Sentencia C-637 de septiembre 16 de 2009 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Ref.: Expedientes D-7594 y D-7595 acumulados.

Magistrado Ponente:

Dr. Mauricio González Cuervo.

Actores: Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza, Julián Andrés Durán Puentes, y Edgar Saavedra Rojas (D-7594) y Kerin Jaramillo Martínez (7595).

Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal).

Bogotá, D.C., septiembre dieciséis de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

1. Texto normativo demandado.

Los ciudadanos Gonzalo Rodrigo Paz Mahecha, Julián Rivera Loaiza, Julián Andrés Durán Puentes, y Edgar Saavedra Rojas (D-7594) y Kerin Jaramillo Martínez (D-7595), presentaron demanda de inconstitucionalidad, por presunta violación del artículo 9º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los artículos 4º y 29 de la Constitución Política, contra el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), cuyo texto es el siguiente (lo demandado con subraya):

“Ley 599 de 2000(1)

(Julio 24)

ART. 289.—Falsedad en documento privado. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente: El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses(2).

(…)

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad, por dirigirse contra una disposición legal —L. 599/2000, art. 289—, de acuerdo con el artículo 241.4 de la Constitución Política de Colombia.

2. Cuestión de constitucionalidad.

2.1. La demanda D-7594 plantea si el artículo 289 del Código Penal vulnera el principio de legalidad por indeterminación en la descripción del delito de falsedad en documento privado, esto es, sin precisar si se limita a la falsedad material o si abarca también la falsedad ideológica (C.P., art. 29; CIDH, art. 9º). Lo relativo a la presunta inconstitucionalidad de la interpretación que para el demandante ha realizado la Corte Suprema del artículo demandado, según la cual la falsedad ideológica en documento privado se halla tipificada en la disposición demandada, queda supeditada a la definición del punto anterior. A su vez, la demanda D-7595 plantea si la misma norma incurre en omisión legislativa relativa, al no incluir la falsedad ideológica en la descripción del delito de falsedad en documento privado, con vulneración de los artículos 2º, 13, 229 y preámbulo de la Constitución.

En ambas demandas subyace una consideración común: que el legislador, al tipificar la falsedad en documento privado, tiene el deber constitucional de determinar expresamente las modalidades del mismo —material o ideológica—. Sin embargo, las lógicas de las demandas, en cuanto a las consecuencias del incumplimiento de tal deber de determinación, conducen a soluciones diferentes: para la primera, a la inexequibilidad del artículo 289 del Código Penal por violación del principio de legalidad, o su exequibilidad condicionada a la exclusión de la falsedad ideológica en documento privado; para la segunda, a la integración en la norma acusada de la modalidad omitida —la falsedad ideológica— que no podría ser excluida del artículo 289 del Código Penal sin violar la Constitución. Así, en la D-7594, la indeterminación ha servido de base para que la Corte Suprema de Justicia incluya en este tipo la falsedad ideológica de documento privado, mientras en la D-7595, tal indeterminación apunta a la desprotección del interés público como consecuencia de la falta de tipificación de comportamiento punible que lesiona los intereses sociales, contrario a lo que ocurre con la punición de la falsedad material e ideológica en documentos públicos.

2.2. La pregunta que debe resolver en este punto la Corte Constitucional es: (i) si el delito de falsedad ideológica en documento privado está incluido en el tipo penal del artículo 289 del Código Penal; (ii) de estarlo, si tal hecho resulta respetuoso del principio de legalidad constitucional.

3. Alcance del artículo 289 del Código Penal en relación con la tipificación del delito de falsedad ideológica en documento privado.

3.1. El delito de falsedad en documento privado, en el Código Penal de 1980 (D.L. 100/80)

3.1.1. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, invariablemente, que el delito de falsedad ideológica en documento privado está tipificado en la legislación colombiana.

