Sentencia C-622 de agosto 25 de 1999 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Ref.: Expediente D-2312

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo

Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 560 del Decreto 2700 de 1991 (Código de Procedimiento Penal).

Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS:«II. Texto.

A continuación se transcribe, subrayando lo demandado, el texto de la disposición objeto de proceso:

“DECRETO NÚMERO 2700 DE 1991

(Noviembre 30)

Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal.

El Presidente de la República de Colombia,

en uso de las facultades que le confiere el literal a) del artículo transitorio 5, del capítulo I de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de Colombia, previa consideración y no improbación por la comisión especial,

DECRETA:

(...).

ART. 560.—Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona solicitada hubiere delinquido en Colombia, el Ministerio de Justicia, en la resolución ejecutiva que conceda la extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que por cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el acusado, pondrá a órdenes del gobierno al solicitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la detención en Colombia”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 transitorio de la Constitución Política.

2. Conformación de la proposición jurídica completa.

Antes de entrar en la materia del juicio de constitucionalidad, la Corte considera pertinente señalar que la palabra demandada no conforma una proposición jurídica sobre la cual pueda haber un pronunciamiento de fondo.

En efecto, el vocablo “podrá” no tiene dicho carácter, pues carece de sentido por sí mismo. Es necesario entenderlo mediante su integración con el contenido total del precepto al que pertenece. Esa expresión hace parte de un texto normativo que, como mandato o disposición, debe ser completo para que pueda estar acorde con la Constitución u oponerse a ella. Si el conjunto no se integra como norma, y por tanto como expresión concreta de la voluntad del legislador, llamada en cuanto tal a producir efectos jurídicos, la Corte Constitucional nada tiene que decir en torno a su conformidad o disconformidad con la Carta Política.

Nótese, además, que en el hipotético caso de que la Corte llegara a declarar la inexequibilidad de dicho término, y como consecuencia de ello desapareciera la palabra demandada, la oración resultante, que quedaría vigente, carecería de sentido lógico.

En casos similares esta corporación ha dicho:

“Para que la Corte Constitucional pueda entrar a resolver sobre la demanda incoada por un ciudadano contra fragmentos normativos, resulta indispensable que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionales.

Las expresiones aisladas carentes de sentido propio, que no producen efectos jurídicos ni solas ni en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son constitucionales ni inconstitucionales, lo que hace imposible que se lleve a cabo un juicio sobre la materia.

Es necesario que, por una parte, exista proposición jurídica integral en lo acusado y que, por otra, en el supuesto de su inexequibilidad, los contenidos restantes de la norma conserven coherencia y produzcan efectos jurídicos.

En principio, el hecho de que el objeto de la decisión de la Corte esté compuesto solo por palabras que de suyo nada expresan, mandan, prohiben ni permiten, debería conducir a la sentencia inhibitoria por ineptitud sustancial de aquélla.

Pero, en razón del carácter informal de la acción pública, que ha de despojarse de tecnicismos y complejidades procesales con miras a la efectividad del derecho político del ciudadano (C.P., art. 40), esta Corte prefiere interpretar la demanda, en búsqueda de su propósito, y estructurar, con base en él, y con apoyo en lo ya decidido en anteriores sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, la proposición jurídica completa, es decir, la regla de derecho sobre la cual habrá de recaer el examen de constitucionalidad y el fallo”. (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-565, oct. 7/98, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

“Las expresiones acusadas (...) carecen de sentido propio y autónomo. Únicamente pueden ser entendidas y aplicadas en relación con el resto del contenido normativo del precepto del cual hacen parte.

Por tanto, no podría esta Corte definir su constitucionalidad sin riesgo de romper la proposición jurídica completa. Si una de las opciones del fallo consiste en declarar la inexequibilidad de lo acusado y sobre el supuesto de que así lo resolviera la Corte, lo que quedaría de la disposición carecería por completo de sentido” (Cfr. C. Const. S. Plena. Sent. C-357, mayo 19/99, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

De conformidad con las anteriores pautas, la Corte integrará la proposición jurídica completa que, según se desprende del sentido de la demanda, debe estar compuesta por la totalidad del texto del artículo 560 del Decreto 2700 de 1991 (CPP).

3. Facultad del Gobierno para diferir o no la entrega en extradición

Mediante la norma atacada se confiere una facultad al Ministerio de Justicia, no ya en punto de conceder o negar la extradición solicitada —lo que se regula, a falta de tratados internacionales, por otras disposiciones de la ley— sino en lo concerniente al momento de la entrega del extraditado, y sobre la base de que el mecanismo de derecho internacional ya se ha puesto en operación, siempre que, en su criterio, deba dilatarse dicho procedimiento a la espera de actuaciones judiciales que hayan de tener lugar en Colombia.

