Sentencia C-644 de mayo 31 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

DECRETOS DE REFORMA DE ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS

COMPETENCIA PARA SU JUZGAMIENTO

EXTRACTOS: «Se demanda en su totalidad el Decreto 1133 de 1999, “por el cual se reestructura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público” expedido por el Presidente de la República con expresa invocación “de las facultades que confieren los numerales 16 y 17 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a los principios y reglas del artículo 54 de la Ley 489 de 1998”.

Mediante providencia del 2 de diciembre de 1999 el magistrado sustanciador admitió la demanda, habida consideración del lleno de los requisitos formales exigidos por el Decreto 2067 de 1991 y de los planteamientos esbozados por el actor en cuanto a la naturaleza del decreto acusado, estimando necesario que la dilucidación de sus reales características se efectuaran dentro de la contradicción propia del proceso.

Como se ha destacado en los antecedentes tanto el señor Secretario Jurídico de la Presidencia en su intervención como el señor Procurador General de la Nación solicitan a la corporación declaración de inhibición habida cuenta de la real naturaleza del decreto acusado.

Al respecto es necesario considerar:

El demandante dice que el decreto acusado, más allá de su encabezamiento y de las facultades invocadas por las materias en él contenidas, de estirpe legislativa, sólo podía ser dictado en ejercicio de facultades extraordinarias, como, en efecto a su juicio sucedió y que por lo tanto debe ser juzgado por esta corporación. Para el interviniente y la vista fiscal, por el contrario el Decreto 1133 de 1999, por su contenido y naturaleza no es de aquellos cuya confrontación con las superiores normas constitucionales pueda efectuarse por la Corte Constitucional.

Como se ha señalado, el decreto acusado invoca como fundamentos normativos los numerales 16 y 17 del artículo 189 de la Constitución Política, y los principios y reglas contenidos en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

De conformidad con las disposiciones constitucionales en cita, corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley y distribuir los negocios según su naturaleza, entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos.

Por su parte la norma legal invocada en desarrollo del mandato constitucional del numeral 16 señala efectivamente, “los principios y reglas con sujeción a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás organismos del orden nacional”.

Conforme a la Constitución Política corresponde al Congreso Nacional, mediante ley la creación de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades administrativas del orden nacional “señalando sus objetivos generales y su estructura orgánica” (art. 150, num. 7º); por su parte al Presidente de la República compete la modificación de la estructura de las entidades mencionadas pero con sujeción a los principios y reglas generales que señale la ley.

Así las cosas, la función de reformar la estructura de los organismos administrativos, enunciados en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política, corresponde al presidente pero dentro del marco que trace el legislador. Se trata entonces de una función permanente del Presidente de la República pero cuyo ejercicio está sujeto a los principios y reglas generales que al efecto enuncie el legislador, quien precisamente los enunció en el mencionado artículo 54 de la Ley 489 de 1998.

Como lo señaló esta corporación en la Sentencia C-262 de 1995 (1) y se reitera en la Sentencia C-702 de 1998

(1) Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

“Dentro de una interpretación coherente y armónica de distribución de competencias y funciones entre los órganos constitucionales del poder público, dentro de la distribución del poder que anuncia la nueva Constitución de 1991, no es posible la simultánea y concurrente asignación de las mismas competencias entre el legislador y el ejecutivo, o que se permita que cada uno de los dos órganos las ejerza a discreción, sin considerar límite alguno de competencias entre ellos” (2) .

(2) Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

De otra parte, como ya lo ha expresado esta corporación el ejercicio de la función de distribución de negocios según su naturaleza entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos a que se refiere el numeral 17 del mismo artículo 189 de la Constitución Política no puede adelantarse en contra de la voluntad expresada por el legislador al señalar los objetivos y la estructura orgánica de la administración nacional, en general, y de aquellas entidades en cada caso (3) . Así las cosas los actos que al efecto expida el Presidente de la República tienen clara estirpe administrativa pues han de sujetarse a las disposiciones legales que hayan determinado dichos objetivos generales a cargo de las distintas entidades.

(3) Sentencia C-262 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.

Por lo tanto la invocación del numeral 17 del artículo 189 de la Constitución como fundamento del Decreto 1133 de 1999 manifiesta la voluntad del Presidente de la República de ejercitar dentro del marco de las disposiciones legales funciones administrativas de las que es titular constitucional.

La competencia de la Corte Constitucional se encuentra estricta y precisamente señalada en el artículo 241 de la Carta Política y respecto de los decretos dictados por el Presidente de la República se limita a los expedidos en desarrollo de las funciones conferidas en los artículos 150 numeral 10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución.

En armonía con su materialidad, administrativa, no se incluye entre los decretos pasibles del control de constitucionalidad por la Corte los decretos que corresponden a las facultades atribuidas al Presidente de la República a otros como los que se derivan del ejercicio de las facultades previstas en los numerales 16 y 17 del artículo 189 de la Constitución.

Entonces, establecida la naturaleza administrativa de los decretos en mención por su materialidad y sujeción a la ley y por no hallarse comprendidos en la explícita enumeración hecha por el artículo 241 de la Constitución, ha de concluir la Corte que los decretos que expida el Presidente de la República con invocación de los numerales 16 y 17 del artículo 189 de la Constitución no pueden ser juzgados por ella. La respectiva competencia corresponderá al Consejo de Estado, en armonía con el numeral 2º del artículo 237 de la propia Constitución.

En consecuencia, la Corte Constitucional habida consideración que el Decreto 1133 de 1999 fue dictado con invocación de los numerales 16 y 17 del artículo 189, debe abstenerse de resolver en el fondo la demanda de la referencia por falta de jurisdicción.

Por lo anterior, en consonancia con los escritos del interviniente y del Procurador General de la Nación, teniendo en cuenta su incompetencia para resolver sobre la constitucionalidad del decreto acusado, la Corte habrá de declararse inhibida, como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Declararse INHIBIDA para fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el Decreto 1133 de 1999 “por el cual se reestructura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público” por falta de jurisdicción.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(Sentencia C-644 de mayo 31 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Tafur Galvis).

SALVAMENTO DE VOTO

Salvo mi voto en el asunto de la referencia por cuanto estimo que la Corte Constitucional, para que su función de guarda efectiva de la integridad y supremacía de la Constitución no quede frustrada, debe abandonar el criterio puramente formal para definir su propia competencia en casos como el presente, en los cuales la simple enunciación sobre el tema del decreto demandado (“por el cual se reestructura el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”), y todavía más, el cotejo de sus disposiciones, muestran a las claras que la función ejercida corresponde, pese al encabezamiento usado por el gobierno, no al numeral 16 del artículo 189 de la Constitución, que supone la “sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley”, sino en realidad al numeral 7º del artículo 150 ibídem, que ha sido reservado, en su ejercicio, al Congreso de la República.

De tal suerte que, en mi criterio, se ha debido avanzar hacia la verificación del contenido material de la normatividad enjuiciada para impedir que el ejecutivo, mediante la sola invocación de unas ciertas atribuciones constitucionales, seleccione el tribunal que ha de resolver acerca de las disposiciones que profiere.

José Gregorio Hernández Galindo. 

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