3.1.2. El debate ha estado presente desde la antigua redacción del Código Penal de 1980, que hizo surgir dudas equivalentes respecto del artículo 221 de la época(18). Inicialmente, el entendimiento de que la falsedad ideológica de documento privado hacía parte del tipo penal del artículo 221 del Decreto 100 de 1980 fue admitido por la Sala Penal en sentencia de casación del 18 de abril de 1985, con ponencia del magistrado Fabio Calderón Botero. Igualmente, en sentencia del 23 de abril de 1985, en sede de casación, y a propósito de una condena penal por la expedición de unas facturas falsas, la Corte Suprema explicó respecto de la tipificación de este delito:

“Como quiera que el tipo que describe la falsedad documental del artículo 221 del Código Penal no distingue entre las modalidades ideológica y material y puesto que una y otra son naturalísticamente posibles, en cuanto se puede alterar físicamente el contenido de un documento privado con valor probatorio, lo mismo que consignar en él hechos que no corresponde a la verdad para demostrar lo que realmente no ocurrió, ha de concluirse que en tal tipo penal pueden subsumirse tanto la especie de falsedad documental material como aquella de carácter ideológico , siempre que en uno y otro casos el actor haga uso del documento así falsificado” (subraya fuera de texto).

3.2. El delito de falsedad en documento privado, en el Código Penal de 1980 (L. 599/2000)

3.2.1. Con posterioridad a la expedición del Código Penal de 2000, la conclusión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido que la sanción penal de la falsificación de documento privado, tipificada en el artículo 289 de la nueva regulación, incluye la hipótesis de la falsedad ideológica.

3.2.2. La Corte Suprema de Justicia, en sede de casación penal y sentencia del 29 de noviembre de 2000, sostuvo lo siguiente(19):

3.2.2.1. La falsedad ideológica consiste en la falta de verdad de un documento, independientemente de su integridad materialidad. Así, el documento que contiene información no veraz, es ideológicamente falso:

“La falsedad ideológica en documentos se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente(20).

3.2.2.2. La falsedad ideológica es susceptible de producirse solo en documentos que están llamados a ser verdaderos, es decir, a contener la verdad. La falsedad ideológica de documentos públicos es irrefutable porque dichos documentos están naturalmente emplazados a contener la verdad. El conflicto surge respecto de la exigencia de veracidad de los documentos privados, pues no existe acuerdo en relación con el hecho de que los particulares deban decir siempre la verdad en sus documentos. Dijo la Corte:

“En tratándose de falsedad ideológica en documento público, la determinación de los casos en los cuales el funcionario está jurídicamente obligado a ser veraz no reviste inconvenientes, puesto que a ellos siempre les asiste el deber de hacerlo en ejercicio de su cargo, en virtud de la función certificadora de la verdad que el Estado les ha confiado, y la presunción de autenticidad y veracidad de que se encuentran amparados los documentos que autorizan, o en cuya elaboración intervienen. De allí que ninguna controversia surja en torno a su carácter delictivo frente a esta clase de documentos.

“La discusión se presenta en relación con los documentos privados, toda vez que respecto de los particulares y el deber jurídico de decir la verdad, surgen posiciones doctrinarias contrapuestas: 1. Quienes son del criterio que no les asiste compromiso con ella, y que por tal motivo, no pueden ser, en ningún evento, sujetos activos de falsedad ideológica. 2. Quienes consideran que lo tienen en determinados casos, cuando la propia ley, expresa o tácitamente, les impone la obligación de hacerlo, evento en el cual, por tanto, incurren en el citado delito, si faltan al deber de veracidad que por mandato legal les es exigible(21).

3.2.2.3. La Corte Suprema de Justicia considera que la exigencia de veracidad es posible en documentos privados cuando: (i) el deber de veracidad proviene de la ley; (ii) el documento tiene capacidad probatoria; (iii) el documento es utilizado con fines jurídicos; (iv) el documento determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero. Esta doctrina es reiteración de la consagrada en la sentencia del 18 de abril de 1985, con ponencia del magistrado doctor Fabio Calderón Botero. Así dice la Corte:

“La Corte se ha identificado con este último criterio, que hoy, en decisión mayoritaria reitera, aunque solo en cuanto la fuente del deber de veracidad sea la propia ley, y se cumplan otras condiciones, como que el documento tenga capacidad probatoria, que sea utilizado con fines jurídicos, y que determine la extinción o modificación de una relación jurídica sustancial con perjuicio de un tercero (Cfr. Casación de 18 de abril de 1985, con ponencia del magistrado doctor Fabio Calderón Botero, entre otras).

(…).

