Sentencia C-622 de junio 25 de 2008

 

Sentencia C-622 de junio 25 de 2008

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: expedientes D-7029, D-7031, D-7042, D-7047, D-7055, D-7057, D-7059, D-7060, D-7061, D-7062, D-7063 (acumulados).

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson Pinilla Pinilla

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 362, 432 (parcial) y 452 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo.

Actores: Jorge Diego Forero González y otros.

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «II. Texto de las normas acusadas

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas del Código Sustantivo del Trabajo:

“ART. 362.—Subrogado Ley 50 de 1990, art. 42. Estatutos. Toda organización sindical tiene el derecho de redactar libremente sus estatutos y reglamentos administrativos. Dichos estatutos contendrán, por lo menos, lo siguiente:

1. La denominación del sindicato y su domicilio.

2. Su objeto.

3. Modificado. Ley 584 de 2000, art. 3. Condiciones de admisión.

4. Obligaciones y derechos de los asociados.

5. Número, denominación, período y funciones de los miembros de la directiva central y de las seccionales en su caso; modo de integrarlas o elegirlas, reglamento de sus reuniones y causales y procedimiento de remoción.

6. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales.

7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma de pago.

8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias.

9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedimiento de expulsión, con audiencia, en todo caso, de los inculpados.

10. Épocas de celebración de asambleas generales ordinarias y de asambleas de delegatarios, en su caso; reglamento de las sesiones, quórum, debates y votaciones.

11. Reglas para la administración de los bienes y fondos sindicales; para la expedición y ejecución de los presupuestos y presentación de balances y expedición de finiquitos.

12. Normas para la liquidación del sindicato.

ART. 432.—Modificado Ley 584 de 2000, art. 16. Delegados.

2°. Tales delegados deben ser mayores de edad, trabajadores actuales de la empresa o establecimiento, y que hayan estado al servicio de éste por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses, tratándose de negociaciones colectivas de sindicatos de empresa. En los demás casos el delegado deberá ser trabajador del gremio o de la industria o rama de actividad económica respectivamente según sea el caso.

ART. 452.—Modificado Ley 584 de 2000, art. 19. Procedencia del arbitramento.

1. Serán sometidos a arbitramento obligatorio:

a) Los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en los servicios públicos esenciales y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo;

b) Los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores optaren por el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 444 de este código;

c) Los conflictos colectivos del trabajo de sindicatos minoritarios, siempre y cuando la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa no hayan optado por la huelga cuando ésta sea procedente.

Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes”.

(Se resaltan los apartes acusados).

(…)

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 superior, esta Corte es competente para conocer de la acción de la referencia, toda vez que está dirigida contra normas pertenecientes al Código Sustantivo del Trabajo, ordenamiento que fue adoptado por Ley 141 de 1961.

2. Cosa juzgada constitucional.

2.1. En Sentencia C-617 de 2008 (jun. 25), M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte declaró exequible el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo demandado, subrogado por el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, que consagra la facultad de las organizaciones sindicales para redactar libremente sus propios estatutos y reglamentos administrativos, señalando el contenido mínimo de los mismos.

Para llegar a tal determinación la Corte consideró que si bien es cierto que uno de los aspectos comprendidos dentro de la autonomía sindical es la facultad para “crear su propio derecho interno” o en los términos más explícitos del Convenio 87 de la OIT, para “redactar sus estatutos y reglamentos administrativos”, también lo es que el reconocimiento de ese derecho y su adscripción al contenido de la autonomía sindical no significa que esté vedada toda participación del legislador en la regulación de asuntos atinentes a los estatutos del sindicato o a los reglamentos administrativos, o que deba garantizarse a la organización sindical el desarrollo de los textos constitucionales o de los convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin ninguna clase de intermediación legislativa.

Estimó que el Convenio 87 de la OIT prohíbe a las autoridades públicas intervenir para limitar el derecho a la asociación sindical o para entorpecer su ejercicio legal, pero debe repararse en que según el mismo convenio, mediante esa prohibición se busca proteger el ejercicio “legal” del derecho, lo cual supone que no está excluido su desarrollo legislativo y de otra parte, se debe recordar que el ejercicio de los derechos reconocidos a las organizaciones sindicales ha de “respetar la legalidad”.

