Sentencia C-613 de septiembre 24 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-10666

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad, contra el artículo 15 numeral 2º (parcial) de la Ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”.

Actor: Carlos Fernando Soto Duque y otros

Bogotá, D. C., veinticuatro de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe la norma demandada según publicación en el Diario Oficial Nº 46015 de agosto 29 de 2005:

“Ley 986 de 2005 (agosto 18)

Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones

“ART. 15.—Pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales del secuestrado. El empleador deberá continuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el secuestrado al momento de ocurrencia del secuestro, ajustados de acuerdo con los aumentos legalmente exigibles. También deberá continuar este pago en el caso de servidores públicos que no devenguen salarios sino honorarios. Dicho pago deberá realizarse al curador provisional o definitivo de bienes a que hace referencia el artículo 26 de la presente ley. Este pago se efectuará desde el día en que el trabajador, sea este particular o servidor público, haya sido privado de la libertad y hasta cuando se produzcaa (sic) una de las siguientes condiciones:

1. En el caso de trabajador con contrato laboral a término indefinido, hasta cuando se produzca su libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta.

2. En el caso de trabajador con contrato laboral a término fijo, hasta el vencimiento del contrato, o hasta cuando se produzca su libertad o se compruebe la muerte o se declare la muerte presunta si alguno de estos hechos se produce con anterioridad a la fecha de terminación del contrato.

3. En el caso de servidor público hasta cuando se produzca su libertad, o alguna de las siguientes circunstancias: Que se compruebe su muerte o se declare la muerte presunta o el cumplimiento del período constitucional o legal, del cargo.

4. El cumplimiento de la edad y los requisitos para obtener la pensión, caso en el cual corresponde al curador iniciar los trámites para solicitar su pago.

No podrá reconocerse un pago de salario u honorarios superior a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, excepto en aquellos casos de secuestro ocurridos con anterioridad a la expedición de esta ley en los que se mantendrán las condiciones laborales previamente establecidas.

El empleador deberá continuar pagando las prestaciones sociales del secuestrado, atendiendo a las reglas de pago señaladas en los numerales 1º al 4º, así como también los aportes al sistema de seguridad social integral.

PAR. 1º—Al secuestrado con contrato laboral vigente al momento que recobre su libertad, se le deberá garantizar un periodo de estabilidad laboral durante un período mínimo equivalente a la duración del secuestro, que en todo caso no exceda un año, contado a partir del momento que se produzca su libertad. Igual tratamiento tendrán los servidores públicos, salvo que el secuestrado cumpla la edad de retiro forzoso, o que se cumpla el período constitucional o legal del cargo. También se exceptúan de este beneficio a las demás personas que cumplan con la edad y requisitos para obtener pensión, tal como lo dispone el numeral 4º de este artículo. Lo anterior no obsta para que, si llegare a ser necesario, durante el período de estabilidad laboral se dé aplicación a las causales legales de terminación del vínculo laboral por justa causa o tenga lugar la remoción del cargo con ocasión del incumplimiento de los regímenes disciplinario, fiscal o penal según el caso.

PAR. 2º—Por regla general, el curador provisional o definitivo de bienes deberá destinar en forma prioritaria los dineros que reciba en virtud de lo dispuesto en este artículo, para atender las necesidades de las personas dependientes económicamente del secuestrado.

PAR. 3º—En el evento contemplado en el numeral 2º de este artículo y en el caso del cumplimiento del período constitucional o legal del cargo en el caso de servidores públicos, el fiscal o el juez competente podrán determinar la continuidad en el pago de los salarios u honorarios más allá del vencimiento del contrato o del período correspondiente, y hasta tanto se produzca la libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta del secuestrado, si al ponderar los elementos de juicio a su alcance, infiere que entre el desempeño del trabajador como servidor público o particular y las causas del secuestro existe un vínculo inescindible.

PAR. 4º—Los miembros de la fuerza pública secuestrados mantendrán su sueldo básico asignado y un promedio de los haberes devengados durante los últimos tres (3) meses. El tiempo que duren privados de su libertad será contabilizado como tiempo de servicios. Los miembros de la fuerza pública secuestrados serán ascendidos cuando cumplan el tiempo reglamentario. Al cónyuge y los hijos de los miembros de la fuerza pública secuestrados se les reconocerán los derechos adquiridos en materia de salud, educación y servicios sociales”.

(…).

VI. Fundamentos de la decisión

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la expresión acusada hace parte de una ley, en este caso, de la Ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”.

2. Problema jurídico y esquema de resolución

2.1. El problema jurídico al que se enfrenta la Corte en esta oportunidad es si el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 986 de 2005 que consagra que “2. En el caso de trabajador con contrato laboral a término fijo, hasta el vencimiento del contrato, o”, al referirse a la continuidad del pago de salarios a los trabajadores víctimas de secuestro, resulta violatorio de los artículos 1º, 2º, 5º, 11, 13, 25, 42, 48, 53, 93 y 95 C.P., por consagrar un trato discriminatorio entre los trabajadores con contrato laboral a término fijo y los que tienen un contrato laboral a término indefinido. Lo anterior, puesto que la norma dispone que en el caso del trabajador con contrato laboral a término indefinido, se le debe seguir pagando su salario y prestaciones sociales hasta cuando se produzca su libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta; mientras que en el caso del trabajador con contrato laboral a término fijo, el legislador condicionó el pago de sus salarios y prestaciones sociales por parte del empleador hasta el vencimiento del contrato, o hasta cuando se compruebe la muerte o se declare la muerte presunta si alguno de estos hechos se produce con anterioridad a la fecha de terminación del contrato.

Por tanto, la Sala debe analizar si el trato diferenciado fijado por parte del legislador respecto de los trabajadores víctimas de secuestro, con contrato a término indefinido y a término fijo, respecto de la continuación del pago de salarios y prestaciones legales, representa un déficit de protección para estos últimos, y resulta violatoria de la dignidad humana —C.P., art. 1º—, las finalidades del Estado constitucional de derecho de protección a la vida en condiciones de dignidad de los ciudadanos y por tanto al mínimo vital —C.P., art. 2º—, la protección a la familia —C.P., arts. 5º y 42—; el derecho a la igualdad —C.P., art. 13— al existir un trato discriminatorio y desigual sin justificación constitucional para los trabajadores con contrato a término fijo frente a los trabajadores con contrato a término indefinido; al derecho al trabajo, igualdad de oportunidades y mínimo vital –C.P., arts. 25 y 53—; el derecho a la seguridad social —C.P., art. 48—; el principio de solidaridad —art. 95 num. 2º—, y el artículo 93 que consagra el bloque de constitucionalidad al vulnerar igualmente normas de derecho internacional obligatorias como el Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales; el Pacto de San José de Costa Rica; el Protocolo de San Salvador; el Protocolo II de Ginebra; la Declaración universal de los derechos humanos; y el Convenio sobre la protección del salario.

2.2. A fin de dar respuesta al problema jurídico planteado, la Sala desarrollará el siguiente esquema de resolución: (i) reiterará los fundamentos constitucionales para la protección de los derechos de los secuestrados; (ii) reconstruirá la jurisprudencia de esta Corte en materia de protección de los derechos de los secuestrados; (iii) estudiará la evolución del sistema legal de protección a las víctimas de los delitos contra la libertad individual y sus familias, en el ordenamiento jurídico colombiano, particularmente a partir del análisis del alcance de la Ley 986 de 2005, ahora parcialmente objetada; para (iv) entrar a analizar la constitucionalidad de la norma acusada.

3. Fundamentos constitucionales del deber especial de protección de los derechos fundamentales de las víctimas de secuestro y delitos que atentan contra la libertad individual(1). 

3.1. La jurisprudencia de esta corporación ha puesto de relieve que la protección de los derechos de las personas víctimas de delitos contra la libertad individual como el secuestro, especialmente en lo que se refiere a la continuidad del pago de salarios u honorarios y prestaciones sociales a la víctima y el núcleo familiar dependiente de éste, se fundamenta en los artículos 2º, 12, 42, 95, 5º, 48 y 49, 67 y 69, esto es, en los mandatos superiores de protección a la vida diga, al mínimo vital, a la familia, a la seguridad social, a la salud y a la educación:

(i) El artículo 2º superior, consagra que son fines esenciales del Estado “garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”, así como deber de las autoridades “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. De este mandato se derivan deberes generales de protección de los derechos fundamentales de todas las personas residentes en el país, máxime cuando quiera que éstas hayan sido víctimas de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad como el secuestro, la toma de rehenes o la desaparición forzada de personas.

(ii) El artículo 12 consagra que “Nadie será sometido a desaparición forzada”. el cual constituye otro delito contra la libertad individual, frente al cual la jurisprudencia de esta Corte ha determinado que se hacen extensivas todas las protecciones del ordenamento jurídico frente a las víctimas de estos delitos y sus familias.

En punto a este tema, este tribunal ha sostenido que al Estado “… le asiste el deber de protección de la vida y de la libertad de todas las personas residentes en Colombia y una de las maneras de cumplir ese deber es impidiendo que tales personas sean secuestradas o desaparecidas forzadamente. Además, en caso de cometerse uno de tales delitos, el cumplimiento de ese deber torna imperativo para el Estado la disposición de los mecanismos necesarios para proteger a las familias de las víctimas de tales delitos, mecanismos entre los cuales se ubica el derecho a la continuidad en el pago de los salarios u honorarios devengados por aquellas”(2).

