Sentencia C-604 de agosto 1º de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-604 de 2006 

Ref.: expediente D-6113

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 43 y 48 de la Ley 617 de 2000.

Demandante: María Carolina Valencia Gómez.

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Araújo Rentería

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 44.188, de 9 de octubre de 2000 y se resalta lo acusado:

“LEY 617 DE 2000

(octubre 6)

Diario Oficial 44.188, de 9 de octubre de 2000

El Congreso de Colombia

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional

(...).

ART. 43.—Duración de las incompatibilidades. El artículo 47 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 47.—Duración de las incompatibilidades. Las incompatibilidades de los concejales municipales y distritales, tendrán vigencia hasta la terminación del período constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior.

Quien fuere llamado a ocupar el cargo de concejal, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión.

(...).

ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(...).

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

(...)”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos de la Corte

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, por estar dirigida contra unas disposiciones que forman parte de una ley.

2 . El problema jurídico que debe resolver esta corporación se centra en establecer si el término cargo público (I) implica la calidad de empleado público para de esta forma determinar si las normas acusadas producen una violación al artículo 312 de nuestra Constitución el cual señala que los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos (II).

I. El concepto de “cargo público” en la Constitución

La utilización del término cargo público ha sido empleado por el constituyente para significar in genere, el ejercicio de funciones públicas.

Así, el artículo 40 de la Carta establece que para hacer efectivo el derecho de ciudadanía se puede:

“(...).

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y reglamentará los casos a los cuales ha de aplicarse”.

Por su parte el artículo 99 constitucional señala que: “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para ejercer el derecho al sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.

El artículo 110 dispone: “Se prohíbe a quienes desempeñen funciones públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley.

El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será causal de remoción del cargo o de pérdida de investidura”.

Entre tanto, el canon 272 ibídem, incisos 5º, 6º y 7º, al referirse a las contralorías departamentales, distritales y municipales advierte:

“(...).

... para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de 25 años, acreditar título universitario y las demás que establezca la ley.

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año, miembro de asamblea o concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público del orden distrital o municipal, salvo la docencia.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser inscrito a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones”.

Aún más, ni siquiera el legislador ha procedido en ese sentido para hacer una precisión normativa respecto del término en estudio. Por ejemplo, el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, dispone:

“El Gobierno Nacional aprobará las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente ley de manera global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de la organización y sus planes y programas” (resaltado fuera de texto).

Se trata, sin duda, el planteamiento de la actora, de una interpretación particular que fuerza a una situación antinómica inexistente con las disposiciones superiores. No puede existir tal contradicción en el sentido de que la palabra “cargo” violente la normatividad superior cuando, el artículo 122 de la Carta establece que: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite, deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas”.

Ahora bien, la reforma introducida a la disposición citada por el Acto Legislativo 1 de 2004 artículo 1º que trata de la pérdida de los derechos políticos hace precisa referencia a cargos de elección popular, cuando reza: “Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular...”.

Por si fuera poco, tan no es excluyente la función del concejal con la de quien ocupa un cargo público, que el artículo 263 de la Constitución —y que fuere modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2003—, señala: “Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos por proveer en la respectiva elección” (resaltado fuera de texto).

De lo anterior se desprende, que si bien es cierto la Constitución no ha definido el concepto de cargo público, de una interpretación sistemática de ella se puede leer que el concepto de cargo público hace referencia al deber, compromiso u obligación de un servidor público para ejercer las funciones encomendadas, provengan estas fruto de una elección popular, como resultado de un nombramiento, como resultado de una vinculación como trabajador oficial, como consecuencia de la carrera administrativa, fruto de un período fijo, como resultado de un encargo provisional, como consecuencia de un trabajo temporal, entre otras.

En síntesis, las personas que se encuentran al servicio del Estado y ejercen funciones públicas tienen el carácter de servidores públicos y por ende sobre ellas pesa una obligación, deber, cargo o compromiso de cumplir las funciones encomendadas. Estas cargas u obligaciones, como lo manifestó el Ministerio Público, pueden devenir de una elección popular, de elección para corporaciones públicas, de libre nombramiento y remoción, de carrera administrativa, de carrera de docentes, de relación laboral contractual, de autoridad de las comunidades indígenas y otras creadas por la ley.

II. El caso concreto

Pues bien, señala la demandante que al establecerse en las normas acusadas el término cargo en referencia a los concejales, se les estaría otorgando a estos la calidad de empleados públicos, situación que contraría el artículo 312 de la Constitución Política que indica que los concejales no tendrán dicha calidad.

Así las cosas, de lo expresado con anterioridad queda claro que el concepto cargo público vertido en diferentes artículos de la Constitución hace mención a las obligaciones, deberes y compromisos de cumplir funciones públicas. Estas funciones públicas son desempeñadas por los servidores públicos.

