Sentencia 5998 de abril 23 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente C-5998

Magistrado Ponente:

Dr. José Fernando Ramírez Gómez

Bogotá, D.C., veintitrés de abril de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decídense los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de 14 de noviembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario del Banco Nacional —en liquidación— contra el Banco Popular y el Banco del Exterior de los Andes y de España de Colombia S.A., hoy Banco Standard Chartered Colombia.

Antecedentes

1. En la demanda que originó el proceso, el Banco Nacional, en liquidación, pretende, previa declaración sobre la obligación de restituir algunas cantidades de dinero, que se condene al Banco Popular a pagar, principalmente, la suma de $ 60.187.648.59, o la que se determine, junto con los intereses comerciales moratorios a partir del 30 de junio de 1992, la capitalización de estos desde el 30 de junio de 1983, así como la corrección monetaria de dichas sumas.

En subsidio, que se condene al Banco Popular a pagar los mismos intereses, pero calculados sobre $ 9.801.261.59, en el período comprendido entre el 30 de junio de 1982 y el 10 de octubre de 1986, al igual que su capitalización a partir del 30 de junio de 1983, todo con corrección monetaria hasta su pago. Así mismo, al Banco Exterior de los Andes y de España de Colombia S.A., a pagar el referido capital de $ 9.801.261.59, con ibídem intereses desde el 10 de octubre de 1986 y su capitalización a partir del año siguiente, todo con la indexación correspondiente.

En subsidio, que se condene al Banco Exterior de los Andes y de Colombia S.A., a pagar la suma de $ 9.801.261.59, con los mismos accesorios demandados, aplicados desde el 30 de junio de 1982, hasta su pago, salvo la capitalización de intereses que debe tomarse a partir del año siguiente.

2. En términos generales, las pretensiones se fundamentan en que para el 25 de junio de 1982, fecha en la cual la Superintendencia Bancaria tomó posesión del Banco Nacional, éste era acreedor del Banco Popular de $ 60.187.648.59, por concepto de un “canje entre ellos”, pero a su vez era deudor del Banco del Exterior de los Andes de España de Colombia S.A., de un “crédito interbancario” por valor de $ 50.386.387.

Que para pagar su deuda, el demandante cedió, el 30 de junio de 1982, al Banco Exterior de los Andes de España de Colombia S.A., la “totalidad” del citado “saldo de canje”, quedando obligado el cesionario a “restituir la diferencia”.

Que el Banco Popular enterado de la cesión, “se abstuvo de hacer el pago” en virtud del conocimiento que tenía de la intervención del Banco Nacional, pago que a la postre tuvo que efectuar el 10 de octubre de 1986, en un proceso ejecutivo que el cesionario adelantó contra el deudor cedido en el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogotá.

2.1. En concreto, con relación al demandado Banco Popular, la pretensión principal se fundamenta en que el negocio jurídico de cesión que se realizó entre el Banco Nacional y el Banco del Exterior de los Andes de España de Colombia S.A., “no podía tener lugar” en virtud de la intervención administrativa a que fue sometido el primero y porque los funcionarios que la efectuaron “no estaban facultados para ello”.

2.2. Con todo, “suponiendo la viabilidad del negocio” jurídico mencionado, el demandado Banco Exterior de los Andes de España de Colombia S.A. no ha pagado la diferencia de $ 9.801.261.59, como tampoco los accesorios, bien a partir de la fecha de la cesión, ora desde cuando se le pagó el crédito cedido, el 10 de octubre de 1986, o en su caso, el Banco Popular pagado los mismos accesorios de esa diferencia, entre el 30 de junio de 1982 y el citado 10 de octubre de 1986.

3. Notificados de la existencia del proceso, los demandados se opusieron a las pretensiones de la demanda.

3.1. El Banco Popular, porque el “saldo de canje” objeto de la cesión fue pagado por orden judicial, específicamente en el proceso ejecutivo que con desestimación de excepciones, entre ellas la de “nulidad de la supuesta cesión”, el cesionario adelantó en su contra, después del 18 de enero de 1983, fecha en la que el superintendente bancario, en “comunicación P.D. 012”, señaló que ante un eventual “conflicto de intereses” sobre la “validez o invalidez de la cesión del crédito en referencia”, a quien correspondía “decidirlo” era “a la rama judicial del poder público”, proceso en el que precisamente se resolvió que la cesión era válida.

