SENTENCIA C-64 DE FEBRERO 1 DE 2005

 

Sentencia C-64 de febrero 1º de 2005

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-064 de 2005 

Ref.: Expediente D-5274

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Inés Vargas Hernández

Actor: Luis Agustín Castillo Zárate.

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1º (parcial) del artículo 5º de la Ley 797 de 2003 “por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”.

Bogotá, D.C., primero de febrero de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada

Se transcribe a continuación el texto del parágrafo 1º (parcial) del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, resaltando el aparte demandado:

“LEY 797 DE 2003

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 5º—El inciso 4º y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 quedarán así:

ART. 18.—Base de cotización. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.

El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el Gobierno Nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.

En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión.

PAR. 1º—En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base.

En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que este le complete la cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en la presente ley”.

(..).

VI. Consideraciones

1. Competencia.

La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra leyes de la República.

2. Acerca de las solicitudes de inhibición y de integración de la unidad normativa.

El Ministerio de la Protección Social en su escrito de intervención pide a la Corte que se inhiba de fallar el presente asunto, pues en su sentir el actor no concretó en su demanda el concepto de violación ya que solo realizó un señalamiento genérico sin especificar las razones por las cuales el texto acusado infringe la Carta Política.

Acemi, por su parte considera que en la presente causa es posible dictar un fallo siempre y cuando se integre la unidad normativa con todo el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, pues la disposición impugnada carece por sí misma de sentido.

En torno a la primera inquietud, la Corte coincide con el demandante en el sentido de que según constante jurisprudencia constitucional (1) , las demandas de inconstitucionalidad donde se propone la violación al principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 superior, deben cumplir, entre otras exigencias, con la de exponer las razones por las cuales las disposiciones demandadas no guardan relación con el tema de la ley a la cual pertenecen. En Sentencia C-245 de 2004, magistrada ponente Clara Inés Vargas Hernández se dijo al respecto:

“... es necesario tener presente que para que la Corte pueda ejercer control cuando se alega infracción a la citada norma superior, es menester que el actor efectúe un triple señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 superior”.

En la demanda que se revisa, el actor plantea su acusación en los siguientes términos:

“La materia de la Ley 797 de 2003 es el “sistema general de pensiones”. No es el “sistema de salud”, si bien estas dos materias integran el gran tema de la seguridad social. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El sistema general de pensiones y el sistema general de salud, aunque son hermanos, no son la misma cosa, así pertenezcan a la misma familia. Es claro que la Ley 797 de 2003 trata de manera exclusiva y excluyente del “sistema general de pensiones”, por cuanto en su encabezado o enunciado dice: “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuadas y especiales” (he resaltado). El enunciado transcrito (sic) no dice que la ley se refiere al sistema general de salud.

(...).

Como vimos en el punto anterior, la materia de que trata las(sic) Ley 797 de 2003 es el sistema general de pensiones. Por tanto, es inadmisible, y desde luego inconstitucional, que en tal ley se establezcan normas referentes al sistema de salud, cuando la materia de la ley no es el sistema de salud sino el sistema general de pensiones”.

Según puede apreciarse, pese a que la exposición del concepto de violación es bastante escueta, el actor ha cumplido con las exigencias anteriormente anotadas pues en forma razonada sostiene que la violación a la unidad de materia se produce en razón de que los apartes normativos del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, que hacen referencia a la base de cotización al sistema de salud, no guardan identidad temática con la materia regulada en ese ordenamiento legal, cuyo contenido está orientado única y exclusivamente a modificar algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, la solicitud hecha en el sentido de que la Corte debe inhibirse por inepta demanda no está llamada a prosperar.

Ahora bien, sobre el planteamiento hecho por Acemi, en el sentido de integrar la unidad normativa vale recordar que en múltiples ocasiones la jurisprudencia se ha referido a la facultad prevista en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 que la(sic) habilita a la Corte Constitucional para integrar la unidad normativa con otros preceptos que no fueron demandados. Es así como ha considerado que para que no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la aplicación de la figura en mención tiene carácter excepcional pues solo procede en las siguientes tres hipótesis:

i) Cuando se demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada (2) ;

ii) En aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y

iii) Cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad (3) .