En efecto, el artículo 35 de la Constitución Política, tal como quedó redactado a partir del Acto Legislativo 1 de 1997, señala que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y de manera supletoria por la ley.

La norma, modificando el alcance restrictivo que se había consagrado en el texto original de la Constitución de 1991, facultó a las autoridades competentes para conceder la extradición de nacionales colombianos por nacimiento, por delitos cometidos en el exterior que sean considerados como tales en la legislación penal colombiana.

Las excepciones quedaron señaladas de manera expresa en el precepto constitucional: no procede la extradición por delitos políticos ni tampoco cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del acto legislativo.

Además, en virtud de una interpretación sistemática con las garantías consagradas en el artículo 29 y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, esta Corte estima necesario advertir —lo que resulta aplicable a la interpretación y ejecución de la norma objeto de demanda— que tampoco cabe la extradición cuando la persona solicitada por las autoridades de otro Estado es procesada o cumple pena por los mismos hechos delictivos a los que se refiere la solicitud.

Fuera de esos casos, la normatividad constitucional no restringe la utilización de la figura, que es valioso instrumento para la persecución de delitos susceptibles de ser cometidos en distintos territorios y que pueden implicar ofensa a sistemas jurídicos diversos.

En relación con los enunciados principios y mandatos superiores y sobre la base de una interpretación razonable de lo que estipula el artículo acusado, la Corte afirma que ninguno de los motivos de inexequibilidad esgrimidos por el impugnante tiene fundamento.

En primer lugar, el legislador —en esta ocasión el extraordinario, facultado expresamente por norma transitoria de la Constitución Política—, goza de atribución constitucional suficiente para definir las reglas destinadas a señalar el trámite que debe seguirse cuando se formule a Colombia una solicitud de extradición, de conformidad con lo establecido por el Acto Legislativo 1 de 1997. Y no tiene trascendencia constitucional, como quiere hacerlo ver el demandante, el hecho de que la regulación pertinente esté prevista en el Código de Procedimiento Penal y no el en el Código Penal, ya que ambos estatutos son expresión de la ley, a la cual remite de manera genérica el inciso 1º del artículo 35 de la Carta, sin especificar si es la sustantiva o la procesal, indicando que es de su resorte la regulación correspondiente en defecto de tratados públicos.

En segundo lugar, la figura de la extradición no supone el desconocimiento del principio de la soberanía. No en vano, como se acaba de resaltar, el propio Constituyente ha autorizado su utilización, por lo cual el cargo carece de sustento a la luz de los postulados que inspiran el derecho público colombiano, en cuya cúspide se encuentran los preceptos de la Carta Política.

De una parte, puede afirmarse que, al tenor del artículo 3º de la Constitución, en concordancia con el 374 y siguientes lo introducido en su texto por los representantes del pueblo es una expresión genuina de la decisión soberana de aquél, siempre que el trámite se haya ajustado a las prescripciones fundamentales, como en este asunto ya definió la Corte que aconteció con el mencionado acto legislativo, según Sentencia C-543 del 7 de octubre de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).

Y, por otra, la celebración de tratados internacionales sobre asuntos como la extradición, no menos que la expedición de leyes de carácter subsidiario en torno a la misma materia, constituyen también formas legítimas de expresión de la voluntad soberana en los términos del artículo 3º de la Carta.

Ahora bien, la norma bajo análisis no implica, como lo interpreta el actor, la condonación de las penas impuestas por los jueces nacionales, ya que el verbo del que se trata (“diferir”) —aplicable a la entrega— significa, según lo indica el Diccionario de la Real Academia Española, “dilatar, retardar o suspender la ejecución de una cosa”. Y en este evento se suspende, dilata o difiere la entrega (se subraya), justamente hasta que se cumpla en territorio colombiano lo que a nuestro ordenamiento corresponde.

El gobierno, al hacer uso de la potestad contemplada en el artículo 560 del Código de Procedimiento Penal, puede diferir la entrega del extraditado o no hacerlo, y en este último evento —cuando nada falte por tramitar o cumplir en Colombia, según su análisis— no tiene lugar que se siga adelantando proceso o actuación alguna en el territorio, sino que se perfecciona la extradición, entregando a la persona solicitada al Estado requirente.

