Sentencia C-630 de julio 29 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-630 de 2003 

Ref.: Expediente D-4483

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra

Actora: Andrea Pérez Cadavid

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Ley 788 de 2002 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones”.

Bogotá, D.C., veintinueve de julio de dos mil tres.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación, se transcribe el texto de la disposición acusada. Texto tomado del Diario Oficial 45.046, del 27 de diciembre de 2002.

“LEY 788 DE 2002

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.

ART. 112.—Cuenta única notarial. Establécese la cuenta única notarial como cuenta matriz de recaudo de los derechos que por todo concepto deban recibir o recaudar los notarios del país en desarrollo de las funciones que les son asignadas por las leyes y reglamentos que regulan el servicio notarial y de registro de instrumentos públicos. La cuenta única notarial será una cuenta bancaria que deben abrir los notarios a nombre de la notaría respectiva, en la cual depositarán todos los ingresos que obtenga la notaría con destino al notario, a los fondos o cuentas parafiscales del notariado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que deban recibir ingresos provenientes de los recaudos efectuados por los notarios.

A través de esta cuenta los notarios deberán hacer los pagos o transferencias a cada uno de los titulares de los ingresos recaudados sin causar el impuesto del tres por mil (3 x 1.000) a las transacciones financieras. La cuenta se constituye exclusivamente para recaudar los ingresos de la notaría y distribuirlos entre sus titulares y en ningún caso podrá usarse para hacer pagos o transferencias a terceros”.

(...).

VI. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de esta demanda, pues, el artículo acusado es de carácter legal.

2. Lo que se debate.

2.1. La demandante considera que la obligación de abrir la denominada cuenta única notarial, contenida en el artículo 112 de la Ley 788 de 2002, viola los artículos 13, 83 y 333 de la Constitución, por las razones que se resumen bajo los siguientes cargos: (1) la violación del principio de igualdad se produce tanto como un privilegio a favor de los notarios al exonerarlos del gravamen del 3x1000, como una discriminación al imponérseles una obligación que no tienen los demás recaudadores de tributos; (2) se obliga a unos particulares, como son los notarios, a consignar en una cuenta única no solo los dineros que recaudan para el Estado, sino los dineros propios que les corresponden como producto de su remuneración. De esta forma se viola la libertad económica y la iniciativa privada, garantías consagradas en el artículo 333 de la Carta; y, (3) se desconoce el principio de la presunción de la buena fe y, por el contrario, se consagra la mala fe de los notarios en el manejo de los fondos públicos que les son confiados y de los suyos propios.

2.2. Quienes intervinieron en este proceso se opusieron a que prosperaran estos cargos y solicitaron a la Corte que se declare la exequibilidad de la disposición. Consideraron que no hay violación de la Constitución. El señor procurador también se opone a esta demanda y pide que se declare exequible. Sin embargo, solicita que se condicione la constitucionalidad así: “bajo el entendido de que la exención del gravamen de movimientos financieros solo se aplicará a los pagos o transferencias con destino a los organismos públicos”, ya que las transacciones con destino a los notarios no tendría justificación que se les eximiera de este pago.

3. Aclaración previa. Cosa juzgada en relación con algunos de los cargos que se exponen en la presente demanda.

Antes de hacer el análisis de los cargos expuestos en esta demanda, hay que advertir que la Corte analizó en la Sentencia C-574 de 2003, los siguientes cargos: igualdad, intimidad, reserva bancaria, autonomía de la voluntad, buena fe y unidad de materia, y resolvió que el artículo 112 de la Ley 788 de 2002, es exequible salvo la expresión “al notario”, que se declaró inexequible. Esta expresión fue declarada inconstitucional porque la Sala encontró que infringe la garantía constitucional de la autonomía de la voluntad.

La parte resolutiva de esta sentencia restringió la declaración de exequibilidad a los cargos allí estudiados, así:

“Declarar, por los cargos estudiados, exequible el artículo 112 de la Ley 788 de 2002 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones”, salvo la expresión “al notario” que se declara inexequible” (Sent. C-574/2003)

Es decir, ha operado el fenómeno de la cosa juzgada en lo concerniente a los cargos estudiados en la Sentencia C-574 de 2003: artículos 13, 15, 83, 131 y 158 de la Constitución. Por ello, en la demanda ahora bajo estudio solo habrá de analizarse la alegada violación de la libertad económica y la iniciativa privada, y el cargo de lo que en concepto de la actora corresponde a un tratamiento privilegiado a favor de los notarios, en cuanto, a que se les exonera del pago del impuesto del 3 x 1.000 sobre los giros y transacciones a favor de los organismos públicos, asuntos que no fueron objeto de estudio en la sentencia en mención. Así mismo, se referirá esta providencia a la solicitud del señor procurador de condicionar la exequibilidad de la disposición.