Particularmente en lo que hace al primer evento, la Corte ha precisado que para que pueda entrar a resolver sobre una demanda incoada contra fragmentos normativos, resulta indispensable que lo acusado presente un contenido comprensible como regla de derecho, susceptible de ser cotejado con los postulados y mandatos constitucionales (4) .

Lo anterior, porque las expresiones aisladas carentes de sentido propio que no producen efectos jurídicos solas o en conexidad con la disposición completa de la cual hacen parte, no son constitucionales ni inconstitucionales, lo que hace imposible que se lleve a cabo un juicio sobre la materia (5) . De ahí, que en tal caso sea necesario integrar la unidad normativa con las disposiciones no demandadas que le dan sentido, para darle de esta forma efectividad a la decisión del juez constitucional.

En el presente caso se acusa el segmento normativo “Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base”, del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, proposición jurídica que, como puede apreciarse, tiene sentido inteligible y completo ya (sic) contiene un mandato específico referente a la base de las cotizaciones en el sistema de salud, la que según lo allí dispuesto, debe ser la misma que la prevista para el sistema de pensiones en los casos a que se refiere el primer inciso de la citada disposición legal.

En consecuencia, en el asunto que se revisa está claro que no procede integrar la unidad normativa con las restantes expresiones no demandadas del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, pues, según se explicó, el segmento acusado puede ser entendido y aplicado con independencia de lo establecido en lo prescrito en tal disposición.

Hechas estas observaciones preliminares, la Corte procede al examen de fondo de las expresiones censuradas del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003.

3. El problema jurídico.

Según el actor, el segmento impugnado del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 707 de 2003, vulnera el principio constitucional de la unidad de materia, pues la referencia que hace a la base de cotización al sistema de salud no guarda identidad con la materia regulada en ese ordenamiento legal, cuyo contenido normativo está orientado única y exclusivamente a modificar algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y de los regímenes pensionales exceptuados y especiales, razón por la cual desconoce el principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 superior.

Para el ISS lo acusado no infringe la Carta Política, pues no pretende regular ningún asunto concerniente al sistema de seguridad social en salud, sino establecer la base que se debe tomar para calcular las cotizaciones en pensiones, cuando se trata de afiliados que perciban salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratistas, en un mismo período de tiempo, lo cual viene a ser reiteración de lo establecido en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993. En su parecer, no es incoherente que la base de cotización en el sistema de pensiones se establezca sobre la base de cotización del subsistema en salud.

El Ministerio de la Protección Social propugna igualmente por la exequibilidad de la disposición demandada, pues en su sentir ella refleja la unidad inescindible que existe entre los subsistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales.

En el mismo sentido se pronuncia el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para quien la norma impugnada guarda identidad temática, sistemática y teleológica con la materia dominante de la Ley 797 de 2003, en la medida en que consagra un mecanismo de verificación que impide la evasión al sistema general de seguridad social integral, toda vez que como en ambos subsistemas se debe cotizar en forma proporcional al ingreso, el salario base de cotización debe coincidir en ellos.

Acemi, tampoco advierte inconstitucionalidad alguna en la disposición que se revisa, ya que en su opinión el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración, bien podía establecer la misma base de cotización en los dos sistemas (pensiones y salud), más si se considera que al hacerlo no está atentando contra los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad y propende por la financiación del sistema de seguridad social.

Contrariamente a lo planteado por los intervinientes, el procurador considera que la Corte debe retirar del ordenamiento la norma demandada pues en su criterio carece de todo vínculo con la temática de la Ley 797 de 2003, ya que la relación que pretende establecer entre los dos sistemas (pensiones y salud) se desvirtúa por la falta de análisis de los efectos de dicha conexión, generando consecuencias que escapan a la finalidad de la ley, ya que la base de cotización del sistema pensional está allí claramente establecida.

Así pues, el problema jurídico que debe resolverse en la presente oportunidad consiste en establecer si la referencia a la base de las cotizaciones del sistema de salud, que contiene el segmento impugnado del inciso primero del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, no guarda relación alguna con este ordenamiento legal y, por tanto, vulnera el principio de la unidad de materia consagrado en el artículo 158 superior. A fin de absolver este interrogante, la Corte considera importante precisar previamente el sentido y alcance de dicho principio. Una vez haya abordado este asunto, entrará a decidir de fondo sobre la demanda de la referencia.

