SENTENCIA C-62 DE FEBRERO 1 DE 2005

 

Sentencia C-62 de febrero 1º de 2005 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-62 de 2005 

Ref.: Expediente D-5314

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Demandantes: Lucy Adriana Tello Molina, Adrián Mauricio Quintana Parra y Natalia Bernal Toro.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 63 parcial, del Decreto-Ley 522 de 1971.

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada, tomado del Diario Oficial 33300 del veintinueve (29) de abril de 1971. Se resalta lo demandado.

“Decreto 522 de 1971

(Marzo 27)

Por el cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorporan al Decreto-Ley 1355 de 4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su competencia y procedimiento, se modifican y derogan algunas de las disposiciones de dicho decreto, se deroga el Decreto-Ley 1118 de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 16 de 1968, atendido el concepto de la comisión asesora que la misma establece,

DECRETA:

CAPÍTULO DÉCIMO

Reincidencia

ART. 63.—El que después de una sentencia condenatoria cometiere una nueva contravención, incurrirá en la sanción que a esta corresponde aumentada en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para los demás, siempre que la nueva contravención se haya cometido antes de transcurridos dos años de ejecutoriada la condena.

La regla anterior dejará de aplicarse cuando en disposición especial se prescriba tratamiento diferente”.

(..).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues se trata de acusaciones contra una disposición contenida en un decreto con fuerza de ley.

2. Lo que se debate.

Según la demanda la sanción impuesta en el artículo 63 del Decreto-Ley 522 de 1971, es contraria a la Constitución por cuanto en él se determina que la pena imponible al contraventor se incrementará en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para los demás. Es decir, el legislador impone un incremento punitivo que se constituye en una segunda sanción a la primera infracción, pese a que se trata de una contravención que se considera como un delito de menor gravedad. Disposición que, a juicio de los ciudadanos demandantes viola el principio del non bis in idem, en cuanto se sanciona dos veces por el mismo hecho.

En este sentido, corresponde a la Corte establecer si el aparte del artículo acusado es contrario o no a la Constitución.

3. Facultad del legislador para establecer la figura de la reincidencia como causal de agravación punitiva.

Lo primero que debe advertir esta Sala, es que la norma acusada del Decreto 522 de 1971 no ha sido derogada. En efecto, el citado Decreto 522 de 1971 agregó al libro III del Código Nacional de Policía —De las contravenciones nacionales de policía— nuevas disposiciones que conforman su título cuarto, de las cuales en el capítulo X se encuentra el artículo 63, ahora demandado. Esta norma, no trata pues del procedimiento previsto para las contravenciones especiales a las que se refirió la Ley 228 de 1995 sino que es una disposición aplicable a las contravenciones nacionales.

Igualmente, observa la Corte que, tal como lo afirma el Ministerio Público, a pesar de que se demanda una disposición anterior a la expedición de la Constitución de 1991, su contenido guarda coherencia con los postulados del Estado social de derecho, particularmente con el principio del debido proceso, en la medida en que dicha disposición establece un agravante punitivo que encuentra fundamento no en la comisión de una conducta contravencional, sino en la apatía al cumplimiento de las normas, que se revela a través de la reincidencia.

Hecha la anterior aclaración, advierte la Corte que en numerosas oportunidades, se ha afirmado que el legislador está facultado para expedir los ordenamientos legales que rijan el sistema penal y establecer procedimientos distintos para el juzgamiento de contravenciones y de delitos.

Sobre este aspecto, en Sentencia C-1404 de 2000, se dijo:

“En principio, por virtud de la cláusula general de competencia legislativa que le atribuyen los artículos 114 y 150 de la Carta, el Congreso cuenta con la potestad genérica de desarrollar la Constitución a través de la creación de normas legales; ello incluye, por supuesto, la facultad de legislar sobre cuestiones penales y penitenciarias. No obstante, como lo ha reconocido ampliamente esta corporación, dicha libertad de configuración del legislador encuentra ciertos límites indiscutibles en la Constitución, la cual no le permite actuar arbitrariamente, sino de conformidad con los parámetros que ella misma establece. Es decir, se trata de una potestad suficientemente amplia, pero no por ello ilimitada; y en materia penal y penitenciaria, estos límites son particularmente claros, por estar de por medio derechos fundamentales muy caros (sic) para la persona humana, como lo son la libertad personal y el debido proceso, así como valores sociales tan importantes como la represión del delito o la resocialización efectiva de sus autores.

Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del legislador en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la Sentencia C-592 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), “el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros”.

Es decir, la tarea del legislador al adoptar tales procedimientos, se ve limitada a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, pues debe siempre respetar las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.

Corolario de lo anterior, en uso de sus facultades el legislador consagró la figura de la reincidencia dentro del Código Nacional de Policía, como una forma de desestimular conductas socialmente reprochables, a fin de evitar que quien cometió una contravención incurra nuevamente en dicha conducta, teniendo en cuenta que la sanción para quien reitera su comportamiento punitivo, no puede ser igual que la que se impone a quien nunca ha incurrido en este tipo de comportamientos.

