Sentencia C-616 de septiembre 28 de 2015

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-9385

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo

Actor: Hércules Cianci Sánchez

Demanda de inconstitucionalidad contra el literal f) del artículo 25 y contra el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968

Bogotá, D.C., veintiocho de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «1. Normas demandadas.

El ciudadano Hércules Cianci Sánchez, demandó por inconstitucionales los artículos 25, literal f), y 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968.

“DECRETO 2400 DE 1968

(Septiembre 19)

‘Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones’.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967,

DECRETA:

(...)

TÍTULO II

De las condiciones para el ejercicio del empleo

(...)

CAPÍTULO VI

Del retiro

ART. 25.—La cesación definitiva de funciones se produce en los siguientes casos:

(...)

f. Por edad.

(...)

ART. 31.—Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) años será retirado del servicio y no será reintegrado. Los empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por razón de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, de acuerdo a lo que sobre el particular establezca el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos. Exceptúanse de esta disposición los empleos señalados por el inciso 2º del artículo 29 de este decreto(1).

[...]”.

(...).

II. Fundamentos

1. Competencia.

Se demandan disposiciones de un decreto con fuerza de ley expedido en ejercicio de facultades legislativas extraordinarias conferidas al Presidente, en vigencia de la Constitución anterior a 1991(18), por su incompatibilidad material con normas constitucionales vigentes. La Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de esas disposiciones, con fundamento en los numerales 4º y 5º del artículo 241 de la Constitución Política(19).

2. Existencia de cosa juzgada constitucional.

Dado que varios intervinientes y el Ministerio Público solicitan que se declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-351 de 1995, es menester analizar, en primer lugar, si se configura o no el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en el contexto de la demanda sub examine.

2.1. La Sentencia C-351 de 1995.

En la Sentencia C-351 de 1995 este tribunal declaró exequible el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, cuyo primer inciso es objeto de la presente demanda, luego de estudiar cargos relacionados con la posible vulneración de los artículos 13 y 25 de la Constitución. Antes de dar cuenta del análisis específico de estos cargos, es menester dar cuenta de las precisiones que hace este tribunal en torno de su competencia y del alcance de la norma demandada, como se hace enseguida.

2.1.1. Respecto de la competencia de este tribunal, la sentencia hace dos consideraciones relevantes: (i) esta se funda en el artículo 241.5 de la Constitución y (ii) no se configura el fenómeno de la inconstitucionalidad sobreviniente, pues

“El artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 no ha perdido vigencia con la expedición de la Carta Política de 1991, porque, como se ha establecido, no la contradice. En efecto, la única tacha de inconstitucionalidad que podría impugnársele, en gracia de discusión, es que discrimina a los mayores de determinada edad, impidiéndoles su realización laboral. Pero el legislador como ya se expresó, es autónomo para fijar el tope de edad, porque la Constitución misma prevé estas situaciones, cuando confiere al legislador la potestad de señalar la edad, sin darle ninguna pauta específica. Luego no puede ser inconstitucional una especificación que goza de amparo constitucional”.

2.1.2. Respecto del alcance de la norma demandada, la sentencia advierte que en el momento de su expedición solo comprende “a los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público sin dirigirse a ningún otro sector o rama, ahora, bajo la nueva regulación constitucional y legal se presentan otras consideraciones que le dan un alcance diferente”. En efecto, el artículo 1º del Decreto 2400 de 1968, dictado en ejercicio de las facultades otorgadas al Presidente de la República por la Ley 65 de 1967, prevé que este “regula la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público”. No obstante, a partir del artículo 2º de la Ley 27 de 1992, esta norma se extendió también a otros ámbitos. En este contexto, la sentencia precisa que:

“Teniendo, pues, en consideración que el alcance de la norma demandada no se extiende a la rama judicial, la Corte no considera del caso entrar a ocuparse en esta sentencia del tema de la edad de retiro forzoso en lo que a ella respecta. Empero, como el demandante hace alusión al artículo 233 de la Carta Política, al señalarlo como una excepción de rango constitucional a lo que él considera debe ser la regla general, bajo el concepto de igualdad, la Sala estima pertinente precisar al respecto que teniendo en cuenta que la Constitución de 1991 creó nuevos organismos y autoridades judiciales, y estableció para ellos períodos fijos, poniendo así término al anterior sistema vitalicio, se hace necesaria la expedición de una nueva ley que fije la edad de retiro forzoso para los casos contemplados en ese artículo, tomando en consideración los cambios introducidos en la Constitución Política de 1991”.