Con ello, o con la decisión contraria, el ejecutivo no interfiere indebidamente en la administración de justicia, sino que, con base en el principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder público (C.P., art. 113) y por autorización legal que no riñe con la Carta, simplemente se limita a hacer efectiva la figura de la extradición, armonizando su aplicación con la de las disposiciones penales colombianas cuando juzgue fundadamente que deben agotarse aquí, previamente a la entrega, los procedimientos aplicables a quienes, siendo solicitados por otros estados, tengan cuentas pendientes con la justicia colombiana.

En relación con la supuesta violación del principio de legalidad que el demandante arguye, cabe señalar que éste hace una indebida interpretación, ajena a los fundamentos que lo inspiran y consagran. En efecto, no se trata, como lo expresa el actor, de que el Código Penal deba aplicarse preferentemente a la normatividad contemplada en el Código de Procedimiento Penal, por haberse expedido aquél con anterioridad a este último estatuto. El principio de legalidad, según el artículo 29 de la Carta, consiste en que nadie pueda ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Es decir, el punto de referencia para el principio de legalidad es el del momento en que tiene ocurrencia una conducta objeto de proceso penal —a la cual no pueden aplicarse disposiciones posteriores, salvo el principio de favorabilidad—, pero de ningún modo puede admitirse que esté dado por la fecha en que entró a regir la norma penal que tipificaba el delito cuando éste se cometió, para pretender que al sindicado no se le puedan aplicar disposiciones posteriores referentes a trámites procesales, las que, como es sabido, pueden ser modificadas por el legislador y tienen efectos generales inmediatos.

Desde otro punto de vista, como bien lo señala el Ministerio de Justicia y del Derecho, el precepto legal, al otorgarle la facultad a ese despacho para diferir o no la entrega del solicitado en extradición, no está desconociendo el debido proceso ni el derecho a la igualdad, puesto que, por el contrario, durante el trámite de la extradición ha tenido la oportunidad de defenderse, y porque, por otra parte, dicha autoridad determinará en cada caso, dependiendo de las circunstancias particulares si es pertinente o no el aplazamiento de la entrega.

Observa la Corte que el segundo inciso de la norma demandada, también ajustado a la Constitución en cuanto corresponde a las mismas competencias del legislador y no lesiona derecho alguno de las personas pedidas en extradición, guarda relación precisa y directa con el uso de la facultad que en el primero se confiere al Ministerio de Justicia.

En consecuencia, esa segunda parte de la norma tiene aplicación únicamente cuando en la respectiva resolución ejecutiva que conceda la extradición se resuelva diferir la entrega. En tal evento —no en el contrario— el funcionario judicial de conocimiento o el director del establecimiento donde estuviere recluido el individuo requerido en extradición debe ponerlo a órdenes del gobierno solamente cuando cese el motivo para la detención en Colombia, esto es, cuando en virtud de la determinación adoptada —diferir la entrega— se adelante plenamente su juzgamiento en Colombia o cumpla la pena, o cuando por cesación de procedimiento, preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso. Por el contrario, si lo que se resuelve, considerados los hechos y la inexistencia de procesos en Colombia, es no diferir la entrega, el aludido inciso normativo no tiene cabida, pues lo que procede entonces es la remisión de la persona al Estado requirente.

Finalmente, en el sentir de la Sala, la norma en cuestión tampoco viola el artículo 35 de la Carta por el hecho de que el Decreto-Ley 2700 de 1991 haya reglamentado la materia antes de entrar en vigencia el Acto Legislativo 1 de 1997. Cabe recordar que el original artículo 35 de la Constitución no proscribía en forma absoluta la extradición, sino que, partiendo del supuesto de que ella era posible, la prohibía para los nacionales por nacimiento y para delitos políticos, circunscribiendo así de manera estricta las excepciones a la regla general. Lo que significa, en otros términos, que la extradición no apareció en el ordenamiento fundamental colombiano con la mencionada reforma constitucional, y, por tanto, respecto de la figura en si misma y su regulación por la ley, en lo que al presente proceso atañe, no puede alegarse una inconstitucionalidad sobreviniente ni tampoco suponer que la norma demandada era inconstitucional desde antes del acto legislativo por la sola razón de tratar acerca de la extradición.

Con base en las consideraciones anteriores, esta Sala declarará la exequibilidad del artículo 560 del Decreto 2700 de 1991.

Decisión

La Corte Constitucional de la República de Colombia, oído el concepto del Procurador General de la Nación y surtidos los trámites que contempla el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el artículo 560 del Decreto 2700 de 1991 (CPP).

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

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