Sentencia C-640 de septiembre 16 de 2009  

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-640 de 2009

Ref.: Expediente D-7660

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Ernesto Vargas Silva

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24 ¾parágrafo¾, 25 (parcial) del Decreto 1796 de 2000(1), y 35 del Decreto 094 de 1989(2).

Actor: Alirio Jesús Alzate Jaramillo.

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil nueve.

EXTRATOS: "II. La norma demandada

A continuación se transcribe el texto de las disposiciones parcialmente demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial Nº 44.161 del 14 de septiembre de 2000, y se subrayan los apartes demandados.

DECRETO 1796 DE 2000

(Septiembre 14)

"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993".

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 578 de 2000

DECRETA:

"(…)

TÍTULO IV

Informe administrativo por lesiones

ART. 24.¾Informe administrativo por lesiones. Es obligación del comandante o jefe respectivo, en los casos de lesiones sufridas por el personal bajo su mando, describir en el formato establecido para tal efecto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que se produjeron las lesiones e informarán si tales acontecimientos ocurrieron en una de las siguientes circunstancias:

a. En el servicio pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.

b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo.

c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.

d. En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.

PAR.¾Cuando el accidente en que se adquirió la lesión pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia.

En todo caso los organismos médico-laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección.

ART. 25.¾Término para la elaboración del informe administrativo por lesiones. El comandante o jefe respectivo deberá elaborar y tramitar el informe administrativo por lesiones dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del momento en que tenga conocimiento del accidente, bien sea a través del informe rendido por el superior del lesionado, por informe del directamente lesionado o por conocimiento directo de los hechos".

DECRETO 0094 DE 1989

(Enero 11)

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confieren la Ley 05 de 1988,

DECRETA:

"(…)

a) Artículo 35. Informe administrativo.

(…)

Cuando el accidente pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de su superior, dentro de los treinta (30) días siguientes al hecho a fin de que rinda el informe administrativo a la respectiva dirección de sanidad; si no lo hiciere la lesión se considera adquirida en el servicio, pero no por causa y razón del mismo".

(...).

VI. Fundamentos de la decisión

1. Competencia de la Corte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de decretos con fuerza de ley, en este caso de los decretos-ley 1796 de 2000 y 094 de 1989.

2. Asunto bajo revisión, y problema jurídico planteado.

2.1. Cuestión previa. Determinación de la materia legal sujeta a control. Carencia actual de objeto respecto del artículo 35 del Decreto-Ley 094 de 1989.

2.1.1. El Procurador General de la Nación, los representantes de los ministerios de la Defensa Nacional y de la Protección Social, coinciden en señalar que se presenta el fenómeno denominado carencia actual de objeto en relación con la acusación contra el artículo 35 del Decreto Ley 094 de 1989, dado que se trata de una disposición implícitamente derogada por el artículo 48 transitorio(4) del Decreto-Ley 1796 de 2000. El demandante admite este hecho pero estima que, pese a ello, la norma continúa produciendo efectos jurídicos.

2.1.2. De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, no es la acción de inconstitucionalidad el medio idóneo para declarar formalmente que una norma ha sido tácitamente derogada. La acción pública de inconstitucionalidad exige de esta corporación un juicio de validez y un análisis constitucional(5). No ha sido concebida para que la Corte haga un juicio de vigencia ni un estudio de los efectos derogatorios de las normas jurídicas. Cuando la Corte ha entrado a definir si la norma demandada está vigente, lo ha hecho para determinar la materia legal sujeta a su control. El análisis de vigencia de la norma se vuelve entonces una etapa necesaria para determinar el objeto del control(6).

Así mismo ha reiterado esta Corte, que en desarrollo de su función de garante de la integridad y supremacía de la Constitución, debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas(7) únicamente cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos(8). En cambio, si el precepto demandado excluido del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia actual de objeto(9).

2.1.3. En desarrollo de las anteriores premisas, procede la Sala a determinar si el artículo 35 del Decreto-Ley 094 de 1989 en efecto se encuentra derogado, y de ser así, si continúa produciendo efectos jurídicos. Ello con el único propósito de determinar la materia legal sujeta a control en el presente evento.

El Decreto 1796 de 2000 fue expedido, con fundamento en facultades extraordinarias, para regular la evaluación de la capacidad sicofísica y la disminución de la capacidad laboral, así como algunos aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional(10).

El mencionado decreto reformó el 094 de 1989(11), estatuto que en su título IV regulaba lo relativo a "Los organismos médico-laborales Militares y de Policía", y en el artículo 35(12) contemplaba la competencia del comandante o jefe respectivo para calificar las lesiones o accidentes, de acuerdo con los parámetros allí establecidos, así como la obligación del lesionado de poner el accidente en conocimiento de su superior, dentro de los treinta (30) días siguientes al hecho, a fin de que rindiera el informe administrativo por lesiones ante la dirección de sanidad correspondiente; de no hacerlo, la lesión se consideraría adquirida en el servicio, pero no por causa y razón del mismo.

El Decreto 1796 de 2000, en su artículo 50 "derogó todas las normas que le sean contrarias", y en el 48 transitorio estableció que "Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal de que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad sicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del Decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70(13) de la misma norma".

Así mismo, el mencionado decreto se ocupa en su título IV del "informe administrativo por lesiones", regulando de manera más detallada esta materia. En el artículo 24 establece la obligación para el respectivo comandante o jefe de diligenciar el formato en el que describa las circunstancias en las que se produjo la lesión, e informe si las mismas se produjeron en alguno de los eventos a que alude el precepto, lo cual tiene como propósito determinar si se trata de una enfermedad común, profesional, u originada en actividades relacionadas con el orden público, o en actos antijurídicos. En el artículo 25 prevé el término dentro del cual el respectivo comandante o jefe debe elaborar y tramitar el informe administrativo por lesiones, y en el 26 la posibilidad de su modificación por los comandantes de fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional.

Lo anterior permite sostener que el Decreto 1796 de 2000, reguló de manera más específica y completa la materia relativa al informe administrativo que debe preceder a la valoración de la capacidad sicofísica y la disminución de la capacidad laboral de los miembros de la fuerza pública que hubieren sufrido una lesión. Tal hecho, unido a la circunstancia de que el artículo 35 del Decreto 094 de 1989 no se encuentra dentro de las disposiciones que dejó vigente el artículo 48 transitorio del Decreto 1796 de 2000, lleva a la concluir que se trata de un precepto que perdió vigencia.