En cuanto a los servidores públicos esta corporación ha puesto de relieve que estos con su trabajo o servicio concurren a la realización de los fines del Estado social de derecho y que por tanto “… cuando uno de ellos afronta un hecho excepcional como un secuestro o una desaparición forzada, surja para el Estado, como empleador, el deber de continuar con el pago de los salarios u honorarios pues el principio constitucional de solidaridad también lo vincula. Es decir, en el caso de los servidores públicos, la institución que se comenta no solo tiene como fuente el genérico deber del Estado de proteger la vida y la libertad de las personas residentes en Colombia, sino también el deber de solidarizarse con sus servidores cuando afrontan uno de esos delitos”(3).

Para el caso de los trabajadores particulares, la jurisprudencia constitucional ha expresado que el deber de continuar con los pagos de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores víctimas de secuestros y demás delitos contra la libertad individual, surge del principio de solidaridad que obliga al empleador a continuar con el pago de los mismos ya que “… no puede perderse de vista que aquellos, con su trabajo, han contribuido al afianzamiento económico de éste y de allí por qué esté llamado a continuar con el pago de los salarios u honorarios cuando alguno de aquellos es víctima de secuestro o de desaparición forzada”(4).

(iii) En este mismo sentido, el artículo 95 C.P., consagra un deber para toda persona de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Este deber constitucional de solidaridad se extiende a todo el sistema jurídico del Estado social y democrático de derecho, y permite demandar de la sociedad ayuda para quienes han padecido una retención arbitraria bajo cualquiera de sus modalidades. De este principio se desprende un deber claro de socorrer a los semejantes, y la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que de él se derivan dos consecuencias correlativas, cuales son: (a) la posibilidad de exigir a toda persona el deber de tomar las medidas necesarias que impidan poner en peligro los derechos de quien se encuentra en situación de riesgo; y (b) que dicha exigibilidad únicamente se activa ante la presencia de una situación de urgencia manifiesta.

A este respecto, ha establecido claramente que “El empleador particular del trabajador secuestrado o desaparecido está obligado a continuar con el pago de sus salarios u honorarios porque el inciso segundo del artículo 95 superior instituye el deber para toda persona de “obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”. Este mandato constitucional permite exigir ante cualquier individuo el ejercicio de acciones positivas a favor de sus semejantes, en ciertas situaciones límite en que de no proveerse esa ayuda, quedarían expuestos a un perjuicio irremediable”(5) (resalta la Sala).

Por tanto, para este tribunal ha sido claro que en los casos de secuestro y desaparición forzada del trabajador, concurren los requisitos que caracterizan y hacen exigible el deber de solidaridad en favor de su núcleo familiar dependiente. De esta manera, ha encontrado que es evidente que la suspensión del pago de salarios, por la ocurrencia del secuestro o la desaparición forzada, “entra en contradicción con el cumplimiento del deber de solidaridad, pues lo que debe esperarse del empleador particular o público, de acuerdo con los postulados superiores enunciados, es la continuación en el suministro de la prestación económica, para que así no se exponga a los familiares del afectado con el delito a la vulneración de derechos fundamentales(6) (énfasis de la Corte).

En efecto, la Corte ha concluido que tanto el deber de protección de la vida y la libertad de todas las personas por parte del Estado, como el principio de solidaridad, constituyen los fundamentos constitucionales del deber u obligación de garantizar el derecho a la continuidad en el pago de los salarios del trabajador secuestrado o desaparecido, como una clara manifestación y concreción del Estado social de derecho. A este respecto ha sostenido que “El reconocimiento de este derecho constituye una clara manifestación del contenido social de la democracia constitucional colombiana y si bien él genera unos costos que hasta hace poco no eran asumidos ni por el Estado ni por la sociedad, ellos deben asumirse, al menos si lo que se quiere es que la faceta social del Estado social de derecho deje de ser una afirmación retórica para asumirse como una realidad en pleno proceso de construcción(7).

De otra parte, esta corporación también ha afirmado que si bien el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios “impone una obligación a cargo del Estado y de los empleadores particulares, nada se opone a que puedan operar instrumentos alternos de garantía que, como el seguro de cumplimiento u otros, puedan diseñarse o concebirse para el efecto. Es decir, la institución se orienta a que se respeten los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de las familias de los secuestrados y desaparecidos mediante la continuidad en el pago de su salario u honorarios, indistintamente de los mecanismos que puedan contemplarse para que tal pago se haga efectivo”(8).

(iv) Igualmente, el artículo 5º C.P. demanda del Estado una protección especial a la familia “como institución básica de la sociedad”, mandato que es plenamente aplicable a la continuación del pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores y sus familias cuando son víctimas de secuestro o delitos asociados a la libertad individual, cuya protección se encuentra actualmente regulada por la Ley 986 de 2005. Lo anterior, puesto que la Constitución no protege solo a la víctima del secuestro, sino a su familia que depende de esta(9).

(v) En lo que respecta al derecho al mínimo vital, derecho innominado en la Constitución, este sirve de manera especial como fundamento para la protección del derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios de los secuestrados y demás víctimas de delitos contra la libertad individual, ya que la protección del mínimo vital constituye el presupuesto necesario para el ejercicio efectivo de otros derechos fundamentales y una vida digna.

En punto a este tema, la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el derecho al mínimo vital constituye un verdadero derecho fundamental puesto que (a) protege la subsistencia mínima de la persona, máxime cuando se trata de víctimas de delitos, en este caso a la libertad individual; y (b) constituye un presupuesto para la garantía y el ejercicio del resto de derechos fundamentales como la vida, la salud, el trabajo y la asistencia o seguridad social, puesto que las personas requieren de un mínimo de elementos materiales para subsistir, buscando garantizar las condiciones económicas necesarias para la dignificación de la persona humana y el libre desarrollo de la personalidad(10).

De esta manera, y en lo relevante para el presente análisis de constitucionalidad, es necesario resaltar que la jurisprudencia de este tribunal ha reconocido la importancia en la continuidad en el pago oportuno del salario del secuestrado y de las víctimas de delitos contra la libertad individual, independientemente del tipo de vínculo laboral que tengan y sin la contraprestación del servicio por parte del empleado, ya que (a) de estos ingresos depende la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su núcleo familiar dependiente de este; (b) se trata de una causal de fuerza mayor o caso fortuito; y (c) con la protección del mínimo vital se evita una revictimización de los secuestrados y demás víctimas de delitos contra la libertad individual puesto que de ella depende la protección de los demás derechos fundamentales de las familias víctimas de estos delitos(11).

La jurisprudencia de esta Corte ha resaltado que la falta de protección del mínimo vital y condiciones mínimas de subsistencia, a través de la continuación del pago de salarios y prestaciones sociales al empleado y sus familias víctimas de secuestro y otros delitos contra la libertad individual conduce a relegar “… al individuo a la marginación social y la discriminación y, con ello, se pone en peligro su propia vida y se le deja ante la antesala de un perjuicio irremediable (Sent. SU-225-98). Esta situación hace que de no equipararse la persona a niveles materiales acordes con la dignidad humana, quede objetivamente imposibilitada para el goce de otros derechos. Prerrogativas tales como el libre desarrollo de la personalidad, el ejercicio de los derechos políticos, la facultad de acudir ante las autoridades para presentar peticiones respetuosas o para obtener la resolución judicial de conflictos, etc., son fórmulas vacías si no se cuenta con las condiciones aludidas”(12).

En consecuencia, esta corporación ha sostenido reiteradamente que la continuidad en el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores víctimas de secuestro y otros delitos contra la libertad individual es objeto de protección constitucional por vía de tutela, con el fin de lograr el pago de los salarios y proteger el mínimo vital de las víctimas y los demás derechos fundamentales cuyo ejercicio dependen del mismo, de lo contrario a la “… grave vulneración de los derechos fundamentales a la libertad, la dignidad humana y la autonomía personal del trabajador, se agregaría la afección del mínimo vital de aquella”(13).

(vi) Tambien los derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud artículos 48 y 49, son fundamentos constitucionales de la continuación en el pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores víctimas de secuestro o de otro delito contra la libertad individual, puesto que “… el pago de las prestaciones sociales y las pensiones a que tuviera derecho quien fue retenido arbitrariamente, resulta necesario para garantizar el real disfrute del derecho al mínimo vital de parte de la familia desamparada”(14).

En cuanto a los derechos a la seguridad social y a la atención en salud, es importante señalar que se trata de derechos constitucionales exigibles en el marco de un Estado social y democrático de derecho, por lo cual surge el deber del Estado de diseñar y ejecutar mecanismos que garanticen su ejercicio efectivo, particularmente cuando se trate de sectores de la población que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta o particular vulnerabilidad. En consecuencia este tribunal ha puesto de relieve que “Justamente esta consideración ha llevado al legislador a adoptar medidas que favorezcan a los familiares de los secuestrados y desaparecidos en materia de seguridad social y atención en salud, pues otra consecuencia que se derivaba de la retención ilegal era la suspensión del pago de los aportes y la consiguiente desafiliación del sistema general de seguridad social en salud, cuya implicación era la imposibilidad, para la familia del retenido, de acceder a los servicios en salud requeridos(15) (resalta la Corte).

A este respecto, la jurisprudencia de este tribunal ha afirmado que “[E]s deber del Estado y la sociedad impedir que las consecuencias que los delitos de secuestro y desaparición forzada tienen respecto a la relación laboral, hagan nugatorio el acceso a la atención en salud de la familia del afectado. Así, de la misma forma en que permanece la obligación por parte del empleador, público o privado, de cancelar el salario del trabajador secuestrado o desaparecido, debe hacerse extensiva dicha protección a los aportes a la seguridad social en salud”(16) (negrillas fuera de texto).