“Sostener la atipicidad de la conducta con el argumento de que los particulares no están, en ningún caso, obligados a decir la verdad, como lo postula parte de la doctrina y lo proclaman los magistrados disidentes, contraviene la tendencia universal que aboga por la necesidad de dar crédito a los documentos privados en las circunstancias anotadas, y la consiguiente incriminación penal de comportamientos que, como los puntualizados, atentan contra la confianza general que el documento suscita como medio de prueba en el marco de las relaciones privadas, en detrimento de la seguridad del tráfico jurídico y la fe pública(22).

3.2.2.4. En relación con la obligación legal de veracidad, la ley suele entregar a los particulares el deber de certificar hechos con fines probatorios, a efectos de generar confianza en la sociedad. Tal es el caso de médicos, revisores fiscales y administradores de sociedades, que deben dar fe de hechos de que tienen conocimiento. En algunos casos el deber de veracidad proviene de la naturaleza del documento, cuando está destinado a servir de prueba de una relación jurídica relevante, que involucra o puede llegar a comprometer intereses de terceras personas determinadas.

3.2.2.5. No puede afirmarse que la falsedad ideológica de documento privado es atípica, porque dicha afirmación contradice la tendencia universal que da crédito a los documentos privados que cumplen las condiciones previamente anotadas. Hacerlo sería dejar desprotegida la fe pública cuando la ley decide encomendarla a los particulares. Expresó al respecto la Corte:

“En un contexto social donde las relaciones son cada vez más complejas, y el tráfico jurídico requiere de una mayor protección para su adecuado desenvolvimiento y funcionalidad, resulta limitado pensar que el legislador colombiano haya resuelto dejar por fuera de tutela penal conductas que no solo atentan contra su seguridad e integridad, sino que venían siendo objeto de regulación en la normatividad anterior (C. P. de 1936, arts. 237 y 241, en armonía con el 231, num. 4º ejusdem).

3.2.2.6. De los antecedentes legislativos del Código Penal no se infiere la intención de haber despenalizado esta conducta. Las normas previas al código la sancionaban expresamente y las que no lo hacían, partían de la base de que un documento privado puesto en circulación se vuelve público. Del análisis de las actas de aprobación del anterior Código Penal se infiere, por el contrario, que la intención de las comisiones redactoras era incluir el tipo penal, pero dentro del esquema de una norma gramaticalmente simplificada.

“Como puede verse, la eliminación de los artículos que aludían específicamente a la falsedad ideológica en documento privado estuvo orientada, antes que por la pretensión de descriminalizar su realización y fijar la impunidad de dichas conductas, por la simplificación de las normas correspondientes a través de la técnica de definición legal de máxima omnicomprensión en su formulación, y la eliminación de la regulación casuística de los tipos penales de falsedad que traía el anterior estatuto, propósito en el cual se habían empeñado los comisionados, y que permitió la construcción de tipos a través de modelos gramaticales como el contenido en el artículo 221 del código, que comprende tanto la falsedad material como la ideológica, sin perjuicio, obviamente, de la operancia del principio según el cual el deber de veracidad exigible de los particulares sea excepcional, como ha sido la tradición en modelos sociales y políticos del tipo del nuestro(23).

3.2.2.7. La falsificación del documento consiste en faltar a la verdad a través suyo. Por ello resulta impensable que el legislador decidió despenalizar el comportamiento por el solo hecho de no haber reproducido el mismo texto de la falsedad ideológica en documento público:

“Falsificar un documento, no es solo alterar su contenido material (falsedad material propia), o elaborarlo integralmente (falsedad material impropia). Falsificar es también hacer aparecer como verdaderos, hechos que no han sucedido, o presentar de una determinada manera hechos que acontecieron en forma distinta, es decir, faltar a la verdad en el documento, o falsearlo ideológicamente. Por eso carece de sentido argumentar que el legislador dejó a la deriva la falsedad ideológica en documento privado, al no reproducir la fórmula gramatical que utilizó para los documentos públicos.

“Una comprensión distinta de la expuesta, conduciría necesariamente a la conclusión de que ninguna forma de falsedad ideológica en documento privado es punible, ni siquiera las cometidas por los particulares en ejercicio de la facultad documentadora de la verdad que la ley les ha impuesto en razón a su profesión u oficio, como médicos, contadores, revisores fiscales, postura que contrasta con el contenido de las discusiones del proyecto, los antecedentes legislativos, y la tendencia actual de fortalecer la confianza en el tráfico jurídico”(24).

