Sentencia C-604 de mayo 24 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sent. C-604/2000 

Ref.: Expediente D-2683

Magistrado sustanciador:

Dr. Carlos Gaviria Díaz

Demandante: Rosa Elvira Velandia Niño

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 488 de 1998, que modifica el artículo 218 del estatuto tributario.

Santafé de Bogotá, D.C., mayo veinticuatro de dos mil.

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43460 del 28 de diciembre de 1998.

“LEY NÚMERO 488 DE 1998

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales”.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 7º—Eliminación exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de deuda de la Nación.

El artículo 218 del estatuto tributario quedará así:

ART. 218.—Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pública externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con operaciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se realice a personas sin residencia o domicilio en el país.

PAR.—Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el Decreto 700 de 1992 (bonos Colombia) y por la Resolución 4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las condiciones existentes al momento de su emisión.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 del estatuto superior, corresponde a esta corporación pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disposición demandada, por formar parte de una ley de la República.

2. El pronunciamiento de la Corte y la cosa juzgada relativa.

Tal como se dejó expuesto en el acápite III de esta providencia, aunque la actora demandó el artículo 7º de la Ley 488 de 1998, en su integridad, el concepto de violación se dirige exclusivamente a atacar el parágrafo de esa disposición. En consecuencia, la Corte limitará su pronunciamiento a ese aparte normativo.

Igualmente, es pertinente señalar que esta corporación ya se pronunció sobre la misma disposición que hoy se acusa, en la sentencia C-291 del 15 de marzo de 2000 (1) , siendo declarada exequible, pero únicamente por no violar los principios de igualdad y de equidad tributaria, como se dejó expresamente consignado en la parte resolutiva. En consecuencia, sobre estos aspectos la Corte ordenará estarse a lo resuelto en dicho fallo. Sin embargo, como esa decisión solamente produce efectos de cosa juzgada relativa, corresponde en esta oportunidad a la Corte decidir la presente demanda respecto de los cargos que no fueron objeto de examen en dicho fallo y a ello procede.

(1) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

3. Planteamiento del problema.

La demandante considera que el parágrafo del artículo 7º de la Ley 488 de 1998, viola los artículos 363 y 83 de la Constitución, al mantener el régimen vigente al momento de la emisión únicamente para los bonos Colombia y los de la Resolución 4308 de 1994 y no incluir otros títulos que, según ella, se encontraban en idénticas condiciones y gozaban del mismo beneficio fiscal. “Condiciones o beneficios que no podían ser afectados por una norma posterior, ya que sobre las mismas se consolidaron unas situaciones jurídicas a su favor, para quienes en el momento de realizar la inversión lo hicieron además, en consideración de las características de los títulos y dentro de las cuales se encontraba precisamente el tratamiento fiscal favorable, el cual al ser modificado genera la aplicación retroactiva de la ley.

Entonces, debe la Corte determinar i) si en el presente caso existían o no situaciones jurídicas consolidadas que el legislador estaba obligado a respetar, ii) si la disposición acusada tiene carácter retroactivo, y iii) si dicho precepto infringe el principio de la buena fe.

4. Operaciones de crédito público-clases.

Con el fin de hacer claridad sobre el tema que aquí se debate es necesario recordar primero qué son operaciones de crédito público y luego conocer cuál era el contenido del artículo 218 del estatuto tributario, que regía antes de expedirse la norma acusada, que lo modificó.

El parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 —estatuto general de contratación de la administración pública— define las operaciones de crédito público como aquellas que “tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales”.

De otra parte, el artículo 3º del Decreto 2681 de 1993, que reglamenta dicha ley, señala que “son operaciones de crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago”.

En esa misma disposición se establece que las operaciones de crédito público pueden ser internas o externas. “Son internas las que, de conformidad con las disposiciones cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del (sic) territorio colombiano, para ser pagadas en moneda legal colombiana. Y externas todas las demás”.

