Sentencia C-062 de marzo 4 de 1998 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Exequible inc. 2º art. 489 C.Co.

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Gaviria Díaz

Ref.: Expediente D-1787

Asunto. Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 489 del Código Comercio.

Demandante: Diego Alberto Muriel Pabón

Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Vl. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Competencia

La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241 numeral 4º de la Constitución Política.

2. La norma demandada

Se trata del artículo 489 perteneciente al título VIII, intitulado “de las sociedades extranjeras”, del libro segundo del Código de Comercio, que establece el régimen aplicable a los revisores fiscales de sociedades domiciliadas en el exterior que desarrollan actividades permanentes en Colombia a través de sucursales y, por tanto, están sometidas a la vigilancia del Estado -Cfr. artículo 470 del Código de Comercio. En el primer inciso se establece que los revisores fiscales de tales sociedades están sujetos “a las disposiciones de este código sobre los revisores fiscales de las sociedades domiciliadas en el país”, y en el segundo inciso que es objeto de demanda, se consagra el deber del revisor, de informar a la superintendencia correspondiente cualquier irregularidad que pueda ser causal de suspensión o revocación del permiso de funcionamiento de tales sociedades.

3. Problema planteado

En el estudio y resolución del presente caso, corresponde a la Corte establecer si el deber de informar a la correspondiente superintendencia cualquier irregularidad de las que pueden ser causales de suspensión o de revocación del permiso de funcionamiento, que se asigna a los revisores fiscales, infringe el precepto constitucional que garantiza la inviolabilidad del secreto profesional, —art. 74 C.P.—.

Dado que el asunto a que se refiere la disposición impugnada guarda íntima relación con el resuelto por esta corporación en la sentencia C-538 del 23 de octubre de 1997, con ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte reiterará en esta providencia algunas de las argumentaciones allí expuestas por ser totalmente aplicables al caso que aquí se debate.

4. Alcance del secreto profesional

La idea de secreto profesional ligada al ejercicio de ciertas actividades resalta la relación de confianza que surge entre peritos en determinada materia o área del conocimiento y las personas que descubren o dejan entrever ante ellos datos y hechos de su vida privada. El deber profesional de conservar sigilo o reserva sobre la información conocida es elemental correlato del vínculo personalísimo que emana de este tipo de relaciones y que tiene por objeto fomentar la confianza pública y el adecuado desarrollo de las actividades sociales.

Buena parte del prestigio, credibilidad y eficacia de la labor desarrollada por ciertos grupos profesionales depende de la manera como cumplan sus deberes y se preserve la confidencialidad de los datos obtenidos. Incluso se llega a sancionar “a los miembros que se abandonan a la infidencia y a la divulgación de lo que siempre debe quedar confinado dentro del impenetrable espacio de lo absolutamente reservado”(1).

(1) Sentencia C-538 de 1997 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Con provecho se puede consultar esta sentencia, cuya doctrina en algunos puntos se reiterará en el presente fallo.

Ahora bien, la inviolabilidad del secreto profesional, presupone “la previa delimitación de la intimidad del sujeto cuyos datos y hechos constituyen su objeto Por otra parte, las profesiones no están todas en el mismo radio de cercanía de la intimidad personal o familiar, ni el control del Estado sobre ellas debe ser siempre idéntico”(2).

(2) Ibídem. Esta relación entre intimidad y secreto profesional ya ha sido desarrollada por la Corte, entre otras, en las sentencias: T-414/92 M.P. Ciro Angarita y T-151/96 M.P. José Gregorio Hernández.

En este orden de ideas, es útil revisar la relación entre la sociedad-contador público o revisor fiscal-Estado, para efectos del análisis de la extensión y alcance del secreto profesional. Resulta claro que se trata de una actividad en la que se desarrolla una noción de confianza particular, diferente a la que se puede predicar en otros contextos (v.g. penitente-confesor-Estado), y que hace, por tanto, que las nociones de intimidad personal o familiar tengan un alcance radicalmente menor y un sentido distinto. Debemos ubicarnos pues, en el ámbito de las labores empresariales, del desarrollo de las sociedades comerciales, de su papel institucional y de su significado frente a otros sectores de la vida económica y social. “El ente corporativo no puede metafóricamente aspirar a tener el derecho de estar solo”(3). Tratándose de las personas jurídicas la ley establece garantías que protegen su integridad pero que no conforman una esfera impenetrable de intimidad en el mismo sentido que se predica de las personas naturales.