Para lo que interesa en este caso, debe recordarse que sobre la reincidencia, esta corporación ha dicho que:

“tal institución jurídica en materia criminal, nació en el derecho romano y su propósito era hacer más gravosa la pena de quien cometía un nuevo delito. Para Maggiore es reincidente “el que, después de haber sido condenado, comete un nuevo delito del mismo género y en tales circunstancias de hecho y especialmente de tiempo que prudentemente puede conjeturarse su pertinacia en la mala voluntad”.

Sobre la conveniencia, o no, de establecer la reincidencia en materia criminal, existen distintas tesis y es así como algunos doctrinantes opinan que no es justo hacer recaer sobre el reo un delito ya expiado, por lo que llegan a sostener que la reincidencia debe tenerse como causa de atenuación porque el reincidente obra impulsado por la costumbre y, por tanto, con menor conciencia del mal que ha hecho y con menor libertad (Carnot, Giuliano, Tissot). Otros, por el contrario, piensan que se debe dejar al juez la facultad de agravar la pena, pues no siempre la recaída en el delito es prueba de mayor perversidad y entonces debe examinarse en cada caso concreto (Carrara, Rossi) y finalmente hay quienes sostienen que la reincidencia se justifica a causa de la mayor peligrosidad del reo, hecho que se demuestra por su obstinada conducta en violar las leyes, a pesar de haber sido castigado con anterioridad (Conti, Manzini).

La teoría predominante es la que considera que la reincidencia es una causa de agravamiento de la responsabilidad y que se justifica a causa de la mayor peligrosidad del reo, demostrada en su obstinación en violar las leyes a pesar de haber intervenido la acción del poder punitivo.

Como se puede observar no se han puesto de acuerdo los doctrinantes sobre la significación de la reincidencia en materia penal; de ahí la razón para que dicho fenómeno tenga operancia en unos sistemas penales y en otros no, pues ello depende de la política criminal que cada legislación acoja.

En el caso sometido a estudio, se tiene que es al legislador a quien corresponde expedir los ordenamientos legales que rijan el sistema penal; en este evento, el legislador colombiano juzgó oportuno darle relieve a la reincidencia, como una forma más eficaz de desestimular conductas socialmente censurables, cuya reiteración hace inepto, a quien en ellas incurre, para asumir la grave responsabilidad que el ejercicio de una profesión como la abogacía, implica. Dado que la Carta Política no contiene disposición alguna sobre la reincidencia, bien puede incluirse o no esta figura jurídica en los distintos estatutos sancionatorios, sin contrariar la ley suprema, pues, en esa materia, la Carta no se encuentra matriculada en ningún sistema doctrinal” (1) .

Asunto reiterado en la Sentencia C-184 de 1998, en donde se afirmó que esta figura tiene un significado sociológico. “El reincidente demuestra una voluntad —que la ley no supone—, de quebrantar repetidamente la ley dejando sin efecto el mensaje o propósito persuasivo del reproche jurídico”.

Dentro de este contexto, se examinará si como lo plantean los demandantes, la disposición acusada al incrementar la pena en caso de reincidencia desconoce el principio de non bis in idem.

4. Señalamiento de la disposición constitucional infringida y el cargo de la demanda que se examina.

En el marco de un Estado constitucional y democrático, es esencial el respeto a la dignidad y a la libertad humana. Por tal razón, el derecho penal debe ser interpretado conforme a la Constitución y a los tratados sobre derechos humanos suscritos por Colombia, los cuales son de obligatoria aplicación conforme a lo dispuesto por el artículo 93 de la Carta Política. Por ello, no puede quedar restringido única y exclusivamente a que se entienda, se interprete y se aplique como jus puniendi, sino que a él se incorporan y en su hermenéutica tienen trascendencia principios que persiguen la humanización de esa importante rama del derecho, cual sucede por ejemplo, con la presunción de inocencia, el indubio pro reo, el favor rei y la interpretación pro libertatis, lo que excluye la analogía para perjudicar o hacer más gravosa la situación del procesado, así como incluye la prohibición de la reformatio in pejus para el apelante único. Tales principios, desde luego, para su realización requieren el juzgamiento por el juez natural, la garantía plena del derecho de defensa y la rigurosa observancia del principio de legalidad para que no se lesione en manera alguna el derecho al debido proceso que establece el artículo 29 de la Carta Política, (v. gr. Sent. T-673/2004 M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

Igualmente, el principio de non bis in idem se halla consagrado constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta Política inciso cuarto, con el cual se prohíbe que se juzgue a una persona dos veces por la comisión de un mismo hecho. No obstante, dicho principio no proscribe que una persona pueda ser objeto de condena por dos o más conductas de naturaleza diferente.