4. Contenido del artículo 218 del estatuto tributario.

Ahora bien: en el artículo 218 del estatuto tributario, vigente antes de expedirse la disposición acusada, se consagraba que el pago por la Nación y las demás entidades de derecho público del principal, intereses, comisiones y demás gastos correspondientes a empréstitos y títulos de deuda externa, estaba exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional. Obsérvese que la exención operaba tanto para los residentes como para los no residentes en el país, pues la norma no hacía diferenciación sobre este aspecto.

El artículo 7º de la Ley 488 de 1998, objeto de demanda parcial en este proceso, modifica el citado artículo 218 del estatuto tributario manteniendo dicha exención pero únicamente cuando el pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos originados en operaciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas, “se realice a personas sin residencia o domicilio en el país”.

Así las cosas, a partir de la vigencia de la ley acusada, el pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con operaciones de crédito público externo se encuentra exento de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional cuando se realice a personas sin residencia o domicilio en el país. No sucede lo mismo cuando tales pagos se efectúan a residentes en el país, sean nacionales o extranjeros, pues en este caso aquellos están sujetos a los correspondientes gravámenes.

Y en el parágrafo, que es el impugnado, se establece que los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el Decreto 700 de 1992, denominados bonos Colombia y por la Resolución 4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las condiciones existentes al momento de su emisión, lo cual es considerado por la demandante violatorio del ordenamiento supremo, por las razones que aparecen en el acápite III de esta providencia.

5. De otra parte, es importante tener en cuenta algunas de las consideraciones hechas por la Corte en la sentencia C-291 de 2000, antes citada, al rebatir el cargo formulado contra el mismo parágrafo que hoy se demanda por infringir los principios de igualdad y equidad tributaria, pues serán éstas las que sirvan de fundamento para adoptar la determinación correspondiente.

En aquella oportunidad concluyó la Corte que el legislador no discriminó injustificadamente al dispensar un tratamiento diferente a los bonos Colombia (D. 700/92) y los de la Resolución 4308 de 1994 frente a los citados por la demandante, pues no se encontraban en idénticas hipótesis de hecho por cuanto los primeramente citados se expidieron con fundamento en un decreto de emergencia económica, destinado a contrarrestar los efectos de la crisis energética que dio origen a la declaración de ese estado excepcional. Veamos:

“La Corte declarará la exequibilidad de la disposición acusada sobre la base de que la distinción mantenida por el parágrafo examinado encuentra justificación en el antecedente legislativo que el Procurador General recuerda (ponencia, para primer debate en la Cámara de Representantes), que hizo claridad ante el Congreso en el sentido de que los títulos denominados “bonos Colombia” fueron emitidos “con la condición expresa de que no generaran impuestos sobre la renta, y en caso de que se gravaran, sería la Nación la encargada de asumir el sobrecosto”. (Gaceta del Congreso año VIl, Nº 286 de nov. 20/98, pág. 2). Se previó, entonces, una exención, pero no se discriminó injustificadamente y, por ende, no se vulneró la Constitución Política.

No puede olvidarse que el Decreto 700 de 1992 fue expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo de las facultades de emergencia económica en razón de la crisis energética que, en proporciones graves, afectó al país, ni es posible desconocer que los bonos creados mediante dicho estatuto para captar recursos entre el público, con el fin de afrontar la crisis, atrajeron inversiones justamente por la expresada razón. Con lo cual, un súbito gravamen en cabeza de sus titulares por los conceptos a que se refiere la disposición acusada (intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pública externa), como si se tratase de captaciones originadas en motivos distintos, pretendiendo equipararlos por un mal entendido concepto de igualdad, podría afectar la buena fe de los suscriptores de esos papeles, quienes justamente confiaron en la palabra estatal sobre exención tributaria para los mismos. O podría darse el caso —contemplado desde la emisión de los bonos— de que tuviese el Estado que asumir tales costos, pagándose a sí mismo los impuestos, lo que carecería de sentido. Por todo lo cual se explica y justifica que el legislador haya introducido y sostenido reglas diferentes para los aludidos títulos.