2.2. Análisis del cargo de que el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 viola el artículo 13 de la Constitución, en la Sentencia C-351 de 1995.

2.2.1. El análisis de este cargo comienza por advertir que es la propia Constitución, en su artículo 233, la que fija de manera explícita para los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, que su permanencia en el ejercicio de su cargo se prolongará hasta que lleguen a la edad de retiro forzoso. A partir de este fundamento, este tribunal señaló que la edad es una causal constitucional para el retiro del servicio, conforme a lo previsto en el artículo 125 ibídem, según el cual este fenómeno puede ocurrir por la calificación de desempeño no satisfactoria, por violación del régimen disciplinario “y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley”. Sobre esta base, la sentencia señala que la determinación de la edad de retiro forzoso, si el constituyente no la fijado, corresponde al legislador, al concluir que: “La Carta Política establece el criterio del factor edad como causal de retiro forzoso; las necesidades de la vida social exigen que se determine cuál es esa edad, luego es al legislador a quien corresponde hacerlo de acuerdo con su naturaleza ordenadora”.

2.2.2. A partir del anterior razonamiento, la sentencia precisa, a modo de regla, que la edad de retiro forzoso puede aplicarse, además de a los magistrados de altas cortes, a todos los servidores públicos, conforme lo prevea la ley, y, a modo de excepción, que esto no se aplica a los servidores públicos “de elección popular, para los cuales se establezca un período fijo, como es el caso del presidente y del vicepresidente de la República, de los miembros de cuerpos colegiados, de los gobernadores o de los alcaldes”, para los cuales “la Constitución no prevé edad de retiro forzoso”. Esta excepción se funda, en el análisis de la sentencia, en que:

“[...] no cabría determinar una edad de retiro forzoso para aquellos ciudadanos que por voluntad popular, expresada en las urnas, acto por excelencia a través del cual se expresa la soberanía del pueblo, sean elegidos para un período fijo, ya que mediante ese hecho el pueblo directamente está manifestando su deseo de que esa persona —el elegido— y no otra, ocupe el cargo correspondiente y lo desempeñe durante todo el período previamente señalado en la Carta Política”.

2.2.3. Sobre esta base, al analizar el cargo relativo a la posible vulneración del artículo 13 de la Constitución, la sentencia advierte que no hay discriminación, “porque se trata de una figura constitucional, y porque, además, deben brindarse oportunidades laborales a otras personas, que tienen derecho a relevar a quienes ya han cumplido una etapa en la vida”. Así, pues, afirma que:

Los cargos públicos no pueden ser desarrollados a perpetuidad, ya que la teoría de la institucionalización del poder público distingue la función del funcionario, de suerte que este no encarna la función, sino que la ejerce temporalmente. La función pública es de interés general, y en virtud de ello, la sociedad tiene derecho a que se consagren garantías de eficacia y eficiencia en el desempeño de ciertas funciones. Por ello es razonable que exista una regla general, pero no absoluta, que fije una edad máxima para el desempeño de funciones, no como cese de oportunidad, sino como mecanismo razonable de eficiencia y renovación de los cargos públicos.

2.3. Análisis del cargo de que el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 viola el artículo 13 de la Constitución, en la Sentencia C-351 de 1995.

En cuanto al derecho al trabajo, la sentencia señala que:

“Ante todo, hay que aclarar que una cosa es el derecho al trabajo in genere, que abarca la facultad de trabajar, y otra la vocación legal hacia un cargo específico, que puede ser, perfectamente, determinada por el legislador, en virtud de la voluntad general que representa y del interés común que busca. En el supuesto bajo estudio, no se viola el derecho in genere al trabajo, porque la facultad del sujeto para trabajar queda intacta. Lo que ocurre es que para el cargo público específico, no reúne los requisitos adecuados, según el legislador, para ejercerlo. Sería totalmente absurdo que, bajo el argumento de una vocación ilimitada hacia cualquier cargo público, se dijera que es inconstitucional cualquier requisito que determine condiciones y limitaciones para el desempeño de ese cargo”.