4. Sentido y alcance del principio superior de la unidad de materia.

En constante jurisprudencia esta corporación tiene establecido que el principio de unidad de materia, según el cual todo proyecto de ley debe observar una identidad temática (C.P., art. 158), busca ante todo racionalizar la actividad legislativa al impedir que en el trámite de las leyes se incluyan disposiciones o modificaciones que no se relacionen con los tópicos fundamentales que ellas desarrollan.

La jurisprudencia también ha precisado que “Solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática, o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley” (6) .

Por lo cual, el término “materia” que trae la norma superior que se comenta no debe interpretarse en forma rígida “al punto que se desconozcan o ignoren las relaciones sustanciales entre las diferentes normas que surgen en virtud de las finalidades que persiguen y que, por lo mismo, razonablemente se integran o resultan ser complementarias para lograr el diseño de la cuestión de fondo del proyecto legal. Además, que dicha unidad solo se rompe cuando existe absoluta falta de conexión o incongruencia causal, temática, sistemática y teleológica entre las distintas (sic) aspectos que regula la ley y la materia dominante de la misma” (7) , tal como lo recuerda la Corte en la Sentencia C-887 de 2002.

En Sentencia C-618 de 2002, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte se refirió al control constitucional cuando la acusación recae en violación del principio de unidad de materia y señaló que como el ordenamiento jurídico no está dividido nítidamente en compartimientos, el legislador cuenta con libertad para determinar el contenido de las normas que expide:

“7.5.5. Ahora bien, para establecer si existe o no una conexión material es importante subrayar que la potestad de configuración del legislador contempla tanto la facultad de decidir el contenido específico de las normas, como la facultad de decidir cómo organizarlas y relacionarlas. El sistema jurídico no está compuesto por un conjunto de compartimientos estancos predeterminados que le imponen al Congreso la forma como debe ser concebido el derecho, que es funcionalmente cambiante para responder a las necesidades, prioridades, expectativas y aspiraciones de la sociedad. Los legisladores, bien sea por iniciativa propia o de alguno de aquellos funcionarios a los que la Constitución les concede iniciativa legislativa (C.P., art. 155), pueden reorganizar la normatividad de la manera como consideren conveniente y más acorde con los objetivos de política pública que lo guían, relacionando y uniendo materias que antes se trataban por aparte, o separando aquellos temas que tradicionalmente se consideraban inescindibles”.

En esta providencia trajo como ejemplo los temas de las pensiones y de la salud, que dada su interdependencia pueden permitir una regulación unificada. Dijo la Corte:

“Así pues, el hecho de que usualmente temas como las pensiones hayan hecho parte de la legislación laboral o temas como la salud hayan sido regulados en leyes específicas independientes, en ningún caso constituyen una barrera al legislador para crear, por ejemplo, un código social en el que integre todas las normas que regulan la seguridad social. La estructura que el legislador quiera otorgarle al sistema normativo hace parte esencial de los debates de técnica legislativa que se surten en el seno del Congreso, con relación a cuál es la mejor forma de regular un tema, pues el cumplimiento y eficacia de una ley no solo depende del contenido material de las normas que la componen, también obedece a la forma como estas hayan sido organizadas para que sean medios idóneos para lograr los fines de política pública que guían al legislador. En virtud del principio de unidad de materia no puede socavarse la potestad que tiene el legislador para crear y reinventar instrumentos normativos que sirven para organizar un sistema jurídico. Lo contrario implica aceptar que las facultades creadas y definidas por el constituyente, como la potestad de configuración del legislador, encuentran un límite en la tradición, que lo ataría al pasado, o en una teoría sobre el ordenamiento jurídico ideal, que no aparece por ninguna parte en la Constitución”.

Ahora bien, el hecho de que el control constitucional sobre la observancia del principio de unidad de materia no deba ser rígido, tampoco puede llevar a que se flexibilice a tal punto que quede desprovisto de contenido. Es por ello que la jurisprudencia ha expresado, que solo una interpretación razonable y proporcionada permitirá descubrir si entre la norma acusada y la ley existe la conexidad temática, porque “lo que impone el principio de unidad de materia es que exista un núcleo rector de los distintos contenidos de una ley y que entre ese núcleo temático y los otros diversos contenidos se presente una relación de conexidad determinada con un criterio objetivo y razonable” (8) .