En suma, en esta sentencia del año 2000, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sentó las bases de su hermenéutica al explicar, fundada en una interpretación sistemática e histórica de la norma, por qué a su juicio el texto del artículo 289 de la Ley 599 de 2000 incluye la falsedad material e ideológica de documento privado.

3.2.3. En lo sucesivo, la Corte Suprema ha venido reiterando su jurisprudencia.

3.2.3.1. En providencia del 9 de julio de 2004, en el proceso 22407, la Sala admitió una demanda de casación discrecional en uno de cuyos cargos se planteaba el problema jurídico de la tipicidad de la conducta de falsedad ideológica en documento privado, reiterando la posición asumida por la Corte Suprema en la citada providencia de noviembre de 2000 para disponer su admisión(25). En Sentencia del 16 de marzo de 2005, proceso 22407, con ponencia del mismo magistrado, la Sala de Casación Penal de la Corte insistió en las razones para considerar que la falsedad ideológica de documento privado se encuentra incluida en el artículo 289 del Código Penal:

“En síntesis: de la literalidad de la ley, de su contenido, de su análisis contextual, de su historia reciente, de los principios generales del derecho, de la jurisprudencia y de trascendente doctrina patria, se concluye que la falsedad ideológica en documento privado, sí era conducta punible en el Código Penal de 1980.

(…).

“Así el asunto, es claro que la sustentación que ha hecho la Corte de su afirmación según la cual en el código anterior esa forma de falsedad sí se hallaba incorporada expresa, cierta e inequívocamente, es perfectamente trasladable a este sector de la sentencia de casación. La situación en los dos códigos, entonces, es exactamente igual.

3.2.3.2. En una providencia más reciente, del 12 de marzo de 2008(26), la Corte contestó a los argumentos del casacionista en los siguientes términos:

“Así mismo, resulta evidente que las acusadas incurrieron en la conducta punible de falsedad ideológica en documento privado. En efecto, recordemos que la jurisprudencia ha sido clara en afirmar que a los particulares solo les asiste el deber jurídico de decir la verdad cuando la propia ley, expresa o tácitamente les impone la obligación de hacerlo, evento en el cual, por tanto, incurren en el citado delito, si faltan al deber de veracidad que por mandato legal les es exigible.

(…).

“De acuerdo con los anteriores argumentos se puede predicar que la conducta desplegada por las acusadas es típica, por cuanto que encuentra adecuación en el tipo penal que describe abstractamente el delito de falsedad en documento privado, así mismo que con ese comportamiento lesionaron la fe pública, en tanto que el documento entró al tráfico jurídico y pretendían demostrar un orden sucesoral que correspondía con la verdad y, por último, que actuaron con dolo.

3.2.3.3. Igualmente, en providencia del 30 de abril de 2008(27), la misma Sala Penal estableció, en confirmación de la posición previamente indicada, lo siguiente:

“El delito de falsedad en documento privado tiene dos connotaciones, una, producto de su alteración material, como puede ocurrir cuando alguien enmienda, tacha, borra, suprime o de cualquier manera altera su texto. La otra, la falsedad ideológica, tiene lugar cuando el particular consigna en el documento privado hechos o circunstancias ajenas a la realidad, es decir, cuando falta a su deber de verdad sobre un aspecto que comporta quebrantamiento de relaciones sociales con efectos jurídicos.

(….).

“De conformidad con lo anterior, de un lado, no advierte la Sala en el discurso del casacionista argumentos novedosos que obligaran a un nuevo estudio del tema ya definido de antaño, y tanto menos, a variar una tal posición jurisprudencial en beneficio de los intereses del procesado, es decir, contrario a lo expuesto por el censor, el delito de falsedad ideológica en documento privado sí se encuentra tipificado y es sancionado en la legislación colombiana.

3.2.3.4. Y en otra providencia, del 23 de junio de dos mil ocho 2008(28), la Sala Penal de la Corte confirmó:

“Es imprescindible aclararle al actor el criterio que tiene la Corte respecto al punible de falsedad ideológica en documento público, pues al parecer él entiende que ese comportamiento no se encuentra consagrado en el sistema de derecho penal colombiano, es por ello que se viene ponderando tal situación, en el entendido que si reúnen ciertas características típicas la conducta es ilícita cuando “en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente”[1]. Quiere significar lo precedente, que el delito de falsedad ideológica en documento privado sí está tipificado en Colombia[2].

