Sentencia C-649 de agosto 9 de 2006 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

Sentencia C-649 de 2006 

Ref.: Expediente LAT-284

Magistrado Ponente:

Dr. Manuel José Cepeda Espinosa

Revisión constitucional de la Ley 992 de 2005 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)”.

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil seis.

EXTRACTOS: «II. Texto de la norma revisada

El texto del acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990) y de la ley aprobatoria objeto de revisión, es el siguiente, según la publicación efectuada en el Diario Oficial Nº 46.081, del 3 de noviembre de 2005:

LEY NÚMERO 992 DE 2005

(noviembre 2)

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)”.

El Congreso de la República,

visto el texto del Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

PROYECTO DE LEY NÚMERO 87 DE 2004

“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)”.

El Congreso de la República,

visto el texto del Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990), que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado).

Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayuu de la República de Colombia y de la República de Venezuela

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Venezuela. Considerando, la Declaración de Ureña, firmada por los presidentes de ambos Estados, el día 28 de marzo de 1989 en el puente internacional general Francisco de Paula Santander;

Considerando, las conclusiones de la reunión de la Comisión Binacional de Integración Fronteriza Colombo-Venezolana; celebrada en Maracaibo los días 25 y 26 de agosto de 1989 y ratificadas en la reunión celebrada en Cúcuta los días 29 y 30 de septiembre de 1989;

Considerando, la declaración firmada por los presidentes de Colombia Virgilio Barco y de Venezuela Carlos Andrés Pérez, en el puente internacional general Francisco de Paula Santander el 5 de octubre de 1989.

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1º

Las partes se comprometen a colaborar en el desarrollo conjunto de planes, programas y proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus respectivas poblaciones indígenas Wayúu ubicadas en las zonas adyacentes a las fronteras de la República de Venezuela y de la República de Colombia en atención a las necesidades de dichas poblaciones.

Artículo 2º

Serán órganos de ejecución del presente acuerdo, por parte de la República de Venezuela, la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, Corpozulia, y por parte de la República de Colombia la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira.

Artículo 3º

Las partes coordinarán las obras y acciones necesarias entre las entidades competentes de cada una de ellas a fin de hacer posible la elaboración y ejecución de proyectos binacionales para el desarrollo de las comunidades indígenas Wayúu de cada una de las partes.

Artículo 4º

Para el logro de los objetivos generales del acuerdo, las partes desarrollarán las acciones siguientes:

1. Realizar un censo simultáneo de sus respectivos nacionales indígenas Wayúu, domiciliados en las zonas adyacentes a las fronteras de cada país.

2. Elaborar un estudio para determinar el establecimiento de un medio de identificación que permita a los nacionales indígenas de cada parte contratante el libre tránsito a través de las fronteras de ambos Estados.

3. Elaborar un estudio que conduzca al fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Este estudio contemplará, principalmente, aspectos como la capacitación de docentes, la investigación etnocultural, la provisión de becas para estudios de educación técnica y superior, de nivelación para su ingreso a la universidad y dotación de escuelas a estudiantes indígenas Wayúu de ambas partes.

4. Elaborar conjuntamente un plan para el aprovechamiento de los recursos hídricos de La Guajira, con el fin de buscar soluciones al problema de suministro de agua a la población indígena Wayúu de ambas partes contemplando diferentes alternativas tales como jagueyes, molinos de viento, pozos profundos y/o superficiales, pozos anillados, etc.

5. Estudiar la posibilidad de establecer una estación binacional para investigación y aprovechamiento de las zonas áridas y semiáridas con el fin de determinar los bienes y servicios que estos ecosistemas pueden aportar al desarrollo de las comunidades rurales ubicadas en ellos, y para práctica de algunas actividades como la capricultura, cunicultura, agricultura, apicultura, piscicultura y pesca.

6. Encomendar a Corpozulia y a Corpoguajira la elaboración, en coordinación y con la asesoría de las entidades del ramo en cada parte, de un estudio para establecer el uso común de los servicios hospitalarios y de centros y puestos de salud, en la zona fronteriza habitada por la población indígena Wayúu de cada parte-contratante, realizar conjuntamente campañas sanitarias y de control epidemiológico en dicha zona, así como propiciar que los estudiantes del último año de medicina de ambos países, realicen su internado y año rural en la zona común de la frontera colombo-venezolana.

7. Promover la investigación sobre la problemática de la población indígena wayúu de ambas partes, en los centros superiores de educación, que permita a los estudiantes aplicarlos en proyectos concretos que mejoren el nivel de vida de los habitantes de esa zona adyacente a las fronteras de ambos Estados.