2.4. Conclusión.

En vista de las anteriores circunstancias, se advierte que existe cosa juzgada constitucional respecto del primer inciso del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, en lo que atañe a la posible vulneración de los artículos 13 y 25 de la Constitución. Por lo tanto, corresponde estarse a lo resuelto en la Sentencia C-351 de 1995.

3. Aptitud de la demanda.

Conforme a lo establecido en la cuestión precedente, el análisis no puede proseguir respecto del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, sino que debe centrarse de manera exclusiva en el literal f) del artículo 25 del Decreto 2400 de 1968, valga decir, en la norma que prevé la edad como una causal de retiro del servicio del servidor público. Dado que un interviniente(20) solicita a este tribunal que se inhiba de pronunciarse sobre la constitucionalidad del literal en comento, por ineptitud sustancial de la demanda, es necesario proseguir por el análisis de la aptitud sustancial de la demanda.

3.1. Requisitos que debe cumplir una demanda de inconstitucionalidad.

3.1.1. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 señala los requisitos que debe cumplir la demanda de inconstitucionalidad. En ella se debe señalar: (i) las normas demandadas; (ii) las normas constitucionales consideradas infringidas; (iii) las razones estimadas de la violación; (iv) el trámite constitucional apropiado y el quebrantamiento del mismo, de alegarse un vicio en el procedimiento de su formación; y (v) la razón de la competencia de la Corte. El tercero de los requisitos antedichos, que se conoce como concepto de la violación, implica una carga material y no meramente formal que no se satisface con la presentación de cualquier tipo de razones o motivos, sino que exige unos mínimos argumentativos, que se aprecian a la luz del principio pro actione, de tal suerte que dichas razones o motivos no sean vagos, abstractos, imprecisos o globales, al punto de impedir que surja una verdadera controversia constitucional.

3.1.2. Entre otras, en las sentencias C-1052 de 2001 y C-856 de 2005, la Corte precisa el alcance de los mínimos argumentativos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, al decir que hay claridad cuando existe un hilo conductor de la argumentación que permite comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las cuales se soporta; hay certeza cuando la demanda recae sobre una proposición jurídica real y existente y no en una que el actor deduce de manera subjetiva, valga decir, cuando existe una verdadera confrontación entre la norma legal y la norma constitucional; hay especificidad cuando se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta Política; hay pertinencia cuando se emplean argumentos de naturaleza estrictamente constitucional y no estirpe legal, doctrinal o de mera conveniencia; y hay suficiencia cuando la demanda tiene alcance persuasivo, esto es, cuando es capaz de despertar siquiera una duda mínima sobre la exequibilidad de la norma demandada.

3.2. Verificación de los anteriores requisitos.

3.2.1. La demanda sub examine cumple con algunos de los requisitos(21), pues (i) transcribe la norma demandada: el literal f) del artículo 25 del Decreto 2400 de 1968; (ii) señala las normas que considera infringidas: los artículos 13 y 25 de la Constitución; y (iv) indica la razón por la cual este tribunal es competente para conocer de ella.

3.2.2. En cuanto a las razones por las cuales se considera infringidas las antedichas normas constitucionales, es decir, en cuanto a su concepto de la violación, la demanda no satisface los mínimos argumentales para una controversia constitucional. Y no los satisface porque de la mera circunstancia de que la edad sea una causal de retiro en el referido decreto, no se sigue per se, la vulneración de la Constitución. Por el contrario, es la propia Constitución la que, al regular de manera general el retiro de los servidores públicos, en su artículo 125, prevé que el retiro de los mismos puede darse por las demás causales previstas en la Constitución y en la ley. En algunos casos, como el de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, es la propia Constitución la que prevé de manera explícita que la edad es una causal de retiro forzoso. En otros casos, como el de la norma demandada, es el legislador extraordinario el que, conforme a lo previsto en el inciso cuarto del artículo 125, prevé que la edad es una causal de retiro forzoso. Así, pues, como ya lo advirtió este tribunal en la Sentencia C-351 de 1995(22), es la propia Constitución la que determina que la edad es una causal de retiro forzoso de los servidores públicos y le corresponde al legislador determinar cuál es esa edad.

3.3. Conclusión.

En vista de las anteriores circunstancias, el que el legislador ordinario o extraordinario, prevea que la edad es una causal de retiro para los servidores públicos, como lo hace el literal f) del artículo 25 del Decreto 2400 de 1968, no implica per se la violación de la Constitución, sino que obedece a su desarrollo, conforme a lo previsto en su artículo 125. Por lo tanto, el concepto de violación de la demanda no satisface el mínimo argumentativo de especificidad, ya que no muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta Política y, en consecuencia, este tribunal se inhibirá de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la referida norma, dada la ineptitud sustancial de la demanda.