3.3. Derecho viviente en materia de falsedad en documento privado.

3.3.1. La línea jurisprudencial relacionada demuestra que la norma acusada en este proceso ha sido interpretada unívocamente por la Corte Suprema de Justicia y que dicha interpretación ha reconocido la existencia jurídica, real y práctica del tipo penal de falsificación en documento privado. En otras palabras, existe una consistente corriente hermenéutica, constructiva del derecho viviente, en torno a la falsedad en documento privado, que ha dado sentido pleno de aplicación a la norma.

3.3.2. Por regla general no corresponde al juez constitucional la interpretación del alcance de la norma legal(29): corresponde a los organismos jurisdiccionales competentes la función de hacerlo, para lo cual gozan de autonomía orgánica y funcional ya que solo están sometidos al imperio de la ley (C.P., art. 230), a menos que se involucren valores, principios o disposiciones constitucionales (Sent. C-109/95). No obstante, es fácil comprender que dicha regla resulta insuficiente cuando de la divergencia interpretativa de un texto legal emana un peligro para la integridad o alcance del texto constitucional. En estos casos, juez constitucional ha de involucrarse en la determinación de su sentido:

“Las interpretaciones de las disposiciones demandadas no pueden ser, en principio, objeto del control de constitucionalidad, pues este es un juicio abstracto que confronta las normas con la Constitución para derivar de allí su conformidad o disconformidad. Con todo, esta regla no es absoluta, pues en ocasiones, a fin de procurar la guarda de la Constitución (C.P., art. 241), la Corte debe intervenir en debates hermenéuticos sobre el alcance de las disposiciones sometidas a control. La razón es simple: el control de constitucionalidad es un juicio relacional de confrontación de las normas con la Constitución, lo cual hace inevitable que el juez constitucional deba comprender y analizar el contenido y alcance de las disposiciones legales bajo examen. En ese orden de ideas, el análisis requiere una debida interpretación tanto de la Constitución como de las normas que con ella se confrontan” (Sent. C-128/2002).

Ahora bien, el debate jurídico que se plantea en este caso está sentado sobre una diferencia interpretativa respecto del delito de falsedad en documento privado. Esta divergencia no es puramente legal, pues cualquiera de las opciones teóricas tiene consecuencias constitucionales verificables. Esto significa que la Corte Constitucional es competente para adentrarse en el debate hermenéutico, pues existe un compromiso constitucional pendiente, resultado de cualquiera de los extremos argumentativos que se haga con la razón.

3.3.3. En el caso concreto, la labor interpretativa de la norma legal demandada debe tener en consideración la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal experto en el conocimiento de las instituciones propias de su especialidad. En sentencia 557 de 2001 dijo la Corte, respecto de la providencias del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia: (…) la jurisprudencia de ambos órganos es un referente indispensable para apreciar el significado viviente de las normas demandadas. En efecto, la invocación del sentido que los jueces le dan a la normativa, como fuente de conocimiento de su sentido material, es lo que la Corte conoce como derecho viviente. El tribunal acepta que “la interpretación jurisprudencial y doctrinaria del texto normativo demandado debe ser tenida en cuenta para fijar el sentido, los alcances, los efectos, o la función de la norma objeto del control constitucional en un proceso, tal y como ha sido aplicada en la realidad”(30). De lo contrario, dice la Corte, el juez constitucional “podría declarar exequible una norma cuyos alcances y efectos son incompatibles con la Constitución, lo cual haría inocuo el control. En el mismo sentido, al suponer un determinado sentido hipotético de la norma en cuestión, podría declarar inexequibles disposiciones cuyo significado viviente es compatible con la Carta, lo cual representaría un ejercicio inadecuado de sus funciones”(31). Y para que pueda hablarse de una interpretación normativa con fuerza de derecho viviente se requiere que dicha interpretación sea consistente, consolidada y relevante: Con el fin de que el derecho viviente en la jurisprudencia se entienda conformado, se deben cumplir varios requisitos que muestren la existencia de una orientación jurisprudencial dominante, bien establecida. Entre ellos, son requisitos sine qua non los siguientes: (1) la interpretación judicial debe ser consistente, así no sea idéntica y uniforme (si existen contradicciones o divergencias significativas, no puede hablarse de un sentido normativo generalmente acogido sino de controversias jurisprudenciales); (2) en segundo lugar, la interpretación judicial debe estar consolidada: un solo fallo, salvo circunstancias especiales, resultaría insuficiente para apreciar si una interpretación determinada se ha extendido dentro de la correspondiente jurisdicción; y, (3) la interpretación judicial debe ser relevante para fijar el significado de la norma objeto de control o para determinar los alcances y efectos de la parte demandada de una norma” (Sent. C-557/2001).