En relación con este tema, es importante reiterar que la Constitución reconoce a la seguridad social un carácter dual, como servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable, de manera que es imperativo que este se proteja con la continuidad en el pago de los salarios u honorarios del trabajador secuestrado o desaparecido. En igual sentido, el derecho a la salud es reconocido por la Carta Política como un servicio público cuyo responsable es el Estado.

La garantía de los derechos a la seguridad social y la salud son parte esencial del Estado social de derecho, especialmente en el caso de la población que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, y “… tal es el caso de los familiares del trabajador secuestrado o desaparecido forzadamente, pues, al verse privados de los ingresos que éste aportaba al núcleo familiar, junto con la afiliación al sistema general de seguridad social en salud que se deriva de su vínculo laboral, no pueden acceder a las condiciones jurídicas y materiales para el goce de los derechos aludidos”(17) (énfasis de la Sala).

Acerca de la protección del derecho a la seguridad social y a la salud, lo mismo que en el caso del mínimo vital, esta corporación ha concluido que “… es deber del Estado y la sociedad impedir que las consecuencias que los delitos de secuestro y desaparición forzada tienen respecto a la relación laboral, hagan nugatorio el acceso a la atención en salud de la familia del afectado. Así, de la misma forma en que permanece la obligación por parte del empleador, público o privado, de cancelar el salario del trabajador secuestrado o desaparecido, debe hacerse extensiva dicha protección a los aportes a la seguridad social en salud”(18) (resalta esta corporación).

(vii) Lo mismo cabe predicar de la protección del derecho fundamental a la educación, —C.P., art. 67-69— de los hijos de quienes han perdido la libertad arbitrariamente, que se deriva igualmente del deber del Estado consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, así como el principio superior de solidaridad de los particulares (C.P., art. 95). Lo anterior, “a fin de que el acceso a dicho servicio público y el ejercicio del derecho no resulten seriamente afectados con el acaecimiento de la retención del padre o la madre del educando. El derecho a la educación ha sido definido desde los primeros pronunciamientos de esta corporación, en la materia, como un derecho revestido por el carácter de fundamentalidad no solo en lo referente a la educación de los niños, frente a los cuales la Constitución Política hace un reconocimiento expreso en el artículo 44, sino también en la formación de los adultos, puesto que la educación es inherente y esencial al ser humano, dignificadora de la persona, además de constituir el medio a través del cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura (C.P., art. 67). Es por esta razón que el Estado y la sociedad tienen el deber de propender por su goce efectivo en el caso de los hijos de quienes han sido víctimas de una conducta como el secuestro, la desaparición forzada o la toma de rehenes”(19).

(viii) Adicionalmente, la jurisprudencia de esta corporación ha destacado que otras medidas de protección para los secuestrados de tipo patrimonial como las que eximen de responsabilidad civil, la interrupción de plazos y términos de vencimiento de obligaciones y la suspensión de los procesos ejecutivos en contra de la víctima del delito, como también la suspensión de términos en materia tributaria, que el legislador ha consagrado en la Ley 986 de 2005, “también pretenden evitar que tales obligaciones recaigan sobre los familiares del retenido y que este último deba soportar las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones, por circunstancias ajenas a su voluntad y que, por tal razón, no pueden serle imputables, ante la ocurrencia de una causal de fuerza mayor o caso fortuito como lo es la privación ilegal de su libertad”(20).

(ix) En síntesis, nuestra Carta Política, consagra múltiples mandatos superiores de los cuales se desprenden deberes y obligaciones específicas imputables al Estado y a los empleadores, así como a la sociedad, frente a las víctimas de delitos lesivos de los bienes jurídicos de la libertad individual y la integridad personales, como el delito de secuestro, tanto de quien resulte ser la víctima de estas conductas, como del núcleo familiar dependiente de estas personas.

3.2. Estos derechos y deberes constitucionales de protección de los derechos fundamentales de las víctimas de secuestros y otros delitos lesivos de la libertad individual, se ven reforzados con las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, a partir de la incorporación en su ordenamiento jurídico, de diversos instrumentos de derecho internacional:

(i) La Declaración universal de los derechos humanos, que en su artículo 3º consagra que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; el artículo 5º que estipula que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; y el artículo 9º que establece que “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

(ii) La Convención americana sobre derechos humanos, que en su artículo 5º consagra el “Derecho a la integridad personal. // 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. // 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. Por su parte, el artículo 7º relativo al derecho a la libertad personal, según el cual, “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. // 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. // 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

(iii) Igualmente, el Protocolo adicional a los convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)(21), y la Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas(22), enderezados a prevenir, suprimir y erradicar conductas atentatorias de los derechos humanos a la libertad, la integridad y la seguridad personales, entre otros, como son los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada.

Al respecto, esta corporación ha indicado que estos parámetros internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, constituyen el parámetro mínimo de protección a partir del cual los Estados deben orientar su legislación a fin de prevenir, proteger y restablecer los derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares.

4. Reconstrucción de los fallos constitucionales en control abstracto y en control concreto en materia de protección a los derechos de los secuestrados, particularmente respecto de la continuidad en el pago de sus salarios(23). 

4.1. En primer lugar, es de resaltar que esta corporación desde sus inicios, al estudiar la constitucionalidad de la ley antisecuestro, se ha referido al gran flagelo del secuestro como un delito restrictivo de la libertad individual(24).

A este respecto ha manifestado:

"El delito de secuestro puede considerarse como uno de los más graves que lesionan a la sociedad, así, en principio, sus víctimas directas sean uno o varios individuos en particular. El Estado de indefensión en que se coloca a la víctima y el efecto de inestabilidad social que genera, sumados a la amplia gama de derechos fundamentales que se ven violados por la comisión de este delito, ameritan que se lo califique, con razón, como un delito atroz y un crimen de lesa humanidad. En efecto, además de poner en peligro el más preciado de los derechos humanos, el derecho a la vida y de atentar contra el derecho a la libertad (arts. 12, 13 y 28) y a la dignidad del hombre, el secuestro vulnera otros muchos derechos fundamentales, como son el derecho a la seguridad (art. 21), el derecho a la familia (arts. 5º y 42), el derecho a la intimidad (arts. 15 y 42), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16), el derecho a la libre circulación (art. 24), el derecho al trabajo (art. 25), el derecho a la participación (art. 40) y toda una gama de derechos conexos con los anteriores.

El medio empleado en el delito de secuestro siempre será desproporcionado, así se alegue como pretexto para cometerlo un fin honesto. Y ello porque la acción directa afecta el bien más esencial del hombre, junto con la vida, que es su libertad. Además, torna en condicional el derecho a la vida, y todos sus derivados jurídicos" (negrillas fuera de texto)(25).

4.2. Desde la Sentencia T-015 de 1995, esta corporación inició una línea jurisprudencial clara y consolidada orientada a garantizar a la familia de las personas secuestradas la continuidad en el pago de los salarios u honorarios que a ésta correspondan, con el fin de proteger el derecho al mínimo vital del núcleo familiar dependiente y todos los demás derechos cuyo ejercicio dependen de su garantía. En esta sentencia, la Corte (i) dio aplicación a la noción de fuerza mayor como causa de la interrupción del servicio del servidor público. (ii) Igualmente se refirió a la naturaleza del delito de secuestro como una conducta pluriofensiva tanto para el secuestrado, como también para su familia dependiente de éste. (iii) Afirmó la necesidad de la corroboración del hecho cierto del secuestro o la desaparición forzada. (iv) Hizo relación a la protección de los derechos a la vida —C.P., art. 2º— y a la subsistencia, del derecho a la familia —C.P., arts. 5º y 42—. (v) Con base en todo lo anterior, la Corte concluyó que resultaba obligatorio, desde el punto de vista constitucional, mantener vigente la relación laboral y exigir la continuidad en el pago de los salarios y las prestaciones sociales, para así morigerar los efectos nefastos del flagelo del secuestro y permitir la subsistencia digna de la familia que quedaba desprotegida.

4.3. En la Sentencia C-400 de 2003, uno de los precedentes más relevantes en este tema, la Corte dejó despejada cualquier discusión respecto del trato igualitario en medidas de protección que merecen las víctimas de los diferentes delitos contra la libertad individual. En esa oportunidad la Corte analizó la constitucionalidad de los parágrafos del artículo 10 de la Ley 589 de 2000 que consagraban algunas diferenciaciones entre particulares y servidores públicos, así como entre los familiares de las víctimas de secuestro y de desaparición forzada(26).

En este pronunciamiento la Corte se refirió a (i) la protección de los trabajadores secuestrados y desaparecidos y sus familias por la jurisprudencia constitucional. (ii) y al régimen al que, en materia de derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios, quedan sometidos los trabajadores secuestrados o desaparecidos.

Frente a estas diferenciaciones consagradas por la norma, este tribunal concluyó que se trataba de tratos discriminatorios violatorios de la igualdad, tanto respecto del tiempo en que se concede la protección de la continuidad en el pago de salarios entre las familias de las víctimas de secuestro y de desaparición forzada; así como respecto del trato diferenciado frente al núcleo familiar dependiente de las víctimas de estos delitos, bien se tratara de servidores públicos o de trabajadores particulares. Frente al trato diferenciado entre servidores públicos y trabajadores particulares concluyó que “… el legislador no puede establecer un tratamiento diferente entre servidores públicos y trabajadores particulares pues, con miras a la delineación de tal institución, el elemento fundamental no es el estatus ni la clase de vínculo laboral sino la condición de privado injustamente de la libertad” (resalta la Sala).

