulto, amnistía, conmutación o modificación de la pena.

El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales.

El Estado trasladante retendrá, asimismo, la facultad exclusiva de indultar o conceder amnistía, conmutar o modificar la pena al sentenciado. El Estado receptor al recibir aviso de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar con prontitud las medidas que correspondan en concordancia con su legislación sobre la materia.

‘ART. 11.—Información relativa a la ejecución de la condena.

El Estado receptor proporcionará al Estado trasladante información relativa a la aplicación de la condena:

a) Cuando la condena haya sido cumplida;

b) Cuando el sentenciado se haya evadido de su custodia, antes de cumplir su condena, o

c) Cuando el Estado trasladante solicite un informe especial.

‘ART. 12.—Tránsito.

Si cualquiera de las Partes acuerda lo relativo a la transferencia de sentenciados con un tercer Estado, la otra Parte cooperará en lo referente al tránsito por su territorio de los sentenciados transferidos de conformidad con dichas disposiciones, salvo que se trate de un sentenciado que sea uno de sus connacionales en cuyo caso, podrá negarse a otorgar el tránsito a la Parte que tenga intención de realizar dicha transferencia.

‘ART. 13.—Gastos.

El Estado receptor correrá con los gastos que se generen con motivo de la aplicación del presente tratado, salvo las erogaciones realizadas exclusivamente en el territorio del Estado trasladante. No obstante, el Estado receptor podrá tratar de recuperar del sentenciado o de alguna otra fuente, el total o parte de los gastos relacionados con la transferencia.

‘ART. 14.—Aplicación temporal.

El presente tratado aplicará para cualquier solicitud que sea presentada después de su entrada en vigor, aun en el caso de que los actos u omisiones que dieron lugar a la imposición de la condena hubieran ocurrido con anterioridad a dicha fecha.

‘ART. 15.—Adolescentes.

El presente tratado podrá ser extensivo, previo acuerdo de las Partes, a delincuentes juveniles y menores infractores, de conformidad con la legislación aplicable de cada una de las Partes, y la definición que esta les otorgue.

‘ART. 16.—Solución de controversias.

Cualquier controversia derivada de la interpretación de este tratado, así como su aplicación, será resuelta mediante negociaciones directas entre las Partes y/o las autoridades ejecutoras y, en caso de no llegar a una solución sobre el diferendo, podrán acordar un mecanismo específico para su solución, tales como el establecimiento de comisiones de expertos o el arbitraje.

‘ART. 17.—Disposiciones finales.

1. El presente tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la recepción de la última notificación en que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales internos exigidos para tal fin y tendrá vigencia indefinida.

2. Cualquiera de las Partes podrá proponer en cualquier momento modificaciones a este tratado. Cualquier modificación acordada por las Partes entrará en vigor treinta (30) días después del intercambio de notas, posterior a la conclusión de los respectivos procedimientos internos de las Partes.

3. Cualquiera de las Partes podrá terminar este tratado en cualquier momento, mediante notificación por escrito a la otra Parte, por la vía diplomática, en cuyo caso sus efectos cesarán ciento ochenta (180) días después de la fecha de recibo de la notificación correspondiente. Las solicitudes de transferencia presentadas con anterioridad a la fecha de la notificación se considerarán de acuerdo con las disposiciones de este tratado.

4. En caso de terminación, este tratado seguirá teniendo aplicación en la medida en que se refiera a la ejecución de condenas de sentenciados transferidos de conformidad con este tratado.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para tal efecto por su respectivo Gobierno, han suscrito el presente tratado, en la Ciudad de México, el primero de agosto de dos mil once, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos igualmente auténticos.

Por la República de Colombia,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar. 

Por los Estados Unidos Mexicanos,

La Secretaria de Relaciones Exteriores,

Patricia Espinosa Cantellano. 

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE TRATADOS DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CERTIFICA:

Que la reproducción del texto que antecede es copia fiel y completa del ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Dada en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de abril de dos mil doce (2012).

La Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Tratados, Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales,

Alejandra Valencia Gärtner.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables senadores y representantes:

En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 y 224 de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

I. Consideraciones constitucionales generales

La Constitución Política de 1991 establece como fin social del Estado, entre otros, ‘servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución’ (C.P., art. 2º).

El alcance del principio de Estado Social de Derecho respecto de la relación entre las autoridades y la persona individualmente considerada es bastante amplio y se ve reforzado por los principios fundamentales de la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad (C.P., art. 1º) y la igualdad (C.P., art. 13).

La solidaridad refuerza en el Estado Social de Derecho el postulado según el cual, el Estado está al servicio del ser humano y no al contrario. Es así como las actuaciones del Estado en el ámbito social no obedecen a una actitud caritativa, compasiva o de mera liberalidad de las autoridades públicas, sino al deber constitucional de asegurar las condiciones indispensables para que todas las personas puedan hacer pleno uso de su libertad y gozar de sus derechos fundamentales.

Adicionalmente, el Estado colombiano se funda en el respeto de la dignidad humana como principio fundamental. Conforme a este principio, las autoridades públicas no pueden ser indiferentes frente a situaciones que afecten el valor intrínseco de la vida humana, entendida esta no ya como el derecho a no ser físicamente eliminado sino como el derecho a realizar las capacidades humanas y a llevar una existencia con sentido y, especialmente, a conservar los lazos familiares.

De conformidad con estos principios constitucionales, el Gobierno colombiano ha considerado conveniente suscribir con el Gobierno Mexicano, el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, como en efecto lo hizo en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.

Por otra parte, nuestro Código de Procedimiento Penal (L. 906/2004) dispone en su artículo 1º que los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad humana.

En este orden de ideas, este tratado se enmarca dentro del respeto a la soberanía nacional, reconoce los principios del derecho internacional, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 superior.

II. Objetivo del tratado

El presente tratado pretende fortalecer la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, mediante el reconocimiento de la necesidad de permitir el traslado de condenados colombianos o mexicanos por la comisión de delitos en uno y otro Estado a su país de origen, con miras a que en este puedan cumplir las penas o medidas de seguridad impuestas. Con dicho convenio, como se señala en su preámbulo, se busca favorecer la rehabilitación y la reinserción de los condenados a su núcleo social de origen, con el fin de que cumplan la condena, dentro del marco del respeto de sus Derechos Humanos.

III. Contenido del tratado

El ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, desarrolla los siguientes temas: definiciones, principios generales, condiciones de la transferencia, autoridades ejecutoras, procedimiento para la transferencia, solicitudes y respuestas, consentimiento y su verificación, efecto de la transferencia para el Estado receptor, procedimiento para la ejecución de la condena, indulto, amnistía, conmutación o modificación de la pena, información relativa a la ejecución de la condena, tránsito, gastos, aplicación temporal, adolescentes, solución de controversias y disposiciones finales.

En cuanto a los principios generales previstos en este tratado, una persona que haya sido sentenciada en territorio de una de las parles podrá ser transferido al territorio de la otra, para que cumpla con la condena que se le haya impuesto mediante sentencia. Esta posibilidad tiene como requisito indispensable que el sentenciado manifieste por escrito al Estado trasladante su voluntad de ser transferido de conformidad con lo previsto en este acuerdo internacional.

Para tomar la decisión de autorizar o negar una solicitud de traslado, se deberá tomar en consideración que con ello se contribuya a la efectiva reinserción social del condenado; la gravedad del delito y la posible vinculación del sentenciado con el crimen organizado; su grado de participación o responsabilidad en los hechos que motivaron la condena; su estado de salud; sus antecedentes penales y; los vínculos que pueda tener con las sociedades de cada una de los Estados Partes.

Este tratado no aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o relacionados con delincuencia organizada.

El traslado del sentenciado solicitante se hará previo el cumplimiento de un procedimiento previsto para este efecto y su inició tendrá lugar con la solicitud y el cumplimiento de los requisitos previstos en este acuerdo. Entre estos requisitos se encuentran: la obligatoriedad del Estado trasladante de informar al Estado receptor sobre el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del sentenciado; naturaleza, duración y fecha del comienzo y término de la condena impuesta al sentenciado; reseña de los hechos que motivaron la condena; solicitud de transferencia en la que el sentenciado manifieste su voluntad de acogerse al presente tratado; un informe médico sobre el estado general de salud del sentenciado; un informe que incluya la parte de la condena que ha sido cumplida junto con la información respecto a detenciones previas, remisión de la condena o cualquier otro factor relevante en la ejecución de la misma; entre otros.

La condena de la persona sentenciada trasladada se cumplirá de acuerdo con las normas del régimen penitenciario del Estado receptor. En ningún caso, podrá modificarse por su naturaleza o por su duración, la pena privativa de libertad pronunciada por el Estado trasladante.

Ninguna condena será ejecutada por el Estado receptor de tal manera que, prolongue la duración de la privación de la libertad más allá del término impuesto por la sentencia del tribunal del Estado trasladante.

El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y retendrá la facultad exclusiva de indultar o conceder amnistía, conmutar o modificar la pena al sentenciado. El Estado receptor proporcionará al Estado trasladante información relativa a la aplicación de la condena.

El Estado receptor correrá con los gastos que se generen con motivo de la aplicación de este tratado, salvo las erogaciones realizadas exclusivamente en el territorio del Estado trasladante. No obstante, el Estado receptor podrá tratar de recuperar del sentenciado o de alguna otra fuente, el total o parte de los gastos relacionados con la transferencia.

Este tratado podrá ser extensivo, previo acuerdo entre las Partes, a delincuentes juveniles y menores infractores, de conformidad con la legislación aplicable de cada una de las Partes.

Finalmente, cabe señalar que, este tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la recepción de la última notificación en que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales internos exigidos para tal fin y tendrá vigencia indefinida.

De lo anteriormente expresado, se puede concluir que el ámbito de aplicación y el alcance de sus disposiciones no trascienden los límites de la cooperación y asistencia entre Estados soberanos, respetando en todo caso los ordenamientos internos de los firmantes.

Por las anteriores consideraciones, el Gobierno Nacional, a través de la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de Justicia y del Derecho presentan a consideración del honorable Congreso de la República el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

De los honorables senadores y representantes,

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar. 

La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio. 

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 2 de mayo de 2012.

Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Juan Manuel Santos Calderón

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:

‘ART. 1º—Apruébese el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

‘ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

‘ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D. C., a los (sic)

Presentado al honorable Congreso de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de Justicia y del Derecho.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

La Ministra de Justicia y del Derecho,

Ruth Stella Correa Palacio.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 2 mayo de 2012.

Autorizado. Sométanse a la consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales.

(Fdo.) Juan Manuel Santos Calderón

La Ministra de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETA:

‘ART. 1º—Apruébese el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

‘ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.

‘ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Juan Fernando Cristo Bustos 

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Gregorio Eljach Pacheco 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Hernán Penagos Giraldo 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jorge Humberto Mantilla Serrano 

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Comuníquese y cúmplase.

Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de diciembre de 2013.

Juan Manuel Santos Calderón

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar 

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Alfonso Gómez Méndez”.

