Sentencia C-644 de agosto 13 de 2002 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-644 de 2002 

Ref.: Expediente D-3901

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Córdoba Triviño

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 de la Ley 617 de 2000.

Demandante: Rosalba Inés Jaramillo Murillo

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil dos (2002)

EXTRACTOS: «I. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la norma objeto de proceso, según la publicación efectuada en el Diario Oficial 44.188 del 9 de octubre de 2000:

“LEY 617 DE 2000

(Octubre 6)

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ART. 91.—Límite a los gastos del nivel nacional. Durante los próximos cinco (5) años, contados a partir de la publicación de la presente ley, el crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación y de las empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con el régimen de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, no podrá superar en promedio el cincuenta por ciento (50%) de la meta de inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco de la República.

El rubro de viáticos y de gastos de viaje tampoco podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de la mencionada meta de inflación.

Se exceptúan de esta disposición los gastos para la prestación de los servicios de salud, los de las Fuerzas Armadas y los del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

PAR.—El límite establecido en este artículo para los gastos del nivel nacional también se aplicará para el Congreso de la República.

(...).

V. Consideraciones de la Corte Constitucional

Verificación previa: existencia de cosa juzgada constitucional

1. El artículo 91 de la Ley 617 fue objeto de pronunciamiento de constitucionalidad por esta corporación. En la Sentencia C-540 de 2001 se declaró la exequibilidad de este artículo pero limitada “exclusivamente por el cargo de violación de los requisitos constitucionales para la aprobación de leyes orgánicas”. De esta forma, al existir cosa juzgada relativa sobre la norma acusada, es procedente asumir el estudio de los cargos nuevos de inconstitucionalidad formulados en esta oportunidad.

Problema jurídico

2. El artículo 91 de la Ley 617 establece que, durante un período de 5 años a partir de su publicación, el crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios en el presupuesto general de la Nación y en el de las entidades descentralizadas del orden nacional allí señaladas, no podrá superar en promedio el 50% de la meta de inflación esperada para cada año, según las proyecciones del Banco de la República. El rubro de viáticos y gastos de viaje tampoco podrá superar el 50% de la mencionada meta de inflación.

Por su parte, el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001 adiciona un parágrafo transitorio al artículo 347 de la Constitución Política para señalar que durante los años 2002 a 2008 el monto total de las apropiaciones autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos generales, diferentes, entre otros rubros, de los destinados a servicios personales, no podrá incrementarse de un año a otro, en un porcentaje superior al de la tasa de inflación causada para cada uno de ellos, más el 1.5%.

Al cotejar la norma legal con el precepto superior citado, la demandante considera que aquellas es inconstitucional por establecer un límite de crecimiento inferior al fijado en la Carta Política. Por ende, la norma acusada vulnera los artículos constitucionales 4º y 347.

Así entonces, el problema jurídico que debe resolver la Corte consiste en determinar si el artículo 91 de la Ley 617 quedó derogado a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2001, por consagrar, para algunos gastos del nivel nacional, límites de crecimiento diferentes a los fijados por la norma superior.

Para resolver el problema jurídico planteado, la corporación hará una breve referencia a los siguientes aspectos: 1. la ubicación de los rubros “gastos por adquisición de bienes y servicios” y “viáticos y gastos de viaje” dentro de la estructura del presupuesto de gastos, ya que éstos son los rubros a que se refiere la norma demandada; 2. a la competencia del Congreso de la República para fijar límites al crecimiento del presupuesto de gastos, en cuanto la accionante alega que el constituyente establece ahora límites de crecimiento diferentes para el período regulado por la norma acusada, y 3. a los antecedentes del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001, que hace parte de una regulación más amplia para solucionar los problemas del déficit público.

Los rubros afectados por la norma demandada y la estructura del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones

3. Los rubros afectados por la norma acusada están clasificados en diferentes cuentas presupuestales. Este hecho, tal como se deduce de la estructura del presupuesto general de la Nación y se desarrolla a continuación, impone un tratamiento por separado a cada uno de ellos a fin de verificar su constitucionalidad.

Según el estatuto orgánico del presupuesto, el presupuesto general de la nación se integra por tres partes, a saber: 1. el presupuesto de rentas; 2. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, y 3. las disposiciones generales (2) .