2.1.4. Es necesario, ahora establecer si el contenido normativo demandado -artículo 35 Decreto 094 de 1989-, no obstante haber perdido vigencia, tiene la virtualidad de producir efectos jurídicos actuales.

Esta situación plantea un problema de determinación de los efectos de la ley en el tiempo, cuestión que la Corte ha abordado en diversas oportunidades. En este sentido ha indicado(14) que en principio, toda disposición legal surte sus efectos atribuyendo consecuencias normativas a aquellas situaciones de hecho que cumplan dos condiciones: i) que sean subsumibles dentro de sus supuestos, y ii) que ocurran durante la vigencia de la ley. Es decir, que "como regla general las normas jurídicas rigen en relación con los hechos que tengan ocurrencia durante su vigencia, lo cual significa que, en principio, no se aplican a situaciones que se hayan consolidado con anterioridad a la fecha en que hayan empezado a regir -no tienen efectos retroactivos-, ni pueden aplicarse para gobernar acontecimientos que sean posteriores a su vigencia ¾no tienen efecto ultraactivo¾"(15).

Sobre este último fenómeno precisó:

"[L]os conflictos en torno a la aplicación de la ley en el tiempo surgen cuando los efectos de una norma derogada se proyectan con posterioridad a su desaparición, respecto de hechos acaecidos durante su vigencia. En estricto sentido, la norma derogada no estaría produciendo efectos por fuera de su ámbito temporal de vigencia, porque los mismos, en este evento, se predican a un supuesto de hecho que ocurrió antes de que fuera derogada. En este sentido, en la Sentencia C-329 de 2001 se hace notar cómo los efectos jurídicos de una norma se producen en el momento en el que se atribuye la consecuencia normativa a la conducta establecida en su supuesto de hecho, independientemente de la oportunidad en la que ello sea declarado por la autoridad judicial. Habría que agregar entonces que para que pueda hablarse de ultraactividad de la ley en relación con hechos acaecidos durante su vigencia, es necesario que tales hechos no se hayan agotado para el momento de la derogatoria de la ley. Puede tratarse, por ejemplo, de hechos continuados, de tal manera que, iniciados bajo la vigencia de una ley, se concluyen cuando la misma ya ha sido derogada, o de casos en los cuales no obstante que el hecho se ha producido bajo la vigencia de una ley la atribución de la consecuencia normativa no es instantánea, y se produce con posterioridad, bajo la vigencia de otra ley"(16).

Es decir, que cuando una ley que ha perdido vigencia regulaba situaciones que se entienden agotadas para el momento de la derogatoria, dicha ley no tiene la virtualidad de producir efectos hacia el futuro y no es susceptible de control de constitucionalidad. Cuando, por el contrario, el supuesto regulado no se ha agotado en el momento de la derogatoria, hay lugar a la aplicación ultraactiva de la ley derogada y la misma podría ser invalidada si se encuentra que es contraria a la Constitución(17). Lo que se pretende, en esta última hipótesis, es excluir del ordenamiento jurídico un contenido normativo que aunque presente en la norma derogada, se manifiesta de manera actual en la regulación de los aspectos de una situación de hecho que, habiendo surgido bajo el amparo de la ley anterior, aún no se ha agotado(18).

2.1.5. Con fundamento en los anteriores parámetros, procede la Corte analizar si el inciso final del artículo 35 del Decreto 094 de 1989 acusado, continúa produciendo efectos jurídicos.

El contenido acusado del artículo 35 del Decreto 094 de 1989 disponía que, "Cuando el accidente pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de su superior, dentro de los treinta (30) días siguientes al hecho a fin de que rinda el informe administrativo a la respectiva dirección de sanidad; si no lo hiciere la lesión se considera adquirida en el servicio, pero no por causa y razón del mismo".

Es claro, en primer lugar, que esa norma solo tiene aplicación para regular los informes administrativos por lesiones orientados a determinar la disminución de la capacidad, la clasificación del tipo de incapacidad y su imputabilidad al servicio, en relación con hechos acaecidos antes del 14 de septiembre 2000, fecha en que entró en vigencia el de Decreto 1796 de 2000.

El supuesto de hecho que la norma regula es el deber para el lesionado de poner en conocimiento del superior ¾ante su inadvertencia¾ el accidente o incidente en que se produjo la lesión y la consecuencia de esa omisión. Se trata de una condición sometida a un breve término, cuya consecuencia normativa ¾la emisión del informe y correspondiente calificación¾ se debe producir de manera inmediata. El supuesto de hecho que la norma prevé no se refiere a hechos continuados, o a atribución de consecuencias que se prolonguen en el tiempo. Por el contrario, se trata de una situación que se agota con el suministro de la información dentro del plazo establecido en la misma disposición, o su omisión, y la calificación de esa circunstancia, sin que quede en suspenso la atribución de consecuencias normativas. La norma produce sus efectos de manera instantánea, en el momento mismo en que el comandante o jefe respectivo califique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.

La exclusión de efectos actuales de la norma derogada deviene así mismo del carácter mutable que se ha reconocido a la situación física y sicológica del personal al servicio de la Fuerzas Armadas, la cual puede variar como consecuencia de los denominados eventos del servicio, y de la relación de inmediatez que debe mediar entre las decisiones administrativas que se adopten después de la valoración del personal en servicio, y la causa que las originó. Así lo destacó la Corte al reconocer que:

(L)a situación física y psicológica del personal puede variar como consecuencia de los denominados eventos del servicio, lo cual hace necesario que las decisiones administrativas que se adopten después de la evaluación del personal en servicio guarden una relación de inmediatez con la causa que las origina. En efecto, nada explicaría que con fundamento en un concepto de capacidad psicofísica expedido años atrás, pudiera verse justificado un retiro aludiendo a la disminución allí decretada, pues la evolución de las afecciones tiende a variar en el tiempo, bien sea desapareciendo, recrudeciendo o inclusive mejorando. De manera que el respaldo de las decisiones administrativas que se adoptan debe reflejar el estado de salud actual del afectado"(19).

Quiere esto decir que para los supuestos normativos previstos en el artículo acusado se configuró, con anterioridad a la expedición del Decreto 1796 de 2000, una situación jurídica consolidada, y que en relación con la misma el artículo 35 del Decreto 094 de 1989, ya no está produciendo efectos.

Comoquiera, entonces, que la disposición demandada fue derogada y no se encuentra actualmente produciendo efectos, la Corte habrá de inhibirse de pronunciarse en torno a su validez.