3.2. El Banco Exterior de los Andes de España de Colombia S.A., porque la cesión realizada a su favor, no “implicaba la obligación de restituir la diferencia”, pues aparte de haberse condicionado la oferta o promesa de restitución a que efectivamente se recibiera pago del Banco Popular, dicha “oferta jamás fue aceptada por el Banco Nacional”.

4. Tramitado el proceso, el juzgado veinticinco civil del circuito de esta ciudad, en sentencia de 16 de junio de 1994, absolvió al Banco Popular de las pretensiones principales y subsidiarias, luego de encontrar fundadas las excepciones de “pago hecho judicialmente al cesionario” y “cobro de lo no debido”, y condenó al Banco Exterior de los Andes de España de Colombia S.A., a pagar al Banco Nacional, en liquidación, la diferencia del “saldo de canje” reclamada, junto con los intereses que sobre dicha suma recibió, para un total de $ 24.979.192.19, al 30 de septiembre de 1986, suma que debía ser pagada indexada y con intereses legales al 6% anual, a partir del 1º de octubre del mismo año, hasta cuando se verificara su pago.

5. En virtud del recurso de apelación que interpusieron las partes, con excepción del Banco Popular, el superior confirmó la sentencia, salvo la condena relacionada con indexación e intereses legales, decisión que suprimió, para en su lugar disponer únicamente el pago de “intereses moratorios” sobre el mismo capital “desde el 30 de septiembre de 1986 hasta su pago”.

La sentencia impugnada

1. En el análisis de las pretensiones del Banco Nacional contra el Banco Popular, el tribunal tuvo por existente el negocio de cesión del crédito celebrado entre aquél y el Banco Exterior de los Andes de España de Colombia S.A., con todos sus efectos jurídicos, mientras no fuere “fulminado por convención o por decisión judicial”, acto contrato que en todo caso legitimaba al “cesionario para cobrar al deudor cedido y facultar a éste para extinguir válidamente la obligación”, como así sucedió, no sólo porque la Superintendencia Bancaria, “en comunicación de 18 de enero de 1983, confió el asunto al dictamen de la justicia”, sino porque el juez del proceso ejecutivo “autorizó” y “conminó al pago”, no obstante la oposición (excepción) de invalidez alegada por el banco demandado.

2. Con relación a las demás pretensiones, el tribunal reconoció que el negocio jurídico celebrado entre el Banco Exterior de los Andes de España de Colombia, S.A. y el Banco Nacional, contenía “una entidad compleja”, como es la “cesión de crédito” y un “mandato”, en cuanto, en verdad, “el cesionario recibió una suma mayor de la que... se le estaba debiendo”, por lo que en el “exceso” “obró como mandatario” del cedente, al obligarse a restituir la diferencia.

Así se colige, dice, de diversos documentos, como el visto a folio 29, C-1, en donde el cesionario además de afirmar el compromiso de “girar la diferencia resultante al aplicar la liquidación definitiva del préstamo bancario al Banco Nacional”, indica que se obligó “irrevocablemente a cancelar la diferencia resultante de aplicar el monto adeudado por el Banco Popular, la liquidación del préstamo interbancario”. Las mismas, agrega, “vehementes y enfáticas manifestaciones” se hicieron en “comunicación de 19 de febrero de 1983” (fls. 8-9, c-3).

3. Al encontrar, entonces, que el Banco Extebandes de Colombia recibió una cantidad superior a la que se le debía, el tribunal justifica la “reclamación” del Banco Nacional tendiente a “recuperar la diferencia”, con los intereses previstos en el artículo 1268 del Código de Comercio, no así la corrección monetaria en “atención a la expresa previsión legal que sanciona la mora del mandatario en la restitución, previsión que excluye otro tipo de condena”, como tampoco la capitalización de intereses, “pues estos sólo han sido reconocidos con la presente sentencia”.