De esta manera, concluyó que la autonomía de los sindicatos para darse su propio derecho y redactar sus estatutos no está exenta del desarrollo legislativo, pues es obvio que el funcionamiento de la organización sindical y su estructura interna también requieren de previsiones específicas contempladas en los estatutos de cada sindicato.

Existe entonces, en parecer de esta corporación, un margen de regulación que corresponde a la potestad de configuración del legislador y permite concluir que el Congreso de la República podía desarrollar distintos aspectos relativos a los estatutos sindicales al modificar, mediante el artículo 42 de la Ley 50 de 1990, el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo. Por consiguiente, al no encontrar motivo de inconstitucionalidad respecto de esa disposición legal la declaró ajustada al ordenamiento superior.

Al recaer entonces sobre el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo cosa juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la Carta Política, en la presente oportunidad se decidirá estarse a lo resuelto en la citada Sentencia C-617 de 2008.

2.2. En la misma providencia, esta corporación reconoció que respecto del numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo impugnado, modificado por el artículo 16 de la Ley 584 de 2000, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en sentido material, pues el contenido normativo de la norma acusada, contentivo de las condiciones para ser delegado sindical, fue declarado inexequible en Sentencia C-797 de 2000 (jun. 29), M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Encontró esta Corte que el artículo 16 de la Ley 584 de 2000 acusado, reprodujo, en lo esencial, el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, declarado inexequible en la citada sentencia, no obstante haber excluido la referencia a la nacionalidad colombiana como requisito para ser delegado y haber introducido algunas enmiendas, atinentes a la temporalidad de la vinculación laboral del representante sindical y su pertenencia al gremio, industria o rama de actividad económica.

Recordó que para que exista cosa juzgada material no es indispensable que el texto de la norma examinada sea idéntico al de la reproducida, aunque su contenido sí debe serlo, que es lo que sucede con el artículo 16 de la Ley 584 de 2000, cuyas enmiendas no restringen, aumentan o alteran el sentido y efectos del numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, que establecía condiciones para la escogencia de representantes en la negociación colectiva, consideradas por la jurisprudencia como violatorias de la autonomía sindical.

También halló que el contexto normativo dentro del cual se produjo la declaración de inexequibilidad del numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo no ha variado, pues tal determinación se tomó a la luz de los preceptos de la Constitución de 1991 que consagran la libertad sindical y de lo establecido al respecto en los convenios 87 y 98 de la OIT, que desde mucho antes fueron incorporados a nuestra legislación interna.

Así pues, dada la identidad de sentido normativo del artículo 16 de la Ley 584 de 2000, con el texto original del numeral segundo del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, declarado inexequible en Sentencia C-797 de 2000, con base en el mismo cargo que plantea la demanda, relativo a la violación de la libertad sindical, la Corte decidirá estarse a lo resuelto en dicho pronunciamiento y también declarará la inexequibilidadde dicha norma, además por haber desconocido la prohibición consagrada en el artículo 243 de la Constitución Política.

3. Inhibición respecto del literal b) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo.

Algunos intervinientes y el Procurador solicitan a la Corte abstenerse de pronunciarse sobre el literal b) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que la demanda contra esa disposición no estructura un cargo de inconstitucionalidad que permita adelantar el estudio de fondo.

Para despejar esta inquietud conviene recordar que el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, establece los requisitos mínimos que deben contener las demandas de inconstitucionalidad para su admisión y exige que el ciudadano demandante señale las normas acusadas, reproduzca su texto, indique las disposiciones de la Constitución Política que en su criterio resultan violadas y consigne las razones por las cuales estima que lo impugnando desconoce el ordenamiento constitucional.