Así mismo, en Sentencia C-309 de 2002, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño, la Corte después de realizar un examen sistemático de la jurisprudencia proferida sobre el principio de unidad de materia, señaló que para efectos del control constitucional se hace necesario establecer los núcleos temáticos contenidos en la ley a la cual pertenece la norma acusada de violar dicho principio:

“(...) resulta fundamental determinar el núcleo temático de una ley pues es ese núcleo el que permite inferir si una disposición cualquiera vulnera o no el principio de unidad de materia. En ese sentido resultan valiosos elementos como el contenido de la exposición de motivos en cuanto allí se exponen las razones por las cuales se promueve el ejercicio de la función legislativa y se determinan los espacios de las relaciones sociales que se pretenden interferir; el desarrollo y contenido de los debates surtidos en las comisiones y en las plenarias de las cámaras; las variaciones existentes entre los textos originales y los textos definitivos; la producción de efectos jurídicos en las distintas esferas de una misma materia; su inclusión o exclusión de la cobertura indicada en el título de la ley; etc. La valoración conjunta de todos esos elementos permite inferir si una norma constituye el desarrollo de la materia de la ley de que hace parte” (9) .

“De ese modo, para ejercer el control de constitucionalidad por vulneración del principio de unidad de materia debe determinarse cuál o cuáles son los núcleos temáticos de una ley para inferir si una norma específica tiene vinculación objetiva y razonable con ellos o si por el contrario gravita al interior de la ley sin vínculos ni ejes de referencia que la articulen de manera armónica y coherente con los ejes materiales desarrollados por el legislador”.

De acuerdo con la anterior doctrina, en el asunto bajo revisión el análisis constitucional de la norma acusada se orientará a establecer si ella se encuentra dentro del núcleo de la normatividad a que se refiere el proyecto que se convirtió en la Ley 797 de 2003, o si por el contrario, se trata de un artículo cuyo contenido es extraño al resto de la ley. De allí se concluirá si vulnera o no el principio de la unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución.

5. Constitucionalidad del aparte normativo acusado.

La Ley 797 de 2003, fue aprobada bajo el siguiente epígrafe: “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales”.

Como su nombre lo indica, consideró el legislador procedente reformar algunos artículos de la Ley 100 de 1993, relacionados con el sistema general de pensiones, para lo cual, se modificaron entre otras, normas relativas a las cotizaciones al sistema general de pensiones, la base y el monto de las mismas. Los antecedentes legislativos revelan que la intención del gobierno con tales medidas fue, fundamentalmente, la de lograr una mayor equidad, solidaridad y viabilidad financiera en el nuevo sistema. En la exposición de motivos del proyecto de ley, al respecto se lee lo siguiente:

“En un Estado como el nuestro, con recursos limitados, es muy importante que antes de discutir su utilización, nos pongamos de acuerdo en los principios básicos que se deben cumplir para la destinación de los dineros públicos. Así mismo, los principios deben servir de guía para analizar la utilización que, actualmente, se le da a los recursos públicos destinados al sistema pensional vigente. Estos principios rectores son:

— Equidad y solidaridad social.

— Responsabilidad fiscal.

— Justicia redistributiva.

A pesar de los avances logrados por la Ley 100 de 1993, el país ha experimentado importantes cambios demográficos, económicos, sociales y laborales, lo cual exige implementar nuevas modificaciones al sistema pensional para asegurar una mayor equidad social, solidaridad y responsabilidad fiscal.

El sistema actual, 8 de cada 10 colombianos con edad para pensionarse no están cubiertos por el sistema. En el año 2001, solo el 23% de los adultos mayores, con igual o mayor edad para pensionarse, están cubiertos por el sistema.

En el régimen de prima media con prestación definida de manera regresiva, se subsidia, con recursos públicos, entre el 42 y el 72% de cada pensión reconocida actualmente. Quiere esto decir, en cifras del año 1999, que el Gobierno Nacional dedicó 2.04 puntos del PIB (cerca de 4 billones de pesos), para que dos personas de cada diez, con edad superior a la de jubilación, pudieran recibir el subsidio a la pensión.