De otra parte, en lo referente al trato diferenciado respecto del tiempo en que se concede la protección de la continuidad en el pago de salarios u honorarios para las familias de las víctimas de desaparición forzada y secuestro, el pronunciamiento de la Corte coligió igualmente que resultaba discriminatorio y violatorio de la igualdad, ya que “… en cuanto no concurre un fin constitucionalmente valioso que justifique ese tratamiento diferente. Por el contrario, existen sólidos argumentos constitucionales que demandan para los trabajadores desaparecidos el mismo tratamiento legal asignado, en esta materia, a los trabajadores secuestrados”. En esta sentencia aclaró que “… el derecho a la continuidad en el pago de los salarios u honorarios de los trabajadores secuestrados se mantiene “hasta tanto se produzca su libertad”. Ese ámbito de protección establecido por el legislador es legítimo, pues protege el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de la familia del trabajador por el mismo lapso al que se extiende el acto del secuestro” (negrillas de este tribunal).

En esta sentencia se declaró exequible el parágrafo primero del artículo 10 de la Ley 589 salvo la expresión “hasta por el término de dos (2) años, si este fuera un servidor público”, y la expresión “servidor público” del parágrafo segundo, por considerar que:

“(...) todo trabajador que se encuentre secuestrado o haya sido desaparecido forzadamente, tiene derecho a la continuidad en el pago del salario u honorarios hasta tanto se produzca su libertad, se compruebe su muerte, se declare su muerte presunta o concurra otra circunstancia que ponga fin y a la obligación correlativa del empleador” (énfasis de la Sala).

La sentencia referida representa un importante avance en la protección de los derechos de quienes son víctimas del conflicto armado por cuanto la Corte consideró que no era constitucionalmente válida la diferencia de trato prevista entre los trabajadores públicos y privados, ni la diferencia en cuanto al término de duración del derecho al pago de salarios según se tratara de un secuestro o de una desaparición forzada.

De esta manera, la Corte reiteró que la finalidad de mantener una relación laboral o contractual es la de continuar pagando la remuneración para que, de esa forma, se asegure la satisfacción de las necesidades básicas de la familia del trabajador secuestrado o desaparecido, razón por la cual, no cabe hacer distinción entre empleado público o trabajador particular. En ambos casos se constituye un delito injusto y por tanto, la protección de los derechos de las familias debe ser conferida sin discriminación alguna.

Se dijo además que, mientras persista la situación de secuestro o desaparecimiento, la afectación de los derechos de las familias subsiste, en consecuencia, no existe razón para mantener la restricción de continuidad del pago hasta por dos años, sino que se mantiene hasta la obtención de la libertad, indistintamente de que se trate de un empleado público o un trabajador particular.

4.4. En la Sentencia T-566 de 2005, fueron consignados los elementos del régimen para entonces vigente, de conformidad con la normatividad aplicable y con la jurisprudencia constitucional, de los beneficios de la continuidad del pago de salarios u honorarios y de las prestaciones sociales, así como del pago de los aportes en seguridad social correspondientes a quien por la ocurrencia del secuestro o de la desaparición forzada, quedó en imposibilidad fáctica de continuar con el cumplimiento de la prestación de sus servicios. La providencia lo hizo en los siguientes términos:

a) Existe el derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios y a garantizar los aportes a la seguridad social en salud de la familia del afectado, a quien actúe como curador del servidor público o trabajador particular secuestrado o desaparecido, hasta tanto se produzca su libertad. b) El Estado o el empleador particular, según el caso, tienen la obligación de continuar pagando los salarios y prestaciones sociales y de garantizar los aportes a la seguridad social en salud de los familiares del afectado, sin perjuicio de que se pueda acudir a mecanismos de garantía del pago, tales como el seguro colectivo de cumplimiento. c) El pago de salarios y la garantía de los aportes a la seguridad social en salud de los familiares del afectado, de servidores públicos y trabajadores particulares que han sido víctima de secuestro o desaparición forzada, debe ser ordenado por la autoridad judicial encargada de conocer o dirigir el proceso por el respectivo delito. Para que proceda el amparo constitucional de los derechos del trabajador secuestrado y su familia, el delito de secuestro o la desaparición forzada debe estar demostrado. La Corte ha considerado que tal exigencia no se encamina sólo a los supuestos de secuestro, sino a demandar un supuesto fáctico delictivo que de manera razonable justifique el correlativo esfuerzo del empleador obligado a asumir costos laborales sin contar con la efectiva prestación del servicio. e) El derecho a la continuidad en el pago de salarios u honorarios de los trabajadores secuestrados o desaparecidos se reconocerá hasta tanto se produzca su libertad, salvo que exista una causa que extinga tal obligación” (negrillas fuera de texto).

4.5. En la Sentencia C-394 de 2007, igualmente de gran relevancia para el presente estudio de constitucionalidad, se estudió una demanda en contra de los artículos 2º y 15, parágrafo 3º, de la Ley 986 de 2005, por considerar que resultaban inconstitucionales por la omisión relativa en que incurrió el legislador al dejar fuera del ámbito de aplicación de dicha ley y, específicamente, al haber excluido del beneficio de la continuidad en el pago de salarios u honorarios a los familiares de servidores públicos cuyo período legal o constitucional se hubiese cumplido, que hayan sido víctimas de los delitos de desaparición forzada y toma de rehenes. A juicio del demandante, era discriminatorio establecer un amplio régimen de protección aplicable exclusivamente a las familias de los secuestrados del país, mientras que los familiares de quienes han sido objeto de las conductas punibles de toma de rehenes y desaparición forzada, a pesar de encontrarse en una situación asimilable al ver retenidos arbitrariamente a sus familiares, quedan por fuera del ámbito de aplicación de la ley y sin posibilidad de reclamar las medidas de protección en esta consagradas.

En este pronunciamiento la Corte destacó que pese a las diferencias que existen entre las tres conductas, existen similitudes que comportan mayor relevancia, en tanto que “se trata de comportamientos igualmente lesivos de derechos fundamentales como la libertad individual, la vida en condiciones dignas, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal, al igual que acarrean una serie de efectos devastadores para el entorno familiar, efectos estos aún más determinantes en aquellos casos en que la familia dependía económicamente de quien fue privado de la libertad injustamente, lo cual no depende del delito que se configure con dicha privación de la libertad individual”.

Por tanto consideró que por las consecuencias jurídicas de las tres conductas lesivas de la libertad individual, las medidas de protección dirigidas a las víctimas y a sus familias deben ser las mismas, sin que una justificación relativa a las diferencias existentes en cuanto a la estructura típica de los comportamientos sea admisible.

En consecuencia encontró que la exclusión de sujetos víctimas de delitos contra la libertad individual no es constitucionalmente admisible, ya que las tres son víctimas al igual que sus núcleos familiares que se ven afectados y desamparados.

De otra parte, concluyó que los desarrollos legislativos en cuanto a protección de las víctimas de delitos contra la libertad individual han sido claramente desiguales, en favor de los secuestrados y sus familias, en desmedro de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y toma de rehenes, los cuales solo fueron tipificados hasta las leyes 589 de 2000 y 599 de 2000. En este sentido, coligió que en la Ley 986 de 2005 se configuraba la omisión legislativa relativa alegada por cuanto encontró un claro trato discriminatorio frente a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus familias, “pues definitivamente no existe una justificación válida desde la perspectiva constitucional, para establecer un régimen que únicamente favorezca a los secuestrados, mientras que, por el contrario, nada diga en relación con estos grupos que demandan igual ámbito de protección”.

De esta manera encontró vulnerados los artículos 2º, 5º, 13, 42 y 95 C.P., al igual que de tratados internacionales que buscan erradicar estos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y que son vinculantes para Colombia e “… impone el deber de implementación de medidas efectivas de carácter legislativo, ejecutivo y judicial en un plazo razonable, relativas a la protección de las víctimas y sus núcleos familiares dependientes”.

En síntesis, sostuvo que “… resulta claro que el legislador incurrió en una inconstitucionalidad por omisión relativa al excluir de las consecuencias jurídicas de la Ley 986 de 2005 a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, que redunda en una ostensible discriminación contra los grupos excluidos del amplio régimen de protección que dicho texto legal establece, por déficit de protección a la luz del ordenamiento constitucional. Se configura entonces una violación del artículo 13 superior, que establece la cláusula general de igualdad, a la vez que se presenta un desconocimiento de mandatos constitucionales que imponen el deber específico de protección frente a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, así como de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vida digna del núcleo familiar dependiente de quien ha sufrido la privación arbitraria de la libertad”.

En consecuencia, se profirió una sentencia integradora, de conformidad con la cual el artículo 2º de la Ley 986 de 2005 fue declarado exequible, “pero sólo bajo el entendido de que los instrumentos de protección consagrados en dicha ley también deben hacerse extensivos a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes. Lo anterior, por cuanto, como ha sido expresado a lo largo de esta sentencia, sólo bajo este condicionamiento la disposición resulta ajustada a la Constitución”.

Adicionalmente, en este fallo la Corte confirió efectos retroactivos a dicha decisión, esto es, “(i) afecta las situaciones de hecho en curso, de manera que se aplica a personas cuya condición de desaparecidas o rehenes se haya configurado con anterioridad al presente fallo; y (ii) dichas personas y sus familiares sólo tendrán derecho a aquellos beneficios contemplados en la Ley 986 de 2005 que se causen a partir de la fecha de adopción de esta sentencia”.

