Sentencia C-592 de octubre 21 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expedientes D-1959, D-1961, D-1963 y D-1977 (acumulados)

Magistrado Ponente:

Dr. Fabio Morón Díaz

Actores: Jaime Enrique Lozano, Aldemar Bustos Tafur, Pedro Pablo Camargo, Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos en la cárcel del distrito judicial de Armenia, condenados por la justicia regional.

Acción pública de inconstitucionalidad en contra de la totalidad normativa de la Ley 415 de 1997 y contra sus artículos 1º, (parcial), 2º, (parcial) y 3º, (parcial), respectivamente, “por la cual se consagran normas de alternatividad penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.

Temas:

• El recluso condenado y la condición de ciudadano en ejercicio de los derechos políticos, presupuesto sustancial de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad.

• Los regímenes diferenciados de concesión de beneficios penitenciarios frente a la igualdad ante la Ley Penal y la función resocializadora de la pena.

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá D.C., a octubre veintiuno de mil novecientos noventa y ocho, mediante Acta 43.

I. Antecedentes

El ciudadano Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos recluidos en la cárcel del distrito judicial de Armenia, condenados por la justicia regional (exp. D-1977), solicitan a la Corte declarar inexequible en su totalidad la Ley 415 de 1997 “por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.

Por otra parte, los ciudadanos Jaime Enrique Lozano (exp. D-1959), Aldemar Bustos Tafur (exp. D-1961), Pedro Pablo Camargo (exp. D-1963), en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en la Constitución Política de 1991 piden a la Corte declarar inexequibles algunos apartes de los artículos 1º (parcial), 2º (parcial) y 3º (parcial) de la antecitada Ley 415 de 1997.

Una vez admitidas las demandas por separado, la Sala Plena de esta corporación, mediante auto de fecha 11 de febrero de 1997, decidió acumular los expedientes para ser decididos en una misma sentencia.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte

1. La competencia. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad que dieron lugar al presente proceso, dado que versan sobre presuntos vicios de fondo contra la Ley 415 de 1997.

2. El examen de las acusaciones. a) La acusación contra la Ley 415 por supuesta transgresión a la igualdad ante la ley a la función resocializadora de la pena.

1. Consideraciones previas sobre la temática constitucional a considerarse para el examen de los cargos. Previamente al examen de las acusaciones formuladas contra la Ley 415 de 1997, esta Corte considera oportuno hacer unas someras consideraciones sobre los temas fundamentales que se relacionan con el juicio de constitucionalidad que es materia del presente fallo.

1.1. Ser ciudadano en ejercicio, requisito esencial para presentar demandas de inconstitucionalidad: inhibición de la Corte por falta de legitimidad de los actores que demandan la totalidad de la Ley 415 de 1997.

En sentencia C-536 de octubre 1º de 1998, esta corporación(1) se ocupó de dilucidar el punto relativo a la interpretación de las normas constitucionales referentes al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, cuando el actor es un recluso condenado y suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos.

La Corte consignó su pensamiento sobre este tema, en los siguientes términos:

(1) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

“(...).

El derecho que sustenta la posibilidad de instaurar acciones públicas de inconstitucionalidad es de naturaleza política, y tiene por objeto la preservación del orden institucional en sí mismo, con independencia de intereses individuales propios o ajenos, lo que significa que está reservada a los nacionales colombianos y, entre éstos, a quienes hayan alcanzado la ciudadanía y estén en el ejercicio de ella.

La Constitución, como estatuto supremo y necesario de la organización estatal, corresponde ante todo a un acto de carácter político, en cuanto se deriva del ejercicio soberano del poder del que es titular el pueblo, y, a partir de la decisión fundamental que su promulgación implica, se erige en la norma básica en la que se funda y sostiene todo el orden jurídico del Estado.

El primer derecho de todo nacional es el que tiene a la vigencia efectiva y cierta de la Constitución Política. Y el mecanismo del control de constitucionalidad, que en Colombia tiene una de sus expresiones en los procesos que ante esta Corte se surten a partir del ejercicio de la acción pública (C.P., arts. 40, num., 6º y 241), busca hacer efectiva la supralegalidad de la Constitución y posibilita el libre ejercicio de ese derecho ciudadano.

La Corte Constitucional, que tiene definidas sus competencias en el propio texto de la Carta, en sus estrictos y precisos términos, como lo subraya el artículo 241, carece de competencia para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma si el conflicto no le es planteado por quien puede planteárselo, de conformidad con los expresos mandatos constitucionales, salvo que la propia Constitución haya dado lugar a su actividad oficiosa, como acontece con el control sobre los decretos presidenciales que declaran y desarrollan los estados de excepción (C.P., arts. 212, 213 y 215).

Un examen de la normatividad constitucional sobre el tema permite arribar a la conclusión de que ello le está vedado en el evento propuesto.