2.1.6. Finalmente, frente a la afirmación del demandante en el sentido que en la práctica administrativa se continúa aplicando el artículo 35 del Decreto 094 de 1989(20), en lo relativo a los efectos que la omisión de presentar el informe produce sobre la calificación de la lesión y su imputabilidad al servicio, bajo el criterio de que la nueva normatividad (D. 1796/00) no regula este aspecto, advierte la Corte que se trata de una práctica ilegal, en la medida que se estaría aplicando un precepto claramente derogado.

El hecho de que el legislador extraordinario del 2000 no hubiese incluido en el capítulo que regula los informes administrativos, la gravosa presunción consistente en que la no presentación del informe por parte del lesionado genera automáticamente la imputación de la lesión al servicio "pero no por causa y razón del mismo", no puede significar que su intención fuese la de mantener la previsión de 1989. Al haber regulado de manera integral mediante el Decreto 1796 de 2000 (arts. 24 a 26) la materia relativa a los informes administrativos, subrogó en su integridad el artículo 35.

La eventual aplicación ¾parcial o total¾ del artículo 35, a situaciones acaecidas bajo la vigencia del Decreto 1796 de 2000, no configuraría el supuesto de prolongación en el tiempo de los efectos de una norma derogada, que según la jurisprudencia amerita el control abstracto de constitucionalidad, sino una indebida aplicación de una norma derogada. Tal situación estaría sometida a un control distinto, ya sea por la vía de la nulidad del acto administrativo, o por la de la tutela, si se establece la inexistencia o ineficacia del medio ordinario, atendidas las circunstancias particulares del caso.

Decantada así la materia objeto de control, procede la Corte a pronunciarse sobre la censura dirigida contra los artículos 24 (par.) y 25 (parcial) del Decreto 1796 de 2000.

2.2. El problema jurídico.

El demandante considera que las expresiones acusadas pertenecientes a los artículos 24 (par.) y 25 del Decreto 1796 de 2000, en cuanto prevén que cuando el accidente en que adquirió la lesión pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado deberá rendir un informe por escrito dentro de los dos meses siguientes, representa una exigencia administrativa desproporcionada para una persona que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, y a quien por la delicada misión que desarrolla se le debe especial solidaridad por parte de la sociedad y el Estado. La imposición de este deber al miembro de la fuerza pública lesionado vulneraría los artículos 1º, 13, 29, 48 y 49 de la Constitución. Esta posición es apoyada por la ciudadana Adriana Morales, estudiante de la Universidad Icesi.

De otro lado, las entidades públicas intervinientes, la Universidad del Rosario y el señor Procurador General de la Nación, coinciden en sostener que los preceptos acusados son exequibles, puesto que las normas no contemplan una carga impuesta al lesionado, sino de una potestad de informar sobre el accidente o incidente en el cual se produjo la lesión, con el propósito de subsanar la omisión en que incurrió el superior del afectado, dentro de un término que también se considera como razonable.

Visto así el debate que suscitó la demanda, corresponde a la Corte resolver si vulneran la Constitución, y en particular sus artículos 1º, 13, 29, 48 y 49, las normas que contemplan el deber para el lesionado de informar por escrito, dentro de los 2 meses siguientes a su ocurrencia, del accidente en que adquirió la lesión, cuando el mismo ha pasado inadvertido para el comandante o jefe respectivo.

Para resolver los problemas planteados la Sala procederá a: (i) Recordar su jurisprudencia sobre la especial protección que la Constitución debe a las personas disminuidas física, síquica o sensorialmente; (ii) establecer el alcance de los preceptos acusados en la marco del régimen especial de seguridad social previsto para los miembros de las Fuerzas Armadas; (iii) referirse a la relevancia del informe médico administrativo por lesiones, dentro del procedimiento de calificación de la capacidad sicofísica; (iv) en ese marco se pronunciará sobre los cargos de la demanda.

3. La especial protección constitucional a las personas con discapacidad.

La especial protección a las personas que padecen algún tipo de discapacidad es un mandato contemplado en el derecho internacional, en la Constitución Política colombiana y en algunos desarrollos legislativos(21), que a partir de aquellos, propugnan por el tratamiento, la adaptación y la readaptación de las personas discapacitadas.

3.1. En este sentido, la Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad(22), aprobada mediante Ley 762 de 2002, tiene la finalidad de prevenir y eliminar todas las expresiones de discriminación contra las personas con discapacidad, así como la de propiciar su plena integración a la sociedad. De acuerdo con este instrumento, (art. 1º): "el término 'discapacidad' significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social".

La citada convención dispone así mismo que constituye discriminación contra las personas discapacitadas "toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales" (art. 2º a).

También contempla el señalado instrumento que no constituye discriminación "la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia" (art. 2º b).

En virtud de dicho tratado, Colombia, como Estado parte, se comprometió a adoptar las medidas legislativas, sociales, educativas, laborales y de cualquier otra índole necesarias para eliminar la discriminación contra las personas discapacitadas y a propiciar su plena integración en la sociedad(23).

3.2. En otro ámbito, la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(24) aprobó el Convenio 159(25) sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, y expidió la Recomendación 168 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas)(26).

El Convenio 159, aprobado por el Estado colombiano mediante Ley 82 de 1988, formula determinadas obligaciones que deben cumplir los Estados que lo ratifiquen, en materias tales como las relaciones laborales o las condiciones de trabajo que se deben garantizar a las personas con discapacidad. Para efectos del mencionado convenio se entiende por persona inválida "toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida" (art. 1º).

El convenio dispone que todo Estado miembro deberá elaborar una política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas. Igualmente, que dicha política se basará en el principio de igualdad de oportunidades entre los trabajadores inválidos y los trabajadores en general y que deberá respetarse la igualdad de oportunidades y de trato.

3.3. Por su parte, el Constituyente de 1991 reconoció a las personas con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales la condición de sujetos de especial protección (C.P., art. 13), exaltó su dignidad como personas, y la intangibilidad de sus derechos fundamentales, a la vez que garantizó su total integración a la sociedad. En ese propósito confió a las autoridades la tarea de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social y de prestación de la atención especializada que requieran (C.P., art. 47). En materia laboral estableció como obligación del Estado la de garantizarles el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud (C.P., art. 54) y en materia de educación le impuso el deber especial de garantizarles la prestación de ese servicio público (C.P., art. 68).

