Sentencia C-646 de mayo 31 de 2000 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-646/2000 

Ref.: Expediente D-2652

Magistrado Ponente:

Fabio Morón Díaz

Actor:

Gabriel Valbuena Hernández

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, “por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública”, y 119 de la Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden disposiciones y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

Santafé de Bogotá, D.C. mayo treinta y uno del año dos mil.

EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, advirtiendo que se subrayan y destacan los apartes demandados:

“DECRETO-LEY 2150 de 1995

“Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública”.

ART. 95.—A partir de la vigencia del presente decreto, sólo se publicarán en el Diario Oficial, los siguientes documentos públicos:

a) Los actos legislativos y los proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Congreso;

c) Los decretos y resoluciones ejecutivas expedidos por el Gobierno Nacional, cuya vigencia se determinará en el mismo acto de su expedición, y los demás actos administrativos de carácter general expedidos por las entidades u órganos del orden nacional, cualquiera que sean las ramas u organizaciones a las que pertenezcan;

d) Los actos de disposición, enajenación, uso o concesión de bienes nacionales;

e) La parte resolutiva de los actos administrativos que afecten de forma directa o inmediata, a terceros que no hayan intervenido en una actuación administrativa, a menos que se disponga su publicación en otro medio oficial destinado para estos efectos o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones;

f) Las decisiones de los organismos internacionales a los cuales pertenezca la República de Colombia y que conforme a las normas de los correspondientes tratados o convenios constitutivos, deban ser publicados en el Diario Oficial.

PAR.—Los actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán sus efectos a partir de su notificación yno será necesaria su publicación.

“Ley 489 de 1998

“Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden disposiciones y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.

“ART. 119.—Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Congreso;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidos por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas ramas del poder público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

PAR.—Únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.

(...).

VI.Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, esta corporación es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995 y el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

2. La materia de la demanda.

Le corresponde en esta oportunidad a la Corte Constitucional determinar, si la decisión del legislador, contenida en el parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, de exceptuar los actos administrativos de carácter particular y concreto que produzcan las entidades del orden nacional de cualquiera de las ramas del poder público, del requisito de ser publicados en el Diario Oficial, contradice disposiciones de la Constitución Política, específicamente el principio de publicidad que consagra el artículo 209 superior como rector de la administración pública, y por ende restringe y vulnera el derecho de participación ciudadana y de ejercicio de control político que el constituyente le garantizó a todos los ciudadanos, a través del artículo 40-6 de la Carta Política.

Así mismo, si la omisión que el actor le atribuye al legislador, consistente en que éste no se refirió en el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, a los actos administrativos de contenido particular y concreto, estableciendo que éstos, al igual que los de carácter general y abstracto, deban ser publicados en el Diario Oficial, requisito que según él se impone como presupuesto esencial para que se entienda cumplido el principio de publicidad al que alude el artículo 209 de la Carta, entendido éste como condición previa para la entrada en vigencia de su contenido y la oponibilidad a dichos actos, también vulnera los preceptos constitucionales que alega transgredidos.

3. La publicidad en el ejercicio de las funciones públicas es condición esencial para el funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho.

La democracia, ha dicho la Corte Constitucional, “presupone la existencia de una opinión pública libre e informada”(1), una opinión conformada por sujetos autónomos, libres, dotados de razón y como tales titulares del derecho deber de participación, que los habilita y obliga a ejercer las funciones de control político a las que se refiere el artículo 40 de la Constitución Política, necesarias para garantizar el equilibrio, la juridicidad y la pertinencia de las actuaciones que emanan de las autoridades de las diferentes ramas del poder público. La publicidad es una condición de legitimidad, que activa el principio de obligatoriedad de la norma jurídica, pues “...es principio general de derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce...”(2).

(1) Sobre el tema ver, entre otras, sentencia C-386 de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Sentencia C-161 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz.