III. Conclusión

1. La demanda. Se solicita declarar la inconstitucionalidad de los artículos 25.f y 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968, que regulan la cesación definitiva de funciones por razón de la edad y que determinan que los 65 años es la edad de retiro forzoso, respectivamente, por considerarse que vulneran (i) el derecho al trabajo (CP 25), al privar a las personas mayores de la posibilidad de ejercer cargos públicos, y el derecho a la igualdad (CP 13), al establecer un trato diferente a los destinatarios de estas normas respecto del dado a otros servidores del Estado y a los trabajadores del sector privado.

2. Existencia de cosa juzgada constitucional. Se analizó la Sentencia C-351 de 1995, en la cual este tribunal declaró exequible el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, cuyo primer inciso es objeto de la presente demanda, luego de estudiar cargos relacionados con la posible vulneración de los artículos 13 y 25 de la Constitución. Este análisis permitió verificar que se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto de la norma que ahora se demanda, por el cargo de violar los artículos 13 y 25 de la Constitución y, por lo tanto, se concluyó que corresponde estarse a lo resuelto en dicha sentencia sobre la referida norma.

3. Aptitud de la demanda. Dada la existencia de cosa juzgada constitucional, el análisis se circunscribió al literal f) del artículo 25 del Decreto 2400 de 1968. Al verificar la aptitud sustancial de la demanda contra este literal, se pudo establecer que su concepto de la violación no satisfacía el mínimo argumentativo de especificidad y, por lo tanto, se concluyó que corresponde inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del literal f) del artículo 25 del Decreto 2400 de 1968, por ineptitud sustancial de la demanda.

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-351 de 1995, que declaró exequible el artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968, por el cargo de violación de los artículos 13 y 25 de la Constitución.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

18 L. 65/1967, Art. 1º: facultades otorgadas al Ejecutivo con base en el numeral 12 del artículo 76 de la C.P.

19 Ver Sentencia C-049 de 2012 considerando 4.1. Igualmente, las sentencias C-557 de 1994, C-032 de 1997, C-456 de 1997, C-472 de 1997, C-740 de 2000, C-621 de 2004, entre otras.

20 Supra I, 3.1.

21 Dado que no se formuló un cargo por ocurrencia de un vicio de procedimiento, no es exigible el requisito número (iv).

22 Supra II, 2.2.

Salvamento Parcial de Voto del magistrado Mauricio González Cuervo

En la Sentencia de constitucionalidad C-616 de 2014, aprobada por la Sala Plena en sesión del veintiocho (28) de septiembre de dos mil quince (2015), se decidió: (i) inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del literal f) del artículo 25 del Decreto-Ley 2400 de 1968, por ineptitud sustancial de la demanda, y (ii) estarse a lo resuelto en la Sentencia C-351 de 1995, que declaró exequible el artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968, por el cargo de violación de los artículos 13 y 25 de la Constitución.

1. Coincidencia con la posición mayoritaria y alcance de la discrepancia.

1.1. Comparto la decisión de inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto del literal f) del artículo 25 del Decreto-Ley 2400 de 1968, pero discrepo de la razón en que se funda: tal disposición fue objeto de una derogatoria expresa que la Ley 909/04 hizo de la Ley 443 de 1998, que a su vez contenía el régimen anterior del DL 2400/68.

1.2. Comparto la decisión de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-351 de 1995, que declaró exequible el artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968, por el cargo de vulnerar el artículo 25 de la Constitución, conforme al cual el derecho al trabajo goza de la especial protección del Estado.

1.3. Comparto la decisión de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-351 de 1995, que declaró exequible el artículo 31 del Decreto-Ley 2400 de 1968, por el cargo de vulnerar el artículo 13 de la Constitución, respecto de las dos diferencias de trato analizadas en ella, a saber: (i) la diferencia de trato existente entre los destinatarios del primer inciso del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, y los destinatarios del segundo inciso del mismo, que son las personas que ocupen los altos empleos previstos en el inciso 2 del artículo 29 de este decreto(1); y (ii) la diferencia de trato existente los destinatarios del primer inciso del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 y los servidores públicos de elección popular, de período fijo, como el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los miembros de los cuerpos colegiados, los gobernadores o los alcaldes. Dado que estas y no otras fueron las diferencias de trato analizadas, respecto del artículo 13 de la Constitución la cosa juzgada constitucional es relativa a estas comparaciones. Por ello, si se propone una comparación diferente, valga decir, otro tertium comparationis, como lo hace la demanda, no habría cosa juzgada constitucional(2).