(…)

V. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

1.1 La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la enmienda en examen y de su ley aprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.

1.2 En consecuencia, esta corporación analizará, en primer lugar, el trámite dado a la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, con el propósito de determinar si se ajusta a la Constitución Política, para de esta manera y en el evento de que este trámite esté acorde con la Constitución, analizar, en un segundo lugar, el contenido material del tratado.

2. Análisis formal de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”.

2.1 Negociación y suscripción del tratado y aprobación presidencial.

(i) En relación con la negociación y suscripción de la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, objeto de estudio en esta oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante Oficio GTAJI-14-009678 del 24 de febrero de 2014, recibido en la Corte Constitucional el día 25 de febrero de 2014 (fl. 175, cdno. 1 pruebas) informó a esta corporación que “(…) una vez revisado el archivo de la coordinación del grupo interno de trabajo de tratados de esta dirección, se constató lo siguiente:

1. El ‘Tratado sobre Traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la república de Colombia y los Estados unidos Mexicanos’, fue suscrito por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar, el 1º de agosto de 2011, por tanto, no fue necesaria la expedición de plenos poderes, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) numeral 2º del artículo 7º de la ‘Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados’ de 1969”.

(ii) El ministerio comunicó a esta corporación que el Presidente de la República, señor Juan Manuel Santos Calderón, impartió la respectiva aprobación presidencial con el fin de someter el tratado objeto del presente estudio a consideración del Congreso de la República, el día 2 de mayo de 2012.

2.2 Trámite legislativo de la ley aprobatoria.

2.2.1 Conforme a la Constitución Política, las leyes aprobatorias de tratados internacionales deben surtir, en general, el mismo trámite que cualquier ley ordinaria (C.P., arts. 157, 158, 160 y 165), con dos particularidades: i) por tratarse de asuntos referidos a las relaciones internacionales, su trámite debe iniciarse en el Senado de la República (C.P., art. 154); y ii) el Gobierno Nacional debe remitirlas a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción presidencial, para que la misma efectúe su revisión constitucional (C.P., art. 241, núm. 10).

2.2.2 Del expediente legislativo enviado a esta corporación, se constata que el proyecto de la Ley 1688 del 16 de diciembre de 2013 fue presentado y radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, el 28 de agosto de 2012, ante la Secretaría del Senado de la República a través de la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar y la Ministra de Justicia y del Derecho, Doctora Ruth Stella Correa Palacio (fls. 97 reverso, 99 reverso, cdno. 1 pruebas), donde fue radicado con el Nº 102 de 2012 Senado, y se publicó junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso Nº 564 del 28 de agosto de 2012 (fls. 95-104 cdno. 1 pruebas) antes de darle curso en la Comisión Segunda Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 157, núm. 1, de la Constitución Política.

2.2.3 Trámite legislativo ante el Senado de la República.

2.2.3.1 Primer debate en la Comisión Segunda Constitucional del Senado.

2.2.3.1.1 En relación con el trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda del Senado, el Secretario General de esa comisión informó a esta corporación, que “Conforme a lo dispuesto en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 (C.P., inciso adicionado del art. 160), el proyecto de ley fue anunciado en sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado el día 30 de octubre de 2012, según consta en el Acta 14 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 935 del 07 de junio de 2013, la cual se adjunta (págs.. 33 y 76)”.

De otra parte, en la certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República se hace constar que la fecha de discusión y aprobación del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, hoy Ley 1688 del 16 de diciembre 2013, se realizó “el día 31 de octubre de 2012, según consta en el Acta 15 de sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 936 del 7 de junio de 2013”. En el mismo escrito se certifica que el quórum estuvo integrado “por los trece (13) senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el Acta 15 del 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Nº 396 del 7 de junio de 2013” (fls. 1-2 cdno. 1 pruebas).

2.2.3.1.2 Del análisis del expediente legislativo que ha realizado esta Corte se desprende lo siguiente:

(i) La ponencia para primer debate del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado fue presentada por la senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 676 del 9 de octubre de 2012 (fls. 253-254 cdno. 2 pruebas).

(ii) El primer anuncio para votación del proyecto de ley fue realizado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado el 16 de octubre de 2012, tal como consta en el Acta 12 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso Nº 394 de 2013:

“(…) La señora presidenta, senadora Myriam Paredes Aguirre, declara abierta la sesión de hoy 16 de octubre de 2012:

Solicito al señor secretario abrir el registro de los senadores con el llamado a lista: (…)

(…)

Le solicito al secretario favor continuar con el anuncio de proyectos de ley para la próxima sesión de la comisión.

El secretario procede con el anuncio de proyecto de ley para la próxima sesión de comisión:

2. Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Ponente: honorable senadora Alexandra Moreno Piraquive.

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 564 de 2012.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso Nº 676 de 2012.

(…) Le informo señor presidente que han sido anunciados los proyectos de ley para discutir y aprobar en la próxima sesión de comisión.

El señor presidente, senador, Marco Avirama Avirama, informa a la Comisión que se cita a sesión mañana a las 10:00 a. m., se levanta la sesión” (Gaceta del Congreso 394 de 2013).

(iii) La siguiente sesión se llevó a cabo el 24 de octubre de 2012, en esa sesión se realizó un segundo anuncio para la votación del proyecto de ley por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, tal como consta en el Acta 13 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso Nº 395 del 7 de junio de 2013 en la que se lee textualmente:

“(…) La señora Presidenta Senadora Myriam Paredes Aguirre, informa:

Vamos a dar inicio a la sesión de hoy 24 de octubre de 2012, solicito al señor secretario abrir el registro de los senadores con el llamado a lista (…)

(…) El señor presidente, Senador Carlos Fernando Motoa Solarte:

Agradece a la senadora Alexandra Moreno, solicita al secretario continuar con el siguiente punto del orden del día:

El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al siguiente punto del orden del día. Señor presidente, me permito anunciar proyectos de ley para la próxima sesión de comisión:

3. Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Ponente: honorable senadora Alexandra Moreno Piraquive.

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 564 de 2012.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso Nº 676 de 2012 (…)

(…) Están anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión de comisión señor presidente.

El presidente, senador Carlos Fernando Motoa Solarte, levanta la sesión y convoca para el próximo martes a las 10:00 a. m.” (resalta la Sala) (fls. 23 y 39, cdno. 1 pruebas).

(iv) La siguiente sesión se realizó el 30 de octubre de 2012, en esa sesión se hizo un tercer anuncio para la votación del proyecto de ley por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, tal como consta en el Acta 14 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso Nº 395 del 7 de junio de 2013 en la que se lee textualmente:

“(…) La señora presidenta de la Comisión Segunda, honorable senadora Myriam Alicia Paredes, informa:

Solicitamos a los señores asesores, notificar a los honorables parlamentarios miembros de la Comisión Segunda que en diez (10) minutos tomaremos lista de asistencia e iniciaremos con el debate. (…) señor secretario sírvase llamar a lista y verificar el quórum (…)

(…) La señora presidente Myriam Alicia Paredes Aguirre:

Respetamos y hemos dado el tiempo suficiente señor parlamentario para que usted intervenga y también tienen derecho los funcionarios a responder las apreciaciones de los congresistas, sírvase señor secretario dar lectura a los proyectos de ley que serán discutidos en la sesión del día de mañana.

El señor secretario Diego Alejandro González González:

Por instrucciones de la señora presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncia la discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (A.L. 1/2003, art. 8º):

(…) Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Ponente: honorable Senadora Alexandra Moreno Piraquive.

Publicaciones: Texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso Nº 564 de 2012.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso Nº 676 de 2012.

El señor secretario Diego Alejandro González González informa que están anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión.

La señora presidente Myriam Alicia Paredes Aguirre, se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana, a partir de las 10:00 a. m.” (fls. 39 y 60 revés, cdno. 1 pruebas).

(v) La siguiente sesión se llevó a cabo el viernes 31 de octubre de 2012. Revisada por esta Corporación el Acta 15 del 31 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Nº 396 del 7 de junio de 2013, esta Sala evidencia que efectivamente la discusión y aprobación del proyecto de ley en estudio se llevó a cabo en la siguiente sesión para la cual fue anunciado previamente. Así en la Comisión Segunda del Senado se discutió y aprobó por unanimidad en primer debate el Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, el día 31 de octubre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011 (fls. 63-64 reverso, cdno. 1 pruebas).

Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 396 de 2013, la aprobación se llevó a cabo en los siguientes términos:

“El Secretario, doctor Diego Alejandro González González, da lectura al Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Autores: Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia.

Ponente: honorable senadora Alexandra Moreno Piraquive.

Publicaciones:

Texto del proyecto de ley Gaceta del Congreso Nº 564de 2012.

Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso Nº 676 de 2012.

Hace uso de la palabra la senadora ponente, Alexandra Moreno Piraquive:…

Continúa la señora presidente, senadora Myriam Paredes Aguirre:

Señor secretario, sírvase dar lectura a la proposición con que termina la ponencia.

El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, da lectura a la proposición:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito rendir ponencia favorable para primer debate al Proyecto de Ley 102 de 2012, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Solicito a la honorable Comisión Segunda, dar aprobación para que este importante tratado continúe su trámite legislativo. De los honorables senadores Alexandra Moreno Piraquive, Senadora de la República.

Está leída la proposición con que termina el informe de ponencia señora presidenta (…)

(…) La señora presidente, senadora Myriam Paredes Aguirre, informa:

Que seguimos en consideración con la proposición con que termina el informe del Proyecto de Ley 102 de 2012. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Aprueba la comisión el informe de la ponencia.

El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa:

A la señora presidencia que ha sido aprobado por los senadores de la comisión, el informe de ponencia del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado.

La señora Presidente, Senadora Myriam Paredes Aguirre, solicita al secretario dar lectura al articulado del proyecto.

El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González, informa:

A la presidencia que la senadora Alexandra Moreno ha pedido la omisión de la lectura del articulado.

La señora presidente, senador Myriam Paredes Aguirre:

Somete a consideración de los senadores de la comisión, la omisión de lectura del articulado, y la aprobación del articulado del proyecto. Sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la comisión.

El secretario, doctor Diego Alejandro González González, informa:

A la señora presidente, que los senadores de la Comisión han aprobado la omisión de lectura del articulado y el articulado del proyecto.

Se continúa con la lectura al título del proyecto de ley.

El secretario, doctor Diego Alejandro González González, procede con la el título del proyecto:

Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, entre la República de Colombia y los Estados Unidos de México, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Está leído el título del proyecto señora presidenta.

La señora presidenta, senadora Myriam Paredes Aguirre:

Somete a consideración de los senadores de la comisión el título del proyecto de ley leído, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Aprueba la comisión el título leído.

El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, informa:

A la presidente que ha sido aprobado por los senadores de la comisión el título del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado.

La señora presidente, senadora Myriam Paredes Aguirre, pregunta:

A los senadores de la comisión si quieren que este proyecto de ley tenga segundo debate.

El secretario de la comisión, doctor Diego Alejandro González González, le informa:

A la presidente que los senadores de la comisión sí quieren que este proyecto de ley si tenga segundo debate.