“...Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho; sin ella, sus instituciones mutan de naturaleza y dejan de existir como tales”. (C. Const., Sent. C-038/96, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Así las cosas, no hay duda que el contenido de la ley se torna obligatorio para los asociados, en el momento en que ésta se promulga y se publica(3), pues como también lo ha señalado esta corporación,

(3) “La promulgación de la ley no es otra cosa que la publicación de la misma en el Diario Oficial, con el fin de poner en conocimiento de los ciudadanos los mandatos que ella contiene”. (C. Const., Sent. C-161/99, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

“...sólo con la publicidad oficial de las normas se justifica la ficción de que éstas han sido conocidas por los asociados, para luego exigir su cumplimiento. La publicación de la ley aunque presupone su existencia, es trascendental desde el punto de vista de su eficacia. De todas formas, se trata de un requisito que no se integra en el íter formativo de la ley. La publicación, en estricto rigor, constituye una operación administrativa material, reglada, que corresponde ejecutar al gobierno y que se desarrolla de conformidad con lo que establezca la ley, la cual ha dispuesto que se realice por escrito y en el Diario oficial”(4).

(4) Corte Constitucional, sentencias C-084 de 1999 y C-161 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz; C-306 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-544 de 1994, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía.

Ahora bien, establecido como está que en nada contraría el ordenamiento superior la decisión del legislador, a través de la cual dispuso que el principio de publicidad respecto de la ley encuentra realización cuando la misma es publicada en el Diario Oficial, le corresponde ahora a la Corte determinar, si la decisión del mismo, adoptada para garantizar la realización de dicho principio cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, es también armónica con los mandatos de la Carta Política, pues la acusación que presenta el actor está dirigida precisamente a impugnar la norma legal que exceptúa tales actos del requisito de publicación de su contenido en el Diario Oficial, ordenando en cambio su notificación, con la cual, señala, se entiende cumplido el principio de publicidad.

El principio constitucional de publicidad, que es el que se pretende desarrollar a través de la notificación cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, no es un principio absoluto y por lo tanto admite limitaciones y excepciones que le corresponde definir y establecer al legislador; en esa perspectiva deberá proceder la Corte a establecer, si la excepción que consagra el parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2591 de 1991, norma impugnada por el demandante, es congruente y armónica con los mandatos de la Carta Política.

4. La publicidad de los actos administrativos admite diferentes formas concretas de realización, que debe diseñar e implementar el legislador, atendiendo su naturaleza y características.

La jurisprudencia y la doctrina distinguen entre actos administrativos de carácter general y abstracto y actos administrativos de contenido particular y concreto, unos y otros, desde luego, deben ser difundidos, esto es dados a conocer a los asociados por las autoridades que los producen, de acuerdo con los mandatos de la ley y en desarrollo de los principios de transparencia y publicidad que consagra el artículo 209 de la C.P.

Ahora bien, de lo que se trata es de establecer si dicho principio, tal como lo sostiene el actor, sólo encuentra plena realización mediante la publicación, sin distingo, de todos los actos administrativos en el Diario Oficial, gaceta o cualquier otro medio oficial de divulgación, o si por el contrario el legislador, en ejercicio de la cláusula general de competencia de la cual es titular según lo dispone el artículo 150 superior, puede y debe diseñar otros mecanismos distintos a la publicación del correspondiente acto en el Diario Oficial, atendiendo la naturaleza y específicas características de los distintos actos administrativos.

Para ello hay que decir, que además de la divulgación de las actuaciones de los órganos de poder público como mecanismo de consolidación de la democracia participativa y condición esencial para el ejercicio del derecho de control político, son dos los objetivos que se persiguen con la exigencia de realización del principio de publicidad respecto de los actos administrativos, el primero determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y el segundo garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados para el efecto.

La regla general es que el acto administrativo entre en vigencia desde el momento de su expedición, siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos de publicación o notificación según sea el caso. En consecuencia, el acto administrativo que no haya sido publicado o notificado será un acto ineficaz, esto es que no producirá efectos, lo que no quiere decir, desde luego, que sea nulo o inexistente. El acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación notificación, según se trate de actos de contenido general y abstracto o de actos de contenido particular y concreto respectivamente.