(2) Cfr. Artículos 11 y 36 del Decreto 111 de 1996, por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que integran el estatuto orgánico del presupuesto.

El presupuesto de rentas contiene la estimación de los ingresos corrientes de la Nación; de las contribuciones parafiscales, de los fondos especiales; de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden nacional. El presupuesto de gastos o ley de apropiaciones distingue entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión, “clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos” (3) . Finalmente, las disposiciones generales corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del presupuesto general de la Nación, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expiden.

(3) Artículo 11 del estatuto orgánico del presupuesto.

En desarrollo de la facultad dada al Gobierno Nacional por el artículo 11 del estatuto orgánico del presupuesto para clasificar y detallar los componentes del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, se expidió el Decreto 568 de 1996 (4) .

(4) Según lo expresó esta corporación, el reglamento puede clasificar y detallar los gastos, con la condición de no modificar ni crear clasificaciones distintas de las señaladas por la ley. Su actividad se dirige a determinar en forma pormenorizada los ítems que confrontan los gastos dentro de cada una de las divisiones hechas previamente por la ley orgánica. Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-629 de 1996, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

El artículo 16 del Decreto 568 establece, entre otras clasificaciones, una en relación con las cuentas presupuestales y otra a partir del objeto del gasto. La clasificación por cuentas, comprende: Gastos de personal; gastos generales; transferencias corrientes; transferencias de capital; gastos de comercialización y producción; servicios de la deuda interna; servicios de la deuda externa, y programas de inversión. Por su parte, la clasificación por objeto del gasto comprende, entre otras: 1. Para gastos de personal. Servicios personales asociados a la nómina; servicios personales indirectos; contribuciones inherentes a la nómina al sector privado; contribuciones inherentes a la nómina al sector público. 2. Para gastos generales. Adquisición de bienes; adquisición de servicios; impuestos y multas.

Siendo así, la denominación “gastos por adquisición de bienes y servicios” que consagra la norma demandada (L. 617, art. 91), se refiere a rubros de la cuenta gastos generales, mientras que la denominación “rubro de viáticos y gastos de viaje” hace parte de la cuenta gastos de personal, ambas dentro del presupuesto de gastos o ley de apropiaciones.

Esta precisión es importante para determinar, más adelante, la constitucionalidad del artículo demandado, en la medida en que la norma suprema invocada como infringida —A.L. 01/2001, art. 1º—, se refiere solamente al limite del incremento año a año de la cuenta gastos generales, más no a la de gastos de personal.

Competencia del Congreso de la República para fijar límites de crecimiento a los gastos nacionales

4. El Congreso de la República está facultado para participar en la configuración del sistema presupuestal. Según lo ha resaltado esta corporación (5) , los artículos 345 a 353 de la Carta Política contienen el núcleo rector con fundamento en el cual se organiza el sistema presupuestal colombiano, el cual se amplía, a partir de lo dispuesto por el artículo 352, con las disposiciones de la ley orgánica del presupuesto, a la cual la Constitución le ha otorgado un carácter preeminente sobre las demás leyes que regulen la materia.

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-446 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

En este sentido, el artículo 352 de la Constitución dispone que las normas referentes a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar, están señaladas en la Constitución y en la ley orgánica del presupuesto (6) y, en concordancia con aquel, el artículo 151 de la Carta establece que el ejercicio de la actividad legislativa estará sujeto a las leyes orgánicas expedidas por el Congreso de la República (7) .

(6) Al respecto, en la sentencia C-446 de 1996, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara, se indicó que: “El criterio adoptado por la corporación permite concluir que la ley orgánica del presupuesto se encuentra dotada de la característica especial de poder condicionar la expedición de otras leyes sobre la materia a sus prescripciones, de modo tal que una vulneración o desconocimiento de los procedimientos y principios que en ella se consagran al momento de la expedición de las leyes presupuestales ordinarias, puede acarrear la inconstitucionalidad de éstas, debido al rango cuasi constitucional al que sus disposiciones han sido elevadas por voluntad expresa del constituyente”. En el mismo sentido ver igualmente las sentencias C-926 de 1996 y C-1379 de 2000.