8. Estudiar conjuntamente la posibilidad de establecer un régimen especial para que los productos que conforman la alimentación básica del grupo familiar queden liberados de gravámenes y formalidades arancelarias.

Artículo 5º

Las partes podrán convenir la inclusión de cualquier otra actividad que consideren necesaria para el logro de los objetivos del presente acuerdo.

Artículo 6º

Las partes definirán conjuntamente los mecanismos de financiamiento para cubrir los gastos de ejecución de este acuerdo, a través de Corpozulia y Corpoguajira.

Artículo 7º

Corpozulia y Corpoguajira elaborarán un plan anual de operaciones que concretice el presente acuerdo.

El plan anual de operaciones incluirá los términos de referencia de las acciones previstas en este acuerdo o de las que se incluyan posteriormente, especificando objetivos, cronogramas de trabajo indicando fecha de iniciación y terminación, cantidad y características de los recursos programados y la contribución de las partes.

Artículo 8º

Los representantes de Corpozulia y Corpoguajira se reunirán regularmente, por lo menos dos veces al año, para elaborar el plan anual de operaciones, evaluar las actividades realizadas y hacer los ajustes que consideren necesarios al plan de operaciones y proponer si fuere el caso, modificaciones al presente acuerdo.

Artículo 9º

Corpozulia y Corpoguajira contarán con el apoyo técnico de las entidades competentes en cada país, para estructurar, ejecutar y evaluar las actividades que se estipulen en los planes, programas y proyectos a desarrollar.

Artículo 10

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en que las partes se notifiquen por escrito haber cumplido con los requisitos exigidos por sus respectivas legislaciones internas para su aprobación. Tendrá una duración de cuatro (4) años, prorrogables por períodos iguales y podrá ser denunciado en cualquier momento, por cualquiera de las partes mediante notificación escrita a la otra parte, con sesenta (60) días de anticipación.

Firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa, en dos (2) ejemplares en español, igualmente auténticos.

Por la República de Colombia,

Francisco Javier Daza Tovar,

Presidente Junta Directiva Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

Por la República de Venezuela,

Ezio Rinaldi,

Presidente Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana.

Rama Ejecutiva del Poder Público

Presidencia de la República 

Bogotá, D.C., 20 de junio de 2003

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.

(Fdo.),

Álvaro Uribe Vélez

La Ministra de Relaciones Exteriores (Fdo.),

Carolina Barco Isakson.

DECRETA:

ART. 1º—Apruébase el Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990).

ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Bogotá, D.C., a los...

Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro del Interior y de Justicia y la Ministra de Relaciones Exteriores.

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Carolina Barco Isakson

(...).

V. Consideraciones y fundamentos

1. Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la Sentencia C-468 de 1997 (1) , dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva (2) , pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.

En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, este se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso.

Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado (3) . Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado (4) .

En cuanto al examen de fondo, este consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política.

Precisado el alcance del control constitucional, pasa la Corte a examinar la ley aprobatoria y el acuerdo de la referencia.

2. La revisión formal de la ley aprobatoria.

2.1. Remisión de la ley aprobatoria y del acuerdo por parte del Gobierno Nacional.

El Gobierno Nacional por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación el 8 de noviembre de 2005, copia de la Ley 992 de 2 de noviembre de 2005 “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y la República de Venezuela”, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990)” para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, dentro del término de los seis días que prevé la citada disposición Constitucional.

2.2. Negociación y celebración del acuerdo.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.

En el presente caso, el instrumento internacional fue suscrito por el Presidente de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, considerada representante del Estado colombiano para esos efectos, por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (5) , no era necesario que se le otorgaran plenos poderes.

2.3. Aprobación presidencial.

El 20 de junio de 2003, el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al “Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela” firmado en Caracas el 3 de mayo de 1990 y ordenó someterlo a consideración del Congreso para su aprobación.

2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 992 de 2005.

Salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República, la Constitución Política no señala un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes, por lo cual a estas les corresponde el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157,158, 160 y 165 de la Carta, entre otros.

De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley 87 de 2004 Senado y 393 de 2005 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:

2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 87 de 2004 Senado:

El Proyecto de Ley 87 de 2004, fue presentado al Senado de la República por intermedio de los Ministros del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, y de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, el día 23 de agosto de 2004.

El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparecen publicados en la Gaceta del Congreso Nº 471 del 26 de agosto de 2004, en las páginas 17 a 20. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, previsto en el artículo 154 constitucional.