4. Análisis del cargo de violación de la garantía de la libertad económica y la iniciativa privada.

La actora considera que la obligación impuesta en la disposición acusada viola el artículo 333 de la Constitución, en cuanto garantiza que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres”, al exigirles a unos particulares, como son los notarios, una limitación exorbitante en el manejo de sus propios dineros, con lo que se contradice, también, el mandato del mismo artículo, que señala que “El Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica”. Admite que la cuenta única no violaría esta disposición solo si correspondiera a lo recaudado por concepto de impuestos, tasas y contribuciones, pero no respecto de los recursos del notario.

Para la Corte esta acusación queda resuelta precisamente en lo dicho en la Sentencia C-574 de 2003, pues, al declarar inexequible la expresión “al notario” del artículo 112 de la Ley 788 de 2002, queda claro que en la cuenta única notarial se depositarán todos los ingresos que obtenga el notario con destino a los fondos o cuentas parafiscales del notariado, a la DIAN, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos, pero se excluye la obligación de depositar allí los ingresos del notario. Señaló la sentencia:

“7. Inexequibilidad de la expresión “al notario” contenida en la disposición acusada. Violación de la garantía constitucional de la autonomía de la voluntad.

Los actores señalan que la exigencia de que se depositen los dineros destinados a los notarios desconoce el derecho a la autonomía de la voluntad que, en este caso, consiste en que se limita el derecho de cada persona de elegir si realiza o no la apertura de un contrato bancario para el depósito de sus bienes.

Frente a este cargo, la Corte señala lo siguiente: la obligación de abrir una cuenta única notarial no viola los artículos de la Constitución en la forma como fueron expuestos por los demandantes, tal como se explicó en los puntos anteriores. Sin embargo, la Sala observa que sí existe violación a la Carta en cuanto a que la disposición no hace la necesaria distinción entre la obligación de depositar todos los ingresos con destino a los “fondos o cuentas parafiscales del notariado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que deban recibir ingresos provenientes de los recaudos efectuados por los notarios” y los ingresos con destino al notario. Por el contrario, la disposición acusada mezcla dentro de una misma cuenta bancaria dineros que tienen origen y destinación claramente distintas.

Para la Corte, el hecho de que la disposición no solo no hubiere previsto esta necesaria distinción, y, por el contrario, hubiere impuesto al notario el deber de depositar los dineros destinados a él mismo en la cuenta única, desconoce claramente el principio constitucional de la garantía de la autonomía de la voluntad, porque le exige a unos determinados ciudadanos —los notarios— la obligación de abrir una cuenta bancaria para depositar sus ingresos, sin dejarlos en libertad de decidir si lo quieren hacer o no, y se inmiscuye en determinaciones propias de las personas como son sus decisiones relativas al manejo de sus propios dineros, a saber: si quieren depositarlos en una cuenta bancaria, o en títulos, CDT, e inclusive si su deseo es manejar sus dineros en efectivo, dejándolos en una caja de seguridad. Son decisiones, se repite, que corresponden a la órbita misma de la persona, sobre las cuales no tiene injerencia el legislador.

Además, esta obligación contenida en el artículo 112 acusado resulta desproporcionada y ajena al entendimiento cabal de que en un Estado de derecho resulta inadmisible que el legislador imponga una exigencia de estas características a un ciudadano, que no obstante ostentar la condición de notario, sus derechos concernientes a la autonomía de la voluntad, continúan incólumes.

Es por ello, que la expresión “al notario” se declarará inexequible.

Por otra parte, observa la Corte que los entes estatales de control disponen de herramientas constitucionales y legales para verificar que los dineros depositados en las notarías lleguen a su destino final, siendo la cuenta única notarial una de tales herramientas, no la única. Por ello, la declaración de inexequibilidad que la Corte hará de la expresión “al notario”, debe entenderse como el restablecimiento del equilibrio entre la garantía del respeto a la autonomía personal prevista en la Constitución y la obligación del Estado de ejercer sus funciones de control y vigilancia, en este caso, sobre los dineros que están destinados de una u otra manera, a la tesorería general de la Nación, para que estos lleguen efectivamente a su destino, que en últimas, es el propósito del artículo 112 de la Ley 788 de 2002.