1.4. En consecuencia, este tribunal ha debido aplicar el juicio integrado de igualdad a otras diferencias de trato, como las existentes entre los destinatarios del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 y los particulares, y los miembros de la Rama Judicial, y los miembros de otros órganos del Estado, como la Procuraduría General de la Nación o la Contraloría General de la República, de acuerdo con la integración normativa propuesta.

2. Inconstitucionalidad del tratamiento diferenciado al interior de la Rama Judicial en materia de retiro.

2.1. Si bien la edad es una causal de retiro del servicio para los magistrados de la Corte constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, conforme a lo previsto en el artículo 233 de la Constitución, se ha interpretado que no existe una ley que determine dicha edad para los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, mientras que sí existe para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta interpretación se funda en la Sentencia C-351 de 1995, en la cual se destacó que para los nuevos organismos y autoridades judiciales, “se hace necesaria la expedición de una nueve ley que fije la edad de retiro forzoso”. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en el Auto 210 de 2005, con motivo de una recusación a un magistrado por tener más de 65 años, con el argumento de que “ninguna ley ha fijado la edad de retiro forzoso de los Magistrados de la Corte Constitucional”. Este aserto se reitera en el Auto 306 de 2006, al estudiar otra recusación a un magistrado.

2.2. El fundamento de la diferencia de trato entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que deben retirarse al llegar a la edad de 65 años, y los de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, que no deben hacerlo, no se funda en realidad en la propia Constitución, sino en la circunstancia de que respecto de los últimos no hay una ley que determine la edad de retiro forzoso. Para desvirtuar este aserto, que no es jurídico sino fáctico, basta demostrar que sí existe dicha ley, como en efecto es posible y ha debido considerarse en esta sentencia.

2.3. En efecto, dicha ley sí existe y es la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), que es posterior a la Sentencia C-351 de 1995. El artículo 125 de la Ley 270 de 1996, al referirse a los servidores de la Rama Judicial, precisa son funcionarios los magistrados de las corporaciones judiciales, entre las que se encuentran la Corte Suprema de Justicia (art. 15 ibídem), el Consejo de Estado (art. 34 ibíd.), la Corte Constitucional (art. 43 ibíd.) y el Consejo Superior de la Judicatura (art. 75 ibíd.). El artículo 204 de la Ley 270 de 1996 prevé que, hasta tanto se expida la ley que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuará vigente el Decreto 1660 de 1978, siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la Constitución Política ni a esta ley estatutaria. Por lo tanto, por ministerio de la ley estatutaria se debe aplicar a todos los funcionarios de la Rama Judicial lo previsto en el Decreto 1660 de 1978, que fija la determina la edad de retiro a los 65 años. Otro tanto puede decirse del Decreto 546 de 1971, que también determina la edad de retiro a los 65 años. Una interpretación diferente de estas normas, para afirmar que estos decretos no se aplican a los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, además de no ser sistemática y desconocer el efecto útil de las normas interpretadas, sería contraria a los artículos 13 y 223 de la Constitución.

2.4. En conclusión (i) la Corte Constitucional ha debido estudiar sobre el cargo relativo a la diferencia de trato entre los destinatarios del primer inciso del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 y los funcionarios de la Rama Judicial, porque respecto de él no existe cosa juzgada constitucional; (ii) este estudio debió concluir con un pronunciamiento de fondo, en el sentido de declarar que es inconstitucional, ya que viola los artículos 13 y 233 de la Carta, la interpretación que excluye de la regla de retiro del servicio de los funcionarios de la Rama Judicial, por haber llegado a los 65 años, a los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura; (iii) es inadmisible que este tribunal no excluya del ordenamiento jurídico dicha interpretación inconstitucional y, en cambio, deje inalterada una interpretación que justifica un privilegio injustificado, para dichos magistrados.