En este orden, las personas discapacitadas gozan, sin discriminación alguna, de los mismos derechos y garantías que las demás. Sin embargo, por hacer parte de un grupo poblacional con condiciones particulares, son beneficiarias de una protección especial por parte del Estado y demandan, de este, una atención concreta, real y efectiva dirigida a garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, su amplia participación en la vida social y un desarrollo vital de sus intereses(27).

3.4. En interpretación del artículo 13 de la Constitución, esta corporación ha sostenido que:

"El Constituyente no fue ajeno a la situación de marginalidad y discriminación a la que históricamente han sido expuestas las personas disminuidas física, sensorial o psíquicamente. Es así como la Carta Política consagra derechos fundamentales y derechos prestacionales en favor de los discapacitados. La igualdad de oportunidades y el trato más favorable (C.P., art. 13), son derechos fundamentales, de aplicación inmediata (C.P., art. 85), reconocidos a los grupos discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. De otra parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter programático (C.P., art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar una política de previsión, rehabilitación e integración social.

9. El derecho a la igualdad de oportunidades trasciende la concepción formal de la igualdad ante la ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas personas o grupos. En relación con los discapacitados, la igualdad de oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación (C.P., art. 2º). La igualdad de oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que se "equipara" a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles el pleno goce de sus derechos.

Los derechos específicos de protección especial para grupos o personas, a diferencia del derecho a la igualdad de oportunidades, autorizan una "diferenciación positiva justificada" en favor de sus titulares. Esta supone el trato más favorable para grupos discriminados o marginados y para personas en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P., art. 13)"(28).

En este sentido cuando las autoridades omiten dar ese trato especial que la Constitución ordena a las personas que padecen alguna discapacidad incurren en discriminación "por cuanto la no aplicación de la diferenciación positiva en el caso de las personas discapacitadas permite que la condición natural de desigualdad y desprotección en que se encuentran se perpetúe, situación que les impide, entonces, participar e integrarse en las actividades sociales, para poder así ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones"(29).

De manera particular, el principio de igualdad vincula al legislador para que las normas jurídicas que profiera respeten y garanticen el derecho a la igualdad y se abstenga de adoptar medidas discriminatorias o que desconozcan la especial protección que se debe a las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Así mismo, para que el Estado les otorgue la especial protección de la cual son titulares y adopte las medidas necesarias para que la igualdad sea real y efectiva.

3.5. La Corte se ha pronunciado también en diversas oportunidades(30) sobre la garantía del derecho de igualdad en relación con las personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, y ha hecho énfasis en la necesidad de brindar un trato especial a ese grupo poblacional. En particular, ha sostenido que puede vulnerarse el derecho a la igualdad de las personas discapacitadas, e incurrir por esa vía en un acto discriminatorio, por lo menos en dos situaciones "por un lado la conducta, actitud o trato, consciente o inconsciente, dirigido a anular o restringir sus derechos, libertades y oportunidades, sin justificación objetiva y razonable. Por otro, el acto discriminatorio consistente en una omisión injustificada en el trato especial a que tienen derecho los discapacitados, la cual trae como efecto directo su exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad"(31).

También ha sostenido que "[e]n principio, las distinciones que introduzca la ley entre las personas basándose en el criterio de discapacidad se tienen como sospechosas de un ánimo de exclusión. La discapacidad, así como el sexo, la raza, la opinión política o filosófica, la religión o el origen nacional, es un criterio de clasificación que tradicionalmente ha conllevado la exclusión y marginación de un grupo de personas"(32).

3.6. La regulación de la capacidad sicofísica de los miembros de la fuerza pública.

El artículo 2º del Decreto 1796 de 2000 "por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993", define la capacidad sicofísica como "el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes y potencialidades de orden físico y psicológico que deben reunir las personas a quienes se les aplique el presente decreto, para ingresar y permanecer en el servicio, en consideración a su cargo, empleo o funciones".

Esa capacidad sicofísica será valorada con criterios laborales y de salud ocupacional, por parte de las autoridades médico laborales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La capacidad sicofísica, de acuerdo con el mencionado decreto(33), para el ingreso y permanencia en el servicio, se califica por parte de los médicos autorizados por la dirección de sanidad de la respectiva fuerza o de la Policía Nacional, con los conceptos de apto, aplazado y no apto. Se entiende por apto "quien presente condiciones sicofísicas que permitan desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial y civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones", por aplazado "quien presente alguna lesión o enfermedad y que mediante tratamiento, pueda recuperar su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones", y por no apto "quien presente alguna alternación sicofísica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo, empleo o funciones".

Para la calificación de cualquiera de esas situaciones por parte de los organismos y autoridades médico laborales militares y de policía, constituye presupuesto relevante, aunque no conclusivo, el informe administrativo por lesiones emitido por el jefe o comandante respectivo al que se refieren los preceptos acusados por el demandante.

Los miembros de la fuerza pública que han sido víctima de un episodio en el que se vea disminuida su capacidad sicofísica, son sin duda un grupo poblacional beneficiario de la especial protección que el derecho internacional, la Constitución y la jurisprudencia, reconocen a las personas ubicadas en situación de debilidad manifiesta.

4. El alcance de los preceptos acusados en el marco del régimen especial de seguridad social previsto para los miembros de las Fuerzas Armadas.

4.1. Los artículos 217 y 218 de la Constitución, establecen que los miembros de las Fuerzas Militares y de policía estarán sujetos a un régimen especial "de carrera, prestacional y disciplinario", propio de ellas, determinado por la ley. En desarrollo de este precepto, se ha decantado un criterio unánime en esta corporación, que parte de la consideración que el régimen prestacional(34) de las Fuerzas Armadas y de policía es diferente al régimen aplicable a la generalidad de las personas, precisamente, por ser diferentes los sujetos sobre quienes recaen dichas disposiciones y teniendo en cuenta la naturaleza específica de los servicios prestados(35). El carácter especial de este régimen se encuentra así explícitamente reconocido por la Constitución y la ley.

4.2. Dentro de este contexto, el Decreto 094 de 1989, reguló de manera general la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes y alumnos de las escuelas de formación, y personal civil del Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional, estableciendo el ámbito de aplicabilidad (título i); la definición y clasificación de las incapacidades, invalideces, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo (título ii y iii); los organismos médico laborales militares y de policía (título iv); las funciones de los organismos de sanidad (título v); la clasificación de las lesiones y afecciones, así como las causales generales de no aptitud, las que originan incapacidad y los presupuestos para la pensión de invalidez (títulos, viii, ix y x).