De tal manera que, cuando el Estado somete a una persona a juzgamiento imputándole la comisión de una conducta prevista en la ley como delito o contravención (2) no puede entonces volverlo a juzgar.

La Constitución no tiene mandato concreto que prohíba la reincidencia, ni tampoco en sentido contrario. Por ello, el Código Penal de 1980 la suprimió, al considerar que se enmarcaba dentro del concepto peligrosista de la sanción. Sin embargo, el actual Código Penal, Ley 599 de 2000 artículo 39, modificado por el artículo 69 de la Ley 788 de 2002 en el delito de contrabando la contempla al disponer que “Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las tres cuartas (3/4) partes cuando se demuestre que el sujeto activo de la conducta es reincidente”.

Es claro que en la norma acusada, la sanción no se impone por la simple personalidad del agente, es decir por la posibilidad de comisión de una infracción, lo cual resultaría contraria al artículo 29 de la Carta que exige la definición previa por la ley de los hechos ilícitos por los cuales se imponga una pena y la conducta positiva en su realización. Aquí no se exime a la ley de la tipificación de las contravenciones. A nadie se autoriza sancionar sin la comisión del hecho previamente definido por la ley como contravencional. Al contrario, expresamente se exige la existencia del acto y su imputación a una persona determinada. Lo que señala la norma es que si alguien previamente sancionado por un acto contravencional incurre posteriormente en una “nueva contravención”, es decir, en un segundo acto cuya comisión ocurre antes de transcurridos dos años de ejecutoriada la condena por el primero, esa circunstancia será tenida en cuenta como agravante de la sanción para aumentarla “en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para las demás”.

En el caso objeto de estudio, el legislador estableció en el Código Nacional de Policía, un incremento punitivo a quien después de haber sido condenado, cometiere una nueva contravención, situación que para los demandantes desconoce el principio de non bis in idem.

Sin embargo, para la Corte no se vislumbra en los apartes de la norma acusada que se esté sancionando por segunda vez la contravención que ya fue sentenciada, lo que la norma establece es una agravación punitiva para quien reitera su conducta.

Es decir, el que por una conducta contravencional haya sido objeto de juzgamiento y obtuviere una sentencia condenatoria, si reincide en dicha conducta, incurrirá en la sanción que a esta corresponde “aumentada en una cuarta parte para la primera reincidencia y en una tercera parte para las demás”.

Como se ve, en este caso, la agravación punitiva, va ligada al fenómeno de la reincidencia como manera de prevenir a quien habiendo sido condenado por la comisión de una contravención comete otra, esto no significa que se condene dos veces por la misma conducta, ya que se trata de hechos nuevos cometidos por el mismo infractor, quien a pesar de conocer los posibles efectos de su acción, transgrede nuevamente el ordenamiento, sin importarle la sanción.

Para la Sala, no existe limitación constitucional en la incorporación o no de esta figura, pues como se explicó es facultad del legislador la adopción de estas medidas.

Tampoco puede considerarse que la norma acusada es desproporcionada, pues bien puede el legislador cuando existan circunstancias especiales señalar penas mayores, cuyo aumento se realice a partir de la pena básica y en forma razonable. Igual ocurre cuando se trata de una contravención cuya finalidad es el mantenimiento del orden público y la convivencia pacífica, sancionando más drásticamente a quien insiste en afectarlos. Además, la misma disposición establece que la sanción se aumentará siempre y cuando la nueva contravención se haya cometido antes de transcurridos dos años de ejecutoriada la condena. Lo que significa, que contrario a lo afirmado por los demandantes, la medida se ajusta al principio de proporcionalidad pues hay una correlación y un equilibrio entre la nueva conducta y la sanción a imponer.

Finalmente, la Sala comparte el criterio del Ministerio Público al afirmar que la medida no desconoce el derecho a la igualdad “porque no existe una similar dentro del Código Penal”, pues si bien delitos y contravenciones están catalogados como conductas punibles, tienen un tratamiento diverso.

Por consiguiente, se declarará exequible por los cargos formulados los apartes del artículo 63 del Decreto 522 de 1971.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar exequible por los cargos analizados en la parte motiva de esta providencia, los apartes acusados del artículo 63 del Decreto 522 de 1971 “por el cual se restablece la vigencia de algunos artículos del Código Penal, se definen como delitos determinados hechos considerados hoy como contravenciones, se incorporan al Decreto-Ley 1355 de 4 de agosto de 1970 determinadas contravenciones y se determina su competencia y procedimiento, se modifican y derogan algunas de las disposiciones de dicho decreto, se deroga el Decreto-Ley 1118 de 15 de julio de 1970 y se dictan otras disposiciones”.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño, (con salvamento de voto)—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha V. Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(2) Artículo 19 Ley 599 de 2000 señala que las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones.

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