(7) El Decreto 111 de 1996 señala, en los siguientes términos, los alcances del estatuto orgánico del presupuesto: “ART. 1º—La presente ley constituye el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación a que se refiere el artículo 352 de la Constitución Política. En consecuencia, todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en este estatuto que regula el sistema presupuestal. (L. 38/89, art. 1º, L. 179/94, art. 55, inc. 1º). ART. 2º—Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones leales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán ningún efecto (L. 179/94, art. 64)”.

De tal suerte que, por disposición constitucional expresa (C.P., art. 352), los límites al crecimiento de las cuentas y rubros del presupuesto de gastos se pueden establecer tanto en la Carta Política como en la ley orgánica del presupuesto. Lo anterior no implica una cotitularidad entre el constituyente y el legislador orgánico para definir el sistema presupuestal pues es indiscutible que el ejercicio de la potestad legislativa estará sujeto a los preceptos constitucionales (8) .

(8) Las leyes orgánicas no tienen nivel constitucional, sino que son leyes intermedias entre la Constitución y las leyes que desarrollan la materia. Además, no tienen la potestad de constituir sino de organizar lo ya constituido, en la medida en que no es el primer fundamento jurídico de la regulación. De acuerdo con lo expuesto, las leyes orgánicas deben observar una norma superior, la Constitución, y crear las condiciones a las cuales estará sujeto el ejercicio de la actividad legislativa (Cfr. C. Const. Sent. C-423/95, M.P. Fabio Morón Díaz). Ver también, Sentencia C-155 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

La aprobación del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001

5. El proyecto de acto legislativo, presentado a iniciativa del gobierno nacional. hace parte de una serie de medidas encaminadas a solucionar el déficit público. Las reformas tienen objetivos como: devolver la dinámica a la economía; fortalecer los fiscos nacionales y regionales; corregir los excesos de gasto; desarrollar reglas que impidan hacia el futuro un descontrol en las finanzas públicas y acumular los recursos para cubrir los pasivos pensionales (9) .

(9) Cfr. Gobierno Nacional. “El reto de la descentralización ordenada”. Publicada en la Gaceta del Congreso 194 del 15 de mayo de 2001, pág. 49.

En su conjunto atienden “la necesidad urgente de devolverle viabilidad a las fianzas públicas, tanto nacionales como departamentales y municipales” (10) .

(10) Ibídem.

En este escenario el proyecto de acto legislativo “no solo se centra en la modificación de las transferencias a las regiones, sino que adicionalmente limita el crecimiento del gasto de funcionamiento en el gobierno central... Existe consenso que todos los niveles del gobierno deben aportar al esfuerzo fiscal. Por eso el acto legislativo está orientado tanto a los gastos del gobierno central, como a los recursos que se participan con las entidades territoriales. Con la modificación del artículo 347 de la Constitución Nacional, se propone limitar el crecimiento de los gastos de funcionamiento del gobierno central, diferentes de pensiones así: se establece un período de transición entre 2002 y 2006, donde como máximo, los gastos crecerán con la inflación más 1.5% real” (11) .

(11) Ibídem.

6. En estrecha vinculación con los objetivos propuestos, en el proyecto de acto legislativo se proponía adicionar un parágrafo transitorio al artículo 347 de la Constitución Política, cuyo texto era el siguiente:

Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, el monto total de las apropiaciones autorizadas por la ley de presupuesto para funcionamiento, diferentes de las destinadas al pago de pensiones, no podrá incrementarse de un año a otro, en un porcentaje superior al de la tasa de inflación proyectada para cada uno de ellos, más el uno punto cinco por ciento (1.5%) (12) .

(12) Gaceta del Congreso 434 del 30 de octubre de 2000, página 1.

Esta iniciativa para limitar los gastos de funcionamiento del orden nacional se mantuvo, en esencia, hasta el tercer debate en la segunda vuelta, En esa oportunidad la comisión primera de la Cámara de Representantes decidió suprimir el artículo 1º del proyecto de acto legislativo, por considerar que la medida era inconveniente debido a que “cualquier modificación salarial conllevaría a una inflexibilidad futura que obliga una nueva reforma constitucional. Adicionalmente, ya la Ley 617 incorporó ajustes a los gastos del gobierno central, lo cual hace innecesario la inclusión de este artículo, así mismo esta decisión se convertiría en un obstáculo para reactivar la demanda efectiva en la economía” (13) .