La señora presidente, senador Myriam Paredes Aguirre, nombra como ponente para el segundo debate a la senadora Alexandra Moreno Piraquive.

Se continúa con el orden del día” (fls. 63-64, cdno. 1 pruebas) (resalta la Sala).

En síntesis, la Corte constata que la consideración, discusión y aprobación del Proyecto de Ley 102 de 2012 se llevó a cabo efectivamente el 31 de octubre del 2012, con el quórum requerido, según consta en el Acta 15 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 396 de 2013, y la votación fue unánime por parte de los trece senadores que respondieron a lista. De esta manera, evidencia esta corporación que la votación se llevó a cabo respetando las excepciones previstas a la regla general de votación nominal y pública consagrada en el artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1º de 2009, y el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011, y de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso, en el cual se prevén expresamente las excepciones a esta regla general de votación nominal y pública, dentro de las cuales se encuentra la existencia de “unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias” (resalta la Sala).

En este sentido, la Corte constata que el proyecto se votó en primer debate por unanimidad mediante votación ordinaria, se aprobó la omisión de la lectura del texto del articulado y se aprobó el título del proyecto, y los senadores de la República no manifestaron disentimiento alguno en relación con el articulado, ni solicitaron la realización de votación nominal y pública, y aprobaron el proyecto para que se llevara a cabo el segundo debate en plenaria, razón por la cual y de conformidad con la jurisprudencia de esta corporación no se requiere un estudio adicional acerca de la exigencia de votación nominal y pública del proyecto de ley.

2.2.3.2 Segundo debate en plenaria del Senado

2.2.3.2.1 En relación con el trámite legislativo surtido en la plenaria del Senado, el secretario general de esa corporación allegó certificación a esta Corte informando que “el Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado ‘Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011” se tramitó en segundo debate de la siguiente manera:

“Fue anunciado en la sesión plenaria del día 13 de noviembre de 2012, como consta en el Acta 29, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 58 de 2013.

Que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, con un quórum deliberatorio y decisorio de 95 de 100 senadores y el voto negativo de la senadora Gilma Jiménez Gómez, en la sesión plenaria del día 14 de noviembre de 2012, como consta en el Acta 30, publicada en la Gaceta del Congreso 44 de 2013” (fl. 173, cdno. 3 pruebas).

2.2.3.2.2 De la revisión del expediente legislativo allegado a esta corporación, la Sala constata lo siguiente:

(i) La ponencia para segundo debate y texto definitivo aprobado en primer debate por la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República al proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, fue presentado por la senadora Alexandra Moreno Piraquive y publicado en la Gaceta del Congreso Nº 801 del 13 de noviembre de 2012 (fls. 20 y 21, cdno. 1 pruebas).

(ii) El proyecto de ley fue anunciado para votación en la plenaria del Senado el 13 de noviembre de 2012, como consta en el Acta 29 de esa fecha publicada en la Gaceta del Congreso Nº 58 de 2013 en la que se lee textualmente:

“II. Anuncio de proyectos

Por instrucciones de la presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión.

Anuncio de proyectos para la sesión plenaria del 13 de noviembre del 2012, Senado de la República.

Proyectos para discutir y votar en la próxima sesión plenaria del Senado de la República.

Con ponencia para segundo debate:

Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Están leídos y anunciados los proyectos para la próxima sesión, señor presidente, adicionales (…)

Siendo las 11:35 p. m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 14 de noviembre de 2012, a las 10:00 a.m. para Congreso Pleno y a las 3:00 p.m. a la sesión plenaria de Senado” (fls. 25, 57, 14 revés. cdno. 2 pruebas).

De conformidad con lo anterior, una vez revisada el Acta 29 del 13 de noviembre de 2012, publicada en la Gaceta Nº 58 del 19 de febrero de 2013, esta corporación constata que el Proyecto de Ley 102 de 2011 Senado, por la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011” fue efectivamente anunciado debidamente para discusión y votación de proyectos de ley para el día 14 de noviembre de 2012.

(iii) Revisada el Acta 30 del 14 de noviembre de 2012 publicada en Gaceta Nº 44 de 2013, esta corporación constata que efectivamente en la sesión plenaria del Senado del 14 de noviembre de 2012, se debatió y aprobó por mayoría el proyecto de Ley 102 de 2012 Senado con la asistencia y votación 95 de 100 Senadores, con el voto negativo de la senadora Gilma Jiménez Gómez (fl. 112, cdno. 2 pruebas).

Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 44 de 2013, la aprobación del proyecto se llevó a cabo en los siguientes términos:

“Lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate

Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México e l 1º de agosto de 2011.

La presidencia indica a la Secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.

Por secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.

La presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

Deja constancia de su voto negativo a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia, del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, la honorable senadora Gilma Jiménez Gómez.

Se abre segundo debate

La presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

La presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.

La presidencia indica a la secretaría dar lectura al título del proyecto.

Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Leído este, la presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la presidencia pregunta:

¿Quieren los senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.

Deja constancia de su voto negativo a la aprobación del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, la honorable senadora Gilma Jiménez Gómez.

La presidencia indica a la secretaría continuar con el siguiente proyecto” (resalta la Sala).

El texto aprobado por el senado de la República del Proyecto de Ley 102 de 2013 fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 44 del 11 de febrero de 2013.

En síntesis, la Sala concluye que el mencionado proyecto fue considerado, debatido y aprobado en sesión plenaria del Senado de la República el día 14 de noviembre de 2012, fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 44 del 4 de septiembre de 2013, y que se cumplió con el quórum requerido y fue aprobado el Proyecto de Ley 102 de 2012, por 94 de los 95 senadores asistentes (fl. 112, cdno. 2 pruebas).

La Corte encuentra que el proyecto se votó por 95 senadores con un voto negativo y se realizó mediante votación ordinaria, de manera que esta corporación evidencia que la votación se llevó a cabo desconociendo las excepciones previstas a la regla general de votación nominal y pública consagrada en el artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, y el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011, y el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso, en el cual se prevén expresamente las excepciones a la regla general de votación nominal y pública, dentro de las cuales se encuentra la existencia de “unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias” (resalta la Sala)

De esta manera, la Sala constata que existió una clara manifestación y constancia de disenso desde el inicio del debate frente al informe de ponencia por parte de la senadora Gilma Jiménez Gómez, de manera que para la Corte la Presidenta del Senado debió proceder a realizar la votación a través de la regla general de votación nominal y pública, cosa que no hizo, y antes bien se realizó una votación ordinaria, con omisión de la lectura del articulado, de forma que no hubo debate en relación con los artículos que se aprobaron, situación que para la Sala constituye un vicio de procedimiento de carácter insubsanable, que se analizará más adelante en detalle por este tribunal, una vez culminado el análisis total del trámite legislativo.

2.2.4 Trámite legislativo ante la Cámara de Representantes.

2.2.4.1 Primer debate en la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes.

2.2.4.1.1 En relación con el trámite legislativo surtido en la Comisión Segunda de la Cámara, la secretaria de esa comisión certificó a esta corporación respecto del anuncio para votación que “El anuncio de este proyecto de ley en cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para su discusión y votación se realizó en sesión del día 24 de septiembre de 2013, Acta 13, la cual esta publicada en la Gaceta del Congreso Nº 888 del 5 de noviembre de 2013, páginas de la 36 a la 48 (…)”.

Respecto del debate y aprobación en primer debate en la Cámara de Representantes, la secretaria general de la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, certificó a esta corporación que “En sesión del 1º de octubre de 2013, Acta 14, se le dio primer debate y se aprobó en votación ordinaria de acuerdo al art. 129 de la Ley 5ª de 1992 (L. 1431/2011), Proyecto de Ley 213/12 Cámara, 102/12 Senado ‘Por medio del cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011’ sesión a la cual asistieron 15 honorables Representantes (…)” (fl. 28, cdno. ppal.) (resalta la Sala).

2.2.4.1.2 Del estudio del expediente del trámite legislativo surtido ante la Cámara de Representantes esta corte constata lo siguiente:

(i) El informe de ponencia y texto de aprobación para primer debate en la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara, el Proyecto de Ley 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”, fue presentado por el representante Juan Carlos Sánchez Franco, y publicado en la Gaceta Nº 706 del 11 de septiembre de 2013 (fls. 140 y 141, cdno. 1 pruebas).

(ii) El proyecto de ley fue anunciado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en 7 oportunidades: los días 13, 20 y 27 del agosto de 2013 como consta en las actas 5, 6 y 7 respectiva y consecutivamente, publicadas en las Gacetas del Congreso Nº 708 del 11 de septiembre de 2013 y Nº 761 del 25 de septiembre de 2013; y los días 3, 10, 17, y 24 de septiembre de 2013 como está señalado en las actas 8, 10, 12 y 13 respectiva y consecutivamente, las cuales fueron publicadas en las Gacetas del Congreso Nº 781 del 30 de septiembre de 2013, Nº 827 del 11 de octubre de 2013 y Nº 888 del 5 de noviembre de 2013. Los anuncios de cada una de las actas se realizó (sic) en los siguientes términos:

Anuncio 1, Acta 5 del 13 de agosto de 2013: “Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

V: Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para aprobación en próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. De acuerdo con lo expresado por el señor presidente y lo ordenado por él en esta sesión, me permito hacer los siguientes anuncios (…)

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011. Ponente: honorable representante Juan Carlos Sánchez Franco.

(…) Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Agotado el orden del día y no existiendo temas para el día de mañana, se convoca la comisión para el próximo martes a las 10 y media de la mañana.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Así se hará señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Muchas gracias.

Se levanta la sesión a las 11:35 a.m.” (Gaceta del Congreso Nº 708 de 2013) (resalta la Sala).

Anuncio 2, Acta 6 del 20 de agosto de 2013: “Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega: (…)

Le quiero solicitar a la señora secretaria que para la próxima están (sic), nosotros anunciamos la vez pasada para evitarnos estas dificultades, se anunciaron todos los proyectos que están hoy en el orden del día. De conformidad con la Ley 5ª, continuarán en el primer punto del orden del día y están debidamente anunciados los proyectos para que no tengamos absolutamente ningún tipo de problema de orden jurídico. Aquí continuarán los proyectos que ya fueron anunciados en la sesión anterior y que están hoy publicados en el orden del día.

Le voy a rogar a la señora secretaria que para la próxima sesión aquí tendremos que invitar a la señora Canciller y a la señora Ministra de Justicia para el tema del tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, dentro de la República de Colombia y los Estados Unidos (…)

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate. Señor presidente usted ya se ha manifestado en el sentido de que los que no se trataron hoy y que están en el orden del día continúan para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 203 (sic) y para aprobar en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley con el objetivo de que la cadena de anuncios que ordena la Corte Constitucional se conserve.

Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Sí, debo dejar constancia que estos proyectos han sido debidamente anunciados por la secretaría desde la sesión anterior. Siguiente punto del orden del día.

(…)

Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10:30 de la mañana” (Gaceta del Congreso Nº 761/ 13 vía electrónica) (énfasis de la Sala).