4.6. Esta corporación también ha amparado constitucionalmente los derechos del trabajador secuestrado y su familia, en múltiples pronunciamientos se tutela en los que se ha protegido diferentes derechos de los secuestrados trabajadores particulares o servidores públicos y sus familias, el derecho a la igualdad, el derecho a la solidaridad y a la no exigibilidad del cumplimiento de diferentes deberes y obligaciones financieras durante el término del secuestro y la fase de la readaptación de la víctima de secuestro y sus familias, el derecho a la seguridad social(27).

5. Sistema legal de protección en el ordenamiento jurídico colombiano de los derechos de las víctimas de secuestro y demás delitos contra la libertad individual y sus familias(28). 

Las medidas de protección legal en contra de delitos como el secuestro, la desaparición forzada y la toma de rehenes, los cuales atentan gravemente contra la libertad, la seguridad y la integridad personales, han sido muy precarios, y “Los desarrollos en la materia, … han sido producto, principalmente, de la actividad hermenéutica de esta corporación”(29).

Al hacer un recuento, se encuentra que la legislación en la materia, estuvo plasmada por un largo tiempo, de manera exclusiva, por la Ley 282 de 1996 respecto de las víctimas del delito de secuestro. Para las víctimas de desaparición forzada por la Ley 589 de 2000. Desde la Ley 986 de 2005, que se objeta parcialmente en esta oportunidad, el legislador trató de establecer un cuerpo normativo integral de garantía a los derechos de las víctimas del delito de secuestro y sus familias.

5.1. En cuanto a los antecedentes legales de la Ley 986 de 2005 en materia de protección a las víctimas de los delitos de secuestro, y otros delitos contra la libertad individual, se tiene lo siguiente:

(i) La Ley 282 de 1996 “por la cual se dictan medidas tendientes a erradicar algunos delitos contra la libertad personal, especialmente el secuestro y la extorsión, y se expiden otras disposiciones”(30) y su Decreto Reglamentario 1923 de 1996, consagraron algunos beneficios dirigidos a las víctimas.

Para lo que interesa a este estudio de constitucionalidad, es de resaltar que en esta ley en su capítulo III se consagran medidas de protección a las víctimas, dentro de las cuales se encuentra (i) la garantía de la continuidad en el pago de salarios y prestaciones sociales del secuestrado (art. 22)(31) entre otras; (b) para garantizar dicho pago, fue creado el seguro colectivo, no como sustitutivo de la obligación del empleador, sino como mecanismo de garantía ante el incumplimiento de este último.

En cuanto a este seguro colectivo, es de mencionar, que la Ley 282 de 1996 en su artículo 9º creó el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal —Fondelibertad—, el cual tomaría un seguro colectivo para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas víctimas de secuestro que se haría efectivo cuando el empleador del secuestrado dejara de pagar los emolumentos debidos a su trabajador. En desarrollo de lo dispuesto por la Ley 282 en sus artículos 22 y 23, el Decreto 1923 de 1996 reglamentó el funcionamiento del mencionado seguro, cuyo objetivo era garantizar el pago de sus salarios y prestaciones sociales por parte del patrono o empleador, a la persona que en el momento de ser víctima de secuestro, tuviera vigente una relación contractual laboral o se encontrara vinculado como servidor público del Estado, a partir del día en que se produjera el secuestro y hasta que ocurriera su liberación o se comprobara su muerte, en los términos y requerimientos establecidos en el mencionado decreto. De esta manera, el fondo fue creado como una cuenta especial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin personería jurídica, para apoyar financieramente las políticas gubernamentales para la erradicación de las conductas contra la libertad personal y fue adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, este seguro colectivo nunca se pudo contratar y el ámbito de vigencia del seguro de cumplimiento fue fijado en cinco años(32). Mediante Decreto 4890 de diciembre de 20111 (sic) Fondelibertad se pasó a llamar Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, y mediante Decreto 2758 de diciembre de 2012 se dispuso suprimir dicha dependencia a partir de febrero de 2013. Por otro lado es importante precisar que la Ley 986 de 2005 derogó el artículo 22 de la Ley 282 de 1996 que contemplaba el seguro colectivo que garantizaría los salarios con póliza de seguros.

En punto a este tema, es importante traer a colasión, (sic) que mediante la Sentencia T-1337 de 2001, como hasta ese entonces no se había podido contratar el seguro colectivo en mención, la Corte, para tutelar los derechos invocados en ese caso, le ordenó al Congreso que continuara con el pago de los salarios y prestaciones sociales a un parlamentario secuestrado y exhortó al Ministerio de Defensa, al que fue trasladado el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, a contratar el seguro de cumplimiento.

(ii) Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 589 de 2000 “por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura; y se dictan otras disposiciones”(33).

Mediante esta ley, se reguló la administración de los bienes de las personas víctimas del delito de desaparición forzada y secuestro, y la continuidad en el pago del salario u honorarios del trabajador desaparecido o secuestrado estableciendo la facultad de la autoridad judicial que conoce del proceso del delito, para ordenar la continuidad en la remuneración se reconozca hasta tanto se produzca la liberación del secuestrado.

5.2. Actualmente se encuentra vigente el sistema de protección consagrado en la Ley 986 de 2005, parcialmente cuestionado en esta oportunidad. Esta ley constituye una normativa que de forma integral da respuesta a las necesidades de protección de las víctimas de secuestro, al crear “un sistema de protección dirigido a las víctimas del delito de secuestro, sus familias y aquellas personas dependientes económicamente del secuestrado. Consagra, igualmente, los requisitos y procedimientos para acceder a los instrumentos de protección, señala quiénes son los beneficiarios y cuáles son las autoridades encargadas de su ejecución y control, y establece una serie de sanciones para los funcionarios y las entidades que incumplan sus deberes de protección”(34).

Los destinatarios de esta normativa son entonces las víctimas del secuestro y sus núcleos familiares dependientes, y la propia ley define en su artículo 1º que la calidad de secuestrado se debe determinar en un proceso judicial adelantado por autoridad competente.

En cuanto a la exposición de motivos que dio lugar a esta ley, se expuso que su objetivo era llenar los vacíos existentes en materia de protección a los secuestrados y sus familias y sistematizar estas medidas de forma integral, con el objetivo de morigerar las graves afectaciones de este flagelo.

Esta ley contiene un pleyade (sic) de normas que buscan la protección en favor de los secuestrados, sus familias y las personas dependientes económicamente de ellos, que tienen que ver con (a) eximentes de responsabilidad civil (capítulo I); (b) garantía del mínimo vital de los familiares del secuestrado (capítulo II); medidas en materia de salud y educación (capítulo III); y (c) beneficios en materia tributaria (capítulo IV).

Para lo que interesa al presente estudio de constitucionalidad, es importante mencionar los mecanismos de garantía dirigidos a proteger el mínimo vital de los familiares del secuestrado dependientes de él, entre cuyas medidas se encuentran: (a) La continuidad en el pago de salarios u honorarios, así como de las prestaciones sociales del secuestrado a cargo del empleador, sea este último un particular o una entidad pública, hasta tanto se produzca la liberación del secuestrado, se compruebe su muerte o sea declarada su muerte presunta, consagradas en el artículo 15 de la normativa que es ahora cuestionada, respecto del trato diferenciado frente a los trabajadores con contrato a término fijo.

(b) Medidas relativas al reconocimiento y pago de la pensión reconocida al secuestrado —art. 16—.

(c ) y otras medidas para garantizar la protección en materia de salud y educación, tales como el acceso al sistema de seguridad social en salud, trátese del régimen contributivo o subsidiado; atención psicológica y psiquiátrica; garantía en la continuidad de la educación de los hijos menores de edad o mayores que dependan económicamente de este —art. 19—.

Finalmente, la ley prevé unas sanciones para las entidades o funcionarios que no cumplan con los mandatos de protección consagrados en la ley para la protección de las víctimas de secuestro y sus familias (título III).

Frente a esta ley, es importante destacar, como se expuso cuando se hizo mención a la Sentencia C-394 de 2007 que mediante este pronunciamiento, este tribunal encontró que se configuraba plenamente una omisión legislativa relativa ya que se había excluido de las consecuencias jurídicas de la Ley 986 de 2005, encaminadas a la protección de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la vida digna del núcleo familiar dependiente de las víctimas de otros delitos contra la libertad individual como la desaparición forzada y la toma de rehenes, y por tanto se violaba el artículo 13 superior, haciendo extensivos todos los instrumentos de protección consagrados en esta ley a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada y sus núcleos familiares dependientes.

V. Análisis constitucional de la norma demandada

1. Los actores consideran que el artículo 15 numeral 2º (parcial) de la Ley 986 de 2005 infringe la Constitución Política, porque en su criterio se vulneran los mandatos constitucionales en sus artículos 1º, 2º, 5º, 11, 13, 25, 42, 48 53, 93 y 95 CP, ya que al determinar el legislador que el salario y las prestaciones sociales se le pagarán al trabajador con contrato laboral a término fijo, hasta el vencimiento del contrato, consagra un trato discriminatorio frente a los trabajadores con contrato laboral a término indefinido, con lo cual se concentra en demostrar la vulneración del derecho a la igualdad contenida en el artículo 13 C.P. al afirmar que se consagra un trato discriminatorio, irrazonable y desproporcionado que afecta de contera los derechos fundamentales de los trabajadores con contrato laboral a término fijo víctimas de secuestro, tales como, los derechos a la vida, a la dignidad, al mínimo vital, al trabajo, a la familia, a la seguridad social, y el derecho internacional vinculante para Colombia que hace parte del bloque de constitucionalidad.

