Sentencia C-622 de junio 29 de 2004 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-622 de 2004 

Ref.: Expediente D-5043

Magistrado Ponente:

Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra

Actora: Diana Catalina Torres Artunduaga.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44, numerales 8º y 9º, parciales, de la Ley 633 de 2000.

Bogotá, D.C., junio veintinueve de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «II. Normas demandadas

Se transcribe el texto de la norma acusada con la advertencia de que se resalta el aparte demandado.

“LEY 633 DE 2000

(Diciembre 29)

Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la rama judicial.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

(...).

ART. 44.—Oportunidad para allegar pruebas al expediente. Adiciónase el artículo 744 del estatuto tributario con los siguientes numerales:

“8. Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de información, para fines de control fiscal con entidades del orden nacional o con agencias de gobiernos extranjeros.

9. Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de la administración tributaria, o haber sido practicadas directamente por funcionarios de la administración tributaria debidamente comisionados de acuerdo a la ley”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del artículo demandado, ya que este hace parte de una ley de la República.

2. Inexistencia de cosa juzgada material.

El procurador general solicita estarse a lo resuelto en la Sentencia C-896 de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería, con respecto al numeral 8º del artículo 44 de la Ley 633 de 2000, en virtud de la existencia de identidad material entre la norma analizada en tal fallo y el numeral ahora demandado.

La Sala estima que tal identidad de los artículos no es predicable, en la medida que la norma analizada en la sentencia mencionada se refería a la forma de valoración de algunas pruebas en los procedimientos tributarios y el numeral 8º ahora cuestionado está relacionado con las condiciones en que deben ser allegadas las pruebas al expediente para ser sujetas a valoración.

Lo anterior no obsta para considerar como válidos los fundamentos expuestos en la Sentencia C-896 de 2003 para el análisis de la presente demanda, como se expondrá posteriormente.

3. Problema jurídico por analizar.

En la presente ocasión, la Sala debe determinar si los apartes demandados, referentes a la oportunidad de allegar pruebas en los procedimientos tributarios, contrarían la Constitución por conferir facultades para la celebración de acuerdos simplificados, obviando el trámite interno de la ley aprobatoria de tratado y el control oficioso de la Corte Constitucional.

4. Necesidad de celebración de acuerdos internacionales con el debido respeto al trámite interno en su aprobación —reiteración de jurisprudencia—.

4.1. La Corte Constitucional, en desarrollo de los artículos 241, numeral 10, y 150, numeral 16, de la Constitución, ha establecido en su jurisprudencia que contrarían la Constitución todos aquellos tratados celebrados sin el lleno de los requisitos del trámite interno, a saber, existencia de ley aprobatoria del tratado y análisis de constitucionalidad de esta y el tratado que contiene, por parte de la Corte. Al respecto, ha señalado la corporación que:

“El Estado colombiano solo puede legítimamente obligarse a nivel internacional una vez se hayan surtido los trámites internos de aprobación del tratado, tal y como lo ordena la Carta. Es una norma fundamental sobre competencia de nuestro ordenamiento que debe haber previamente aprobación del Congreso y revisión constitucional por esta Corte para que el ejecutivo pueda manifestar internacionalmente el consentimiento de Colombia”(1).

4.2. Antes de entrar a analizar el aparte demandado, la Corte considera necesario establecer que el numeral 8º del artículo 40, contentivo de la expresión “o con agencias de gobiernos extranjeros” contiene dos partes.

La primera se refiere a las pruebas obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales celebrados entre entidades nacionales colombianas. Este aparte, en criterio de la corporación no tiene ninguna objeción constitucional.

La segunda se refiere a pruebas obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales con agencias de gobiernos extranjeros, parte de la norma cuya constitucionalidad se procede a estudiar.

4.3. Una norma de alcance semejante a la que ahora se estudia fue analizada en la Sentencia C-896 de 2003, magistrado ponente Jaime Araújo Rentería. En esta ocasión, se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 89 de la Ley 788 de 2002 según el cual: “Las pruebas obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de información con agencias de gobiernos extranjeros, en materia tributaria y aduanera, serán valoradas de conformidad con las reglas de la sana crítica con el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se establezcan en los respectivos acuerdos”. La corporación estimó que esa norma era contraria a la Constitución en la medida en que permitía dar valor jurídico a acuerdos interinstitucionales que no cumplían con los requisitos internos de formación de los tratados y, simultáneamente, facultaba a servidores públicos relacionados con temas tributarios a celebrar acuerdos con agencias de gobiernos extranjeros, sin el lleno de los requisitos de un tratado. Dijo la corporación:

“La norma permite dar valor jurídico a acuerdos interinstitucionales que no cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución para obligar al Estado colombiano y que han sido reiterados por la jurisprudencia de esta Corte; esto es, que sean celebrados por quien tiene la representación internacional del Estado (pues no todos los funcionarios tienen la representación del Estado); que sean aprobados por el Congreso Nacional; sometidos al control de constitucionalidad de la Corte Constitucional y si esta los declara constitucionales, efectuar el canje de notas.

En esta perspectiva, los servidores públicos colombianos relacionados con los temas tributarios o aduaneros estarían facultados para celebrar acuerdos con agencias gubernamentales de Estados extranjeros, que versen sobre el método o procedimiento a seguir para valorar pruebas obtenidas en, y allegadas de, un país extranjero. No obstante, sin que sean aprobados por el Congreso y luego sometidos al control de la Corte Constitucional, y por esta declarados exequibles, esos acuerdos resultan contrarios a la Constitución, razón por la cual esta norma debe expulsarse del orden jurídico.