La ponencia para primer debate, fue presentada por los Senadores Efrén Tarapués Cuaical y José Consuegra Bolívar y fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 744 del 24 de noviembre de 2004, páginas 6 a 8.

De acuerdo con la certificación de fecha 5 de diciembre de 2005 (6) , suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado, el proyecto en primer debate, fue discutido y aprobado, el 7 de diciembre de 2004 y el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 12 de los 13 senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, según consta en el acta 25 del 7 de diciembre de 2004, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 554 de 2005 (7) . En la misma certificación, indica el Secretario General que el día 2 de diciembre de 2004, previo a la fecha de la votación, se entregó copia de la ponencia para primer debate a los senadores que integran la comisión segunda (8) .

En relación con el anuncio previo del proyecto, el secretario general de la comisión segunda certifica lo siguiente: “Fecha de anuncio: Noviembre 30 de 2004 según consta en el acta 24 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 601 de 2005”.

Revisada el acta Nº 24, correspondiente a la sesión del 30 de noviembre de 2004 (9) , se tiene lo siguiente:

— Fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 554 del martes 23 de agosto de 2005 y en relación con el anuncio se dijo lo siguiente al finalizar un debate que se llevó a cabo en sesión privada con la presencia del Ministro de Defensa Nacional:

“El señor secretario de la comisión, doctor Felipe Ortiz, manifiesta:

Aquí se aprueba el Acuerdo de desarrollo integral y de asistencia mutua de la población indígena, suscrito entre la República de Colombia y la República de Venezuela. Firmado en Caracas a los 3 días del mes de mayo de 1990.

El Proyecto de Ley 111 de 2004 Senado, por la cual la Nación honra la memoria del escritor y poeta nariñense Emilio Bastidas en el primer centenario de su nacimiento

(...).

Toma la palabra el señor Presidente de la comisión, Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave:

(...).

De nuevo muchas gracias a ustedes y quedamos convocados para el día martes. Se levanta la sesión”.

— En la Gaceta del Congreso Nº 601 del 13 de septiembre de 2005, aparece nuevamente publicada el acta 24 correspondiente a la sesión de la comisión segunda del 30 de noviembre de 2004, con una nota aclaratoria al final del acta del siguiente tenor:

Comisión Segunda Constitucional Permanente

Senado de la República 

El suscrito Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República se permite realizar la siguiente:

Nota aclaratoria al acta 24 del 30 de noviembre de 2004

En la página número 18 del Acta 24 del 30 de noviembre de 2004 cuando el Secretario de la comisión dice: “aquí se aprueba el...”, debe entenderse “aquí se anuncia el...”; ya que por error quedó se aprueba y no se anuncian los proyectos de ley para la próxima sesión como corresponde.

El Secretario General, Comisión Segunda, Senado de la República

Felipe Ortiz Marulanda”

A juicio de la Corte, si bien en una sesión anterior a la aprobación del proyecto para primer debate se hizo referencia al proyecto de ley, la palabra utilizada y el contexto en el que se dio, no permiten inferir, el cumplimiento del mandato contenido en el último inciso del artículo 160 constitucional tal como quedó modificado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.

En efecto, de los anteriores hechos se deduce lo siguiente. Primero, en la sesión previa a la votación no se advirtió en qué sesión futura se realizaría la votación del proyecto de ley juzgado. Segundo, la nota aclaratoria, solo se refiere al verbo empleado (anunciar en lugar de aprobar), y nada dice sobre los aspectos esenciales del anuncio, v.gr., la sesión que en una fecha futura, determinada o determinable, será destinada a votar el proyecto de ley. Tercero, antes de la nota aclaratoria, fue aprobada y publicada en la Gaceta del Congreso el acta de la sesión en que el secretario de la comisión segunda dice “aquí se aprueba”, sin ninguna aclaración. Cuarto, la nota aclaratoria es posterior a la votación y por ello no puede entenderse como idónea para suplir la falta de anuncio previo. Es más, la nota aclaratoria es publicada en una gaceta cerca de un año después de efectuada la votación en la comisión segunda del Senado. Finalmente, del contexto en que se presentaron los hechos no se puede deducir de manera razonable que se haya anunciado con un grado suficiente de certeza en qué sesión el proyecto de ley correspondiente sería votado, según lo exigido por el artículo 160 de la Carta.

Constatado el vicio, lo que procede es determinar si es subsanable.