(3) ibídem.

5. El revisor fiscal

Dentro del desarrollo de la vida de la sociedad comercial le corresponde al revisor fiscal (bien sea de modo obligatorio o potestativo) ejercer una función de vigilancia permanente de la actividad social “para prestar a los socios una colaboración completa y eficaz que les permita ejercer adecuado control de la ejecución del contrato desde el seno de la asamblea general”(4), siendo su obligación no sólo la de proteger intereses particulares sino la de “velar por los intereses económicos de la comunidad entendiéndose por ésta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa sino a la sociedad en general, y naturalmente, el Estado”(5).

(4) En esta materia, siguen siendo provechosas las orientaciones del profesor Gabino Pinzón y su explicación del origen consuetudinario de la revisión fiscal. Cfr. Gabino Pinzón, sociedades comerciales volumen I, teoría general, Editorial Temis, Bogotá 1982, págs. 342 y ss.

(5) Artículo 35 Ley 43 de 1990, que expone el núcleo ético de la profesión de contador público (revisor fiscal).

6. Sobre el deber consagrado en el inciso segundo del artículo 489, materia de impugnación

Es precisamente en razón a su especial significado dentro del tráfico económico y jurídico de la iniciativa privada y de la necesidad de controlarla que corresponde a la libre configuración normativa del legislador establecer, conforme a la naturaleza del órgano de la revisoría fiscal, el conjunto de sus funciones y deberes concretos”(6).

(6) Sentencia C-538/97.

El artículo 489 es un claro ejemplo de esta facultad legislativa pues, no se trata de nada distinto a consagrar por vía legal mecanismos que procuran conciliar a “la autonomía de los órganos sociales” (nacionales o extranjeros) con los intereses que debe precautelar el Estado a saber: los privados de los asociados y de los acreedores sociales, y el público de la comunidad”(7).

(7) José Ignacio Narváez, teoría general de las sociedades, Editorial Temis 1992, pág. 357.

Así, la función de control se ejerce con todo su significado, no sólo a través de procedimientos de evaluación y sanción, sino por medio de mecanismos preventivos en los que la colaboración e iniciativa de los revisores fiscales son fundamentales.

Se trata en últimas, no sólo del cumplimiento de requisitos establecidos por la ley mercantil, sino del desarrollo del principio constitucional de solidaridad —art. 95.2— por virtud del cual la protección a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades depende en buena parte “del correlativo deber de dichas personas de debida colaboración con las autoridades”(8) mediante la oportuna y eficaz denuncia, obligación en este caso, radicada específicamente en cabeza de los revisores fiscales por razón de su función, de circunstancias irregulares alrededor de la existencia y funcionamiento de las sociedades comerciales.

(8) Sentencia C-067/96 M.P. Antonio Barrera.

Esta afirmación admite una formulación más enfática. Al repasar las funciones del revisor fiscal puede advertirse que su labor no se agota en la simple asesoría o conservación de expectativas privadas. La suya es una tarea que involucra intereses que van más allá de la iniciativa particular y atañe, por tanto, a la estabilidad económica y social de la comunidad. Es pues natural que de tan importante papel se desprendan aun más importantes deberes, propios si de todo ciudadano, pero que en cabeza de los revisores de la actividad social adquieren trascendencia impar. Por eso cuando se habla de la necesidad de poner en conocimiento de las autoridades aquellos hechos que afectan el normal desenvolvimiento de la sociedad mercantil y que en muchos casos pueden violar leyes vigentes, elevamos el ya referido principio de solidaridad del nivel de colaboración y complementación de la actividad estatal, al de verdadero control de la conducta social y defensa de los derechos jurídicamente reconocidos. No se trata entonces de una carga accesoria o secundaria, eventualmente exigible a algunos agentes, sino de la renovación del compromiso colectivo de la comunidad de cooperar efectiva y realmente con el Estado y contribuir a la eficacia de las garantías reconocidas por el derecho. Se evidencia aquí una característica fundamental de la estructura de nuestro Estado, a saber, que los principios de libertad, participación, solidaridad y buena fe, que definen los textos constitucionales, han de aplicarse no sólo en el ámbito de los derechos y de lo que se espera de los demás, sino en el de los deberes, del comportamiento propio, del compromiso con la sociedad.