En cuanto a los títulos a los cuales se refiere la Resolución 4308 de 1994, expedida por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, ha de tenerse en cuenta que fue puesta en vigencia en desarrollo del parágrafo 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y de los artículos 3º, 18 y 19 del Decreto 2681 de 1993, normas éstas que establecen las reglas aplicables a las operaciones de crédito público orientadas a dotar de recursos a las entidades estatales, y las disposiciones relacionadas con la expedición de títulos de deuda pública de la Nación.

La Resolución 4308 del 24 de noviembre de 1994 dispuso en su artículo 1º: “artículo primero. Autorízase a la Nación —Ministerio de Hacienda y Crédito Público— para que emita títulos de deuda pública externa destinados a la financiación de apropiaciones presupuestales hasta por un valor de doscientos cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 250.000.000)”.

En el artículo sexto de ese acto, al regular las condiciones del crédito correspondiente; se previó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del estatuto tributario, el pago del principal, intereses, comisiones y demás gustos originados por los bonos creados estaría exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional.

Observa la Corte que, por una parte, al declarar ella la exequibilidad del Decreto Legislativo 700 del 24 de abril de 1992, que autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir bonos de deuda pública externa para ser colocados en el mercado internacional de capitales y en el local (art. 15), y que consagró exenciones temporales e introdujo modificaciones a algunos impuestos, manifestó que el gobierno estaba autorizado por la Constitución para hacerlo, siempre que las respectivas disposiciones tuvieran un efecto transitorio (C.P., art. 215). Y, por otra, destaca que tanto esa normatividad de rango legal como la plasmada en la resolución transcrita se justificaron, en su momento, en la necesidad de ofrecer a los posibles inversionistas unas condiciones que estimularan la adquisición de los títulos emitidos, con el propósito de financiar los costos de la crisis energética y las apropiaciones presupuestales en general, condiciones que la norma ahora examinada desea preservar.

Por eso, en desarrollo del mismo precepto constitucional, y dentro de la facultad ordinaria del Congreso, podía éste prorrogar, o interrumpir, según su criterio, las reglas tributarias aplicables a los mencionados documentos.

Cuando la ley resolvió conservar, en guarda del principio de la buena fe y de la seriedad del Estado, las condiciones inicialmente prometidas a quienes suscribieron tales títulos, no hizo nada distinto de salvaguardar fundamentos esenciales de la Constitución Política, en el ámbito de las facultades legislativas. La diferencia plasmada en la ley a favor de los documentos mencionados encuentra, a la luz de lo dicho, plena justificación y descarta toda violación del principio de igualdad”.

Si la Corte encontró justificada y, por ende, ajustada a la Constitución la diferencia de trato establecida por el legislador en el parágrafo demandado, consistente en mantener únicamente para los bonos Colombia (D. 700/92) y los de la Resolución 4308 de 1994 las condiciones inicialmente pactadas con quienes los hubieran suscrito, habría que afirmar que no le asiste razón a la actora, pues si dichos títulos y los mencionados por ella en la demanda, no tenían idénticas características tampoco existía razón alguna para conferirles igual protección y, por consiguiente, no puede sostenerse válidamente que se han desconocido situaciones jurídicas consolidadas con respecto de ellos, como pasa a demostrarse.

6. Principio de irretroactividad de la ley tributaria.

El principio de irretroactividad de la ley tributaria se encuentra expresamente contemplado en el inciso tercero del artículo 338 y en el segundo del artículo 363 del estatuto superior, en estos términos:

“ART. 338.—(...).

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo”.

“ART. 363.—(...).

“Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad”.

La demandante cita como norma infringida este último precepto.

La naturaleza jurídica del principio de irretroactividad “es la premisa según la cual, en la generalidad de las circunstancias se prohíbe, con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídicas, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente” (2) .

(2) Sent. C-549/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

Dicho principio está íntimamente ligado a los derechos adquiridos, que son aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley y, por lo mismo, han creado a favor de sus titulares un derecho subjetivo que debe ser respetado. De ahí que una ley posterior no pueda afectar lo que de manera legítima se ha obtenido bajo la vigencia de una ley anterior.