3.3.4. Respecto de establecer si la posición de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la tipificación de la falsedad ideológica en documento privado, constituye derecho viviente en la materia, esta corporación considera que la jurisprudencia de la Corte Suprema en este punto no ofrece reparo alguno de consistencia, y que resulta, en todo, pertinente al problema jurídico planteado por los demandantes. En efecto, es claro que la posición según la cual el delito de falsedad ideológica en documento privado se encuentra consignado en el tipo penal de falsedad en documento privado no es reciente, sino que se remonta a la interpretación del artículo 221 del Decreto 100 de 1980, anterior Código Penal del país; luego con la adopción del nuevo Código Penal, la Corte retomó el debate y señaló, concretamente en sentencia del 17 de agosto de 2000, que la falsedad ideológica en documento privado era una hipótesis prevista por el legislador en el tipo penal del artículo 289, aplicable cuando sobre el particular recayera el deber legal de decir la verdad. Esta tesis fue reiterada en lo sucesivo por la Corte y en la actualidad, como lo resaltan las providencias recientemente fechadas, es la que expone como sustento de sus decisiones.

3.4. El sentido y alcance de la norma demandada a la luz del texto legal y la jurisprudencia y el cargo de omisión legislativa.

3.4.1. Por lo expuesto, para esta Corte es claro que, con base en la jurisprudencia consistente y reiterada de la Corte Suprema de Justicia y de conformidad con los alcances del concepto de derecho viviente, el artículo 289 de la Ley 599 de 2000 se refiere tanto a la falsedad material como a la falsedad ideológica del documento privado.

3.4.2. Esta conclusión sirve, preliminarmente, para responder el interrogante de la ciudadana demandante Kevin Jaramillo Martínez, quien sostiene que el legislador omitió incluir en el tipo penal el delito de falsedad ideológica. De acuerdo con las reglas del derecho viviente, el intérprete autorizado de la ley ha entendido que cuando el legislador se refiere a la falsedad, a secas, incluye las dos modalidades en que la misma es posible, esto es, que el tipo penal demandado sí incluye el delito de falsedad ideológica en documento privado y, en modo alguno, incurre en omisión alguna. Y al no presentarse en la norma acusada la exclusión del delito de falsedad ideológica reseñada por uno de los demandantes, la Corte se abstendrá de consideraciones adicionales al respecto, relativas al deber constitucional omitido o al deber de igualdad pretermitido.

4. El artículo 289 del Código Penal, en cuanto a su inclusión de la falsedad ideológica, y el principio de legalidad.

Ahora corresponde dar respuesta al cargo de la demanda D-7594, según el cual, la falta de definición expresa del delito de falsedad ideológica en documento privado hace que su inclusión sea violatoria del principio de legalidad, y así, de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos.

4.1. Inclusión de la falsedad ideológica en documento privado.

Establecido el alcance del artículo 289 del Código Penal —L. 599/2000— en cuanto que la falsedad en documento privado admite las modalidades material e ideológica, la falta de mención de la expresión “ideológica” en el texto legal no afecta su precisión jurídica ni disminuye su nivel de certeza en detrimento del requerimiento de la legalidad de la conducta.

4.2. Concepto de legalidad penal.

4.2.1. La Corte Constitucional ha dicho que el principio de legalidad penal impone al legislador la descripción de las conductas sancionables en función del conocimiento previo que los ciudadanos deben tener sobre la legalidad de sus comportamientos. La Corte sostiene al respecto que este principio no se agota en materia penal “con la definición previa de los hechos punibles, sino que también es necesario que las conductas punibles y las sanciones estén precisa y claramente descritas en la ley. La Corte ha dicho que las conductas que comportan sanciones penales deben ser descritas de tal forma que, antes de realizar los actos, las personas puedan saber clara, precisa e inequívocamente, qué comportamientos están prohibidos y cuáles no lo están. El incumplimiento de estos requisitos habrá de conducir a la declaración de inexequibilidad de la norma”(32).

