Sentencia C-65 de febrero 4 de 2003 

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

Sentencia C-65 de 2003 

Ref.: Expediente D-4185.

Magistrado Ponente:

Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

Bogotá, D.C., cuatro de febrero de dos mil tres.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1068, numerales 5º, 6º, 7º y 13 del Código Civil.

Demandante: Héctor Gonzalo Ávila Barajas.

EXTRACTOS: «II. Norma demandada

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial. Se subraya lo acusado.

“Código Civil

“ART. 1068.—No podrán ser testigos en un testamento solemne, otorgado en los territorios:

1. Derogado Ley 8ª de 1922, artículo 4º.

2. Los menores de diez y ocho años;

3. Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;

4. Todos los que actualmente se hallaren privados de la razón;

5. Los ciegos;

6. Los sordos;

7. Los mudos;

8. Los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315, número 4º, y en general, los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos;

9. Los amanuenses del notario que autorizare el testamento;

10. Los extranjeros no domiciliados en el territorio;

11. Las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1081;

12. Los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento;

13. Modificado Decreto 2820 de 1974, artículo 59. El numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil quedará así:

13. El cónyuge del testador;

14, Los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del funcionario que autorice el testamento y de las otras personas comprendidas en los números 12 y 17;

15. Los que tengan con otro de los testigos el parentesco o las relaciones de que se habla en los números 12 y 14;

16. El sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el que haya confesado a éste en la última enfermedad;

17. Los herederos y legatarios y en general todos aquellos a quienes resulte un provecho directo del testamento;

Dos a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en el lugar en que se otorga el testamento, y uno, a lo menos deberá saber leer y escribir, cuando sólo concurran tres testigos, y dos cuando concurrieron cinco”.

(...).

VI. Consideraciones de la Corte Constitucional

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se acusa en la demanda que se estudia.

2. Inconstitucionalidad de los numerales 5º, 6º y 7º del artículo 1068 del Código Civil.

2.1. Considera el ciudadano demandante que los numerales 5º, 6º y 7º del artículo 1068 del Código Civil, en tanto prohíben a las personas ciegas, sordas y mudas ser testigos de un testamento solemne, vulnera los artículos 13 y 83 de la Constitución Política, el primero porque crea una discriminación injustificada en contra de quienes padecen alguna de esas limitaciones físicas; y, el segundo, por cuanto se desconoce el postulado constitucional de la buena fe que debe regir todas las relaciones jurídicas.

Encuentra la Corte que le asiste razón al demandante por cuanto los numerales acusados al establecer la inhabilidad para ser testigos de un testamento solemne a las personas ciegas, sordas y mudas, crea una discriminación inaceptable a la luz de la actual Carta Política. En efecto, el artículo 13 superior dispone que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y recibirán el mismo trato de las autoridades “y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades”, sin que sea posible establecer discriminación alguna por razones de “sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”; e impone al Estado la obligación de promover las condiciones para que dicha igualdad sea efectiva y real. Establece igualmente la disposición superior citada, que “El Estado protegerá a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometen”.

Se impone entonces al Estado la obligación de proteger a quienes por sus condiciones físicas, entre otras razones, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, como puede ser el caso de las personas que padezcan de limitaciones como las que consagran los numerales acusados.

Esa obligación del Estado, se traduce en la necesidad de adelantar políticas “de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran” (C.P., art. 47), así como en la imposición, no sólo del Estado sino de los empleadores de “ofrecer formación y habilitación profesional técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud” (C.P., art. 54).

Estos mandatos constitucionales, tal como lo afirman el ciudadano demandante y el Ministerio Público, armonizan con normas de carácter internacional que desarrollan la integración de las personas con limitaciones físicas, como la declaración de los derechos humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948, y la declaración de los derechos de las personas con limitaciones físicas, aprobada por la Resolución 3447 de la Organización de Naciones Unidas, ONU, de 9 de diciembre de 1975, el Convenio 159 de la OIT, o la Declaración Soun Berpt de Torremolinos Unesco de 1981, así como la Declaración de las Naciones Unidas concerniente a las personas con limitaciones de 1983, y la recomendación 168 de la OIT de mecanismos de integración social de las personas.

2.2. Ahora bien, el testamento se encuentra definido en el artículo 1055 del Código Civil, como un “acto más o menos solemne, en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva”. Como acto solemne, se encuentra revestido de formalidades esenciales, entre las cuales se encuentra la intervención de testigos, cuyo número varía según la clase de testamento de que se trate (C.C., arts. 1070 y 1071).