Anuncio 3, Acta 7 del 27 de agosto de 2013: “Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega: (…)

Siguiente punto del orden del día.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

V. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003. Proyectos que serán debatidos y votados en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley, tal como lo dijo el señor presidente, son los mismos proyectos que están en este orden del día señor presidente, que en su totalidad son diez (10) proyectos de ley y que vienen anunciándose desde el pasado 13 de agosto, consecutivamente el 20 de agosto y el día de hoy honorables representantes tal como lo ordena el señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Siguiente punto del orden del día.

(…)

Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 y media de la mañana y el día miércoles para el debate de control político que estaba citado para el día de mañana. Muchas gracias” (Gaceta del Congreso Nº 761/13 vía electrónica) (resalta la Sala).

Anuncio 4, Acta 8 del 3 de septiembre de 2013: “Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Como le he dicho a los colegas, mientras yo esté aquí en la presidencia no voy a darle trámite a proyectos que no tengan el quórum decisorio. Sírvase anunciar proyectos que no hayan sido anunciados para la próxima sesión que será el martes a las 10 y media de la mañana y el miércoles tendremos debate de control político. Sírvase anunciar los proyectos señora secretaria.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:

Como usted lo ordene señor presidente.

V. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para ser discutidos y votados en la próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley. Además de los proyectos de ley anunciados en los días 13 y consecutivamente 20 y 27 de agosto de 2013, se anuncian los que ya vienen que están en el orden del día de hoy y el siguiente proyecto de ley de manera también expresa.

(…)

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Todos los proyectos que están pendientes señora secretaria.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:

Han sido también anunciados expresamente en las sesiones respectivas señor presidente.

(…)

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Quiero reiterar que todos los proyectos que están a consideración de esta comisión han sido debidamente anunciados y por eso he pedido que queden permanentemente en los órdenes del día para que a medida que vayan presentando las ponencias y les ruego el favor, yo mismo tengo dos ponencias que tengo que rendir, para que no nos coja el tiempo.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda doctora, Pilar Rodríguez Arias:

Sí señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega: (…) Bueno, agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana” (Gaceta del Congreso Nº 781/ 13 vía electrónica) (negrillas fuera de texto).

Anuncio 5, Acta 10 del 10 de septiembre de 2013: “Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

Y se designa ponente al honorable representante Iván Cepeda. Siguiente punto del orden del día.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Hasta ahí hay publicación señor presidente. El siguiente, anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2013. Para ser discutidos y votados en la próxima sesión de Comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.

Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

Como hemos hecho estricto cumplimiento de lo mandado por la Constitución, están por eso agendados en el orden del día y anunciados debidamente todos los proyectos que están pendientes de discusión en la comisión. Además de conformidad con la Ley 58 continuarán exactamente en el próximo orden del día los proyectos que no han tenido discusión, pero que han sido debidamente anunciados. Siguiente punto del orden del día (…)

Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

(…)

Hace uso de la palabra la secretaria general de la comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Así se hará para mañana a las 10:00 de la mañana. A las 11:25 se levanta la sesión” (Gaceta del Congreso Nº 827/ 13 vía electrónica) (resalta la Sala).

Anuncio 6, Acta 12 del 17 de septiembre de 2013: “Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Así se hará representante Mesa, queda aplazado el presente debate para de mañana en ocho (8) días. Siguiente punto señora secretaria.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias.

Entonces continúo señor presidente con los anuncios de los proyectos de ley para ser discutidos y votados en la próxima sesión de Comisión.

Proyecto de Ley 38 de 2013 Cámara.

Proyecto de Ley 340 de 2013 Cámara.

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara.

Proyecto de Ley 324 de 2013 Cámara.

Proyecto de Ley 336 de 2013 Cámara.

Proyecto de Ley 341 de 2013 Cámara.

Proyecto de Ley 348 de 2013 Cámara.

Proyecto de Ley 329 de 2013 Cámara.

Señor presidente esos son los proyectos de ley que se anunciaron debidamente para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003 para ser discutidos y votados en próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyectos de ley, señor presidente.

(…)

Hace uso de la palabra el señor presidente honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Agotado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10:30 de la mañana, muchas gracias” (Gaceta del Congreso Nº 888/13, fls. 53-53, cdno. ppal.) (resalta la Corte).

Anuncio 7, Acta 13 del 24 de septiembre de 2013: “Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

(…)

Siguiente punto del orden del día señora secretaria.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Con gusto señor presidente.

V. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate, usted ordena señor presidente si volvemos a anunciar el segundo porque el primero ya no se anuncia.

(…)

(…) Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

(…) Sírvase señora secretaria anunciar ese proyecto para la próxima semana

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Con gusto señor presidente. Para dar cumplimiento al Acto Legislativo 1 de 2003, en su artículo 8º. Se anuncia el siguiente proyecto de ley tal como me lo ordena el señor presidente.

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, ‘por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos’, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Ponencia primer debate Cámara: Gaceta Nº 706 de 2013

Hecho el anuncio ordenado por usted señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana a las 10 de la mañana, siempre y cuando que los señores ministros confirmen su presencia.

Hace uso de la palabra la secretaria general de la Comisión Segunda, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Señor presidente me permito aclarar el anuncio en el sentido de que se debatirá y votará en la próxima sesión donde se discutan y voten proyectos de ley. El próximo martes, ¿me recuerda señora subsecretaria qué día es? El próximo martes 1º de octubre, ya quedó con fecha cierta y determinada.

Se levanta la sesión a las 11:39 a. m.” (Gaceta del Congreso Nº 888 de 2013, fls. 58-59, cdno. ppal.) (negrillas de la Corte).

De conformidad con lo anterior, una vez revisada por esta Corte las actas 5 del 13 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 708 del 11 de septiembre de 2013; 6 del 20 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 761 del 25 de septiembre de 2013; 7 del 287 de agosto de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 761 del 25 de septiembre de 2013; 8 del 3 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 781 del 30 de septiembre de 2013; 10 del 10 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 827 del 11 de octubre de 2013; 12 del 17 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta Nº 888 del 5 de noviembre de 2013; y 13 del 24 de septiembre de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 888 del 5 de noviembre de 2013; esta corporación constata que el Proyecto de Ley 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México e l 1º de agosto de 2011”, fue anunciado 7 veces para discusión y votación de proyectos de ley “por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de la Representantes”, de manera que no se rompió la cadena de anuncios para votación, puesto que en cada sesión se manifestó clara y expresamente que se volvían a anunciar para votación los proyectos previamente anunciados en sesión anterior y que se encontraban en el orden del día, o se hizo mención expresa del proyecto de ley a anunciar, y lo más importante, es que el proyecto de ley fue anunciado para votación y aprobación en la sesión inmediatamente anterior a su efectiva votación y aprobación, tal y como lo exige el artículo 160 C.P. (Gacetas del Congreso de 2013 Nº 708, 761, 781, 827 y fls. 53-53 y 58-59, cdno. ppal.).

(iii) Revisada por esta corporación el Acta 14 del 1º de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Nº 919 del 14 de noviembre de 2013, esta Sala constata que efectivamente en la Comisión Segunda de la Cámara se discutió y aprobó por unanimidad en primer debate en la Cámara el Proyecto de Ley 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”, para el cual fue efectivamente anunciado previamente para discusión y aprobación en la sesión anterior del 14 de noviembre de 2013. La aprobación se cumplió con un quórum deliberatorio de quince (15) representantes (fls. 31-34, cdno. ppal.).

Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 919 de 2013, la aprobación del proyecto en primer debate el 1º de octubre de 2013 en la Cámara de Representantes se llevó a cabo de la siguiente manera:

Discusión y aprobación de proyectos de ley en primer debate, anunciado en sesión del 24 de septiembre de 2013.

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Autor(es): Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar; y Ministra de Justicia y del Derecho, doctora Ruth Stella Correa Palacios.

Ponente(s): honorable representante Juan Carlos Sánchez Franco.

Publicaciones reglamentarias:

Texto proyecto de ley Gaceta del Congreso Nº 564 de 2012.

Ponencia primer debate Senado Gaceta del Congreso Nº 676 de 2012.

Ponencia segundo debate Senado Gaceta del Congreso Nº 801 de 2012.

Ponencia primer debate Cámara Gaceta del Congreso Nº 706 de 2013.

Citados para información: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cuéllar, quien se excusa y delega a la doctora Mónica Lanzetta.

Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez, quien se encuentra con nosotros. Ese es el proyecto de ley señor presidente.

Hace uso de la palabra el señor presidente (E), honorable representante Eduardo José Castañeda Murillo:

Señora secretaria sírvase leer la proposición con que termina el informe de ponencia.

Hace uso de la palabra el señor presidente, honorable representante Telésforo Pedraza Ortega:

Mientras llega la señora viceministra, doctor Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia y del Derecho le concedo el uso de la palabra.

Hace uso de la palabra el señor Ministro de Justicia y del Derecho, doctor Alfonso Gómez Méndez: (…)

(…) Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

Sometemos en bloque a consideración de la comisión el articulado del proyecto, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, ¿la aprueba la comisión?

Hace uso de la palabra la secretaria de la comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Ha sido aprobado el articulado señor presidente.

Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

Las formalidades de ley señora secretaria.

Hace uso de la palabra la secretaria de la comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Título del proyecto, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Y el señor presidente les pregunta si aprueban este título del proyecto leído y quieren que este proyecto sea ley de la República y pase a segundo debate en Cámara de Representantes.

Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

Pregunto a la comisión si aprueban las formalidades leídas por la señora secretaria, se abre la discusión, va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo aprueba la comisión?

Hace uso de la palabra la secretaria de la comisión, doctora Pilar Rodríguez Arias:

Sí lo aprueba señor presidente.

Hace uso de la palabra el presidente de la comisión, doctor Telésforo Pedraza Ortega:

Se nombra como ponente, al honorable representante Juan Carlos Sánchez (…)”.

En síntesis, la Sala constata que el mencionado proyecto de ley fue debatido y aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara el 1º de octubre de 2013 con el quórum deliberatorio y decisorio requerido, con la presencia de 15 representantes y votación unánime de los mismos.

La corporación evidencia que se votó por unanimidad el proyecto, la aprobación se realizó en votación ordinaria, se hizo omisión de la lectura del articulado y los representantes a la Cámara estaban todos de acuerdo en lo proyectado y no hubo ningún disenso, ni ninguna discusión en contra de lo aprobado, ni solicitud de que se realizara la votación de manera nominal y pública de manera que no se desconoció el artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, y el artículo 2º de la Ley 1431 de 2011, y la votación se llevó a cabo con base en la excepción de unanimidad que prevé el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso.

2.2.4.2.1 En relación con el trámite legislativo surtido ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el secretario general de esa corporación certificó a esta Corte que “en sesión plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 19 de noviembre 2013, que consta en el Acta 250, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y un (151) honorables Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado, título y la pregunta ‘Quiere la plenaria que este tratado sea ley de la República’ del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara -102 de 2012 Senado, hoy Ley 1688 ‘por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011’.