Los derechos adquiridos se diferencian de las meras expectativas que son aquellas esperanzas o probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho que, por no haberse consolidado, puede ser regulado por el legislador según las conveniencias políticas que imperen en el momento, guiado por parámetros de justicia y de equidad que la Constitución le fija para el cumplimiento cabal de sus funciones.

La institución de los derechos adquiridos propiamente tales, solamente se aplica en el derecho privado pues en el derecho público la doctrina y la jurisprudencia consideran que es más apropiado hablar de situaciones jurídicas consolidadas (3) . Esta diferencia adquiere mayor relevancia cuanto se trata de disposiciones de carácter tributario. Por ello señaló la Corte en sentencia anterior (4) que “en este campo no existe el amparo de derechos adquiridos pues la dinámica propia del Estado obliga al legislador a modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general; en consecuencia, nadie puede pretender que un determinado régimen tributario lo rija por siempre y para siempre, esto es, que se convierta en inmodificable”. Pero también dejó claramente establecido que “las leyes tributarias no son retroactivas, de manera que los efectos producidos por la ley tributaria en el pasado debe respetarlos la ley nueva, es decir, que las situaciones jurídicas consolidadas no pueden ser desconocidas por la ley derogatoria, porque la conducta del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma vigente para el período fiscal respectivo y de acuerdo con las exigencias allí impuestas”.

(3) Sobre este punto existe múltiple jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia en la época en que ejercía el control constitucional y de esta Corte.

(4) Sentencia C-393/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

Y en fallo posterior sostuvo que la retroactividad de la ley “resulta censurable sólo cuando la nueva norma incide sobre los efectos jurídicos ya producidos en virtud de situaciones y actos anteriores, y no por la influencia que pueda tener sobre los derechos en lo que hace a su proyección futura” (5) .

(5) Sentencia C-511 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En asuntos tributarios, la legislación no puede ser estática ni irreformable, pues ello equivaldría no sólo a desconocer la realidad cambiante de todo país y el dinamismo propio del Estado sino también los fines esenciales que éste debe cumplir. (Sent. C-511/96, Eduardo Cifuentes Muñoz). La imposición de tributos es básica en toda sociedad al constituirse en el instrumento eficaz de la política macroeconómica con que cuenta el Estado para financiar su funcionamiento, hacer inversiones, obras públicas, satisfacer necesidades básicas, en fin, todas aquellas actividades destinadas a satisfacer las necesidades básicas y a promover la prosperidad general y el bienestar de todos los habitantes. Además, es deber de todas las personas contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de conceptos de justicia y equidad (C.P., art. 95-9).

Así las cosas, el principio de irretroactividad de la ley tributaria no impide ni obstaculiza la labor del legislador de modificar el ordenamiento positivo para introducir los cambios que considere necesarios en ese campo, atendiendo razones políticas, económicas, sociales o de conveniencia. En consecuencia, bien puede modificar, adicionar y derogar disposiciones jurídicas de esa índole, con una sola limitación: la no violación de los distintos postulados, reglas y derechos constitucionales. De no ser así, “el ordenamiento jurídico correría el riesgo de petrificarse, si al regular las relaciones de coexistencia social y adaptarse a las realidades de cada momento, debiera inhibirse de afectar de una u otra manera las relaciones jurídicas preexistentes”.