(13) Informe ponencia para primer debate en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo En: Gaceta del Congreso 274 del 6 de junio de 2001. páginas 3 y 4. En la Gaceta del Congreso 291 del 12 de junio de 2001, páginas 6 y 7, se publica el texto aprobado en la comisión, con la supresión del artículo 1º del proyecto de acto legislativo.

Posteriormente, varios representantes a la Cámara solicitaron a la plenaria la inclusión del retirado artículo 1º en el proyecto de acto legislativo, por lo que se designó una comisión accidental para que rindiera informe en relación con esta petición.

Fue así como, en el informe rendido a la plenaria por la comisión de conciliación, se recomendó incluir el siguiente texto como parágrafo transitorio del artículo 347 de la Constitución Política: “PAR. TRANS.—Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 el monto total de las apropiaciones autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos generales, diferentes de los destinados al pago de pensiones, salud, gastos de defensa, servicios personales, al sistema general de participaciones y a otras transferencias que señale la ley, no podrá incrementarse de un año a otro, en un porcentaje superior al de la tasa de inflación causada para cada uno de ellos, más el uno punto cinco por ciento (1.5%). La restricción al monto de apropiaciones no se aplicará a las necesarias para atender gastos decretados con las facultades de los estados de excepción” (14) .

(14) Gaceta del Congreso 341 del 16 de julio de 2001, página 38.

El texto de este parágrafo transitorio fue aprobado, de manera independiente, en las sesiones plenarias de Senado de la República y Cámara de Representantes del 20 de junio de 2001, y corresponde al texto definitivo del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001 (15) .

(15) Cfr. Gacetas del Congreso 341 del 16 de julio de 2001, página 37, y 354 del 31 de julio de 2001, páginas 76 y ss. y 132.

¿La norma acusada fue derogada por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001?

7. Según se expresó en los acápites anteriores, la respuesta al problema jurídico planteado es diferente para cada una de las materias que integran la norma demandada. Ellas son, de una parte, “el crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios”, y de la otra, “el rubro de viáticos y de gastos de viaje”.

8. En primer lugar, las medidas adoptadas en el artículo 91 de la Ley 617 en relación con el “crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios” en el presupuesto general de la Nación y en el de las demás instituciones allí indicadas, fueron derogadas por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001, pues las decisiones específicas adoptadas por el constituyente en un aspecto determinado, prevalecen sobre las decisiones que previamente haya tomado el legislador orgánico.

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 352 de la Constitución Política, los límites al crecimiento anual de las cuentas del presupuesto de gastos pueden ser fijados tanto por la Constitución como por la ley orgánica del presupuesto. Pero, como se indicó, ello no significa que la legislación orgánica pueda, de manera simultánea o paralela, consagrar o conservar normas diferentes a las consagradas por el constituyente, pues toda decisión adoptada por el legislador deberá acatar el principio de supremacía de la Carta Política (C.P., art. 4º).

En este caso, el artículo 91 de la Ley 617 fijaba el límite máximo o el techo autorizado para el crecimiento de los gastos por adquisición de bienes y servicios. Posteriormente, el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001 estableció un límite diferente para el crecimiento anual de los gastos generales (16) . Y si, como lo consagran las normas sobre clasificación del presupuesto, los rubros aludidos en la Ley 617 están incorporados en la cuenta presupuestal regulada con posterioridad por el acto legislativo, significa que hay dos regulaciones diferentes para una sola materia. Se deduce entonces que aquélla norma fue derogada por ésta que, además de ser posterior, es de superior jerarquía.

(16) Si bien la Ley 617 se refería a los gastos por adquisición de bienes y servicios y el acto legislativo al incremento de los gastos generales, no se trata de dos materias diferentes dado que aquellos rubros presupuestales están incluidos en la cuenta gastos generales, y que los gastos generales se ejecutan mayoritariamente en la adquisición de bienes y servicios pues no es significativo el peso porcentual de los rubros faltantes, es decir el pago de impuestos y multas. Recuérdese que en la clasificación del presupuesto de gastos, la cuenta gastos generales se compone de tres rubros, a saber: adquisición de bienes; adquisición de servicios; impuestos y multas.