En conclusión: por todo lo anteriormente explicado, se declarará la exequibilidad del artículo 112 de la Ley 788 de 2002, por los cargos estudiados, salvo la expresión “al notario”, que se declarará inexequible” (Sent. C-574/2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).

Desde esta perspectiva, no infringe el artículo 333 de la Carta la exigencia de la apertura de la cuenta única notarial, tal como quedó en la mencionada sentencia, pues, si en esta cuenta, excluyendo los ingresos del notario, se depositan los dineros destinados de una u otra manera a la tesorería general de la Nación, resulta razonable y proporcionado que el legislador, de acuerdo con las circunstancias del caso, establezca la exigencia de la cuenta única como una de las herramientas de control (no la única como se explicó en la mencionada sentencia), para garantizar que la totalidad de estos ingresos lleguen a las arcas del tesoro, en forma oportuna, lo que redundará en el mejoramiento de los recursos del Estado, tema que se relaciona directamente el concepto de “bien común”, contemplado en el artículo 333 de la Constitución.

En consecuencia, no prospera el cargo de violación del artículo 333 de la Constitución, en cuanto a la obligación de que en la cuenta única se depositen todos los ingresos que reciba la notaría, salvo los destinados al notario.

5. Presunta violación del artículo 13 de la Carta porque consagra un privilegio a favor de los notarios al exonerarlos del pago del tributo del 3 x 1.000.

Para la actora, la exoneración del pago del tributo del 3 x 1.000 debió extenderse a todos los agentes retenedores de impuestos, en los giros que hacen al Estado de las sumas percibidas por estos conceptos, y como solo lo hizo en relación con los notarios, se viola el principio de igualdad.

Para la Corte la respuesta a esta presunta violación la ofrece no solo la función que desarrollan los notarios, que los ubica en un plano sustancialmente distinto al de los otros retenedores, ya que son depositarios de la fe pública, sino que esta exoneración resulta armoniosa con la obligación que, a su vez se les impone a los notarios que no se extiende a los otros retenedores, de abrir una cuenta bancaria única en la que se depositen, salvo los ingresos propios, todos los demás dineros que reciben en el desarrollo de su función.

En consecuencia, no prospera este cargo.

6. No se requiere condicionar la exequibilidad de la norma.

Solo resta referirse a la solicitud del señor procurador de que la disposición se declare exequible condicionada así: “bajo el entendido de que la exención del gravamen de movimientos financieros solo se aplicará a los pagos o transferencias con destino a los organismos públicos”, ya que las transacciones con destino a los notarios no tendrían justificación para eximirlos del pago.

La Corte, no considera necesario acoger la solicitud del señor procurador por las siguientes razones: de acuerdo con la Sentencia C-574 de 2003, los ingresos del notario no tienen que depositarse en la cuenta única; y, el artículo 112 de la Ley 788 de 2002 es preciso respecto de cuáles son las transferencias que están exentas del 3 x 1.000, norma ésta que en su inciso segundo preceptúa que: “A través de esta cuenta los notarios deberán hacer los pagos o transferencias a cada uno de los titulares de los ingresos recaudados sin causar el impuesto del tres por mil (3 x 1.000) a las transacciones financieras. La cuenta se constituye exclusivamente para recaudar los ingresos de la notaría y distribuirlos entre sus titulares y en ningún caso podrá usarse para hacer pagos o transferencias a terceros”. Siendo ello así, es claro entonces que no es pertinente condicionar la constitucionalidad de la norma acusada.

Por las razones anteriores se declarará la exequibilidad del artículo 112 de la Ley 788 de 2002, por los cargos examinados, en los demás, se estará a lo dicho en la Sentencia C-574 de 2003, que declaró exequible esta disposición salvo la expresión “al notario”.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-574 de 2003, que declaró exequible, por los cargos allí estudiados, el artículo 112 de la Ley 788 de 2002 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras disposiciones”, salvo la expresión “al notario” que declaró inexequible.

2. Declarar exequible el mismo artículo, salvo la expresión “al notario”, por no violar el artículo 333 de la Constitución, ni el artículo 13 de la Carta sobre el presunto privilegio a favor de los notarios en materia de exención del tributo del 3 x 1.000.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

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