(...).

Consideraciones

1. Como en el cargo primero se acepta la existencia del contrato de mandato, mientras que en el segundo y el tercero ese mismo negocio jurídico se desconoce, la incompatibilidad de todos los cargos aflora claramente. De manera que la Corte, atendiendo lo previsto en el artículo 51, numeral 3º del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, limitará el estudio únicamente al segundo.

Lo anterior por ser el cargo que guarda relación adecuada con los fundamentos de la sentencia impugnada y con la posición adoptada por el recurrente a lo largo del proceso, en cuanto, como se señaló al resolver los cargos primero y segundo de la otra demanda de casación, la cuestión se reduce a un problema de calificación jurídica del negocio celebrado y a las consecuencias que del mismo se desprenden, es decir, si al lado de la cesión del crédito también se ajustó un contrato de mandado o simplemente una dación en pago, obviamente a partir de quedar establecido, en lo cual no hay divergencia alguna, que con motivo de la cesión del “saldo de canje”, celebrado para cubrir una obligación, el cesionario Banco Extebandes de Colombia debía “restituir” al cedente Banco Nacional, en liquidación, la “diferencia” de lo que éste realmente adeudaba a aquél.

Así lo acepta el tribunal al decir que si el “cesionario recibió una suma mayor de la que en verdad se le estaba debiendo”, “esa diferencia” debía “reintegrarse al cedente”. El censor, al expresar desde la misma demanda que con motivo del contrato de cesión de un saldo de canje, el cesionario se había comprometido con el cedente a “restituir la diferencia”, obligación que, dice, no ha “pagado”, posición ésta que igualmente sostiene, en términos generales, en el cargo que se toma en consideración.

2. Es incuestionable que así como el titular de un crédito puede disponer de él, traspasándolo a otra persona, sea a título oneroso o gratuito, los artículos 1959 a 1966 del Código Civil, el primero subrogado por el artículo 33 de la Ley 57 de 1887, relativos a la “cesión de créditos”, en manera alguna reglamentan el título o acto en virtud del cual se traspasa un derecho (venta, permuta, donación, aporte en sociedad, dación en pago, etc.), sino que simplemente señalan los efectos del contrato de “cesión de un crédito” y la forma como debe llevarse a cabo, con independencia del título traslaticio que la origina, es decir, del “título que se haga”, como expresamente se señala en el citado artículo 1959.

Lo anterior significa que además de las regulaciones propias del negocio de cesión de créditos, también resulta necesario observar el régimen jurídico aplicable al respectivo negocio jurídico de disposición del derecho personal, esto es, el régimen de la venta, de la permuta, de la donación, del aporte en sociedad, en fin. Pero lo que debe resaltarse, por lo menos en lo que interesa al caso, es que si la figura que se comenta se origina en un negocio de disposición, como cuando el deudor cede un crédito para pagar a su acreedor una obligación, con el consentimiento de éste, esto excluye aplicar las normas que regulan otro tipo de contrato, como las del mandato común, el cual, como se sabe, constituye un negocio de representación, de ordinario.

Distinto es que el acreedor al recibir un bien diferente al que se le debía, se haya comprometido a cumplir una prestación, verbi gratia, la restitución del mayor valor de lo que se le adeudaba, evento en el que no se desnaturaliza la dación en pago, porque se trata simplemente de una cláusula secundaria o accidental, que no de un presupuesto esencial para su existencia, para facilitar la ejecución de la obligación principal. Como lo tiene dicho la Corte, la “característica esencial de la dación es la de que su realización impone que la cosa pactada, que es distinta de la debida, se entregue efectivamente en el momento de pagar. Sólo a partir de entonces bien puede hablarse de dación, y acaso por ello sea más aconsejable y ajustada la denominación que le dieron los romanos, datio in solutum, como que su vida jurídica despunta precisamente cuando se soluciona la obligación preexistente” (sent., abr. 10/89, sin publicar oficialmente).