Es decir, si luego de entrar en vigencia la Ley 617, el constituyente señaló expresamente el límite máximo dentro del cual se hará la programación presupuestal por parte del legislador ordinario (ley anual de presupuesto), la legislación orgánica no puede válidamente, con la misma finalidad y para el mismo período, establecer límites diferentes a los ahora señalados, en forma expresa, por el constituyente.

9. La anterior interpretación compagina con la voluntad del constituyente de fijar esta nueva regulación del crecimiento de los gastos generales en el nivel nacional. Así se evidencia tanto en la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo como en los debates y discusiones que se surtieron durante su aprobación, Tanto es así que el proyecto de acto legislativo fue presentado a consideración del Congreso de la República con posterioridad a la publicación de la Ley 617 (17) y que, además, en diferentes oportunidades se puso de presente que las reformas propuestas modificarían decisiones ya adoptadas en la Ley 617 de 2000 (18) .

(17) El proyecto de Acto Legislativo 012 fue presentado en la secretaría general del Senado de la República el 30 de octubre de 2000 (G. del Congreso 434 del 30 de octubre de 2000, págs.11 y 12) y la Ley 617 fue publicada en el Diario Oficial 44.188 del 9 de octubre de 2000.

(18) En la exposición de motivos el gobierno señaló lo siguiente: “La estrategia global de ajuste a las finanzas públicas comprende la aprobación de reformas que incrementen los ingresos y limiten los gastos… En cuanto a la reducción de gastos, son los departamentos y municipios quienes hasta ahora dan el mejor ejemplo con la Ley 617 de 2000, con la cual se pretenden corregir de manera estructural los excesos de gasto de las entidades territoriales (Gaceta del Congreso 434 del 30 de oct. de 2000, pág. 4). En relación con las consideraciones acerca de la Ley 617 en el proceso constituyente, ver, por ejemplo, la Gaceta del Congreso 274 del 6 de junio de 2001, páginas 3 y 4.

Esta apreciación concuerda con lo señalado por el gobierno al proponer la reforma del artículo 347 de la Carta Política. En esa oportunidad se dijo que, “En cuanto al problema de exceso de gasto público, existe consenso sobre la necesidad de que en el proceso de ajuste fiscal deben aportar todos los sectores y, por ende, todos los niveles de gobierno. Por esta razón, el presente acto legislativo implica la modificación del artículo 347 de la Constitución Política al ponerle límites al crecimiento de los gastos de funcionamiento del gobierno, excluyendo los pagos de pensiones” (19) .

(19) Gaceta del Congreso 434 de 30 de octubre de 2000, página 3. También señaló el Gobierno Nacional que: “La propuesta además refleja el sentir de los miembros del gobierno, la mesa de concertación de transferencias, las analistas y la sociedad en general en cuanto a que el problema de exceso de gasto público se debe traducir en un proceso de saneamiento de las finanzas públicas al cual deben aportar todos los sectores y todos los niveles de gobierno”. Ibídem, páginas 4 y 5.

Posteriormente, en la ponencia para primer debate se señaló que “con esta propuesta se pretende limitar el crecimiento del tamaño del Estado con el objetivo de promover la actividad privada, que ve limitada su productividad al enfrentarse a un Estado cada vez mayor. Adicionalmente, con el control al crecimiento de los gastos de la Nación se garantiza el equilibrio de las finanzas públicas en el largo plazo, ya que el flujo de ingresos futuros tendrá que ser utilizado de manera racional teniendo en cuenta las limitaciones que impondría este proyecto frente a las necesidades específicas del momento” (20) .

(20) Gaceta del Congreso 439 del 7 de noviembre de 2000, página 9.

Según lo expuesto, el artículo 91 de la Ley 617 de 2000, en lo que hace referencia al crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios de los órganos que integran el presupuesto general de la Nación y demás presupuestos allí referidos, fue derogado tácitamente (21) por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001.