2. Las intervenciones presentadas dentro del presente proceso de constitucionalidad se presentan ante la Corte diferentes solicitudes de la siguiente manera:

2.1. En favor de la exequibilidad de la expresión acusada se manifestaron la Universidad Externado de Colombia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Trabajo, y la Policía Nacional, argumentando que (i) no existe un trato violatorio de la igualdad por parte del legislador, sino un tratamiento diferente, dadas las disimilitudes existentes entre los trabajadores con contrato a término indefinido y aquellos con contrato a término fijo, lo cual es constitucionalmente legítimo; (ii) el principio constitucional de solidaridad no puede implicar afectaciones desproporcionadas para los particulares y sustituir las obligaciones del Estado frente a las víctimas del secuestro transfiriendo al empleador la responsabilidad patrimonial frente al empleado secuestrado con contrato a término fijo, de manera que las pretensiones de la demanda desbordan el principio de solidaridad; (iii) estiman por tanto, que la Ley 986 de 2005 y específicamente la norma acusada respecto del pago de salarios y prestaciones sociales a la familia del empleador secuestrado con contrato a término fijo, es válida constitucionalmente por cuanto permite que se garantice el mínimo vital por parte del empleador a la familia del secuestrado, durante el tiempo en que esté vigente la relación laboral; (iv) advierten que el propio legislador en la norma establece procedimientos específicos para que en las circunstancias del secuestro se garantice la equidad entre el trabajador secuestrado y el empleador, lo cual se evidencia en la previsión de la renovación del contrato a término fijo, siempre que el secuestro haya sido producido por el desempeño del cargo, es decir, que exista inescindibilidad entre el secuestro con la actividad que desempeñaba, evento que debe ser valorado por la autoridad competente; (v) Finalmente, reconocen que a los demandantes les asiste razón en cuanto al déficit de protección en que se pueden encontrar las familias de personas secuestradas que son empleados con contratos a término fijo, y que se debe acudir algún otro mecanismo de protección.

2.2. En favor de declarar la inconstitucionalidad de la norma se pronunciaron la Fundación País Libre y la Universidad de Ibagué, argumentando que:

(i) existe violación del derecho a la igualdad puesto que la única diferencia entre un contrato laboral a término fijo y uno a término indefinido, es el tiempo de duración del mismo, puesto que en ambos concurren los tres elementos esenciales establecidos por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

(ii) Recuerdan que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la violación de los derechos prestacionales, a la igualdad y a la dignidad humana, en los casos de limitación de los derechos de las familias y los empleados secuestrados que se encuentran vinculados laboralmente con contratos a término fijo.

(iii) Afirman que igualmente existe violación al mínimo vital de las familias de trabajadores secuestrados con contratos a término fijo, puesto que la suspensión del pago de los salarios con motivo en la terminación del contrato laboral establecido a término fijo, pone en riesgo la subsistencia del núcleo familiar de la víctima y atenta contra los principios mínimos fundamentales establecidos en el artículo 53 C.P., de conformidad con la jurisprudencia de esta Corte.

(iv) Argumentan que se viola el derecho a la seguridad social, que es primordial para las personas en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, como las familias víctimas del secuestro o la desaparición, en razón a que con la terminación del contrato laboral, finaliza la cancelación del pago de prestaciones sociales al empleado y a su núcleo familiar, lo cual implica una situación de riesgo a su bienestar y la violación del artículo 48 C.P.

(v) Igualmente, consideran violado el derecho a la solidaridad social que constituye uno de los principios fundamentales del Estado social de derecho, el cual constituye un deber y una obligación según lo establece el artículo 95 C.P.

(vi) Identifican las múltiples vulneraciones a las que se ven sometidas las familias de las víctimas de secuestro, desaparición forzada, o toma de rehenes, y el déficit de protección que acarrea el no pago de salarios para su subsistencia y sus derechos fundamentales.

(vii) Concluyen por tanto que la norma acusada al limitar el pago de salarios y honorarios y prestaciones sociales del secuestrado con un contrato a término fijo hasta cuando él mismo se termine, afecta con esto la dignidad humana, el derecho a la igualdad, al mínimo vital, a la seguridad social, de la familia del trabajador, y del mismo secuestrado, y se quebrantaría el principio de solidaridad, lo cual es contrario a la misma finalidad de la Ley 986 de 2005 que persigue establecer un sistema de protección a las víctimas del secuestro.

2.3. Por la exequibilidad condicionada de la norma conceptuaron la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

La Defensoría del Pueblo, considera que la Corte debe declarar la exequibilidad condicionada de la norma acusada, por cuanto considera que si bien no se trata de dos supuestos idénticos, tampoco resultan totalmente diferentes, ya que comparten los argumentos de la demanda en cuanto a que (a) ambos tienen contratos de trabajo con los mismos elementos esenciales; y (b) se trata de asegurar la misma finalidad, esto es, la protección de los familiares víctimas reconocida en la Ley 986 de 2005, con lo cual se ven afectados los mismos bienes constitucionales, de manera que debería darse un trato igualitario; (ii) no obstante, advierte que una inexequibilidad simple que ordene la protección del mínimo vital del núcleo familiar de la víctima por parte del empleador, impondría cargas desproporcionadas al particular que desbordaría el principio de solidaridad, en los casos de relaciones laborales a término fijo, y que es ante todo al Estado al que le corresponde la protección especial de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, en este caso, respecto del pago de salarios y prestaciones sociales de trabajares secuestrados con contrato a término fijo; y (iii) de conformidad con lo anterior, la Defensoría concluye que tal y como lo dispone la normativa demandada, el empleador debería hacerse cargo del pago de la seguridad social por todo concepto durante el plazo de terminación del contrato y, una vez llegado al mismo, el deber específico de protección debería trasladarse a manos del Estado, quien a través de otros instrumentos de protección —como el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal— cuenta con la posibilidad de darle continuidad a dicho pago por el tiempo que sea necesario.

2.4. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, solicita a la Corte declarar la exequibilidad condicionada de los apartes demandados “bajo el entendido de que la finalización del plazo contractual no es razón suficiente para hacer cesar el pago de las prestaciones laborales a los empleados vinculados a término fijo en aquellos casos en que el secuestro resulte ser concreción de un riesgo previsible de la actividad contratada”.

Lo anterior, en razón a que considera que (i) la solidaridad constituye no solo un principio, sino un deber constitucional, y el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración para imponer las cargas que considere que corresponden a este deber, y la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que la solidaridad social puede implicar ceder los recursos propios para el cubrimiento de las necesidades básicas de un tercero, de conformidad con la ley; (ii) encuentra que aun cuando la seguridad es un deber Estatal y el secuestro es un flagelo del cual el Estado es indirectamente responsable en tanto garante de la seguridad de los ciudadanos, concluye que no por ello resulta inconstitucional que la propiedad privada, que tiene una función social, pueda ser cargada para ayudar a mitigar los efectos nocivos de dicho flagelo; (iii) no obstante lo anterior, argumenta que una extensión de la obligación prevista por el legislador resultaría en un desbordamiento de la jurisdicción constitucional con la consiguiente intromisión en la legítima discrecionalidad propia del poder legislativo, lo que además supondría una afectación del principio democrático; y (iii) resalta que existe una diferencia frente a las obligaciones del empleador frente al empleado víctima de secuestro cuando estas se fundan en el deber de solidaridad, y cuando existe una relación directa, intrínseca e inescindible entre el secuestro y la labor desempeñada, circunstancia ésta última en la que la forma de vinculación laboral a término indefinido o contrato a término fijo resulta ser un criterio de distinción insuficiente para los derechos laborales, ya que esto no modifica el riesgo inherente que supone la labor contratada, de manera que el empleador no se puede eximir del deber de responder en la misma forma en que lo haría si mediara un contrato a término indefinido.

3. La constitucionalidad de la expresión de la norma demandada.

3.1. Alcance normativo de la expresión demandada.

El artículo 15 de la Ley 986 de 2005 “Por medio de la cual se adoptan medidas de protección a las víctimas del secuestro y sus familias, y se dictan otras disposiciones”, en su primero, consagra de manera general la obligación del empleador de continuar con el pago de salarios y prestaciones sociales a los empleados, a los servidores públicos que devenguen honorarios, determina el medio y la forma en que ello deberá hacerse, y la fecha de inicio del pago correspondiente, así como la fecha de terminación del mismo, de conformidad con las condiciones que se establecen en los numerales 1º al 4º de la misma norma.

En consecuencia, el inciso primero (i) determina la obligación del empleador de continuar pagando el salario y las prestaciones sociales a que tenga derecho el empleado víctima de secuestro al momento de la ocurrencia del mismo. (ii) Establece que esta misma obligación, sin diferenciación alguna, debe cumplirse frente a los servidores públicos que no devenguen salarios sino honorarios. (iii) Dispone que estos pagos de salarios y prestaciones deben realizarse al curador provisional o definitivo de bienes, para lo cual remite al artículo 26 de la misma normativa. (iv) Fija que el pago se efectuará desde el día en que el trabajador, sea este particular o servidor público, haya sido privado de la libertad. (v) Y consagra que el pago se deberá realizar hasta cuando se produzca una de las condiciones establecidas en los numerales 1º al 4º de la misma norma.

El numeral 1º se refiere al caso del trabajador con contrato laboral a término indefinido, estableciendo que este recibirá el pago hasta cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: (i) hasta cuando se produzca su libertad, (ii) hasta que se compruebe su muerte, o (iii) hasta que se declare la muerte presunta.