De seguir la tendencia actual, el Gobierno central debería destinar, en el año 2019, cinco punto cinco (5.5) puntos del PIB para que esa gran minoría siga recibiendo subsidio a su pensión.

La tasa efectiva de cotización tiene un alto grado de regresividad, situación que genera inequidad en el sistema, pues termina subsidiando a personas que tienen una mayor capacidad de pago para realizar aportes voluntarios que le permitan mejorar el monto de la pensión por recibir.

(...).

El sistema pensional tiene un pasivo muy alto (valor presente de las obligaciones futuras por pensiones de jubilación) que no está financiado, incidiendo en el aumento del déficit fiscal de la nación. Actualmente, el pasivo equivale al 206% del PIB del año 2000. Según el modelo DNP pensión (para 2001), el déficit alcanzó en el año 2000, el 192.4% del PIB. El desfinanciamiento existente, para asegurar que una minoría goce de su pensión, tendrá que ser cubierto con recursos de la nación en caso de seguir con las mismas condiciones.

En el mundo la tasa de cotización promedio, oscila entre el 18 y el 20% del ingreso. En Colombia es del 13.5%, generando un gran desbalance entre los beneficios que reciben los pensionados y el esfuerzo que realizan para poder obtener su pensión.

Mientras que en Colombia, el período de cotización para acceder a una tasa de reemplazo del 65% del ingreso base de liquidación es de 20 años, en Bolivia es de 33 años, en Chile de 35 años, en El Salvador es de 49 años y en México es de 34 años. Así mismo, mientras que la tasa de reemplazo en nuestro país es, aproximadamente, del 65%, en el resto de países latinoamericanos, es del 44%. Lo anterior hace que el sistema actual tenga una frágil estructura, financieramente hablando.

Para pagar las obligaciones pensionales ya causadas y aquellas que deberán ser reconocidas en los próximos 18 años, el país tendría que generar un flujo de caja equivalente al 33% del déficit fiscal de la nación.

Para atender mesadas pensionales de antiguos servidores públicos, el país tuvo que apropiar, en el presupuesto del año 2001, recursos cercanos a los 6 billones de pesos (3% del PIB). De continuar con la misma tendencia, en el año 2014, el déficit fiscal, por cuenta del pago de futuras pensiones, alcanzaría niveles superiores del 6% del PIB, situación que generaría problemas fiscales difíciles de manejar.

Con el sistema actual, el ISS no tendría viabilidad. Entre el año 2000 y el año 2001, el ISS debió cancelar 700 mil millones adicionales a los ingresos (recaudos por cotización + rendimientos financieros). De continuar esta tendencia, el ISS no tendría dinero para responder por los beneficios pensionales en el año 2005.

(...).

Objetivos del proyecto de ley

El proyecto de ley busca integrar nuevos elementos e instrumentos que, concebidos y ejecutados en forma integral, permiten alcanzar una política más coherente y, por lo tanto, un mejor impacto social que refleje los principios de equidad, solidaridad, responsabilidad financiera y justicia redistributiva (...)” (10) .

En desarrollo de estos objetivos, el gobierno propuso, entre otras medidas, reformar ciertos artículos relacionados con las cotizaciones, tales como el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de las cotizaciones, el 18 ibídem, que regula la base de cotización de los trabajadores dependientes de los sectores privado y público, el 19 ibídem, que regula la base de cotización de los trabajadores independientes, y el 20 ídem, sobre monto de las cotizaciones. En relación con la modificación propuesta al artículo 18 mencionado, se consideró que:

“ART. 6º—Base de la cotización. Se amplía la base de cotización a veinticinco (25) SMLMV, para quienes no estén en el régimen de transición. Se adiciona el artículo 18 de la Ley 100 permitiendo que las cotizaciones de aquellos afiliados que tienen durante el mismo período el carácter de trabajador independiente y de asalariado, sean efectuadas en proporción al salario y honorarios devengados en cada uno de ellos. Con el fin de evitar conductas indebidas se dispone que en todo caso deberá cotizarse a salud sobre la misma base y no podrán adicionarse al ingreso base de liquidación los honorarios percibidos en los cinco años anteriores al cumplimiento de la edad requerida” (11) (se resalta).