En esas circunstancias, el tribunal se equivocó al considerar que al lado del contrato de cesión, celebrado para extinguir una obligación, también se ajustó un contrato de mandato, en lo atinente a la restitución de la diferencia, para por ese camino limitar el pago de los perjuicios a los previstos en el artículo 1268 del Código de Comercio, sin parar mientes en que, como desde antaño lo tiene dicho la jurisprudencia, los “contratos específicos con prestaciones subordinadas de otra especie, se caracterizan en que en su conjunto se amoldan únicamente a un solo tipo”, caso en el cual pueden revelarse “bien en un sentido secundario a esa finalidad total del contrato, o bien como medio encaminado a facilitar o posibilitar la realización de la prestación principal. En ambos supuestos, se aplican los textos legales que rigen el contrato tipo” (sent., mayo 31/38, XLVI-571).

3. Pese a lo anterior, la prosperidad del ataque se supedita a que, consecuentemente, sea necesario aplicar los artículos 1649 del Código Civil y 886 del Código de Comercio, en concordancia con el Decreto 1454 de 1989, los cuales respectivamente establecen que para que el pago de la obligación sea completo debe comprender “los intereses e indemnizaciones que se deban” y que, respecto de obligaciones mercantiles, los “intereses pendientes no producen intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre y cuando en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos”.

3.1. Respecto a que la parte demandada debe ser condenada a pagar la “desvalorización monetaria”, es cierto que la Corte ha reconocido la necesidad de reajustar las obligaciones en dinero que se encuentran afectadas por el fenómeno de la inflación, aunque no en la urgencia de reparar un daño emergente, según en alguna oportunidad se sostuvo, “sino en obedecimiento... a principios más elevados como la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales”, toda vez que la “pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino a su cuantía” (sent., sep. 9/99). Empero, también ha precisado que cuando el pago involucra el reconocimiento de intereses, no es dable ordenar el ajuste monetario, tratándose de intereses de naturaleza comercial, sean ellos remuneratorios o moratorios, so pena de cohonestar un doble pago, porque en el interés bancario corriente que sirve de parámetro para su cuantificación, también se comprende la aludida corrección (Cfr. CCXL-707, CCXXXVII-910; sent., nov. 19/2001, exp. 6094).

De manera que si el quantum del perjuicio complementario no se presume, esto significa que sólo deberá ser reparado, como igualmente lo tiene dicho la Corte y lo reiteró en la aludida sentencia de 19 de noviembre de 2001, en la medida en que obre prueba de su existencia y extensión, lo que implica “rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas éstas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca el demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible según las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil”. (sent., mar. 4/98, CCLII-398).

En el caso, la parte demandada fue condenada a pagar al demandante no sólo las sumas de $ 9.801.261.59, que corresponden a la diferencia entre el saldo de canje y lo realmente adeudado por éste a aquél, y $ 14.995.930.60, por “intereses moratorios” que recibió sobre dicha diferencia, en el período comprendido entre el 30 de junio de 1982 y el 30 de septiembre de 1986, sino también a pagar “intereses moratorios” sobre ambas cantidades de dinero “desde el 30 de septiembre de 1986 hasta su pago”.

En ese orden de ideas, diáfanamente se advierte que pese a la equivocación del tribunal en la calificación jurídica del contrato, de todas formas no habría lugar a reconocer “corrección monetaria” e “intereses moratorios”, porque acorde con lo dicho y como se acepta en el cargo, las “tasas certificadas por la Superintendencia Bancaria, reconocen, además de la remuneración al capital o rentabilidad, la pérdida del poder adquisitivo”. De ahí que las demás “indemnizaciones que se deban” (C.C., art. 1649, inc. 2º), no sea dable reconocerlas con el simple hecho de afirmar, como se hace en el cargo, que los réditos ni siquiera compensan la pérdida del poder adquisitivo, sino que es necesario que aparezca la prueba directa y concreta de ese otro perjuicio, en todo caso diferente a los rubros involucrados por los intereses.