En el caso bajo examen no se vulnera el artículo 363 del estatuto superior, pues ni del contenido del precepto impugnado ni de la ley a la que pertenece, se deduce su aplicación retroactiva. Veamos:

— En el parágrafo impugnado se dispone que los bonos emitidos con fundamento en las autorizaciones conferidas en el Decreto 700 de 1992 (bonos Colombia) y la Resolución 4308 de 1994 continuarán rigiéndose por las condiciones existentes al momento de su emisión, lo cual no significa que la norma tenga carácter retroactivo, pues la nueva regulación no se aplica a hechos pasados. En dicho precepto simplemente se protegen las situaciones jurídicas consolidadas de las personas que suscribieron tales títulos al amparo de la legislación existente para la época en que sucedió tal hecho. En otras palabras, si tales bonos fueron suscritos con algunos residentes en el país, bajo la condición expresa de que no generarían impuestos nacionales, resultaba imperativo para el legislador mantener respecto de ellos esa regulación, con el fin de proteger las situaciones jurídicas consolidadas a favor de quienes los adquirieron, pues así se lo imponían los: artículos 58 y 363 del estatuto superior.

— Además, del texto de la Ley 488 de 1998, de la cual forma parte el precepto demandado, tampoco se deduce la alegada retroactividad. Por el contrario, allí se señala expresamente (art. 154) que dicho ordenamiento “rige a partir de su publicación y deroga las siguientes disposiciones y las demás que le sean contrarias (...)”, hecho que tuvo ocurrencia el 28 de diciembre de 1998, con su inserción en el Diario Oficial 43460. No hay duda entonces, que la ley solamente se aplica hacia el futuro.

Ante esta circunstancia, tampoco puede afirmarse que se han desconocido situaciones jurídicas consolidadas de los titulares de bonos distintos a los mencionados en el parágrafo demandado, pues, como ya lo señaló la Corte, éstos no pueden equipararse “por un mal entendido concepto de igualdad” (6) , por cuanto el Decreto 700 de 1992 fue expedido con fundamento en las facultades derivadas del estado de emergencia económica —declarado con anterioridad— con un objetivo específico: contrarrestar los efectos producidos por la crisis energética que se había producido en el país. Y como en ese mismo ordenamiento se autorizó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para emitir bonos de deuda pública externa, que podían ser colocados tanto en el mercado internacional de capitales como en el local, era posible que existieran personas residentes en Colombia que hubieran suscrito tales títulos, los cuales por mandato expreso del artículo 218 del estatuto tributario antes vigente, estaban exentos de toda clase de impuestos. Entonces, como a partir de la vigencia del artículo 7º de la Ley 488 de 1998, el pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos relacionados con operaciones de crédito público externo quedó gravado cuando los pagos se realicen a personas con residencia o domicilio en el país, era indispensable que el legislador procediera a proteger las situaciones jurídicas consolidadas que se habían creado en favor de los residentes en Colombia que adquirieron tales títulos, manteniendo para éstos las condiciones que regían al momento de la emisión.

(6) Ibídem.

Si los bonos Colombia (D. 700/92) y los de la Resolución 4308 de 1994, como lo dijo la Corte, no comparten las mismas características ni se encuentran en la misma situación de hecho, no podían ser entonces, objeto de idéntico tratamiento legislativo. Tales bonos, se repite, fueron colocados en el mercado internacional y en el local, por lo que podían existir residentes en el país que los hubieran adquirido, como expresamente lo señala el Ministerio de Hacienda en su intervención, al afirmar que al momento de la expedición de la ley acusada, “los únicos bonos colocados en el mercado, con la características especiales de ser una operación de crédito externo, pagaderos en dólares, y celebrados con residentes en el territorio colombiano, eran los bonos Colombia (D. 700/92) y los bonos Resolución 4308 de 1994”.

Así las cosas, no se infringe el artículo 363 del estatuto superior, ni se desconocen situaciones jurídicas consolidadas en favor de las personas que suscribieron los títulos enunciados por la actora.

No sobra agregar que los bonos de deuda pública externa citados por la demandante, continúan rigiéndose por las normas vigentes al momento de su emisión, porque la modificación introducida por la disposición acusada, sólo afecta a los residentes en Colombia que suscribieron los títulos en el mercado local de capitales y no a quienes hubieran adquirido títulos en el mercado internacional de valores.