“(…) Que en al (sic) trámite del proyecto de ley mencionado no surgieron discrepancias en las cámaras respecto del mismo, por lo tanto no dio lugar a etapa de conciliación (…)” (fl. 62, cdno. ppal.).

El texto definitivo de la plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara - 102 de 2012 Senado, se publicó en la Gaceta del Congreso Nº 949 del 22 de noviembre de 2013.

2.2.4.2.2 Del análisis efectuado por esta corporación del expediente del trámite legislativo ante la plenaria de la Cámara de Representantes, la Sala colige lo siguiente:

(i) En relación con el segundo debate en plenaria de la Cámara, en el expediente legislativo se encuentra que el informe de ponencia para segundo debate y texto para aprobar en plenaria de la Cámara de Representantes del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara - 102 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011”, fue presentado por el representante a la Cámara, Juan Carlos Sánchez Franco, y publicado en la Gaceta Nº 890 del 5 de noviembre de 2013.

(ii) Con respecto al anuncio para debate y votación del proyecto en comento, la secretaria general de la Cámara de Representantes certificó a esta corporación “Que el proyecto de ley en comento fue anunciado previamente a la votación en la sesión plenaria del día 13 de noviembre de 2013, según consta en el Acta 249, para la sesión plenaria del día 19 de noviembre de 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, cumpliendo de esa manera con lo establecido en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política” (fl. 62, cdno. ppal.).

La Sala evidencia que el 6 de noviembre de 2013 se anunció por primera vez para discusión y aprobación el proyecto de ley, como consta en el Acta de plenaria 247 de esa fecha y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 36 del 12 de febrero de 2014, de la siguiente manera:

“Legislatura del 20 de julio de 2013 - 20 de junio de 2014

Señor secretario, anuncie proyectos para el próximo martes.

La secretaría general informa, doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley para el día 12 de noviembre del año 2013 o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 del 2003, en su artículo 8º (…)

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales, entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el primero de agosto del 2011 (…)

Señor presidente, han sido anunciados los proyectos de ley.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Gracias señora secretaria.

Se levanta la sesión, se cita para el próximo martes, 12 de noviembre a las 3:00 p.m.” (Gaceta del Congreso Nº 36/14 medio electrónico) (énfasis de la Corte).

El segundo anuncio consta en el Acta de plenaria 248 del 12 de noviembre de 2013, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 37 del 12 de febrero de 2014, donde se lee:

“(…)

Dirección de la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Señora secretaria, sírvase anunciar proyectos para el día de mañana.

Subsecretaria general, doctora Flor Marina Daza Ramírez:

Sí señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión del día de mañana, 13 de noviembre del año 2013 (…)

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011 (…)

Dirección de la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Se levanta la sesión siendo las 7:12 p.m. Se cita para mañana miércoles, 13 de noviembre a las 3:00 de la tarde. Muchas gracias” (Gaceta del Congreso Nº 37/14 medio electrónico) (resalta la Sala).

El tercer anuncio del proyecto se reiteró en la sesión del día 13 de noviembre de 2013, Acta de plenaria 249 correspondiente a la fecha referida y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 38 del 12 de febrero de 2014, en los siguientes términos:

“(…)

Dirección de la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Señora secretaria sírvase anunciar proyectos.

Subsecretaria doctora Flor Marina Daza Ramírez, informa:

Sí señor presidente, se anuncian los siguientes proyectos de ley, para el próximo martes 19 de noviembre o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos, de acuerdo al Acto Legislativo 1 de julio 3 de 2003 en su artículo 8º (…)

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011 (…)

Señor presidente, han sido anunciados los proyectos de ley.

Dirección de la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Se levanta la sesión, se cita para el próximo martes 19 de noviembre a las 3 de la tarde. Muchas gracias.

Se levanta la sesión plenaria siendo las 7:02 p.m.” (fls. 65, 73 revés. cdno. ppal.) (resalta la Sala).

De conformidad con lo anterior, y una vez revisadas por esta Corte las gacetas donde constan las actas de los anuncios para votación, esta corporación constata que el Proyecto de Ley 213/12 Cámara, 102/12 Senado, por medio del cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011”, fue anunciado 3 veces para discusión y votación de proyectos de ley en debida forma, de manera que no se rompió la cadena de anuncios para votación, y lo más relevante, es que el proyecto de ley fue anunciado para votación y aprobación en la sesión inmediatamente anterior a su efectiva votación y aprobación, tal y como lo exige el artículo 160 C.P.

(iii) El debate, aprobación y votación del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara - 102 de 2012 Senado, “por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011” se realizó efectivamente el día 19 de noviembre de 2013, sesión para la cual fue anunciado en la sesión anterior, y fue considerado y aprobado por unanimidad por los 151 representantes que asistieron a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes en esa fecha, tal y como consta el Acta 250 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 54 del 20 de febrero de 2014 (fls. 102-103, cdno. ppal.) El texto aprobado por la plenaria de la Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 949 del 22 de noviembre de 2013.

Según consta en la Gaceta del Congreso Nº 54 de 2014, la aprobación en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se llevó a cabo en los siguientes términos:

“La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Ha sido aprobado señor presidente.

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

La ponencia termina con la proposición que dice: Por las consideraciones anteriores me permito rendir ponencia favorable para segundo debate en la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, y solicito la aprobación para que este importante tratado continúe su trámite legislativo.

Firma. Juan Carlos Sánchez Franco.

Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

En consideración el informe de ponencia al Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse.

Tiene el uso de la palabra el representante Hugo Velásquez.

Palabras del honorable representante Hugo Orlando Velásquez Jaramillo.

Gracias presidente. Hay un tema que produce alguna colisión frente a nuestra problemática carcelaria que es altamente conocida, y es precisamente la posibilidad de que presos de los Estados Unidos Mexicanos sean trasladados a Colombia, y como este es un proyecto que me parece deber ser lo suficientemente considerado por su transcendencia y su importancia, le pediría al señor ponente que nos haga una breve explicación, de lo contrario pediría la verificación del quórum.

La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Carlos Sánchez no se encuentra en estos instantes en el recinto.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

No se encuentra, entonces tiene el uso de la palabra la representante Alba Luz Pinilla.

Palabras de la honorable representante Alba Luz Pinilla Pedraza:

Gracias presidente. Lo que más motiva aprobar este proyecto es una razón humanitaria. Este proyecto lo que busca efectivamente como lo dijo el doctor Hugo, es un tratado entre Colombia y los Estados Unidos sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sus sentencias penales en estos países, esto es que los condenados del país de origen puedan solicitar venir a cumplir la pena en este país, es un acto sencillamente de humanidad.

Todos los defensores de Derechos Humanos conocen las condiciones de prisioneros de nuestros colombianos en las cárceles mexicanas, entonces por la razón que sea, tengan las mínimas consideraciones que podríamos hacer.

Le puedo decir esas consideraciones que uno podría tener, es un tratado doctor, que dice lo siguiente.

El sentenciado tiene que haber cumplido mínimo 12 meses de su pena y que su estado de salud sea crítico, hombre, con un estado de salud crítico, me parece que es un proyecto que no debe someterse a un aplazamiento; una persona que tiene un estado de salud crítico, que puede morir, démosle la posibilidad de regresar al país, es un acto sencillamente humanitario y aplica para los menores infractores y juveniles también para que estén cerca a su casa.

De pronto el doctor Hugo dice que los gastos de traslado deben ser asumidos por el país receptor, pero alguna responsabilidad debe tener Colombia frente a este tratado, por lo tanto doctor Hugo, usted que ha sido tan juicioso y sin esperar que uno de los ponentes explique, creo que usted tiene que saber muy bien que la situación carcelaria en México es muy grande, permitámosle entonces con todas esas normas que colocan ahí, incluso me preguntaba, bueno, por qué prisioneros políticos no los incluyen allá, no lo incluyen aquí, y eso sin embargo no me impide decir que el resto del proyecto es una acción humanitaria que debemos apoyar. Gracias señor presidente, por lo tanto le solicito al doctor Hugo que le demos curso a este proyecto.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Gracias representante, tiene el uso de la palabra el representante Germán Blanco.

Palabras del honorable representante Germán Alcides Blanco Álvarez:

Presidente, muchas gracias. En ese mismo sentido doctor Hugo Velásquez, hacerle la solicitud que le ha hecho la doctora Alba Luz Pinilla, y siento que este tipo de proyectos deberían ser más frecuentes en el Congreso de la República, que la misión que nos han encomendado tiene que ir más allá de nuestras propias fronteras, coadyuvar a esos nacionales que se encuentran en esa situación difícil purgando penas privativas de la libertad, que han cumplido un mínimo preestablecido en el convenio y que se encuentran en una situación de salud complicada.

Yo lo invito doctor Hugo Velásquez para que usted retire la propuesta que ha hecho de la verificación del quórum, y permita que proyectos de estos, aun con la ausencia del ponente respectivo, pero que en su contenido siento que hay más explicación que la que nos pueda dar el mismo ponente, pues pueda seguir su curso y avanzar y ser ley de la República en un futuro cercano.

En el entendido se trata como dice la doctora Alba Luz Pinilla, de una acción verazmente humanitaria. Gracias.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Gracias representante, tiene el uso de la palabra el representante Hugo Velásquez.

Palabras del honorable representante Hugo Orlando Velásquez Jaramillo.

Presidente, la explicación que todos queríamos corrió por cuenta de los que no son ponentes, y lo que me llama la atención es que en el Congreso permanecemos hasta el final de la sesión congresistas que nos preocupamos por este y otros proyectos, mientras que los que se ausentan desde temprano seguramente andan cobrando por su gestión, cobrando ante el Gobierno, y creo que las razones que me da la doctora Alba Luz Pinilla, desde luego el doctor Blanco, son suficientes presidente, y no tengo inconveniente en que el proyecto continúe su curso normal. Gracias.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Gracias doctor Hugo Velásquez.

En consideración el informe de ponencia del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 1º de agosto de 2011, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse ¿Aprueban los honorables representantes el informe de ponencia?

La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Ha sido aprobado señor presidente.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Articulado señor secretario.

La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Tiene 3 articulados sin ninguna proposición modificatoria.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

En consideración el articulado del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, ¿aprueban los honorables representantes el articulado?

La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Ha sido aprobado señor presidente.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

Título y pregunta señor secretario.

La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011, y como en el día de hoy cumple el cuarto debate, se le pregunta a la plenaria si quiere que este proyecto sea ley de la República.

Dirección de la sesión por la presidencia, doctor Hernán Penagos Giraldo:

En consideración el título del Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011, y la pregunta si quieren los honorables representantes que este proyecto sea ley de la República, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueban los honorables representantes?

La secretaría general informa, doctor Jorge Humberto Mantilla Serrano:

Ha sido aprobado señor presidente” (énfasis de la Sala).