2.5. Como se manifestó en la ponencia, la edad de retiro forzoso —hoy en 65 años— debe ser ajustada por el Legislador, atendiendo la expectativa de vida al nacer de los colombianos, superior a la del siglo pasado.

Respetuosamente,

Mauricio González Cuervo 

1 Esta diferencia de trato también es analizada en la Sentencia C-563 de 1997.

2 Salvo si la comparación que se propone es entre los docentes vinculados al régimen de carrera y los destinatarios del inciso segundo del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968 (que son las personas que ocupan los empleos previstos en el inciso segundo del artículo 28 del Decreto 2400 de 1968, pues ella ya fue juzgada, a partir del parámetro de igualdad de trato, por este tribunal en la Sentencia C-563 de 1997.

Aclaración de Voto de los Magistrados María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva

Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corporación, explicamos las razones que nos llevan a aclarar nuestro voto en relación con la Sentencia C-616 de 2015(1).

En la providencia citada, los demandantes propusieron diversos cargos contra el literal f) del artículo 25 y contra el artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, “Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones”. El primero establecía la edad como causal de cesación de funciones, mientras el segundo definía la edad de retiro forzoso en 65 años.

El demandante presentó dos cargos a examen de la Corte Constitucional. En primer lugar, argumentó que estas disposiciones resultaban incompatibles con el artículo 25 de la Constitución Política, al privar a los afectados de su trabajo. En segundo término, argumentó que violaban el principio de igualdad, porque (i) el retiro forzoso no es aplicable a las personas que ocupan cargos en una empresa privada; (ii) quienes ejercen funciones públicas en cargos de elección popular y (iii) los miembros de las corporaciones públicos.

Consideramos, como lo definió la Sala de manera mayoritaria, que la demanda no tenía aptitud para provocar un pronunciamiento de fondo en relación con el artículo 25 del Decreto 2400 de 1968, modificado por el artículo 1º del Decreto 3074 de 1998, por ausencia de especificidad, es decir, de una explicación completa y suficiente de las razones por las cuales esa disposición, o su contenido normativo, se oponen a la Constitución Política. Y estimamos acertada, además, la decisión de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-351 de 1995, dado que en esa oportunidad la Corporación declaró la exequibilidad del artículo 31 del Decreto 2400 de 1968, por presunta violación al principio de igualdad y al derecho al trabajo (por los mismos cargos presentados en la demanda objeto de estudio).

Sin embargo, aclaramos el voto debido a que el proyecto inicialmente sometido a discusión proponía a la Sala integrar la unidad normativa, con aquellas normas que definen la edad de retiro forzoso de los magistrados de altas cortes, contenidas en el Decreto Reglamentario 1660 de 1978.

Nos opusimos a adelantar un juicio en ese sentido por tres razones. La primera es que la Corte carece de competencia para controlar la constitucionalidad de decretos reglamentarios, de conformidad con los artículos 241 (que define las competencias taxativas de la Corte) y 242 (que establece la potestad del Consejo de Estado para pronunciarse sobre la validez constitucional de los decretos reglamentarios). La segunda es que esta Corporación tiene una jurisprudencia restrictiva en cuanto a la viabilidad de efectuar una integración normativa con disposiciones y contenidos normativos que no fueron expresamente demandados por los accionantes, y la tercera radica en que este Tribunal no tiene la función de evaluar, de oficio, la regularidad de las distintas normas del sistema jurídico con el texto constitucional sino que por regla general le corresponde hacerlo a partir de los argumentos desarrollados en las acciones públicas de inconstitucionalidad.

Lejos de tratarse de formalidades de naturaleza procedimental, estas reglas obedecen al reparto de competencias establecido por el constituyente en cabeza de las altas cortes, y al deber del Tribunal constitucional de respetar en la mayor medida posible la potestad general del Congreso de la República, de hacer las leyes, y el ejercicio del poder reglamentario por parte del Presidente de la República. Es decir, se trata de normas que reflejan el sistema de pesos y contrapesos, y que definen el papel del Tribunal constitucional, de manera tal que la tarea de guardar la supremacía de la Carta sea ejercida, como lo ordena el artículo 241 Superior, en los precisos términos establecidos por la propia Constitución Política. Hacen parte, en síntesis, de la forma en que el constituyente de 1991 concibió la democracia.

Fecha ut supra,

María Victoria Calle Correa—Luis Ernesto Vargas Silva. 

1 M.P. Mauricio González Cuervo.