Por su parte, el numeral 2º parcialmente demandado, se refiere al caso del trabajador con contrato laboral a término fijo, determinando que en este caso, el pago deberá realizarse (i) hasta el vencimiento del contrato; (ii) hasta cuando se produzca la libertad; (iii) hasta cuando se produzca la muerte; o (iv) hasta cuando se declare la muerte presunta; aclarando que si alguno de estos últimos tres hechos ocurren antes del vencimiento del contrato, el pago deberá realizarse hasta dicho momento.

Esta norma es la que se objeta por inconstitucional en esta oportunidad, por cuanto el legislador consagra un trato diferenciado frente al trabajador con contrato a término indefinido, en cuanto establece que el pago deberá realizarlo el empleador igualmente en el caso del trabajador con contrato laboral a término fijo, determinando como plazo máximo el vencimiento del contrato a término fijo, o antes, cuando se produzca su libertad o se compruebe o se declare la muerte presunta. De esta manera, el inciso segundo establece un tratamiento diferencial entre el trabajador con contrato laboral a término indefinido y el trabajador con contrato laboral a término fijo, ya que respecto de este último, si bien establece igualmente las causales mencionadas en el numeral 1º del inciso 1º relativas a la libertad o muerte de la víctima de secuestro y otros delitos contra la libertad individual y personal, establece como primera causal de terminación de la obligación del pago por parte del empleado y término máximo para dicho pago, el vencimiento del contrato laboral a término fijo.

El numeral 3º se refiere al caso del servidor público, y establece que el pago se realizará hasta cuando se produzcan alguno de los siguientes eventos (i) cuando se produzca su libertad; (ii) se compruebe su muerte; (iii) se declare la muerte presunta; o (iv) se dé el cumplimiento del periodo constitucional o legal del cargo.

Por su parte, el numeral 4º consagra como condición para la suspensión del pago el cumplimiento de la edad y los requisitos para obtener la pensión, caso en el cual corresponde al curador iniciar los trámites para solicitar su pago. Y establece el monto máximo de reconocimiento de pago de salario u honorarios y las excepciones. En este mismo numeral el legislador consagra las obligaciones del empleador respecto del pago de las prestaciones sociales del secuestrado, lo cual se rige por las mismas reglas de pago señaladas en los numerales 1º al 4º, así como también por los aportes al sistema de seguridad social integral.

En cuanto a los parágrafos, el primero de ellos, se refiere a la estabilidad laboral que se le debe garantizar al secuestrado con contrato laboral vigente o a los servidores públicos que recobren su libertad, periodo que debe ser equivalente al del secuestro, pero cuyo máximo establece la disposición que será de un año contado a partir del momento en que se produzca la libertad. En el caso de los servidores públicos, la norma establece que se tendrá en cuenta si ha cumplido la edad de retiro forzoso o el periodo constitucional o legal del cargo. Igualmente, establece que se exceptúan de este beneficio a las demás personas que cumplan con la edad y requisitos para obtener pensión. Precisa la norma que este beneficio de estabilidad laboral reforzada mínimo por un año, no obsta para que se pueda dar aplicación a las causales legales de terminación legal del vínculo laboral por justa causa o la remoción del cargo por aplicación del régimen disciplinario, fiscal, penal, según sea el caso.

El parágrafo 2º regula la administración y destinación que deberá llevar a cabo el curador provisional o definitivo de bienes, los cuales deberán ser destinados en forma prioritaria a atender las necesidades de las personas dependientes económicamente del secuestrado.

El parágrafo 3º se refiere al numeral 2º de este mismo artículo, ahora acusado, y establece que en el caso de los servidores públicos, y en caso del cumplimiento del periodo constitucional o legal del cargo, el fiscal o juez competente, podrán determinar la continuidad en el pago de los salarios u honorarios más allá del vencimiento del contrato o del periodo correspondiente, y hasta tanto se produzca la libertad, o se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta del secuestrado, si al ponderar los elementos de juicio a su alcance, infiere que entre el desempeño del trabajador como servidor público o particular y las causas del secuestro existe un vínculo inescindible.

Finalmente, el parágrafo 4º regula el caso de los miembros de la fuerza pública secuestrados, y determina (i) que estos mantendrán su sueldo básico asignado y un promedio de los haberes devengados durante los últimos tres (3) meses; (ii) que el tiempo que duren privados de su libertad será contabilizado como tiempo de servicios; (iii) que los miembros de la fuerza pública secuestrados serán ascendidos cuando cumplan el tiempo reglamentario; y (iv) que al cónyuge y los hijos de los miembros de la fuerza pública secuestrados se les reconocerán los derechos adquiridos en materia de salud, educación y servicios sociales.

3.2. La exequibilidad pura y simple de la expresión demandada del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 986 de 2005.

En esta oportunidad la Corte la Corte encuentra que la norma demandada es exequible de manera pura y simple, con fundamento en las siguientes razones:

3.2.1. Como se vio en el acápite 3 de la parte considerativa de esta sentencia, esta corporación ha establecido que la continuidad en el pago de los salarios y las prestaciones sociales a las familias de las víctimas de secuestro y otros delitos contra la libertad individual, hasta tanto se produzca su libertad o acaezca su muerte real o presuntiva, tiene como fundamento constitucional los artículos 1º, 2º, 12, 13, 42, 95, 5º, 48 y 49, 67 y 69 C.P., esto es, se funda en los mandatos superiores de dignidad humana, protección por parte del Estado a la vida, honra y bienes de las personas, a la vida digna, a la igualdad, al mínimo vital, a la familia, a la seguridad social, a la salud y a la educación, que constituyen principios y derechos fundantes del Estado social de derecho.

Igualmente, este derecho a la continuidad en el pago de los salarios y prestaciones sociales a las víctimas de secuestros y otros delitos lesivos de la libertad individual encuentra su fundamento en obligaciones internacionales adquiridas por el Estado colombiano, a partir de la incorporación en su ordenamiento jurídico, de diversos instrumentos de derecho internacional, tales como la Declaración universal de los derechos humanos, la Convención americana sobre derechos humanos, y el Protocolo adicional a los convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)(35), enderezados a prevenir, suprimir y erradicar conductas atentatorias de los derechos humanos a la libertad, la integridad y la seguridad personales, los cuales constituyen el parámetro mínimo de protección a partir del cual los Estados deben orientar su legislación a fin de prevenir, proteger y restablecer los derechos fundamentales de las víctimas y sus familiares.

3.2.2. En el mismo sentido, como se expuso en el apartado 4 de la parte motiva de esta providencia, la jurisprudencia de esta Corte se ha encargado de restablecer la igualdad en las condiciones respecto del pago de salarios y prestaciones sociales entre servidores públicos y trabajadores particulares, así como de excluir del ordenamiento jurídico el límite temporal de dos años para el pago continuo de los salarios del secuestrado o desaparecido que se consagraba solo a favor de los servidores públicos, con lo que la protección brindada a los beneficiarios de las víctimas de dichos delitos se extiende hasta el momento de la liberación o de la muerte real o presuntiva y cobija tanto a los trabajadores privados como a los servidores públicos(36).

Así las cosas, esta corporación se ha encargado de extender todos los beneficios concedidos a las víctimas de secuestro y sus familias, incluyendo la continuidad en el pago de los salarios y prestaciones sociales de las víctimas de secuestro, haciéndolos extensivos también a los beneficiarios de otros delitos contra la libertad individual como la toma de rehenes y la desaparición forzada, por encontrar claramente la configuración de una omisión legislativa relativa a este respecto por parte del legislador(37).

A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara y reiterativa al afirmar que “en materia de mecanismos de protección para las víctimas de los delitos de secuestro y desaparición forzada ha estado dirigida en un mismo sentido: no resultan constitucionalmente admisibles las diferenciaciones entre las víctimas de uno y otro delito para efectos de acceder a los beneficios y medidas de protección consagrados en el ordenamiento jurídico interno, particularmente aquella atinente a la continuidad en el pago de salarios u honorarios”(38) (énfasis de la Corte).

Igualmente, como quedó expuesto, la jurisprudencia de esta Corte en innumerables casos de tutela ha protegido la continuidad en el pago de salarios y prestaciones sociales a las familias de víctimas de secuestro y otros delitos de la libertad individual.

3.2.3. No obstante lo anterior, en este caso, la Corte encuentra que la norma acusada resulta constitucional por ser razonable y proporcionada desde el punto de vista constitucional, al plantear un trato diferenciado justificado entre los trabajadores particulares que cuentan con un vínculo laboral a través de un contrato a término indefinido, y los que cuentan con un contrato a término fijo hasta el vencimiento del mismo, ya que en ambos casos se protege los derechos de las familias secuestradas, a través de la continuidad en el pago de sus salarios y prestaciones sociales hasta que queden en libertad o se demuestre su muerte real o presunta, o en el caso de los trabajadores con contrato a término fijo, hasta la terminación del contrato a término fijo.

(i) En esta norma, la Sala evidencia que no se presenta el déficit de protección alegado para los trabajadores con vínculo laboral con contrato a término fijo, ya que esta medida adoptada por el legislador resulta razonable y proporcionada, ya que se trata de situaciones disímiles, que el legislador decidió regular de manera diferente, y puesto que en todo caso se garantiza el pago de los salarios y prestaciones sociales, hasta el vencimiento del contrato a término fijo del trabajador, o hasta que se recobre la libertad o se declara la muerte real o presunta de la víctima.