De conformidad con lo anterior y una vez revisada el Acta 250 del 19 de noviembre de 2013, la cual se encuentra contenida la Gaceta del Congreso Nº 54 del 20 de febrero de 2014, esta corporación constata que en sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 19 de noviembre de 2013 se debatió y aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 213 de 2012 Cámara, 102 de 2012 Senado, con la asistencia de 151 representantes, cumpliendo con el quórum deliberatorio y decisorio. Así mismo, por no haberse presentado disenso alguno, haberse votado por unanimidad, la Sala evidencia que no se presentó desconocimiento del artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, ni del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011, y la votación se llevó a cabo de conformidad con la excepción de unanimidad prevista por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 que modificó el artículo 129 del Reglamento del Congreso. En consecuencia, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, por encontrarse dentro de las excepciones previstas por la ley, no se hace necesario el análisis del cumplimiento del requisito de votación nominal y pública.

2.2.5 Finalmente, el Presidente de la República sancionó la ley el día el 16 de diciembre de 2013 y el texto del tratado junto con el de la ley, fue radicado en la secretaría general de la Corte Constitucional el 18 de diciembre de 2013 por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de Colombia, Oficio 13-00148603/JMSC 33020 del 16 de diciembre de 2013 (fl. 1, cdno. ppal.).

2.3 Conclusiones del examen formal realizado respecto del trámite legislativo.

Del estudio previo, la Sala llega a las siguientes conclusiones:

2.3.1 El trámite del proyecto de ley aprobatoria de tratado en consideración, cumplió con lo regulado en el artículo 154 superior, en cuanto al ser un proyecto que se refiere a relaciones internacionales, debe tener su inicio en el Senado de la República.

2.3.2 Este tribunal constata que se cumplió con las exigencias constitucionales de publicación de las ponencias respectivas en cada Cámara y en cada uno de los debates requeridos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1º del artículo 157 superior en la tramitación legislativa ante el Senado de la República, así como ante la Cámara de Representantes. Además, en la tramitación legislativa que ocupa a esta corporación en esta oportunidad, se dio cumplimiento a lo establecido en los arts. 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992, en cuanto a que la iniciación del primer debate en ambas cámaras tuvo lugar después de la publicación de las ponencias respectivas en la Gaceta del Congreso.

2.3.3 En concordancia con el requisito del inciso del artículo 160 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 del 2003, que hace referencia a la exigencia del anuncio para votación, según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”, el trámite legislativo de la Ley 1688 del 16 de diciembre de 2013, en la que se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011; la Sala constata que se cumplieron con todas estas formalidades constitucionales.

Concluye la Sala que, en los anuncios para votación en ambas cámaras se cumplió (i) con el requisito respecto del objeto del anuncio, el cual debe ser expresamente para votación y aprobación del proyectos de ley; (ii) con la exigencia del establecimiento de una fecha cierta o determinable para que tenga lugar la votación y aprobación del proyecto de ley; (iii) con el presupuesto de que las votaciones y aprobaciones del proyecto de ley bajo estudio se llevaron a cabo en las fechas de las sesiones anunciadas previamente; y (iv) con el no rompimiento de la cadena de anuncios, ya que en ambas cámaras el proyecto fue anunciado en una pluralidad de ocasiones, sin que ello implicara que hubiera una ruptura en la cadena de anuncios, y sobretodo, se cumplió cabalmente con la exigencia contenida en el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política en cuanto a que el proyecto de ley debe anunciarse en la sesión inmediatamente anterior a la que se vaya a debatir y aprobar, a lo cual se le dio estricto cumplimiento en este caso.

2.3.4 La Corte evidencia que se cumplió igualmente con el requisito de darle primer y segundo debate en cada Cámara y con la exigencia de aprobación con el quórum deliberatorio requerido, en el trámite legislativo del presente proyecto de ley aprobatoria de tratado, de conformidad con los incisos 2º y 3º del artículo 157 de la Constitución Política y los artículos 117, 118, 129 de la Ley 5ª de 1992. Por último, se certificó que tanto en las deliberaciones como votaciones en las comisiones como en las plenarias de la Cámara se cumplió con los requisitos de quórum deliberatorio y decisorio.

2.3.5 Por otra parte, este tribunal evidencia que en la tramitación legislativa que nos ocupa se cumplió con la exigencia contenida en el art. 160 de la Constitución Política, en el sentido de que entre el primero y el segundo debate en cada Cámara debe mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos quince (15) días, de la siguiente manera:

Así, se constata que el anuncio para el primer debate en el Senado de la República se realizó el 16 de octubre de 2012 y su discusión y aprobación se llevó a cabo el 31 de octubre del mismo año, continuando con el trámite, el anuncio del segundo debate se realizó el 13 de noviembre de 2012 y su discusión y aprobación se llevó a cabo el 14 del mismo mes y año; por lo tanto hubo un lapso de más de 8 días ente el primer y segundo debate de la ley en estudio por parte del Senado de la República. En las pruebas allegadas la Corte encontró que el anuncio para el primer debate en la Cámara de Representantes se llevó a cabo el día 13 agosto de 2013 y su debate y aprobación se realizó el 31 de octubre del mismo año, en cuanto al anuncio del segundo debate, este se cumplió el 6 de noviembre de 2013 y el 19 de noviembre de ese año se aprobó y discutió el Proyecto de Ley 213 de 2012 cámara, 102 de 2012 Senado; en este trámite este tribunal comprueba que entre los debates pasaron más de los 8 días reglamentarios para que se llevara a cabo estos. Finalmente evidencia esta corporación que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron más de 15 días, con esto la Corte constató el cumplimiento de la exigencia contenida en el art. 160 de la Constitución Política.

En el cómputo de estos términos esta corporación tiene en cuenta lo dispuesto en el art. 83 de la Ley 5ª de 1992, que contiene el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, en virtud del cual “todos los días de la semana, durante el período de sesiones, son hábiles para las reuniones de las cámaras legislativas y sus comisiones, de acuerdo con el horario que señalen las respectivas mesas directivas”.

2.3.6 En el trámite legislativo del proyecto de ley aprobatoria de tratado que se estudia, se cumplió con la exigencia del artículo 162 de la Constitución Nacional en cuanto a que “ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas”.

2.3.7 El Presidente de la República sancionó la ley el día el 16 de diciembre de 2013, cumpliéndose con el requisito del inciso 4 del artículo 157 de la Constitución Nacional.

2.3.8 El texto del tratado junto con el de la ley, fue radicado en la secretaría general de la Corte Constitucional el 18 de diciembre de 2013 (fl. 1, cdno. ppal.), dentro del término establecido en el art. 241, numeral 10, superior.

3. Vicio formal insubsanable por inexistencia de votación nominal y pública en la votación en la plenaria del Senado.

La Sala constata que en el trámite de la ley aprobatoria del tratado cuya constitucionalidad ahora se estudia, el legislador incurrió en un vicio formal de carácter insubsanable, constituido por la omisión de votación nominal y pública en el segundo debate en la plenaria del Senado, sin que se hubiera cumplido con las condiciones para aplicar las excepciones previstas a la regla general de votación nominal y pública contenidas en el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011. Para analizar lo anterior, la Sala recordará (i) la exigencia de votación nominal y pública consagrada en los artículos 133, 146 y 157 de la Constitución Política; (ii) el carácter insubsanable de los vicios de procedimiento legislativo; y (iii) se referirá al vicio en concreto de omisión de votación nominal y pública en la votación en la plenaria del Senado dentro del trámite legislativo que se examina.

3.1 La regla general de votación nominal y pública consagrada en el artículo 133 de la Constitución Política.

El artículo 133 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, obliga a que el voto de los congresistas sea nominal y público, excepto en los casos que determine la ley. Esta regla general “(…) se justifica en el propósito del constituyente derivado de 2009 de fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo legislativo”(2).

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha expresado que “la exigencia, como regla general, del voto nominal y público en los debates legislativos, se encuadra en la consecución de los fines centrales de la reforma constitucional de 2009. Esta ha sido la posición de la Corte al analizar los objetivos y los instrumentos contenidos en dicha enmienda a la Carta Política”(3).

De otra parte, la Ley 1431 de 2001 fue expedida ante la necesidad de regular las excepciones legales a la regla general de voto nominal y público. Esta ley de naturaleza orgánica, reformó los aspectos pertinentes a las votaciones en la Ley 5ª de 1992 – Reglamento del Congreso (R.C.). El artículo 2º de esta normatividad modificó el artículo 130 R.C., en el sentido de indicar que “como regla general las votaciones [serán] nominales y públicas, con las excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen.” Así mismo, estipuló los mecanismos que permiten a las cámaras satisfacer esa exigencia constitucional.

A su vez, el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 modificó el artículo 129 R.C., a efectos de regular el concepto de votación ordinaria, explicar cómo se lleva a cabo y, en especial, presentar el listado taxativo de excepciones a la regla general, de origen constitucional, de votación nominal y pública.

Así es como el Legislador Orgánico ha previsto un listado taxativo de modalidades de votación ordinaria, lo cual es apenas resultado del carácter exceptivo a los tipos de votación diferentes a la nominal y pública, impuesto por el artículo 133 de la Constitución Política. En tal sentido, aquellas actuaciones del Congreso que no se hallen descritas en dicho listado, se comprenden subsumidas en la regla general que prevé la mencionada norma superior. Esto salvo que se trate de votaciones secretas, también expresamente identificadas por la legislación orgánica(4).

De esta manera, los sistemas de votación en el Congreso de la República pueden ser de tres formas: nominal, ordinario y secreto. Sin embargo, es exigible como regla general la votación nominal y pública dejando las otras modalidades para los casos excepcionales que ha establecido el legislador.

Esta corporación insiste, con base en el artículo 133 superior y de conformidad con la modificación prevista en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2009, que la votación en el Congreso debe ser obligatoriamente nominal y pública, salvo en los casos que expresamente lo señale la ley, ya que con este mandato superior se pretende “fortalecer el sistema de partidos e imponer mayores niveles de razonabilidad y transparencia al trabajo legislativo”(5).

Sobre la relevancia de la votación en el Congreso de la República para la conformación de la voluntad popular, el reglamento de esta institución o Ley 5ª de 1992 consagra en su artículo 122 que la votación “es una acto colectivo por medio del cual las cámaras y sus comisiones declaran su voluntad respecto de una iniciativa o asunto de interés general” (énfasis de la Corte), y aclara que los congresistas son los únicos con voto, con lo cual se aplica el principio de democracia representativa (C.P., art. 3). Igualmente, en el artículo 123 R.C. se indica que el voto es personal e intransferible y que cualquier proposición que se desee votar debe haber tenido antes un debate, lo cual también cuenta con algunas excepciones que se especifican en el mismo reglamento. Por su parte, el artículo 132 R.C. plantea que cuando se inicie la votación, previo anuncio del presidente, esta no puede interrumpirse “salvo que el congresista plantee una cuestión de orden sobre la forma en que se está votando” y que esta votación debe ser nominal, lo cual aunado a la característica de publicidad, da como resultado la transparencia del acto y la responsabilidad que tienen los congresistas con sus electores, con todo lo cual se busca lograr un mayor arraigo democrático en el procedimiento que crea la legislación colombiana(6). Así las cosas, es claro para este tribunal que en la votación el legislador manifiesta su voluntad en relación con la iniciativa discutida y emite su decisión en relación con el punto o los puntos previamente estudiados, siendo este un acto público, nominal y transparente.