La jurisprudencia ha sido constante(1) en manifestar que los argumentos de inconstitucionalidad que se prediquen de las normas acusadas deben ser claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se soporta; ciertos, en cuanto la demanda habrá de recaer sobre una proposición jurídica real y existente; específicos, en la medida que se precise la manera como la norma acusada vulnera la Constitución, formulando al menos un cargo concreto; pertinentes, ya que el reproche debe fundarse en la apreciación del contenido de una norma superior que se explica y se enfrenta a la norma legal acusada, mas no en su aplicación práctica; y suficientes, por cuanto se debe exponer todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio y que despierten duda sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.

La adecuada presentación del concepto de violación permite a la Corte, junto con otros aspectos que la jurisprudencia ha delimitado, desarrollar su función en debida forma, pues circunscribe el campo sobre el cual hará el análisis de constitucionalidad correspondiente.

Además, esta carga mínima de argumentación que debe exponer el ciudadano, resulta indispensable para adelantar el juicio constitucional, no obstante la naturaleza pública e informal que caracteriza a la acción de inexequibilidad, ya que de no atenderse dicho presupuesto podría generarse la inadmisión de la demanda, su posterior rechazo de no subsanarse, o un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial del escrito con el que se pretende incoar la acción(2).

Así, no basta proponer cualquier acusación para entender que se ha cumplido con ese requisito, por cuanto es necesario que los cargos que se expongan cumplan las básicas exigencias para hacerlos admisibles y permitir que las normas acusadas sean susceptibles de confrontación con los textos constitucionales que se considera vulnerados, sin que se queden en la apariencia de involucrar un problema constitucional, cuando en realidad carecen de sustento.

Analizada la demanda contra el literal b) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo (proceso D-7059), se echa de menos la debida presentación del concepto del quebrantamiento, pues si bien allí se señalan las normas superiores presuntamente violadas, el actor no expresa de manera cierta, específica, pertinente y suficiente de qué forma el literal acusado, que ordena someter a arbitramento obligatorio los conflictos colectivos del trabajo en que los trabajadores opten por el arbitramento, conforme a lo establecido en el artículo 444 ibídem, vulnera los artículos 1º, 2º, 4º, 25 superiores y el Convenio 87 de la OIT, ratificado por la Ley 29 de 1976.

En efecto, al revisar el correspondiente escrito se advierte que la solicitud de inconstitucionalidad del precepto acusado no recae sobre su contenido material sino en una proposición normativa ajena a su texto literal, referente a la “facultad de los tribunales de arbitramento para revisar las convenciones colectivas”, que en criterio del actor “ha inducido a muchos sindicatos a no presentar pliegos de peticiones y a preferir la prórroga de la convención colectiva vigente antes que someterse al riesgo de perder derechos ante un tribunal de arbitramento”, manifestaciones que también ponen en evidencia que la acusación no satisface el requisito de especificidad, ya que no precisa de qué manera se produce la alegada vulneración.

La demanda contra el citado precepto tampoco ofrece argumentos de índole constitucional, ya que la impugnación está soportada en consideraciones distintas alusivas a la naturaleza y carácter del derecho de huelga, la escasa cobertura de los convenios colectivos, según el actor, debida al bajo nivel de sindicalización en nuestro país, como a la violencia contra los sindicalistas y los sindicatos ejercida “por presiones de los grupos armados”, falencia que sumada a los defectos antes mencionados llevará a esta Corte a abstenerse de fallar respecto del literal b) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. ESTARSE A LO RESUELTO en Sentencia C-617 de 2008 (jun. 25), mediante la cual se declaró EXEQUIBLE el artículo 362 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. ESTARSE A LO RESUELTO en Sentencia C-797 de 2000 (jun. 29), que declaró INEXEQUIBLE el numeral 2º del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo contenido fue reproducido en lo esencial por el artículo 16 de la Ley 584 de 2000 que, en consecuencia, se declara INEXEQUIBLE.

3. INHIBIRSE de fallar sobre el literal b) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, por ineptitud sustantiva de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cúmplase».

(1) Cfr. C-1052 de 2001 (oct. 4), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-568 de 2004 (jun. 8), M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) C-555 de 2005 (mayo 26), M.P. Clara Inés Vargas Hernández.