Es decir, que los actos administrativos, por disposición del legislador, admiten dos formas concretas de publicidad, su publicación en el Diario Oficial, gaceta o cualquier otro medio oficial de divulgación, si se trata de contenidos abstractos u objetivos, esto es impersonales, y la notificación, si se trata de contenidos subjetivos(5) y concretos que afectan a un individuo en particular, o a varios, identificables y determinables como tales, lo anterior por cuanto la publicidad se ha establecido como una garantía jurídica con la cual se pretende proteger a los administrados, brindándoles a éstos certeza y seguridad en las relaciones jurídicas que emanan de su expedición. En cuanto a los actos administrativos subjetivos, cuya acción de nulidad tenga caducidad, ellos deberán ser debidamente publicitados, de conformidad con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y demás normas legales pertinentes.

(5) La doctrina especializada señala que los actos individuales o creadores de situaciones jurídicas subjetivas o concretas, son los que se refieren a personas determinadas individualmente.

El artículo 95 del Decreto 2150 de 1995, relaciona en su primera parte los actos administrativos de carácter general y abstracto expedidos por las entidades del orden nacional de cualquiera de las ramas del poder público, que deben ser publicados en el Diario Oficial, mientras en su parágrafo, en cambio, de manera expresa determina que los “actos administrativos de carácter particular y concreto surtirán efectos a partir de su notificación y no será necesaria su publicación”, expresión esta que impugna el actor, porque en su opinión es contraria, entre otros, a los artículos 40 y 209 de la Carta Política.

La notificación, ha dicho el Consejo de Estado.

“Es una garantía que tienen los administrados que les permite conocer las obligaciones que las autoridades pretenden hacerles efectivas o las determinaciones tomadas respecto a sus peticiones para que informados deduzcan si el acto ha sido realizado por la autoridad competente, de acuerdo con las formalidades legales, por los motivos que fijen las leyes, con el contenido que éstas señalen y prosiguiendo el fin que las mismas indiquen. Y como consecuencia, si alguno de estos presupuestos falta, propongan los medios de defensa que crean tener a su favor ante la rama ejecutiva solicitando la reposición ante el mismo funcionario que pronunció la providencia para que se aclare, modifique o revoque, o interponiendo apelación ante el inmediato superior con el mismo objeto. Y luego, agotada la vía gubernativa, si ésta le es desfavorable, acudiendo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante la correspondiente acción y con el lleno de los requisitos fijados por la ley”(6).

(6) Consejo de Estado, Sentencia de junio 22 de 1972. En el mismo sentido ver Decreto-Ley 01 de 1984, artículos 43 a 48, publicaciones, comunicaciones y notificaciones de los actos administrativos.

Para la Corte, la distinción en las formas de publicidad que dispuso el legislador para los actos administrativos, dependiendo de si se trata de actos de carácter general, o de actos de carácter particular y concreto, incluidos los subjetivos cuya acción de nulidad esté sujeta a caducidad, no vulnera ni amenaza ningún precepto de la Carta Política, pues uno y otro mecanismo permiten cumplir los objetivos para los cuales fueron diseñados, esto es, de una parte poder establecer con precisión la fecha en que entra en vigencia el contenido del respectivo acto administrativo y de otra activar el principio de oponibilidad inherente a las decisiones de carácter público. Pero además esa distinción es razonable, pues cuando el contenido del acto es abstracto y general la publicidad del mismo debe garantizar que todos y cada uno de los asociados conozcan su contenido, el cual los afectará, cometido que se cumple consignándolo en el Diario Oficial, medio oficial de divulgación al cual puede acceder cualquier persona, mientras que si se trata de un acto de contenido particular y concreto, el principio de publicidad se agota cuando los afectados por sus disposiciones son informados de ellas, pudiendo proceder, de conformidad con la ley, a impugnarlos si lo consideran del caso, objetivo que se alcanza con la notificación del mismo:

“Los actos de comunicación procesal, entre ellos las notificaciones, son manifestaciones concretas del principio de publicidad que orienta el sistema procesal. En virtud de este principio, las decisiones del juez o del servidor público que ejerce funciones administrativas o judiciales deben ser comunicadas a las partes y conocidas por éstas, de modo que puedan defender sus derechos e intereses mediante la utilización oportuna de los recursos legales correspondientes.” (C. Const., Sent. T-361/93, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

No hay pues violación del artículo 40-6 de la Constitución Política, que se origine en la excepción que consagró el parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, pues la misma no impide que en ejercicio del derecho de participación y control del poder político, el ciudadano pueda interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, dado que, como lo ha señalado esta corporación, “...la democracia participativa permite que la comunidad conozca los documentos oficiales no reservados por la ley, por medio del derecho de petición”(7).

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-071 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

Así las cosas, si un ciudadano cualquiera desea conocer este tipo de actos administrativos, podrá solicitarlos ejerciendo su derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta Política, y si concluye que su contenido es violatorio de la Constitución o de la ley, podrá interponer, en cualquier tiempo, la acción de nulidad, salvo las excepciones de ley, las cuales están consagradas de manera expresa en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo; así por ejemplo, la de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto; en lo relativo a contratos, el término de caducidad será de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que le sirva de fundamento; mientras que la acción electoral caducará en veinte días, contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección. Sobre la acción de nulidad ha dicho esta corporación:

“La acción de nulidad, de larga tradición legislativa (L. 130/13) y jurisprudencial en nuestro medio, tiene como finalidad específica la de servir de instrumento en nuestro medio, para pretender o buscar la invalidez de un acto administrativo, proveniente de cualquiera de las ramas del poder público, por estimarse contrario a la norma superior de derecho a la cual debe estar sujeto. A través de dicha acción se garantiza el principio de legalidad que es consustancial al Estado social de derecho que nuestra Constitución institucionaliza y se asegura el respeto y la vigencia de la jerarquía normativa. Dicha jerarquía, cuya base es la Constitución, se integra además con la variedad de actos regla, que en los diferentes grados u órdenes de competencia son expedidos por los órganos que cumplen las funciones estatales, en ejercicio de las competencias constitucionales y legales de que han sido investidos formal, funcional o materialmente.

“(...).

“La acción de nulidad tiene sólido soporte en el principio de legalidad que surge, principalmente, del conjunto normativo contenido en los artículos 1º, 2º, 6º, 121, 123, inciso 2º, 124 de la C.P., pero así mismo tiene su raíz en las normas que a nivel constitucional han institucionalizado y regulado la jurisdicción de lo contencioso administrativo (arts. 236, 237-1-5-6 y 238). (C. Const., Sent. C-513/94, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell).

Dicha acción, se encuentra definida en el Código Contencioso Administrativo de la siguiente manera:

“ART. 84.—Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.

“Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

“También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”.

Sobre la acción de nulidad la doctrina especializada ha dicho que ella se desenvuelve dentro de un proceso, que en la mayor parte de los casos es impugnatorio, ya que se entabla contra un acto administrativo previo, lo que a su vez le confiere otra característica, la de servir de instrumento de revisión de una acción estatal. De esta manera, como lo ha señalado esta corporación, “...la finalidad de la acción de nulidad del acto administrativo demandado es la tutela del orden jurídico, a fin de que aquel quede sin efecto por contrariar las normas superiores de derecho. Esta acción se encuentra consagrada ... para que prevalezca la defensa de la legalidad abstracta sobre los actos de la administración de inferior categoría, y por ello puede ser ejercida en todo tiempo por cualquier persona”(8) (C. Const., Sent. C-869/99, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-199 de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara.

Tampoco y por las mismas razones, esa excepción vulnera el numeral 5º del artículo 95 de la C.P., dado que no impide ni restringe el derecho de los ciudadanos de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.