4.2.2. En la misma línea, la Corte había dicho que la definición de las conductas punibles es reserva de ley, lo que significa que sólo el legislador puede señalar, por vía de autoridad, los comportamientos penalmente reprochables, correspondiéndole al juez únicamente la valoración de los hechos y la subsunción de las conductas en la pena previamente fijada por aquel. La Corte había dicho que “la creación de tipos penales tiene reserva de ley, en sentido material, en tanto que manifestación del principio democrático y garantía del pluralismo político: se reservan ciertas materias a la forma de ley, elaborada por quienes son los representantes de los ciudadanos y mediante un proceso legislativo caracterizado por los principios de contradicción y publicidad. La ley aparece como la expresión de la voluntad popular, realizada en un proceso donde se garantizan el principio democrático y el pluralismo político”(33).

4.3. El artículo 289 de 2000 y el principio de legalidad del tipo penal.

4.3.1. En el caso concreto, de acuerdo con las precisiones anteriormente anotadas, es claro que no ha sido la Corte Suprema, sino el propio legislador, el que ha decidido sancionar la falsedad ideológica en documento privado, no obstante que los argumentos de los doctrinantes hayan obligado a la Corte a justificar esa decisión mediante un proceso interpretativo suficientemente documentado. En efecto, del análisis hecho por los fallos citados, especialmente por los consignados en las providencias del 29 de noviembre de 2000 y del 16 de marzo de 2005, se tiene que en ejercicio de su trabajo hermenéutico, la Corte Suprema de Justicia encontró que la expresión “falsedad” utilizada por el legislador era contentiva de las dos modalidades de falsedad: de la que se comete mediante la adulteración física del documento y de la que se deriva de mentir en la elaboración del documento; y los argumentos de históricos aportados por el tribunal de casación, referidos a los debates que tuvieron lugar en la comisión redactora del código, son ilustrativos de la intención de sus creadores de no despenalizar esa conducta.

Del mismo modo, la Corte Suprema de Justicia, basándose en el método finalístico de interpretación, concluyó que la exclusión de la expresión “ideológica” del texto legal no implicaba la despenalización de la conducta, pues “carece de sentido argumentar que el legislador dejó a la deriva la falsedad ideológica en documento privado, al no reproducir la fórmula gramatical que utilizó para los documentos públicos”(34). A lo cual agregó:

“Una comprensión distinta de la expuesta, conduciría necesariamente a la conclusión de que ninguna forma de falsedad ideológica en documento privado es punible, ni siquiera las cometidas por los particulares en ejercicio de la facultad documentadora de la verdad que la ley les ha impuesto en razón a su profesión u oficio, como médicos, contadores, revisores fiscales, postura que contrasta con el contenido de las discusiones del proyecto, los antecedentes legislativos, y la tendencia actual de fortalecer la confianza en el tráfico jurídico” (CSJ, S. de Casación Penal, nov. 29/2000).

Acudiendo a una interpretación gramatical del sentido de la norma, la Corte adujo que el término “falsedad” era incluyente de los diferentes tipos de falsedad y que, como el legislador no había establecido distinción explícita, ambas modalidades debían considerarse incluidas en la sanción, pues no le correspondía al intérprete establecer diferencias. La Corte manifestó:

“Si esas son especies de falsedad relacionadas con los documentos, es claro que cuando el rótulo o rúbrica del artículo alude a “Falsedad en documento privado”, incluye las dos especies. Por el mismo motivo, se llega a idéntica conclusión frente al contenido de la norma: “El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba…”.

“De la guía de la disposición, entonces, de su nombre-rótulo o rúbrica-, se desprende que si la falsedad en documentos puede ser material e ideológica, la denominación del artículo cobija las dos modalidades; y a lo mismo se arriba al leer su contenido” (CSJ, S. de Casación Penal, mar. 16/2005).