La función de los testigos, además de asegurar la independencia del testador, es la de constatar por sus propios sentidos la conformidad entre lo que se deja escrito y la verdadera voluntad del testador, así como las de más circunstancias del mismo como son su identidad, nacionalidad, domicilio, y en general las establecidas en el artículo 1073 del Código Civil.

El Código Civil no establece cuáles han de ser las calidades que deben reunir los testigos instrumentales, pero el artículo 1068 del Código Civil sí señala las causas de inhabilidad para ejercer como testigo testamentario, de donde se infiere un procedimiento negativo, según el cual se entenderá que son capaces quienes no se encuentren expresamente excluidos. Entre las causales que establece el artículo 1068 del Código Civil, se encuentran las consagradas en los numerales 5º, 6º y 7º, que hacen relación a las personas ciegas, sordas y mudas.

La pregunta que surge en el presente caso, es si la inhabilidad legal a las personas con dichas limitaciones para ser testigos de un testamento solemne, encuentra algún fundamento constitucional razonable en la nueva normatividad superior. La respuesta, como lo sostiene la vista fiscal es negativa. Como se vio, la Constitución no sólo establece el deber de evitar todo tipo de discriminaciones, sino que impone al Estado la obligación de protegerlos especialmente y de desarrollar políticas específicas que les permitan su rehabilitación e integración social, de suerte que puedan vincularse a la sociedad en igualdad de condiciones a fin de que puedan gozar de todos los derechos constitucionales.

Evidentemente, cuando la norma fue expedida encontraba una finalidad legítima, por cuanto en dicha época no se contaba con el avance científico y tecnológico que le ha permitido a quienes padecen ese tipo de limitaciones desarrollar plenamente sus capacidades y, por ello, consideró entonces el legislador que dichas personas no podían testimoniar sobre el otorgamiento de un acto solemne como lo es el testamento. Pero, precisamente ese avance científico y tecnológico que les ha permitido a las personas ciegas, sordas y mudas, actuar con la plenitud de sus atributos dentro de la sociedad, ha promovido a su vez el reconocimiento pleno de sus derechos en el ordenamiento jurídico, no sólo a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, pues estando en vigencia la Constitución de 1886, la Corte Suprema de Justicia con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 16, numeral 2º, del Decreto 250 de 1970, que prohibía a los ciegos, sordos y mudos “ser designados para cargo alguno en la rama jurisdiccional ni en el Ministerio Público, a cualquier título”, expresó lo siguiente:

“La Corte reconoce que asiste la razón al Ministerio Público, en cuanto afirma que el legislador puede consagrar eventualmente causales de impedimento y de “inhabilidad” según la expresión por él empleada, al tenor de las normas constitucionales también citadas por aquél, pero evidentemente tal cosa sólo es posible en cuanto no se violen otras normas de la misma Constitución. Y, en el presente caso la norma acusada a juicio de la Corte viola flagrantemente la igualdad entre los miembros de la comunidad nacional, igualdad que tradicionalmente el constitucionalismo colombiano ha derivado de lo dispuesto en los “artículos 11, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26,30, 39, 45 y 46 de la Constitución ...

(...).

Por el contrario, piensa la Corte que si un individuo en tales condiciones ha realizado en forma satisfactoria sus estudios de derecho, haya o no desarrollado como por otra parte lo reconoce universalmente la medicina y la psicología, otras facultades intelectivas, puede encontrarse en condiciones para desempeñar las actividades propias de juez de la República, en ocasiones posiblemente con mayor consagración y laboriosidad que aquellos que se encuentran en distinta situación humana. Todo lo anterior, sin que sea necesario aludir a los adelantos técnicos ofrecidos por la ciencia, y que ponen al alcance de invidentes, sordos y mudos, elementos que les permiten superar ampliamente las restricciones impuestas por la naturaleza o por las enfermedades. En otras palabras, y atendidas además las formas especiales en que se desenvuelve en general la actividad de juzgar no puede el invidente ser eliminado ab initio por ese mero hecho, y sin que existan por lo tanto otras razones que así lo determinen, de la actividad en cuestión. Afirmar pues lo anterior en forma general, puede resultar tan inexacto como decir que un abogado en uso de sus facultades visuales, pero sin las demás virtudes que deben acompañar al sagrado ministerio de administrar justicia, por ese mero hecho pueda ser designado para hacerlo. Será pues, la entidad nominadora la cual estudiando en su oportunidad cada caso concreto y teniendo en cuenta desde luego la clase de juzgado por proveer, la que deberá tomar la decisión correspondiente.

(…).