La enmienda al artículo 18 de la Ley 100 de 1993 consistió entonces, entre otras, en adicionarle un parágrafo 1º, para consagrar lo atinente a las cotizaciones de los afiliados que perciben salario e ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, dado que la norma anterior solo regulaba lo atinente a las cotizaciones cuando se percibía salario de dos o más empleadores. La adición consistió, en indicar que en este caso, las cotizaciones serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de la ley sin exceder el tope legal. Igualmente se determinó, que para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base, segmento normativo que estima el actor contrario a la Constitución.

Según el actor, no existe relación alguna de conexidad entre los apartes demandados del parágrafo 1º del artículo 5º y la Ley 797 de 2003, pues en su sentir, están regulando lo referente a las cotizaciones en salud, temática que es ajena por completo al contenido de dicho ordenamiento legal, el cual tiene por objeto introducir algunas modificaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Para la Corte el cargo no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:

Como se ha visto, el inciso primero del parágrafo en cuestión reformó y adicionó el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de disponer que la base de cotización al sistema de pensiones de aquellas personas que tienen ingresos de diferentes fuentes, es decir, como asalariados y como trabajadores independientes, equivale a la sumatoria de los aportes proporcionales, siempre y cuando coticen al sistema de salud sobre la misma base. Esto significa que si dichos trabajadores no cotizan al sistema de salud sobre la misma base que cotizan al sistema de pensiones, no podrán proceder a la citada acumulación de aportes para efectos de determinar la base de liquidación de su mesada pensional.

En este orden de ideas, la medida contenida en el segmento acusado está orientada a condicionar la posibilidad de la acumulación de cotizaciones para fijar la base pensional de los afiliados que ostentan la doble condición de asalariados y trabajadores independientes, a la necesidad de que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base, a fin de evitar conductas indebidas, tal y como así se dejó expresado en la exposición de motivos del proyecto de ley que culminó en la 797 de 2003.

Se evidencia de esta forma, la existencia de una conexidad entre el núcleo temático de la Ley 797 de 2003 y sus objetivos, es decir, entre las previsiones relacionadas con el sistema general de pensiones, incluyendo lo relacionado con las cotizaciones, y en especial, las de quienes ostentan la calidad de asalariados y trabajadores independientes, con la necesidad de impedir el desequilibrio del sistema de seguridad social integral, imponiendo mediante la disposición acusada, una condición que permite la acumulación de cotizaciones para efectos pensionales, con la que se evita que los afiliados puedan cometer conductas indebidas, al poder cotizar para el sistema general de pensiones un porcentaje mayor, acumulando las cotizaciones de los dos ingresos percibidos de distinta fuente, y con ello obtener una base mayor para la liquidación de la pensión, pero no hacerlo de la misma forma para el sistema de salud.

Es decir, consideró el legislador necesario, permitir la acumulación de cotizaciones para efectos pensionales, cuando se ostentan dos calidades, la de asalariado y trabajador independiente en un mismo período, pero bajo la condición de que igual acumulación operaría en relación con el sistema de salud.

Quiere decir lo anterior, que la norma acusada no está regulando un tema extraño al de la Ley 797 de 2003, pues contrariamente a lo que piensan el actor y el jefe del Ministerio Público, lejos de fijar reglas independientes, exclusivas y atinentes solo al sistema de seguridad social en salud, señala una condición para que los afiliados que ostenten las dos calidades, de asalariados y trabajadores independientes en un mismo período, puedan acumular las cotizaciones de estos dos ingresos para efectos de elevar la base pensional, y con ello el monto de la pensión. Condición consistente en que también se cotice para el sistema general de seguridad social en salud sobre la misma base, temática afín por completo a la desarrollada en la Ley 797 de 2003.

Como bien lo ponen de presente el ISS y el Ministerio de Hacienda en sus escritos de intervención, con la medida que se revisa el legislador simplemente está definiendo una consecuencia jurídica en materia pensional —la acumulación de cotizaciones—, con una condición que corresponde al sistema de salud —el pago de la cotización sobre la misma base que para pensión—, determinación que está en completa armonía con los propósitos de la Ley 797 de 2003, de lograr mayor equidad, solidaridad y viabilidad financiera en el sistema de seguridad social integral.