4.3. El Decreto 1796 de 2000, introdujo significativas modificaciones al anterior estatuto, particularmente en lo relacionado con la evaluación de la capacidad sicofísica y la disminución de la capacidad laboral, así como en algunos aspectos relativos a incapacidades, indemnizaciones, pensión de invalidez, e informes administrativos por lesiones de los miembros de la fuerza pública y la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación y personal civil, y no uniformado al servicio del Ministerio de la Defensa Nacional, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

4.4. En el título IV de la mencionada regulación se establece lo relacionado con los "Informes administrativos por lesiones". De una lectura sistemática de los preceptos que integran este título y su armonización con otras disposiciones complementarias del mismo estatuto, advierte la Sala que este requisito administrativo para la evaluación de la capacidad sicofísica del personal a que se refiere esta normatividad, se encuentra regido por los siguientes parámetros:

4.4.1. La emisión del informe constituye una obligación del comandante o jefe respectivo, cuando quiera que personal bajo su mando sufra algún tipo de lesión. Para el efecto diligenciará el formato establecido con ese propósito, consignando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjeron las lesiones, así como la calificación de tales circunstancias en el sentido de si se configura una enfermedad y/o accidente común; una enfermedad profesional y /o accidente de trabajo; un incidente vinculado a tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto armado; o si es el producto de un acto antijurídico, contrario a la ley, el reglamento o a una orden superior (D. 1976/00, art. 24).

La norma prevé una segunda hipótesis, consistente en que el accidente en que se adquiera la lesión pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, caso en el cual el lesionado deberá informar del episodio, por escrito, dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia. En todo caso, los organismos médico laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección (art. 24, par.).

4.4.2. El término para el trámite y elaboración de informe administrativo que deberá rendir el comandante o jefe del lesionado es de dos (2) meses, contados a partir del momento en que tenga conocimiento del accidente, ya sea por informe rendido por el superior inmediato del afectado, por información recibida del propio lesionado, o por conocimiento directo de los hechos (art. 25).

4.4.3. El informe administrativo por lesiones podrá ser modificado por los comandos de fuerza y la Dirección General de la Policía Nacional, cuandoquiera que sea contrario a las pruebas allegadas. Esta modificación podrá efectuarse a solicitud del interesado, dentro de los tres (3) meses siguientes a la notificación del informe correspondiente (art. 26).

5. La relevancia del informe médico administrativo por lesiones, dentro del procedimiento de calificación de la capacidad sicofísica.

5.1. El informe administrativo por lesiones constituye uno de los soportes -junto con la ficha médica de aptitud sicofísica, el concepto médico de especialista, el expediente médico laboral y los exámenes paraclínicos- para que la junta médico laboral militar o de policía desarrolle las funciones que le competen, al punto que se concibe como una de las causales que suscita la convocatoria de la junta médico laboral.

Las funciones adscritas a este organismo son de la mayor relevancia en orden a la determinación de la aptitud sicofísica de los miembros de la fuerza pública, y consisten en: (i) clasificar el tipo de incapacidad sicofísica y la aptitud para el servicio; (ii) determinar la disminución de la capacidad sicofísica; (iii) calificar la enfermedad, según sea profesional o común; y (iv) registrar la imputabilidad al servicio, de acuerdo con el informe administrativo por lesiones (D. 1796/00, arts. 15 y 16).

El informe administrativo por lesiones se considera como una de las causales para la convocatoria de la junta médico laboral, y sin duda, uno de los soportes a partir de los cuales el tribunal médico-laboral de revisión militar y de policía, habrá de tomar sus decisiones cuandoquiera que deba resolver reclamaciones que surjan contra las decisiones de la junta médico laboral.

Tal como está concebido en el régimen especial para las Fuerzas Armadas, el informe por lesiones que, de acuerdo con el parágrafo impugnado, deberá presentar el lesionado cuando el accidente en que adquiera la lesión pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, se constituye en una de las fuentes de información para la elaboración del informe administrativo por lesiones que debe rendir el comandante o jefe. Explícitamente la norma establece que "en todo caso los organismos médico laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección", lo que implica que el reporte informativo del lesionado no se constituye en un presupuesto inexcusable para la calificación que deberán emitir las autoridades médico legales. La previsión se orienta más bien a suplir el vacío de información que eventualmente podría quedar ante la inadvertencia del superior sobre la ocurrencia del incidente en que se origina la lesión.

5.2. Cabe destacar que la regulación que establece el Decreto 1796 de 2000 respecto del reporte que se permite efectuar al lesionado sobre el episodio en que resultó afectado, cuandoquiera que el mismo pase inadvertido para su jefe o comandante, difiere significativamente de aquella que sobre la misma materia preveía el Decreto 094 de 1989. En este estatuto se establecía "la obligación" para el lesionado de poner en conocimiento de su superior el suceso en que adquirió la lesión, con la consecuencia de que "si no lo hiciere la lesión se considera adquirida en el servicio, pero no por causa y razón del mismo", es decir, que la omisión del informe por parte del afectado automáticamente producía un impacto en la valoración de la lesión, calificándola como enfermedad o accidente común.

Esta gravosa consecuencia impuesta al lesionado en la normatividad anterior fue suprimida por el parágrafo del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, en el cual se prevé la posibilidad de subsanar la inobservancia del comandante o jefe respectivo mediante el informe del propio lesionado, el cual deberá rendirse dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocurrencia del hecho, con la expresa advertencia de que en todo caso, corresponde a los organismos médico laborales calificar el origen de la lesión o afección.

La concepción del reporte informativo del lesionado como una de las fuentes de información en que podrá basarse el informe administrativo por lesiones que deberá tramitar y elaborar el comandante o jefe respectivo, es ratificada por el artículo 25 del Decreto 1796 de 2000, conforme al cual el informe administrativo puede fundarse en el "informe rendido por el superior del lesionado, por informe directamente del lesionado o por conocimiento directo de los hechos", el cual se emitirá dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir del momento en que hubiese tenido acceso a la información por cualquiera de los medios reseñados.

5.3. Considera la Sala útil destacar que la regulación del informe administrativo previo a la calificación y clasificación de una incapacidad sicofísica y a la valoración de la aptitud para el servicio de los miembros de la fuerza pública, cobijados por un régimen especial(36), difiere de manera sustancial de la reglamentación de los informes de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional establecida en el sistema de riesgos profesionales contemplado en la Ley 100 de 1993 y la normatividad que la reglamenta y desarrolla.