En resumen —tal como lo dijo la Corte Suprema— “de la literalidad de la ley, de su contenido, de su análisis contextual, de su historia reciente, de los principios generales del derecho, de la jurisprudencia y de trascendente doctrina patria, se concluye que la falsedad ideológica en documento privado, sí era conducta punible en el Código Penal de 1980”(35); y que en esa tónica, “la sustentación que ha hecho la Corte de su afirmación según la cual en el código anterior esa forma de falsedad sí se hallaba incorporada expresa, cierta e inequívocamente, es perfectamente trasladable a este sector de la sentencia de casación”(36).

4.3.2. Las consideraciones anteriores ponen en evidencia que el tipo penal de falsedad en documento privado incluye la falsedad ideológica. La ley penal —C.P., art. 289— no descriminalizó el comportamiento de falsedad ideológica, y tal premisa en modo alguno puede colegirse de la ausencia de mención expresa de la palabra “ideológica” del texto de la ley. La Corte Suprema consideró, por el contrario, que el legislador había decidido suprimir la referencia a esta modalidad, en aras de la simpleza del tipo penal.

4.4. Ausencia de violación del principio de legalidad.

4.4.1. Por las razones previas, esta Sala considera que la norma acusada no es vulneratoria del principio de legalidad del delito y de la pena, pues existe certeza, refrendada por la jurisprudencia pertinente, sobre la conducta que la ley penal considera antisocial. Para la Sala es claro que el verbo “falsificar”, sin matices, es inclusivo de las dos modalidades. Y si bien en el caso del documento público existen normas distintas para la falsedad ideológica y la material, es claro que tal distinción obedece a la razón de que la falsedad ideológica en documento público es un delito especial, susceptible de ser cometido únicamente por servidores públicos, cuya incriminación basada en la transgresión de un deber funcional explica que el legislador le otorgue un tratamiento normativo que no encontró necesario en el caso de los particulares. Al no hallarse violado el principio de legalidad penal, la Corte Constitucional procederá a declarar exequible el artículo 289 de la Ley 599 de 2000, pues entiende que el comportamiento descrito en el tipo penal es suficiente, claro y explícito.

4.4.2. De otra parte, la labor interpretativa de la Corte Suprema se limitó a reconocer el alcance del tipo penal. De allí que no le asista razón a los demandantes al afirmar que la Corte pretendió solucionar la ambigüedad del tipo incluyendo una hipótesis no contemplada por el legislador. De lo dicho precedentemente se deduce que, precisamente, la jurisprudencia de la Corte ha revelado que tal ambivalencia no existe y que, acudiendo a los distintos métodos interpretativos, es posible percibir que esa simpleza del tipo es inclusiva y no excluyente.

4.4.3. Finalmente, la Corte no se pronunciará sobre la constitucionalidad de la posibilidad de sancionar penalmente el delito de falsedad ideológica en documento privado, pues aunque la primera demanda alcanza a sugerir que tal comportamiento no puede penalizarse, no consigna cargos de inconstitucionalidad que sustenten esa afirmación.

III. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLE el artículo 289 de la Ley 599 de 2000, por el cargo analizado en la presente sentencia.

Notifíquese, comuníquese, cópiese, publíquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

(1) Diario Oficial Nº 44.097 de 2000 (24 de julio).

(2) Texto original de la Ley 599 de 2000:

ART. 289.—Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años. norma sin incrementos.

(…)

(18) El texto del artículo 221 del anterior Código Penal era similar en su estructura al actual artículo 289.- “Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a seis (6) años”.

(19) Magistrado Ponente: Fernando E. Arboleda Ripol.

(20) Sentencia citada.

(21) Sentencia citada.

(22) Sentencia citada.

(23) Sentencia citada.

(24) Sentencia citada.

(25) M.P. Álvaro Orlando Pérez.

(26) M.P. Jorge Luis Quintero Milanés.

(27) M.P. María del Rosario González de Lemos.

(28) M.P. Javier Zapata Ortiz.

(29) Al respecto pueden consultarse, entre muchas otras, las sentencias C-128 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-1255 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimy Yepes, C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-380 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

(30) Sentencia C-557 de 2001.

(31) Sentencia C-557 de 2001.

(32) Sentencia C-897 de 2005.

(33) Sentencia C-205 de 2003.

(34) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, aprobado acta 139 de agosto 17/2000. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripol, 29 de noviembre de 2000.

(35) Proceso 22407, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón, aprobado: acta 017, 16 de marzo de 2005.

(36) Ídem.