En efecto, la exigencia de cotizar al sistema de seguridad social en salud sobre la misma base que se cotiza para el sistema general de pensiones, a fin de que los afiliados que durante un mismo período ostentan la doble condición de asalariados y trabajadores independientes, puedan acumular las cotizaciones de los dos ingresos de distinta fuente, constituye además un mecanismo de control a la evasión de los aportes debidos al sistema de seguridad social en salud, puesto que impide que dichos afiliados coticen sobre una base superior para el sistema de pensiones y sobre una base inferior o mínima a la seguridad social en salud, con lo cual se preserva la integridad y sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social integral.

Sobre el particular conviene recordar, que la viabilidad financiera del sistema integral de seguridad social, encuentra fundamento en las cotizaciones de los afiliados y empleadores, con las cuales se constituye un fondo o reserva que está destinado a atender tanto el pago de las mesadas pensionales como los servicios de salud. De ahí que las cotizaciones se fijen de manera proporcional al ingreso recibido, para lo cual es menester que el salario base de cotización coincida en los dos subsistemas, en el de salud y en el de pensiones. De esta forma, se hace realidad el mandato del artículo 48 superior que concibe la seguridad social en su doble dimensión de servicio público y derecho irrenunciable.

También debe tenerse en cuenta que la medida que consagra el segmento normativo bajo revisión, es trasunto de la regla que ya se encontraba regulada en el parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 para el subsistema de salud, según la cual “la base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos afiliados obligatorios al sistema general de seguridad social en salud será la misma contemplada en el sistema general de pensiones”, lo cual pone nuevamente de presente la necesidad de que en los dos subsistemas coincidan las bases de cotización a fin de evitar “conductas indebidas” que atenten contra la estabilidad financiera del sistema de seguridad social, que precisamente es uno de los objetivos de la Ley 797 de 2003.

No tiene razón entonces el actor, cuando funda su pretensión de inexequibilidad de la norma impugnada en la total independencia entre los subsistemas de seguridad social en pensiones y en salud, pues desconoce que normativamente ellos conforman el denominado sistema de seguridad social integral en virtud del cual surge una suerte de interdependencia, tal como lo reconoce el artículo 1º de la Ley 100 de 1993 al disponer que aquel “comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, materia de esta ley, u otras que se incorporen en el futuro”; y lo corrobora el artículo 2º del mismo ordenamiento al señalar que en virtud del principio de unidad en dicho sistema se presenta una “articulación de políticas, instituciones, regímenes, procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la seguridad social”. También cabe recordar, que de acuerdo con lo previsto en el artículo 6º de la misma Ley 100 de 1993, [El sistema de seguridad social integral está instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente ley]; y que, según el artículo 8º ibídem. El sistema de seguridad social integral es un conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.

Concluyendo, el segmento normativo (sic) revisión no viola el principio de unidad de materia, pues como se ha explicado anteriormente, guarda relación sistemática y teleológica con la Ley 797 de 2003. En consecuencia, se declarará ajustado al ordenamiento superior.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declarar EXEQUIBLES las expresiones “Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base”, del parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 797 de 2003, por el cargo analizado en esta providencia.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente.

Magistrados: Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.

Martha Sáchica de Moncaleano, Secretaria General.

(1) Sentencias C-245 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y C-579 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(2) Sobre casos en los cuales la Corte ha integrado una proposición jurídica completa y se ha pronunciado sobre apartes normativos no acusados que conformaban una unidad lógico jurídica inescindible con otros apartes sí demandados, pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-560 de 1997, C-565 de 1998 y C-1647 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; C-1106 de 2000, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y C-154 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(3) Sentencia C-871 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(4) Sentencia C-154 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(5) Sentencia C-233 de 2003.

(6) Sentencia C-025 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(7) Sentencia C-352 de 1998, Ms.Ps. Antonio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra.

(8) Sentencia C-501 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada, entre otras, en la Sentencia C-460 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-501 de 2001.

(10) Exposición de motivos de la Ley 797 de 2003. Gaceta del Congreso 350 de 2002.

(11) Exposición de motivos de la Ley 797 de 2003. Gaceta del Congreso 350 de 2002.

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