En armonía con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que existen al menos dos tipos de argumentos constitucionales que sustentan la regla general de la votación nominal y pública: (i) la vigencia del principio de supremacía constitucional, y (ii) la interpretación de los regímenes exceptivos previstos en la legislación(7). Al respecto ha afirmado:

“En cuanto al primer nivel de análisis se tiene que, según lo explicado, existe un mandato constitucional expreso y definido, según el cual la regla general para la expresión de la voluntad congresional es la votación nominal y pública. Por ende, solo aquellas excepciones previstas en la ley quedan incorporadas a la aplicación de la votación ordinaria. El artículo 129 R.C. ofrece un listado preciso y minucioso de excepciones. Resultaría a todas luces contrario al principio de supremacía constitucional que se hiciera una interpretación flexible de estos tipos exceptivos, pues ello llevaría a contradecir el mandato constitucional consistente en que la regla general es la votación nominal y pública, a fin de cumplir los propósitos de la enmienda de 2009 (…). Además, carecería de sentido que mientras el legislador orgánico, en cumplimiento del mandato constitucional mencionado, describe las excepciones a dicha regla general de forma detallada, la Corte realice una interpretación extensiva que tiende a desconocer la prescripción superior. De otro lado, dicha hermenéutica flexible llevaría a que cada vez que en el procedimiento legislativo se esté ante decisiones unánimes, lo cual no es poco frecuente, se haga uso de la votación ordinaria, desnaturalizándose con ello lo previsto en el artículo 133 de la Constitución(8).

Frente al segundo grupo de argumentos, se tiene que dentro de las reglas usuales de interpretación, cuando el legislador prevé enumeraciones taxativas, no corresponde al intérprete realizar aplicaciones analógicas a las mismas. Esto mucho más cuando se trata de excepciones a una regla general de raigambre constitucional”(9).

Con fundamento en los criterios normativos expuestos, la Sala concluye que las votaciones en el trámite legislativo, que es la misma para aprobación de tratados internacionales, salvo que tiene su inicio en el Senado de la República, debe llevarse a cabo de forma nominal y pública, en tanto (i) es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133 de la Constitución Política y el artículo 130 R.C.; y (ii) siempre y cuando no se configure claramente una de las excepciones previstas en el artículo 129 R.C.(10).

3.2. El carácter insubsanable de un vicio de procedimiento legislativo.

Al analizar la trascendencia de un vicio de forma, es preciso que este tribunal tenga en cuenta tanto el momento del trámite legislativo en que ocurre, como el contexto en el cual este se presentó, así como también el conjunto integral del trámite legislativo, por cuanto como lo ha admitido la jurisprudencia constitucional, no toda vulneración de una regla sobre la formación de las leyes, contenida en la Constitución Política o en el respectivo Reglamento del Congreso, acarrea ineludiblemente la invalidez de la ley y su declaración de inconstitucionalidad.

Como consecuencia de lo anterior, la Corte ha fijado las reglas para determinar si un vicio de procedimiento tiene la entidad suficiente como para afectar la constitucionalidad de la norma así emanada. Al respecto, ha sostenido que de conformidad con lo que establecen el parágrafo del artículo 241(11) de la Constitución, y el artículo 45 del Decreto 2067 de 1992(12), la gravedad de la irregularidad ocurrida en el trámite legislativo se debe determinar atendiendo a los siguientes criterios: (i) si ese defecto es de suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad(13).

Así, la jurisprudencia constitucional ha determinado que los vicios que conducen a la inexequibilidad de una ley o del proyecto de ley, definidos como “vicios de carácter sustancial”, se caracterizan porque: “(i) vulneran algún principio o valor constitucional; (ii) afectan el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras; o (iii) desconocen las competencias y estructura básica institucional diseñada por la Carta, lo que a su vez remite en últimas, a la infracción de la Ley 5ª de 1992 u otras prescripciones que regulen el procedimiento legislativo(14) (resalta la Sala).

Adicionalmente, ha sostenido esta Corte que el debate parlamentario, es el escenario deliberativo propio, en donde deben plantearse las irregularidades de trámite, ya que este escenario exige de los participantes una actitud activa en el ejercicio de sus derechos y de sus obligaciones. En este sentido, ha expresado que los congresistas “deben advertir las circunstancias que consideren susceptibles de afectar el trámite o de lesionar su derecho de participación y emplear, con un mínimo de diligencia y vigor, las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a su alcance en el escenario político de los debates”(15).

De esta manera, esta corporación ha concluido que en principio, es en el propio debate, empleando la mecánica que la Constitución y la Ley han previsto para ello, en donde deben tramitarse las discrepancias y hacerse valer las garantías que el procedimiento legislativo ha previsto. Solo aquellas irregularidades que trasciendan ese ámbito, o, porque habiendo sido planteadas, no fueron atendidas, o porque fueron inadvertidas, o porque no tuvieron ocasión de expresarse, tendrían la virtualidad de plantearse como eventuales vicios de procedimiento(16).

En consecuencia, ante la comprobación de un vicio en el procedimiento legislativo, corresponde a la Corte determinar si este es de naturaleza subsanable. Al respecto, conforme a la posición unificada de la jurisprudencia aplicable al trámite de leyes aprobatorias de tratados internacionales, se tiene que una irregularidad presentada cae dentro de los supuestos de insubsanabilidad previstos por esta corporación (i) cuando el vicio ocurrió durante el debate del trámite en la plenaria del Senado, esto es, cuando todavía no se había verificado la aprobación del proyecto en el Senado de la República, de forma que no se había cumplido con una de las etapas estructurales del proceso de formación de la ley aprobatoria del tratado y por tanto de la voluntad parlamentaria; y (ii) la irregularidad afecta un mandato, principio, derecho, o valores sustantivos, como sucede con el debido proceso, la publicidad, la votación nominal y pública para la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras, los derechos de las minorías, el principio democrático en sentido amplio, etc., y por tanto tienen una entidad grave y un carácter sustancial que afecta dichos contenidos de índole sustantiva y vicia de manera integral el proceso de formación de la ley aprobatoria.

En forma contraria, cuando la Corte encuentra vicios de procedimiento subsanables en un acto sujeto a su control, esto es, irregularidades que no desconocen aspectos estructurales del proceso legislativo, que no impiden o anulan la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras, o vulneran los derechos de las minorías parlamentarias(17), debe ordenar devolverlo a la autoridad que lo pronunció para que se enmiende dicho vicio, para que posteriormente a su subsanación pueda entrar a ser analizado el acto y declararse la exequibilidad o inexequibilidad del mismo.

3.3 La inexistencia de votación nominal y pública en la plenaria del Senado constituye un vicio formal insubsanable.

No obstante los cumplimientos del trámite legislativo constitucional al que hizo referencia esta Sala en el acápite 2 de la parte considerativa de este fallo, este tribunal comprueba que en los cuatro debates el proyecto fue aprobado por unanimidad, pero solo en tres de ellas se llevó a cabo legítimamente en cumplimiento de una de las excepciones contempladas por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 a la regla general de votación nominal y pública, el cual señala: “Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que esa forma de votación sea solicitada por alguno de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad del articulado se someterán a votación nominal y pública las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto de los cuales existan discrepancias” (resalta esta corporación).

Así, la Sala Plena encuentra que en el segundo debate, aprobación y votación del Proyecto de Ley 102 Senado de 2012 en la Plenaria del Senado, no existió la requerida unanimidad para que la votación pudiera llevarse a cabo de manera ordinaria, tal como de hecho ocurrió, sino que por el contrario la Corte constata que se manifestó expresamente y con antelación, desde el informe de ponencia, una discrepancia por parte de una de las congresistas, la senadora Gilma Jimenez Gómez, quien dejó constancia desde el inicio del debate de su voto negativo frente al informe de ponencia del proyecto en cuestión. Esto puso de presente la clara inexistencia de la unanimidad requerida, desde el comienzo de la discusión de aprobación del proyecto de ley en la plenaria del Senado, para que en consecuencia debiera aplicarse obligatoriamente la regla general de votación nominal y pública contenida en el artículo 33 de la Constitución Política y 2º de la Ley 1431 de 2011, y excluirse de entrada por tanto en el momento de la votación la posibilidad de aplicar la excepción prevista por el numeral 16 del artículo 1º de la Ley 1431 de 2011, por la existencia de una constancia de voto negativo al informe de ponencia para segundo debate, tal y como consta en Acta 30 del 14 de noviembre de 2012 publicada en Gaceta Nº 44 de 2013, que se transcribe nuevamente a continuación en lo pertinente:

“Lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate

Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

La presidencia indica a la secretaría dar lectura a la proposición con que termina el informe.

Por secretaría se da lectura a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia.

La presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición leída y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

Deja constancia de su voto negativo a la proposición positiva con que termina el informe de ponencia, del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, la honorable senadora Gilma Jiménez Gómez”.

Con el voto negativo al informe de ponencia por parte de la Senadora Gilma Jiménez Gómez, tal como quedó transcrito en el Acta 30 del 14 de noviembre de 2012 publicada en Gaceta Nº 44 de 2013, evidencia esta corporación que lo obligatorio desde el punto de vista constitucional era que la presidenta del Senado de la República hubiera realizado la respectiva votación nominal y pública por falta de unanimidad y dada la discrepancia manifestada por una de las senadoras. No obstante lo anterior, la presidenta del Senado, haciendo caso omiso de esta oposición o disentimiento por parte de una de las senadoras al informe de ponencia, puso a consideración de la plenaria del Senado la omisión de la lectura del articulado del proyecto de ley que ahora nos ocupa, como si se presentara unanimidad, omisión de lectura del texto del articulado que fue aprobada, con el resultado final de que el Senado aprobó el proyecto mediante votación ordinaria, cuando debió hacerlo mediante votación nominal y pública, lo cual quedo consignado en la respectiva gaceta en los siguientes términos:

“(…) Se abre segundo debate

La presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado y, cerrada su discusión, esta le imparte su aprobación.

La presidencia somete a consideración de la plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el articulado propuesto? Y esta responde afirmativamente.

La presidencia indica a la secretaría dar lectura al título del proyecto.

Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, por medio de la cual se aprueba el tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Leído este, la presidencia lo somete a consideración de la plenaria, y cerrada su discusión pregunta: ¿Aprueban los miembros de la corporación el título leído? Y estos le imparten su aprobación.

Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la presidencia pregunta:

¿Quieren los senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su trámite en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente.

Deja constancia de su voto negativo a la aprobación del Proyecto de Ley 102 de 2012 Senado, la honorable senadora Gilma Jiménez Gómez.

La presidencia indica a la secretaría continuar con el siguiente proyecto” (resalta la Sala).