Así pues, encuentra la Corte que descartar a priori como se ha dicho a los sordos, mudos o invidentes de la administración de justicia, es aceptar una discriminación, más aberrante aún si se tiene en cuenta su propia naturaleza, que además como toda discriminación abriría el paso a otras nuevas y seguramente más sofisticadas, pero de toda suerte contrarias a la igualdad de todas las personas, protegidas por la Constitución” (1) .

(1) Corte Suprema de Justicia, Sentencia 15, M.P. Ricardo Medina Moyano.

Siguiendo esa línea de pensamiento, esta corporación declaró la inconstitucionalidad de los numerales 5º, 6º y 7º del artículo 127 del Código Civil, que prohibía a los ciegos, sordos y mudos ser testigos para presenciar y autorizar un matrimonio. Se dijo en esa oportunidad:

“En este orden de ideas el artículo 127 de la Carta a juicio de la Corte restringe la posibilidad a un grupo de personas para que sean testigos de matrimonio, lo cual, a no dudarlo resulta discriminatorio, irrazonable, desproporcionado e injustificado, contrario en últimas al artículo 13 de la Carta, pues si bien es cierto que ellos carecen o están limitados de un órgano o sentido, ello no impide que perciban la ocurrencia de fenómenos naturales, sociales, económicos, morales, éticos, etc., mediante otro sentido u órgano y que tales hechos del mundo externo, no pueden ser expuestos o vertidos en forma cierta y verídica, o fidedigna ante un funcionario judicial, para que éste se forme un juicio o una idea y pueda valorarla, y en consecuencia actuar positiva o negativamente frente a la misma, máxime cuando hoy en día, los adelantos científicos y tecnológicos permiten su completa realización personal y su total integración económica, social y cultural al mundo contemporáneo.

Por lo tanto, para la Corte, no se justifica la existencia en el ordenamiento jurídico de este tipo de normas, que consagran un trato diferenciado para los ciegos, sordos y mudos en relación con otras personas, más aún cuando el ordenamiento jurídico no los discrimina, en relación con otras áreas de la vida jurídica, como ocurre en algunos asuntos civiles, penales, laborales, administrativos, etc., los cuales consideran hábiles a este segmento de la población para declarar o deponer, más si se tiene en cuenta que el Estado colombiano debe buscar la normalización social plena y la total integración de las personas con limitaciones físicas ...” (2) .

(2) Sentencia C-401 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz.

Lo anterior lleva a la Corte a concluir, que el artículo 1068, numerales 5º, 6º y 7º, del Código Civil, en cuanto prohíben a las personas ciegas, sordas y mudas ser testigos de un testamento solemne vulnera la Carta, por cuanto establece una discriminación que les impide actuar en igualdad de condiciones que a las demás personas en ese acto jurídico, lo que resulta contrario al artículo 13 de la Constitución Política y, además, a lo dispuesto en los artículos 47 y 54 superiores, que imponen al Estado la obligación de desarrollar políticas de rehabilitación e integración social de los disminuidos físicos, en todos los campos, de suerte que puedan vincularse plenamente a la sociedad y gozar de todos los derechos constitucionales.

Aclara la Corte que no se trata de que el legislador no pueda establecer en las reglas aplicables a la sucesión por causa de muerte, bien sea testada o intestada, causales de inhabilidad para actuar como testigos de un testamento solemne, lo que sucede es que dichas prohibiciones no pueden vulnerar los principios, derechos y valores reconocidos en la Carta Política, la cual establece que Colombia es un Estado social de derecho fundada en la dignidad humana y en la igualdad de todas las personas ante la ley. Así, las prohibiciones que establezca el legislador para cualquier tipo de acto jurídico, a juicio de la Corte, deben encontrarse enmarcadas dentro de los principios, valores o derechos protegidos por el ordenamiento constitucional vigente.

Por último, se observa por la Corte conforme a lo expuesto que la capacidad para testimoniar de los ciegos, sordos o mudos, no es un asunto que guarde relación alguna con el principio de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, sino con el reconocimiento de la aptitud de esas personas para actuar como testigos de un testamento solemne, en las mismas condiciones que podría hacerlo cualquiera otra. No se trata, simplemente de la igualdad ante la ley, sino de la igualdad real, que se vería seriamente afectada si se aceptara esa discriminación.

En conclusión, la Corte retirará del ordenamiento jurídico los numerales 5º, 6º y 7º, del artículo 1068 del Código Civil, por cuanto la inhabilidad que para ser testigos de testamento solemne se establece para quienes sean ciegos, sordos y mudos, resulta contraria al artículo 13 de la Constitución Política.

3. Constitucionalidad del numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil.

A juicio del ciudadano demandante la inhabilidad que para ser testigo de un testamento solemne se establece para el cónyuge del testador, es inconstitucional porque presume la mala fe, lo cual resulta contrario al artículo 83 de la Constitución Política. No comparte la Corte dicha interpretación de la norma en cuestión, por las razones que pasan a explicarse.