3.2. Con relación a la capitalización de intereses, es indiscutible que la ley permite, en tratándose de obligaciones mercantiles, el anatocismo, excepción de los créditos otorgados para adquisición de vivienda (C. Const., sent. C-747/99), siempre que se “trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos”, bien por “acuerdo posterior al vencimiento”, ora “desde la fecha de la demanda judicial del acreedor”, en consideración a que, por su naturaleza, la actividad mercantil es lucrativa, y porque el préstamo de dinero suele obedecer a exigencias connaturales al proceso de producción, más que a necesidades del consumo propiamente dicho.

De manera que si los réditos de un capital pueden ser aprovechados por el acreedor, entregándolos como capital mutuado a otro interesado en el crédito, esto justifica que el deudor sea compelido a reconocer intereses sobre intereses, cuando en lugar de cumplir su deber de prestación, se abstiene culpablemente de hacerlo, porque en tal caso el “accipiens” no sólo estaría asumiendo la contingencia del pago, sino también el “costo de oportunidad”, en cuanto de haber sido satisfechos oportunamente constituirían para él un capital, que como tal generaría intereses, desde luego, con estricta observancia de los requisitos mencionados, sumado el respeto a las tasas máximas permitidas por la ley (C.C., art. 1617, C. Co., art., 884, L. 45/90, art. 65 y L. 510/99, art. 111), a fin de no estimular la usura ni fomentar que una deuda se acreciente, con la consecuente imposibilidad de su solución o pago.

En cuanto a las pretensiones subsidiarias que fueron acogidas, es evidente que el Banco Nacional, en liquidación, solicitó que se condenara al Banco Exterior de los Andes de Colombia, a pagar, amén de la diferencia de $ 9.801.261.59 y los intereses “comerciales moratorios” causados desde el 30 de junio de 1982, la “capitalización anual de los intereses anteriores”, a partir del 30 de junio de 1983. Empero, no debe desconocerse que aunque el tribunal señaló que no se concedería “la capitalización de los intereses pedida por la parte demandante, pues estos sólo han sido reconocidos con la presente sentencia”, de todas formas terminó accediendo al anatocismo, porque sobre la cantidad de $ 14.995.930.60, que corresponde a “intereses moratorios” sobre la aludida diferencia en el período comprendido entre el 30 de junio de 1982 y el 30 de septiembre de 1986, también ordenó pagar “intereses moratorios” “desde el 30 de septiembre de 1986 hasta su pago”.

Luego, si en definitiva el cobro de intereses sobre intereses no fue negado, no puede afirmarse que consecuentemente a la errada calificación jurídica del contrato, se dejó de aplicar el artículo 886 del Código de Comercio, en concordancia con el Decreto 1454 de 1989. Cosa distinta es que en perjuicio de la parte demandada, quien entre otras cosas sobre el particular no reclamó en casación, se haya aplicado parcialmente el anatocismo a una data anterior al 2 de septiembre de 1992, fecha de presentación de la demanda, y que a pesar de no desconocerse la capitalización de intereses, el tribunal haya omitido ordenarla a partir de la fecha inmediatamente mencionada, respecto de los réditos del capital causados desde el 30 de septiembre de 1986, hasta cuando fue presentada la demanda, caso en el cual el error no sería de juzgamiento, sino de actividad procesal por incongruencia objetiva en la modalidad citra petita. Al respecto puede observarse la doctrina sentada en la sentencia de 19 de noviembre de 2001, atrás referenciada.

4. Por las razones expuestas, ninguno de los tres cargos puede abrirse paso.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 14 de noviembre de 1995, aclarada el 12 de diciembre del mismo año, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario del Banco Nacional —en liquidación— contra el Banco Popular y el Banco Exterior de Los Andes y de España de Colombia S.A., hoy Banco Standard Chartered Colombia.

Costas a cargo de la parte demandante únicamente en favor del Banco Popular. Sin costas para los demás contendientes por no haber prosperado ninguno de los recursos interpuestos.

Cópiese, notifíquese y devuélvase oportunamente al tribunal de origen».

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