Con fundamento en esta constancia y en los criterios normativos constitucionales y del Reglamento del Congreso ya expuestos, la Sala concluye que en el debate y votación en la plenaria del Senado del proyecto aprobatorio del tratado sub examine, se violó el mandato constitucional según la cual las votaciones en el trámite legislativo deben llevarse a cabo de forma nominal y pública, en tanto es la regla general para las votaciones del Congreso, según lo señala el artículo 133 de la Constitución Política y el artículo 130 R.C. Se exceptúan de la regla general las situaciones previstas en el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011 y el artículo 129 del Reglamento del Congreso, dentro de las cuales se encuentra la existencia de unanimidad, excepción que no se aplica en este caso, como sí se aplicó en los otros tres debates y votaciones de este trámite en las aprobaciones de comisión de ambas cámaras y en la plenaria de la Cámara de Representantes. Así las cosas, al no haber unanimidad de criterios en la plenaria del Senado, el trámite legislativo en esta cámara debió haberse llevarse a cabo obligatoriamente de conformidad con la regla general de votación nominal y pública, lo cual no se realizó y por tanto vició el trámite dado al proyecto de Ley 102 de 2012 Senado.

En punto al tema del requisito de votación nominal y pública, la Sala insiste en que esta es la regla general, tal como lo consagra el artículo 33 superior y el artículo 130 R.C. en el cual se señala que “como regla general las votaciones [serán] nominales y públicas, con las excepciones que determine la presente ley o aquellas que la modifiquen”, que por tanto, no se puede convertir en la excepción, y que solamente se puede realizar votación ordinaria cuando se configura alguna de las excepciones previstas expresamente por el Reglamento del Congreso. De esta manera, las excepciones para la regla general del voto nominal y público se encuentran en la Ley 1431 de 2011 “por la cual se establecen las excepciones a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”, de naturaleza orgánica y que reformó los aspectos pertinentes a las votaciones en la Ley 5ª de 1992, que en su artículo 1º modificó el 129 R.C. que regula el concepto de votación ordinaria y presenta el listado específico de las excepciones a la regla general, de origen constitucional, de votación nominal y publica. De acuerdo con esta disposición, se configura una excepción cuando exista unanimidad, esto es, (i) cuando no haya oposición en ninguno de los puntos que se estén discutiendo por parte de los miembros presentes en la votación, evento en el cual se puede omitir la lectura del articulado, con autorización del presidente de la cámara respectiva; (ii) cuando hay lectura del articulado y no haya oposición en ninguno de los puntos estudiados por parte de ninguno de los miembros de la cámara que tenga a cargo esta discusión y que se vote por unanimidad; y (iii) cuando uno o varios miembros de la corporación, terminados los trámites de ley se opongan a lo que ya se ha votado, es decir no hayan indicado previo al debate o en el momento de la votación su oposición a lo que se votaba; casos en los que no se configura vicio por violación de la obligación de votación nominal y pública.

En forma contraria a las excepciones a la regla general de votación nominal y pública, esta corporación constata claramente que la senadora Gilma Jiménez Gómez se pronunció con su voto en contra del proyecto de ley en el momento del informe de ponencia, esto es, al comienzo mismo del debate en la plenaria del senado y antes de darse inicio a la votación y de aprobarse la omisión de la lectura del articulado. Por lo tanto, para la Sala es claro que la votación se debió haber realizado de forma nominal y pública, mientras que en la Gaceta respectiva Nº 44 de 2013 antes trascrita, no se encuentra consignado que se haya realizado este trámite imperativo de votación nominal y pública ante la oposición de la senadora, sino que antes bien, desconociendo dicha oposición minoritaria, se realizó la omisión de la lectura del articulado y se llevó a cabo la votación de forma ordinaria.

Por tanto, esta omisión es un vicio que no solo ocurrió en una etapa estructural del proceso legislativo, esto es, en la plenaria del Senado, antes de que se hubiera conformado inicialmente la voluntad popular, sino que constituye una irregularidad que afecta gravemente un mandato de orden superior, que tiene que ver con el desconocimiento de la votación nominal y pública para la debida conformación de la voluntad parlamentaria y el respeto del derecho de las minorías. Reiterando la posición de la Corte, es de recabar que la votación es el acto en el cual se fija la voluntad del legislador con el fin de aprobar o no una propuesta legislativa, y está determinado por la regla general de votación nominal y pública. Uno de los objetivos más relevantes de la exigencia de votación nominal y pública es precisamente el de fortalecer la democracia participativa a través de herramientas para que la voluntad de los electores sea conformada de manera pública, transparente y democrática, como lo estatuye este mandato constitucional que ahora nos ocupa(18).

Ahora bien, ante la comprobación de un vicio en el procedimiento legislativo, corresponde a la Corte determinar si este es de naturaleza subsanable. Para la Sala es necesario indicar en este punto, en relación con el tema de la posibilidad de subsanación de vicios formales en el trámite legislativo, lo cual es permitido por el ordenamiento jurídico, que esta no puede tener un alcance demasiado amplio ya que de ser así desnaturalizaría la noción de vicio del procedimiento legislativo. Para evaluar qué vicio puede resultar subsanable, debe verificarse que se haya cumplido con las etapas estructurales del procedimiento que entra en estudio, por cuanto la omisión de alguna de ellas imposibilita que se pueda hablar de un procedimiento legislativo, y por lo tanto impide que esta omisión se considere como un vicio. Es decir que en caso, de que la Corte advierta que se configura un vicio insubsanable, no podría hablarse en sentido estricto de un vicio de procedimiento, sino antes bien de una ausencia o inexistencia de procedimiento, que por lo tanto no puede ser subsanada, y no se puede llamar saneamiento a lo que en realidad es la repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario, se burlarían los fines sustantivos de las exigencias procedimentales(19).

Para el caso en análisis, conforme a la posición unificada de la jurisprudencia aplicable al trámite de leyes aprobatorias de tratados internacionales, se tiene que la irregularidad que ahora se presenta cae dentro de los supuestos de insubsanabilidad previstos por esta corporación, por cuanto (i) el vicio ocurrió durante el debate del trámite en la plenaria del Senado, esto es, cuando todavía no se había verificado la aprobación del proyecto en el Senado de la República, de forma que no se había cumplido con una de las etapas estructurales del proceso de formación de la ley aprobatoria del tratado y por tanto de la voluntad parlamentaria; (ii) las votaciones durante el trámite en el Senado, específicamente en la plenaria del Senado no fueron unánimes, de manera que concurrió una oposición sustancial por parte de una de las senadoras al informe de ponencia que se presentó para debate, aprobación y votación, razón por la cual la Sala encuentra que se evidencia la omisión del mandato superior y general de votación nominal y pública; y (iii) la irregularidad afecta un mandato, principio, derecho, o valor sustantivo, como sucede en este caso con la votación nominal y pública para la debida conformación de la voluntad democrática de las cámaras, los derechos de las minorías, el principio democrático en sentido amplio, etc., y por tanto tiene una entidad grave y un carácter sustancial que afecta dichos contenidos de índole sustancial y vicia de manera integral el proceso de formación de la ley aprobatoria.

Insiste una vez más esta corporación en que el principio de supremacía constitucional impone que la regla general para que se exprese la voluntad de los congresistas es la votación nominal y publica, y solo en las excepciones previstas expresamente en la ley quedan adheridas a la aplicación de la votación ordinaria, como lo señala el artículo 129 R.C., de lo contrario se desnaturalizaría el artículo 133 superior.

Por consiguiente, la Sala concluye que el vicio de inexistencia de votación nominal y pública durante el trámite en la plenaria del Senado de la ley aprobatoria del tratado objeto de revisión constitucional, cuando del examen realizado se constata que se presentó oposición durante el transcurso del debate por parte de una de las congresistas al informe de ponencia antes de que se iniciara la votación, situación que puso de presente un disenso, una discrepancia, obligaba de manera categórica a la presidencia del Senado a aplicar la regla general de votación nominal y pública, y por tanto, dicha omisión vicia el trámite legislativo de forma insubsanable, por haberse llevado a cabo durante una etapa estructural del trámite legislativo para la aprobación de tratados internacionales, como lo es el Senado de la República, en donde se empieza a conformar la voluntad legislativa, y afectar gravemente mandatos superiores de carácter sustancial relativos a la conformación democrática de la voluntad legislativa y los derechos de las minorías parlamentarias, razón por la cual esta irregularidad cometida vicia de manera absoluta el trámite legislativo que ahora se analiza.

Por consiguiente, para la Sala es claro que el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011, debe ser declarado inexequible, y así lo declarará en la parte resolutiva de esta sentencia.

4. Conclusión.

De conformidad con lo analizado, la Corte concluye que para el asunto bajo examen no resultan acreditados todos los requisitos propios del trámite de las leyes que aprueban tratados internacionales; y que el vicio de procedimiento que se configura es de carácter insubsanable por haberse omitido la votación nominal y pública en la plenaria del Senado, irregularidad que se cometió en un etapa estructural del proceso legislativo y que afecta de manera integral el mismo, así como mandatos, principios y derechos de orden superior que afectan la conformación democrática de la voluntad parlamentaria y los derechos de las minorías parlamentarias. Por tanto, la Ley 1688 de 2013, por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011, resulta inexequible.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero: Declarar INEXEQUIBLE la Ley 1688 de 2013 por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos”, suscrito en la Ciudad de México el 1º de agosto de 2011.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase».

(2) Auto A-032 de 2012 y Sentencia C-141 de 2010.

(3) Ibídem.

(4) El artículo 3º de la Ley 1431/11 modificó el Reglamento del Congreso en materia de votaciones secretas, del modo siguiente:

“ART. 131.—Modificado por la Ley 1431 de 2011, art. 3º. Votación secreta. No permite identificar la forma como vota el congresista. Las rectificaciones solo serán procedentes cuando el número de votos recogidos no sean igual al de los votantes.

Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos:

a) Cuando se deba hacer elección;

b) Para decidir sobre proposiciones de amnistías o indultos. Aprobado la votación secreta, el presidente dispondrá repartir papeletas que tengan impresas, en una de sus caras, la leyenda ‘Sí’ o ‘No’, y espacios para marcar. El secretario llamará a cada congresista, según el orden alfabético de su apellido, para que deposite la papeleta en la urna dispuesta para el efecto. Previamente el presidente designará una comisión escrutadora”.

(5) Auto 32 de 2012

(6) Ver Sentencia C-141 de 2010.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.

(9) Auto A-32 de 2012.

(10) Ibídem.

(11) Constitución Política, artículo 241, parágrafo: “Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto”.

(12) Artículo 45 del Decreto 2067 de 1992: “Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que dentro del término que fije la Corte, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio o vencido el término, la Corte procederá a decidir sobre la constitucionalidad del acto. Dicho término no podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento en que a autoridad está en capacidad de subsanarlo”.

(13) Ver Sentencias C-370 de 2004 y C-168 de 2012.

(14) Sentencia C-277 de 2007, con ocasión del examen de una demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo 1º (parcial) del Acto Legislativo 1 de 2005, “Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política”.

(15) Sentencia C-168 de 2012.

(16) Ver Sentencia C-168 de 2012.

(17) Ver Auto 32 de 2012.

(18) Ver Sentencia C-303 de 2010.

(19) Ver Auto 32 de 2012.