Al respecto conviene señalar que el inciso 2º del artículo 62 del Decreto 1295 de 1994, establece que: "Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad económica, deberá ser informado por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad".

A su turno el artículo 3º de la Resolución 165 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, reglamenta de manera precisa estos informes:

"De conformidad con el literal e) del artículo 21, el artículo 62 del Decreto-Ley 1295 de 1994, y el artículo 11 del Decreto 2800 de 2003, el empleador o contratante deberán notificar a la entidad promotora de salud a la que se encuentre afiliado el trabajador y a la correspondiente administradora de riesgos profesionales, sobre la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. Copia del informe deberá suministrase al trabajador y cuando sea el caso, a la institución prestadora de servicios de salud que atienda dichos eventos.

Para tal efecto, el empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe, dentro de los dos días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad profesional; cualquier modificación en su contenido deberá darla a conocer a la administradora de riesgos profesionales, a la entidad promotora de salud, y al trabajador anexando los correspondientes soportes (se destaca).

En el evento que no se suministre la información requerida en el plazo señalado, la entidad dará aviso a la correspondiente dirección territorial del Ministerio de la Protección Social, a efecto de que se adelante la investigación.

Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el empleador o contratante, se deberá aceptar el reporte del mismo presentado por el trabajador o por quien lo represente o a través de las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 25 del Decreto 2463 de 2001 (se destaca).

(…).

PAR. 2º¾El informe de accidente de trabajo o enfermedad profesional se considera una prueba, entre otras, para la determinación del origen por parte de las instancias establecidas por la ley. En ningún caso reemplaza el procedimiento establecido para tal determinación ni es requisito para el pago de prestaciones asistenciales o económicas al trabajador, pero una vez radicado en la administradora de riesgos profesionales da inicio a la asignación de la reserva correspondiente".

Como se advierte claramente en el régimen especial de la fuerza pública, la regulación de los informe para la valoración de la aptitud sicofísica y la calificación de una disminución de la capacidad laboral, difiere sustancialmente del sistema regulado en el régimen de riesgos profesionales, ya que, como lo ha desatacado la jurisprudencia "aquel se ha programado a partir de las especiales funciones que le han sido asignadas por la Constitución Política y que se concretan en la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del orden constitucional y en el mantenimiento de la paz y de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas"(37). Así, lo que importa al régimen especial aplicable a las Fuerzas Armadas es regular la evaluación de la capacidad sicofísica y la disminución de la capacidad laboral "a partir de las incapacidades que afectan de manera directa la prestación del servicio militar o de policía, en tanto que al régimen común le interesa calificar aquellas incapacidades que por regla general impiden desempeñarse en cualquier área de servicio"(38).

Tanto en el régimen especial propio de las Fuerzas Armadas, como en el común regido por la Ley 100 de 1993, los informes sobre el evento en que se produce la lesión o el accidente de trabajo o enfermedad, constituyen una prueba, entre otras, para determinar el origen o la imputabilidad de la enfermedad al servicio. Así mismo, en uno y en otro régimen se contempla la posibilidad de que ante la omisión en el diligenciamiento del informe por el superior, el empleador o el contratante, se acepte el reporte presentado por el propio servidor público o trabajador.

No obstante, en lo que concierne al término establecido para el reporte de la información, ya sea por parte del jefe o comandante en el régimen especial, del empleador o contratante en el régimen común, o por el propio afectado en uno y otro, la regulación sí difiere de manera sustancial. Así, en el régimen especial, el lesionado cuenta con un término de dos (2) meses contados partir de la ocurrencia del hecho para informar sobre el evento, cuando el mismo pase inadvertido para el superior, y este a su vez con dos (2) meses contados a partir del momento en que tenga conocimiento del accidente por cualquiera de las fuentes autorizadas para el efecto (D. 1796/00, art. 25). En contraste con ello, en el régimen común, el término para diligenciar el informe sobre el accidente de trabajo o la enfermedad profesional acaecida en una empresa o actividad económica es de dos (2) días hábiles, contados a partir de aquel en que el accidente se hubiese producido o en que la enfermedad profesional hubiese sido diagnosticada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones procede la Corte a examinar los cargos formulados por el demandante contra algunos apartes de los artículos 24 y 25 del Decreto 1796 de 2000.

6. Examen de constitucionalidad.

6.1. Las normas acusadas como expresión de medidas de protección a la seguridad social de los miembros de la fuerza pública.

El demandante considera que las expresiones "el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia" contenida en el parágrafo del artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, y "por informe del directamente lesionado" prevista en el artículo 25 del mismo decreto, son inconstitucionales en cuanto plasman una exigencia administrativa desproporcionada para una persona que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, y a quien por la delicada misión que desarrolla se le debe especial solidaridad por parte de la sociedad y el Estado. La imposición de este deber al miembro de la fuerza pública lesionado vulneraría, a juicio del actor, los artículos 1º, 13, 29, 48 y 49 de la Constitución.

Tal como quedó establecido en el fundamento jurídico 3 de esta sentencia, la especial protección que el derecho internacional, la Constitución y la jurisprudencia de esta corporación contemplan para las personas afectadas por algún tipo de discapacidad, ampara a los miembros de la fuerza pública que en razón de la delicada misión que les ha sido confiada por la Constitución, se ven enfrentados a la reducción o pérdida de su capacidad sicofísica para el desempeño de su actividad militar o policial.

Sin embargo, es claro que la previsión normativa que el demandante acusa, consistente en la presentación de un informe por parte de lesionado, el cual serviría de soporte para la elaboración del informe administrativo que debe diligenciar y tramitar el jefe o comandante respectivo, cuando para este pase inadvertido el episodio generador de la lesión, no constituye una trasgresión a ese mandato de protección reforzada que pudiera ser censurado como un acto de discriminación. No es discriminatorio puesto que no comporta una exclusión o restricción de derechos, fundada en la discapacidad.

Por el contrario, los preceptos acusados cumplen con la finalidad de garantizar un canal de comunicación para que el lesionado pueda subsanar la omisión en que hubiere podido incurrir su superior, este sí obligado, a emitir el informe administrativo correspondiente. No se trata de una exigencia cuya inobservancia acarree la pérdida de derechos para el lesionado, puesto que la misma regulación se cuida de no supeditar la calificación del origen de la lesión o afección, al informe del lesionado: "[e]n todo caso -prevé la norma- los organismos médico laborales deberán calificar el origen de la lesión o afección".