Para la Corte es claro que el artículo 89 de la Ley 788 de 2002 crea una atribución directa en cabeza de funcionarios que carecen de competencia para celebrar tratados o convenios de carácter internacional a nombre de la República de Colombia, con el subsiguiente quebranto de los cánones superiores que radican tal competencia en el Presidente y sus agentes diplomáticos debidamente acreditados para el efecto”.

Si bien el artículo cuya constitucionalidad ya se estudió se refiere a la forma de valoración de las pruebas provenientes del cumplimiento de acuerdos interinstitucionales con gobiernos extranjeros y el que ahora se analiza a las condiciones en que este tipo de pruebas deben obrar en el expediente para ser valoradas, tanto en uno como en otro artículo se hace mención a la valoración de una prueba —en su forma y condición—, en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales con agencias de gobiernos extranjeros. Esto hace que ambas normas den pie a la celebración de acuerdos sin el lleno de los requisitos internos como la existencia de ley aprobatoria del tratado y el control constitucional llevado a cabo por esta corporación, y a la extralimitación de funciones de los servidores públicos vinculados en el sector tributario.

Es necesario señalar que el aparte demandado no hace referencia a acuerdos de ejecución porque estos suponen la existencia de un tratado anterior. La norma demandada permite, sin que exista un tratado celebrado con el lleno de requisitos constitucionales, obtener y allegar pruebas en cumplimiento de acuerdos con agencias de gobiernos extranjeros.

En consecuencia, el numeral 8º del artículo 44 de la Ley 633 de 2000 será declarado inexequible.

5. Inhibición frente al cargo presentado contra el numeral 9º del artículo 44 Ley 633 de 2000.

La demandante señala que el numeral 9º, al igual que el 8º, contiene autorización para aplicar acuerdos simplificados, los cuales no están permitidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Los intervinientes coinciden en señalar que el numeral 9º no tiene vicio de constitucionalidad, puesto que se trata, simplemente, de un aspecto procedimental tocante con la recepción de pruebas practicadas en el extranjero, sin que se esté celebrando acuerdo internacional alguno para tal fin. Lo anterior les lleva a afirmar que la norma debe ser declarada exequible.

Por su parte, el procurador general indica que la Corte debe declararse inhibida frente al cargo presentado por la actora por falta de pertinencia, porque no se observa que la norma contenga referencia alguna a acuerdos simplificados. Así las cosas, el cargo por ella presentado no coincide con el contenido real de la norma.

La Corte encuentra que el numeral demandado no se refiere de manera expresa o tácita a la celebración, autorización para la celebración o aplicación de un acuerdo simplificado. El numeral demandado sólo señala que si una prueba obra en el expediente habiendo sido practicada por autoridades extranjeras a solicitud de la administración tributaria podrá ser valorada. La única facultad que se encuentra inmersa es la de autoridades nacionales de solicitar pruebas en el exterior, facultad que, de manera independiente, no fue cuestionada en los cargos de la demanda.

La Corte ha considerado que la demanda debe recaer “sobre una proposición jurídica real y existente”(2) “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”(3) e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda(4). Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto”(5). Como se analizó, tal presupuesto no es cumplido por la norma demandada.

Al no reflejarse en el texto del numeral demandado el contenido cuestionado por la actora, el cargo único presentado en el libelo demandatorio se torna incierto —mas no impertinente como señaló el procurador— y esta corporación deberá declararse inhibida frente a la demanda presentada contra el numeral 9º.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. DECLARAR INEXEQUIBLE la expresión “o con agencias de gobiernos extranjeros” contenida en el numeral 8º del artículo 44 de la Ley 633 de 2000.

2. INHIBIRSE frente a la demanda presentada contra el aparte demandado del numeral 9º del artículo 44 de la Ley 633 de 2000.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.»

(1) Ver Sentencia C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En esta ocasión la Corte analizó la exequibilidad de la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales”. En virtud de que la regla general en Colombia era el lleno de los requisitos del trámite interno, la Corte declaró exequible el artículo 25 de la convención según el cual “1. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor: a) si el propio tratado así lo dispone; o b) si los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras han convenido en ello de otro modo. 2. La aplicación provisional de un tratado o de una parte de él respecto de un Estado o de una organización internacional terminará si ese Estado o esa organización notifica a los Estados y a las organizaciones con respecto a los cuales el tratado se aplica provisionalmente su intención de no llegar a ser parte en el mismo, a menos que el tratado disponga o los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o, según el caso, las organizaciones negociadoras hayan convenido otra cosa al respecto”, bajo el entendido de que solo son susceptibles de aplicación provisional por Colombia, sin previa aprobación por el Congreso y revisión por la Corte Constitucional, los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan.

(2) Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, la Corte también se inhibió de conocer la demanda contra demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5º del Decreto 2700 de 1991, pues “del estudio más detallado de los argumentos esgrimidos por el demandante, como corresponde a la presente etapa procesal, puede deducirse que los cargos que se plantean aparentemente contra la norma atacada no lo son realmente contra ella”.

(3) Sentencia C-504 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se declaró inhibida para conocer de la demanda presentada contra el artículo 16, parcial, del Decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales”, pues la acusación carece de objeto, ya que alude a una disposición no consagrada por el legislador.

(4) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1544 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte se inhibe en esta oportunidad proferir fallo de mérito respecto de los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, por presentarse ineptitud sustancial de la demanda, debido a que el actor presentó cargos que se puedan predicar de normas jurídicas distintas a las demandadas. En el mismo sentido C-113 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-1516 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y C-1552 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(5) Ver Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda.

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