(ii) Por tanto, la Corte no deja de reiterar su jurisprudencia en el sentido de reconocer como constitucionalmente válido el derecho a la continuidad en el pago de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores particulares, con contrato a término fijo, hasta que se venza el término del contrato, o se produzca o bien la libertad del secuestrado, o bien se demuestre su muerte real o presunta, lo cual se hace extensivo por mandato de esta misma corporación a las víctimas de desaparición forzada o toma de rehenes. En consecuencia, es claro para la Sala que en el caso de los trabajadores secuestrados con contrato a término fijo, el derecho a la continuidad en el pago de salarios y prestaciones sociales se reconocerá hasta que se produzca alguna de las circunstancias resolutorias de tal obligación expresamente mencionada por el mismo inciso 2º del artículo 15 demandado.

(iii) Para la Sala estas diferenciaciones realizadas por el legislador tienen sustento tanto en el derecho laboral respecto del tipo de contrato suscrito por el trabajador, como en los límites al principio de solidaridad para los particulares relativo a las cargas soportables frente a los derechos de las víctimas y el flagelo del secuestro y otros delitos contra la libertad individual, y teniendo en cuenta las grandes diferencias que pueden llegar a presentarse dependiendo del tipo de empleador de que se trate, lo cual hace que no todos se encuentren en la posibilidad de responder por la continuidad en el pago de salarios y prestaciones sociales una vez vencido el término del contrato a término fijo.

(iv) De otra parte, la Sala encuentra que en el parágrafo 3º del mismo artículo acusado, el propio legislador ya dirimió la discusión planteada por los demandantes respecto de la continuidad en el pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores con contratos a término fijo que se establece en el inciso 2º del artículo 15 objetado, ya que en el parágrafo mencionado el legislador tuvo en cuenta, además de la situación del empleado con contrato a término fijo, la inescindibilidad del secuestro con la actividad que desempeñaba el trabajador, evento que tendrá que valorar y ponderar la autoridad competente (fiscal o juez), con el fin de poder ordenar la continuidad en el pago de los salarios y prestaciones sociales.

En este orden de ideas, este tribunal pone de relieve que en este asunto el propio legislador en el parágrafo 3º del artículo 15 de la ley acusada, avizoró una solución a esta problemática y previó la posibilidad, de conformidad con la valoración del caso en concreto, de ordenar la continuación del pago de los salarios y prestaciones sociales en el caso de los trabajadores con contratos a término fijo, previsto por el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 986 de 2005, a partir de la ponderación de todos los elementos de juicio a su alcance, hasta tanto se venza el término legal del contrato, se produzca la libertad, se compruebe la muerte, o se declare la muerte presunta del secuestrado o desaparecido, si infiere que entre el desempeño del trabajador como servidor público o particular y las causas del secuestro o la desaparición existe un vínculo inescindible. En todo caso, debe reiterar la Sala que la facultad que la ley confiere a la autoridad que investiga el secuestro o la desaparición forzada, no constituye un derecho de reconocimiento automático sino una decisión fundamentada en la realidad procesal que debe ser debidamente valorada y comprobada y que por tanto no puede ser arbitraria.

(v) Adicionalmente, la Corte debe hacer énfasis en que la responsabilidad original, primaria y principal frente a la protección de las víctimas de secuestro y otros delitos contra la libertad individual recae fundamental sobre el Estado constitucional y democrático de derecho, de conformidad con los artículos 1º, 2º y 95 C.P. A este respecto, es de resaltar que si bien el Estado ha hecho intentos a este respecto, a través del seguro colectivo que se encontraba consagrado en la Ley 282 de 1996, que en su artículo 9º creó el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal —Fondelibertad—, y en el artículo 22 contemplaba que se tomaría un seguro colectivo para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas víctimas de secuestro, el cual se haría efectivo cuando el empleador del secuestrado dejara de pagar los emolumentos debidos a su trabajador. Sin embargo, advierte también este tribunal que ese seguro colectivo nunca se pudo contratar y el ámbito de vigencia del seguro de cumplimiento fue fijado en cinco años(39).

Por tanto, esta corporación encuentra necesario exhortar al Congreso y al ejecutivo en cabeza del Ministerio de Defensa, para que regulen y pongan en ejecución un seguro colectivo que cubra las eventualidades referidas en cuanto a la continuidad del pago de salarios y prestaciones sociales de secuestrados y otras víctimas de delitos contra la libertad individual y sus familias en los casos contemplados en el inciso 2º del artículo 15 demandado.

(vi) Finalmente, la Corte debe concluir, con base en el pronunciamiento adoptado mediante la Sentencia C-394 de 2007 que todas las garantías concedidas a las víctimas de secuestro y sus familias, en este caso la continuidad en el pago de los salarios y prestaciones sociales a los trabajadores con contrato a término fijo son extensivas a las víctimas de desaparición forzada y toma de rehenes.

4. Conclusiones.

La Corte encuentra que la expresión demandada no resulta violatoria de los artículos 1º, 2º, 5º, 13, 25, 42 y 95 C.P., y de tratados internacionales vinculatorios para el país, por cuanto evidencia que el aparte de la disposición demandada configura un tratamiento del legislador que resulta justificado, razonable y proporcionado desde el punto de vista constitucional. De esa manera se declarará exequible la expresión “… hasta el vencimiento del contrato, o” que constituye precisamente el enunciado normativo respecto del cual los demandantes presentan sus objeciones constitucionales.

De este modo, todo trabajador con contrato a término fijo que a esta fecha se encuentre secuestrado o haya sido desaparecido forzadamente, o sea víctima de toma de rehenes, tiene derecho a la continuidad en el pago de su salario y prestaciones sociales hasta tanto se venza el término del contrato a término fijo, se produzca su libertad, o se produzca su muerte real o presuntiva, con lo cual se ponga fin a ese derecho y a la obligación correlativa del empleador particular.

La Corte resalta que no obstante lo anterior, el legislador previó para los casos previstos en el inciso 2º del artículo 15 ahora acusado, la posibilidad de que la autoridad competente decida la continuidad en el pago de los pagos y prestaciones sociales cuando se demuestre una relación inescindible entre el trabajo desempeñado y el delito de secuestro. Igualmente, esta Sala hace hincapié en que la obligación primordial y principal de protección de las víctimas contra la libertad individual recae en cabeza del Estado constitucional y democrático de derecho, por lo cual exhorta al Congreso y al ejecutivo en cabeza del Ministerio de Defensa para que regulen en esta materia la creación de mecanismos de garantía del pago y las prestaciones sociales de los trabajadores particulares con contrato a término definido, tal como el seguro colectivo de cumplimiento u otros mecanismos.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “… hasta el vencimiento del contrato o” contenida en el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 986 de 2005, por los cargos analizados en la presente sentencia.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

(1) Consultar especialmente las sentencias Ver sentencias C-400 de 2003 y C-394 de 2007.

(2) Sentencia C-400 de 2003.

(3) Ibídem.

(4) Ibídem.

(5) Sentencia C-400 de 2003.

(6) Ibídem.

(7) Ibídem.

(8) Ibídem.

(9) Sentencia C-394 de 2007.

(10) Ver sentencias T-015 de 1995 y C-400 de 2003.

(11) Consultar la Sentencia C-394 de 2007.

(12) Sentencia C-400 de 2003.

(13) Ibídem.

(14) Sentencia C-394 de 2007.

(15) Ibídem.

(16) Sentencia C-400 de 2003.

(17) Sentencia C-400 de 2003.

(18) Ibídem.

(19) Sentencia C-394 de 2007.

(20) Ibídem.

(21) Aprobado mediante Ley 171 de 1994 y estudiada su constitucionalidad por Sentencia C-225 de 1995.

(22) Aprobada por la Ley 707 de 2001 y revisada su constitucionalidad en Sentencia C-580 de 2002.

(23) Sentencia C-394 de 2007.

(24) Al respecto consultar las sentencias C-542 y C-565 de 1993, y C-069, C-213 y C-273 de 1994.

(25) Sentencia T-015 de 1995.

(26) Esta norma estipulaba, en su texto original, que quien actuara como curador de la víctima de desaparición forzada o secuestro podría continuar percibiendo los salarios u honorarios a que esta tuviera derecho, siempre y cuando se tratara de un servidor público. Adicionalmente, consagraban un trato diferente entre los familiares de las víctimas de secuestro y aquellos de las víctimas de desaparición forzada, ya que, mientras que a los primeros se les confería el beneficio hasta tanto el secuestrado recuperara su libertad, a los segundos únicamente se les otorgaba hasta por el término de dos años.

(27) Ver Sentencias T-158 de 1996, T-292 de 1998, T-637 de 1999, T-1699 de 2000, T-1634 de 2000, T-1337 de 2001, T-358 de 2002, T-105 de 2001, T-520 de 2003 y T-093 de 2003, Sentencia T-1135 de 2003, Sentencia T-212 de 2005, T-676 de 2005, T-778 de 2008.

(28) Consultar la detallada descripción de esta normativa en la Sentencia C-394 de 2007.

(29) Ibídem.

(30) Esta ley fue modificada por la Ley 986 de 2005, parcialmente impugnada en esta oportunidad.

(31) El Decreto 1923 de 1996, reglamentó el funcionamiento del seguro colectivo para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales de las personas víctimas de secuestro.

(32) Sentencia C-400 de 2003.

(33) Esta ley fue modificada por la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

(34) Sentencia C-394 de 2007.

(35) Aprobado mediante Ley 171 de 1994 y estudiada su constitucionalidad por Sentencia C-225 de 1995.

(36) Ver Sentencia C-400 de 2003.

(37) Ver Sentencia C-394 de 2005.

(38) Sentencia C-400 de 2003.

(39) Sentencia C-400 de 2003.