No se trata en consecuencia de una carga administrativa como lo concibe el ciudadano demandante, sino de una oportunidad que se brinda a la persona afectada en su capacidad sicofísica para que promueva el trámite de la valoración y calificación de la lesión o enfermedad, frente a la inactividad de su comandante o jefe.

No advierte la Corte que en la regulación demandada el legislador se haya sustraído a su deber de abstenerse de adoptar medidas discriminatorias o contrarias al deber de especial protección que la Constitución contempla para las personas que padecen una disminución física o síquica (C.P., art. 13) Por el contrario, su ubicación dentro de un régimen especial previsto para los miembros de la fuerza pública (D. 1796/00) la impregna de las particularidades de ese sistema, caracterizado por la ampliación de ciertas prerrogativas con miras a establecer estándares de protección acordes con la naturaleza específica de los servicios prestados y la especial condición de los sujetos destinatarios del régimen.

En este sentido, destaca la Sala, que la regulación establecida en los preceptos acusados sobre el término en que el informe puede ser rendido por el servidor público lesionado -policial o militar- en significativamente más amplio (2 meses), que el previsto para el trabajador (2 días) en el marco del sistema general de riesgos profesionales. Esta constatación desvirtúa el argumento del demandante sobre la configuración de un régimen restrictivo que obstruiría las posibilidades de acceso a la seguridad social (art. 48), y a la salud (art. 49) de los miembros de la fuerza pública.

Lejos de establecer una carga para el militar o policial discapacitado, las disposiciones parcialmente acusadas garantizan la posibilidad de que sea el mismo lesionado quien, con su información, active los mecanismos administrativos que posibilitan su acceso a las prestaciones derivadas de su derecho a la seguridad social y a la salud, cuandoquiera que el comandante o jefe respectivo desatienda su deber de elaborar el informe administrativo correspondiente al evento generador de la lesión.

En suma, las normas censuradas no plasman una de aquellas situaciones en que, conforme a la jurisprudencia, el legislador podría incurrir en una regulación discriminatoria (fundamento jurídico 3.5), de los mencionados preceptos no se deriva una situación orientada a anular o restringir, sin justificación alguna, los derechos de sujetos titulares de una especial protección; por el contrario, los preceptos acusados posibilitan un escenario para que la persona lesionada promueva el ejercicio de sus derechos (a la seguridad social y a la salud), ante la omisión de la autoridad competente.

La previsiones de los artículos 24, parágrafo, y 25 del Decreto 1796 de 2000, que son objeto de impugnación, responden a las particularidades del régimen especial de seguridad social configurado para los miembros de la fuerza pública, el cual es autorizado por los artículos 217 y 218 de la Constitución. Las normas se orientan a configurar un mecanismo de acceso eficaz para activar el procedimiento de calificación y clasificación de una situación de disminución de la capacidad sicofísica, cuando se presenta omisión al respecto por parte del superior correspondiente, dentro de un plazo que la Corte considera razonable, contrastado con el que rige en situaciones análogas dentro del régimen general de riesgos profesionales. Se trata de medidas que, lejos de incorporar un trato discriminatorio, insolidario o desconsiderado, como lo considera el demandante, responden a un propósito de garantía de los derechos a la seguridad social y a la salud de los destinatarios del régimen especial.

El demandante menciona dentro de los preceptos superiores presuntamente vulnerados los artículos 1º y 29 de la Carta, sin que aporte sustentación alguna para apoyar su censura, por lo que la Corte se abstendrá de emitir pronunciamiento sobre este aspecto del reproche, por ausencia de especificidad y suficiencia en su formulación.

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Corte declarará la exequibilidad de las expresiones "el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia" y "por informe del directamente lesionado", contenidas en el parágrafo del artículo 24 y en el artículo 25 del Decreto-Ley 1796 de 2000, respectivamente.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE, por carencia actual de objeto, para pronunciarse respecto del artículo 35 del Decreto 094 de 1989.

2. Declarar EXEQUIBLES, por los cargos analizados, las expresiones "el lesionado deberá informarlo por escrito dentro de los dos (2) meses siguientes a su ocurrencia" y "por informe del directamente lesionado", contenidas en el parágrafo del artículo 24 y en el artículo 25 del Decreto-Ley 1796 de 2000, respectivamente.

Notifíquese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, y archívese el expediente".

(1) "Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la fuerza pública, alumnos de las escuelas de formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993".

(2) "Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional".

(...)

(4) ART. 48.¾"Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral, e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del Decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma".

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-898 de 2001.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-898 de 2001; criterio reiterado en las sentencias C-992 de 2004, y C-823 de 2006.

(7) Sobre las formas de derogatoria de una ley ha indicado la Corte que esta puede ser "expresa, tácita o por reglamentación integral (orgánica) de la materia, sucediendo la primera cuando la nueva ley suprime formal y específicamente la anterior; la segunda cuando la nueva ley contiene disposiciones incompatibles o contrarias a la de la antigua, y la tercera cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la nueva ley" (Sent. C-634/96).

(8) Corte Constitucional. Sentencias C-541 de 1993, C-104 de 1994.

(9) Sobre este particular pueden consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-332 de 1995.

(10) Artículo 1º Decreto 1796 de 2000.

(11) "Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de oficiales y sub oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares

(12) ART. 35.¾"Informe administrativo. En los casos de accidentes o lesiones, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sucedieron los hechos serán calificadas por el comandante o jefe respectivo, según sea el caso conforme a lo siguiente: a) En el servicio, pero no por causa y razón del mismo.

b) En el servicio por causa y razón del mismo.

c) En el servicio, por causa de heridas en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público.

d) En actos realizados contra la ley, el reglamento o la orden superior.

Cuando el accidente pase inadvertido para el comandante o jefe respectivo, el lesionado tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de su superior, dentro de los treinta (30) días siguientes al hecho a fin de que, rinda el informe administrativo a la respectiva dirección de sanidad; si no lo hiciere la lesión se considera adquirida en el servicio, pero no por causa o razón del mismo.

(13) ART. 70.¾"Autorízase la reglamentación de nuevas causales de aquellas que se deriven del avance técnico científico, producto de nuevas investigaciones. Dichas causales serán aceptadas una vez se someta a un análisis por parte del comité de especialistas de la sanidad de las diferentes fuerzas y del Hospital Militar Central, y estarán sujetas a la aprobación del Ministerio de la Defensa Nacional".