Es que “la información atinente a la crisis de la empresa, tiene la mayor relevancia para el Estado encargado de vigilar e inspeccionar a las sociedades mercantiles. La situación en que se coloca un ente privado al no poder materialmente cumplir con los compromisos contraidos, repercute sobre la sociedad de una manera que es ocioso ilustrar. Basta señalar el peligro que representa para los trabajadores y los acreedores, amén de las consecuencias que se derivan para la economía en general. El conocimiento que sobre las finanzas empresariales posee el revisor fiscal, le permite adentrarse en la estructura de sus pasivos y activos y en sus operaciones, de suerte que en las ocasiones y oportunidades en las que debe intervenir en la confección y presentación de los estados financieros, es apenas razonable que el legislador le imponga la obligación de advertir sobre la real capacidad de pago de la sociedad. La revisoría fiscal es un órgano de la sociedad. No puede negarse al legislador la función de regular este órgano y la de señalar sus deberes específicos, máxime cuando una abstención u omisión suyas puede producir tanto daño empresarial como daño social, o puede significar que dejen de adoptarse en tiempo oportuno las medidas que impidan este desenlace o lo hagan menos lesivo”(9).

(9) Sentencia C-538/97 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

No puede pensarse entonces, que la existencia del secreto profesional y la confidencialidad de ciertas actuaciones sea razón suficiente para paralizar o suspender el deber constitucional que tiene todo ciudadano de colaborar con las autoridades, y que tampoco se puede crear alrededor de lo irregular, de lo ilícito, de lo torcido, una apariencia de corrección que se ampara en lo secreto. Porque de lo que se trata, se insiste, no es de la simple regulación de una actividad profesional y su manera de cumplirse (la contabilidad), con sus cargas y deberes. Estamos frente a una función —la revisoría fiscal— que trasciende la defensa de las expectativas individuales, que esta llamada a velar por intereses superiores que afectan al Estado y a la comunidad en general; que no se reduce al cumplimiento de ciertos requisitos de idoneidad técnica —como los exigidos al contador profesional para que pueda desplegar la actividad que le es propia—, sino que demanda probidad y compromiso con valores sociales que busca proteger la norma demandada al establecer ciertos mecanismos de control sobre las sociedades, y al exigir la presencia de funcionarios que vigilen el desarrollo de estas entidades.

En síntesis: una cosa es el contador que ejerce su profesión como tal, amparado (y obligado) sin duda, por el secreto profesional y otra, muy diferente, el revisor fiscal que ejerce funciones contraloras que implican el deber de denunciar conductas ilícitas o irregulares, del cual deber no puede relevarlo el hecho de que para cumplirlas cabalmente deba ser un profesional de la contabilidad.

Por las razones expuestas, no encuentra la Corte que el inciso segundo del artículo 489 del Código de Comercio, vulnere la Constitución.

7. Sobre el permiso de funcionamiento

Una vez resuelto el problema de fondo y reiterada la jurisprudencia constitucional acerca del deber de los revisores fiscales de colaboración con las autoridades en el control de las sociedades comerciales, es necesario hacer alusión a la afirmación que hacen los intervinientes en el sentido de que el permiso de funcionamiento que debía expedir la Superintendencia de Sociedades para que las sociedades extranjeras pudieran ejercer actividades permanentes en Colombia, fue suprimido por el Decreto 2155 de 1992 “por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades” y, en consecuencia, la norma acusada se encuentra derogada. Al respecto, considera la Corte pertinente anotar que no es precisamente en virtud del ordenamiento citado que las disposiciones del Decreto 410 de 1971 que regulaban lo relativo al permiso de funcionamiento que debía otorgar la Superintendencia de Sociedades a las sociedades comerciales sujetas a su vigilancia (arts. 268, 269, 270, 271 y 284) fueron derogadas, sino por mandato expreso del artículo 242 de la Ley 222 de 1995. Sin embargo, considera la Corte que esta circunstancia no es óbice para emitir pronunciamiento de fondo, pues en aplicación de su propia doctrina, dicho precepto legal aún puede estar produciendo efectos, pues es posible que se estén adelantando aún procesos por incumplimiento de dicho deber legal.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el inciso segundo del artículo 489 del Código de Comercio,

Cópiese, notifíquese, comuníquese a quien corresponda, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

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