En cuanto al concepto establecido en la Constitución respecto a esto último, se afirmó en la Sentencia T-167 de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería:

“Es más, tal es la indeterminación de la Constitución en lo que a este punto se refiere, que en la misma providencia la Corte acepta que en la Constitución no “se encuentra una noción bien definida de servidor público”, así como tampoco “se incluye precepto alguno que defina, desde ese nivel jerárquico y en detalle, los elementos normativos específicos o los criterios jurídicos precisos y concretos que sirvan para elaborar, directamente y con propósitos exhaustivos y prácticos, las nociones legales o reglamentarias de empleado público y trabajador oficial, como servidores públicos vinculados a los cuadros de la administración”.

Así las cosas, en primer lugar, el concepto de cargo público no apareja indispensablemente el de empleado público, por cuanto como quedó demostrado anteriormente, este concepto está ligado es a las funciones públicas que desempeñe un servidor público, independiente de la manera en la cual esté vinculado con el Estado, es decir a través de una elección popular, como resultado de un nombramiento, como resultado de una vinculación contractual como trabajador oficial, como consecuencia de la carrera administrativa, fruto de un período fijo, como resultado de un encargo provisional, como consecuencia de un trabajo temporal, entre otras.

En otras palabras, puede existir un cargo público desempeñado por una persona que no ostente la calidad de empleado público —situación de los concejales— así como puede existir un cargo público desempeñado por una persona que ostente la calidad de empleado público —situación del Presidente de la República—.

Ahora bien, y como argumento adicional respecto del concepto de cargo público respecto de los concejales, debe señalarse lo expresado por el artículo 122 constitucional, el cual en su inciso 5º establece:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos...”.

Así las cosas, la calidad de concejal se adquiere por elección popular, en consecuencia la propia Constitución da a entender que las funciones públicas de las personas elegidas por voluntad popular se ejercen a través de un cargo público. Situación corroborada por la misma Constitución en su artículo 263 que determina:

“Para todos los procesos de elección popular, los partidos y movimientos políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de las curules o cargos a proveer en la respectiva elección”.

Por consiguiente, no cabe duda que la misma Constitución determina que los procesos de elección popular —como aquellos donde se eligen concejales— están instituidos para proveer cargos públicos.

Por ende, la misma Constitución como cuerpo normativo, expresa que no existe contradicción alguna entre los conceptos de cargo público y la noción de empleado público referenciada en el artículo 312 sustentado por la demandante.

Por consiguiente, una adecuada lectura constitucional de las normas que se atacan, permite establecer que los concejales, como servidores públicos de elección popular, desempeñan cargos públicos, luego de haber (sic) electos.

Por último, es de señalar que la Constitución ha encomendado directamente al legislador la regulación de las calidades e incompatibilidades de los concejales; lo que supone, como lo ha reiterado esta Corte un amplio margen de configuración legislativa en el señalamiento de los motivos constitutivos de incompatibilidad.

Así entonces, en segundo lugar, debe afirmarse que la Constitución, en los artículos señalados, expresamente manifiestan que las funciones públicas en cabeza de los concejales se desarrollan a través de un cargo público.

En conclusión, no aparejando el concepto de cargo público indispensablemente el de empleado público, sino estando ligado a las funciones públicas que desempeñe un servidor público, independiente de la manera en la cual esté vinculado con el Estado, es decir a través de una elección popular, como resultado de un nombramiento, como resultado de una vinculación contractual como trabajador oficial, como consecuencia de la carrera administrativa, fruto de un período fijo, como resultado de un encargo provisional, como consecuencia de un trabajo temporal; no es cierto como lo pretende hacer ver la demandante que el concepto de cargo público implique el de empleado público, lo anterior por cuanto puede existir un cargo público desempeñado por una persona que no ostente la calidad de empleado público —situación de los concejales— así como puede existir un cargo público desempeñado por una persona que ostente la calidad de empleado público —situación del Presidente de la República—.

Situación anterior confirmada por la misma Constitución en la cual se expresa tácitamente (art. 122, inc. 5º y 263) que las funciones públicas en cabeza de los concejales se desarrollan a través de un cargo público.

En este orden de ideas, esta corporación declarará exequibles las expresiones “el cargo de” contenida en el artículo 43 y “del cargo” contenida en el artículo 48, ambos de la Ley 617 de 2000, por la supuesta vulneración del artículo 312 de la Constitución Política y por los cargos analizados.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero: Declarar EXEQUIBLES las expresiones “el cargo de” contenida en el artículo 43 y “del cargo” contenida en el artículo 48, ambos de la Ley 617 de 2000, por los cargos analizados.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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