6. Principio de la buena fe.

El principio de la buena fe en materia tributaria, está íntimamente ligado con el respeto de los derechos adquiridos, pues una vez que el legislador ha establecido unas condiciones bajo las cuales los contribuyentes realizan una inversión, hacen una operación, se acogen a unos beneficios, etc., éstas no pueden ser modificadas posteriormente en detrimento de sus intereses, porque la conducta del contribuyente se adecuó a lo previsto en la norma vigente al momento de realizarse el acto correspondiente y de acuerdo con las exigencias por ella previstas.

La buena fe, ha dicho la Corte, “se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada (...) la administración y el administrado deben adoptar un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no sólo se aplica a los contratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones unilaterales de la administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas o concretas para una persona. El ámbito de aplicación de la buena fe no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción. El principio de la buena fe incorpora a la doctrina que proscribe el venire contra factum proprium, según la cual a nadie le es licito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares...” (7) .

(7) Sent. T-475/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

En el caso bajo examen, no se viola el principio de la buena fe pues, como lo afirmó la Corte en la sentencia C-291 de 2000, por respeto a él y a la seriedad del Estado, fue que el legislador decidió “conservar las condiciones inicialmente prometidas a quienes suscribieron tales títulos —los mencionados en el parágrafo acusado—, cumpliendo así los mandatos superiores”.

De no haber procedido el legislador a proteger las situaciones jurídicas consolidadas en favor de los residentes en el país que adquirieron los títulos mencionados en el parágrafo impugnado, se hubiera vulnerado no sólo el principio de la buena fe, sino también la confianza, la estabilidad y la seguridad jurídica que debe regir todas las relaciones del Estado con los particulares.

Para la Corte no es admisible que el Estado ofrezca unas condiciones benéficas a las personas naturales o jurídicas, en este caso a los inversionistas, como por ejemplo el establecimiento de exenciones, con el fin de incentivar la compra de bonos de deuda pública externa y después de que los han adquirido, proceda a modificar las reglas de juego iniciales, sin salvaguardar las situaciones jurídicas consolidadas de quienes bajo esas condiciones los compraron. No se olvide que si bien el legislador está autorizado constitucionalmente para modificar o derogar la legislación tributaria ésto solamente puede hacerse hacia el futuro y, siempre y cuando, se respeten los derechos consolidados al amparo de las normas antes vigentes.

En consecuencia, al momento de estudiar la constitucionalidad de una norma tributaria que suprime una exención debe la Corte, para efectos de determinar si se han vulnerado o no situaciones jurídicas consolidadas, distinguir los casos en que las exenciones se establecen como estímulo o incentivo tributario a cambio de una contraprestación, como sucedió en el asunto de debate, que se ofreció una exención de impuestos para quienes adquirieran determinados bonos de deuda pública; y aquellos que consagran exenciones generales sin contraprestación alguna, pues en el primer evento se generan situaciones jurídicas, particulares y concretas que el legislador está obligado a respetar y, en el segundo, tal fenómeno no se presenta por lo que el legislador bien puede suprimirlas o modificarlas, obviamente, con observancia de los distintos preceptos constitucionales que rigen la materia.

El parágrafo demandado, como ya lo dijo la Corte en la sentencia tantas veces citada, en lugar de violar el principio de buena fe lo acata, al conservar el régimen vigente al momento de la emisión para quienes adquirieron los títulos expresamente señalados en esa disposición, los cuales estaban exentos de toda clase de impuestos de carácter nacional. Es ésta una medida razonable que el legislador consideró necesaria para dar estricto cumplimiento a lo ordenado en los artículos 58, 83 y 363 del estatuto superior, que le imponen el deber de proteger las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de normas anteriores y respetar los principios de la buena fe y de irretroactividad de la ley tributaria.

En razón de lo anotado, no se vulneran los preceptos constitucionales citados por la actora, ni ninguno otro del estatuto supremo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Estarse a lo resuelto en la sentencia C-291 de 2000 que declaró exequible el parágrafo del artículo 7º de la Ley 488 de 1998, por no violar los principios de igualdad y de equidad tributaria.

2. Declarar exequible esa misma disposición en los términos señalados en la parte motiva.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese, en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

______________________________