3. Carácter insubsanable del vicio constatado.

Como se estableció en la Sentencia C-576 de 2006 (10) en materia de leyes aprobatorias de tratados se tiene que el vicio mencionado tiene un carácter subsanable siempre que se reúnan ciertas características.

La condición esencial de subsanabilidad, establecida en la mencionada sentencia, es que el Senado se haya pronunciado de tal forma que la cámara donde por mandato constitucional ha de iniciarse el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de un tratado haya expresado de manera completa su voluntad.

En este caso particular la Corte constata que el vicio encontrado no tiene un carácter subsanable ya que ocurrió en un momento anterior a que la voluntad del Senado se hubiere formado, por lo que se declarará la inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado en cuestión.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLE la Ley 992 de 2005 por medio de la cual se aprobó el “Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990).

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

(1) Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corproación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(2) Ver Corte Constitucional, Sentencias C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-376 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-426 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(3) Según lo dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, artículo 154, CN) y en el reglamento sobre la posibilidad del presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales (L. 5ª/92, art. 217). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales.

(4) El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)” En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el Derecho del Mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre diversidad biológica y cambios climático); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (por ejemplo el artículo 42 de la Convención sobre Refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el artículo 64 de la Convención Europea de Derechos Humanos que prohíbe las reservas de carácter vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (art. 20, párr. 1 de las Convenciones de Viena de 1969 y 1986).

(5) Adoptada como legislación interna mediante Ley 32 de 1985.

(6) Ver folio 199 del cuaderno de pruebas.

(7) En lo pertinente, el acta de esa sesión plenaria dice lo siguiente:

Orden del día

Día martes 7 de diciembre de 2004.

(...).

V

Se continúa con el orden del día

Lectura de ponencias y consideración de proyectos para primer debate:

1. Proyecto de Ley 87 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990).

Autores: ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior.

Ponentes: honorables Senadores José Consuegra Bolívar y Efrén Félix Tarapués Cuaical.

Publicación: Proyecto original: Gaceta del Congreso Nº 471 de 2004.

Ponencia para primer debate: Gaceta del Congreso Nº 744 de 2004.

(...).

Toma la palabra el señor ponente, Senador José Consuegra Bolívar: Es un proyecto de ley que pone a consideración del Senado del Congreso, el Acuerdo para el desarrollo integral y asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y de la República de Venezuela”, firmado en Caracas a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa (1990).

(...).

Por la trascendencia que tiene el acuerdo, el Senador Efrén Tarapués y mi persona, solicitamos a la Comisión Segunda que se le dé el estudio y aprobación pertinente para cumplir con los trámites de ley y damos concepto positivo.

El señor secretario procede a leer el informe con el cual termina la ponencia: por lo anterior nos permitimos solicitar a los honorables colegas de la Comisión Segunda del Senado reunidos en sesión, dar primer debate al Proyecto de Ley 87 de 2004 Senado. Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el desarrollo integral y de asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en Caracas a los 3 días del mes de mayo de 1990. Firman: Efrén Félix Tarapués Cuaical y José Consuegra Bolívar.

El señor Presidente, Senador José Consuegra Bolívar; somete a consideración el informe con el cual termina la ponencia.

¿La aprueba la comisión?

Ha sido aprobado el informe de ponencia.

Articulado del proyecto.

El señor Presidente pregunta a la comisión si quiere que se omita la lectura del articulado. Sí quiere que se omita la lectura de los 10 artículos del acuerdo proyecto.

En consecuencia someto a consideración el articulado.

¿Lo aprueba la comisión?

Ha sido aprobado el articulado del proyecto.

Título del proyecto.

Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo para el desarrollo integral y de asistencia básica de las poblaciones indígenas Wayúu de la República de Colombia y la República de Venezuela, firmado en Caracas a los 3 días del mes de mayo de 1990.

El señor Presidente somete a consideración de los honorables senadores el título del proyecto.

¿Lo aprueba la comisión?

Ha sido aprobado el título del proyecto.

En consecuencia pregunto a la comisión ¿sí quiere que este proyecto tenga segundo debate?

Sí lo quieren.

Se nombran como ponentes para segundo debate a los honorable senadores José Consuegra Bolívar y a Efrén Félix Tarapués Cuaical.

(8) Con la certificación, el Secretario General de la Comisión Segunda Constitucional Permanente anexa fotocopia de la constancia de entrega de la ponencia a los senadores de la comisión segunda de fecha 2 de diciembre de 2004.

(9) Obrante a folio 198 del cuaderno de pruebas, allegada en disquete.

(10) Sentencia C-576 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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