(14) Corte Constitucional. Sentencias C-329 de 2001 y C-377 de 2004.

(15) Corte Constitucional. Sentencia C-377 de 2004. En la mencionada providencia se precisó que "La retroactividad y la ultraactividad de la ley tienen carácter excepcional y deben estar expresamente previstas en el ordenamiento (…) En ese contexto retroactividad y ultraactividad son fenómenos simétricos, aunque de sentido contrario, en la medida en que se refieren a la aplicación de una ley para regular situaciones de hecho que han tenido ocurrencia por fuera del ámbito temporal de su vigencia".

(16) Corte Constitucional. Sentencia C-377 de 2004.

(17) Ib.

(18) En la Sentencia C-862 de 2006, la Corte Constitucional consideró que el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo (norma que fijaba los requisitos para la pensión vitalicia o de vejez) explícitamente derogado por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993, "continúa produciendo efectos jurídicos respecto de ciertos trabajadores que cumplían las condiciones señaladas en este precepto para tener derecho a la pensión de jubilación". Pese a tratarse de una norma derogada, asumió el estudio de constitucionalidad. En sentido similar, en la Sentencia C-891A de 2006 la Corte se pronunció de fondo sobre un enunciado del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, derogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, a su vez derogado por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, al estimar que la norma continúa produciendo efectos dado que "hay empleadores que todavía pagan pensiones restringidas y trabajadores que aún las reciben con fundamento en la Ley 171 de 1961, pues su vínculo laboral no estaba vigente al momento de entrar la Ley 100 de 1993 y debido a eso no se produjo el traslado de la pensión a alguna entidad de seguridad social. Además reparó la Corte en "la posible existencia de trabajadores injustamente despedidos durante la vigencia del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 que en la actualidad no disfruta de la pensión sanción ordenada a su favor por no haber cumplido la edad requerida…".

(19) Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 2006.

(20) Conviene recordar que la parte final del artículo 35 del Decreto 094 de 2000, establecía: "[S]i no lo hiciere (presentar el informe) la lesión se considera adquirida en el servicio, pero no por causa y razón del mismo".

(21) Con el fin de desarrollar la Ley 82 de 1988 (aprobatoria del Convenio 159 de la OIT) el Presidente de la República expidió el Decreto 2177 de 1989, según el cual "el Estado garantizará la igualdad de oportunidades y derechos laborales a las personas inválidas física, mental o sensorialmente, conforme al Convenio 159 suscrito con la organización Internacional del Trabajo y las disposiciones vigentes sobre la materia"(1), y dispuso que "en ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o mentales podrá ser impedimento para ingresar al servicio público o privado, a menos que éstas sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar" (art. 3º). Por medio de la Ley 361 de 1997, el Congreso estableció los mecanismos de integración social de las personas con limitación y señaló que el Estado garantizará y velará porque en su ordenamiento jurídico no se discrimine a las personas por sus circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, síquicas, sensoriales y sociales. Igualmente, le impuso al Estado la obligación ineludible en materia de prevención, cuidados médicos y sicológicos, la habilitación y la rehabilitación adecuadas, la educación apropiada, la orientación, la integración laboral, la garantía de los derechos fundamentales económicos, culturales y sociales (art. 4º). Igualmente, contempló mecanismos para acceder a programas educativos y algunas garantías para los particulares empleadores que vinculen laboralmente personas con limitación.

(22) Suscrita en Guatemala el 7 de junio de 1999.

(23) Tanto la ley aprobatoria como la convención fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-401 del 20 de mayo de 2003.

(24) Organismo intergubernamental que tiene dentro de sus funciones elaborar un sistema normativo internacional a través del cual se reconozcan los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las condiciones de trabajo.

(25) Del 20 de junio de 1983.

(26) De acuerdo con la Recomendación Nº 168, "la expresión persona inválida se refiere a toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo estén sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida". Allí se contempla la necesidad de que se implementen medidas para garantizar un acceso equitativo de las personas con discapacidad a la capacitación y al empleo en igualdad de oportunidades; empleo que, siempre que sea posible, debe corresponder a la elección de aquellas y a sus aptitudes individuales.

(27) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-371 de 2000 y C-174 de 2004.

(28) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-288 del 5 de julio de 1995.

(29) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-401 de 2003.

(30) Corte Constitucional. Sentencia T-288 de 1995, ya citada y C-983 del 13 de noviembre de 2002.

(31) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-174 de 2004, ya citada. Sobre el punto también pueden consultarse las sentencias T-288 de 1995, ya citada y T-378 de 1997.

(32) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-156 de 2004.

(33) Artículo 3º.

(34) La Corte ha precisado que "[El] concepto régimen prestacional, no solo se limita a reconocer las prestaciones que tienen su origen de manera directa en la relación de trabajo, sino también todas aquellas otras que se ocasionan por motivo de su existencia, tales como, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, el auxilio funerario, y aquellas contingencias derivadas de los riesgos en salud" (Cfr. C. Cons. Sents. C-432/2004, C-970/2003, C-101/2003, C-835/2002 y C-654/97. Se destaca).

(35) En este sentido se pueden consultar, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-835 de 2002, C-1032 de 2002, C-101 de 2003, C-104 de 2003 y C-970 de 2003).

(36) Decreto 1796 de 2000.

(37) Corte Constitucional. Sentencia C-890 de 1999, reiterada en la Sentencia C-970 de 2003. En la Sentencia C-890 de 1999 la Corte declaró la exequibilidad de los artículos 89, 90 y 91 del Decreto 094 de 1989, que establecía el derecho a la pensión de invalidez cuando hubiere una pérdida igual o superior al 75% de la capacidad sicofísica del destinatario del régimen especial propio de la Fuerzas Armadas, al considerar que el tratamiento especial dado a estos sujetos no vulneraba el principio de igualdad dado que "no es posible establecer un término de comparación entre los porcentajes para acceder a la pensión de invalidez en el régimen general y los del régimen especial, porque la estructura de los sistemas difiere sustancialmente en la medida en que su acceso y sus métodos de calificación están regulados por patrones distintos, no habiendo coincidencia entre los sistemas de cálculo, liquidación y monto de las prestaciones". En la Sentencia C-970 de 2003, con fundamento en la misma argumentación declaró la existencia de cosa juzgada respecto de la misma materia contenida en los artículos 28, 38, 39, 40 y 41 del Decreto 1796 de 2000.

(38) Ibídem.