La sola titularidad de los derechos políticos, por el hecho de ser nacional colombiano, no faculta al nacional para ejercerlos. Es necesaria la ciudadanía, que requiere de la concurrencia de los elementos de la nacionalidad y la edad. Esta última, establecida en la Carta de 1991, mientras la ley no disponga otra cosa, en 18 años, ha de acreditarse con la cédula que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Se pierde la ciudadanía de hecho cuando se ha renunciado a la nacionalidad “y su ejercicio se puede suspender en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley” (C.P., art. 98).

De conformidad con lo estatuido en el artículo 50 del Código Penal, la interdicción de derechos y funciones públicas —pena accesoria, cuando no se establezca como principal, según lo establece el artículo 42 Ibídem— “priva de la facultad de elegir y ser elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político (subraya la Corte), función pública u oficial y dignidades que confieren las entidades oficiales e incapacita para pertenecer a los cuerpos armados de la República”.

El artículo 52 del mismo código señala que la pena de prisión implica la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, por un período igual al de la pena principal, y el 55 estipula que la aludida sanción accesoria se aplicará de hecho mientras dure la pena privativa de la libertad concurrente con ella. Cumplida la pena principal, comienza a correr el término señalado en la sentencia para la sanción accesoria.

(...).

Ahora bien, el artículo 40 de la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y manifiesta que, para hacer efectivo ese derecho, puede “interponer acciones públicas en defensa de la constitución y de la ley” (num. 6º), pero es evidente que tal derecho no puede ser ejercido cuando, aun tratándose de un ciudadano, éste ha sido afectado por la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas según decisión judicial, en los términos de las normas legales que se comentan.

No otra cosa surge del artículo 241 de la Constitución cuando se refiere al ciudadano como sujeto activo único de las acciones de inexequibilidad que ante la Corte Constitucional pueden intentarse.

El derecho político del que se trata no se concreta en su ejercicio actual y efectivo sino bajo la condición indispensable de hallarse en ejercicio de la ciudadanía, luego quien sufre la pena de interdicción de derechos y funciones públicas está excluido de esa posibilidad, y si presenta una demanda ante la Corte Constitucional, ésta no puede resolver por falta de legitimación del accionante...

(...)”.

Ahora bien, en el caso que en esta ocasión ocupa la atención de la Corte, el magistrado sustanciador constató que, efectivamente, los internos que incoaron la acción de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 415, tenían la condición de condenados por la justicia regional y que en tal condición se encontraban recluidos en la cárcel del distrito judicial de Armenia, al tiempo de la presentación de la demanda.

Es de observar que los mismos reclusos, tanto en la parte introductoria como en la final de su escrito de demanda, connotan su particular situación y señalan que en su condición de tales es que ejercitan la acción de cuyo examen se ocupa la Corte.

Por ser pertinente, se transcribe el párrafo introductorio de su escrito de demanda:

“...nosotros los internos de la cárcel de distrito judicial de Armenia; condenados por la justicia regional de nuestro país, recurrimos a su honorable Corte, con el fin de demandar la Ley 415...”.

Y en la parte final del escrito, consta que el interno Jorge Eliécer Pineda Largo fue condenado por la justicia regional de Cali, Martín Murcia Forero por la regional de Cali, y que en a título de anexo de la demanda siguen “... las firmas de los condenados por la justicia regional” que se encuentran recluidos en el mencionado centro carcelario.

Es bien sabido que por su gravedad, los delitos de competencia de la justicia regional se incriminan en todos los casos con prisión como pena principal y que esta conlleva como pena accesoria, la de interdicción de derechos y funciones públicas, la cual, por su parte, comporta la suspensión del ejercicio de los derechos políticos.

Por lo expuesto, en el caso presente debe la Corte declararse inhibida para conocer de la demanda contra la totalidad de la Ley 415, por carencia de legitimación activa de los internos de la cárcel del distrito judicial de Armenia, para ser demandantes en estrado de constitucionalidad, dado que su condición de condenados por la justicia regional a pena de prisión conlleva, en todos los casos, la pena concurrente de interdicción de derechos y funciones públicas, la cual comporta la suspensión de los derechos ciudadanos de tipo político que, entre otras, acarrea la prohibición de hacer uso de la acción ciudadana de inconstitucionalidad, pues, como lo señaló esta Corte en la ya citada sentencia C-538 de 1998:

“...la misma Carta Política ha condicionado el acceso, en el caso de la acción pública de inconstitucionalidad, a la posesión actual del estado de ciudadanía y al requisito de no haber sido suspendido el ciudadano en el ejercicio de ella.

(...)”.

Así, pues, esta corporación se declarará inhibida para conocer de la demanda que se encamina a cuestionar en su integridad la Ley 415 de 1997.

(...).

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declárase INHIBIDA para proferir decisión de mérito en cuanto a la demanda de inconstitucionalidad promovida por Jorge Eliécer Pineda Largo y otros internos de la cárcel del distrito judicial de Armenia, en su condición de condenados por la justicia regional.

2. Decláranse EXEQUIBLES los segmentos acusados de los artículos 1º, 2º, y 3º, así como el artículo 4º de la Ley 415 de 1997 “por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.

Cópiese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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