El numeral 13 demandado, establece que no podrá ser testigo de un testamento solemne “el cónyuge del testador”, restricción esta que a juicio de la Corte no resulta contraria a la Constitución Política, por cuanto el fin buscado por el legislador fue garantizar la autonomía e independencia del testador a fin de que pueda actuar libre de todo apremio, así como buscar que el testigo testamentario pudiera actuar con plena imparcialidad, desprovisto de cualquier interés en el contenido del acto a cuyo perfeccionamiento contribuye. No se trata, por supuesto de una presunción de mala fe, como lo afirma el demandante, sino de una elemental precaución tenida en cuenta por el legislador en procura de proteger la voluntad de quien está disponiendo de sus bienes en forma total o parcial, y de despojar el acto de cualquier sombra de duda sobre la autonomía e independencia del testador, en un acto tan importante para la vida de una persona, más si se tiene en cuenta que en el testamento el testador puede ejecutar otros actos jurídicos, como puede ser, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial.

Esas fueron las razones que tuvo en cuenta esta corporación para declarar la exequibilidad del numeral 16 del artículo 1068 del Código Civil, en el cual se establece la inhabilidad para actuar como testigo al “sacerdote que haya sido el confesor habitual del testador, y el que haya confesado a éste en su última enfermedad” (3) , para preservar de su influencia la voluntad del testador que ha de ser plenamente libre, pues el testamento es, por antonomasia ejercicio de la autonomía de la voluntad.

(3) Sentencia C-266 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

En la citada sentencia, se hizo referencia a la filosofía que orientan estas disposiciones en el Código Civil y en el comercial. Así, se citó, por ejemplo, el artículo 501 del Código Civil, en el cual se dispone que por regla general ningún acto o contrato en que “directa o indirectamente tenga interés el tutor o curador, o su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes”, o parientes o los socios de comercio, podrá ejecutarse sino con autorización de otros tutores o curadores generales que no estén implicados de la misma manera, o por el juez o prefecto en subsidio. En ese mismo orden de ideas, se citan los artículos 1053, 1056, en armonía con el artículo 2170 del Código Civil, así como el 906 del Código de Comercio, disposiciones todas que obedecen como lo señaló la corporación a:

”criterios específicos tomados en cuenta por el legislador para formular las exigencias contenidas en ellas. Así, lo dominante en la regulación de las relaciones existentes entre tutor o curador y pupilo es la necesidad de proteger al incapaz, mientras que en las disposiciones aplicables al vínculo jurídico entre mandante y mandatario, se pone de relieve la indispensable confianza que supone una genérica relación de fiducia o de manejo, al paso que en la administración de bienes aparece de bulto el imperativo de evitar el conflicto de intereses del administrador. Pero, claro está, todas las instituciones tienen en común la importancia atribuida por la ley a los requerimientos y consideraciones de orden ético que el derecho asume de la praxis para incorporarlos con carácter imperativo en los textos legales” (4) .

(4) Ibídem.

Siendo ello así, no encuentra la Corte que la restricción consagrada en la disposición demandada, en cuanto prohíbe ser testigo en un testamento solemne al cónyuge del testador, resulte irrazonable y desproporcionada a la luz de la Carta Política, si se tiene en cuenta la finalidad buscada por el legislador, que no es otra que garantizar la autonomía e independencia de quien desea dejar consignada su última voluntad en lo relacionado con el destino que sus bienes han de tener después de su muerte, así como la imparcialidad del testigo.

Como se ve, la prohibición al cónyuge para actuar como testigo en el otorgamiento de un testamento solemne, nada tiene que ver con el principio de la buena fe que establece el artículo 83 de la Constitución Política, por cuanto la finalidad perseguida por el Código Civil, como ya se dijo, es garantizar la autonomía e independencia de quien ejerce actos de disposición de sus bienes para que tengan efecto después de su muerte. Así, el legislador ideó un instrumento jurídicamente válido e idóneo mediante el cual precaviendo conflictos futuros, inhabilitó al cónyuge del testador para ser testigo de su testamento dado el interés directo que éste puede tener sobre los bienes y decisiones que queden consignados en dicho acto solemne.

Por las razones expuestas, encuentra la Corte que el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil, se encuentra ajustado al ordenamiento constitucional.

VII. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

1. Declarar INEXEQUIBLES los numerales 5º, 6º y 7º del artículo 1068 del Código Civil.

2. Declarar EXEQUIBLE el numeral 13 del artículo 1068 del Código Civil.

Notifíquese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».

_____________________________