(21) En relación con la derogatoria tácita de una ley por inconstitucionalidad sobreviniente puede verse la Sentencia C-155 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. En esta sentencia se dijo que “La inconstitucionalidad de que adolece la norma bajo examen, es de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia califica de inexequibilidad sobreviniente, que se presenta cuando estando una norma vigente, aparece una nueva disposición de rango constitucional contraria a lo reglado en la primera”.

10. En contra de la interpretación asumida por esta corporación podría argumentarse la constitucionalidad de la norma acusada, aduciendo que representa el ejercicio de la potestad de configuración en esta materia. A ello se respondería que, si bien el legislador orgánico fijó el límite máximo de crecimiento de los gastos generales en el orden nacional, se trata de una decisión previa a la decisión constitucional sobre la misma materia. Además, en la elaboración, trámite y aprobación del acto legislativo fueron tenidas en cuenta para su modificación las decisiones adoptadas en la Ley 617 de 2000.

11. Así mismo, podría invocarse la calidad de norma transitoria que tiene el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001 para considerar que la norma demandada, en la materia que se analiza, no fue derogada y que recobraría su fuerza ejecutoria cuando la norma constitucional deje de producir efectos. A tal argumento se diría que la vigencia del acto legislativo supera la vigencia de la norma contenida en el artículo 91 de la Ley 617, de tal suerte que cuando deje de regir el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001, ya habrá transcurrido la vigencia del artículo 91 de la Ley 617. Entonces, no sería acertado afirmar que la norma demandada podría surtir efectos en el futuro (22) .

(22) La ley anual de presupuesto aprobada luego de la vigencia del acto legislativo debió respetar necesariamente ambas disposiciones (A. L. 01/01 y L. 617) ya que los límites fijados por el legislador orgánico (L. 617/2000. art. 91) eran inferiores a los contemplados en la reforma constitucional.

Por consiguiente, al quedar derogados estos apartes de la norma demandada, la Corte no encuentra objeto sobre el cual pueda emitir un pronunciamiento de fondo.

Los límites de crecimiento para el rubro de viáticos y gastos de viaje fijados en la norma demandada

12. La regulación consagrada en el artículo demandado en relación con “el rubro de viáticos y gastos de representación” no fue derogada por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001 pues versa sobre un aspecto presupuestal diferente al regulado por éste.

En efecto, el acto legislativo se refiere al incremento de las apropiaciones autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos generales, y “el rubro de viáticos y gastos de viaje”, en la clasificación del presupuesto de gastos, hace parte de una cuenta diferente, la de gastos de personal.

Por ello, en el mismo sentido de la decisión tomada por esta corporación en la Sentencia C-459 de 2002, si las cuentas gastos generales y gastos de personal son dos cuentas diferentes de la clasificación presupuestaria; si el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2001 se refiere al crecimiento de las apropiaciones para gastos generales; si no hay norma constitucional que haga referencia al incremento, durante determinado período, de los gastos de personal, entonces no hay contradicción entre la norma acusada y la norma superior invocada, ni es de recibo el argumento de la demandante que cuestiona la constitucionalidad de una norma orgánica del presupuesto que hace referencia al crecimiento de un rubro de los gastos de personal por estimarla contraria a una norma constitucional que fija el crecimiento de una cuenta diferente a aquélla, es decir la de gastos generales. Esta conclusión se obtiene de la lectura de la norma demandada, de la clasificación del presupuesto y de la norma superior invocada como infringida.

13. Así entonces, la Corte se inhibirá para emitir pronunciamiento de fondo en relación con la constitucionalidad de los apartes del artículo 91 de la Ley 617 de 2000 que hacen referencia al “crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios” y declarará exequible, del mismo artículo, lo referente al “rubro de viáticos y gastos de viaje”.

Decisión

Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. INHIBIRSE para emitir pronunciamiento de fondo en relación con los apartes del artículo 91 de la Ley 617 de 2000 que hacen referencia al “crecimiento anual de los gastos por adquisición de bienes y servicios” de los órganos y entidades señalados en dicho artículo.

2. DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 91 de la Ley 617 de 2000 en lo que hace referencia a los límites de crecimiento del “rubro de viáticos y gastos de viaje” en las entidades y organismos señalados en dicho artículo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».

___________________________________