El principio de publicidad, ha dicho la Corte, “...se funda en la importancia del control del ejercicio del poder público (C.P. art. 40)”(9), lo que conduce a posibilitar su práctica desde el momento mismo en que se produce el acto, posibilidad que no encuentra obstáculo en la disposición demandada, la cual, de una parte impone la obligación de publicar los actos de carácter general, esto es, los de contenido abstracto, y los actos de carácter subjetivo, cuya acción de nulidad tenga caducidad, y de otra no impide que el contenido de los actos administrativos de carácter particular y concreto pueda ser impugnado, no sólo por las personas directamente afectadas por su contenido, sino por cualquier ciudadano, el cual dispone de acciones concretas como la de nulidad.

(9) Corte Constitucional, Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Empero, en este último supuesto, habría que tener en cuenta las reglas sobre la materia contenidas en el Código Contencioso Administrativo, especialmente las que tienen que ver con la procedibilidad, en cuanto al interés que se exige para interponer la acción correspondiente.

En síntesis, el principio de publicidad admite diversas formas de realización que le corresponde definir y establecer al legislador, el cual para el efecto deberá tener en cuenta la naturaleza y específicas características del acto; así las cosas, no encuentra la Corte inconstitucional la excepción que consagra el parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, pues ella en nada contraría el artículo 209 superior, dado que dicha norma, si bien exceptúa los actos administrativos de carácter particular y concreto del requisito de publicación en el Diario Oficial, señala para ellos la notificación como forma de publicitarlos, la cual, como se dijo antes, cumple a cabalidad con los objetivos mismos del principio que realiza.

No sobra advertir, que los actos administrativos de contenido individual ordinariamente constituyen la culminación de un procedimiento consagrado en la ley, que conforme al Código Contencioso Administrativo, debe tener en cuenta la publicidad y dentro del cual se prevé la intervención de terceros.

6. La acusación que formula el actor contra el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, en el sentido de que él mismo omitió de su contenido los actos administrativos de carácter particular y concreto, se traduce en un cargo de inconstitucionalidad por omisión, que en el caso concreto no prospera.

El actor de la demanda impugna también el artículo 119 de la Ley 489 de 1998, norma que dispone que los actos administrativos de carácter general que ella relaciona, deberán publicarse en el Diario Oficial, señalando en su parágrafo que sólo con dicha publicación se cumplirá el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad. Su acusación está dirigida a demostrar, que el legislador, al no incluir en dicha norma los actos administrativos de contenido particular y concreto, incurrió en una omisión que la vicia de inconstitucionalidad.

El fenómeno de la inconstitucionalidad por omisión, ha dicho esta corporación,

“...está ligado, cuando se configura, a “una obligación de hacer”, que supuestamente el constituyente consagró a cargo del legislador, el cual sin que medie motivo razonable se abstiene de cumplirla, incurriendo con su actitud negativa en una violación a la Carta.” (C. Const., Sent. C-188/96, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz).

En el caso que se analiza, no existe “obligación de hacer” que haya sido desconocida por el legislador, pues éste lo que hizo a través de la norma impugnada fue precisamente desarrollar el principio de publicidad consagrado en el artículo 209 de la Carta, cuando se trata de actos administrativos de carácter general, señalando de manera expresa que su publicación en el Diario Oficial, es presupuesto esencial para el desarrollo de dicho principio y para efectos de vigencia y oponibilidad, lo que en nada contradice el ordenamiento superior, razón suficiente para que la norma, por los motivos que fue impugnada, sea declarada exequible por parte de esta corporación.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

DECLARAR EXEQUIBLE la expresión “...y no será necesaria su publicación” del parágrafo del artículo 95 del Decreto-Ley 2150 de 1995, en el entendido de que los actos administrativos de carácter subjetivo de las autoridades del orden nacional, y especialmente aquellos a los que se refiere el numeral 12 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, cuya acción de nulidad tiene caducidad, se publicarán debidamente en el Diario Oficial o en otro medio oficial destinado para el efecto; y únicamente por el cargo de inconstitucionalidad por omisión que contra el mismo presentó el demandante, declarar constitucional el artículo 119 de la Ley 489 de 1998.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, archívese el expediente y cúmplase.

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